Un grupo sin uniforme de la Brigada de Investigaciones ingresó a la casa de los hermanos Domínguez, los jóvenes con discapacidad que habían sido golpeados y detenidos el día 20, se llevaron pertenencias y secuestraron a uno de ellos. También entraron al domicilio y agredieron físicamente a la actriz, bailarina y docente Camila Müller. Un grupo de las comunidades indígenas se reunió con Alberto Fernández. Continúan los cortes en la Ruta 9.

Integrantes de la asamblea de pueblos originarios representada por el Tercer Malón de la Paz se reunieron ayer a la mañana con el Presidente en la Quinta de Olivos por la fuerte represión policial que sigue buscando suprimir una intensa protesta desatada por varios sectores del pueblo jujeño contra la reforma de la Constitución que impuso el gobernador Gerardo Morales. Fernández escuchó las consecuencias perjudiciales para ellos que implica la modificación del texto constitucional, así como también denunciaron los actos de violencia policial ejercida contra manifestantes, por medio de persecuciones e imputaciones penales.

Ante el pedido de intervención en la provincia, el Presidente se limitó a decir que no podía obrar de esa forma, que se debe realizar por medio de la ley. Sin embargo, abrió camino a la posibilidad de visitar Jujuy, en el entendimiento de que la nueva Constitución quita derechos y no los garantiza. El referente de la comunidad de Ocumazo, Raúl Choquevilca, argumentó que la reforma tiene como objetivo la extinción de los pueblos originarios: “Vemos que hay quita de derechos y eso no lo vamos a aceptar. En el caso de las comunidades, estaríamos entregando nuestros territorios. Eso va a significar que las comunidades dejarán de existir. Nuestro objetivo es pelear por los lugares donde estamos asentados milenariamente”. 

Horas más tarde, la Secretaría de Derechos Humanos reclamó ante la justicia que se abra una investigación para determinar responsabilidades de los funcionarios involucrados en la violencia policial. El texto de la denuncia penal habla de “delitos que dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”.

En San Salvador y las principales ciudades, la mayoría de los docentes, estatales y municipales continúan en huelga, con marchas de antorchas por las noches, y al mismo tiempo la resistencia se expresaba en los cortes de rutas. Desde el miércoles, la policía jujeña no aflojaba con la represión a los manifestantes en Perico. Tanto Infantería como Caballería formaron una valla de uniformes para impedir el paso a docentes, campesinos, trabajadores y gauchos y evitar el corte de la Ruta Nacional 66. Sin embargo, agricultores, productores, docentes, vecinos, indígenas, alumnos, niños y niñas decidieron quedarse y retomar el corte por la tarde. La modalidad acordada con la Gendarmería nacional fue un corte de índole parcial, permitiendo el paso de vehículos cada 30 minutos.

Ayer, mientras la delegación de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos realizaba sus tareas de relevamiento de testimonios en el corte de El Pombo, en Perico, la policía provincial se presentó con una orden de desalojo. Gonzalo Armua, integrante de la delegación, explicó que las comunidades abrieron el paso pacíficamente pero igualmente fueron agredidas. Un rato antes, una manifestante dijo que “hoy el pueblo se dio cuenta, feriantes, comerciantes y vecinos de la ciudad, los presidentes de los barrios se juntaron todos para poder derribar a la policía, es la valentía de decir, gobernador escuchanos”.

Los cortes se siguen replicando en casi todas las rutas de la provincia. Sobre la 9 se mantienen activas manifestaciones en Purmamarca, Tilcara, en Uquía, en Huazadurazno, en el acceso a Iturbe, y en Abra Pampa y La Quiaca. La Ruta Nacional 52 -que conduce a Chile y es la vía por la que sale el litio, está cortada en al menos tres puntos: en su intersección con la Ruta 9, en Purmamarca, más arriba en Susques, y en Cauchari. Y en la 40 se mantiene el corte en Coranzuli, donde el tránsito se libera cada seis horas.

En los cortes, la solidaridad entre las comunidades se agiganta. La revuelta jujeña no cede. Los trabajadores de la mina El Aguilar “bajaron” hasta Purmamarca para poner el cuerpo en la protesta, luego de completar su turno de diez horas. “Dicen que los mineros somos callados, pero cuando nos joden los reventamos”, cantaban.

Era la 1.30 cuando rompieron la puerta sin orden de allanamiento e hicieron que toda la familia se tirara al piso. Con armas largas apuntaron a un chico de 6 años y esposaron a los mayores. Gritaban preguntando «dónde están los dos, dónde están los dos»

Secuestros en la madrugada

Anoche en la capital se volvieron a prender todas las alertas de las agrupaciones humanitarias. Un grupo sin identificar ingresó a la casa de la familia Domínguez y se llevó a uno de los hermanos que habían estado detenidos la semana pasada, Marco Antonio, que tiene una discapacidad motriz en las piernas. Él y su hermano Raúl Adrián, un joven con trastorno del espectro autista, fueron parte de los casi 70 detenidos del 20. Era la 1.30 cuando rompieron la puerta sin orden de allanamiento e hicieron que toda la familia se tirara al piso. Con armas largas apuntaron a un chico de 6 años y esposaron a los mayores. Gritaban preguntando «dónde están los dos, dónde están los dos». Revolvieron la casa, tiraron todo, y como no encontraban nada se decían entre ellos «negativo, negativo». Se llevaron a Marco Domínguez, junto con la novia Belen Ontiveros, de 17 años. Además, les robaron dinero, dos motos, un auto y los celulares de todos.
Eran ocho hombres y tres mujeres. Ninguno se identificó, solamente uno de ellos mostró una imagen, en el celular, donde supuestamente decía que debían llevarlo por flagrancia. Otro tenía un chaleco que rezaba “Investigaciones”. Vestían canguros, gorras comunes y barbijos.
En la madrugada de ayer, también, fue agredida en su propio domicilio por grupos similares la actriz, bailarina y docente Camila Müller. La denuncia pública fue realizada por el Instituto Nacional del Teatro y por la Asociación Argentina de actores.

ANCCOM se comunicó con Fabiola Suárez, miembro del Comité Local contra la Tortura, quien confirmó el relato digno de cuatro décadas atrás. “Estamos con eso, pero tenemos dos casos más”, dijo casi sin aliento. Horas más tarde, tras la presentación de sendos habeas corpus aparecieron Domínguez y Ontiveros.

Por su parte, Mariana Katz, abogada del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) e integrante de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, dijo a esta agencia que ese episodio se suma a otros sucesos que contribuyen a crear un clima de dictadura. “Existe un alto nivel de presión en los ámbitos de trabajo. Los amenazan que si van a las marchas de los docentes o si apoyan a los indígenas, se quedan sin trabajo. Porque además esta nueva constitución suspende las plantas permanentes, es decir, el ingreso personal nuevo, todos están en condiciones de ‘suplentes’», expresó. Katz comenzó a intervenir desde el viernes 16 de junio, cuando “la gente de las comunidades nos empezó a avisar de la represión en Abra Pampa».

Además de brindar apoyo legal, el Serpaj ha emitido cartas públicas dirigidas a las autoridades y presentado otra ante la vicepresidenta de la Convención Constituyente, junto con otras organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, la respuesta fue desalentadora. «No tuvimos ningún tipo de receptividad. La respuesta fue la no respuesta o la represión», lamentó la abogada.

El objetivo era visibilizar los casos de violaciones de derechos humanos en la región, tanto de sindicatos como de personas pertenecientes a comunidades indígenas. Katz y su equipo enviaron cartas al Defensor del Pueblo de la Nación, en relación al Acuerdo de Escazú –el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, único en el mundo en contener disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales– y la falta de consulta a los indígenas sobre los recursos naturales, según lo establecido en el Artículo 75, Inciso 17 de la Constitución.

Sin embargo, la situación fue empeorando rápidamente. El 20 de junio, Katz se encontraba en Jujuy para charlar con Alicia Chalave, abogada que respalda el reclamo de las Salinas Grandes contra la extracción de litio. Y mientras estaban en la manifestación en contra de la jura de la Constitución, la represión comenzó una vez más. Katz recuerda el peligroso momento en el que tuvo que ser resguardada por la propia gente de las comunidades para proteger su seguridad. «Yo estuve ahí, a mí me tuvieron que sacar por mi seguridad, porque corría riesgo de que me metan presa». Aún así, se puso a filmar. «Mucha gente, cuando los filmaba o les preguntaba por qué estaban acá me abrazaban y me decían ‘visibiliza lo que nos está pasando’, ‘vivimos en la dictadura’ y yo decía no, no puede ser. Pero cuando me pasó a mí dije sí, es así. Jujuy hoy es una dictadura».

El Proceso Constituyente en curso también ha generado preocupación. Katz explica: «Esta constitución tiene muchas falencias técnicas. Morales no podría haber sido nunca el presidente de la Convención Constituyente según la constitución anterior, pero presidió la convención. Esto ha llevado a abogados de diferentes organizaciones, incluyendo a la comunidad indígena, a considerar acciones de inconstitucionalidad».

Alejandrina Barry, legisladora porteña del FIT-U e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), estuvo en Jujuy para recopilar testimonios que arrojan luz sobre el agravamiento de las represiones sufridas por los manifestantes en comparación con años anteriores. Barry coincidió con Katz en que el régimen represivo impulsado por el gobernador Gerardo Morales «cada vez más está teniendo características de una dictadura, y lo digo con conocimiento de causa porque soy hija de desaparecidos”. Y agregó que sus compañeros del Frente fueron objeto de persecución, como la diputada Natalia Morales que fue detenida y arrastrada casi doscientos metros por acompañar a las mujeres de las comunidades. “Es una situación que se vive en todos los sectores que han intervenido en este proceso de ‘abajo la reforma’”. Por último, llamó a la movilización total en todo el país para que Jujuy pueda ganar su lucha contra la reforma y el gobernador Morales deje de perseguir y reprimir a su pueblo. “Solo un paro nacional en apoyo al pueblo jujeño puede parar esta masacre, y realmente lograr, como dicen ellos y ellas, ‘abajo la reforma y arriba los derechos’”.

Katz también convocó al compromiso colectivo de todo el país. «En todas las provincias se necesita que los porteños nos comprometamos, porque el agua que nosotros tomamos y que llega al Río de La Plata también baja de las montañas. La gente del, mal llamado, interior está protegiendo estos recursos para todos nosotros y necesitan que tomemos conciencia y nos comprometamos con ellos».

«Estábamos llevando frazadas y comida al corte de Purmamarca y se desató la represión, nos tiraron gases, balas de goma, no les importó que hubiera niños, ancianos. El gobierno de Jujuy es autoritario, es autocrático y nepotista», sostuvo Vanesa Vargas, del Tercer Malón por la Paz. Unas protagonistas, otras testigos privilegiadas, las mujeres consultadas por ANCCOM coinciden en la caracterización de la gestión del precandidato a vicepresidente, al lado del actual alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta.