Las escuelas bonaerenses en alerta por las apuestas online

Las escuelas bonaerenses en alerta por las apuestas online

Según un estudio realizado por Ibope, el 12,5 por ciento de los argentinos que apuestan en línea son niños, niñas y adolescentes que tienen entre 16 a 24 años y en su mayoría son mujeres. La Secretaría de Educación provincial ya colocó el tema en su agenda.

Desde finales del año pasado y principios del ciclo lectivo 2024, se incrementó la cantidad de casos de niños, niñas y adolescentes que realizan apuestas online a través de sus teléfonos en las escuelas y desde la Subsecretaría de Educación de la Provincia de Buenos Aires se encendieron las alarmas: “No puede haber silencio pedagógico frente a estas situaciones que afectan la salud emocional y la integridad de nuestros estudiantes. La escuela no puede ni debe mirar para otro lado, aunque no solamente esta sea la única que debe abordar este tema”, afirma el subsecretario de Educación bonaerense, Pablo Urquiza, y agrega que los jóvenes llegan a situaciones en las cuales corren el riesgo de endeudarse, de destinar dinero que su familia le dan para otras actividades y las utilizan para las apuestas.

La semana pasada, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires presentó un documento ante la Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados de la Provincia, a pedido de la Asociación Civil Pensando en Generar Políticas Públicas, para avanzar en un marco normativo para combatir los sitios clandestinos y la prevención de la ludopatía en niños, niñas y adolescentes.

El documento consiste en un estudio sobre el impacto del juego online en jóvenes y adolescentes elaborado recientemente por Walter Martello, defensor del pueblo adjunto general de la Provincia, a cargo el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos y del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y se basa en los datos de un estudio realizado por Target Group Index-Ibope Argentina.

El estudio de Ibope, en el que se encuestó a 10.018 personas en el país, arrojó que el 8,29 por ciento ha realizado apuestas online y que, de ese porcentaje, el 12,5 son jóvenes entre 16 a 24 años, y el 15,5 son personas de 25 a 34 años. “Dado el vertiginoso crecimiento de las apuestas online en nuestro país no sólo es necesario hacer más efectivo el control del Estado ante la proliferación de las plataformas ilegales, sino también avanzar en un marco normativo acorde a los desafíos del presente”, sostiene el informe del Observatorio.

“Las apuestas online son un tema que atraviesa a todos los estratos sociales. No es patrimonio de determinado sector, lo estamos viendo en el amplio abanico de heterogeneidad de nuestras instituciones educativas, tanto en escuelas de gestión privada como de gestión pública. Es un tema que está preocupando mucho a la comunidad educativa”, alerta Urquiza.

Desde la Subsecretaría de Educación de la Provincia de Buenos Aires detallan que han elaborado materiales en conjunto con la Dirección Provincial de Educación Secundaria y con la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social para trabajar en las aulas y que se van a distribuir en las escuelas en los próximos días a través de comunicaciones.“No hablamos de ludopatía –aclara Urquiza–, sino de consumo problemático que están teniendo los chicos, porque la persistencia en esta conducta les trae aparejadas situaciones de conflictos, malestar, angustia y temor: sabemos de situaciones en la que los chicos han contraído deudas y se sienten amenazados para pagarlas”.

Las apuestas online deben ser abordadas en la escuela como un consumo problemático, reafirman en el comunicado publicado por la cartera educativa bonaerense ya que –siguiendo las definiciones de la Sociedad Argentina de Pediatría, y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar)– “los consumos de personas menores de 18 años siempre son considerados problemáticos porque afectan la salud física y mental”. Por esto, desde la Subsecretaría de Educación bonaerense, explican que la comunidad educativa tiene que generar dispositivos y herramientas para trabajar en las aulas y problematizar desde esta perspectiva: “La escuela siempre ha puesto palabras en relación a muchos temas que a veces a la sociedad le cuesta un poco más hablarlas: salud mental, educación sexual integral, violencia en los noviazgos y políticas de Memoria, Verdad y Justicia. La escuela es un ámbito más amigable para los chicos para poner palabras y nos parece que si tenemos un abordaje integral de esta problemática, puede ser receptado por los chicos”.

«En las escuelas notamos la alteración de los hábitos de descanso, de alimentación,  dificultades para concentrarse y advertimos también la ruptura de amistades por deudas de juego. Los chicos contraen deudas para apostar, que provocan la pérdida de bienes y pueden exponerlos», dice Urquiza.

Las marcas de los sitios de apuesta online están a la vista. En publicidades que aparecen en videos, camisetas de fútbol o contenidos de influencers que promocionan casinos y casas de apuesta. En nuestro país sólo en 17 provincias está regulado el juego online, alguno de los sitios de apuesta más utilizados son Betsson, Bplay, Betwarrior, Bet365 y 1xBet, estos dos últimos son los más elegidos por los argentinos, según Ibope. En el caso de Bet365, opera internacionalmente y tiene licencia para la explotación del juego online en la Provincia de Buenos Aires, mientras que 1XBet no cuenta con ninguna autorización de las jurisdicciones del país y se suma a la lista de las casas de apuestas online sin licencia para operar, según explicita el estudio de Martello.

Las apuestas online deportivas se basan en predicciones de resultados de partidos y competiciones. Según el estudio realizado por Ibope, el 41,2 por ciento de los argentinos apuesta al fútbol, le siguen los bingos online con el 37 por ciento, mientras que el boxeo es la tercera opción más elegida en el país con el 16,8. Las mujeres son las que tienen mayor participación en las apuestas online con un porcentaje del 8,50 por ciento respecto a los varones con 8,05.

“También tenemos que abordarlo como una política de cuidado. Porque el consumo de apuestas online genera la idea de que siempre podés ganar, que siempre hay una chance más y que te podés recuperar. Entonces, esa idea te lleva a, si no tenés dinero, conseguirlo de cualquier manera endeudándote o pidiéndole a los amigos. En estos juegos siempre gana la banca”, subraya Urquiza.

El comunicado advierte que estas prácticas chocan de lleno con los derechos del niño, niña y adolescente a la salud integral, el derecho al juego y el acceso a la recreación y esparcimiento: “Desde las escuelas notamos la alteración de los hábitos de descanso, de alimentación, las dificultades para concentrarse y sostener la atención; y en ocasiones advertimos también la ruptura de amistades por deudas de juego, o las familias nos comentan que las chicas y los chicos llegan a contraer deudas para apostar, que provocan la pérdida de bienes y pueden exponer a las y los jóvenes y sus allegados a riesgos por contraer deudas con personas desconocidas”.

“La prohibición de los celulares en el recreo no genera que no haya estas conductas. Hay algunas iniciativas también destinadas al uso del celular en el ámbito educativo y creemos también que el celular es un instrumento que puede facilitar determinados aprendizajes. Abordar esta problemática no va por el lado de la prohibición, sino por el del diálogo. Porque tampoco es solamente que estas conductas se presentan en el recreo: los chicos lo pueden hacer a la entrada de la escuela, a la salida o en algún momento de la clase. Lo que tenemos que trabajar es poder acompañar a los chicos en la idea de que estas conductas son complejas para su salud integral y para su cuidado”, concluye Urquiza.

La motosierra cortó el agua potable a los isleños del Delta

La motosierra cortó el agua potable a los isleños del Delta

Se interrumpió el servicio de distribución que había establecido AySA desde la pandemia. Los vecinos reclaman la restitución de este derecho básico elemental para sus vidas cotidianas.

“En el año 2020, cuando inició la pandemia de covid-19, el municipio tenía una responsabilidad respecto al tema de islas y organizamos un consejo asesor para repartir agua muy precariamente entre nosotros”, explica Luis Cancelo, vecino de las islas del Delta del Paraná en la primera sección, Partido de Tigre. Históricamente, los isleños no consumen el agua de ríos y arroyos, además de por el barro que le da su color característico, debido a  la contaminación en la cuenca del Río Luján y Reconquista; solo la utilizan para bañarse o lavar los platos. El agua para beber y cocinar suele cargarse en bidones en las canillas de la estación fluvial.

Fue por eso que desde el Consejo Asesor Permanente Isleño (CAPI), decidieron solicitarle a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) un servicio de distribución de agua potable: “La concesión de AySA termina en el río Luján y no abarca las secciones isleñas”, remarca Cancelo, quien fue director del Plan de Manejo del Delta e integrante del CAPI. Cuenta que cuando le acercaron la nota a quien por entonces era la titular de AySA, Malena Galmarini, contándole de la situación crítica particular de los isleños durante la pandemia, decidieron implementar un servicio de distribución de agua. Los barcos cisterna recorrían ríos y arroyos de acuerdo a un cronograma publicado diariamente para que los vecinos cargaran los bidones en los muelles.

“En el nuevo gobierno de Javier Milei, que tiene criterios de achicamiento del Estado, rige un ‘sálvese quien pueda ́ donde cada uno resuelve las cosas como le sale. Lo concreto es que quitan este servicio”, explica Cancelo. La realidad es que con el nuevo DNU 70/2023 y la Ley de Bases, las nuevas autoridades de la empresa estatal no están dispuestas a mantener un servicio fundamental. Para enfrentar la situación, los vecinos organizaron un plenario en la estación fluvial el último sábado 18 de junio al mediodía.

Diego Domínguez, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y vecino de las islas explica no hay potabilizadores en la islas, algo muy costoso. Por otra parte, ni el municipio de Tigre ni Nación quieren “negociar” la situación de AySA en la islas y le sacan el cuerpo a la situación. El investigador y docente asegura que próximamente se dará una reunión entre la empresa y organismos de derechos humanos para tratar de llegar a un acuerdo.

 

Los barcos cisterna recorrían ríos y arroyos para darle agua potable a los habitantes de las islas. 

La política implementada por Galmarini

Además del sistema de distribución del agua implementado durante la pandemia, en 2023 la extitular de la empresa estatal, acompañó el inicio de clases inaugurando dos nuevos tanques de agua potable y bebederos para el equipo docente, alumnos y alumnas de la comunidad educativa de la Escuela Primaria y Secundaria Nº 12 del Delta. Además habilitaron un segundo tanque de reserva para los vecinos de la zona que necesitaban abastecerse.

En ese momento Galmarini declaró a la prensa: “Finalmente, con el equipo de AySA, logramos traer definitivamente el agua, un derecho humano, un servicio esencial que, increíblemente, nuestras escuela tenía pero a través de bidones que la provincia de Buenos Aires les dejaba en los muelles. Era todo muy difícil. En marzo del 2020 empezamos a recorrer cada muelle con las chatas de AySA para llenar todos los bidones de nuestros vecinos y vecinas, y ahora también esas chatas van a llenar estos nuevos tanques para la escuela”.

El servicio de distribución de agua languideció hasta desaparecer. Ahora el futuro de esta infraestructura fundamental para el funcionamiento de la escuela también está en duda. Pese a numerosos intentos, ANCCOM no pudo obtener respuestas de parte de las actuales autoridades de la empresa de agua.

Según la ONU el agua es un derecho humano porque forma parte de la vida cotidiana y del entorno de las personas. Es fundamental para la salud contar con agua potable en cantidad. Las normas internacionales obligan y exigen a los Estado que garanticen a cada uno de sus habitantes el acceso a una cantidad suficiente de agua potable, tanto para uso personal como doméstico.

A cargar al continente

Primero los avisos en grupos de WhatsApp de que la “chata de AySA” pasaría se hicieron esporádicos. Desde el 30 de abril, directamente desapareció. Ya hace un par de meses que los isleños cargan sus bidones antes de subir a las lanchas. El peso del agua se suma a las compras que realizan en tierra firme. Lo que parecía solucionado se volvió nuevamente un incordio que los obliga a viajar a veces durante horas solo para cargar este insumo básico para la vida. La alternativa es pagar los 2500 pesos que cuestan en las lanchas almacén diez litros de agua potable. Aún sin tener jurisdicción sobre la zona, AySA se lo facilitaba con barcos cisterna que recorrían las islas en ciclos de una o dos semanas: ya no.

Lo cierto es que el gobierno nacional tiene a AySA en la mira para ser privatizada, no sin antes reducir sus servicios al mínimo y así tener la excusa perfecta para el plan. La política de precarización llevada adelante por las nuevas autoridades le complica la vida a un montón de personas y genera una pérdida de tiempo y dinero realmente importante: trasladarse con los bolsos de comida, niños y ahora también con los bidones cargados.

Agua potable en las islas… afuera.

 

La universidad para y reclama

La universidad para y reclama

Docentes, no docentes y estudiantes de todo el país realizaron clases públicas, semaforazos y marchas de antorchas como anticipo del paro de este jueves. A un mes de la masiva marcha, aún no hay solución para las casas de estudios.

Organizaciones estudiantiles y sindicatos docentes y no-docentes realizaron este miércoles 22 de mayo distintas acciones para visibilizar el conflicto universitario y la crisis presupuestaria. Con clases públicas y marchas de antorchas, las universidades volvieron a pisar fuerte en todo el país.

La sede Drago del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires empezó el turno mañana con clases públicas. A un día del comienzo de 48 horas de lucha universitaria, Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció un aumento del 270% para el funcionamiento de todas las universidades nacionales. Este número representa sólo un 10% de los gastos de las casas de estudio: el personal humano que hace a las instituciones sigue con el salario congelado. Claudio Lobo, integrante de la Universidad Nacional de San Luis y miembro del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), advierte que el gobierno nacional tuvo reuniones informales con el resto de universidades, pero que todavía el anunciado aumento del presupuesto no se oficializó.

“Sin resolución, no hay una afectación de dinero. Entonces todas las universidades que están aglutinadas en el CIN no van a tener una certeza del cumplimiento hasta que se firme”, sentenció Lobo en diálogo con ANCCOM. Además, rememoró los acuerdos previos: ”Sucedió lo mismo con el compromiso del 70% de aumento inicial anunciado en febrero que se concretó pasado marzo. El segundo aumento del otro 70% que era para mayo, aún está sin resolución. Por lo tanto, este anuncio solamente será tomado por el CIN como un acuerdo y algo concreto si en la reunión de la próxima semana se firma la resolución correspondiente”.

Mientras, en Buenos Aires, a metros de la Facultad de Filosofía y Letras, estudiantes con pecheras del centro de estudiantes y con bufandas cortaban Puan y la Avenida Pedro Goyena, en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tucumán, jóvenes se reunían en grupos para iniciar la marcha de las antorchas. Desde el lunes, convocaron a movilizar a toda la provincia porque consideran que la educación es un derecho en sumo riesgo. Así, se acercaron organizaciones ajenas a la academia como la Asociación Civil de Trabajadores del Audiovisual de Tucumán, que quedaron atrás de la bandera azul francia de la Asociación Docentes e Investigadores de la Universidad (ADIUNT).

Al mediodía, después de las primeras clases de la mañana, estudiantes y docentes de las Facultades de Medicina y Farmacia y Bioquímica de la UBA  usaban el espacio de los semáforos para hacer visibles sus reclamos al apretado tráfico de las inmediaciones de Plaza Houssay. Lo mismo hacían docentes y no docentes de la Universidad Pedagógica Nacional en el cruce de las avenidas 9 de Julio e Independencia. 

Los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, agrupados en COAD, llamaron a exigir aumento presupuestario para todo el país, que se detenga el recorte a los salarios y a posicionarse en contra de la Ley de Bases porque “nos oponemos a un proyecto que pretende entregar nuestra soberanía nacional, avanzar con las privatizaciones y saquear los recursos de nuestro país – declaró COAD en el comunicado-. Si el Gobierno Nacional sigue ajustando, docentes, no docentes, estudiantes y toda la comunidad vamos a seguir luchando”.

A casi un mes de la multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública, el Ministerio de Capital Humano intentó romper la unidad universitaria acordando sólo con la Universidad de Buenos Aires el 270% de presupuesto para los gastos de funcionamiento. Violeta Finocchiaro, presidenta del Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, destacó: “Los estudiantes venimos encarando un gran momento de lucha. La marcha del 23 de abril fue un claro reflejo de nuestro nivel de organización, que tenemos no sólo en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy volvemos a salir a la calle estudiantes, docentes y la sociedad toda. Nos encontramos en la marcha de las antorchas para reclamar un presupuesto para todas las universidades, por salarios docentes dignos y en contra de la Ley de Bases”. En la Facultad de Ingeniería de la UBA, se instaló una mesita por dos horas para firmar contra el DNU.

Según un informe de CONADU, por primera vez en 20 años hay salarios docentes por debajo de la línea de pobreza. “Ese 270% deja afuera la discusión salarial, que es el 90% del presupuesto. Las personas que trabajamos en la universidad, docentes y no docentes, perdimos más del 35% en nuestro poder adquisitivo salarial en los últimos cuatro meses”, concluyó Ana Arias, decana de la Facultad de Sociales UBA.

En esa línea, estudiantes, docentes y no docentes de esa facultad organizaron un “apagón y velazo por el presupuesto y salario para los trabajadores” bajo la consigna “Sin nosotrxs, la UBA no funciona”. Con el aumento de la partida, la universidad podría pagar las facturas de luz, pero no las investigaciones ni las becas estudiantiles.

Leonardo Murolo, licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Quilmes y coordinador de la editorial de esa universidad retrata la misma situación con respecto al desfinanciamiento: “Las partidas de funcionamiento se relacionan desde comprar insumos hasta pagar los servicios y llevar adelante las demás prácticas que emprende la universidad. Queda desfinanciada la investigación, la editorial, la agencia de noticias científicas, la producción audiovisual, la producción de materiales didácticos de diferentes formatos y la extensión, que es la vinculación de la universidad con el territorio”.

“El gobierno de Milei, al igual que hace con otros sectores de trabajadores, pretende descargar todo el ajuste sobre nosotros, sobre nuestros salarios y condiciones de trabajo. Nuestras obras sociales están quebradas, tenemos miles de colegas que trabajan durante muchos años sin cobrar un peso, nuestros jubilados tienen actualización de su haber cada tres meses y la docencia preuniversitaria perdió además el refuerzo del FONID”, dijo Ileana Celotto,  secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA) en referencia al Fondo Nacional de Incentivo Docente, y sintetizó: “Sin docentes, no hay universidad ni actividades de extensión ni investigación. Por eso salimos de nuevo con estas medidas de acción directa y anunciamos, desde ahora, que si no hay solución, el segundo cuatrimestre no empezará”.

El déficit cero mata

El déficit cero mata

Con la excusa de una auditoría, el organismo estatal que distribuye medicamentos oncológicos dejó de entregárselo a los pacientes. Ya hubo siete muertes, 400 pedidos de amparos y 1.900 afectados.

Cecilia Herrera padece un  cáncer de mama y atraviesa la enfermedad por segunda vez. Debería ir por su cuarta quimioterapia y según lo estipulado terminaría su tratamiento en octubre o noviembre. Pero para ello necesita de la medicación Trastuzumab 440, la cual tiene un valor de 20 millones de pesos y debe utilizarla cada veinte días, un costo sin dudas imposible de afrontar para cualquier persona y por ello la Dirección de Asistencia Directa de Situaciones Especiales, DADSE, era la encargada de proveerselo. A pesar de que su tratamiento no puede interrumpirse más de diez días, desde la asunción del gobierno de Javier Milei y el cierre de la institución no sólo se quedó sin la provisión de su medicación sino que tampoco recibió ninguna respuesta oficial.

Una característica del gobierno libertario, tanto en su campaña electoral como desde su asunción el pasado 10 de diciembre, es el descreimiento de lo público y su consecuente cierre o desfinanciamiento. Tal es el caso es la DADSE, dependiente desde febrero del Ministerio de Salud, que debería ocuparse de la entrega de medicación a pacientes oncológicos o con otras enfermedades graves o raras y que no posean cobertura médica, pero desde su asunción, la nueva gestión comenzó a vaciar sus oficinas y discontinuar la entrega de medicamentos a dichos pacientes. De esta manera, miles de personas que dependen de la entrega de sus remedios por parte de este organismo para poder continuar sus tratamientos no están pudiendo hacerlo. Es el caso de Cecilia Herrera.

Esta medida gubernamental, que se tomó con la excusa de realizar una auditoría para regularizar la compra de medicamentos, implica que miles de pacientes vean en riesgo su vida ante la imposibilidad de continuar sus tratamientos. A pesar de que el gobierno, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, haya negado esta situación diciendo que el organismo no cerró ni se discontinuó la entrega de medicamentos, hay una gran cantidad de casos que demuestran lo contrario. “Este gobierno borró todas esas puertas que nosotros podíamos ir a golpear para reclamar un remedio o asesorarnos sobre la medicación –expresa Herrera–. Lo que está causando este tema es terrible, porque no sabés si mañana vas a tener tu remedio o tu tratamiento. No tenés a quien llamar, no tenés con quién hablar. Lo único que hacés es ir al hospital donde tramitás la medicación para que te atienda una chica y te diga que no vas a tener tu medicación”. Hasta el momento pudo continuar su tratamiento a través de donaciones que recibió de otras personas que pasaron por una situación similar pero que ya no deben utilizar más la medicación. Además de preocuparse por su situación de salud, Cecilia insiste por la incertidumbre que atraviesa y reclama una respuesta por parte del gobierno: “Yo quiero vivir, no pido otra cosa. Y este tipo (Milei) nos está matando”.

Un caso similar es el de Rodolfo Lera, quien sufre melanoma desde marzo del año pasado y vio interrumpido su tratamiento a raíz del recorte efectuado por el Gobierno. Para su tratamiento, que está a mitad de recorrido, debe inyectarse dos ampollas de la medicación Pembrolizumab cada 21 días, las cuales tienen un valor de 18 millones de pesos. Desde diciembre, durante cinco meses Rodolfo no las recibió de la DADSE, sino que también tuvo que recurrir a donaciones para continuar su tratamiento. Recién el pasado 30 de abril recibió tres cajas con dos ampollas cada una, es decir para dos meses.

Su situación es preocupante ya que también es un tratamiento que no puede ser interrumpido, y es una gran incertidumbre no saber si van a enviar o no desde el Gobierno su medicación. Natalia, su esposa, advierte sobre esta situación: “Está en riesgo la vida de la gente. Estaban jugando con la vida de mi marido. Y si pudo continuar su tratamiento es por la generosidad de muchísima gente. Tengo miedo, me asusta lo que está haciendo este gobierno con lo inhumano que es”.

A la falta de entrega de medicamentos, que pone en peligro el tratamiento y por ende la vida de miles de pacientes, se le suma el cierre de las oficinas donde los enfermos podían reclamar sus medicaciones y asesorarse sobre sus tratamientos, generando así una gran incertidumbre y preocupación. Ante esta situación, muchos se acercaron a distintas organizaciones que asisten a personas oncológicos o con otras enfermedades raras para asesorarse sobre sus trámites y realizar sus reclamos.

Respecto a ello, Alejandra Iglesias, presidenta de Asociación Sostén, que asiste a pacientes oncológicos, advirtió en diálogo con ANCCOM sobre esta problemática.

Según pudieron saber, serían 1.900 los pacientes oncológicos que se encuentran en esta situación y más o menos la misma cantidad de personas que sufren otras enfermedades poco frecuentes y crónicas. Es decir, aproximadamente 4.000 personas se vieron privadas de su derecho al acceso a su medicación para realizar su tratamiento. Además, las estimaciones son que siete pacientes perdieron la vida esperando que llegue su medicación. Sin embargo, advierte que estos son números estimativos, ya que no hay un registro oficial de cuántos son los afectados, ni quiénes son, cómo continúan los casos o si recibieron o no su medicación. “Nosotros lo que fuimos viendo es que cuando hacen las licitaciones están los expedientes, pero no podemos ver el número total y todos los registros. Entiendo que esto se irá registrando de alguna manera y en algún momento nos dirán. Lo ideal primero es que se regularicen las entregas y no vuelva a haber esta falta de suministro”, afirma.

Si bien en gestiones anteriores existían problemas y demoras en la entrega de medicamentos, estos finalmente llegaban y los pacientes podían continuar normalmente con sus tratamientos. Con la asunción del nuevo gobierno se asiste a una situación inédita sobre este tema, donde los pacientes esperan meses, no tienen respuesta alguna y ven peligrar sus vidas. “Es incomprensible. No sé hasta dónde vamos a llegar así y recién inicia la gestión con este corrimiento del Estado. Es una situación de desamparo”, expresa Iglesias. “A la situación de enfermedad, que como la del cáncer avanza, las personas están sufriendo un deterioro en su salud mental, porque están angustiadas, con miedo, están desesperadas. Nos hablan todo el tiempo para saber si hay novedades y para nosotros también es muy frustrante decirles que no”.

Frente a esta situación ya hubo más de 400 amparos individuales en los que reclaman la regularización de los casos. A ello también se suma un amparo colectivo que hicieron seis organizaciones, pidiendo al ministro de Salud que diga quién es la persona a cargo de la DADSE, cuál es su presupuesto, cuál es su procedimiento, y exigiendo que este sea rápido y eficaz.

A pesar de que el gobierno haya emitido un comunicado de prensa indicando que “esta administración nunca dejó ni dejará de entregar medicamentos oncológicos”, miles de casos demuestran lo contrario.

 

«¿Y el polideportivo dónde está?»

«¿Y el polideportivo dónde está?»

Vecinos nucleados en el colectivo Amparo Ambiental Chacarita se reunieron para reclamar que el GCBA construya el polideportivo que prometió a la comuna y para protestar contra el nuevo Código Urbanístico.

“¿Y el polideportivo dónde está?” se preguntan los vecinos que integran Amparo Ambiental Chacarita mientras organizan una actividad para reclamar por aquella promesa incumplida del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los primeros días otoñales, se reunieron la tarde del sábado a una cuadra de Rodney 251, dirección en el cual debería estar emplazado el predio.

La Cuevita es el lugar donde se dan cita, un espacio-taller donde también llevan a cabo sus asambleas. Dentro hay un proyector que reproduce un video de la lucha por el polideportivo, una sombrilla y una reposera para poder quedarse a apreciarlo. No dura más de un minuto, pero está puesto en bucle para ser visto las veces que uno quiera. Son fotos de ellos vestidos para hacer deporte fuera del actual baldío, pero sin poder entrar a ejercer su actividad física.

Afuera colocaron una mesa larga donde venden bebidas y comestibles, otra más chica en la que se pueden encontrar pines y stickers, además de un parlante con música para amenizar la juntada. Mientras van llegando más vecinos, un grupo se dirige hacia la fachada de lo que anhelan sea un polideportivo para poner un gran afiche con una foto de ellos en una actividad previa sobre el cartel del gobierno porteño que anuncia desde hace casi tres lustros: “Juntos seguimos transformando la Ciudad. Próximamente vamos a disfrutar de este nuevo Espacio Deportivo”.

No es la única intervención sobre los inmuebles urbanos que hay por ahí. En las cuadras aledañas se pueden observar banderas ubicadas en las distintas casas con la leyenda: “No al Nuevo Código Urbanístico. Más verde, menos cemento”, motivo que dio origen a la agrupación.

 “Somos una organización barrial que nació en marzo de 2023 a raíz de los vecinos que empezamos a ver que se construían edificios en altura y se tiraban casas abajo. Cuando investigamos por qué pasaba esto, nos enteramos que había un nuevo Código Urbano de 2018 que permitía en toda la Ciudad de Buenos Aires levantar edificios de más de siete pisos”, cuenta Laura Nowydwor.

Pía Almeida Bou agrega: “Además se eliminaron los controles que tenían las construcciones que es lo que hoy deviene en los derrumbes que estamos teniendo, porque no se hacen. Por otro lado, redujo la vivienda a un mínimo de 18 m², los pulmones de manzana a 33 m² (un tercio del total), y eso hace que no haya superficies que retengan el agua. Sumado a eso, las constructoras no necesitan permisos de los entes que dan servicios para verificar que puedan proveerlos, entonces lo que sucede es que se terminan quedando sin agua las viviendas de alrededor”.

Ambas coinciden en remarcar que esa unión contra el Código Urbanístico fue lo que hizo que se empiecen a conocer más entre ellos y busquen otras cosas por las que luchar en el barrio, entre las que se encuentra el polideportivo en Rodney y Santos Dumont para la Comuna 15.

 “Es un terreno baldío, es una cuestión de decisión política”, agrega Pía, mientras que Laura narra que “esa manzana en su momento fue de Defensa Civil, está EDENOR en una esquina, se hizo una comisaría, que no debería haberse hecho porque tenía que estar en otro lado, y quedó este espacio que es donde debería ir el polideportivo pero que desde hace un tiempo se pusieron a construir un parador para gente de la calle. Nosotros no estamos en contra, pero démosles viviendas, los paradores no son buenos lugares y no los tratan bien. Nosotros queremos políticas de vivienda y un polideportivo”.

Mientras un vecino que pasea sus perros pasa gritando “Aguante Amparo Ambiental Chacarita” y otro toca bocina desde su auto, Pía vuelve a tomar la voz para aclarar que el presupuesto estuvo varias veces pero que nunca se ejecutó.

Dentro de La Cuevita se encontraba la dueña del predio, Elina Rodríguez. Egresada de Artes del Movimiento, armó en su casa el espacio taller para trabajar y dar clases vinculadas a las expresiones artísticas. Después, cuando se sumó a AACh por los cambios que veía en el barrio, la ofreció para dar lugar a las asambleas de la asociación.

“Distintos artistas que vivimos en el barrio abrimos el taller para visibilizar una demanda que venimos teniendo por el polideportivo para la comuna. Surgió la idea en una asamblea y terminamos haciendo una sesión de fotos que se difundió en redes sociales. Hoy estamos compartiendo una edición de todo ese proceso e instalamos la gigantografía donde está desde hace muchos años el cartel del Gobierno”.

Por la altura, se les dificultó un poco ubicarla, pero fueron ayudados por un par de obreros que trabajaban en la construcción del parador. Ellos les contaron que la obra está frenada, los ayudaron y se fueron deseándoles que les hagan el polideportivo. La idea original era volver a bajar la imagen, pero fue tan bien puesto que mejor dejarlo ahí.

La noche divide al día y, para combatir la oscuridad y el frío, otra integrante prende un fuego junto a los niños que la ayudan buscando ramas para avivar las llamas. Al mismo tiempo, se reúnen todos adentro para celebrar la convocatoria, ver una vez más un video que armaron y dirigirse hacia la puerta del terreno. Ahí, con linternas para la ocasión, iluminan la foto que pusieron por sobre el cartel gubernamental, enfocando a quienes se encontraban prestos a ejercer un deporte. La performance lleva de nombre “¿Y el polideportivo dónde está?”.

Terminada la puesta en escena, se disponen para sacarse fotos, aplauden y se saludan, algunos se retiran y otros vuelven a La Cuevita a seguir charlando y proyectar cómo seguirla para que este sea el año en que puedan ver su proyecto hecho realidad.

Otra vez, Concordia bajo el agua

Otra vez, Concordia bajo el agua

Las constantes lluvias de los últimos días trajeron una fuerte crecida del Río Uruguay, que inundó la zona ribereña de la ciudad y obligó a cientos de vecinos a ser evacuados. Los lugareños aseguran que es un fenómeno cada vez más frecuente.

Las lluvias no cesan en Concordia y los vecinos saben que inevitablemente tendrán que tomar recaudos. Algunos se refugian en la planta alta de sus viviendas, esperan que el temporal amaine y el agua baje. Otros toman los elementos más indispensables y esenciales, y se van en busca de resguardo a otro sitio.

Para los vecinos de una de las ciudades más populosas de Entre Ríos esta situación no es novedosa. De hecho, llevan décadas acostumbrados a las fuertes crecidas del Río Uruguay, que marca el límite geográfico con el país homónimo. Desde la gran inundación de 1959 -que dejó un saldo de 13 fallecidos, más de 10.000 evacuados y a casi toda la ciudad inundada por una crecida que alcanzó 17 metros-, cada cinco ó seis años se repiten los días de lluvia constante y el inevitable desborde del cauce de agua.

La represa Salto Grande, creada en la década de 1980, ayuda a regular la altura del río y a que los vecinos estén en alerta ante una posible crecida. Además, en 2005 se construyó una defensa que evita anegamientos en la zona sur. Sin embargo, quienes viven cerca de la ribera quedan inexorablemente expuestos a perder lo poco que tienen. Una y otra vez.

Lo llamativo es que el lapso entre temporales se acortó notoriamente. Sin ir más lejos, a fines del año pasado hubo una inundación más fuerte que la actual, que en aquel momento no tuvo eco en los medios de comunicación de alcance nacional, enfocados en las elecciones presidenciales.

Ahora, el Río Uruguay volvió a crecer y la ciudad considerada Capital Nacional de la Citricultura y una de las inspiraciones del francés Antoine de Saint-Exupéry para escribir El Principito se transformó en noticia para algunas redacciones situadas en la CABA.
A pesar de haber tenido que tomar resguardos, los vecinos descreen de lo que se dice en los noticieros. Ellos creen que la inundación no tiene nada que ver con lo que está pasando en el sur de Brasil, pero sí admiten que la mano del hombre está involucrada. La tala de árboles, el desmonte para comerciar madera o sembrar tiene consecuencias para la comunidad. En el medio, la gestión del intendente radical Francisco Azcué, que el año pasado desbancó al peronismo que gobernaba desde el regreso de la democracia, está ante su primer gran desafío.

“Nunca estás preparada”
Selva Acevedo Miño, vecina de Concordia, tiene su casa a unos 150 metros del Río Uruguay y sostiene que de momento lo está sobrellevando. “No llegó a mi casa, pero estamos ahí a la espera. A mi vecina ya le llegó y tuvo que irse”, relata en diálogo con ANCCOM. “Nunca estás preparada para esto. La última inundación fue a finales del año pasado y me estresé bastante. Esta vez ya, por decisión propia, decidí tomarlo diferente”, agrega la docente jubilada, que vive sola en su hogar.
Así como los isleños cargan todas las cosas en sus botes y las mudan a otro lugar antes de un temporal, Selva cuenta que ella hace algo similar, pero con un camión. Allí carga sus pertenencias al galpón de alguna amiga que acuda en su ayuda. Mientras tanto, muda lo esencial a la planta alta de su vivienda, donde se refugia hasta que pase lo peor y pueda retornar a su vida normal. Ella sostiene que estas situaciones “se compensan con la belleza del lugar”.
Por otra parte, cuenta que hace un tiempo, con las frecuentes inundaciones, trata de tener cada vez menos cosas materiales. “Regalo cosas en cada creciente, a mí en lo personal me sirve para desprenderme”, confiesa. “Empezás a convivir con esto sabiendo que ocurre por un montón de motivos, hay muchas causas, pero yo creo que lo fundamental es el desmonte que se ha hecho”, analiza Acevedo Miño. “Ahora ya no pasa cada 5 años, es más frecuente. El humano está destruyendo su planeta, su hábitat. Yo acá tengo un lugar precioso que da al río y lo cuido, planto, hago lo que puedo”, sostiene. A pesar de la situación, ella es optimista. “Estoy convencida de que cada vez somos más los que tomamos conciencia e intervenimos en esto de cuidar el ambiente”, asegura.
En ese sentido, la solidaridad de la comunidad surge cuando las aguas llegan a la superficie: “Muchísima gente está ayudando y dando lo que tiene y, muchas veces, lo que no tiene. Sobre todo, en este momento que hay tanta tristeza y tanta angustia en la gente”, considera.

“La mano del hombre causó esto”

Hugo Ledesma frecuenta el Río Uruguay desde que tiene uso de razón. Nació y fue criado muy cerca de allí, su padre era casero del Club de Regatas de Concordia, y actualmente asiste regularmente a esa institución, donde suele subirse a una embarcación para recorrerlo. “Llevo toda la vida influenciado por la naturaleza del Río Uruguay. He sido nadador, remero, navegué, todas las actividades náuticas que uno se pueda imaginar, y sigo en la misma onda”, cuenta. El hombre asegura que ya vivió entre 20 y 30 crecientes de la magnitud de la actual. En ese sentido, se muestra crítico de la información que se difunde en los medios de alcance nacional, a los que acusa de “meterle miedo a la gente” y no mencionar referencias, ni medidas exactas.

“Acá hay un elemento que lo maneja el hombre, que es la represa de Salto Grande. El régimen del río antes dependía de la cantidad de lluvias en la zona de los afluentes brasileños. Vos sabías qué milimetraje caía y en 48 o 72 horas, tenías una determinada medida de altura en creciente. Hoy, la represa manipula la corriente natural que había en aquella época. Es decir que no es más natural”, explica. “Cuando hay noticias de que al norte está cayendo agua y está ingresando al cauce del río Uruguay por los afluentes, la represa evacúa el agua que tiene en ese momento e inunda la ciudad de Concordia en un nivel que no es un pico muy alto, pero sí que tiene muchos días de permanencia”, agrega.

Según el testimonio de Ledesma, esta situación hace que el río se extienda hasta la cota 14 de la ribera, donde el Municipio tiene prohibido la instalación de viviendas. ¿Qué pasa? Mucha gente que no tiene otro lugar donde vivir elige ese lugar. Son las mismas familias que, en pleno temporal, tienen que ser socorridas por las autoridades. “Es el drama social que estamos teniendo acá”, sostiene.

Actualmente, se estima que la crecida alcanzó los 13,5 metros. Un nivel que inunda la ribera y sus adyacencias, pero que está lejos de los 17,75 metros de la inundación histórica de 1959.

No obstante, el agua llegó hasta las instalaciones del Club Regatas del que Ledesma forma parte. Tuvo que salir con un kayak a trasladar elementos que estaban en un depósito que fue afectado por la inundación.

“Se arruinaron las instalaciones que están en la planta baja del club, se rompieron vidrios y se dañaron las instalaciones eléctricas. Además se acumula barro en las veredas. Esta zona es de agua limpia, pero cuando viene el agua del norte arrastra un montón de barro y lo viene depositando a las partes donde no corre el lecho del río”, explica. “Es complicado, pero estamos acostumbrados. El parque del club se nos inunda con 10,5 metros. Hoy estamos a 13,5. así que estamos con tres metros de agua sobre el parque”, agrega.

Desde su punto de vista, el hombre considera que Concordia está a merced de un cambio del régimen climático, que en parte podría ser explicado por la presencia de la represa y el lago que la circunda junto a los desmontes. “Antes los veranos eran secos y ahora cae agua a baldes. Ya no tenés parámetros”, grafica. “La represa formó un espejo de agua inmensamente grande, que ahora es un lago donde se navega, se pesca. Ese espejo de agua evapora 100 veces más de lo que evaporaba el río en su cauce normal. Esas cosas modifican los climas, al igual que los desmontes”, remarca Ledesma.

“La mano del hombre causó esto en Concordia. El clima húmedo que hay actualmente, los casos de alergia y cómo han crecido un montón de pestes como el mosquito o la proliferación de carpinchos, que hoy tenés que andar frenando para que pasen y antes era muy difícil ver uno. El lago es una cosa hermosa, pero genera un desbalance de la situación silvestre y animal”, sostiene.

Un hueco en la casa

Norma Issler es otra de las vecinas de Concordia que puede dar fe del temporal que ocurrió en los últimos días. A diferencia de otros de los lugareños, no está tan cerca de la zona afectada por las inundaciones, pero conoce lo que sucede cada vez que el Río Uruguay se desborda.

“Cada seis años, más o menos, se registra esta inundación. Ahora hace cinco meses que se produjo una de la misma importancia que esta, pero en esta oportunidad los medios de comunicación se hicieron eco de lo que pasó. La realidad es que nosotros convivimos con las inundaciones, es frecuente”,  confiesa. Desde su punto de vista, el cambio climático es uno de los factores que causan estos desbalances. Sobre todo, con la tala indiscriminada de árboles que ocurre en toda la región del Litoral, pero fundamentalmente en la provincia de Misiones. “Se cansaron de desmontar”, reclama. “Está claro que no hay un solo factor, son varios factores que coadyuvan, pero hay una relación directa entre la deforestación y estas inundaciones”, advierte.

Issler vive cerca del centro, una zona que no está afectada por el agua, pero cuenta que conoce gente que vive a cinco cuadras y tuvo que ser evacuada. De hecho, hizo un hueco en su casa para recibir a una amiga y sus muebles hasta que pase el temporal. “Tu casa queda totalmente arruinada porque después, cuando baja la creciente queda todo el residuo de cloacas y de los desechos. Además, eso arrastra alimañas, camalotes con reptiles y pulgas”, relata.

No obstante, Issler también resalta la fraternidad que despierta pasar por estas situaciones: “Concordia entera se activa y es muy solidaria. Ya todos sabemos que largamos todo zapato, comida, muebles”, cuenta. También cuestiona el tratamiento mediático de lo que está sucediendo en la ciudad entrerriana, donde se sostiene que toda la ciudad está bajo agua, pero en realidad el centro sigue con su vida normal, con teatros, restaurantes y los complejos termales. “Hace mucho daño y lo digo en nombre de los comerciantes. Con todo esto, la gente no viene a la ciudad y nosotros vivimos del turismo”, protesta.

Por lo pronto, esta semana salió el sol en Concordia. El agua sigue en la zona ribereña, pero si el clima cambia seguramente volverá a subir el agua. La incógnita pasa por saber cuándo ocurrirá eso. “Estas cosas no las maneja nadie”, reflexiona Issler.

El drama de Porto Alegre

La ciudad de Concordia sufre una nueva inundación producto del desborde del Río Uruguay, pero afortunadamente los evacuados fueron apenas 500 y no se lamentaron víctimas fatales. Distinta es la situación en Porto Alegre y el sur de Brasil, donde las copiosas lluvias desembocaron en una de las peores tragedias naturales de su historia.

Según los últimos reportes, la capital del estado de Rio Grande do Sul acumula 144 fallecidos y más de dos millones de personas damnificadas por las lluvias, que sepultaron bajo el agua prácticamente la totalidad de la ciudad y las zonas aledañas.

Daniela Sallet es una periodista brasileña que actualmente no ejerce el oficio, pero reside en Porto Alegre y está viendo en vivo y en directo todo lo que sucede allí. Afortunadamente, está en una zona que no fue afectada directamente por el temporal, sin embargo está colaborando como voluntaria en los operativos de ayuda. “Hay un gran movimiento de gente que está donando su trabajo en beneficio de los desalojados, de la gente que perdió todo en su casa”, le cuenta a ANCCOM mientras selecciona ropa donada en una escuela del distrito para destinar a las familias que perdieron todo con las lluvias.

“Las donaciones llegan de todo Brasil e, incluso, desde el exterior. Es muy emocionante todo esto”, relata. “Emociona ver a la gente involucrada con eso. Pero la preocupación de quien entiende un poco de la situación es que eso en un rato, la gente también no va a donar todo el tiempo. Entonces hay que mantener esa movilización porque el problema no va a pasar muy rápido”, alerta.

Las escuelas y los clubes se transformaron en lugares de abrigo para los damnificados e, incluso, para los animales. Por eso, tanto Porto Alegre como la región del sur de Brasil están en una situación de stand by. No hay clases y cualquier actividad está frenada. “Esto es muy trágico, porque volvió a llover. Entonces hay algunas áreas que el agua bajó, pero los gobiernos dicen no vuelvan a casa porque puede volver a entrar agua”, cuenta Sallet.

“Empecé a trabajar como voluntaria para no estar todo el tiempo conectada con las noticias. Porque las redes están casi 100% con este tema. Decidí colaborar con la gente para no enfermarme”, confiesa.

Es tan grave el panorama que el gobierno del estado y el federal están analizando la idea de instalar una ciudad temporal fuera de la zona afectada. Es decir, llevar a las familias a un lugar para que los niños puedan retomar las clases y la actividad comercial vuelva a su cauce natural.

“Los refugios donde está la gente son escuelas, gimnasios y lugares que tienen otra utilidad. Hoy no tenemos aulas, no hay clases, las escuelas no volvieron aún. Entonces hoy es algo que es necesario profundizar”, explica.

Este temporal tuvo lugar luego de varias advertencias por parte de especialistas y ambientalistas. A eso hay que sumarle que la legislación que protegía el medio ambiente sufrió varias modificaciones durante el gobierno de Jair Bolsonaro, negacionista del cambio climático.

“Fue una lluvia muy por encima de lo normal. En un día cayó lo que estaba previsto para un mes, es difícil no imaginar lo que podía pasar. Esto es muy trágico”, cierra la periodista brasileña.