¿Cómo afecta la crisis en las personas con discapacidad?

¿Cómo afecta la crisis en las personas con discapacidad?

Si el ajuste pega fuerte en toda la sociedad, buena parte de las 3.500.000 personas que tienen el Certificado Único de Discapacidad la padecen con creces. ¿Qué impacto tiene el aumento de las prepagas, por ejemplo?

En Argentina 3.571.983 personas cuentan con, al menos, una dificultad que afecta su participación plena en la sociedad según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).  “Discapacidad” es el término utilizado para dar cuenta de las deficiencias motrices, sensoriales, intelectuales o mentales que imponen barreras para la igualdad de condiciones del 10,2% de la población argentina de 6 años o más, residentes de viviendas particulares en localidades de 5.000 y más habitantes, siguiendo el informe del INDEC.

En nuestro país, los derechos de las personas con discapacidad están amparados por diferentes normativas que promueven la accesibilidad, protección, no discriminación e inclusión. Pero, en el centro de la cruda crisis social, económica y política que atraviesa nuestro país, ¿hablamos lo suficiente de este tema? ¿Cómo impacta la situación actual en la calidad de vida de las personas con discapacidades?

Ricardo “Cacho” Castellano es de Berazategui, tiene 75 años y hace ya una década le diagnosticaron Parkinson. Toda su vida se la pasó arriba del micro, fue chofer de colectivos de larga distancia y también acompañó a miles de niños y niñas en sus viajes escolares. “La vida me cambió un montón, es una enfermedad progresiva y cada vez puedo hacer menos cosas. Manejar ni hablar”, dice.

 “Recién ahora estoy tramitando el CUD (Certificado Unico de Discapacidad) porque vi que me da muchas facilidades para movilizarme: pasajes gratis, descuentos en peajes, espacios para estacionar, descuentos para comprar un auto especial. Ya no puedo manejar pero necesito esa ayuda y espero que se me de”, cuenta Castellano, mientras lamenta los años que pospuso el trámite.

Respecto del tratamiento, religiosamente toma su medicación todos los días de mañana, mediodía y noche. “Me mantiene tranquilo y el temblor disminuye bastante. Por suerte no tuve problemas con PAMI hasta ahora, siempre me dieron gratis y a tiempo todos  los remedios y otras cosas, como la silla de ruedas, que necesité”. Y suma: “Más allá de los tiempos difíciles que estamos pasando pude seguir con mi tratamiento. Como todos, tuve que ajustar mi estilo de vida por todos los aumentos pero por ahora seguimos peleándola.”

Marta Sánchez tiene 67 años y dedicó sus últimas décadas de actividad a ser preceptora de un jardín de infantes ubicado en Bernal. Siempre rodeada de chicos y chicas, en constante movimiento y actividad, una noche de desvelo por un dolor punzante en el brazo la llevó a su diagnóstico: artritis reumatoidea. “Es una enfermedad degenerativa que ataca las articulaciones, la tengo hace 28 años y gracias a Dios no necesito acompañante porque puedo moverme sola todavía. He hecho un tratamiento que sirve pero es complicado aunque la lleve bien y ponga toda mi voluntad”

“El CUD trae algunos beneficios pero es un poco engorroso hoy en día. Hay que hacer casi todo virtual y muchos no tienen la posibilidad de contar con alguien que los ayude. Yo tuve suerte y apoyo. Tengo una obra social, IOMA, que siempre me cubrió la medicación por la enfermedad al 100% aunque sé que no pasa en todos los casos”, comenta Sánchez sobre el acceso a los tratamientos y asistencia. Y suma: “El problema ahora, que está pasando en muchas prepagas, es que no reciben los pagos y entonces no pueden llevar, las droguerías no dan la medicación a las farmacias y se dificulta contar con los remedios. En el último tiempo tuve que cambiar de farmacia para que me los den”.

“La vida con discapacidad cuesta. Cuesta conseguir trabajo, ayuda, turnos en los hospitales, atención en general, muchas cosas son difíciles. Más allá de revisar cómo funciona la salud, que es un tema que hay que mirar, hay muchos problemas que tenemos las personas con discapacidad y la situación del país y la inflación te tiran para abajo. Si no te alcanza para vivir, no tenés trabajo, ayuda u obra social, influye mucho y afecta tu enfermedad“, concluye Sánchez, trayendo al centro de la escena la situación coyuntural y cómo afecta estructural y anímicamente a las personas que viven con una discapacidad en nuestro país.

En el corazón de la incertidumbre, la burocracia y la desolación que puede causar el diagnóstico, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) se levanta como un faro para brindar acompañamiento a miles y miles de familias en nuestro país. Conformada principalmente por madres y padres de personas con síndrome de Down, cuentan con más de 30 años de recorrido trabajando para que cada vez haya más inclusión en nuestra sociedad.

“Cuando se recibe el diagnóstico, tenés que ver de qué manera te volvés a recomponer para seguir adelante, para ayudar a este hijo o hija, para empaparte de un montón de cosas para las que una no se prepara. Tratamos de escuchar y guiar teniendo en cuenta a toda la familia. Nuestro pilar es el grupo de Mamás y Papás Escucha”, comenta Alejandra Belyin, miembro de la comisión directiva de ASDRA. La asociación desarrolla diferentes programas de apoyo, divididos por franjas etarias: grupos de reflexión para adultos, grupos de pertenencia para los jóvenes y encuentros sobre psicoeducación abiertos para conversar con profesionales de la salud y de la educación.

“Logramos muchas cosas en estos años y la sociedad es mucho más consciente y diversa que antes. Si las políticas públicas se aplicaran, y el que viniera no las cambiara, sería la forma en que todo podría funcionar. Siempre digo que el CUD es el DNI de nuestros hijos e hijas: te abre muchas puertas pero falta mucho por hacer. Tramitarlo es muy complejo, no hay un criterio federal y unificado para sacarlo y eso no sólo ralentiza el proceso sino que hace que muchas personas no puedan acceder”,  agrega Alejandra.

“Pareciera que la discapacidad no es un tema tan importante y pasa a segundo plano. La realidad es que es un tiempo difícil para todos pero para aquellas personas que tienen en su familia a alguien con una discapacidad es mucho peor”, sostiene Belyin sobre la conversación pública y la coyuntura. “Si la situación económica –agrega- hace que no puedas pagar la prepaga, eso es terrible para una familia que tiene a alguien con una discapacidad, significa parar todo aquello que esa persona necesita para poder vivir de sí. Como familiar, tratás de que viva con autonomía, le das herramientas para que se inserte en la sociedad y de repente pasa esto y te vuelve a destruir. Tiene que haber un Estado presente que acompañe de forma integral a la familia y que no se sientan desamparados ante contextos como este”.

La inestabilidad económica y la imposibilidad de proyectar certezas en el corto plazo hacen del presente un infierno colmado de inquietudes para todas las familias que son el soporte y sustento de una persona con discapacidad. Alejandra lo sintetiza de esta forma: “Hay una gran preocupación económica actualmente. Lo que más angustia tiene que ver con que las familias puedan darle continuidad a los tratamientos y tener todo garantizado. Ojalá puedan mantener sus trabajos y sostener económicamente las obras sociales, las terapias, las actividades recreativas que también son muy importantes para la estimulación y el disfrute.”

Un mate contra la discriminación

Un mate contra la discriminación

oovimientos sociales y políticas organizaron un desayuno en la 9 de Julio para las personas en situación de calle y denunciar la política represiva y estigmatizante del Gobierno de la Ciudad para los sin techo.

Este martes 14 se realizó, frente al Obelisco, una acción solidaria para las personas en situación de calle en donde se les ofreció un desayuno y concluyó con una conferencia de prensa encabezada por distintas personalidades y organizaciones, bajo la consigna “inseguridad es la aplicación del protocolo ilegal”. Fue, además, una forma de visibilizar la política de persecución a los que no tienen techo por parte del Gobierno de la Ciudad que encabeza Jorge Macri. El objetivo fue manifestarse en contra de las medidas del Ministerio de Desarrollo y Hábitat sobre salud mental y los operativos de “higiene y limpieza” que se están llevando a cabo, visibilizar y repudiar la mirada estigmatizante del Ejecutivo porteño hacia estas personas.

El evento fue realizado por varias organizaciones sociales, legisladores de distintos bloques, organismos de justicia y diferentes sectores preocupados por el deterioro social. Entre ellos se encontraban la agrupación H.I.J.O.S., el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), CTA Autónoma CABA, Comedor Barracas, Somos Barrios de Pie, Proyecto 7, La Barriada, Pueblo Unido, Red Puentes, entre otros.

La legisladora Celeste Fierro (Frente de Izquierda Unidad), en diálogo con ANCCOM, señaló que “esta iniciativa surgió frente a la necesidad de visibilizar el trabajo que se viene haciendo, de conocer que los censos que han llevado adelante las propias organizaciones dan más de 10.000 personas en situación de calle”. Y agregó: “La única política que lleva adelante este gobierno es la represión e intentar instalar que las personas en situación de calle son criminales y directamente enfocarlo en cuestiones de salud mental sin dar una respuesta real en materia habitacional, de trabajo genuino, de salud y de educación que creemos que son los derechos necesarios que se tienen que garantizar”.

El desayuno comenzó a las 8 de la mañana cuando las organizaciones repartieron pan casero, facturas, tortas fritas, galletitas y alfajores. También sirvieron chocolatada, mate cocido y leche caliente y repartieron frazadas para combatir el frío entre las más de 300 personas que se acercaron desde diferentes zonas cercanas al Obelisco. Una de ellas fue Marcelo Díaz, quien desde los 7 años vive en la calle. Hoy con sus 52 años señaló: “El Estado nunca me dio ningún tipo de ayuda, ni una pensión por discapacidad. Yo soy discapacitado por dificultades que tengo en los brazos y vivo el día a día con la ayuda de una revista que hacemos entre las personas en situación de calle que se llama Hecho en Buenos Aires. Gracias a su venta tenemos algo de dinero para sobrevivir”.

Hacia las 10 de la mañana se realizó una conferencia de prensa en donde se plasmaron los principales ejes de los reclamos: la ilegalidad del protocolo de salud mental y los operativos de “higiene y limpieza” que se llevan a cabo por el gobierno de la Ciudad, mediante los cuales se tira en camiones de residuos las pocas pertenencias que las personas en situación de calle poseen, se las desaloja de la vía pública y se las obliga a ir a los paradores nocturnos donde solo pueden pasar unas horas.

Además, se destacó la importancia de visibilizar esta problemática, pero sobre todo contrarrestar la campaña de deshumanización de estigmatización criminalización y represión que está llevando a cabo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con las personas en situación de calle.

Semanas atrás se pudo ver por las redes sociales del Jefe de Gobierno, un accionar en donde se mostraba la política de espacio público que llevaba adelante. Macri se enorgullecía de “limpiar” la zona en donde se encontraban personas en situación de calle y eran retiradas del lugar y despojadas de sus escasas pertenencias.

La misma lógica siguió el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Este organismo se dedicó a armar un protocolo de intervención de salud mental, a pesar de no ser quien deba realizar esta tarea, ya que debería hacerlo el Ministerio de Salud. También lo hicieron sin respetar las legislaciones vigentes en la materia con el fin de estigmatizar y encerrar de manera compulsiva en hospitales neuropsiquiátricos a la población en situación de calle.

A todo esto, se le suman las recientes declaraciones del Secretario de Seguridad y Jefe de Policía Metropolitana, Diego Kravetz, en donde señaló que las personas en situación de calle “están cómodas viviendo en las ranchadas y que el 50% de esta población tiene antecedentes penales”. Sobre esta estigmatización, Fierro destacó que “hay una política clara por parte del gobierno de “ordenar” la ciudad. A ellos les encanta hablar del orden y hemos visto que para ellos esto es reprimir a los movimientos sociales en la 9 de Julio, es sacar a las personas en situación de calle, sin resolver los problemas estructurales, como una forma de mostrar que están haciendo algo. Pero lo único que están haciendo es no garantizar derechos que son elementales porque el derecho al acceso a la vivienda es un derecho humano que en esta ciudad está completamente cuestionado. Capital Federal es una ciudad llena de casas y de departamentos con gente sin casa y sin vivienda y, sin embargo, su respuesta es la represión”.

También, durante la conferencia, se exigió la aplicación de la Ley 3706, de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle, y la Ley 27654, sobre la situación en calle y familias sin techo, para implementar un presupuesto adecuado al número real de personas que componen esta población”.

La conferencia concluyó con Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, quien destacó la importancia de organizar eventos como este, en donde se demuestra que los compañeros que están en situación de calle no están solos, sino que hay todo un grupo de organismos, de legisladores y de organizaciones que hace muchos años, le vienen poniendo el pecho a esta situación. Finalmente, Ávila, en diálogo con ANCCOM, señaló: “Es importante hacer acciones como estas para poder darle visibilidad y decir que la gente en situación de calle no está sola y que no van a poder hacer con ellos lo que quieran.”

No reciben comida pero sí policías

No reciben comida pero sí policías

EL Poder Judicial ordenó el allanamiento de 27 comedores populares de organizaciones sociales tras una denuncia por coacción presentada por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. Los dirigentes advierten que se trata de una maniobra para acallar las protestas y señalan que si las organizaciones desaparecen su lugar lo ocuparán los narcos.

Durante la madrugada del lunes 13 de mayo la policía realizó veintisiete allanamientos contra comedores populares, domicilios particulares –donde había niños y niñas durmiendo–, emprendimientos productivos y oficinas de organizaciones sociales de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires en el marco de una causa federal por presunta coacción y defraudación a la administración pública iniciada por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich.

La Justicia Federal investiga a dirigentes y militantes de las organizaciones sociales por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales para que participen de las manifestaciones en contra de las medidas del actual gobierno de Javier Milei. El Ministerio de Patria Bullrich aportó denuncias anónimas recibidas a través de una línea telefónica habilitada por el organismo. De un total de 900 llamados, tras la depuración que hizo la fiscalía federal de Gerardo Pollicita quedaron 45. De ellos, solamente siete personas accedieron a declarar y a partir de esos datos es que fueron ordenados –por la Sala I de la Cámara Federal porteña accediendo al pedido de la fiscalía, dado que el juez Sebastián Casanello había negado las medidas– los allanamientos a locales del Polo Obrero, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y otras organizaciones sociales, así como la intervención de líneas telefónicas y el secuestro de dispositivos.

Por su parte, las organizaciones sociales denuncian una intención de apriete del oficialismo por las protestas realizadas desde diciembre, en reclamo de la entrega de alimentos. 

Charly Fernández, integrante del FOL, fue uno de los dirigentes cuya casa fue allanada. “A eso de las 5 de la mañana nos rompieron la puerta, nos tiraron al suelo, nos encañonaron, buscando dispositivos electrónicos”, relató. Y describió que “fue un operativo totalmente desmedido, con autos no identificados, agentes de inteligencia, un show donde nos grababan. Claramente no tenían ninguna prueba, sino que venían a hacernos un allanamiento para ver qué sucedía, con el objetivo de demostrarnos el poder que tienen y que vienen a amedrentarnos”. Sin embargo, expresó que no le tienen “miedo a este gobierno injusto que comete actos ilegales y desmedidos”.

Por su parte, Silvia Saravia, referente del movimiento social Barrios de Pie, consideró que el principal objetivo de este tipo de acciones violentas es parte de un plan para criminalizar y atemorizar a quienes defienden los derechos sociales y luchan contra la política que Javier Milei lleva adelante. “Es un modelo de país que empobrece y deteriora las condiciones de vida de la mayoría de la población”, aseguró y completó: “Es un paso más en la intención de estigmatizar a las organizaciones sociales, tienen el objetivo de instaurar miedo en la población para que el gobierno de Milei avance en sus medidas con la menor resistencia posible. Más allá de que no haya ningún compañero de nuestra organización involucrado en la denuncia ni en allanamientos, consideramos un ataque para el conjunto que hoy denunciamos las consecuencias de las medidas del este gobierno, y que estamos en la calle para resistir esos avances”.

No al avance de los narcos en los barrios populares

Durante la fresca tarde del lunes, frente al Congreso Nacional, movimientos sociales y organizaciones denunciaron que las quieren destruir para facilitar los negocios del narco. 

Fernández inició la conferencia denunciando el hecho de que “varios de los allanamientos fueron en barrios populares y en villas de emergencia, donde la policía secuestró el sueldo que las compañeras tenían para sobrevivir“. Además, refirió que “las organizaciones sociales aprendimos y acá estamos todos juntos. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Vamos a dar la vida por todo lo que construimos y por los pibes y pibas”

Quiénes se hicieron presentes al grito de “unidad de los trabajadores, y al que no le gusta.. se jode, se jode!” fueron los integrantes del FOL, Polo Obrero, Barrios de Pie, UTEP, Coordinadora por el Cambio Social, CUBa, MTL, entre otras. Además, acompañaron a las organizaciones sociales los diputados nacionales del Frente de Izquierda Unidad, Christian Castillo y Romina del Plá, y Carlos “Sueco” Lordkipanidse, del Encuentro Militante Cachito Fukman y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Eduardo Beliboni, dirigente del Polo Obrero, expresó que “el movimiento piquetero pelea contra el Gobierno desde el 20 de diciembre. Iniciaron una causa para atacar nuestras movilizaciones. Todos los allanamientos fueron ilegales y clandestinos, lo primero que hizo la policía al allanar el local central del Polo fue apagar las cámaras de seguridad. ¿Por qué será?”.

Las organizaciones reivindicaron la lucha conjunta frente al ataque del Gobierno nacional para “priorizar el avance de los narcos en los barrios populares”, al decir de la mayoría de los oradores. 

 

Amparo judicial por alimentos 

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular(UTEP), con el acompañamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentó una medida cautelar para que el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello garantice de manera urgente el derecho a la alimentación de todas las personas que asisten a estos espacios, con comida de calidad, en cantidad suficiente y adecuada.

Según integrantes de la UTEP, desde diciembre de 2023 los espacios socio comunitarios dejaron de recibir productos o dinero para afrontar la demanda de alimentos, al mismo tiempo que aumentó la pobreza que afecta principalmente a niños, mujeres y adultos mayores. El Estado nacional tiene la obligación de garantizar permanentemente y prioritariamente el derecho a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional, en cumplimiento de las leyes 25724 y 27642.

Almorzando con Toto Caputo

Almorzando con Toto Caputo

Organizaciones de Tigre y Zona norte marcharon hasta la casa del ministro de Economía de la Nación para realizar una olla popular y protestar por el ajuste al que está sometiendo a la población.

En el marco del paro general del 9 de mayo, diferentes agrupaciones de Tigre y Zona Norte se movilizaron al mediodía hasta la entrada del Club Newman, el barrio privado donde reside el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, para protestar contra el ajuste y el endeudamiento del país ante el FMI. Oradores de diferentes espacios tomaron el micrófono y sus palabras fueron transmitidas a través de la Radio Cooperativa La Reconquista. Además, la movilización contó con una olla popular y una performance de la agrupación Unidxs por la Cultura.

Es un día fresco pero soleado en Benavidez. En la intersección entre la avenida homónima y la avenida Perón, a las 11 de la mañana, manifestantes portando pecheras de SUTEBA, de Tribuna Docente y de ATE, entre otros, se disponen a comenzar la marcha hasta el Club Newman, que se encuentra a un kilómetro de distancia. “Que sepan que no van a poder seguir haciendo lo que están haciendo sin que el pueblo se levante”, dice el representante de SUTEBA Tigre Alfredo Cáceres a través de un megáfono.

En diálogo con ANCCOM, la refrente de SUTEBA Tigre Gabriela Toloza Ferret habla sobre lo que motiva la movilización: “Lo que se expresa en cada una de estas luchas es lo que está atravesando día a día cada uno de les compañeres, de las compañeras, ya sea desde el marco de trabajo registrado, como de las economías populares, las disidencias en los territorios. Y hay mucha bronca, hay mucha bronca, porque el ajuste es brutal, porque van contra nuestros derechos porque saben que la organización es justamente la fuerza de los sectores más oprimidos y porque promueven el individualismo. Y la respuesta es esto, es la actividad colectiva, una olla, que tiene como psicología la representación del conjunto. Una olla se comparte, no se cocina para uno solo”.

Durante la marcha, se oye principalmente el canto “Te queda poco peluca botón / a vos te queda poco peluca botón / Nos cagamos de hambre / Vas al FMI / Reprimís laburantes / Te tenés que ir”, pero también suenan otros como “Para que todos se enteren / Que este pueblo no transa / Pone el pecho y se la banca / Contra ajuste y represión / Por aumento de salarios / Contra el Fondo Monetario / Paro y movilización” y “Caputo, basura, vos sos la dictadura”.

Una vez que la movilización llega hasta el Club Newman, los manifestantes se encuentran con una gran cantidad de policías posicionados frente a la entrada del barrio privado, a pesar de que se trata de una movilización pacífica. Cáceres toma el megáfono nuevamente para explicar la actividad que se realizará: La radio cooperativa La Reconquista transmitirá las palabras de oradores de diferentes agrupaciones, fábricas, sindicatos y más. “No es menor poder hoy, en una jornada como esta, plantear una actividad semejante, porque decir qué intereses representan los que viven acá es importante”, expresó Cáceres.

Cáceres le entrega el megáfono a Toloza Ferret, quien llama a que los oradores se acerquen y se anoten en la lista.“Es necesario ponerlo en palabras, es necesario que esa bronca que masticamos a diario sea puesta al servicio de la lucha y que hoy podamos socializar todas esas cuestiones que estamos viviendo día a día”, expresa Toloza Ferret. Un poco después, se da comienzo a la actividad y el megáfono es reemplazado por un micrófono, que pasa de mano en mano a medida que Toloza Ferret llama a quienes pidieron la palabra.

“Este gobierno dijo que iba a venir a atacar a la casta ¿Y a quién vino a atacar? Vino a atacar a los más pobres, a los que ganamos doscientos, trescientos mil pesos por mes, un poco más, pero vino a atacar a esos. Y miren qué casualidad ¿Dónde viven ellos? ¿Y dónde vivimos nosotros?”, expresa Jorge Montenegro, representante de un sector de jubilados, micrófono en mano. “Los que son vecinos históricos de Benavidez saben que (el espacio) se lo robaron al Patronato de la Infancia donde vivían chicos que tenían muy pocas cosas”, agrega, y concluye: “Quiero recordarle a Caputo, a su gobierno, a Milei, que todo termina. Que el gobierno de él va a caer”.

Otro de los oradores es Ramiro Tissera, representante de Tribuna Docente: “El gobierno nacional quiere aprobar una reforma laboral y una nueva Ley de Bases que claramente quiere profundizar el plan de guerra de los sectores capitalistas, de los sectores que fugan la guita, contra la clase obrera. Claramente lo que demuestran las movilizaciones populares que se vienen desarrollando, como fue el 23 de abril, donde millones en todo el país salimos a movilizarnos por la defensa de la educación pública, demuestra que es el camino para hoy derrotar a este gobierno”.

También toma el micrófono Giselle Santana, representante del INTI y Opinión Socialista, entre otros: “Esto es muy simbólico. Puede parecer que es una actividad pequeña, pero es profundamente simbólica y política. Nos está marcando cuál es el camino: La unidad de la clase trabajadora, de la clase obrera, ocupada, desocupada, jubilada, de la economía popular, contra los patrones que nos quieren sacar absolutamente todo. No vamos a permitir que nos roben una sola conquista, no vamos a permitir que nos sigan sacando absolutamente todo, hay que salir a enfrentar, además, esta ley que no es una Ley de Bases, es la ley de clases, es la definición de un país hecho en colonia. Es la esclavitud para todos los trabajadores y las trabajadoras, fundamentalmente para las trabajadoras, a quienes nos dicen que nuestro trabajo no existe, a quienes nos roban la posibilidad de jubilarnos”.

Finalmente, Gastón Ayala, el secretario general de ATE Tigre, y María Elisa Salgado, secretaria general de SUTEBA Tigre, cierran el acto. Ayala expresa que “esto es una muestra de lo que venimos trabajando y lo que tenemos que seguir trabajando y cuidando, que es la unidad de todos los trabajadores y trabajadoras ocupados, desocupados, jubilados, jubiladas, trabajadores de empresas privadas, fábricas, docentes, auxiliares y todos los trabajadores y trabajadoras que construimos con las manos este país”. Salgado le sigue y explica: “Este Caputo que vive acá, tiene alrededor barrios enormes, en los que no se ha construido un aula, ni una escuela desde el año 97 ¿Y por qué? Por estos tipos que nos metieron al Fondo Monetario y nos metieron la deuda. No hay plata para construir lo que se necesita. Entonces los pibes de la 32 del Arco están desde hace años esperando cuatro aulas que todavía no cumplieron. La gente del barrio La Mascota, que está detrás de este country, no tiene todavía jardín de infantes” y concluye que “el día que se trate la ley tenemos que ser millones en el Congreso y en todo el país. Si ellos quieren ir contra nosotros, nosotros vamos a pararles el país. Estos vienen por todo y nosotros tenemos que defender con toda la fuerza”.

Ya pasado el mediodía finaliza la lista de oradores, es la hora del almuerzo; el merendero Gauchito Gil del barrio Las Tunas abre la olla popular, frente a la que rápidamente se forma una fila de personas para recibir un plato de guiso de lentejas y pan. Mientras tanto, representantes de Unidxs por la Cultura Zona Norte ofrecen stencils y preparan su performance para cerrar la manifestación frente al Club Newman con poesía y música. Luego de que el guiso se termine y la música deje de sonar, los manifestantes emprenden el camino de vuelta al punto de partida para dar fin a la manifestación.

Cinco siglos igual

Cinco siglos igual

Tras 14 años de funcionamiento del jardín intercultural Wawa Huasi, el Gobierno de Jujuy afirma que la educación bilingüe adoctrina y ordenó cerrarlo.

El Instituto Infantil Intercultural Bilingüe Wawa Huasi se encuentra ubicado en La Quiaca, en la frontera con Bolivia. Abrió sus puertas el 7 de junio de 2010 por la iniciativa de docentes indígenas, quienes han recibido muchos premios en distintas ferias de ciencias en representación de la Puna y la Quebrada.
Hoy el cielo se volvió gris para esta comunidad porque la Secretaría de Educación de Jujuy rechazó su admisión al sistema educativo formal y notificó que debía cerrar sus puertas.
El Wawa Huasi es el único jardín comunitario y bilingüe en todo el país, donde se dictan clases en idioma español y en quechua. Es administrado por la Comunidad Originaria Natividad Quispe. Actualmente cuenta con una matrícula de 150 niños y niñas, con edades entre los dos y los cinco años, y trabajan 15 maestras.
La determinación, emitida a través de la resolución 763 por parte del Ministerio de Educación de Jujuy, fue oficialmente anunciada el 25 de abril. En ese contexto, Julio Alarcón, secretario de Políticas Socioeducativas de esa cartera, dijo que “la educación bilingüe adoctrina”.

 

Desde la perspectiva de la Comunidad Natividad Quispe, esta medida es un acto de represalia por su participación en la resistencia activa contra la reforma constitucional promovida por el exgobernador Gerardo Morales durante el año pasado.
En tanto, el Ministerio de Educación afirma que el jardín funciona en el antiguo terreno de la estación ferroviaria del Ferrocarril General Belgrano y asegura que los responsables de Wawa Huasi «persisten en no cumplir con los requisitos necesarios para su aprobación». Este argumento fue rechazado por la directora del jardín, Vilma Llampa, en diálogo con ANCCOM: “El jardín lo cierran supuestamente por condiciones edilicias que no serían favorables para los pequeños, pero contamos con todos los papeles y requerimientos que se necesita para tener una institución.”
Con tristeza e impotencia en su voz, Llampa agregó: “Estamos muy sorprendidos y afectados con esta situación, ya que se destaca por ser un jardín intercultural bilingüe que trabaja específicamente con valores y nuestra cultura ancestral y nuestras comunidades originarias de San Salvador de Jujuy”.

Al conocer la novedad, padres y madres de los 150 alumnos del Wawa Huasi se reunieron y consensuaron que la institución no podía cerrarse. También solicitaron la presencia de la ministra de Educación, Miram Serrano, para que brinde explicaciones sobre la decisión tomada.
Vilma Llampa contó que cada gobierno que visita el jardín sabe la forma de trabajar y cómo funciona. Además, recordó que el exgobernador Morales se había comprometido a construir un edificio nuevo para la institución y con ese fin la comunidad ya donó el terreno. Mientras se edificaba este edificio, el Wawa Huasi iba a seguir trabajando con normalidad. “Ese era el acuerdo”, sostuvo.
En relación a la justificación del cierre, Llampa respondió que tienen “las pruebas dentro del jardín de que presentamos reiteradas veces, todos los años todo lo que corresponde en cuanto a documentación específica”.

Desde el Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, el coordinador de la provincia, Jorge Angulo, vinculó el pedido de cierre de la institución a una acción de persecución del gobierno jujeño contra las comunidades indígenas que aportaron su cuerpo a las protestas en 2023.
Por su parte, la diputada provincial del FIT U Natalia Morales expresó que “sucedió lo mismo con la Escuela de Idiomas y escuelas rurales, la variable de ataque es la educación pública y lo hace la UCR”. La legisladora destacó que “el Ministerio de Educación usó al jardín como ejemplo de la única experiencia nacional intercultural, pero ahora lo ataca”. La semana pasada Morales acompañó a la directora y a la comunidad cuando fueron a la Legislatura para ser escuchadas.

¿Argentina deja pasar una oportunidad histórica?

¿Argentina deja pasar una oportunidad histórica?

La UOCRA de Zárate convocó a un paro por tiempo indeterminado por el despido de 570 trabajadores del proyecto nuclear CAREM. Argentina está considerado como uno de los líderes mundiales en el segmento de reactores modulares de baja y media potencia, una industria que puede generar muchas divisas. Pero el gobierno de Milei la desfinancia.

Entre las obras públicas cuya construcción frenó, apenas asumido, el gobierno de Javier Milei, se encuentran dos reactores nucleares estratégicos para el país: el CAREM y el RA-10. La maniobra implica el desfinanciamiento de un área científica y tecnológica con enorme potencial para el ingreso de divisas. Hoy, a raíz del despido de 570 trabajadores del CAREM en la ciudad bonaerense de Zárate, la UOCRA local convocó a un paro por tiempo indeterminado.

Para conocer en detalle el tema, ANCCOM dialogó con Diego Hurtado, físico, expresidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear, exsecretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación y exvicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), quien el año pasado ya había advertido de las posibles consecuencias si Milei llegaba al poder.

El RA-10 es un reactor nuclear multipropósito de impacto estratégico en salud, ciencia, tecnología e industria. “Es un reactor mejorado, en términos de diseño, respecto del que INVAP Argentina le está vendiendo a Holanda. Ya esto es todo un hito, pensar que un país en desarrollo le está vendiendo un reactor nuclear multipropósito a Europa, desde el punto de vista geopolítico y geoeconómico es un paso importante, porque generalmente los países en desarrollo les venden tecnologías estratégicas a otros países en desarrollo. Exportar tecnología a un país europeo le pone los pelos de punta a Estados Unidos y sus aliados. La regla de oro es: las tecnologías de punta las venden las economías desarrolladas, los países subdesarrollados, no importa el nivel de desarrollo, venden alimentos, commodities, recursos naturales, porque los negocios de la alta tecnología ‘son nuestros’, así funciona el capitalismo global”, subraya Hurtado.

«El RA-10 es una línea tecnológica en donde la Argentina ya está posicionada, exporta y genera divisas. La inversión que se necesita para finalizarlo es menos de 50 millones de dólares, y el Gobierno acaba de gastar 600 millones en chatarra aeronáutica para la defensa. Están haciéndole un daño irreparable al país”, dice Hurtado.

Desarrollado íntegramente en la Argentina, el RA-10 es producto de un trabajo en conjunto de la CNEA e INVAP. Se ubica en el Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, y al ser multipropósito sirve para el autoabastecimiento de radioisótopos de uso médico y para la producción de radiofármacos y silicio purificado/dopado, un material de base que se utiliza en el mundo de la electrónica y la microelectrónica, sector que hoy se disputan Estados Unidos y China.

Según Hurtado, “el RA-10 está a punto de ser terminado, se puede poner en marcha en el 2025, que llegue un gobierno y decida desfinanciarlo es incomprensible desde donde se lo mire. Es clausurar el futuro. El gobierno de Milei no explica por qué se hace, su proyecto de país consiste solo en exportar materias primas, no valor agregado y producir ciencia y tecnología. Ser un país agroexportador sólo genera ingresos para los sectores concentrados y las élites económicas, no para la gente. El RA-10 es una línea tecnológica en donde la Argentina ya está posicionada y exporta y genera divisas. La inversión que se necesita para finalizarlo es mínima, menos de 50 millones de dólares, y el Gobierno acaba de gastar 600 millones de dólares en chatarra aeronáutica para la defensa. Ahí hay malversación de fondos. Esto es un delito porque están haciéndole un daño irreparable al país”.

“Hay que agregar –prosigue– que hoy hay una deuda de 6 millones de dólares con los proveedores del RA-10 y salarios horribles para el personal, que es de altísima calificación. Eso augura migración del profesional. El personal de la CNEA es gente que le pone el hombro, que son patriotas, que a veces trabajan por sueldos miserables, que dejan la vida en los proyectos y se bancan gobiernos que los desfinancian. Son héroes y heroínas. Debajo del proyecto, entonces, hay seres humanos que siguen sosteniendo esto con un sacrificio gigantesco”. Y enfatiza: “Es un daño enorme clausurar una línea que ya está establecida a nivel global, donde Argentina ya demostró su capacidad y es un país confiable. Si ahora cortamos el RA-10 y lo retomamos dentro de cuatro años, ese lugar prioritario lo pierde y, además, se gana la mala fama de que ‘ojo de comprarle a la Argentina porque te puede venir un gobierno que te clausura esa línea y lo corta’. Argentina ganó un lugar muy importante como productor de energía nuclear y no lo podemos perder”.

“Estos tipos que hoy gobiernan –opina Hurtado– no entienden el mundo de la tecnología porque son de la timba financiera, no entienden lo que es la economía productiva, la introducción de conocimiento científico y tecnológico en los procesos de producción, en la mejora de productos, en las capacidades organizacionales de una empresa. Lo que hacen es muy de berreta, de cabotaje. Toto Caputo solo sabe endeudar al país, sentarse con el FMI y someternos a un estrés económico. Nunca hablan de industria, de generación de empleo, de mejora del trabajo para los jóvenes, de las potencialidades de nuestro país en términos productivos y tecnológicos para empezar a generar nuevos sectores, como sí se generaron durante el gobierno de Cristina Kirchner, donde aparecieron sectores de alto valor agregado, la nanotecnología, la biotecnología satélites en órbita, entre otros”.

«Hoy, por el cambio climático, el calentamiento global y el accidente de Fukushima, cayeron en desprestigio los reactores de alta potencia. Los SMR como el CAREM, del cual estamos diseñando el prototipo, son altamente rentables y, además, tienen un nivel de seguridad enormemente mayor”, señala Hurtado.

Respecto al CAREM, se trata del primer reactor nuclear de potencia –produce electricidad– íntegramente diseñado y construido en el país y se perfila como uno de los líderes mundiales en el segmento de reactores modulares de baja y media potencia (SMR, por sus siglas en inglés). “A partir de los años noventa Argentina comenzó a diseñar un reactor de baja potencia (120 megavatios), pero en esa época no eran rentables. Hoy, por el cambio climático, el calentamiento global y el accidente de Fukushima, cayeron en desprestigio los reactores de alta potencia. Los SMR como el CAREM, del cual estamos diseñando el prototipo, son altamente rentables y, además, tienen un nivel de seguridad enormemente mayor”.

Con ironía, Hurtado reflexiona: “¡Bingo! Argentina tiene el CAREM cuando los SMR pican en punta y son la promesa de la energía nuclear. La Agencia para la Energía Nuclear, dependiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), hizo un diagnóstico de los proyectos de SMR que hay en el mundo y, de los cerca de 70 reactores SMR, el CAREM resultó el segundo más avanzado del planeta. Esto es una oportunidad inédita que no puede volver a darse en la Argentina, ¿qué haría un gobierno razonable? Acelerar las inversiones, unos 300 millones de dólares, de acá a cuatro años, donde seguiríamos picando en punta”.

Acerca de las posibles privatizaciones de Nucleoeléctrica Argentina y Dioxitek, Hurtado afirma que “no van a aparecer capitales privados porque estas empresas generan riesgos y no ganancias rápidas. En Argentina esto es imposible porque sólo hay grupos que especulan y que tienen una lógica cortoplacista, no invierten a riesgo, sólo quieren garantías de lo que van a ganar. Argentina desarrolló una cultura empresarial predatoria que, de a poco, hay que ir transformándola en una cultura productiva, para generar un proyecto de país democrático. El Estado tiene que disciplinar los comportamientos de los sectores empresarios y los grupos concentrados de la economía para que el sector privado invierta en la economía productiva y no en la especulación. Se necesita un Estado fuerte como el alemán o el japonés, con alta capacidad para impulsar sus políticas públicas, que tienen cinco o seis veces más empleados públicos per cápita que Argentina. Es mentira que el Estado argentino está lleno de ñoquis, el Estado argentino es el mayor lugar de profesionalización”.

“Hay que reproducir lo que logramos en el sector nuclear en otros sectores de la economía. Este sector es un ejemplo de institucionalidad, de cómo se generaron empresas con culturas empresariales productivas a partir de las oportunidades que les brindó el sector nuclear público al privado, en este sector se desarrolla tecnología y producción, no hay timba financiera”, concluye Hurtado.