Abuelas la la la

Abuelas la la la

Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron el encuentro del nieto 131 en la Casa por la Identidad y se volvieron a ilusionar con más restituciones. Es el hijo de Lucía Ángela Nadin y Aldo Hugo Quevedo, militantes del PRT-ERP que continúan desaparecidos.

“Como si el fin de año se hubiera empeñado en cumplir deseos, luego de casi tres años, volvemos a celebrar el hallazgo de un nuevo nieto, el 131”, anunció el comunicado de prensa de Abuelas de Plaza de Mayo del 22 de diciembre de 2022. 

El jueves, en una conferencia que tuvo lugar en Casa por la Identidad, ubicada en el predio de la exESMA, Abuelas de Plaza de Mayo confirmó la restitución del hijo de Lucía Ángela Nadin y Aldo Hugo Quevedo. El anuncio lo hizo la presidenta de la Asociación, Estela de Carlotto. También participaron Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación y nieto restituido; Claudia Carlotto, directora de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI); Pablo Parenti, fiscal de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado; así como las Abuelas de Plaza de Mayo Sonia Torres, Buscarita Roa y Luisa Barahona, junto con nietos restituidos e integrantes del organismo.

“Es un fin de año soñado, estamos muy felices. Y estamos también exultantes, ilusionados y esperanzados con que este caso resuelto sea el principio de una nueva tanda de encuentros”, señaló Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restituido en el 2000, en diálogo con ANCCOM. Guillermo Amarilla Molfino, restituido en octubre 2009, agregó: “Como siempre, recibir un nieto o una nieta para nosotros es recibir un hermano, como para las Abuelas es recibir un nieto propio. Siempre nos hicieron sentir de esa manera. Estamos dándole la bienvenida a una familia. Abuelas es una familia que, como siempre nos enseñaron, se sostiene con un compromiso de amor y militancia”. 

 

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ladeada por el Secretario de Derechos Humanos y nieto restituido Horacio Pietragalla Corti y el Ministro de Interior Wado de Pedro.

ucía Ángela Nadin y Aldo Hugo Quevedo

“Con la noticia de que una persona recupera su verdad, recupera su historia, se corta esa perversidad que quisieron llevar adelante esos genocidas, que es que esos detenidos-desaparecidos realmente sean olvidados”, afirmó Horacio Pietragalla Corti, en su doble condición de Secretario y nieto restituido. 

Aldo nació el 26 de noviembre de 1941 y Lucía el 13 de diciembre de 1947, ambos en la provincia de Mendoza. Se casaron meses después de conocerse en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo. Militaban en el PRT-ERP, en donde eran apodados “Dipy” y “Chiquita”. En mayo de 1976, luego de la detención de un compañero de trabajo, se trasladaron a Buenos Aires. Desde ahí son secuestrados a fines de 1977.

De acuerdo con testimonios, la pareja permaneció detenida en los centros clandestinos conocidos como “Atlético” y “El Banco”, pertenecientes al circuito ABO. Lucía tenía 29 años y Aldo, 35. Ambos continúan desaparecidos.

“Hoy vuelven a aparecer porque su hijo hoy sabe quiénes son, los miró por primera vez en una foto, y creo que eso es traerlos de vuelta a la vida, es traerlos de vuelta al recuerdo”, concluyó Pietragalla.

 Te estábamos esperando

“El caso fue muy difícil, sobre todo para la reconstrucción familiar”, puntualizó la directora de la CoNaDI, Claudia Carlotto, y agregó: “Nosotros durante muchos años no tuvimos identificado el embarazo de Lucía Nadin como el de Lucía Nadin. Teníamos el apodo, que fue vista, que era mendocina, pero llevó muchos años encontrar la información”.

La denuncia por la desaparición del bebé de Aldo y Lucía la realizó el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) de Mendoza, con el empuje de históricas militantes como Pocha Camín y Elba Morales, a partir de lo cual se inicia una investigación que culmina con la confirmación del embarazo de Lucía.

Compañeras de cautiverio de Lucía declararon que, entre septiembre y octubre de 1978, ella es retirada de “El Banco” para dar a luz. Si bien no hay testimonios acerca del parto, hay sospechas acerca de que se podría haber producido en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

 La restitución

“Yo lo vi muy bien dispuesto y muy emocionado cuando le dimos la foto de sus padres en el día de su casamiento”, afirmó Claudia acerca de la confirmación de la identidad del nieto 131. El anuncio se había realizado a las dos de la tarde de ese mismo 22 de diciembre, en el Juzgado Federal Número 4, a cargo de Ariel Lijo.

El nieto 131 vive en Buenos Aires y, al igual que sus padres, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras. “Es igual al papá, parece una fotocopia de su padre, es emocionante”, develó la titular de la CoNaDI.  

«Abuelas / Ahora nos volvimos a ilusionar / con la Copa y con el nieto / no paramos de buscar / y al Diego / Con las viejas que ya están allá / Les pedimos que no aflojen / Por más copas y verdad», cantaron  en el auditorio.

Con Copa y con nieto

La restitución del nieto 131 se mezcló con las celebraciones por el triunfo de la Selección argentina en el Mundial de fútbol de Qatar. La conferencia de prensa culminó con el canto de “Abuelas lalala” y una reversión del hit del Mundial: Abuelas / Ahora nos volvimos a ilusionar / con la Copa y con el nieto / no paramos de buscar / y al Diego / Con las viejas que ya están allá / Les pedimos que no aflojen / Por más copas y verdad, cantaron quienes quedaban en el auditorio.

“El último nieto que apareció después de un Mundial fue el nieto de Estela, después de agosto del 2014”, recordó Guillermo Amarilla Molfino, haciendo referencia a la restitución de Ignacio Montoya Carlotto.

“Claramente, a las nietas y a los nietos, a nuestros hermanos y hermanas nos los estamos cruzando por todos lados. Seguramente hemos festejado el domingo y el martes en la calle el campeonato mundial, y ahora queremos seguir celebrando esto, queremos seguir celebrando el fin de año y queremos que el año que viene aparezcan todos los que faltan”, indicó Lorena Battistiol Colayago, directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, que busca un hermano o hermana nacido en cautiverio.

 La búsqueda continúa

“La alegría del fútbol y esta alegría a nosotros nos rejuvenece, nos da esperanzas. Este pueblo lo merece, porque es un pueblo del que hay muchas críticas, pero mucha más es la bondad que tiene cada uno de nosotros, de ser fieles a nuestra Patria”, expresó Estela de Carlotto, y continuó: “Para luchar por ella, para que nos levantemos en lo económico y en todo lo que falta, hay que sumar a este compromiso que hacemos las Abuelas de seguir buscando los que faltan, que son 300 o más nietos, para contribuir a que nuestro país sea el que los 30 mil desaparecidos desearon”.

 Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, o sabés de alguien que puede ser hijo o hija de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, comunicate con Abuelas o CoNaDI.

«Hoy tres jueces dijeron que lo que testimoniamos es verdad»

«Hoy tres jueces dijeron que lo que testimoniamos es verdad»

Diez genocidas fueron condenados a prisión perpetua, en la megacausa Campo de Mayo. Además, fueron condenados otros nueve represores que actuaron en el mayor centro clandestino que montó el Ejército durante la última dictadura. Por allí pasaron seis mil desaparecidos, incluidas unas 30 mujeres cuyos bebés fueron apropiados.

A las 14 horas del miércoles 6 de julio tuvo lugar, en el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, la sentencia de la megacausa Campo de Mayo. La lectura del veredicto se realizó con la presencia de familiares y amistades de las víctimas, sobrevivientes, abogados querellantes e integrantes de organismos de derechos humanos. También asistieron el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y Victoria Montenegro, diputada de la Ciudad, ambos nietos restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo. Por su parte, los imputados y sus defensas se incorporaron a la audiencia de manera virtual a través de la plataforma Zoom; diez de ellos fueron condenados a prisión perpetua. “Haber llegado a esta instancia con diez condenas a perpetua y el resto con distintas cantidades de años es una justicia parcial pero también, por la cantidad de años transcurridos, es un avance que haya juicio, es un avance enorme llegar a esta sentencia”, expresó María Ester Landaburu, hermana de Leonor Rosario Landaburu, embarazada de 7 meses y medio al momento de su secuestro en Campo de Mayo y posterior desaparición junto a su compañero, Juan Carlos Catnich. María Ester aún busca a un sobrino o sobrina nacido en cautiverio.

 

El juicio

La megacausa de Campo de Mayo comenzó el 29 de abril de 2019. Allí se juzgaron los delitos de lesa humanidad cometidos en las cuatro dependencias del ex centro clandestino de detención: la Cárcel de los Encausados, Las Casitas, “El Campito”, y el Hospital Militar. De acuerdo con lo expresado durante los alegatos por la fiscala de la causa, Gabriela Sosti, Campo de Mayo fue un “infierno a cielo abierto”: se estimó que hubo apenas un 1% de supervivencia de las más de 6000 personas que pasaron por allí. La mayoría de las víctimas de este excentro clandestino de detención pertenecían a sectores fabriles.

La elevación a juicio consideró alrededor de 350 víctimas, entre las cuales se encuentran 14 mujeres embarazadas y diez nietos o nietas cuya identidad aún no fue restituida. A su vez, se registró un total de 22 imputados, de los cuales 19 fueron tenidos en cuenta para la sentencia. 

Al poco tiempo de haber iniciado, las audiencias se suspendieron producto de la feria judicial llevada a cabo en razón de la cuarentena por el covid-19. A lo largo de los tres años y tres meses que duró el proceso judicial, declararon más de 750 testigos tanto de manera presencial como virtual.

La sentencia

Durante la tarde del 6 de julio, los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega, dieron lectura a la sentencia final, determinando que los crímenes cometidos en el excentro clandestino de detención constituyen delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles. 

“Una viene acá, abre su corazón, cuenta todo lo que vivió todos estos años. Algo que una relató durante todos estos años de manera repetitiva, mucha gente amiga cercana te cree porque se siente solidaria con lo que una vivió. Y hoy tres jueces dijeron que lo que dijimos es verdad”, señaló Lorena Battistiol Colayago, directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria y querellante de la Megacausa. Su caso contempla los delitos de lesa humanidad conocidos como la “Caída de los Ferroviarios”, entre cuyas víctimas se encuentran sus padres, Juana Matilde Colayago y Egidio Battistiol. Juana se encontraba embarazada de 6 meses al momento de su secuestro. “No solamente eso, sino que le dieron prisiones perpetuas a la mayoría de los genocidas que teníamos imputados nosotros”, determinó Lorena, quien aún busca a un hermano o hermana nacida en cautiverio.

Entre quienes fueron condenados a prisión perpetua se encuentra el jefe militar de la Zona de Defensa IV, Santiago Omar Riveros; por otra parte, también recibieron la pena máxima Luis Sadi Pepa, Eugenio Guañabens Perelló, Luis del Valle Arce, Carlos Javier Tamini, Carlos Eduardo José Somoza, Miguel Ángel Conde, Mario Rubén Domínguez, Francisco Rolando Agostino y Luis Pacífico Britos. Tanto Riveros como Arce habían recibido la misma condena dos días antes, en el juicio que probó la existencia de los «vuelos de la muerte» llevados a cabo en Campo de Mayo. “Hace 46 años que estamos peleando para tener los juicios. Porque los milicos se están muriendo, ya son grandes. Nosotros lo que queremos es que se mueran con su condena encima. Y que hablen, que digan lo que pasó. Nadie dice nada. Todos se mueren sin decir nada, como Etchecolatz”, determinó Iris Pereyra de Avellaneda, sobreviviente de Campo de Mayo y víctima en ambos procesos judiciales. 

Asimismo, otros nueve exintegrantes de las fuerzas de seguridad argentinas recibieron distintos montos de pena: Hugo Miguel Castagno Monge fue sentenciado a 22 años de prisión, Bernardo Caballero a 20 años, Carlos Alberto Rojas a 13 años, Alfredo Oscar Arena a 12 años, Federico Ramírez Mitchel a 11 años, Roberto Julio Fusco a 11 años y medio, Ramón Vito Cabrera a 10 años y medio, Arnaldo Román a nueve años y medio, y Carlos Daniel Caimi a 4 años.

Entre los delitos juzgados se encuentran la privación ilegal de la libertad, imposición de torturas a perseguidos políticos, homicidios cometidos con alevosía perpetrados por dos o más personas y robos y allanamientos.

Si bien no hubo ninguna absolución total, tres de los imputados en el comienzo del juicio no fueron tenidos en cuenta durante la sentencia: Guillermo Pascal Muñoz y Carlos Villanova fallecieron durante el desarrollo del juicio, este último sin condena; por otra parte, Rodolfo Feroglio fue apartado por enfermedad irreversible.

“Uno de los valores fundamentales que tuvo este veredicto es la reparación de los legajos de los trabajadores”, señaló la fiscala Sosti acerca del fallo, el cual contempla la restitución de los legajos laborales y estudiantiles, y afirmó: “El 67% de los compañeros y compañeras secuestrados y desaparecidos en el universo de la Zona de Defensa IV en Campo de Mayo fueron trabajadores y este juicio dio cuenta de esto”.

Carolina Villella, abogada querellante en este juicio, dictaminó: “En términos generales es muy importante considerar que se condenó a todos los imputados y que, aparte de que se condenó a todos los imputados, hay una gran cantidad de perpetuas. Además, 10 de los condenados lo son por primera vez. Esto es un hecho muy importante”, y recalcó: “Muchas de las víctimas fueron reconocidas como tales y por los hechos que las damnificaron también por primera vez. En ese sentido, es un gran fallo”.

El secretario de Abuelas de Plaza de Mayo, Abel Madariaga, también estuvo presente en la lectura de la sentencia: “El veredicto tocó a mi compañera que estaba embarazada de cuatro meses cuando se la llevaron y dio a luz en Campo de Mayo en el Hospital Militar. Es una emoción muy fuerte”. Su hijo, Francisco Madariaga Quintela, pudo recuperar su identidad en el año 2010 y falleció en 2020.

 

Hacia un nuevo sitio de memoria

Hacia un nuevo sitio de memoria

La casa donde ocurrió la Masacre de Monte Grande durante la última dictadura, en la que los represores fusilaron a 16 militantes, fue señalizada el pasado 24 de mayo. Ahora impulsan un proyecto de expropiación y la búsqueda de justicia.

La casa donde el 24 de mayo de 1977 ocurrió la Masacre de Monte Grande, cuando 16 militantes fueron asesinados, entre ellos una ciudadana alemana, fue señalizada el sábado último como sitio de memoria con la participación de Ralf Horlemann, encargado de negocios ad interim de la Embajada de Alemania; Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación y su par provincial, Matías Moreno. También estuvieron Lorena Battistiol Colayago, directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria y su par provincial, Gustavo Moreno y familiares y amigos de las víctimas y organizaciones de derechos humanos. “Es un acto de reconocimiento y de construcción de Memoria, Verdad y Justicia para todos nosotros”, expresó Liliana Franchi, viuda de Luis María Gemetro, una de las víctimas de la Masacre.

Los hechos

La noche del 23 de mayo de 1977, un grupo de militantes detenidos ilegalmente en el centro clandestino “El Vesubio” fue trasladado a una casa ubicada en el partido de Esteban Echeverría con la excusa de ser puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, durante la madrugada del 24 de mayo, militares y colimbas irrumpieron en el domicilio, donde fusilaron a quemarropa a los jóvenes. “Pasó entre la una y las dos de la mañana. La balacera que comenzó despertó a todo el barrio, para mí duró un montón”, recordó Daniel Ardiles, vecino de Monte Grande y testigo de los hechos en diálogo con ANCCOM. “Antes de que termine escuché un grito más cerca de mi casa -sentenció-: escuché un ´Viva La Patria´, seguido por una ráfaga de ametralladoras”.

La Masacre de Monte Grande dejó 16 víctimas: Luis María Gemetro, Luis Fabbri, Catalina Oviedo de Ciuffo, Daniel Ciuffo, Luis de Cristófaro, María Cristina y Julián Bernat, Claudio Giombini, Elisabeth Käsemann, Rodolfo Goldín, Mario Sgroi, Esteban Andreani, Miguel Harasymiw, Nelo Gasparini y otras dos mujeres que nunca fueron identificadas. 

Los cuerpos de las víctimas fueron depositados en fosas comunes en el Cementerio Municipal de Monte Grande, lugar que también se encuentra señalizado por la Secretaría de Derechos Humanos. Algunos de los restos pudieron ser identificados y devueltos a los familiares.

Durante la víspera del 25 de mayo de 1977, el Ejército emitió un comunicado oficial en el que describió el hecho como un enfrentamiento, una práctica recurrente durante la última dictadura militar para legitimar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. “Recuerdo haberlo leído en el diario de la tarde La Razón: “16 guerrilleros abatidos en enfrentamiento”. Luego, estaban escritos cada nombre de los compañeros y compañeras asesinadas”, afirmó Liliana Franchi.

Huellas

La señalización del chalet ubicado en Boulevard Buenos Aires (ex Uriburu) 1151 como sitio de memoria contaba con antecedentes civiles y municipales de colocación de baldosas, una placa y una estatua en homenaje a las víctimas de la Masacre. El cartel colocado por la Secretaría de Derechos Humanos, el pasado sábado 25 de junio, presenta la novedad de contener las fotos de los jóvenes asesinados. “Cada vecino que va a pasar por acá, cada pibe que va al colegio que pase por este lugar, cada vez va a mirar una cara distinta, y cada vez va a ser más piel esta lucha de nuestros compañeros y compañeras”, sentenció Pietragalla Corti.

El homenaje congregó a familiares de las víctimas de la Masacre: si bien muchos de ellos ya conocían la casa, algunos la visitaban por primera vez. “Esto pertenece a un proceso de cicatrización familiar y social, pertenece a nuestra historia directa. Y pertenece a un proceso de cierta reivindicación, también. Es útil para transparentar lo que realmente sucedió y hacerse cargo personalmente y socialmente, que se sepa cómo se movieron y las cosas que ocurrieron acá en plena avenida, pero 45 años atrás”, detalló Marcelo Goldin, sobrino de Rodolfo Goldin, quien nunca había asistido previamente al lugar de la Masacre.

“Tenemos el proyecto de expropiación de esta casa, lo vamos a presentar en el Congreso Nacional”, detalló el Secretario de Derechos Humanos de la Nación. El inmueble se encuentra en mal estado y fue adquirido por medio de juicio de usucapión, un modo de adquirir derechos reales, como la propiedad, por el transcurso de un determinado tiempo fijado en la ley . “Esta casa tiene que ser parte del pueblo -agregó-, parte de la militancia, parte de los organismos de Derechos Humanos. Esta casa la tiene que conocer cada uno de los chicos que pase por un primario o por un secundario de Esteban Echeverria”. 

El chalet donde ocurrió la Masacre de Monte Grande sufrió innumerables modificaciones edilicias que, sumadas al deterioro por el paso del tiempo, dificultan la preservación original del sitio. Actualmente, el lote cuenta con una pared de cemento a la calle pintada de color rosa con una pequeña puerta negra de metal. “Este frente no estaba. Había un pilarcito con un par de columnas, un portón de entrada de auto, había todo un parque y en el fondo estaba la casa. Había un par de árboles. Y adelante de la casa había un Falcon verde todo agujereado. La casa estaba atrás”, rememoró Ardiles sobre el aspecto del chalet horas después de la perpetración del fusilamiento. El vecino recordó también que, del otro lado de la calle, donde ahora se ubican los supermercados Easy y Vea, se levantaba una fábrica de clavos, con agujeros de bala, que tampoco fue conservada. “Esto te da a pensar que fue una preparación. ¿Qué hicieron? Tiraron también para el frente para simular un contragolpe, un contrataque”, desarrolló Ardiles, contribuyendo a señalar la magnitud de la pérdida que conllevó la modificación de las construcciones existentes en 1977.

 

Coincidiendo con el aniversario de los 44 años de la Masacre de Monte Grande, el 24 de mayo de este año se organizó una visita ocular al chalet, a cargo del juez Daniel Rafecas. Lo acompañaron un bombero y un ex colimba, dos testigos de los hechos. Siguiendo el testimonio de Lorena Battistiol, el procedimiento tuvo lugar luego de un intento de venta de la casa por parte de los actuales dueños, quienes obtuvieron la escritura a través de un juicio de usucapión.

El proyecto de expropiación de la casa de Boulevard Buenos Aires 1151 se encuentra impulsado tanto por familiares de las víctimas de la Masacre y organismos de derechos humanos, como por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Municipalidad de Esteban Echeverría. El objetivo es convertir el chalet en un Espacio de Memoria.

“Cuando participamos de estas actividades, tan necesarias, seguimos levantando las banderas de Memoria, Verdad y Justicia en un país que hoy pasó a ser ejemplo de cómo tramitar su pasado reciente”, indicó Matías Moreno. 

La señalización de la Masacre de Monte Grande se realizó en el marco de la Ley 26.691/11, la cual establece en su primer artículo: “Declárense Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983”.

Durante el desarrollo del evento se dio lectura a una carta emitida por la familia de Elisabeth Käsemann que hacía énfasis en la importancia de la agenda nacional de derechos humanos: “Nos sentimos reconfortados y sostenidos aquí en Alemania por el recuerdo compartido con los demás familiares, pero también por los representantes argentinos que trabajan incansablemente para preservar la memoria y recordar a la sociedad lo que no debe volver a pasar”.

Justicia

Algunos responsables de la Masacre fueron condenados a lo largo de los tres tramos del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio “El Vesubio”. No obstante, la responsabilidad directa de la Masacre de Monte Grande continúa siendo investigada. 

“Lo que representa para nosotros judicialmente esta señalización es que, muchas veces, ese cartel ayuda a que alguien pueda verlo, leerlo y a partir de ahí generar la posibilidad de que haya más testigos”, declaró Pablo Llonto, abogado querellante de la causa, en diálogo con ANCCOM. “Sería muy importante que, quienes hoy nos acompañan, si tienen una mínima información, por insignificante que parezca, nos lo hagan saber. Pueden ser el nexo que faltaba para entender otros datos y circunstancias. También puede ser la diferencia entre la impunidad y la justicia”, expresó Graciela Wagner, viuda de Luis Fabbri, en representación de la Comisión Vesubio y Puente 12.

 

Con ojos de soldado

Con ojos de soldado

La muestra «Memoria de la espera» exhibe fotografías de la Guerra de Malvinas tomadas por conscriptos que hasta ahora eran desconocidas.

Fabián Volonté, ex combatiente, es una de las 22 personas que aportaron fotografías a la muestra.

En el marco del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico se presentó en el museo de cine Lumiton, en la localidad de Munro, el proyecto “Memoria de la Espera” de Diego Sandstede y Martín Felipe, un archivo de Malvinas compuesto por fotografías tomadas por los soldados conscriptos durante la guerra en 1982. “Los colimbas estuvieron esperando 60 días. Llegaron el 12, 13 de abril y combatieron el 12, 13 de junio. Fueron dos meses de espera, de pasar hambre, frío, maltrato. Las fotos son en ese momento de espera”, desarrolló Martín Felipe, en diálogo con ANCCOM, acerca del nombre que lleva la muestra, inaugurada el viernes 10 de junio último. El acervo completo se encuentra actualmente compuesto por más de 600 imágenes, además de 12 entrevistas y reconstrucciones contextuales de las fotografías.

La jornada comenzó con una proyección de 73 fotografías del archivo en una pequeña sala cinematográfica. “La foto y el silencio, la pausa entre foto y foto. A mí me transportó. Yo viajé en el 2010 [a las Islas Malvinas], pero ahí no me pasó lo que me pasó en las fotos”, destacó Luis Quinteros, ex veterano. Del evento participaron ex combatientes pertenecientes al Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Vicente López junto a Fabián Volonté, una de las 22 personas que aportaron fotografías a la muestra. Cuando fue reclutado para la guerra, Volonté viajó a las Islas Malvinas con un paquete de cigarrillos y una cámara Kodak Instamatic 126 que le solicitó de urgencia a su hermano, apenas se enteró de su destino: “Nunca fui de sacar fotos, pero era como que me iba de vacaciones. Además, yo nunca había volado en avión”, recordó.

El proyecto creado por Martín Felipe y Diego Sandstede tiene una acervo de más de 600 fotografías personales.

La primera recorrida silenciosa de las fotografías desencadenó un aluvión de anécdotas y apreciaciones de la Guerra entre los veteranos presentes en la sala. En la selección de imágenes presentadas había una gran variedad de retratos: conscriptos acampando, un paisaje de las Islas con un buque en el horizonte, instrumentadoras quirúrgicas civiles voluntarias, una trinchera “Pozo de Zorro”, el ala de un avión, un soldado posando a cámara mientras sonríe y sostiene su arma. “En esta foto yo estoy prisionero. El chico que está al lado mío falleció”, indicó Volonté, señalando una imagen en la que aparece él mismo en primer plano, fumando un cigarrillo, junto a otro compañero. Otra fotografía de soldados posando junto a una oveja alentó un debate acerca de la ineficiente logística alimentaria que se llevó adelante durante la Guerra. “Malvinas tiene mil historias y ojalá puedan quedar capturadas”, reflexionó Volonté, y luego afirmó: “En las fotos está el relato”.

Frente a la censura impuesta por la última dictadura y la tergiversación narrativa de los grandes medios periodísticos durante la Guerra, las fotografías tomadas por los conscriptos cobran al presente un enorme valor testimonial.

A 40 años de la Guerra de Malvinas, el proyecto de Sandstede y Felipe tiene el objetivo de recuperar estas imágenes de primera mano. Frente a la censura impuesta por la última dictadura y la tergiversación narrativa de los grandes medios periodísticos durante la Guerra, las fotografías tomadas por los conscriptos cobran al presente un enorme valor testimonial y de reconstrucción de la historia argentina. Las imágenes que conforman el acervo tienen la característica de la espontaneidad y la ausencia de mediación: “No hay recortes ni ediciones para una noticia o narración periodística. Son los ojos de los soldados que vieron y fijaron el tiempo”, se destaca, con una impronta barthesiana, en la página “Memoria de la Espera”.

“Es un archivo que tiene una fuerza muy importante de memoria colectiva, documentos muy fuertes de una guerra. Se va a perder si no hacemos algo para preservarlo”, alertó Felipe acerca de la importancia de la iniciativa. Después de realizar un breve diagnóstico sobre el lugar relegado que aún tienen la Guerra de Malvinas y sus veteranos en el imaginario social, expresó: “Estas fotos, si cumplen alguna función y queremos hacer algo con ellas, es justamente que ayude a que la gente pase del otro lado. Lo que muestran estas fotos… no hay un filtro, nos ponemos en Malvinas, ayuda a cortar ese síntoma social que tenemos de escaparle a Malvinas”.

 La colección “Memoria de la Espera”, disponible de manera digital, es un archivo que se encuentra en crecimiento, en busca de sumar nuevas fotografías de autoría de soldados conscriptos con soporte en papel.

«No se lleven estos datos a la tumba»

«No se lleven estos datos a la tumba»

En otra audiencia de la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en los pozos de Banfield, Quilmes y en la Brigada de Lanús, tres testigos recordaron los horrores por los que pasaron.

En una nueva audiencia virtual del juicio por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y en la Brigada de Investigaciones de Lanús prestaron testimonio los sobrevivientes Ramón Raúl Romero, Norma Leanza y Diana Guastavino, por su compañero Roberto Fidel Yantorno, quien continúa desaparecido.

 La primera víctima en declarar fue Ramón Raúl Romero, secuestrado de su domicilio el 21 de septiembre de 1977 junto a su esposa, Elena Abraham. Romero tiene un problema auditivo causado por los fuertes golpes sufridos en el Pozo de Quilmes, por lo cual les solicitó reiteradas veces a los integrantes del tribunal “repetir las frases” y “hablar más fuerte”. 

En su relato acerca de su cautiverio en el centro clandestino de detención, la víctima detalló que lo depositaron en una celda muy pequeña y que recién al tercer día le dieron algo para comer: “Era como una especie de polenta y como si le hubieran echado una escupida a la comida. Como uno está con los ojos vendados, de la desesperación, come”, describió. Sobre este episodio, Romero detalló que le produjo una gran indigestión y rechazo: “Esa fue la única vez que comí. Me daba miedo comer la comida, entonces estuve prácticamente 11 días sin comer”. La víctima también recordó las torturas con picana eléctrica a adultos y niños en una sala del Pozo de Quilmes: “El olor a carne quemada me duró, no sé cuánto tiempo anduve con ese olor en el alma”. Luego de narrar los golpes con itaca que le provocaron la sordera actual, Romero refirió que, una vez en libertad, fue a tratar sus heridas al hospital Churruca: “El doctor me dice: ´Ya se te va a pasar, negro´.

Nunca se me pasó, porque me rompieron el nervio auditivo central del oído derecho”.

Durante todo su testimonio, la víctima manifestó reiteradas veces su temor y el de su familia a encontrarse prestando declaración: “El hecho de que está con prisión domiciliaria toda esa gente significa que deben tener poder, porque en democracia hicieron desaparecer a un hombre (Julio López) que fue testigo”, y reiteró su voluntad de testimoniar: “A mí me hicieron un mal, pero yo le puedo estar haciendo un bien a otra persona”.

La segunda víctima en declarar fue Norma Esther Leanza, quien fue secuestrada el 15 de octubre de 1977 junto a su suegro y su marido, Alcides Chiesa, uno de los primeros testimoniantes del presente juicio. Norma pasó sus primeros días de cautiverio en Puesto Vasco, para ser luego trasladada al Pozo de Quilmes hasta su liberación, seis meses más tarde. “La comida venía una vez por día y, según la guardia, quedaba hasta la noche y se fermentaba. Una de las veces, polenta era la comida, tuvimos un episodio de enterocolitis generalizado”, relató la víctima acerca de sus días en el centro clandestino de detención. Norma recordó la manera en que, junto al resto de los detenidos, utilizaban esos momentos a su favor: “Hacíamos un PROAL, un prode de almuerzo. Decíamos qué pensaba cada uno de los que estábamos secuestrados que podía haber en ese día de comida, pero era más bien un control para saber quiénes éramos los que estábamos, si seguíamos la misma cantidad de gente”. Sobre la higiene, Leanza indicó: “Estábamos encerrados en las celdas, nos permitían ir al baño una vez por día”, y agregó: “Cuando menstrué, pedí que me dieran algodón y me trajeron trapos sucios húmedos de la cocina”. 

Durante su testimonio, Norma Leanza hizo referencia a su cautiverio compartido con María Asunción Artigas: “Como no podíamos hablar, nos comunicamos por lenguaje de señas. Me contó que a los tres o cuatro meses se dio cuenta de que estaba embarazada”. María Artigas es la mamá de María Victoria Moyano Artigas, nacida en el Pozo de Banfield y restituida por Abuelas de Plaza de Mayo. “A Mari, cuando estaba embarazada, venía a verla un oficial que no sabíamos quién era, porque se quedaba del lado de afuera. Después, con el tiempo, supe que le decían Zaracho. Y le traía a veces fruta o alguna cosa para comer”, recordó Norma sobre el trato a su compañera, y agregó más tarde su suposición del porqué de esa acción: “Con el devenir de los años pienso, lo pensé siempre, para apropiarse de la hija”. María Asunción Artigas continúa desaparecida.

Norma finalizó su declaración con una solicitud al tribunal: “Quisiera hacerles el pedido de que el mayor esfuerzo de la justicia sea para todos los que no están, y también para algunos que están. El mayor esfuerzo de parte de ustedes”.

La última víctima y testigo en declarar fue Diana Guastavino. Diana declaró por su propio secuestro, previo al Golpe militar de 1976, y por el de su marido, Roberto Fidel Yantorno, el 6 de diciembre de 1977, quien continúa desaparecido. Acerca de su detención, la víctima relató que cayó en una “ratonera”: “Me encuentro con ocho personas de civil con armas largas y ahí empieza toda otra historia de golpes y de interrogatorio en la misma casa”, desarrolló Diana sobre el momento previo a ser llevada a Coordinación Federal. Diana narró su cautiverio allí: “Fui torturada con submarino, con picana eléctrica, con simulacro de fusilamiento y golpes. Iba siendo tirada en la celda sin nada. Después me tiraron a un colchón ensangrentado que habrá sido de alguien”. La víctima se encontraba detenida en Villa Devoto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional cuando su marido fue secuestrado. “Yo no sé de Roberto hasta mucho después de su desaparición”, indicó Diana Guastavino en su testimonio. Durante su detención en la cárcel de Devoto, Diana compartió pabellón con Cristina Gioglio, compañera de cautiverio de Roberto Yantorno en el Pozo de Banfield. A partir de ese encuentro con Cristina, Diana pudo saber acerca del derrotero de su esposo: “Me cuenta que a Roberto lo logra ver, que en algún momento está destabicado, y que era llevado a torturar permanentemente, que lo escuchaba gritar en la tortura”, y luego agregó, siguiendo el relato de Gioglio: “Después escuchó que alguien decía: «bueno, ya este no nos va a contradecir más porque se nos quedó en la tortura». Luego le confirmó que vio anotado en un pizarrón el nombre de Roberto Fidel Yantorno: “muerto por ataque cardíaco”. Hacia el final del testimonio, Diana Guastavino apuntó hacia los represores: “Siempre hemos pedido que aporten datos, que es lo que necesitamos para avanzar”, y sentenció: “Mi pedido va a que ojalá, por ellos mismos, no se lleven estos datos a la tumba, todo lo que puedan tener, los pocos que quedan ya”.

 

El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús continúa el martes 31 de mayo, a partir de las 8:00.