Hallan sin vida a un joven imputado por marchar contra la megaminería en Chubut

Hallan sin vida a un joven imputado por marchar contra la megaminería en Chubut

Abr 23, 2025 | Comunidad, Destacado 5

Hay indicios de que se trató de un suicidio. Al día siguiente se conoció la sentencia que lo declaró inocente. Otros seis manifestantes fueron condenados por participar del «Chubutazo» en 2021.

Lautaro Martínez tenía 21 años y pesaba sobre él una posible condena de cuatro años cuando fue hallado sin vida en la noche del 21 de abril. Un día después, al conocerse la sentencia, resultó absuelto. La causa de su muerte aún se investiga, y el presunto suicidio es una de las hipótesis .

El pasado 22 de abril fueron condenados seis de los ocho imputados por desmanes ocurridos en diciembre de 2021 en Chubut, en el marco de una semana de protestas continuas contra la megaminería, una jornada popularmente conocida como “Chubutazo”. 

La pueblada, sin precedentes para una provincia acostumbrada a luchar por los derechos ambientales, salió a las calles en diciembre de 2021 para reclamar contra la aprobación de la zonificación minera. Las protestas se extendieron durante siete días seguidos en Rawson y Trelew, y fueron respondidas con represión policial. “El Chubutazo fue sostenido por pibes de barrios pobres, con trabajos precarios”, comentó a ANCCOM Iván Marín, periodista y militante social chubutense. “Esta condena es contra la población más plebeya de Rawson porque es inminente la aprobación para la minería de uranio sobre el Río Chubut, que es nuestra única fuente de agua en la provincia”, agregó.

Más de 50 personas fueron detenidas en aquellos días, todos vecinos y vecinas que se autoconvocaron a las manifestaciones para defender su agua y su tierra. Muchos de ellos han sufrido una posterior persecución judicial. En septiembre de 2024, en una de las causas iniciadas por estos hechos fueron absueltos por falta de pruebas cuatro ciudadanos acusados de incendiar las instalaciones del diario oficialista El Chubut.

 

El juicio 

No corrieron la misma suerte los imputados por los desmanes e incendios ocurridos en una decena de edificios públicos, entre ellos el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía de Rawson y la Casa de Gobierno. Si bien los medios y el Poder Judicial los señalaban como responsables de los incendios, sólo uno de ellos enfrentaba cargos por delitos de tal gravedad, y otros cinco fueron encontrados culpables por la jueza Eve Ponce por delitos de hurto y daños agravados.

Mauricio Naum Vargas fue condenado por “incendio en concurso real con hurto agravado” por provocar un foco ígneo en la oficina de la Procuración General usando un libro como combustible y sustraer una CPU y un monitor del lugar, por lo que la fiscalía pedirá una condena de seis años de prisión. 

También fueron hallados culpables Damián Díaz y Lourdes Molina Leguiza, acusados de romper unas persianas; G.V., quien al momento de los hechos tenía 17 años, por arrojar piedras contra el frente del edificio del Tribunal Superior de Justicia y sustraer un matafuegos de la oficina de la Procuración General; Nicolás Díaz, para quien la fiscalía solicitó una pena de tres años de prisión por robar un bidón de agua; y Lucas Espinoza, por quien la fiscalía pide 20 meses de prisión, fue encontrado culpable de daño agravado por arrojar objetos y romper los vidrios de un vehículo del Área de Finanzas de la Policía de Chubut. “Es ridículo”, comentó Marín, “se te quema toda la capital y lo único que podés hacer es condenar a un pibe por robar un bidón de agua, es muy poco serio”.

Entre los dos que resultaron absueltos se encontraba Lautaro Martínez, a quien llamaban “Terri”, que habría acabado con su vida una noche antes de conocerse la sentencia. “Era un chico de escasos recursos”, comentó a ANCCOM Noelia Silva, una militante socioambiental chubutense y colaboradora de Radio Sudaca, un medio comunitario de Trelew donde también estaba Martínez. “Pesaba sobre él un pedido de condena de cuatro años, pero fue uno de los absueltos por no poder probar la responsabilidad del delito”, contó.

Esta condena resulta también intempestiva porque los imputados habían conseguido una suspensión de su juicio el año pasado a cambio de hacer trabajo comunitario para resolver sus situaciones. Sobre esto, Marín comentó que “el gobernador Ignacio Torres, junto con la Legislatura que le responde, criticaron a la jueza que les otorgó ese beneficio y plantearon que se tenía que llevar adelante el juicio”. A pesar de lo que ya había resuelto la magistrada, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut decidió ir adelante contra los imputados y el pasado martes fueron condenados seis de los ocho imputados. “Y ahora quedó demostrado que no hay ningún tipo de pruebas con ninguno y mucho menos con Lautaro”, sentenció Marín.

La información de que se trató de un posible suicidio provino de la Red de Organizaciones por los Derechos Humanos en Chubut y la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de esa provincia. En tanto, según fuentes judiciales citadas por el diario Jornada, el joven se habría quitado la vida.

Por su parte, Florencia Gómez, fiscal jefa de Rawson, declaró que la absolución de Martínez no tuvo relación con su fallecimiento ya que “la jueza ya había firmado la sentencia absolutoria antes de conocerse la muerte”. Sobre esto, Marín comentó que «hay que tomar con pinzas estas declaraciones».

Además, Martínez, al igual que Molina Leguiza, fue detenido el pasado 10 de abril durante el proceso judicial por llegar tarde a sus respectivas audiencias. Según la gacetilla oficial del Ministerio Público Fiscal, por retrasar el debate con esas conductas. Ambos pasaron la noche en la Comisaría de Playa Unión hasta que finalmente fueron liberados al día siguiente, luego de la audiencia de alegatos finales. “Es cierto que en más de una oportunidad Lautaro ni siquiera llegó al juicio”, comentó Marín. “Son chicos de sectores muy vulnerables, algunos de estos pibes no eran conscientes de lo que estaban atravesando y no lo creían tan grave porque no tenían las herramientas para hacer una lectura de lo que les estaba pasando”.

La actuación judicial bajo la lupa

Este juicio pretendió juzgar a los responsables de los incendios de diez edificios públicos, pero sólo uno de los imputados estaba acusado por eso.

Noelia Silva acompañó a los imputados en todo el proceso judicial que duró más de dos semanas. “Es un verdadero escándalo lo que se presentó como pruebas, yo estuve asistiendo a las audiencias. Las irregularidades de la carga probatoria y los testimonios fueron cuanto menos escandalosos”, comentó.

Las condenas parecen desproporcionadas para la calidad de los delitos adjudicados. Además, la actuación del Poder Judicial pareció selectiva. La represión dejó unas 50 denuncias por violencia policial que no prosperaron, mientras que los únicos que resultaron llevados a juicio fueron los vecinos y vecinas chubutenses.

En el centro de esas causas estuvo la fiscal Florencia Gómez, protagonista del impulso de causas que distintas organizaciones sociales denunciaron como “polémicos”. Fuentes judiciales señalaron que Gómez habría dicho que este juicio habría sido potenciado por pedido del gobernador Torres, en un momento en el que se reactivan en la provincia impulsos para la explotación de uranio en el Río Chubut.

 Por otra parte, resultó llamativo que todos los testigos que presentó la Fiscalía durante el juicio fueron policías y algunos bomberos, algo que la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut resaltó que por lo menos “resulta muy sesgado”. Además, muchas de las filmaciones que se usaron como pruebas fueron obtenidas mediante efectivos infiltrados en las protestas, por lo que no debieron ser aceptadas por la Fiscalía. “Los policías llevados como testigos declararon haber sido mandados por autoridades policiales a infiltrarse en las manifestaciones de la pueblada para filmar y sacar fotos”. Muchas otras pruebas también fueron señaladas por la Defensa por haberse corrompido sus cadenas de custodia.

Cacería policial 

Uno de los testimonios que encendieron las alarmas durante el juicio fue el del comisario Ramiro José Huenchul Fernández, quien se desempeñaba como segundo jefe de la Comisaría de Rawson en 2021, quien reveló que hubo un relevamiento de alrededor de 800 efectivos policiales durante las protestas. “Hasta la sentencia, mi lectura política es que el dato del juicio fue ese”, comentó Marín. “Antes de reconocer ese número, Huenchul dijo que habían 800 manifestantes. De todas maneras hubo más, pero tomando sus palabras estamos hablando de un policía por manifestante, algo nunca visto, es decir que fue una lucha cuerpo a cuerpo si fue así. Esto prueba que efectivamente hubo una cacería”.

Aunque otras estimaciones más optimistas hablan de que la movilización probablemente congregara un pico máximo de cuatro mil personas en Rawson, sigue tratándose de una represión desproporcionada. Esto representaría que hubo un policía cada cinco manifestantes, un nivel significativamente superior al normal. Para dimensionar, en movilizaciones mucho más grandes en Buenos Aires suelen participar un policía para entre 50 y 100 personas, y en partidos de fútbol de alto riesgo, la proporción ronda entre uno cada 40 o 60 asistentes.

Este despliegue se vuelve aún más llamativo si se considera el contexto geográfico y demográfico, ya que Rawson es una ciudad pequeña, y la represión se desarrolló en un radio no mayor a 15 cuadras del centro cívico. Se trató de una concentración acotada territorialmente en una capital provincial de escala reducida, lo cual refuerza la percepción de una respuesta estatal desproporcionada frente a una protesta localizada. “Fue una cacería monumental”, declaró Marín y agregó: “Nosotros sabíamos que habían muchos policías pero hasta el juicio no sabíamos la cantidad, y aún así el pueblo resistió”.

El desborde represivo pretendía generar miedo en la ciudadanía y, sin embargo, no lo consiguió, sino que empujó a los manifestantes a seguir copando las calles hasta dar vuelta aquella Ley de Rezonificación Minera que terminó derogada.

 

Criminalización de la protesta 

Este hecho marca nuevamente la persecución judicial que criminaliza las protestas en Chubut y en otras partes del sur argentino. Con un contexto provincial que busca seguir impulsando la megaminería contaminante y un gobierno nacional que avala este tipo de actividades, estas operaciones judiciales no resultan indiferentes al pueblo que sigue manifestándose. “Acá hay una campaña de acusar sin pruebas y estigmatizar en todos los medios de comunicación a los que protestan”, sentenció Marín. “No importa si sos culpable o no, porque a los ojos de la mayoría ya lo sos cuando aparecés en todos los diarios”. 

¿Desapareció la clase media?

¿Desapareció la clase media?

Abr 23, 2025 | Comunidad, Destacado 4

Ingresos, ocupación, consumo, educación, herencia, valores. ¿Qué define hoy a la clase media en Argentina? Es una categoría en permanente transformación pero que aún organiza identidades y disputas sociales, aunque sus fronteras están cada vez más difusas.

“La Argentina es un país de clase media”. Durante décadas esa frase funcionó como un mantra nacional. Pero esa categoría, alguna vez asociada a la movilidad social y a los consumos culturales, hoy aparece cada vez más puesta en cuestión.

En general, se tiende a identificar como clase media a quienes están por encima de la línea de pobreza. Sin embargo, esa definición resulta cada vez menos convincente. Un informe reciente de la Consultora W, basado en datos del INDEC, estimó que el 43% de los hogares argentinos pertenece a este sector. La clasificación se apoya en variables como la Encuesta Permanente de Hogares, la Canasta Básica Total y los niveles salariales, siguiendo una lógica esquemática de: “decime cuánto ganás y te digo a qué clase social pertenecés”.

Sin embargo, para Eduardo Chávez Molina, investigador de la UBA y director del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, una definición basada en ingresos es insuficiente: “Las lecturas más mediáticas consideran clase media a quienes tienen ingresos medios. Generalmente, eso implica estar por encima de la línea de pobreza. Pero eso no alcanza”.

Según el investigador la clase media no se define exclusivamente por sus ingresos ni por lo que posee sino por el lugar que ocupa dentro de la estructura económica. “En general, las clases medias se asocian a tareas de servicios, a actividades no manuales”, precisa. Sin embargo, reconoce que con eso tampoco alcanza en estos tiempos y suma factores que permiten pensar en una clase media que, a pesar de todos los cambios, cuenta con recursos para sostenerse. Uno de ellos, dice, es el familiar: “La baja tasa de natalidad en CABA incide. Quizá tengo peores ingresos, pero tengo más bienes, porque como la abuela o la tía no tenían hijos, lo que tenían se fue heredando”. No tener hijos puede ser determinante también para no aumentar gastos que implican una caída en la pirámide social.

Entonces ¿qué pasa hoy con la clase media? ¿Es algo que se hereda? ¿Cómo afecta la situación económica de los últimos años al bienestar y a la reproducción de este sector en la Argentina? Chávez Molina describe un panorama dividido: “Hay una situación polarizante. En el sector servicios, que es el prototipo de la clase media, tenés empleados de comercio que atienden una tienda de venta de medias y también tenés empleados que saben informática, que programan, que tienen ingresos elevados, ya sean en pesos o en divisas”.

Pero la clase media argentina no puede pensarse aislada. También se inscribe dentro de una estructura social regional con características particulares. “Argentina, junto con Uruguay, Brasil y Chile, tiene una clase obrera con trabajadores industriales altamente calificados, algo que la acerca a los parámetros de clase de los países centrales”, explica Chávez Molina. “Esos sectores como los técnicos del petróleo, de la industria farmacéutica o del plástico conviven con otros más precarizados, sobre todo en el ámbito de los servicios. Esta configuración es distinta a la de los países andinos y centroamericanos, donde la proporción de población dedicada a actividades rurales llega al 30 o 35%, mientras que en el Cono Sur ronda apenas el 5%”.  “Eso marca diferencias importantes a la hora de pensar cómo se constituye la clase media en la región”, señala el sociólogo.

 

El rol de los libros

Más allá de su ubicación en la estructura económica, otras miradas ayudan a ampliar la tarea de armar el rompecabezas de la clase media. Ana Wortman, investigadora cultural del Instituto Gino Germani, doctora en Ciencias Sociales y docente de Teoría Sociológica en la UBA, aporta una perspectiva que pone el foco en las prácticas culturales: “La Ciudad de Buenos Aires tuvo muy tempranamente una gran cantidad de teatros, donde ir al teatro no era algo de la clase alta. Estaba incorporado. Y así se fue constituyendo también la clase media”. Esa constitución no fue solo por el empleo asalariado o el crecimiento del comercio y la administración pública, sino también por lo que ese ingreso habilitaba: “Permitía proyectar, ahorrar. Y junto con ese bienestar económico, también estaba la idea del teatro, y cine. Esas eran las metas de la clase media. Tener una biblioteca en casa era parte del sueño. Hoy, para muchos, es un lujo” agrega.

 

Ese modelo, sin embargo, empezó a desdibujarse en la dictadura y luego en las décadas de los 80 y 90, cuando “ya era cada vez más difícil comprarse un departamentito de dos o tres ambientes, como había sido para generaciones anteriores que trabajaban 20 años en un empleo público, ahorraban y se lo compraban. Vivían muy austeramente, pero había estabilidad y esa cosa de mirar hacia el futuro, de sacrificarse”. Este cambio se refleja claramente en el último censo: en la Argentina, solo el 65,5% de los habitantes vive en viviendas propias, un fuerte descenso respecto al 71% registrado en el censo de 2010.

Por otro lado, con la inflación constante y la pérdida de capacidad adquisitiva, prácticas culturales antes extendidas se fueron elitizando: “Muchos de esos consumos culturales se encarecieron. Hay sectores de clase media que siguen yendo al teatro o al cine, pero hay otros a los que ya no les importa tanto” amplía Wortman. Para dimensionar esta transformación, según datos de Ultracine, 2024 fue el peor año en asistencia al cine desde 2014 cuando se inicio de esta medición en particular y exceptuando los años de pandemia. Ese año se vendieron 8 millones de entradas menos que en 2023, 12 millones menos que en 2019 y 15 millones menos que en el récord histórico de 2015. Este escenario nos presenta una clase media dividida: “Hay un proceso de polarización, de producir una sociedad de pobres y de ricos, y de una clase media baja. Ya no aparece más la clase media-media, como antes”.

No tener hijos puede ser determinante también para no aumentar gastos que implican una caída en la pirámide social.

A ese caleidoscopio que admite miradas distintas se suma la confusión subjetiva. La socióloga Manuela Leiva advierte que “nadie sabe cómo se define la clase media, pero mucha gente sí se define como tal”. Esa percepción, asegura, se sostiene en factores como la educación universitaria o ciertos cargos de autoridad laboral, incluso cuando las condiciones materiales no acompañan: “Muchas personas asalariadas, sin propiedad de medios de producción, creen pertenecer a la clase media porque tienen un título o manejan a otros trabajadores. Eso les da una posición algo más favorable, pero no necesariamente estable”.

En esa línea, Leiva también cuestiona el avance de discursos meritocráticos vinculados al emprendedurismo: “Hay una idea extendida de que si hacés lo tuyo, si no vendés tu fuerza de trabajo, podés ascender. Es el ‘el que quiere, puede’ neoliberal. Pero muchas veces se

esconde una situación de precariedad y explotación. Trabajadores de apps como Uber o Rappi suelen ser presentados como pequeños empresarios, cuando en realidad reproducen lógicas de subordinación sin derechos laborales plenos”.

Pese a estas señales de cambio o declive de la clase media ciertos valores parecen persistir. Wortman destaca especialmente el peso simbólico de la educación pública superior: “Me parece que eso sigue estando y que es muy fuerte. Por eso fue tan importante la movilización del año pasado en defensa de la universidad pública. Creo que fue más masiva que otras. Y eso me parece que es algo muy distintivo de la sociedad argentina y que hace a la clase. Es del conjunto de la sociedad, pero más de la clase media”. En un escenario donde muchos de los soportes tradicionales de este sector se debilitan, la educación superior pública parece persistir como uno de los últimos bastiones simbólicos. “Hay un reconocimiento de que el título universitario te da un lugar social de pertenencia, incluso más que el dinero”, explica, apelando al concepto de capital simbólico de Bourdieu.

Ese reconocimiento trasciende a los sectores históricamente ligados a la universidad. La expansión del sistema público en el conurbano y el interior del país refuerza su función como herramienta de movilidad: “La existencia de universidades en zonas como José C. Paz o en Florencio Varela hace que los chicos terminen el secundario. Es un factor de motivación tener una universidad cerca”. Según datos oficiales, la matrícula universitaria en instituciones nacionales no ha dejado de crecer, superando los 2,5 millones de estudiantes. Este proceso no solo amplía el acceso, sino que también fortalece el valor simbólico de la universidad como un puente hacia la integración social.

Más que una identidad fija o una posición fácilmente delimitable, la clase media aparece como una cuestión abierta, en permanente disputa. Quizás ahí, en esa inestabilidad, es en donde reside su persistencia.

Elecciones en Santa Fe y después

Elecciones en Santa Fe y después

Abr 18, 2025 | Comunidad, Destacado 4, Vidas políticas

Especialistas analizan la contienda electoral en la provincia santafesina donde se eligieron cargos comunales y convencionales constituyentes. El oficialismo se impuso con el 35 % de los votos aunque perdió electorado. Los especialistas advierten con preocupación la falta de participación ciudadana.

La provincia de Santa Fe se enfrenta a una reconfiguración de su esquema político provincial, tras la elección de convencionales constituyentes y a cargos comunales del domingo último. El oficialismo de la provincia se impuso con el 35,46% de los votos pero perdió medio millón de votos con respecto a los comicios del año 2023. A su vez, la oposición encontró en Juan Monteverde, quien hace dos años estuvo a un punto de ser electo como intendente de Rosario, a una figura a nivel provincial. ANCCOM dialogó con especialistas para comprender en profundidad lo que se viene para una de las regiones más populosas del país.

Los resultados

La contienda electoral tenía como su centro la conformación de la convención constituyente que reformará la constitución de la provincia. Allí, cada lista podía presentar un candidato para el distrito provincial y uno por departamento. En el caso del distrito único, el gobernador Maximiliano Pullaro se impuso con holgura por sobre Monteverde, candidato por Más Santa Fe. La Libertad Avanza, cuya lista fue liderada por el diputado Nicolás Mayoraz, tuvo una mala elección, superando sólo por dos puntos al armado local que llevaba como principal candidata a Amalia Granata, Somos Vida y Libertad.

Una de las grandes apuestas en esta convención por parte del oficialismo es permitir la reelección del primer mandatario provincial, cargo al cual solo se le permite un término sin reelección. Sobre esto, José Giavedoni, profesor de Ciencia Política en la UNR e investigador del CONICET, remarca que todo indica que irá por un segundo término.

Sin embargo, subraya que “el nombre de Pullaro jugando en una constituyente no es un punto atinado desde una perspectiva republicana. Es el gobernador, es parte de un proceso político y la convención supone pretender desprenderse de los avatares de la política partidaria porque debe discutir la norma fundamental”.

Sobre el resto de las performances, señala que Mayoraz fue uno de los “perdedores” de la elección y que, a pesar de haber tenido una buena noche como candidato provincial, Monteverde “intentaría nuevamente ir por la intendencia de Rosario”.

Apatía política

La participación sobre el padrón fue del 55% del total. Sobre esto, Cecilia Lesgart, politóloga investigadora del CONICET, marca que “eran unas elecciones confusas por los distintos cargos que se jugaban en este caso y la ciudadanía mostró desinterés. Hubo una falta de información oficial sobre los cargos que se sometían a elección”.

Sobre este punto, Giavedoni señala que “las fuerzas deberían interrogar si es factible la reforma constitucional con menos de la mitad de los electores ejerciendo su voto. Porque, si a ese 55% le restás los nulos y en blanco, quienes decidieron positivamente fueron el 45%. En el 2001, a nivel nacional, hubo 73% de participación. Es un dato alarmante”.

Además, observa que hay una responsabilidad directa del gobierno de no haber logrado transmitir la importancia de esta elección. “Cuando se discute la norma fundamental, además de actores de los sectores políticos, se podría haber convocado a representantes de la sociedad civil. Podrían haber facilitado la socialización de la discusión y el conocimiento de lo que se votaba”, concluye.

A su vez, más de 100 candidatos se presentaron a más de un cargo en la misma elección. Sobre esto, Giavendoni señala que esto es evidencia de la dificultad de los espacios políticos de construir sus propios referentes, más allá de las propuestas.

Convención de derecha

Sobre la composición de la convención constituyente, Unidos para Cambiar Santa Fe liderada por el gobernador Pullaro y conformada por la Unión Cívica Radical, el PRO y el Partido Socialista, ganó en todos los departamentos y logró 33 bancas. “De todos modos, no consiguió lo que esperaban, que era una mayoría propia. No es el triunfo arrasador que esperaban, pero le sacó alrededor de 20 puntos a Monteverde”, marca Lesgart.

El peronismo provincial, tras la elección de Monteverde y la mala actuación de Marcelo Lewandowski por Activemos, la lista que representa el espacio del exgobernador Omar Perotti, puede enfrentarse a una reconfiguración. “Esta coalición encabezada por Monteverde está suscitando un acompañamiento consensuado. Habrá que ver si esto se sostiene para las elecciones definitivas de junio, pero para la convención la fuerza de Más Santa Fe logró 12 representantes. La lista de Lewandowski quedó rezagada detrás de la lista de La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad”.

Por lo tanto, en la convención, sumando las bancas del oficialismo con las bancas de las fuerzas de La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad, las expresiones del centro a la derecha contarán con 50 representantes sobre 69. Más allá de los 16 escaños logrados por las distintas expresiones del peronismo y los tres logrados por Frente de la Esperanza, liderada por la exboxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, la izquierda no logró representación en la convención constituyente.

Sobre esto, Franco Cassasola, ex candidato a convencional constituyente del Frente de Izquierda por Rosario, subraya que hay una apatía muy grande, ya que fue la elección local con “menor participación del ‘83 hasta acá”. Además, señala que Pullaro quedó por debajo de su objetivo de llegar a 40 puntos y que en Rosario y en la capital se ubica por debajo de los 30. “Hay elementos de derechización pero esas fuerzas no logran consolidarse, más bien retrocedieron, tanto Pullaro como los votos que Milei consiguió en Santa Fe”, remarca.

Acerca de cómo su fuerza se va a aproximar a la convención habiendo quedado sin representación, remarca que “el rol del Frente de Izquierda será denunciar y convocar a la movilización para que estén consagrados algunos derechos que señalamos en la campaña, como el 82% móvil a los trabajadores estatales o la discusión del modelo productivo de la provincia. Al no estar el FIT, va haber distintos debates que no se van a dar. Inclusive en la lista más progresista como la de Monteverde, detrás de él hay mucha gente que tienen una concepción muy lejana a los sectores populares”.

 

 

Alquileres desregulados

Alquileres desregulados

Abr 18, 2025 | Comunidad, DDHH, Destacado 5

Inquilinos e inquilinas y referentes del sector analizan la situación de los alquileres en CABA, luego de la derogación de la Ley en 2023. “Que la oferta haya aumentado no significa que alquilar haya pasado a ser accesible”, señalan.

A partir de la derogación de la Ley de Alquileres por decreto en diciembre de 2023, la oferta de viviendas en alquiler aumentó un 50% respecto de marzo de 2024, indica el Centro de Estudios Económicos y Sociales (CESO). Sin embargo, el mismo decreto implicó modificaciones en los contratos entre dueños e inquilinos. Entre ellos, los cambios de índices por los que se rigen los aumentos, la frecuencia de estos y el plazo de alquiler. Si bien esto permite una mayor flexibilidad para el acuerdo entre partes, esto no significa que las condiciones sean más justas. Algunos especialistas ven una veta positiva en la derogación, mientras que representantes de agrupaciones inquilinas señalan el malestar de quienes alquilan. La inflación de marzo en CABA, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, fue de un 3,2 mensual y el valor de los alquileres registró aumento de 2,7 con respecto al mes anterior. Mientras que la inflación general interanual fue de un 63,5 y en vivienda, acumula un 96,2 es decir, 30 puntos por encima de la inflación.

Según Germán Gómez Picasso, de Reporte Inmobiliario, el decreto permitió que los precios de los alquileres no siguieran aumentando en medidas exorbitantes por encima de la inflación, sino más cerca del índice de precios al consumidor. Sin embargo, hace solo unas semanas, ya anticipaba: “La oferta post derogación ya alcanzó un techo. Si la demanda sigue firme y no se incorporan nuevas viviendas, los precios podrían retomar una trayectoria similar a la de otros distritos”. Hoy, señala, “que la oferta haya aumentado no quiere decir que alquilar haya pasado a ser accesible, ya que, si el propietario destinó una inversión muy alta en la compra de esa vivienda, lo que quiere es que su rentabilidad sea en relación con el capital invertido”. La derogación de la Ley de Alquileres planteó condiciones más atractivas para el negocio, ya que permitió una mayor desregulación sobre los contratos.

En este panorama en el que el precio promedio para alquilar hoy un monoambiente en CABA no baja de los 500.000 pesos mensuales, los jóvenes entre 18 y 35 años son unos de los grupos más afectados. Según el último informe del gobierno sobre el salario, las personas en esta franja etaria tienen una remuneración promedio de 1.000.000, (datos del último trimestre de 2024). De ese ingreso, también debe descontarse los gastos diarios, expensas y servicios. “Esto es un fenómeno global. Hace un par de décadas, cuando uno viajaba, veía que en el exterior los jóvenes seguían viviendo con sus padres porque no les alcanzaba el ingreso para emanciparse. Lo que se veía en el exterior se empezó a ver acá, jóvenes que comparten viviendas. Se juntan dos o tres chicos, que pagan el alquiler de manera compartida”, agrega Gómez Picasso.

Matías Diamant y Margarita Olmos (29), alquilan en pareja un departamento de dos ambientes sobre Avenida Cabildo en Nuñez desde hace tres años y seis meses. Mientras que el anterior contrato se regía por la Ley de Alquileres, con aumentos por IPC (índice de precios al consumidor), están a punto de pagar el primer aumento del nuevo contrato. Esta vez, son cada seis meses por ICL (índice para contratos por locación) que tiene en cuenta la variación del IPC y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE). El alquiler es de 431.000, con expensas de 100.000. “Estuvimos a punto de mudarnos, pero lo volvimos a hablar con el propietario y llegamos a un número que nos servía a los dos. Primero nos había dicho un número más alto y nosotros no queríamos arriesgarnos a tanto”, dice Matías. Y sigue: “Estábamos hablando de 500.000 pesos en octubre y nos parecía mucho. Yo creo que, con ese número hubiéramos estado más complicados. Ahora sí sería más difícil”, agrega. Matías trabaja en software como analista de calidad y está ganando 1.700.000, mientras que Margarita es administrativa contable y su sueldo es de 1.600.000. “Un solo sueldo no alcanza, entre los dos lo repartimos bastante bien, pero en sí, el cambio con el decreto no nos afectó mucho, más que nada porque tenemos una buena relación con el propietario”, señala.

Micaela Testa (30), mantiene un puesto bancario desde hace once años. Actualmente alquila un departamento de tres ambientes en Palermo por 380.000, con expensas de 150.000. Está bajo en comparación con el alquiler de más de 400.000 que pagaba en Avellaneda, hace menos de un año por dos ambientes. Los diez años que lleva alquilando le formaron una opinión fuerte acerca del DNU de 2023: “No creo en el acuerdo entre partes, porque me baso en los primeros contratos donde justamente se acordaba. Esto nunca sucede, porque vos lo único que haces es aceptar la condición del propietario”, dice. “Con la ley anterior los contratos eran por IPC, y ahora pueden ser por ICL. Pero el ICL al inquilino lo mata. Ahí es donde se cae el acuerdo entre partes. Porque si uno siempre está con el vicio de obtener la mayor ganancia posible, del otro lado, va a ser la mayor pérdida posible. No hay punto medio”, y agrega: “La inmobiliaria nunca está del lado del inquilino, siempre está del lado del propietario porque es el que le paga. El inquilino paga cuando hace el contrato, pero la inmobiliaria se lleva un porcentaje después todos los meses de alquiler. Entonces, a mayor cantidad de alquileres, mayor ganancia”, concluye.

Con respecto a su generación Micaela afirma: “El hecho de alquilar afecta a toda una juventud porque se corren un montón de proyectos, como las parejas, los hijos, seguir o no una carrera o empezar un posgrado. Todo se afecta por estar alquilando. Comprar es otro problema, porque para acceder a un crédito necesitas un mínimo de 20.000 dólares, que una persona de mi edad no los tiene”.

Para Gómez Picasso, se necesitan varios factores para que alquilar sea más accesible: “Necesitamos mucha más oferta de unidades en el mercado del alquiler y, por otro lado, que los jóvenes puedan comprar. Que haya crédito hipotecario, de manera que se libere un poco la presión sobre los alquileres. Actualmente un 24% de las ventas son con crédito hipotecario”. También destaca que se necesita un mayor incentivo para la construcción de viviendas: “Hoy, tenemos un crecimiento habitacional importante, sobre todo por nacimientos e inmigración. Es mucho más el crecimiento poblacional que las casas que se hacen. Todos los años se suman 50.000 viviendas más que faltan, a pesar de las que se construyen”. “El mensaje para los jóvenes es que ahorren 200 o 300 dólares por mes, es una buena noticia que se estén abriendo créditos, considerando que hace casi 15 años que no había”, termina con optimismo.

Del otro lado, Gervasio Muñóz, presidente de Inquilinos Agrupados, manifiesta que “el decreto vino a generar una mayor transferencia de ingresos de los inquilinos hacia el mercado y estas son las consecuencias, se garantiza esta transferencia en las condiciones contractuales: contratos cortos y actualizaciones frecuentes”. Con respecto a la construcción de viviendas, Muñoz asegura, “las casas ya existen, el problema es que no son nuestras. El Estado debe intervenir en la vivienda vacía por más de tres meses, pero fundamentalmente debe intervenir en la concentración de viviendas”. Y añade, “creer que el crédito hipotecario puede ser una solución, es como un sedante, porque te hace creer que el acceso a la vivienda propia se puede lograr de manera individual, cuando lo que sucede en las últimas décadas en la Argentina, es que cada vez menos gente es propietaria. Aquel inquilino que cree que con un crédito se va a poder comprar una casa, es como el trabajador que cree que en algún momento puede ser como Elon Musk”.

En este momento las energías de la agrupación están puestas en el asesoramiento, la difusión de información, y en la contención del inquilino. A modo de cierre, Muñoz refuerza: Dejen de creer que el problema de la vivienda se puede solucionar por la suya. Es como la salud y como la educación, un área en la que sí o sí tienen que haber políticas de Estado, y debe ser de manera colectiva. Quien esté esperando un golpe de suerte, una herencia, o ganarse la lotería para poder comprarse una casa, está equivocado”.

Otro miércoles de represión

Otro miércoles de represión

Abr 17, 2025 | Comunidad, DDHH, Destacado 1, Vidas políticas

Las fuerzas de seguridad reprimieron la protesta que realizan cada semana jubilados y jubiladas para reclamar por un aumento en sus haberes y dejaron más de cien heridos como saldo.

Como cada miércoles manifestantes se reunieron frente al Congreso para reclamar por la suba de las jubilaciones. Las fuerzas de seguridad reprimieron la protesta, que dejó más de cien heridos, entre ellos niños y niñas, periodistas y un diputado nacional. Al cierre de esta edición había, además, dos personas detenidas.

La movilización en defensa de los jubilados reunió a manifestantes de diversas edades y espacios políticos y sociales frente al Congreso de la Nación. La protesta, que se realiza desde hace varias décadas pero que cobró aún más presencia desde septiembre de 2024 cuando el Poder Ejecutivo vetó la Ley de Movilidad Jubilatoria, otra vez fue reprimida en el marco del protocolo antipiquetes. Los fotógrafos de Tiempo Argentino Edgardo Gómez y Eduardo Sarapura fueron gaseados y golpeados por la policía.

Juan Domingo, albañil de 72 años, continúa trabajando pese a estar jubilado: “Tengo la suerte de poder hacer algunas changas. Es un genocidio lo que le están haciendo a los jubilados”. Y alentó a otros adultos mayores a sumarse a la protesta: “No tengan miedo, traten de venir, sean troskos, peronistas o apolíticos. Tratemos de resolverlo juntos”.

Horacio tiene 80 años, viaja desde La Plata todos los miércoles. Relata que la manifestación pasada un efectivo lo empujó y le provocó un corte en el brazo: “Tengo tres puntos. Me di cuenta cuando estaba en Constitución porque tenía todo el brazo mojado de sangre”.

Sergio Ríos, de 70 años, hincha de Chacarita, señaló que desde que asumió el actual gobierno el PAMI sólo le cubre el 50% de su medicación para la convulsión: “Me sale 10 mil pesos”. Recordó además la manifestación del 12 de marzo, cuando un fotógrafo fue herido por una escopeta de gas lacrimógeno. Pablo Grillo fue operado nuevamente este miércoles y evoluciona favorablemente.

Ramón, otro de los jubilados presentes, denunció haber sido gaseado en esa ocasión mientras permanecía sobre la vereda. Hoy asistió con un cartel que llevaba el dibujo de un grillo en referencia al fotógrafo: “Lo saqué de Facebook, le pedí a una chica que lo dibuje”. Y agregó, “el único delito que cometió fue llevar su cámara. Esa granada podría haber sido para cualquiera”.

También participó Beatriz Bianco, jubilada de 87 años herida en la represión de marzo, a quien la ministra de Seguridad calificó como “patotera”. “Patricia Bullrich nunca me llamó”, dijo. Y a pesar de agradecer los abrazos de jóvenes manifestantes, expresó: “Nos sentimos tan desprotegidos”.

En la manifestación también estuvieron presentes los Misioneros de Francisco, con una imagen de la Virgen de Luján en los hombros. Viajaron desde Luján para asistir a la protesta. “Vayan y pónganle la virgen adelante, a ver si con eso se conmueven”, gritó una manifestante al verlos pasar.

Algunos carteles exhibidos rezaban: “Ayúdame a luchar, el próximo viejo sos vos”, “Los jubilados no aflojan, fuera Milei” y “CGT no quiero tu solidaridad, quiero tu lucha ya”, en alusión al paro general de la semana pasada, donde la central obrera se plegó a la marcha de los miércoles.

Palos, gases y golpes

Cerca de las 17, los manifestantes intentaron, como en ocasiones anteriores, realizar una ronda alrededor del Palacio Legislativo. Al cruzar la avenida Entre Ríos durante el corte del semáforo, fueron dispersados por efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Ciudad. En ese momento se produjeron las primeras escenas de represión.

Jubilados, periodistas y militantes fueron alcanzados por gases lacrimógenos y golpes de bastón policial. Los efectivos forzaron la dispersión de las columnas hacia las esquinas y la plaza, donde personal médico voluntario de la agrupación Cepa (Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios) atendió a las personas afectadas. Muchos se encontraban sentados o acostados sobre el pavimento, rodeados de charcos de leche, utilizada para mitigar el ardor en los ojos.

El operativo se extendió hasta las 19 horas. Según fuentes médicas presentes en el lugar, se registraron 116 personas heridas, principalmente por golpes y efectos de los gases. Entre ellas, una niña de 13 años, un adolescente de 16 y un reportero gráfico herido por el impacto de un proyectil Byrna, según el Monitoreo que realizó en el lugar la Comisión Provincial por la Memoria.

El diputado del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, tuvo que acudir a la guardia oftalmológica porque fue gaseado directamente en el rostro.

“Esto es una locura. Laburé toda mi vida y ahora estoy pasando hambre. ¿No tienen madres? ¿Abuelas? Son asesinos. No es para reírse”, gritó una mujer a uno de los efectivos que sonreía mientras se refugiaba tras el cordón policial. Sobre avenida Rivadavia, varios taxis quedaron atrapados en la multitud, lo que motivó un nuevo avance represivo.

Ana María, de 75 años, participa de las marchas desde enero: “Siempre hay un montón de efectivos para un grupito de viejos. Yo cobro un poco más de la mínima, pero no me alcanza. Los que cobran la mínima no pueden ni comer”.

Actualmente, el haber jubilatorio mínimo es de $285.820,63, con un bono de $70.000 que se mantiene congelado desde marzo de 2024. Según el último Boletín Estadístico de la ANSES, el 27% de los jubilados cobra el haber mínimo. En total, 5,4 millones perciben menos de $400.000, mientras que la canasta básica del adulto mayor, que incluye categorías como “medicamentos”, fue estimada en $1.200.000 en marzo por la Defensoría de la Tercera Edad.

Entre septiembre de 2023 y marzo de 2025, las jubilaciones mínimas perdieron un 13,3% de su poder adquisitivo.

Jóvenes y trabajo en negro

Jóvenes y trabajo en negro

Abr 17, 2025 | Comunidad, Destacado 4, Trabajo

En Argentina más de la mitad de los jóvenes trabaja en la informalidad. El fenómeno no solo afecta su estabilidad laboral sino que pone en jaque su futuro y la sostenibilidad del sistema previsional. ¿Qué factores impulsan esta tendencia y cómo impacta en la economía del país?

Un 37% de las personas ocupadas en la Argentina trabaja en negro, según el último informe de la Distribución del Ingreso del INDEC. Cinco millones de los dieciocho millones de trabajadores argentinos están empleados bajo relación de dependencia pero no tienen ART, aportes jubilatorios y la garantía de obtener vacaciones pagas y aguinaldo.

Estas estadísticas empeoran al poner el foco en los trabajadores más jóvenes: según un informe de la Secretaría de Trabajo de la Nación, el 57% de los trabajadores de entre 18 y 24 años se encuentra en condiciones de informalidad. ¿Cómo se interpreta esta profundización generacional del fenómeno?

Los jóvenes en particular “son el grupo más vulnerable en términos de inserción e informalidad laboral», afirma Matías Maito, politólogo y director del CETyD (Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo) de la UNSAM. Algunas de las explicaciones posibles son que los jóvenes suelen cambiar de trabajo con frecuencia, que cuentan con poca experiencia “y la suma de estos factores hacen que muchos empleadores consideren que su productividad no justifica el costo de tenerlos en blanco”.

Blanco sobre negro

A menudo se justifica la gran cantidad de trabajo no registrado con la idea de que los empleados informales ganan más «en mano». Se piensa que los empleadores les pagan un salario más alto por lo que “ahorran” o que estos trabajadores complementan sus ingresos con planes sociales, como la AUH o pensiones por discapacidad. Sin embargo, esta idea es errónea: los trabajadores registrados ganan, en promedio, mucho más que los informales. De hecho, en el tercer trimestre de 2024 y según el INDEC, el salario promedio de los trabajadores registrados fue de $781.652, mientras que el de los informales fue de $315.720, casi un 60% menos.

Entonces, ¿cuáles son los incentivos para la informalidad laboral? Aunque muchos la categorizan como “Pan para hoy, hambre para mañana” hay casos en que se promueve.

María Fernanda es un ejemplo de estas situaciones no tan excepcionales. Ella tiene 23 años y renunció a su trabajo “en blanco” en una inmobiliaria para poder operarse la mandíbula. Trabajaba en relación de dependencia y de manera registrada, lo que le permitía acceder a todos sus derechos laborales, incluida una obra social.

«Sigo trabajando en la misma empresa, la misma cantidad de horas y con casi los mismos beneficios como aguinaldo, vacaciones pagas y licencia médica, sólo que ahora no tengo los aportes jubilatorios», explica. ¿Por qué prefirió eso? María Fernanda ya había iniciado el proceso para una operación, se había hecho todos los estudios y hasta tenía la fecha de la cirugía confirmada, pero cuando estaba gestionando los últimos trámites para los materiales quirúrgicos a través de su obra social laboral, descubrió que no le cubrirían los gastos.

La única alternativa para poder operarse era renunciar a su empleo registrado y volver a figurar como estudiante desempleada, para que la obra social de su papá, que es analista de software, la cubriera nuevamente. No le costó mucho tomar esa decisión, ya que el departamento de Recursos Humanos de su empresa le garantizó que “podría volver a estar en blanco cuando lo deseara». Sin embargo, por el momento, y para evitar tener que pagar las consultas médicas postoperatorias, prefiere seguir trabajando de manera no registrada.

Para Maito “no hay ningún incentivo real para trabajar en blanco, porque no se realizan los aportes a la seguridad social y no tenés protección si te ocurre algún accidente laboral” y coincide con María Fernanda en que, “las personas que trabajan en negro no lo hacen porque tengan algún incentivo” o porque en verdad lo prefieran, “sino porque no tienen oportunidades mejores”.

Teresa tiene 29 años, un hijo de 9 y es mesera. Ella cuenta que “en su momento”, hizo la cuenta y “no me convenía estar en blanco porque iba a dejar de figurar como alguien sin aportes y no iba a poder cobrar la AUH (Asignación Universal por Hijo)”. Su compañero de trabajo, Lautaro, de 22, tampoco quiso la formalidad “por sí el día de mañana entro como playero en la YPF”. De esta manera evitaba los trámites de renuncia que podrían retrasar un trabajo en blanco que, aunque exigente, permite muy buenas condiciones laborales.

Se cae el sistema

Este tipo de situaciones, aunque comunes entre los jóvenes, no solo afectan a los trabajadores individuales, sino que también ponen en riesgo a un sistema previsional que ya es sumamente deficitario. El sistema de jubilaciones en Argentina es de reparto, es decir que los aportes de los trabajadores activos financian los haberes de los jubilados. Si la informalidad sigue creciendo y gran parte de las personas económicamente activas continúa sin hacer aportes, entonces el sistema previsional se seguirá volviendo cada vez más ineficiente.

“Los trabajadores no registrados sí contribuyen a estos sistemas, porque pagan impuestos”, aclara Cirmi Obón, economista y presidenta de la asociación civil Futuros Mejores. “En todos los países del mundo, como la cuenta de los sistemas previsionales no da porque gastan más de lo que recaudan, las jubilaciones se terminan financiando con impuestos generales”. Esos impuestos generales son regresivos, como es el caso del IVA, y por eso “pesan más en el bolsillo de quienes menos tienen. Insisto: los pagamos todos, incluidos quienes no aportan a la seguridad social”, cuenta.

La tendencia a trabajar en negro responde a los desincentivos empresariales que trae tener un empleo registrado: las cargas impositivas a los empresarios y los aportes jubilatorios reducen la ganancia, pero su reducción también pone en riesgo el acceso a la jubilación de estos jóvenes en el futuro, especialmente en este contexto en el que se eliminó el sistema de moratorias. Pero el Estado también tiene un rol, porque desde hace tiempo que “tiene grandes dificultades de fiscalización y no consigue que el trabajo registrado sea una prioridad”, explica Maito.

Es común escuchar el reclamo empresarial por una reducción de las cargas laborales argumentando que eso permitiría un aumento en el empleo en blanco. Sin embargo, la experiencia histórica indica que el empleo crece junto con la economía y desciende durante las crisis independientemente de las condiciones laborales. “De hecho, la ONU, en un documento de 2024, recomienda a las naciones que no se pongan a bajar estos impuestos”, cuenta la economista.

Cirmi Obón, pensando en el camino a recorrer, aclara: “Un desafío que tenemos por delante es ampliar la noción de contribución, pensar que la cuenta del Estado es una sola y modificar los sistemas jubilatorios para que contemplen cómo se va modificando la vida de las personas mayores, la diversidad del trabajo”; y, se podría agregar a esta lista, la situación de más de la mitad de los trabajadores jóvenes de la Argentina. Porque, como dice Cirmi Obón, “el trabajo no solo hoy es, en gran parte, informal sino que histórica y globalmente ha sido más informal que formal”.

La prevalencia del trabajo en negro entre los jóvenes refleja una serie de desafíos estructurales, tanto en el mercado laboral como en las políticas públicas. Aunque la informalidad parece ofrecer una solución a corto plazo para quienes no encuentran alternativas, no es sostenible, especialmente en un sistema previsional que depende de la contribución regular de los trabajadores. Para cambiar esta situación, será necesario que el Estado ajuste las leyes laborales, y mejore la fiscalización, lo cual será clave para enfrentar los desafíos económicos del futuro. Pero también, es necesario el crecimiento económico, ya que es el índice que más se corresponde con el aumento del trabajo registrado.