“La Fiesta del Libro Usado es un acto de resistencia”

“La Fiesta del Libro Usado es un acto de resistencia”

Se realizó el tercer encuentro de la FLU, un evento que nuclea decenas de vendedores de ejemplares usados que promueven la lectura y pasión por la literatura.

“En estos tiempos, con un gobierno industricida, hambreador, segregacionista, endeudador, enemigo de la educación y de la salud pública, la FLU es un acto de resistencia”, expresó el escritor Jorge Consiglio en el discurso de apertura de la tercera edición de la Fiesta del Libro Usado (FLU), un evento gratuito que, bajo el lema “leer es una fiesta”, busca promover la lectura y el encuentro entre lectores, escritores, libreros y artistas.

Cientos de personas se acercaron este sábado a la Plazoleta del Lector de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno para disfrutar de una tarde de pleno sol, donde la literatura fue la gran protagonista, acompañada de charlas, música e intervenciones performáticas. Aficionados de todas las edades recorrieron los 40 puestos de librerías para conseguir ejemplares usados “buenos, bonitos y baratos”, algunos con historias propias marcadas en sus páginas.

“Me parece que el rol del libro usado, compartido, girado, o de bibliotecas propias pero que se hacen colectivas, es súper interesante porque nos habilita a leer”, contó Sofía Ponce Martínez, una jóven de 26 años que disfrutó del primer día de la FLU junto con amigas. Además de la venta de libros, el evento ofreció diversas actividades que permitieron el encuentro cercano de los lectores con reconocidos escritores. “Cuando lees un libro subrayado, un libro leído, estás leyendo otras cosas también. Estás leyendo el libro base y también la interpretación de otra persona”, agregó Sofía en relación a la actividad “lectura de subrayados”, protagonizada por la escritora Selva Almada y la cantante Paula Maffía.

La atmósfera festiva también se nutrió de la música en vivo y las performance artísticas, que le dieron al encuentro un toque de arte interdisciplinario. Al ritmo de la música, muchos aprovecharon para relajarse y disfrutaron de charlas e intercambios con sus pares bajo el sol de la tarde. En este sentido, Ricardo Zabaleta, un lector de 66 años, comentó: “Me encanta encontrarme con alguien y hablar de libros, de historias, de experiencias que hemos tenido”. A su vez, remarcó la importancia de la iniciativa “más en estos momentos, que nuestro país anda a los tropiezos”.

El interés por la lectura no discriminó edades. Los puestos ofrecían desde cuentos infantiles hasta clásicos de la literatura universal y libros de historia, algunos con más de un siglo de antigüedad. “Yo creo que el libro es el mejor regalo. Te acompaña en todos los momentos de la vida”, afirmó Silvia López, una filósofa de 76 años que decidió acercarse al evento a compartir un día en familia. “La vida es así, es una montaña rusa. Cuando tocás fondo, la literatura te sana”, reflexionó.

Este evento no solo promueve la lectura, sino que también se ha consolidado como un espacio de resistencia cultural y un homenaje al poder transformador de los libros. En tiempos difíciles, leer se convierte en un acto de reivindicación y lucha.

Para los jubilados hay muchos palos pero poca plata

Para los jubilados hay muchos palos pero poca plata

Por segundo miércoles consecutivo, el Gobierno de Javier Milei reprimió a los jubilados que se manifestaban en contra del veto presidencial a la ley que reforma el índice de actualización de haberes y que permitiría recuperar una parte del poder adquisitivo que perdieron. Heridos, desvanecidos y hospitalizados.

Apenas quedaban pequeños grupos en las esquinas de Entre Ríos y Rivadavia cuando todo volvió a empezar. En frente del Congreso nacional se encontraban, nuevamente, los jubilados con sus reclamos y la Policía Federal. Adentro, en el recinto de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, daba su primer informe a los legisladores y respondía preguntas.

Este lunes, Javier Milei vetó la Ley de Reforma del Sistema de Jubilaciones que actualizaba -apenas una pequeña parte- pensiones y jubilaciones después de la pérdida del poder adquisitivo de la clase pasiva que se profundizó con el ajuste del nuevo gobierno. Solo en el primer semestre de este año, el haber jubilatorio perdió un 27,7 por ciento de poder de compra.

‘’Si hay veto, hay calle’’ advirtieron la semana pasada los jubilados, después de recibir palos y gas pimienta. Este miércoles, las fuerzas de seguridad dirigidas por Patricia Bullrich hicieron caso omiso a la edad, las muletas de algunos, los bastones y cargaron con saña contra los jubilados y organizaciones políticas que los apoyan en sus reclamos.

Antes de la hora convocada, ya el clima permitía advertir que el reclamo preocupa al Gobierno de Javier Milei. La Federal y Gendarmería formaban cordones que preanunciaban una encerrona. Algunos cálculos antes del pandemónium hablaban de entre 800 y 1000 uniformados. 

Los cánticos enardecidos empezaron a resonar contra las paredes de los edificios. “¡Policía Federal, la vergüenza nacional! ¡Policía Federal, la vergüenza nacional!”, fue el que se escuchó con más énfasis.

La confirmación de la letra no se hizo esperar. Habrán pasado 10 o 15 minutos desde que se dio por iniciada la concentración, cuando empezaron los palos. Las columnas de uniformados encerraron a los manifestantes, bloqueando las salida de la Plaza del Congreso, mientras el repique de los bombos y los gritos por un nuevo paro general iban en aumento.

La represión que había provocado varios heridos la semana pasada, se repitió. Palos y gas pimienta, a mansalva provocaron alrededor de 30 heridos, jubilados desvanecidos en plena calle, algunos atendidos en el lugar, y otros trasladados a los hospitales disponibles. Los palos derivaron, además, en que se levantó la sesión en Diputados ante la que exponía Francos. 

En la calle, la que iba a ser marcha hacia Plaza de Mayo quedó trunca. Con la represión los manifestantes se dividieron y luego se fueron disgregando. Patricia Bullrich envió un mensaje a los manifestantes: “Hicimos cumplir la ley”. Quedó claro que para la ministra se trata de la selva.

Al promediar la tarde, lo que quedó en las retinas y en la información que sobrevolaba en las calles es que la represión al sector más débil de la sociedad y el levantamiento de la sesión en Diputados que derivó de los palos dejó al Gobierno expuesto en una síntesis: la crisis la pagan los jubilados.

«Hay una comunitarización para resolver el hambre»

«Hay una comunitarización para resolver el hambre»

Ante el retiro de las políticas estatales, los especialistas en investigar la pobreza argentina advierten que hay un proceso de buscar soluciones dentro de las propia comunidades.

Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (ODSA-UCA) la pobreza alcanzó al 55,5% de la población y la indigencia al 17,5% en el primer trimestre de 2024. Esto se traduce en que 24,9 millones de personas residentes en áreas urbanas de nuestro país se encuentran en situaciones de pobreza.

Las cifras surgen a partir del análisis de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC del primer trimestre de este año. El indicador de pobreza por ingresos, que es el más utilizado en América Latina, consiste en realizar un relevamiento de los ingresos y compararlos con la canasta básica alimentaria que le corresponde a ese hogar según la composición de cantidad de integrantes, género y edad.

En diálogo con ANCCOM, Roxana Mazzola, licenciada en Ciencia Política y especialista en políticas públicas, transparencia, cuidados e infancias en Argentina y América Latina hace más de 23 años, señala: “Las cifras reflejan mucho las políticas que se vienen implementando desde el gobierno nacional en el último tiempo con un enfoque más fiscalista, orientadas a un ordenamiento de las cuentas públicas en función de un ajuste sobre los salarios, las jubilaciones y los sectores más vulnerables sin importar las consecuencias sociales que esto tiene”.

En la misma línea, Eduardo Donza, sociólogo e investigador del Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, explica: “El gobierno actual decidió tomar medidas de políticas de shock para ordenar la macroeconomía. La devaluación de casi un 120% se transmitió fuertemente a los precios, como pasa generalmente en Argentina”.

Los datos arrojados por la UCA se suman a los últimos números publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en relación a la actualización de las proyecciones de crecimiento económico para los países de la región. Publicado en mayo, el informe muestra que para este año se espera una proyección de caída económica de-3,1% para Argentina, que se posiciona como el país con mayor decrecimiento económico de toda la región latinoamericana por debajo de Haití, que tiene una proyección de -2,0%.

En este contexto de crisis económica, aceleración de la inflación y aumento de precios, la merma de salarios, jubilaciones y transferencias sociales no es una cuestión menor en el aumento de los niveles de pobreza e indigencia. Los ingresos de las familias no se actualizan a la misma velocidad que la inflación, en el caso de que se actualicen. Además, las transferencias del Estado, las pensiones contributivas y las no contributivas se actualizan cada tres o seis meses. Entonces, cuando hay sacudones muy grandes en relación al aumento de precios como hubo cuando asumió el gobierno de Milei, la población en situación de pobreza e indigencia aumenta.

En términos de desigualdad, no afecta a todos del mismo modo. Hay consecuencias muy grandes en términos de oportunidades de vida y a futuro en aquellos sectores de mayor informalidad laboral: niños, niñas y las madres de familia, las cuales en muchos casos son jefas de hogar, sobre todo en los sectores más vulnerables. “Se adopta un enfoque asistencialista, lo que genera que terminen siendo transferencias de ingresos sueltas, sin articularse con políticas de salud o educación a la par. Esto se produce porque la nación se corre del rol de nivelador de inequidades y deja de preocuparse por determinados tipos de políticas sociales, que pasan a estar a cargo de los gobiernos sub-nacionales, de las provincias y los municipios” señala Mazzola.

En este sentido, explica que estos desplazamientos producen una fuerte mercantilización de determinadas prestaciones, que las familias deben comprar en el sector privado si pueden. Y agrega: “Por otro lado se produce una comunitarización, es decir que las organizaciones sociales o los gobiernos locales tienen que ver cómo resolver el hambre en un barrio determinado, y al interior cada familia tiene que ver cómo lo resuelve también. Son procesos de fuerte individualización, que generan un proceso de ruptura del lazo social. Hay todo un sistema de bienestar que está en crisis”.

En nuestro país el problema de la pobreza a nivel estructural persiste en la agenda pública hace más de veinte años. “En Argentina el nivel de incidencia de la pobreza en la población es muy elevado y nunca representa una cifra menor al 25%, en la que 1 de cada 4 argentinos estuvo en una situación de pobreza en los últimos veinte años”, remarca Donza. Y agrega: “Mejoró mucho después de la crisis del 2001, hubo mejoras muy importantes hasta el año 2008-2009 y luego se estanca. Actualmente, hay un 25/26% de la población que constituye el núcleo duro de la pobreza”.

Frente a este panorama desolador, tanto Mazzola como Donza concuerdan en que es sumamente necesaria la continuidad de las transferencias sociales articuladas con políticas públicas en materia de salud y educación para amortiguar el nivel de pobreza. “Las transferencias no contributivas del Estado (Asignación Universal por Hijo, Tarjeta Alimentar) son estrictamente necesarias. Sin ellos, estaríamos por arriba del 70% de pobreza” señala Donza.

“En un formato federal como el nuestro, todas las teorías del federalismo fiscal te demuestran que en programas de ingresos la nación nunca puede correrse de ese rol de sentar directrices y de transferir de modo diferente teniendo en cuenta esas heterogeneidades territoriales y desigualdades”, explica Mazzola. Sin embargo, no constituyen la solución. Es necesaria la generación de empleo genuino para lograr mayor crecimiento económico, y el aumento de salarios y jubilaciones.

“Hace un tiempo largo que Argentina no crece, más allá del gobierno actual. En el último tiempo lo que se produjo es un proceso de agravamiento de la cuestión social. Si no tenés crecimiento económico, recomposición de salarios y jubilaciones y no hay actividad económica, las consecuencias son graves en términos sociales”, señala Mazzola. Por su parte, Donza remarca: “Necesitamos políticas de Estado que apunten al aumento de la producción y empleo de calidad, y que sean consensuadas con los actores de la producción y el trabajo para dar un giro importante con respecto a la pobreza e indigencia. Hay que producir más no solo en volumen sino en una calidad y tipo de bienes que sean exportables para dar vuelta la balanza comercial”.

No existen soluciones mágicas. Si los precios suben por ascensor y los salarios por escalera, es más que necesario generar consensos como país y estrategias de desarrollo que sean sustentables y sostenibles en el tiempo.

La Policía Federal bloqueó la entrada a la Universidad de las Madres

La Policía Federal bloqueó la entrada a la Universidad de las Madres

El gobierno intentó bloquear el ingreso a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo con la policía. La intervención de la rectora Cristina Caamaño logró recomponer la situación. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, el Estado no gira fondos para gastos de funcionamiento ni para pagar los sueldos de docentes ni no docentes.

La policía federal bloqueó ayer la puerta de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo impidiendo la salida y entrada de los trabajadores, docentes, rectores y estudiantes al establecimiento; desconociendo la autonomía universitaria. La rectora de la Universidad, Cristina Caamaño, quedó encerrada en el edificio durante más de cuatro horas junto a otros siete trabajadores de la universidad. La situación generó un repudio generalizado y una concentración en las puertas de la institución en apoyo a la comunidad educativa, lo que llevó a la policía a retirarse del establecimiento luego de varios momentos de tensión.

El operativo se llevó a cabo a partir de un mail no oficial, sin sello ni orden judicial. Estaba firmado por el interventor Eduardo Maurizzio que designó el gobierno de Javier Milei.

La rectora Cristina Caamaño, en diálogo con ANCCOM, expresó: “No quieren saber nada con esta universidad y la quieren cerrar” y continuó: “Nosotros, porque es la memoria de Hebe y porque es el legado de las Madres, la vamos a defender hasta las últimas consecuencias”.

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El cordón policial

Cuenta la rectora Caamaño que, a las diez de la mañana del lunes 2 de septiembre, recibió el aviso de los trabajadores de la universidad de que un uniformado no dejaba entrar a una empleada del instituto para realizar sus tareas con normalidad. La rectora fue al establecimiento y cuando llegó “el tipo no me quería dejar entrar por un mail que había recibido de un gmail, no era un mail oficial, era un gmail firmado por el interventor que puso Milei en la universidad, que decía que no quería que entre nadie y el policía dijo ‘porque él viene a cerrar la universidad’”. En ese momento, la policía recibió una llamada, y la rectora junto a otros trabajadores lograron ingresar.

La policía bajó la persiana metálica dejándolos encerrados dentro del edificio. La rectora cuenta que aproximadamente desde las 10.30 hasta las 15.30 no los dejaron salir, por lo que realizó una denuncia judicial por privación ilegítima de la libertad. La comunidad educativa empezó a difundir la situación en redes y en algunos medios de comunicación, como la Radio de las Madres AM 530, lo que resultó en una concentración a las afueras del edificio en apoyo a la institución: “Y empezó a llegar gente. Entonces ellos llamaron a más policías, y llegó la Infantería, con sus escudos, sus cascos y sus aerosoles. Yo ahí me empecé a preocupar porque había muchos estudiantes en la calle, también docentes.” La rectora continuó: “En el edificio solamente había ocho personas, las que habíamos podido entrar, que después no podíamos salir. Los estudiantes y todos estaban en la calle, queriendo entrar y la policía tapando la entrada, haciendo un cordón”.

La rectora se comunicó con un oficial de mayor rango para solucionar la situación y evitar que reprimieran. El policía accedió a retirar a los oficiales exigiendo que el estudiantado no intervenga. “Estaba todo como muy en caliente. Yo hablé con los estudiantes y les pedí que, por favor, dejen pasar a la policía, que no los puteen, que no los insulten, que no los toquen. La cosa es que después de bastante tiempo, cuatro y media la policía se retiró”. Cuenta, además, que invitó al estudiantado a dar una vuelta a la pirámide, como hacen las Madres de Plaza de Mayo durante las rondas de los jueves desde 1977. Los estudiantes accedieron y participaron de la iniciativa mientras la policía se retiraba del lugar.

Sin salarios

“El interventor cobra cinco millones de pesos por mes, mientras los empleados y los docentes de la universidad no cobraron en todo el año ni un peso desde que asumió Milei”, denunció la rectora Caamaño. Desde que gobiernan los libertarios, la universidad no recibió fondos para los gastos de funcionamiento ni para pagar salarios: “Por eso no tenemos en este momento internet, ni servicio de limpieza, entre otras cosas. Por otro lado, no han pagado los sueldos a pesar de la marcha universitaria que fue multitudinaria y que se hizo justamente para eso. Todas las universidades recibieron algo menos la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo”.

Frente a la pregunta del porqué al ahogamiento presupuestario y la intervención directa del gobierno, respondió que “por un lado, este gobierno está en contra de la educación pública y, por el otro lado, están en contra de los derechos humanos porque son negacionistas, reivindicadores de la última dictadura y visitadores de los genocidas. Entonces una universidad que reúne las dos condiciones, que es pública y que además tiene orientación en derechos humanos para ellos es lo peor que les haya pasado, no quieren saber nada con esta universidad y la quieren cerrar”. Concluyó: “Yo tampoco le puedo exigir a la gente que venga todos los días a cumplir un horario si hace nueve meses que no cobra”.

La memoria de Hebe

La denuncia por el operativo policial de ayer se suma a otras denuncias y causas en el contencioso administrativo, que se inició a partir de la polémica designación del Ministerio de Capital Humano de Eduardo Maurizzio como interventor en la Universidad. Por el momento, se mantienen activas las medidas cautelares a favor de la Universidad de las Madres y la comunidad educativa, hasta que la justicia dicte su resolución.

La medida que designa como Interventor al funcionario Maurizzio, transgrede la autonomía y autarquía universitaria que establece la Constitución nacional y otras leyes antecesoras, desde el año 1919 y que solo fue interrumpida durante La Noche de los Bastones Largos, el 29 de julio de 1966, y La Noche de los Lápices, el 16 de septiembre de 1976, dejando como saldo una feroz represión con estudiantes detenidos, desaparecidos y asesinados por la militares de la dictadura.

Además, cuenta otro episodio reciente en el que el interventor “entró al edificio con una patota de seis personas por el sótano, cuando lo nombraron a él. No entró por la puerta, entró por el edificio de al lado. El sótano comunica con una parte de la universidad que no es el ingreso. Apareció ahí, filmó y los mismos estudiantes le pidieron que se retire”.

El Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo fue creado por Ley en el año 2014, como unidad funcional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde 2015, es reconocida como instituto universitario por el Ministerio de Educación y desde el año 2023 fue aprobada su apertura como Universidad Nacional por el Congreso de la Nación. Sin embargo, su historia data de mucho antes. Fue creada en el año 2000 y comenzó con carreras terciarias y cursos. Desde ese entonces se constituyó como una universidad popular. Cuenta con 2.245 estudiantes y 300 trabajadores docentes y no docentes. La rectora concluyó: “Nosotros, porque es la memoria de Hebe y porque es el legado de las Madres, la vamos a defender hasta las últimas consecuencias”.

 

Juan no es un fantasma

Juan no es un fantasma

Juan Manuel Olivera fue conocido como OJM en una carta pública del cura villero Paco Olveira a la ministra Sandra Petovello en la que denunciaba que le anularon su único sustento, el plan Potenciar Trabajo. Ahora, en una entrevista con ANCCOM, relata las peripecias por las que deben pasar los marginados por el Gobierno.

Su caso y sus iniciales se hicieron conocidas por una carta abierta del cura villero Francisco “Paco” Olveira, carta abierta que puso en escena el ajuste del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petovello. Auditorías a beneficiarios y auditorías a comedores y organizaciones sociales. Acusados de “fantasmas” o de situaciones irregulares, dejaron de recibir transferencias del Estado. La historia de Juan Manuel Olivera es una de ellas. La historia del comedor que dirige Paco, también. 

Juan nunca toma mate solo, dice, casi boquiabierta, Patricia, su pareja. Juan tampoco parece saber por qué está tomando mate solo. O sí, por momentos lo sabe y lo expresa con el apuro que agarra la pava, ceba, y sigue hablando: “Hace seis meses que no cobro el Potenciar Trabajo porque me confundieron con un tipo que se llama igual que yo y que viajó al Uruguay. Hasta el mismo número de documento: ¿cómo puede ser eso? ¿Qué es? ¿Un clon? No entiendo“.

“Antes del gobierno de Milei la cosa estaba mal, pero ahora es peor -describe Juan-. Cada vez vemos más gente en la calle. Notamos el cambio. Yo iba a la capital y me venía con banda de cosas. Ahora vas a caminar y tenés que estar luchando. Con los gobiernos de Kirchner y Cristina era distinto, porque no tenía que salir todos los días a laburar. Me podía quedar dos días descansando. Ahora estamos horas y horas caminando”, evoca el pasado y vuelve al presente.

“Cuando timbramos a veces la gente te sobra: ‘¡Andá a laburar!, te responden.”, recrea Juan, torciendo la boca e imitando la voz de la sobrada.

“Yo por eso prefiero la gente humilde, porque te ayuda más. Te ven cirujeando y te dan una mano. Nos ayudamos mutuamente. Pero para mi somos todos seres humanos –hace un silencio corto, pero la mirada absorbente alarga el tiempo–,  todos nacimos en el mismo mundo y nos vamos de la misma forma. ¿Qué, sos más por tener un poco más de plata? Sos un ser humano”.

Si bien la novedad es que figura dado de alta, hace seis meses que Juan no ve un solo peso de los 78 mil que debería recibir del programa Volver al Trabajo, antes  Potenciar Trabajo, y que con una inflación interanual de 263%, la única actualización que hizo el gobierno de Javier Milei fue modificar el nombre. Los beneficiarios  reciben idéntico monto que hace un año: 78 mil pesos. En la movida de la motosierra y la depuración de supuestos casos irregulares, cayó Juan, que nada tiene de irregular. Damos fe que no es un fantasma.

«Reclamé en la ANSES y me dijeron que me suspendieron el plan porque había viajado tres veces al Uruguay. ¡Tres veces! A gatas tengo para ir a Flores a laburar; vine en bondi a hacer el reclamo…  ¿Ustedes me ven con plata?», pregunta Juan.

-Reclamé en la ANSES y me dijeron que me lo suspendieron porque figuraba que había viajado tres veces al Uruguay –hace una pausa, los ojos bien abiertos, sorprendido, toma mate y continúa–, ¡tres veces! A gatas tengo para ir a Flores a laburar ¿y quieren que me vaya a Uruguay? Si vine en bondi a hacer el reclamo, ¿ustedes me ven con plata? –reconstruye Juan mientras se agarra de su remera blanca como si quisiera arrancarse la piel. Sigue tomando mate.

Además de ser Cura en Opción por los Pobres, Paco también es presidente de la Fundación Isla Maciel, que por ser parte del programa Alimentar Comunidad, recibía un dinero mensual que se depositaba en una tarjeta de débito. Con ello realizaban todas las compras necesarias, entre ellas los alimentos para el comedor de la fundación. Luego de tres auditorías y una felicitación por la labor, la cartera que dirige Petovello les otorgó una nueva tarjeta, pero sin plata. Hasta ahora, siguen sin ver un solo peso, y el plástico de la débito no llena los estómagos vacíos. 

Maria, del barrio Eva Perón y de origen paraguaya, cruzó la frontera para visitar a sus pares tras el fallecimiento de un familiar. También la dieron de baja: “Están cortando por lo bajo para achicar gastos del Estado, porque para ellos somos gasto”, arrojó Paco. 

 

***

Lo que sí conoce Juan Manuel Olivera es el conurbano bonaerense, y lo conoce muy bien porque allí vivió gran parte de su vida. Siquiera tiene plata para ir a la calle Uruguay del microcentro, remarca. Lo que recibía del Potenciar Trabajo lo destinaba a pagar el alquiler y ayudar a sus cuatro hijos: Morena, Milagros, Brian y Juan Manuel. Hace cinco meses que tiene su casa propia (su “casita”, como prefiere llamarla él), en el Barrio Esperanza, en las afueras de Merlo, Provincia de Buenos Aires. 

Una de cal y una de arena, pero literalmente, porque con la ayuda del cura villero Paco y la organización TECHO, pudo armar de cero su casilla: si era por Sandra Petovello, de la noche a la mañana como la baja del beneficio social, Juan y su familia quedaban en la calle por no poder pagar el alquiler. 

 

-Todos los días me levantaba temprano para venir a laburar. No sé si el diablo lo hacía a propósito, pero llovió todos los días. Todos los días llovió –repite marcando en la mesa el ritmo de las palabras–, y acá cuando llueve es intransitable, lleno de barro. Pero laburamos igual, hasta pusimos el techo con viento y lluvia.  

El techo de chapa con caída a dos aguas descansa sobre los tirantes de pino. Los tubos blancos de plástico de la conexión eléctrica están a la vista, acompañando el recorrido de los tirantes. También está a la vista el aislante térmico, tanto del techo, con el color plateado del revestimiento de aluminio, como el de las paredes, con el plástico que contiene y mantiene la lana de vidrio. Placas de madera componen el piso. Cortinas de tela dividen el espacio de la cama matrimonial y del comedor-cocina. Juan celebra que la casa esté a un nivel más alto del suelo, lo que evita que le entre agua cuando hay tormenta. 

 

-Todo lo que ves acá también me lo dio Paco: cocina, garrafa, lavarropa, heladera, tele, cama. Porque en las mudanzas perdimos todo. Con la ropa nos vinimos, nada más. 

 

Juan cuenta que le queda terminar la conexión de agua. Afuera de la casa, al aire libre, casi al costado de la puerta hay un tacho azul, bien ancho y alto. Prende el bombeador, que sí está dentro del hogar. Espera unos segundos. A unos metros está la perforación. Acomoda el caño por donde va a salir el agua y se asegura que caiga en el tacho. Al minuto, el agua a toda presión comienza a verse. “Durante el día venimos y llenamos los bidones, así no salimos a la noche”, explica. 

 

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Juan cumple años el 9 de julio, el Día de la Independencia. Terminó la primaria, pero por salir a trabajar no pudo hacer la secundaria. Llegó a jugar en la reserva del Club Atlético San Lorenzo de Almagro: “Jugaba de mediocampista para abajo, defensor. Defiendo una banda, no entra una pelota. O si no les quebraba la tibia“, deja en claro sin vacilar y suelta una carcajada.

“Jugué hasta que delinquí; salía de una práctica, me crucé con mi hermano y unos amigos, tomé un trago que no sabía que tenía pastillas y se me borró la cinta: robo automotor, en banda y con uso de arma. Fue mi primera causa– recuerda, con una mezcla de nostalgia y culpa–. Un jugador de fútbol frustrado –termina de deslizar, aunque con un gesto sonriente como quien se consuela a sí mismo. 

A los catorce años, estuvo ocho meses en un instituto de menores. Al cumplir quince salió del encierro bajo la custodia de su tía y su papá:

 

-Desde ahí no hice más nada. Me dediqué a laburar, laburar y laburar –repite subrayando cada palabra como si fuera un mantra–, salía del colegio y me iba a laburar. Trabajé en restaurantes, en arreglos de florería, de todo. Hasta con mi primo en una fábrica, de carga y descarga.  

 

Juan nació en el Chaco. “Teníamos toda la plata, estabamos rebien. Imaginate que mi padrino me pagó el vuelo de urgencia a Buenos Aires”, dice y recuerda que eso ocurrió porque cuando era chico él y su mellizo tuvieron una grave infección urinaria. 

 

-Mi viejo era mano derecha de De La Rúa. Treinta y tres años trabajó en la Secretaría de Educación, era jefe de las cuadrillas que salían a arreglar los colegios. Yo aprendí electricidad con él. Nunca me faltó nada. Zapatillas originales, los mejores hoteles… hasta para quiniela teníamos —rememora, haciendo “montoncito” contentándose de ese pasado, casi alucinado—, hasta que vino el 2001…

 

Junto a Patricia, Juan, de 45 años, trabaja de lunes a lunes, más de doce horas afuera de su casa. “Laburo en la calle todos los días. A veces vamos a Once, a Flores, de changarín, o vendiendo pañuelitos, o vamos a la feria. También timbramos por los barrios. Me la rebusco así. Laburos de albañilería… aunque a veces te quieren pagar una miseria y por esa plata prefiero ir a capital que gano más”, relata. 

 

-En la pandemia teníamos que salir a escondidas. No podíamos vender, te bajaban del colectivo. Nos escondíamos de la policía, aunque algunos te comprendían, te decían ‘usa el barbijo, el alcohol en gel…’

 

-Te tenías que esconder como si fueras delincuente –agrega Patricia. 

 

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-Antes había otros códigos. Cuando yo robaba no lastimaba a nadie. Casi hasta se le pedía permiso a la persona. Ahora te rompen la cabeza, te matan, te pegan un tiro -señala sobresaltado. 

 

-Yo lo que hacía era escruche, que era entrar a robar a las casas vacías. Lo hice en su momento y lo superé cuando nació mi primer hijo -aclara con un tono que mezcla felicidad y un corte con el pasado. Cada vez que habla de sus hijos se le iluminan los ojos: “Gracias a Dios son un respeto. Están encarrilados. Estudian, trabajan y no se drogan.” 

 

Los hijos le marcaron la vida. No titubea en decirlo: “Yo voy hasta el fin del mundo por ellos”, arroja, esta vez con un rostro capaz de blindar cualquier maltrago terrenal o celestial. Carácter y actitud inquebrantable, reforzada. 

 

Que sus hijos le hayan marcado la vida no es una forma de decir. “Cuando mi ex se llevó a una de mis hijas tuve un intento de suicidio. Me estaba por tirar abajo del tren que te lleva a Luján, ese te destroza seguro, y me agarró un hombre y me dijo: ‘Vos te estás por tirar ¿no?’. ¿Y usted cómo sabe?, le respondí. ‘Dios te puso en mi camino’. Me puse pálido y empecé a llorar. Volví a mi casa y a las semanas mi ex me trajo devuelta a mi hija”, hace silencio.

 

“Yo digo que me lo mandó mi viejo. Siempre siento que me está cuidando”, concluye. El papá de Juan falleció a los ochenta años tras demencia senil, una condición que le dijeron que es hereditaria. Además de una buena jubilación, supo tener una propiedad en Lugano, un departamento que se lo terminaron usurpando y del cual Juan no supo nada más. 

 

Juan se enorgullece al decir que a cada uno de sus hijos los dejó acomodados. “Cada uno tiene su casa. Milagros, por ejemplo, vive en una hermosa de Malvinas Argentinas. Esa me la dio el gobierno en su momento. Hicimos una entrevista con una asistente social y con mi ex entramos en el plan Jefes y Jefas de hogar. Los dos somos propietarios. Una casa espectacular–expresa alargando la palabra–, con agua, tres habitaciones, un comedor inmenso, patio adelante y atrás. Ahí vive mi hija, con su marido y mis dos nietos. ¡Le sobra casa! “, remata su relato  ostentando una conquista.

 

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Juan catapulta el estigma del “planero”: “A esas personas les respondo ‘¿Y usted qué es?¿Se cree que por tener un poco más de plata es más importante? Usted no es ni más que yo, ni más que nadie, ni que la gente que duerme en la calle. Teniendo un poco más de plata tiene que abrir el corazón.Y ahora está más que claro: tantos empresarios que tienen millones y millones que pueden ayudar a tanta gente…”, asiente con la cabeza. Se queda pensativo. 

Los discas quieren meterse en la agenda pública

Los discas quieren meterse en la agenda pública

La asamblea de discapacidad del pasado fin de semana se declaró en estado de alerta ante el anuncio de despidos y el vaciamiento de la ANDIS. Además, denunció que su problematíca no es tomada en cuenta en la esfera pública.

Desde abril se realizan asambleas frente a la Agencia Nacional de Discapacidad.

 

Discapacidad desde adentro. Este sábado se llevó a cabo una nueva Asamblea de Discas en Lucha. Se reúnen cada quince días en la Plaza del Congreso, alternando la modalidad virtual y presencial. La Asamblea es horizontal, la prioridad de la palabra es de los discas, está organizada y llevada a cabo por ellos. Es su espacio de organización política.

“Estamos en estado de alerta permanente”, dicen en la reunión que se realizó por Zoom debido a las inclemencias climáticas. Los temas que discuten las casi 30 personas asistentes son varios. De manera ordenada levantan la mano y tomando la palabra. Una frase se repite: “No estamos en agenda”. Las preocupaciones rondan en que “no logramos que otros sectores nos acompañen”, “tenemos que pensar de manera integral porque la lucha de otres compañeres también es nuestra, las jubilaciones y pensiones, los despidos, el vaciamiento de la ANDIS, todo nos afecta” dicen algunos y otros asienten. “No puede ser que no se solidaricen como lo hacemos nosotres, sólo lo hacen las ramas sindicales más combativas” retrucan. Otro cuenta que quiere movilizarse pero no puede porque “ya me dijeron en el trabajo que si me ven en una marcha me ponen de patitas en la calle y yo no me puedo quedar sin trabajo, éstos te graban todo”. Y alguien remata, “la discapacidad es prioridad solo si te toca”.

Discuten sobre la embestida del Gobierno y organizan acciones de visibilización de sus problemáticas, entre ellas la situación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde caerán los contratos de los trabajadores el último día de septiembre. Al respecto, dicen: “Les que aún están trabajando, tienen que saber que nosotres estamos afuera, en pie de lucha”. Hace dos meses se organizó una radio abierta en las puertas del organismo, ahora piensan cuáles son los pasos a seguir para esta caída de contratos, que destacan que es un problema “en toda la administración pública”. 

En cuanto a la posible eliminación del monotributo social, cuentan que al mes de noviembre del año pasado, el 84,7 por ciento de personas con discapacidad estaba desempleado y que ante el trabajo precario utilizan al monotributo para poder tener una cobertura y el aporte jubilatorio. Además, debatieron la desregulación del nomenclador de prestaciones básicas que habilitaría a cada prestador a fijar su propia tarifa para atender a las personas con discapacidad tanto en educación, transporte y salud. 

También están en alerta por los cuestionamientos a las pensiones. Concretamente, el gobierno de Alberto Fernández y la anterior gestión de la ANDIS están denunciados por la supuesta irregularidad en la entrega de 300 mil pensiones y desde el Ejecutivo aluden que esa cifra es muy alta. Lo que no tienen en cuenta es que 170 mil son pensiones restituidas que el gobierno de Mauricio Macri había quitado. Laura Alcaide, activista por los derechos de las personas con discapacidad, integrante de Orgullo Disca y de la Asamblea Discas en Lucha, al ser consultada sobre la posible baja masiva de pensiones manifestó que “la operatoria de este gobierno no es verificar y después sacar si hay irregularidades, sino cortar a todes y luego verificar”. Señaló que es un modelo que reproducen en otras áreas, como con los supuestos “comedores fantasmas”, que aún continúan sin recibir los alimentos. La activista puntualizó que “la pensión es un derecho básico y si a la persona le sacás la pensión la condenás a muerte. Esto es genocidio en tanto te amenazan que te van a desregular el nomenclador, no están entregando la medicación para personas con enfermedades crónicas, están revisando la cantidad de voltios a las que pueden acceder les electrodependientes y quieren auditar las pensiones”. “Nosotres no inventamos discas”, manifestó Alcaide.

Para la Asamblea es muy importante pensar a la discapacidad de manera transversal, esto significa que hay cosas que los oprimen en tanto personas con discapacidad, pero a su vez, se les multiplican las angustias por sus contextos. Ilustran, por ejemplo, que una persona con discapacidad que vive en una villa y que tiene que ir a un merendero, posiblemente tenga un sistema de opresiones mayor que el de la persona que vive en un barrio con asfalto, con agua potable, con el baño adentro de su casa. Lo mismo si se trata de una persona que vive en ruralidad, o con las personas de la identidad marrón, o no heteronormativa, entre muchas otras. Las opresiones se interseccionan, por consiguiente con todas las políticas o las no políticas o las antipolíticas les embisten actualmente.

Maive Carone Fernández es una de los 340 trabajadores despedidos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Comentó que a fines de septiembre se vencen nuevamente los contratos de los trabajadores de ANDIS como de otros sectores de la administración pública. En agosto, en la Agencia despidieron a tres trabajadores que se suman a la larga lista de personas que recibieron el telegrama. Según pudo saber ANCCOM, los despedidos no cuentan con el apoyo de quienes aún conservan sus puestos de trabajo. Les es muy difícil poder lograr movilización y solidaridad por el contexto que todos atraviesan y por el agravante con el que concuerdan todos los consultados, la discapacidad no está en agenda.