«Impusieron un cambio de dirección en nuestras vidas»

«Impusieron un cambio de dirección en nuestras vidas»

En una nueva audiencia del juicio por los delitos cometidos en los Pozos de Banfield y Quilmes y en la Brigada de Lanús, declararon las hijas del matrimonio desparecido Lavalle Lemos.

En una nueva audiencia semipresencial del juicio por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y en la Brigada de Investigaciones de Lanús, prestaron testimonio víctimas y testigos de los crímenes perpetrados a la familia Lavalle-Lemos. En primer término, declararon María José “Cocó” Lavalle Lemos y María Lavalle, hijas de Gustavo Antonio Lavalle y Mónica María Lemos, detenidos y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. También prestaron testimonio Liliana Zambano, sobreviviente del Pozo de Banfield y compañera de cautiverio de Gustavo Lavalle, y Mónica Quiñones, vecina de la familia Lavalle-Lemos al momento de su secuestro.

 Gustavo Antonio Lavalle y Mónica María Lemos fueron secuestrados el 20 de julio del 1977 en su domicilio del barrio “San Fernando”, en José C. Paz, junto a su hija, María Lavalle, quien tenía un año y tres meses. Al momento de su detención, Mónica tenía 25 años y estaba embarazada de ocho meses de su segunda hija, María José “Cocó” Lavalle Lemos, quien fue nacida en cautiverio y apropiada por Teresa González, una mujer que trabajaba en la Policía bonaerense. En el año 1987, a “Cocó”, nieta de Haydee Vallino de Lemos, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, le fue restituida su verdadera identidad. “Después de un tiempo tenía la sensación de que siempre había estado con ellos, con mi familia”, afirmó María José durante su testimonio.

“Cocó” fue la primera víctima en prestar declaración y la única de las cuatro en testimoniar de manera virtual. Luego de narrar la reconstrucción del secuestro de su familia, quienes fueron llevados en un primer momento a la Brigada de Investigaciones de San Justo para ser después trasladados al Pozo de Banfield, “Cocó” detuvo su relato en la historia de su apropiación. De acuerdo con el testimonio prestado por Teresa González, su apropiadora, durante el juicio de restitución, ella presenció el parto de Mónica en el Pozo de Banfield: “Ni bien nazco, me agarra y se queda conmigo”, y continuó: “También le contó al juez que después de eso mi mamá había sido trasladada en un vuelo. Así que yo ahí me quedé a vivir con ella. Obviamente no sabía toda la historia, me apropió como si fuese su hija”. Acerca de la premeditación de su apropiación, “Cocó” relató que Teresa González “se iba a quedar con María y que le dijeron que la mamá -Mónica- iba a tener un bebé dentro de poco, que era mejor un bebé recién nacido”. Hacia el final de su declaración, María José dedicó sus últimas palabras a hablar de los irreparables daños causados a las víctimas y sus familias por la apropiación de menores durante la última dictadura cívico-militar: “Nos robaron el derecho a que nuestros padres nos críen, nos eduquen, nos formen, nos den su impronta de su visión del mundo. Y fue adrede, fue un plan ideológico en contra del ´enemigo subversivo´, como ellos decían. Esto de que nos hayan sacado de nuestras familias y que nos hayan privado de su crianza era parte de ese plan político”. Para cerrar su testimonio, “Cocó” habló de la importancia de condenar a los responsables de estos crímenes: “Son situaciones que no cesan, este cambio de dirección que nos impusieron en nuestras vidas nos va a acompañar siempre y, en una pequeña medida, lo heredamos también a nuestros hijos. Así que me parece que, entre todas las aberraciones que han cometido, tienen que tener por parte de la justicia su condena y el ejemplo de que esas cosas no se pueden volver a hacer”.

Luego de un largo cuarto intermedio, el segundo testimonio de la jornada fue prestado por Liliana Zambano, víctima de privación ilegítima de la libertad y torturas en distintos centros clandestinos de detención durante dos meses en la última dictadura cívico-militar. Durante su declaración, Zambano relató que fue secuestrada el 30 de agosto de 1977 en su departamento de La Plata, junto con dos compañeros que cursaban con ella la carrera de Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. De acuerdo con la víctima, los integrantes de “la patota” se encontraban vestidos de civil y, además de secuestrarla, robaron todos los objetos de valor del domicilio. Después de narrar las circunstancias de su cautiverio en la Brigada de Investigaciones de La Plata y en Pozo de Arana, donde sufrió torturas con picana eléctrica, Liliana detalló que, el 8 de septiembre, fue llevada al Pozo de Banfield. Una vez en el calabozo, Zambano comenzó a oír que otros detenidos golpeaban la pared de su celda, evidenciando la forma que utilizaban para comunicarse a pesar de la hostilidad del lugar, y narró durante el testimonio: “Me decían que me quedara tranquila, que allá no pasaba más nada, que no nos torturaban más, que ellos ese día se iban a ir al sur. Les habían dicho que iban a viajar en avión hacia un penal del sur y que iban a estar en una situación de legalidad a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”. Haciendo referencia al método de exterminio conocido como “vuelos de la muerte”, la víctima relató: “Pasada una hora aproximadamente toda esa gente que estaba en el ala izquierda fue trasladada. Entre ellos se encontraba Mónica Lemos”. Liliana Zambano indicó que no pudo conocer a la mamá de María y María José, pero afirmó: “Supe por Gustavo Lavalle y por otras chicas con las que compartí el calabozo que Mónica Lemos había tenido un bebé allí en el Pozo de Banfield”. Posteriormente, Liliana recordó que, durante una limpieza de calabozos, conservó con ella un pantalón de embarazada que perteneció a Mónica Lemos. En los años 80, Zambano fue la primera persona en aportar información sobre el nacimiento de “Cocó” a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo. Acerca de la estadía en el Pozo de Banfield, la víctima refirió: “Daban de comer una vez por día, cerca del mediodía traían una olla con un guiso siempre igual, con mondongo, no sé si estaba en buen estado, medio verde o no muy higiénico, que repartíamos las mujeres”, y agregó: “En los calabozos teníamos unos bidones cortados de lavandina por si había una necesidad de orinar y no te abrían la puerta. Si alguien tenía una necesidad mayor había que golpear fuerte para que te vinieran a abrir”. Sobre el trato por parte de los guardias por su condición de mujer, Liliana Zambano lo caracterizó de “machirulo”: “Nos decían «vayan caminando para allá», para mirarnos. El día que llegué al Pozo de Banfield, los guardias que estaban me hicieron desvestir y que me bañara delante de ellos porque sí”.

 Con un relato conciso, Mónica Quiñones, vecina del matrimonio Lavalle-Lemos en el barrio “San Fernando” en José C. Paz, rememoró las horas posteriores al secuestro de la familia por parte de “la patota”: “Entramos a la casa, estaban las puertas rotas, la de adelante, la de atrás. Estaba todo tirado, los libros, la cunita de la nena, habían levantado todo el piso. También se llevaron los colchones, había quedado todo roto”. Mónica tenía 12 años al momento del operativo, y fue una de las encargadas en dar aviso a la familia acerca de lo ocurrido. “Yo vivo actualmente en el terreno que era de Mónica y de Gustavo, y la calle se llama «Mónica y Gustavo»”, sentenció Quiñones, haciendo referencia al homenaje realizado a Gustavo Lavalle y Mónica Lemos por parte de los vecinos y aprobado por el Concejo Deliberante. “Yo tengo muy claro que ellos dejaron una marca fuerte, de mucho amor, y que toda su militancia dentro de una estructura orgánica, que tuvieron en su momento, la volcaron de algún modo al trabajo barrial”, afirmó la hija mayor de Mónica y Gustavo, María Lavalle, unos minutos más tarde, durante su declaración.

 

 

María Lavalle, la hija mayor del matrimonio Lavalle-Lemos, fue la última víctima de la jornada en prestar testimonio. María fue secuestrada junto a sus padres el 20 de julio de 1977 y llevada junto a ellos a la Brigada de Investigaciones de San Justo, donde permaneció 6 días hasta que fue llevada nuevamente con su familia paterna. Acerca de esa noche, María relató que tuvo la posibilidad de hablar con el vecino que la recibió y la devolvió a sus abuelos: “A la noche le golpearon la puerta, unas personas vestidas con unos pilotos claritos le dijeron que se tenía que quedar conmigo y le entregan un moisés con una nena, que era yo”, y añadió: “Me dijo que yo estaba en muy mal estado, que estaba muy sucia, muy lastimada, me dio una banana para que coma, estaba con mucha hambre”. María recordó, sobre esta conversación de reconstrucción que ella entabló con el vecino años después, en democracia, que “este señor estaba asustadísimo como si fuera el 77, habló conmigo casi sin salir de su casa”. Sobre la posterior búsqueda de su familia, y particularmente sobre su hermana nacida en cautiverio, María Lavalle relató: “Mi abuelo desde el primer habeas corpus incluye la figura del niño o niña por nacer”, y detalló sobre el proceso: “Siempre supe que había un hermano o hermana que estaba por nacer al momento del secuestro y que lo estábamos buscando. Siempre esta cuestión en la familia: lo estábamos buscando. Crecí con la búsqueda y crecí con la esperanza, con la certeza de que la íbamos a encontrar”.

 Al igual que su hermana María José, María Lavalle también hizo referencia en su declaración al secuestro y posterior desaparición de su tío, Mario Alberto Lemos, el 5 de agosto de 1977. Siguiendo el relato de dos compañeros que fueron capturados junto a él, luego liberados. Al momento de la detención los guardias de “la patota” exclamaron: “Terminamos con la banda de Fierrito”, haciendo alusión a uno de los apodos de Gustavo Lavalle. Sus compañeros relataron también que podían oír los alaridos de Mario provenientes de la tortura que sufrió en la Brigada de San Justo: “En un momento no lo escucharon más, uno de ellos supone que falleció en el momento, en la tortura”.

 Para cerrar el testimonio, María Lavalle se dirigió al tribunal y expresó, sobre el desarrollo de los juicios: “Fue muy largo, mucha dilación en todo este proceso. Eso lo que hizo es que sea muy injusto todo este acto de justicia. Y lo que de alguna manera solicito es que hagan lo mínimo para que sea un poco más justo esto que ya de por sí es injusto”. Finalmente, sentenció: “En cada paso del proceso judicial puede haber algo reparatorio. El acto de justicia también es el público, también son las fotos, también es la gente en la calle. Lo que pasó por la pandemia es que este juicio quedó muy silenciado. Y hay algo del proceso judicial y de ese acto de justicia que tiene que recuperarse”.

 El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús continúa el martes 10 de mayo, a partir de las 8:30, de manera semipresencial con los testimonios de Clara Petrakos, Alejandra Castellini, José Eduardo Moreno y Mónica Streger.

Desenterrar la memoria

Desenterrar la memoria

Con la presencia del juez Daniel Rafecas, se iniciaron las excavaciones en lo que fue el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Club Atlético, con el objetivo de hallar pruebas judiciales. Por allí pasaron 1.500 detenidos-desaparecidos.

Formalmente se iniciaron ayer las excavaciones arqueológicas para recuperar la totalidad del ex Centro Clandestino de Detención y Exterminio Club Atlético, ubicado en la avenida Paseo Colón 1266, en pleno barrio de San Telmo, debajo de la Autopista 25 de Mayo, y por donde pasaron alrededor de 1.500 detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. El trabajo permitirá encontrar información que se constituya como futura prueba judicial, además de aportar a la memoria de lo que allí ocurrió.La acción se lleva adelante en marco al convenio firmado entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Autopistas Urbanas S.A. (AUSA). Luego 20 años de reclamos y gestiones, se logró que el terraplén de tierra que cubrió el sitio histórico fuera finalmente removido. 

Este sitio de detención ilegal formó parte del circuito represivo conocido como ABO (Atlético-Banco-Olimpo), tres centros clandestinos que funcionaron de manera consecutiva y bajo el control de los mismos grupos de tareas, dependientes del Primer Cuerpo de Ejército y del Batallón de Inteligencia 601 e integrados por efectivos de la Policía Federal, el Ejército, el Servicio Penitenciario Federal y Gendarmería. El Atlético funcionó como campo de concentración entre los meses de febrero y diciembre de 1977. A principios de 1978, el edificio fue demolido para la construcción de la autopista. En la noche del 28 de diciembre, los detenidos fueron trasladados a “El Banco”, ubicado a unos 200 metros de la intersección de la Autopista General Ricchieri y el Camino de Cintura, en el partido de La Matanza. En agosto de 1978 comenzó a funcionar “Olimpo”, en el barrio porteño de Floresta, construido con parte de la estructura desmantelada del “Club Atlético”.

En la inspección estuvieron presentes el juez federal Daniel Rafecas; Laura Duguine, coordinadora del Área de Arqueología y Conservación del Espacio para la Memoria, Valeria Contissa, conservadora de bienes culturales en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; integrantes del equipo de arqueología, la Mesa de Trabajo y Consenso del Espacio, junto a sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

Laura Duguine, coordinadora del área de Arqueología y Conservación. 

Silvia Fontana es hermana Liliana Fontana, quien fue desaparecida por el terrorismo de Estado y pasó por el “Club Atlético”. En diálogo con ANCCOM, expresó que “a pesar de que los militares intentaron tapar sus actos atroces con tierra, hoy estamos celebrando que con lucha es posible remover todo. Nuestro lema es y será desenterrar la memoria”. También agregó que, “si bien es contradictorio sentir dolor y alegría, es gratificante saber la verdad, para que no vuelva a suceder. Quiero decirles a todos los jóvenes que no tiene que existir nunca más un Centro Clandestino de Detención”.

Carlos Leibovich, sobreviviente de este ex Centro Clandestino de Detención, contó que se exilió 30 años del país luego de lo sucedido y que, según sus palabras “los sobrevivientes tuvimos suerte”. Siguió atentamente el proceso de la causa desde lejos, pero encontrarse con sus pares lo ayudó a recordar a los que hoy siguen desaparecidos. “Es una sanación para mi restituir estos espacios, que habían quedado en negro en mi vida. Es importante que se siga escribiendo sobre lo que se descubra y lo que aconteció, en libros. A la distancia me sentía cerca a través de estos. Las excavaciones me van a permitir cerrar mi ciclo”, agregó.

Por su parte, el juez Rafecas expresó: “Como Poder Judicial estamos comprometidos. Tenemos un interés genuino y concreto, no solo buscamos juicio y castigo sino también reconstruir la historia. Me animo a decir que tenemos que esperar seis años más de trabajo constante para terminar de desenterrar lo que nos queda, lograr la construcción del Sitio de Memoria y el proyecto final, que todo este solar sea un gran Centro de Memoria de la Ciudad de Buenos Aires de la zona sur como lo es la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) en zona norte”.

Silvia Fontana, al finalizar la inspección, expresó la importancia de este espacio: “No tenemos un lugar físico para hacer nuestro duelo, por eso estamos acá. Este lugar nos representa, nos identifica con la memoria, la verdad y la justicia. Vamos a seguir luchando por ellos que no pudieron. Vamos a seguir desenterrando memoria”.

 

Un fallo del Poder Judicial a la retaguardia

Un fallo del Poder Judicial a la retaguardia

El TOF 2, que lleva adelante el juicio oral a seis exintegrantes del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes, prohibió al medio comunitario La Retaguardia transmitir la palabra de los testigos.

El medio de comunicación comunitario La Retaguardia es el único que transmite juicios de diferentes temáticas en vivo vía YouTube. Hasta hoy, han televisado 20 juicios vinculados al genocidio sin ningún tipo de restricción. Sin embargo, de acuerdo a un fallo del Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº2 (TOF Nº2), donde se está llevando a cabo desde el 3 de diciembre de 2021 el juicio de lesa humanidad por el caso conocido públicamente como «RIM 6 de Mercedes/Imprenta del PRT-ERP en San Andrés», se dispuso que el medio en cuestión –que ya había comenzado a transmitir este juicio– solo estaba habilitado a televisar el principio, el final y los testimonios de los imputados. Dejando afuera la palabra de los testigos.

La Causa “Fernández Bustos y otros” –por su nombre jurídico– se trata de un juicio oral donde se investiga a seis exmiembros del Regimiento de Infantería Mecanizada N°6 de Mercedes, acusados por crímenes de lesa humanidad –secuestros y torturas– cometidos contra 37 víctimas, de las cuales ocho fueron asesinadas o siguen desaparecidas.

 Ante el fallo del Tribunal, el medio que venía transmitiendo juicios desde que comenzó la pandemia, tomó una decisión símil a la autocensura: “Si nosotros seguimos televisando las indagatorias pero no las testimoniales, lo que estamos haciendo es reproducir únicamente el discurso de los victimarios. En esos casos, decidimos no transmitir nada”, cuenta a ANCCOM Fernando Tebele, cofundador de La Retaguardia.

Fernando Tebele, cofundador de La Retaguardia.

 Uno de los argumentos que da el Tribunal acerca de su fallo es el principio de “contaminación de los testimonios”: si la declaración de un testigo es escuchada por otro que debe declarar luego, podría la palabra de este último verse condicionada por el primer testimonio. En este caso, la palabra mediatizada de un testigo configura un obstáculo para el correcto proceder del juicio.

 Sobre esta misma materia aunque desde otro ángulo, el Artículo 287 del Código Procesal Penal Federal refiere a la televisación como garantía de la publicidad del juicio y comprende a su vez un mejoramiento de los estándares de la justicia.

Asimismo, el 8 de marzo de este año la Cámara Federal de Casación Penal dictó la Acordada Nº 2/2022 que dispone como regla general en juicios complejos, y especialmente para causas de crímenes de lesa humanidad, la transmisión de las audiencias a través de plataformas tecnológicas, para la garantía de su publicidad, que solo en caso de una excepción puede ser limitada.  

Luego de la Acordada, la Secretaría de Derechos Humanos –querellante en el juicio–, acompañada de la Fiscalía, hizo un pedido al TOF Nº 2 para que se permita la transmisión de las audiencias, a lo que el Tribunal replicó que ya lo estaban haciendo vía Zoom. “Ellos no transmiten por Zoom –disiente Tebele–. Ellos celebran el juicio por ahí, que es otra cosa. Que sea de acceso público no quiere decir que se esté transmitiendo. No sé si no entienden esa diferencia en el concepto o si lo están confundiendo adrede”.

La Retaguardia se destaca por transmitir online todos los juicios de lesa humanidad.

Horacio Lutzky, subdirector de Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público, explica que “de acuerdo a la normativa específica vigente en materia de derechos audiovisuales, la negativa del TOF N° 2 a la transmisión constituye una afectación al derecho a la libertad de expresión de La Retaguardia y del derecho al acceso a la información de interés público por parte de sus audiencias”. Estos derechos –comprendidos en los Artículos 2 y 3 de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual– así como también los Artículos 14 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos son los que están en juego.   

 “Lo verdaderamente importante acá no es que a nosotros nos dejen transmitir o no, sino que miles de personas no pueden ver los juicios a raíz de esa negativa”, sentencia Telebe, y a la vez afirma que igualmente ambas cosas van de la mano: si los dejaran transmitir, la gente podría verlo.

La Ley 26522 establece que las audiencias de estos servicios comprenden un sujeto colectivo del derecho a la comunicación. En este sentido, la presentación de la Defensoría del Público al TOF Nº2 para que autorice  la transmisión del juicio oral expone que “las coberturas mediáticas responsables de noticias sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura y el proceso de memoria, verdad y justicia forman parte de estos objetivos, y del derecho colectivo al acceso a la información de las audiencias”.

Finalmente, hoy, 4 de mayo, el tribunal volvió a negarse a la presentación de la Defensoría remitiendo a la primera negativa: “Agréguese la presentación realizada por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y estése a lo dispuesto el 15 de noviembre de 2021”, dispone el TOF Nº2 en su respuesta. 

“Otra vez rechazo, otra vez protegen asesinos. RIM 6, el juicio que no se puede ver”, tuiteó Bárbara García, testigo –a sus ocho años de edad– del secuestro de su madre Rocío Ángela Martínez Borbolla, quien permanece desaparecida. 

El pueblo las abraza

El pueblo las abraza

Las Madres de Plaza de Mayo celebraron sus 45º aniversario con una de sus tradicionales rondas. Hubo artistas, militantes, dirigentes y, por supuesto, mensajes políticos.

El sábado 30 de abril se cumplió un nuevo aniversario de la primera ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo. La conmemoración se extendió a lo largo de la semana bajo la consigna “Reivindicamos la lucha revolucionaria de nuestrxs hijxs”. El miércoles se hizo la Marcha en la Plaza San Martín de filial La Plata y el jueves, en Plaza de Mayo, tocaron diferentes bandas de rock yl viernes, en Ensenada, hubo una concentración en la casa donde nació Hebe de Bonafini.

La Plaza recibe a las Madres con dos escenarios y al grito de “Madres de la Plaza el pueblo las abraza». En el escenario más chico, ubicado frente a la Casa Rosada, un grupo de Madres encabezado por Nora Cortiñas comienza a caminar y a rodear la pirámide. Al comenzar el recorrido, mencionan los nombres de militantes desaparecidos y culminan con la frase “¡Presentes!” y con el puño en alto. Al terminar la vuelta, exigen la aparición con vida de Jorge Julio López, desaparecido por segunda vez, luego de declarar en el juicio de lesa humanidad por los crímenes cometidos cometidos contra él y un centenar de víctimas. En simultáneo, en otro lado de la plaza, en el escenario principal dio la bienvenida la presidenta de la Asociación, Hebe Bonaffini. La plaza se fue colmando de personas y de banderas que representaban a diferentes municipios del conurbano.

Las Madres, una vez más, iniciaron su tradicional ronda. Con fuegos artificiales de fondo, por el ingreso de una columna de jóvenes militantes por Avenida de Mayo, comenzó la recorrida alrededor de la Pirámide empapelada con los rostros de los hijos e hijas desaparecidos por la dictadura. 

En el escenario, la locutora leyó adhesiones que llegaron de todo el país y comenzó la lista de oradores. Primero tomó la palabra Facundo Grande, estudiante del Colegio Nacional Buenos Aires, quien arengó: “Ahí, en la Casa Rosada, todos tendrían que tener el valor y el coraje que le sobra a las madres. Nuestra democracia fue forjada por las Madres, cuando nadie se la jugaba por el futuro, cuando nadie se la jugaba por la historia”. Al finalizar, recordó con un poema a los compañeros del Colegio desaparecidos. Lo siguieron el periodista y abogado Pablo Llonto, Roberto Di Nicola (en representación del grupo de apoyo a las Madres de Italia) y el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque. “Las Madres no se equivocan y no se equivocaron -subrayó el funcionario-. Seamos humildes y hagámonos cargo que a veces no nos da el cuero. Y fueron estas Madres también, con todo lo que vivimos en esos cuatro años terribles (en alusión al gobierno macrista), las que siempre estuvieron al frente de la lucha”. En su intervención, también resaltó que se está atravesando un momento difícil y que nadie se tiene que enojar ante los discursos críticos: “Cuando hacemos una declaración en aras de poder encontrar una salida, una solución a este momento que nos toca enfrentar, muchos se enojan y dicen: «Cuidemos la unidad porque vamos a perder en 2023”. A mí me preocupa que en el 2022 se resuelvan los problemas de la gente, pero también les quiero avisar algo, ya perdimos, perdimos hace cinco meses, porque no nos despertamos y hacemos lo que tenemos que hacer”. Larroque Continuó: “No tenemos que tener miedo a enfrentar cualquier interés que venga. Esa es nuestra historia. En defensa de esa cultura política, de esa doctrina y en defensa de la memoria de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos”. Y concluyó entre cánticos y aplausos: “Yo les digo, compañeros y compañeras, dejémonos de pavear, a despertarnos y a transformar la historia”. 

Para cerrar el acto, Hebe de Bonafini tomó el micrófono y agradeció a todos los que apoyaron y acompañaron siempre su lucha y destacó las palabras de la juventud representadas en el primer orador: “Cada vez estoy más convencida que la juventud nos lleva por delante, un kilómetro o dos, por no decir muchos más». Entre los asistentes se escucha un “gracias a ustedes”. Continúa con el recuerdo de lo que sus hijos le decían sobre el Fondo Monetario Internacional y que a ella no le parecía creíble en ese momento. Así comenzó su discurso y criticó al ministro de Economía Martin Guzmán: “Hoy tenemos a este Ministro de Economía que parece más Ministro de los yanquis que de nosotros. Nos mienten. El presidente y él. Los dos nos mienten”. Con la reivindicación de la lucha de sus hijos e hijas, afirmó que ellos dieron un paso muy importante en sus vidas, y afirmó que sabían que les podía pasar algo porque la revolución era eso. Luego mencionó lo que como madres aprendieron de ellos: “La relación con los padres que ellos tuvieron nos fueron cambiando el parecer. Nos mostraron lo que era la solidaridad. Cada paso que ellos dieron nos enseñó cosas. Hay que hacer con alegría y con amor. La revolución se hace con amor. El amor y el cariño de la gente son el oxígeno para vivir”, afirmó la presidenta de Madres Asociación. Luego se despidió y agradeció a Charly García: “El tipo que más hizo recitales en esta plaza para tocar gratis para toda la juventud”. Invitó a seguir marchando todos los jueves a las 15.30 y a celebrar la marcha número 2300, el 12 de mayo, “dos vuelvan a la Plaza”.

Mientras en el escenario mayor se despedían, en el otro escenario la murga estilo uruguaya “Entre tanta pavada» se hacía paso entre los asistentes y, con sus ropas de color y las caras maquilladas, y cerraron el acto.

«Los represores deberían ser juzgados también por los hijos de desaparecidos que se suicidaron»

«Los represores deberían ser juzgados también por los hijos de desaparecidos que se suicidaron»

En una nueva audiencia de los juicios por los crímenes cometidos en pozos de Banfield, Lanús y Quilmes, declararon la compañera de Alfredo Patiño y la hija de Laura Inés Futulis y Miguel Eduardo Rodríguez, los tres desaparecidos.

En una nueva audiencia semipresencial del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y en la Brigada de Investigaciones de Lanús declaró Ana Soledad Rodríguez Futulis, hija de Laura Inés Futulis y Miguel Eduardo Rodríguez, secuestrados en julio de 1977. También testimonió Marta Ríos de Patiño por el caso de su esposo Alfredo Patiño y por Eva de Jesús Gómez de Agüero, desaparecidos en agosto de 1977. Eva Agüero se encontraba embarazada de dos meses al momento de su secuestro.

La primera en declarar fue Ana Soledad Rodríguez Futulis, quien tenía tres meses el 6 de junio de 1977, cuando detuvieron y desaparecieron a sus padres, Laura Inés Futuli y Miguel Eduardo Rodríguez, militantes de la organización Montoneros. De acuerdo con el relato de su bisabuela, quien estaba junto a la testigo al momento del secuestro de sus padres, la Policía irrumpió en el hogar y las encerró a ellas dos en el baño. “Rompieron todo, se robaron plata y desaparecieron a mis padres también”, relató Soledad.

Después del secuestro, la testigo quedó al cuidado de su abuela materna y de su esposo. En ese domicilio, Soledad recordó haber padecido situaciones agresivas: “Eran peleas todo el tiempo, gritos, golpes, descalificaciones, maltrato psicológico, me perseguían”. A continuación, agregó que no pudo sostener ese vínculo luego de la infancia: “A los 22 años, después de una gran pelea, me fui. Intenté verlos, sobre todo a mi abuela, tomar mate un domingo, pero no se pudo. Creo que los dejé de ver a los 24 años más o menos”.

Durante su relato, Soledad expresó desconfianza sobre las personas que la criaron: “Tengo grandes sospechas de que el marido de mi abuela tuvo parte en lo que fue el proceso de la represión, de lo que fue la dictadura”. Además de los maltratos, la testigo expuso que, desde la familia materna, era sugestionada para no recuperar contacto con la familia de su padre. “Varios psicólogos me han dicho que yo parecía apropiada, que tenía sesgos así: no dejarme hablar de mis padres porque si no me pegaban, obligarme a juntarme con los hijos de los amigos de ellos”, sentenció.

Hacia el final del testimonio, Ana Soledad refirió al dolor que la dictadura militar provocó a las familias de las víctimas: “Rompieron todos los lazos familiares, rompieron la vida de la gente. Rompieron todo. Y mi propia vida”, y agregó: “Yo siento que eso se va a trasladar por generaciones y generaciones, el daño que han hecho”. En último término, la testigo recordó a Victoria Ogando, Eugenio Talbot y Pablo Laschan, atribuyendo los fallecimientos de esos hijos de desaparecidos a los represores de la dictadura: “Yo creo que ellos también deben ser juzgados por esas muertes, porque esos chicos no se pudieron recuperar. Y me parece terrible que un hijo de desaparecido se suicide, o que sea paciente psiquiátrico. De ellos también es esa responsabilidad”. Para cerrar su declaración, Ana Soledad Rodríguez Futuli pidió condena perpetua en cárcel común y efectiva para los imputados: “Que se haga justicia y que nunca más se vuelva a repetir. Nunca más”, repitió

El segundo testimonio de la jornada fue brindado por Marta Susana Ríos de Patiño, esposa de Alfredo Patiño, desaparecido en agosto de 1977, quien era delegado de la fábrica SIAM y militante del movimiento obrero en Valentín Alsina. La testigo inició su relato indicando que su familia comenzó a sufrir persecución a principios del año 1976, cuando su marido debió dejar su trabajo a partir de amenazas de secuestro. 

 El 24 de octubre de 1976, Marta tuvo que escapar de su casa a partir de la visita de la mujer de un compañero de su esposo: “Yo te aconsejaría que te fueras porque mi marido cayó hoy a la mañana”. A partir de esta situación, la testigo le dejó un escrito a su compañero Alfredo Patiño y fue hacia la casa de sus padres, donde se encontró con él horas más tarde, luego de su jornada laboral. “Resulta ser que a la 1 de la mañana del 25 de octubre hicieron un allanamiento que rodearon toda la cuadra, vinieron del Batallón 601 más de 60 militares, cerraron las cuatro esquinas de la manzana y allanaron mi casa. A nosotros no nos encontraron porque estábamos en la casa de mi mamá”, relató la testigo, confirmando las sospechas de la mujer que la alertó, y continuó: “Cuando mi marido va al otro día del allanamiento, se asoma para ver mi casa, y encuentra un camión del Ejército de culata hacia el garage llevándose todo”.

Después de ese episodio, Alfredo Patiño encontró refugio en la casa de un amigo. “Nos comunicábamos por teléfono con un vecino, me preguntaba por los chicos. Después nos veíamos en la casa de los padres de él, porque en la casa de los padres de él jamás lo molestaron, entonces yo le llevaba a los chicos para que los viera ahí”, contó la testigo, en relación a las medidas de seguridad que debieron tomar a partir de la persecución política llevada a cabo por la última dictadura militar argentina.

Acerca del día del secuestro y posterior desaparición de su marido, Marta precisó: “El 11 de agosto de 1977 él me llama 11:30 de la mañana por el teléfono de mi vecina para preguntarme si podía ir a ver a mi abuelo, que estaba internado en el hospital de Lanús, en el Hospital Evita, y aparte para preguntarme por mi nene que tenía otitis”. Durante esa llamada, la testigo recordó que Patiño comenzó a escucharse nervioso y cortó de manera abrupta el teléfono. “Es muy probable que haya sido ahí, en el momento en que estuvo hablando conmigo, cuando lo agarraron. Porque al Hospital no fue, no llegó nunca a la hora de la visita y nunca más supe de él”, afirmó.

Durante el testimonio, Marta Ríos de Patiño también refirió a los secuestros de algunos compañeros de militancia de su esposo. En primer lugar, aludió a la pareja conformada por Américo Agüero y Eva de Jesús Gómez de Agüero, embarazada de cuatro meses al momento de su desaparición en agosto de 1977, cuando el padre de Américo fue amenazado de muerte por el Ejército para brindar datos del paradero de su hijo. En segundo lugar, mencionó el caso de Carlos Robles, quien fue secuestrado en una inmobiliaria de Lanús cuando iba a cobrar el dinero de la venta de su casa.

Sobre el proceso de reconstrucción, Marta Patiño se mostró crítica con las actividades políticas realizadas por su esposo y se pronunció acerca del daño provocado en su familia a partir de la desaparición de Alfredo Patiño en manos de las fuerzas de seguridad. La testigo afirmó, angustiada: “Mi hijo es el que más sufrió la ausencia de no criarse con su papá”, y continuó: “Yo nunca les conté nada, ellos se enteraron de lo que era el padre después, cuando yo empecé a hacer la indemnización de los derechos humanos, porque si no ese tema, con ellos, yo no lo hablaba”.

Para la presente jornada, se tenía previsto también el testimonio de Lidia Araceli Gutiérrez, hermana de Amelia Gutiérrez, desaparecida el 11 de septiembre de 1976; no obstante, la testigo se vio imposibilitada de asistir a la audiencia debido a una complicación de salud.

El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús continúa el martes 3 de mayo a partir de las 8:30hs de manera semipresencial.

La justicia, tarda, pero llega

La justicia, tarda, pero llega

Comenzaron las audiencias del juicio por la verdad que investiga la Masacre de Napalpí, ocurrida en Chaco en abril de 1924. Se trató de un crimen de lesa humanidad en el que las fuerzas del Estado fusilaron a 400 miembros de las comunidades qom y moqoit.

En Resistencia, Chaco, el martes 19 de abril se inició el juicio oral y público por la Masacre de Napalpí, la matanza de cuatrocientas personas de los pueblos qom y moqoit en el Gran Chaco durante una represión estatal desatada hace casi un siglo. Napalpí fue el epicentro del horror que aportó mano de obra esclava para las explotaciones algodoneras y la tala del quebracho. Allí fueron asesinados al menos 400 indígenas y peones rurales correntinos que trabajaban en la zona. Todos bajo el mando de fuerzas estatales y colonos armados, guiados por un avión que sobrevoló el lugar para identificar el sitio de reunión de las comunidades.

La audiencia comenzó con la exposición por parte de la Fiscalía Federal, a cargo de Federico Carniel y su colega Diego Vigay, quien describió el hecho histórico como “una represión dantesca”. Continuó la querella conformada por el representante de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia, Diulio Ramírez, y Emiliano Núñez, por el Instituto del Aborigen chaqueño. Por último, se escucharon los tres primeros testimonios: Pedro Valquinta y Rosa Grilo sobrevivientes del ataque, y el Qom Juan Chico, quien investigó y en sus libros dio voz a los acalladas de Napalpí.

En el Día de la Reafirmación de los Derechos de los Pueblos Originarios, y a 97 años de la Masacre de Napalpí, la jueza Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal Nº1, explicó que “el juicio por la verdad no busca responsabilidades penales. Es una judicialización de hechos sin responsables directos o imputados”. Esto es así, debido a que, en primera instancia, quienes cometieron los delitos hace más de noventa años han fallecido. Pero, a pesar de ello, lo que se busca es “activar la memoria y generar conciencia colectiva de que las graves violaciones de derechos humanos no deben repetirse”, destacó.

Aquel 19 de julio de 1924 mataron niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos y ancianas, y los enterraron en fosas comunes, los que sobrevivieron al hecho violento fueron mutilados, violentados y hasta exhibidos. Aquellos que lograron escapar del tiroteo, debieron huir hacia los montes y sobrevivir allí con los alimentos que les brindaba la naturaleza. 

Este juicio es el primero de su tipo en el país. El fiscal Carniel mencionó que, a través del análisis de los hechos de la causa, “se puede encuadrar al delito como de lesa humanidad”, y a través de este acto de justicia “se lleva adelante este proceso de reconstrucción de memoria, verdad y justicia, a fin de juzgar las circunstancias en que se produjeron los hechos y quienes formaron parte de los mismos”, agregó. 

El fiscal detalló que la Masacre de Napalpí podría tener una sentencia por delito agravado con ensañamiento en reiteración de hechos, el concurso premeditado de dos o más personas, según el Código Penal, de conductas catalogadas como delitos de Lesa Humanidad. 

En sintonía el fiscal, Diulio Ramírez, querellante de la causa por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, señaló: “Procuramos que la sociedad pueda nutrirse de la verdad ante tanta negación y décadas de ocultamiento. Situación que comenzó a revertirse en enero del 2008, cuando el Gobernador de la Provincia de Chaco, pidió públicamente perdón a las víctimas sobrevivientes. Lo pidió en el lugar donde se cometió la masacre a sus familiares, a las etnias qom y moqoit”. 

El secretaraio de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, presenciaron la primera audiencia.

En 1924, en el territorio nacional del Chaco, las etnias qom y moqoit no estaban de acuerdo con las situaciones que les había planteado el gobierno provincial bajo tutela de Fernando Centeno. Este último, les prohibió la circulación libre, les cobraba un impuesto de 15% por sobre lo que producían en las parcelas y les impuso un flete confiscatorio. Las comunidades le pedían al Gobernador el reconocimiento para poder moverse con libertad y comida que estuviera en buen estado, ya que se encontraban encerrados en la “Reducción”. 

Frente a los pedidos, el Gobernador Centeno decidió resolver el conflicto a través de la conformación de una fuerza policial con el único objetivo de destruir al oponente. Estaba compuesta por un centenar de efectivos. Por primera vez, se utilizó un avión alquilado para espiar la ubicación de los pueblos originarios. 

En la mañana de aquel sábado, la policía rodeó a más de 800 indígenas que se encontraban en la zona, con una distancia de 300 metros entre ellos para comenzar a disparar. Fueron dos ráfagas de balas, una que duró unos minutos, y la siguiente que duró alrededor de una hora, que fue la que hirió entre 300 y 500 personas. “Hubo un modus operandi por parte de las fuerzas represoras. Un plan exhaustivo y coordinado. Una organización logística que movió a los efectivos policiales por tren, se determinó el papel que iba a cumplir cada uno, se utilizó y perpetró a las fuerzas represivas con armamentos y municiones de guerra”, subrayó el abogado querellante.

Asimismo, manifestó que este crimen es considerado de lesa humanidad debido a que “son actos atroces’. Son hechos por medio de un ataque sistemáticos por la organización que se acaba de relatar, generalizado por el número de víctimas, es hecho contra una población civil y sobre todo es hecho como política de Estado. Esto fue parte de una política que tenía casi 50 años en nuestro país de exterminio”. 

Como sostiene el querellante por el Instituto del Aborigen Chaqueño, Núñez, “es necesario llevar adelante este juicio por la verdad, a los fines de lograr concretar de forma objetiva la recuperación de la memoria histórica, su difusión pública y completa la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas teniendo como primordial fin que este hecho de violencia no se repita nunca más”, enfatizó.

En la segunda parte de la audiencia, la Fiscalía presentó los testimonios audiovisuales de dos sobrevivientes a la Masacre de Napalpí en formato de entrevistas, realizadas por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos. Pedro Valquinta, apenas era un niño cuando fue testigo de cómo mataban a sus familiares y amigos de su misma comunidad. El hombre, que tiene más de 100 años, recordó: “En la Reducción mataron gente. Cuando reventaron las armas los mataron a todos. No hay sobrevivientes”. Valquinta, a su vez, es sobreviviente de otra masacre más, conocida como Zapallar (hoy General San Martín), que ocurrió el 6 de septiembre de 1933. Ambos ataques violentos hacia la comunidad a la cual pertenecía.

La siguiente testigo fue Rosa Grilo, sobreviviente de la Masacre de Napalpí. La anciana expresó que este acontecimiento ha generado “mucho dolor”, porque recuerda que a su padre lo mataron, y que se salvó gracias a que sus abuelos y su madre la arrastraron hacia el monte donde se escondieron de la policía. A pesar de ello, y luego de casi cien años de silencio, la sobreviviente, dijo que “recién ahora” se comenzó a hablar de lo sucedido. 

El último testimonio de la jornada fue un video de Juan Chico, historiador perteneciente a la comunidad qom, que investigó la masacre de Napalpí. Chico sostuvo que “en este caso trabajamos memoria y por lo general cuando uno busca datos información y documentación se encuentra que hay poca. El dato o el archivo está pensado con una gran subjetividad, pero sin duda ayuda a nosotros que trabajamos con la memoria oral”. Dado que, en los documentos que se encontraron, y que forman parte de la causa, ocultan información en cuanto al número de fallecidos o hasta dejaron asentado que hubo un enfrentamiento entre comunidades en la que intentan desentender a la Policía del hecho. “La memoria en el caso de Napalpí jugó y sigue jugando un rol clave en esto. Hay que trabajar con las dos miradas”, opinó, y agregó que los abuelos mayores “son otro archivo. Hay que darles la relevancia que tienen, que son nuestra biblioteca viviente”. El investigador iba a formar parte del juicio, pero el 13 de junio del 2021 falleció a los 45 años en su provincia natal como consecuencia del covid-19. Por lo que su declaración grabada en formato audiovisual y sus libros forman parte de la investigación. 

Este juicio por la verdad durará alrededor de un mes, y las audiencias se llevarán adelante en las ciudades chaqueñas de Resistencia y Machagaic; y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en el Espacio por la Memoria de la ExEsma. El próximo 26 de abril se continuará con la declaración de seis testigos, y la reproducción de las entrevistas a otros dos: Melitona Enrique y Rosa Chará.