En medio de las protestas y la represión, la policía jujeña ingresó al domicilio de la dirigente de la Tupac Amaru por orden de un fiscal que quiere acusarla de promover los conflictos que se generaron por la reforma constitucional que impuso el gobernador Gerardo Morales.
Así como en Jujuy continúan las movilizaciones encabezadas por docentes y pueblos originarios; el gobierno de Gerardo Morales persiste con el laboratorio represivo. Esta vez, la policía provincial allanó la casa de Milagro Sala, con la necesidad de encontrar cualquier tipo de prueba que le permita al relato oficialista de inculpar a la líder de la Tupac Amaru de la conflictividad que se está viviendo en la provincia.
“Desde el 20 de junio a la fecha, Milagro ha estado recibiendo ataques indiscriminados por parte del gobierno jujeño. Cuando ella tiene policía en la puerta, cuando está monitoreada por la tobillera, cuando nunca violó las normas que se la han impuesto por su calidad de detenida. Algo absurdo, porque ellos son los responsables de su seguridad”, comentó a ANCCOM Alejandra Cejas, abogada de Milagro Sala.
El allanamiento de este jueves por la mañana duró más de seis horas. Los policías a cargo de la operación secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos. Con el objetivo de encontrar algún tipo de prueba que vincule a Sala con la acusación impuesta por el fiscal Diego Funes de “haber organizado y/o financiado” o “instigado” la movilización contra la reforma constitucional.
El lunes 26 de junio con la aparición de medidas no judiciales y con la falsificación de resoluciones, trataron de trasladar a la dirigente a una supuesta junta médica, cuando este tipo de revisiones se realizan siempre fijando fecha por parte del juez y con la antelación suficiente para que puedan participar peritos de ambas partes. “La evolución de la salud de Milagro no es de la mejor, lamentablemente. El tratamiento que lleva adelante con la Fundación Favaloro está informado judicialmente; y la junta médica está a la espera de lo que diga la fundación”, aclaró Cejas. “Que se disponga de su persona y de su libertad sin autorización judicial llama la atención. Es por esto que el martes 27 se presentó un hábeas corpus para que no sea trasladada”, manifestó la abogada.
El procedimiento del jueves fue bestial, rompieron paredes que sonaban huecas, no dejaban entrar a los abogados, desarmaron la estufa de la habitación donde el esposo de Milagro, Raúl Noro, se encuentra conectado a un tubo de oxígeno, transitando días delicados para su salud con una enfermedad terminal.
“Yo estaba muy tranquila porque no tengo nada, no soy como ellos. Y no encontraron nada”, comentó Sala a medios nacionales luego del allanamiento. La dirigente social lleva más de siete años detenida por participar de un acampe frente a la casa de gobierno de Jujuy. La prisión preventiva y la sucesión de acusaciones en su contra buscaron disciplinar a ella y a las organizaciones sociales de la provincia.
Esta situación llegó a su clímax con la sanción de la reforma constitucional que criminaliza al extremo la protesta social y afecta a las comunidades originarias y sus tierras. La situación derivó en una salvaje represión y persecución hacia quienes están en contra del nuevo texto. Hay casos de extrema gravedad, como allanamientos sin orden judicial a docentes y a personas discapacitadas. La policía se ampara bajo el concepto jurídico de la flagrancia utilizándolo arbitrariamente, les permite este accionar tan violento con metodologías de las épocas más oscuras que atravesó el país.
El gobierno provincial utiliza como excusa para su feroz represión y accionar la creación del enemigo externo e interno, acusando al gobierno nacional de mandar violentos y vincula a Milagro Sala con la quema de la Legislatura el pasado 20 de junio, cuando se estaba jurando la nueva carta magna. Morales había dicho que iba a presentar las pruebas de estas acusaciones en 24 o 48 horas. Luego de más de 10 días no hay ninguna prueba que vincule a gente de la Tupac Amaru, ni del gobierno nacional, con toda la violencia que está sufriendo el pueblo jujeño.
El juez Rodolfo Fernández es quien hizo lugar al pedido de allanamiento de la casa de Milagro. Se ampara en la declaración de una persona de identidad reservada, que manifestó haber recibido 300 mil pesos en efectivo por parte de Milagro Sala, para confeccionar cien banderas para la Tupac Amaru para utilizarlas el 20 de junio.
Se espera que este viernes, el ministro de Justicia, Martín Soria, presente ante la Corte Suprema de Justicia una acción declarativa de inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy. De esta manera, el gobierno se hace eco de las denuncias por partes de organismos de derechos humanos locales e internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también Amnistía Internacional y Human Rights Watch que sostuvo que “la reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradice estándares internacionales de DD HH”.