Los días del hambre

Los días del hambre

Referentes de comedores y merenderos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano cuentan cómo se las rebuscan para ayudar a las miles de personas que carecen de recursos para alimentarse, mientras el Gobierno de Javier Milei se niega a entregar mercadería.

Ante la emergencia alimentaria profundizada por la crisis económica recesiva, el comedor popular Vientos de Libertad ubicado en el barrio de Parque Patricios, el merendero solidario Pancitas Contentas de la ciudad Mariano Acosta de Zona Oeste del Gran Buenos Aires y la Red de Apoyo Escolar que incluye a 17 Organizaciones Educativas y Comunitarias distribuida por los barrios populares del Conurbano Bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, intentan contener a quienes quedaron excluidos por las medidas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei. ANCCOM conversó con las referentes de los tres espacios que cada vez deben asistir a una mayor cantidad de personas que necesitan alimentos frente al alza de los precios y a la ausencia de políticas públicas para paliar el hambre.

Lo más urgente: conseguir alimentos

“A veces se enojan porque la comida no alcanza y nos tenemos que bancar las puteadas. Nosotros nos ponemos en el lugar de ellos: es el único plato de comida que comen al mediodía y después no comen hasta el otro día al mediodía», manifiesta Graciela “Chula” Lazarte, cocinera desde hace 6 años y hoy coordinadora del espacio de cocina del comedor Vientos de Libertad que alimenta entre 180 y 200 personas por día. Frente a la escasez de alimentos tuvieron que empezar a implementar un sistema de números para evitar las confrontaciones y problemas. 

A las doce del mediodía, en la puerta del lugar se van sumando hombres, mujeres y niños a una fila que se alarga por toda la cuadra. Esperan, mientras una de las repartidoras que entrega las viandas, reparte los papelitos con un número dibujado a cada uno de los que se acerca. La cantidad de papelitos depende de la cantidad de viandas que hayan alcanzado a hacer ese mismo día. El comedor de Atuel, dejó de percibir la entrega de alimentos por parte del Estado desde diciembre de 2023. En respuesta a esta situación, las cocineras se organizaron para realizar un fondo común en el que cada una de ellas hace un aporte para tratar de cubrir los gastos de los alimentos y mantener el volumen de comida que venían cocinando sin que baje la calidad de las viandas.

Por otro lado, el Merendero de Pancitas Contentas llevado adelante por Estela Escobar en su casa desde hace 6 años, con ayuda de toda su familia, se vio en la necesidad de reducir la frecuencia con que brindaban la merienda a los niños y vecinos humildes del barrio: “En principio teníamos tres veces a la semana. Hace un tiempo atrás teníamos 2 veces a la semana, y ahora ya solamente podemos una vez a la semana, los sábados al mediodía”. Además, agrega que la recesión impactó en los comercios del barrio que realizaban donaciones para ayudarla a conseguir los alimentos. Pese a la solidaridad que percibe de los vecinos de Mariano Acosta, menos personas están en condiciones de donar, lo que se traduce directamente en lo que ella puede recaudar para las meriendas.  

Margarita Zubizarreta es referente de la Red de Apoyo Escolar (RAE) con centros que asisten a 3000 destinatarios. La red cuenta con prestaciones de alimentos desde 1989 y auditorías todos los meses. Por primera vez en 20 años dejaron de percibir los fondos para poder comprar la comida y poner en funcionamiento las cocinas. Esto terminó con 13 de los 17 centros, cerrados. El cese de las prestaciones se realizó sin ningún tipo de explicación. La referente cuenta que al principio mandaron una carta al programa avisando sobre la baja de la calidad de la comida, trataron de estirar con el stock de alimentos secos (fideos y arroz) y terminaron endeudados con los proveedores de los alimentos para poder garantizar a los niños y niñas que asisten, al menos una comida caliente al día, durante las últimas dos semanas. Finalmente advirtieron que sin recursos, el 30 de mayo iban a tener que cerrar y así sucedió en 13 de los 17 centros de la Red.  

Las tres trabajadoras coinciden en que aumentó la cantidad de personas que asiste a los comedores y centros comunitarios. En este sentido, Zubizarreta confirma que aumentó la demanda e incluso hay listas de espera y suma que cada vez hay más personas mayores pidiendo alimento en los espacios: “¿Cómo les decís que no a todos ellos que están viviendo con 100 mil pesos por mes?”. 

En el caso del Merendero Pancitas Contentas, Escobar cuenta que cada vez le llegan más solicitudes a través de conocidos que piden llevar a sus familiares: “Lamentablemente no podemos anotar a más gente porque a veces no logramos cumplir con ellos”. Graciela Lazarte, nota que se acercan muchos vecinos jubilados del barrio de Parque Patricios. “Eso es nuevo”, comenta.

Además la cocinera de Atuel recuerda que durante la gestión del gobierno actual fueron una sola vez a inspeccionar el comedor y les exigieron “pintar el lugar o podía correr el riesgo de cerrar”. En contraste con el gobierno anterior en el que todos los meses les alcanzaban la mercadería, “Ahora no nos entregan nada”.

“Están jugando con la necesidad de la gente”

Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), en este último trimestre de 2024 la pobreza alcanzó el 55% de la población del país y se duplicó el nivel de indigencia llegando hasta el 18%. Además, la  economía argentina cayó en marzo un 8,4% según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec. Se le suma una caída del empleo durante los últimos cuatro meses del 1,4% según el Ministerio de Trabajo. Esto es acompañado por una inflación alta en productos de primera necesidad. Frente a la crisis social, económica y alimentaria, el gobierno respondió los últimos cinco meses negando la existencia de los más de 5 millones de kilos de alimentos guardados en galpones, algunos a un mes de vencerse y otros ya vencidos en febrero. Cuando finalmente se supo la existencia de los alimentos a través de una investigación periodística presentada por el medio de comunicación El Destape y frente a la presión por la visibilización que obtuvo el caso, el juez Casanello tuvo como resolución que el ministerio de capital humano debía entregar un plan de distribución de los alimentos en el plazo de 72 horas. Aunque desde el gobierno anunciaron que los alimentos serán repartidos por el Ejército, vencido el plazo todavía no presentaron el plan correspondiente por lo que podría empezar un proceso judicial por rebeldía. La cartera de Sandra Petovello decidió apelar a la decisión del juez Casanello y, aunque fue admitida, prevalece la orden para presentar el plan para repartir los alimentos. Hasta el día de la fecha el comedor de Parque Patricios no recibió los alimentos ni obtuvo novedades sobre la mercadería en los galpones de Capital Humano.

A la par, se dio a conocer el convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). El organismo lanzó un comunicado en el que manifiesta el objetivo original del acuerdo: “Desde el inicio de la gestión actual, el Ministerio de Capital Humano y la OEI firmaron un convenio para la prestación de servicios de personal transitorio y la adquisición de alimentos destinados a mejorar la calidad nutricional de familias en situación de vulnerabilidad”. El organismo se desliga de la decisión del ministerio encabezado por Sandra Pettovello de tercerizar la contratación de funcionarios por fuera de la órbita del control estatal, lo que conlleva a una baja transparencia sobre el paradero de esos fondos y qué se hizo con los mismos. El escándalo terminó con el despido de Pablo de La Torre de la secretaría de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, y el secretario denunciado por el gobierno en la Oficina de Anticorrupción.

Margarita Zubizarreta, en diálogo con ANCCOM cuenta que supone, debido al escándalo que terminó con la salida del funcionario, finalmente obtuvieron en el día de ayer los fondos para volver a poner en funcionamiento las cocinas de los centros. Sin embargo, el tiempo que duró el faltante de alimentos obligó a cerrar el jueves y viernes la asistencia, lo que constituyó “un desastre total, porque muchos no tienen comida en la escuela y en el único lugar que comían algo calentito y de calidad era en el centro. Era la única comida que tenían los pibes por día”. 

También, en respuesta a la gestión de los alimentos del gobierno libertario en medio de la emergencia alimentaria, Estela Escobar dice: “Es una política sucia. Están jugando con la necesidad de la gente. No los están utilizando, están jugando con ellos”.

El ajuste a cualquier costo

«¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre. De alguna manera va a decidir algo para no morirse. No necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque alguien lo va a resolver». El presidente Javier Milei pronunció estas palabras en la universidad de Stanford en Estados Unidos el 28 de mayo de 2024. “¿Qué le diría? Que vayan un solo día a vivir en una casita de chapa en José León Suárez, en Pacheco o en Moreno Cuartel Quinto. Un solo día. Que ellos vayan a vivir un solo día en una casita de tierra con techo de chapa en este invierno y después que me vengan a contar si ‘el pobre es pobre porque quiere’ y ‘no tiene voluntad para salir adelante.’ Que un día solo vayan a vivir ahí”, responde Margarita Zubizarreta. Las políticas que se desprenden de la ideología libertaria impactan directamente en la calidad de vida de las familias. En este sentido, cuenta: “se desmayan los pibes en la escuela” y argumenta “Si aumenta la pobreza y la indigencia, el reflejo es inmediato en la situación de salud y de nutrición”.

Además, expresa que aunque recibieron las prestaciones, toda la comunidad, el barrio, la organización y las familias se mantienen en alerta y preocupadas tras haber llegado a la situación límite, nunca antes alcanzada, de tener que cerrar los 13 espacios de la Red por falta de recursos. En este sentido, concluye diciendo que el ajuste no puede ser a cualquier costo.

La versión argentina de Dr. Jekyll y Mr. Hyde

La versión argentina de Dr. Jekyll y Mr. Hyde

Mientras que el gobierno de Javier Milei goza todavía un gran apoyo popular, una encuesta realizada por el Programa de Investigación Regional Comparada de la Estructura Social Argentina, que aglutina a 15 universidades, muestra que la abrumadora mayoría del país se opone al retiro del Estado de la salud, la educación y de las regulaciones económicas.

Los resultados de una reciente investigación del Programa de Investigación Regional Comparada de la Estructura Social Argentina (PIRC-ESA) ponen en cuestión la importancia que le otorga la ciudadanía a la presencia estatal. ¿Es posible que los argentinos reconozcan el valor del Estado a pesar de votar un gobierno como el de Milei, que lo considera una “organización criminal”?

Concretamente, el estudio muestra que una mayoría de las personas que está a favor de la presencia estatal en ámbitos como la salud y la educación. El PIRC-ESA es un programa federal en el que participan 15 universidades nacionales, entre ellas la UBA, y la investigación aludida consistió en una encuesta probabilística presencial de 1500 casos (personas de distintos grupos de edad y géneros) de todo el país, relevada entre abril y mayo de este año.

El 81 por ciento de la población encuestada se pronunció a favor de la regulación y del subsidio de tarifas y servicios, el 76 por ciento cree que el Estado debe intervenir en el mercado inmobiliario para ponerle tope a los alquileres, y el 72 por ciento que debe garantizar el derecho a la vivienda única familiar a través de distintos financiamientos.

En diálogo con ANCCOM, el sociólogo Julián Rebón, doctor en Ciencias Sociales e integrante del PIRC-ESA, afirma: “Estos datos muestran que es discutible el consenso en cuanto al repliegue de todas las áreas del Estado y que todo puede ser comprado y vendido sin ningún tipo de regulación. Según los resultados, lo público y la intervención estatal están muy bien vistos”.

Para entender la contradicción entre los resultados del estudio y lo que la ciudadanía eligió en noviembre pasado, Rebón sostiene: “Hay dos elementos. Por un lado, la gente vota por diversas razones, y algunas pesan más que otras, seguramente el tema inflacionario pesó más que otras aristas. Por otro lado, en este estudio no indagamos sobre qué tan importantes son los temas sobre los cuales preguntamos, o sea, cuál es el tono valorativo que les dan. Esto no quiere decir que la población va a apoyar todas las medidas del Gobierno, pero tampoco quiere decir que van a dar la vida por ello. El común de los ciudadanos no funciona como una orquesta sincronizada”.

Lejos del apoyo a la desregulación del mercado de trabajo y a la eliminación de la moratoria jubilatoria, el 83 por ciento de los encuestados está a favor de aumentar las multas a las empresas que tienen empleados en negro y el 72 por ciento considera que el Estado debe garantizarle una jubilación a quienes no hayan realizado aportes suficientes en su vida activa.

Además, según el estudio, la ciudadanía también se opone a la mercantilización de servicios sociales básicos como la salud y la educación: el 86 por ciento cree que el Estado debe garantizar la educación primaria y secundaria, el 83,5 por ciento está a favor de que las universidades sigan siendo gratuitas y el 78 por ciento está en contra de arancelar la atención en los hospitales públicos.

Al respecto, Rebón afirma que, si bien falta presupuesto en la mayoría de las universidades, el Gobierno tuvo que parar un poco y cambiar el rumbo de su política tras la masiva marcha del 23 de abril. “Hay una sociedad polarizada que, a pesar de haberlo votado, no necesariamente ‘compra’ toda la agenda del Gobierno. El sentido común es fluido y heterogéneo”, precisa.

En cuanto a las políticas referidas a poblaciones vulnerables como niños, niñas, adultos mayores y personas en situación de calle, la encuesta arrojó que el 75,3 por ciento está a favor de garantizar jardines maternales públicos y el 93 por ciento sostiene que hay que subsidiar los medicamentos para los jubilados. Asimismo, el 82 por ciento considera que el Estado debe proveer alimentos a los comedores populares.

El apoyo a la regulación y sostén estatal es sistemáticamente algo mayor entre las mujeres que entre los varones (entre dos y cinco puntos porcentuales) en todas las dimensiones descritas, debido a que son de las más afectadas por estas políticas y están muy implicadas en las tareas de cuidado.

Además, los segmentos de la población de bajos y medios niveles educativos tienen “una percepción más estatal”, ya que para ellos el Estado es un elemento de protección, y exhiben un acuerdo aún más intenso respecto a las políticas de formalización del empleo e intervención en el mercado laboral. Y el grueso de los encuestados con altos niveles educativos expresan un sesgo aún mayor hacia la defensa de la educación pública.

«Se busca comida, ¡nos hace falta!»

«Se busca comida, ¡nos hace falta!»

Cerraron trece comedores comunitarios de la RAE por falta de fondos para comprar alimentos. Ya lo habían hecho al menos otros seis. Para muchos niños era la única posibilidad de una comida caliente diaria. Desde la red anunciaron ollas populares para el 5 de junio y una marcha al Ministerio.

 

La Red de Apoyo Escolar y Educación Complementaria (RAE), una asociación civil que nuclea el trabajo de dieciséis organizaciones situadas en barrios del conurbano bonaerense y CABA, anunció que desde el 30 de mayo, trece comedores comunitarios cerraron sus puertas por falta de pago del programa Abordaje Comunitario (ex PNUD), dependiente del Ministerio de Capital Humano. Como resultado, quedaron sin comida a 3000 pibes y pibas, jóvenes y adultos que se encuentran bajo la línea de pobreza, muchos de ellos en situación de indigencia. Se pone en riesgo su salud, ya que la mayoría no cuenta con alternativas para acceder a un plato de comida. Luego de una asamblea anunciaron ollas populares y una marcha al a la Cartera de Sandra Pettovello para el 5 de junio.

“Nos va a tocar estar a la altura de las circunstancias, estar al lado de los pibes que se empiezan a desmayar en las escuelas por hambre. Tendremos que estar al lado de ellos”, afirmó a AM 530 Somos Radio, Margarita Zubizarreta, referente de RAE.

RAE forma parte, a su vez, de InterRedes que nuclea a seis agrupaciones similares que llevan 30 años en articulación y representan 200 organizaciones sociales comunitarias. Trabajan en apoyo educativo, espacios socioculturales y de participación comunitaria. Lo que ahora denuncia RAE ya le sucedió a la Red El Encuentro, también perteneciente a InterRedes: seis centros comunitarios dejaron de cocinar por falta de alimentos desde el 27 de mayo, cuando 1.300 niños, jóvenes y familias, quedaron sin comida.

“Nos desfinancian la RAE y El Encuentro, pero la semana que viene puede pasar lo mismo con las otras redes. Está siendo progresivo y no tenemos noción de que va a pasar”, cuenta Zubizarreta con preocupación. La RAE convocó a una asamblea en Nuestro Lugar, uno de sus centros en San Fernando. Desde allí, en diálogo con ANCCOM, Margarita Zubizarreta contó: “Acabamos de resolver hacer ollas populares en los 17 centros de la RAE el miércoles que viene a la misma hora, hacer una asamblea el jueves a la mañana en este mismo lugar, hacer un amparo judicial y seguir trabajando con las organizaciones de cada barrio y fortaleciendo la articulación con los municipios, para trabajar y hacer una movilización la semana que viene con las seis redes, que son 200 centros y 22.000 niñas, niños, jóvenes y adolescentes destinatarios de esas redes. Hacer una movilización a capital humano”.

Decir No

La referente del espacio cuenta que los chicos les piden comida y tienen que decirles que no hay: “Es imposible decirles que no. Es un desastre. Los mismos chicos nos lo dicen, están haciendo carteles. Hacemos asambleas con los educadores comunitarios, para que sepan lo que está pasando y ver qué podemos hacer. Saben que hay un depósito de mercadería que está ahí acumulada. Las familias de los chicos ya saben todo. Nos dicen que en las escuelas, en muchos casos, no estaban comiendo y que esperaban llegar al centro para tener la única comida del día: una comida de calidad con los recursos que nos daban del programa. Ahora decirles que no, nos está costando un montón. Estamos intentando estirar con lo poco que queda de fideos, arroz, pero realmente no lo podemos sostener. No tenemos de donde sacar recursos.

«Se busca “comida”: ¡nos hace falta!», menciona el cartel hecho por un niño que asiste a comera a RAE.

La RAE, contaba con tres maneras de administrar los Fondos de Abordaje Comunitario: la presencialidad, la vianda o el bolsón, todas ellas, auditadas permanentemente. Tras anunciar el cierre, desde RAE señalaron que cumplían con todos los requerimientos legales y administrativos así como con las auditorías implementadas por el Ministerio de Capital Humano. Aun así, el Estado nacional no transfiere los fondos para alimentos, alegando “demoras administrativas” en el traspaso de los recursos del Ministerio de Economía al programa.

Sin las organizaciones sociales la situación es realmente muy grave, explica Zubizarreta: “Si no recuperamos el aporte en alimentación y no logramos sostener el aporte que ademas realize la Provincia para lo socioeducativo, se van a tener que cerrar los centros. El impacto que uno ve y que nos refieren las familias después de tantos años es que se perdería reconocimiento, valoración, confianza; si se pierde eso, es un golpe mortal para los barrios. Entendemos que el Gobierno de la Provincia va a hacer lo imposible porque estamos en diálogo con funcionarios y nos dicen que lo último que van a hacer es eso. El tema es que no sé cómo van a ir acompañando semejante inflación y bajos salarios. No sé si lo vamos a poder sostener”. Y agrega: “Desde enero, con la incertidumbre de no saber si seguimos o no, estamos sin dormir. No damos más. Estamos al lado del padecimiento, y es muy difícil de comunicar, hay que estar”.

Se puede aportar económicamente a RAE, con donaciones por única vez o todo el año. También se puede contactar con esa finalidad al mail: Colaboraconrae@gmail.com.

 

Quinientas vueltas para conseguir comida

Quinientas vueltas para conseguir comida

Representantes de los comedores populares nucleados en la Fundación Papa Francisco se manifestaron en el Obelisco para reclamar al Ministerio de Capital Humano que entregue los alimentos confiscados. La Fundación asiste a 30 mil familias todos los días.

La fundación Papa Francisco realizó una marcha de silencio este miércoles al mediodía en el Obelisco para repudiar la negación del gobierno a entregar las cinco mil toneladas de alimentos que se encuentran almacenadas en depósitos desde hace seis meses.

La consigna de la actividad era realizar 500 vueltas al Obelisco para solicitar el reparto de comida. Liliana Sanuchi, presidenta de la fundación, detalló: “Hacemos este reclamo porque la situación de los comedores es muy grave, cada vez recibimos más gente que no llega a fin de mes”, luego enfatizó: “No puede ser que haya comida guardada mientras estamos en emergencia alimentaria”. 

El reclamo comenzó minutos después de las 12 y contó con la presencia de los directores de las 18 delegaciones del conurbano bonaerense que acudieron en representación de los comedores y las familias. Las 500 vueltas se fueron realizando por tandas con carteles que expresaban la leyenda de “A no aflojar” y “Fundación Papa Francisco presente”.

En diálogo con ANCCOM, Sanuchi detalló la presencia que tiene la organización: “Solo en el conurbano asistimos a más de 400 comedores lo que se traduce en 30.000 familias por mes, en las provincias por su parte es imposible contabilizar porque la cantidad de gente que pide ayuda crece día a día”, remarcó la dirigente. Por su parte, Liliana Leiva, directora de la delegación de Florencio Varela, detalló: “Desde octubre no recibimos mercadería, estamos haciendo lo que podemos, a pulmón y con donaciones privadas, pero no alcanza, en Argentina hay hambre”, cerró. 

El gobierno reconoció el martes, a través de su vocero Manuel Adorni, la existencia de los alimentos almacenados, pero argumenta que no se han entregado porque encontraron irregularidades en las auditorías que realizaron desde el Ministerio de Capital Humano dirigido por Sandra Petovello. “No distribuyen los alimentos porque dicen que hay comedores que no existen, pero yo fui auditado y hasta me felicitaron por como llevaba un registro de todo”, explica Eduardo Arellano, director de la delegación de Morón. Siguiendo esta línea el dirigente explicó: “Esto se trata de un relato que quieren imponer, primero reducen personal del Ministerio que se encarga de las auditorías y después denuncian”. 

En este contexto, el juez Sebastián Casanello ordenó que se entreguen los alimentos de inmediato pero el Gobierno ya anunció que apelará la medida, lo que generó indignación en los sectores populares. “Los tiempos de la justicia pueden ser un poco lentos”, subrayó Sanuchi.

La actividad finalizó a las 13 cuando las 500 vueltas al obelisco fueron completadas. “Elegimos esta vía de reclamo –cerró Sanuchi- para pedir y rogar que se entreguen los alimentos lo antes posible y así evitar que se pudran en un galpón mientras la gente no tiene para comer”.

Los discapacitados contra la desregulación

Los discapacitados contra la desregulación

Más de 10 mil personas se movilizaron en Olivos y en varias ciudades del país para frenar el proyecto del gobierno de Javier Milei que busca desregular las prestaciones para personas con discapacidad. La medida, que afectaría a 200.000 pacientes y 100.000 trabajadores.

El gobierno de Javier Milei busca desregular las prestaciones y tratamientos destinados a personas con discapacidad, actualmente financiados por el Estado y las obras sociales. Ante esta posibilidad, cientos de familiares, educadores y acompañantes terapéuticos se movilizaron hasta la Residencia de Olivos para detener esta medida. La masiva protesta, que según los organizadores reunió a más de 10 mil personas, también se replicó en varias ciudades del país, como Rosario, San Miguel de Tucumán, Villa María, Alta Gracia, Río Cuarto, Mendoza, San Juan y Salta.

Según el comunicado del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de las Personas con Discapacidad, el 10 de mayo se dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidas por la Ley 24901 se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones (y no vinculante entre ellos) incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas. Si bien desde la Agencia Nacional de Discapacidad aseguraban que sólo se trataba de un borrador, el proyecto ya cuenta con dictamen firmado del 24 de mayo por la Secretaría de Legal y Técnica, aguardando a la firma del Jefe de Gabinete y del Presidente.

¿Qué implica?

“La ley 24901 fija un nomenclador único de prestaciones básicas para las personas con discapacidad y determina un valor único para los distintos financiadores que son tres (Incluir Salud, PAMI y la Superintendencia de Salud, que regula obras sociales y prepagas). Hoy, desde la resolución del año 1999, todos los valores están regulados de la misma manera, sin importar el financista. Con este decreto se quiere destruir el nomenclador y dejar al libre albedrío de cada financiador el valor de la prestación”, comenta en diálogo con ANCCOM Gabriela Rovere, directora de la Escuela de Educación Especial Pablo Picasso. De esta manera, el sistema argentino, modelo a nivel mundial y que permite el acceso en igualdad de condiciones a todas las personas con discapacidad, se vería gravemente afectado. “Hasta ahora todos los chicos, más allá de la cobertura social que tuvieran, tenían el derecho a la misma prestación”, remarcó Rovere.

Según el petitorio presentado en la Residencia de Olivos, actualmente reciben atención 200.000 personas y hay alrededor de 100.000 que trabajan para que la misma sea posible. Independientemente de si el paciente tiene una pensión no contributiva o tiene una prepaga, todos tienen acceso a la misma institución y con la misma calidad de servicios. “La posible diversidad de aranceles en los distintos efectores puede llevar a que los prestadores, para cubrir sus reales costos, decidan trabajar solamente con los efectores que establezcan un arancel que les permitan brindar la prestación con sus exigencias”, remarca el petitorio presentado a Milei.

Florencia Poletto, directora de Khipu, centro de inclusión escolar para niños con discapacidad, denuncia: “Con esta desregulación vamos a tener pacientes de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Se perdería un derecho muy importante que ganamos hace 25 años: la universalidad para todas las personas con discapacidad”.

María Martínez, mamá de dos jóvenes con discapacidad, comenta: “Como madre, es una situación muy angustiante. Mis hijos progresan y están mejor gracias a todas estas personas que trabajan y que están acá. Sería muy triste perder sus servicios. Hoy se está hablando de prestaciones, pero sabemos que esto es la punta del iceberg, es el inicio de la quita de derechos”, agrega.

El diputado nacional Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, acompañado por Miguel Ángel Pichetto y Ricardo López Murphy, de Hacemos Coalición Federal, presentó un proyecto en el Congreso para pedirle al Poder Ejecutivo que se abstenga de sancionar el decreto para desregular las prestaciones de personas con discapacidad.

En el texto advierten que “en el caso de que entre en vigencia este proyecto de decreto, será más difícil el acceso a la salud de las personas con discapacidad, por cuanto muchos prestadores perderán interés en ofrecer sus servicios ante una insuficiente remuneración de su trabajo profesional (…) Al no haber aranceles preestablecidos y actualizados por la autoridad regulatoria, las obras sociales y las demás prestadoras de salud, pueden fijar arbitrariamente dichos aranceles en desmedro del justo reconocimiento por el servicio brindado», indica el texto que fue firmado por más de treinta diputados.

 

 

 

Los días que viajamos en peligro

Los días que viajamos en peligro

Los trabajadores ferroviarios denuncian que el choque de trenes de hace un par de semanas en Palermo no fue un accidente sino las consecuencias de las políticas de ajuste. Señalan que el desfinanciamiento tiene como objetivo generar deterioro para facilitar la privatización. El jueves, habrá medidas de fuerza para advertir la situación y reclamar aumentos salariales.

La Fraternidad, sindicato que representa a los maquinistas de trenes de todos el país, anunció mediante un comunicado una medida de fuerza para este próximo jueves 30 de mayo. Los trenes de pasajeros y de carga circularán durante todo el día a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. La medida es en reclamo por la recomposición salarial y para manifestar la seria preocupación por la falta de inversión sostenida en infraestructura en el sistema en general, causal de los accidentes que han ocurrido en estas últimas semanas. De no obtener una respuesta favorable por parte del gobierno, advierten un paro total para el martes 4 de junio.

Mónica Schlotthauer, diputada nacional por el FIT (Frente de Izquierda y de Trabajadores), delegada del Tren Sarmiento e integrante de la Unión Ferroviaria, conversó con ANCCOM sobre la situación del sistema ferroviario. Traza un paralelismo entre el anterior modelo menemista y la situación de desguace actual en los que observa el “destruir para luego privatizar”: “Hay una relación directa: los tipos quieren que el Estado ya no haga nada más que negocios para el bien del empresariado, que les voten leyes que les sirvan. Después no hay educación, no hay salud, no hay nada”, expresó. La diputada también trae a colación el entramado que cimenta la apuesta por la privatización como parte de un todo, de una destrucción total: “Es parte de un caos general al que van a llevar al país con todo este ajuste. Así no tenés luz para la universidad, no tenés seguridad en los trenes, no tenés medicación para el cáncer. Es parte de eso. Ellos, por supuesto, quieren también privatizar. Lo que tenemos que tener claro es que la privatización no es para evitar los gastos de los subsidios, porque acá ningún empresario va a querer tener trenes de pasajeros, que todos saben que son deficitarios. Solo van a venir a robar de los subsidios”, amplió la delegada.

Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado  (ADIFSE) sufrió un recorte del 92 por ciento en términos reales en relación al primer trimestre del año pasado, consecuencia lineal de funcionar con el mismo presupuesto que en 2023. Este desfinanciamiento implica una destrucción absoluta en materia de mantenimiento y control sobre la estructura de los ferrocarriles: maquinaria, vías, puentes y sistemas de señales, que no resguardan siquiera los estándares mínimos de seguridad operacional en algunas áreas, por lo que diferentes ramales funcionan constantemente con riesgo operativo o autorización del día.

Cristian Duarte, maquinista delegado del Ferrocarril Sarmiento, señala la importancia de que el sistema de señalización funcione adecuadamente: “Hay ciertas cuestiones que están naturalizadas dentro de la circulación de trenes que constituyen un riesgo total y son terribles: el sistema paliativo es una autorización para transitar de un punto hacia otro que se utiliza cuando el sistema de señalización no funciona”. Duarte explica que este sistema paliativo suele utilizarse en ramales poco transitados como es el caso del que va hacia Lobos o Mercedes. Pero explica que la peligrosidad es otra cuando se utiliza en ramales con frecuencia alta como es el caso del Sarmiento, en su recorrido desde Moreno hacia Once (aunque funciona con treinta formaciones menos) o el San Martín, que funcionaba sin señalización cuando ocurrió el choque de formaciones a la altura de Palermo el pasado 10 de mayo. Esta situación había sido advertida de forma anticipada por el presidente de Trenes Argentinos, Adrián Luque, quien alertó sobre la situación crítica de presupuesto que no alcanzaba a garantizar siquiera, el mínimo funcionamiento. El diagnóstico de Duarte coincide sobre las consecuencias de la desinversión estructural: “Cualquier desfinanciamiento, cualquier falta de políticas para resolver los problemas de fondo, el deterioro del material rodante y de la infraestructura ferroviaria, nos llevan a una situación como la del San Martín del otro día. El resumen más triste son los 52 muertos de Once que fueron resultado de una desidia total donde abandonaron por completo cualquier tipo de mantenimiento como consecuencia de la desinversión.”

Por otro lado, el maquinista se refirió al peligro que conlleva la profundización de este modelo de ajuste: “Las políticas de este gobierno apuntan no solamente en contra del conjunto de los trabajadores sino que también respalda los negociados con respecto al patrimonio nacional. Es una destrucción y un sometimiento total”.

Schlotthauer también se refirió a los ramales que son menos frecuentados donde el ajuste se vio agudizado y la frecuencia de los trenes escasea cada vez más. Este es el caso de ramales que se adentran hasta el cuarto cordón del conurbano bonaerense y llegan hasta localidades como Las Heras o Marcos Paz, que redujeron su servicio en un 60 por ciento, es decir que funcionan a un 40 por ciento de sus capacidades. El desfinanciamiento produce que múltiples máquinas estén paradas por la necesidad de recambio de repuestos que no se produce hace meses: “Lo que genera esta desinversión esencialmente es aislar, quitar oportunidades, dejar a la gente sin acceso a sus derechos”. La integrante de la Unión Ferroviaria amplía: “De Mercedes a Buenos Aires tenes que gastar 6.000 pesos si venís en colectivo. Olvídate de venir. ¡No podes gastar eso por día! Entonces la gente se queda sin nada, sin poder trasladarse a la capital, sin ferrocarril”.

“La privatización de los ferrocarriles argentinos enajena el patrimonio nacional”, declaró Ricardo Banegas, director de la escuela técnica de La Fraternidad, quien agrega otro elemento al análisis de la causas: “Entendemos que el trasfondo es el negocio inmobiliario- señaló en diálogo con ANCCOM-. Es monumental el valor que tienen los terrenos ferroviarios, por eso la idea es venderlos y hacer un negocio con esas tierras”. Además resaltó el marco reglamentario, legislativo y necesario que significa la Ley Bases para desarrollar materialmente la estructura en torno a un modelo privatista: “Tal cual como está presentado el proyecto de la Ley Bases, hay un solo renglón que define el destino de toda la industria, que es el de privatización y concesión, que no está justificado de ninguna manera”. Sobre las consecuencias de la privatización de empresas públicas de interés general, Banegas coincide con Schlotthauer: “Dan lo mínimo e indispensable para funcionar, no desarrollando obras de envergadura que hagan que el ferrocarril sea eficiente. Evidentemente están copiando un viejo modelo que se vivió en los años noventa, en donde no solamente se desfinancia sino que se genera en la opinión pública un desgaste y una idea errada que tiene como resultado final la premisa de que si funciona así mejor que lo hagan los privados”. Haciendo una historización, Banegas se retrotrae a cómo funcionaban los trenes cuando eran privados, en oposición a cualquier idealización: “Cuando se le entregaron las vías a los privados estaban a 120 km por hora y había trenes a todo el interior del país. Treinta  años después, los trenes funcionan con mucha más demora para llegar de un punto al otro, las velocidades son muy inferiores. Todo tiene que ver con que no se han hecho las inversiones necesarias comprometidas en el momento de la privatización”, explicó.

Sergio Galeano, también integrante del Sindicato La Fraternidad, comparte el diagnóstico y expresa que “apuntan a la destrucción del ferrocarril. Te lo digo así nomás: ya no hay inversión. Es muy preocupante porque esto ya lo vivimos con Menem: familias en la calle, sin trabajo. Esto es la vuelta a todo eso- sostuvo -. Y no pasa solamente acá. Esta destrucción no es solo al sistema ferroviario, sino de todo lo estatal. ¡Mirá el caso de Aerolíneas, también! Están destruyendo al país. No hay una sola para los trabajadores. La quieren toda para ellos”.

 

Amenaza de más despidos

Los trabajadores ferroviarios temen por la seguridad de sus puestos de trabajo ante el avance de estas políticas de desguace contra los trenes argentinos. En este sentido Ricardo Banegas explica: “La planificación está en reducir más de un 15 por ciento del plantel actual. Esa es una intención clara. Hay acciones: ya han presentado de alguna manera un plan de retiros voluntarios, que no se ven reflejados porque no tienen la plata para llevarlos adelante”.

“Acá el problema es que hay mucha gente” escucha de forma constante Schlotthauer de parte de la dirigencia del gobierno actual en el intento de respaldar el achique dentro del sistema ferroviario. A su vez, advierte sobre el peligro que significa el constante bombardeo acerca de que “sobra gente” en el Estado. “¡Pará!, ¿por qué no hacemos las cuentas de cuánto gastan en la gente y cuánto gastan en negociados? Porque el otro problema además de la desfinanciación y el vaciamiento es la plata que se llevan para negocios de ellos. Entonces acá no nos digan que lo privado anda mejor, como dice el presidente, porque acá el privado mató gente”.