Comenzaron las audiencias del juicio por la verdad que investiga la Masacre de Napalpí, ocurrida en Chaco en abril de 1924. Se trató de un crimen de lesa humanidad en el que las fuerzas del Estado fusilaron a 400 miembros de las comunidades qom y moqoit.
En Resistencia, Chaco, el martes 19 de abril se inició el juicio oral y público por la Masacre de Napalpí, la matanza de cuatrocientas personas de los pueblos qom y moqoit en el Gran Chaco durante una represión estatal desatada hace casi un siglo. Napalpí fue el epicentro del horror que aportó mano de obra esclava para las explotaciones algodoneras y la tala del quebracho. Allí fueron asesinados al menos 400 indígenas y peones rurales correntinos que trabajaban en la zona. Todos bajo el mando de fuerzas estatales y colonos armados, guiados por un avión que sobrevoló el lugar para identificar el sitio de reunión de las comunidades.
La audiencia comenzó con la exposición por parte de la Fiscalía Federal, a cargo de Federico Carniel y su colega Diego Vigay, quien describió el hecho histórico como “una represión dantesca”. Continuó la querella conformada por el representante de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia, Diulio Ramírez, y Emiliano Núñez, por el Instituto del Aborigen chaqueño. Por último, se escucharon los tres primeros testimonios: Pedro Valquinta y Rosa Grilo sobrevivientes del ataque, y el Qom Juan Chico, quien investigó y en sus libros dio voz a los acalladas de Napalpí.
En el Día de la Reafirmación de los Derechos de los Pueblos Originarios, y a 97 años de la Masacre de Napalpí, la jueza Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal Nº1, explicó que “el juicio por la verdad no busca responsabilidades penales. Es una judicialización de hechos sin responsables directos o imputados”. Esto es así, debido a que, en primera instancia, quienes cometieron los delitos hace más de noventa años han fallecido. Pero, a pesar de ello, lo que se busca es “activar la memoria y generar conciencia colectiva de que las graves violaciones de derechos humanos no deben repetirse”, destacó.
Aquel 19 de julio de 1924 mataron niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos y ancianas, y los enterraron en fosas comunes, los que sobrevivieron al hecho violento fueron mutilados, violentados y hasta exhibidos. Aquellos que lograron escapar del tiroteo, debieron huir hacia los montes y sobrevivir allí con los alimentos que les brindaba la naturaleza.
Este juicio es el primero de su tipo en el país. El fiscal Carniel mencionó que, a través del análisis de los hechos de la causa, “se puede encuadrar al delito como de lesa humanidad”, y a través de este acto de justicia “se lleva adelante este proceso de reconstrucción de memoria, verdad y justicia, a fin de juzgar las circunstancias en que se produjeron los hechos y quienes formaron parte de los mismos”, agregó.
El fiscal detalló que la Masacre de Napalpí podría tener una sentencia por delito agravado con ensañamiento en reiteración de hechos, el concurso premeditado de dos o más personas, según el Código Penal, de conductas catalogadas como delitos de Lesa Humanidad.
En sintonía el fiscal, Diulio Ramírez, querellante de la causa por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, señaló: “Procuramos que la sociedad pueda nutrirse de la verdad ante tanta negación y décadas de ocultamiento. Situación que comenzó a revertirse en enero del 2008, cuando el Gobernador de la Provincia de Chaco, pidió públicamente perdón a las víctimas sobrevivientes. Lo pidió en el lugar donde se cometió la masacre a sus familiares, a las etnias qom y moqoit”.
El secretaraio de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, presenciaron la primera audiencia.
En 1924, en el territorio nacional del Chaco, las etnias qom y moqoit no estaban de acuerdo con las situaciones que les había planteado el gobierno provincial bajo tutela de Fernando Centeno. Este último, les prohibió la circulación libre, les cobraba un impuesto de 15% por sobre lo que producían en las parcelas y les impuso un flete confiscatorio. Las comunidades le pedían al Gobernador el reconocimiento para poder moverse con libertad y comida que estuviera en buen estado, ya que se encontraban encerrados en la “Reducción”.
Frente a los pedidos, el Gobernador Centeno decidió resolver el conflicto a través de la conformación de una fuerza policial con el único objetivo de destruir al oponente. Estaba compuesta por un centenar de efectivos. Por primera vez, se utilizó un avión alquilado para espiar la ubicación de los pueblos originarios.
En la mañana de aquel sábado, la policía rodeó a más de 800 indígenas que se encontraban en la zona, con una distancia de 300 metros entre ellos para comenzar a disparar. Fueron dos ráfagas de balas, una que duró unos minutos, y la siguiente que duró alrededor de una hora, que fue la que hirió entre 300 y 500 personas. “Hubo un modus operandi por parte de las fuerzas represoras. Un plan exhaustivo y coordinado. Una organización logística que movió a los efectivos policiales por tren, se determinó el papel que iba a cumplir cada uno, se utilizó y perpetró a las fuerzas represivas con armamentos y municiones de guerra”, subrayó el abogado querellante.
Asimismo, manifestó que este crimen es considerado de lesa humanidad debido a que “son actos atroces’. Son hechos por medio de un ataque sistemáticos por la organización que se acaba de relatar, generalizado por el número de víctimas, es hecho contra una población civil y sobre todo es hecho como política de Estado. Esto fue parte de una política que tenía casi 50 años en nuestro país de exterminio”.
Como sostiene el querellante por el Instituto del Aborigen Chaqueño, Núñez, “es necesario llevar adelante este juicio por la verdad, a los fines de lograr concretar de forma objetiva la recuperación de la memoria histórica, su difusión pública y completa la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas teniendo como primordial fin que este hecho de violencia no se repita nunca más”, enfatizó.
En la segunda parte de la audiencia, la Fiscalía presentó los testimonios audiovisuales de dos sobrevivientes a la Masacre de Napalpí en formato de entrevistas, realizadas por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos. Pedro Valquinta, apenas era un niño cuando fue testigo de cómo mataban a sus familiares y amigos de su misma comunidad. El hombre, que tiene más de 100 años, recordó: “En la Reducción mataron gente. Cuando reventaron las armas los mataron a todos. No hay sobrevivientes”. Valquinta, a su vez, es sobreviviente de otra masacre más, conocida como Zapallar (hoy General San Martín), que ocurrió el 6 de septiembre de 1933. Ambos ataques violentos hacia la comunidad a la cual pertenecía.
La siguiente testigo fue Rosa Grilo, sobreviviente de la Masacre de Napalpí. La anciana expresó que este acontecimiento ha generado “mucho dolor”, porque recuerda que a su padre lo mataron, y que se salvó gracias a que sus abuelos y su madre la arrastraron hacia el monte donde se escondieron de la policía. A pesar de ello, y luego de casi cien años de silencio, la sobreviviente, dijo que “recién ahora” se comenzó a hablar de lo sucedido.
El último testimonio de la jornada fue un video de Juan Chico, historiador perteneciente a la comunidad qom, que investigó la masacre de Napalpí. Chico sostuvo que “en este caso trabajamos memoria y por lo general cuando uno busca datos información y documentación se encuentra que hay poca. El dato o el archivo está pensado con una gran subjetividad, pero sin duda ayuda a nosotros que trabajamos con la memoria oral”. Dado que, en los documentos que se encontraron, y que forman parte de la causa, ocultan información en cuanto al número de fallecidos o hasta dejaron asentado que hubo un enfrentamiento entre comunidades en la que intentan desentender a la Policía del hecho. “La memoria en el caso de Napalpí jugó y sigue jugando un rol clave en esto. Hay que trabajar con las dos miradas”, opinó, y agregó que los abuelos mayores “son otro archivo. Hay que darles la relevancia que tienen, que son nuestra biblioteca viviente”. El investigador iba a formar parte del juicio, pero el 13 de junio del 2021 falleció a los 45 años en su provincia natal como consecuencia del covid-19. Por lo que su declaración grabada en formato audiovisual y sus libros forman parte de la investigación.
Este juicio por la verdad durará alrededor de un mes, y las audiencias se llevarán adelante en las ciudades chaqueñas de Resistencia y Machagaic; y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en el Espacio por la Memoria de la ExEsma. El próximo 26 de abril se continuará con la declaración de seis testigos, y la reproducción de las entrevistas a otros dos: Melitona Enrique y Rosa Chará.
