Feb 9, 2023 | Culturas, Destacado 4
La fotógrafa Pilar Camacho expone «Con los ojos abiertos», una muestra en donde sus imágenes blanco y negro del verano cordobés dialogan con textos extraídos de «El limonero real».
“Hace mal quedarse en las casas, siempre en las casas”. La frase corresponde a un fragmento del libro de Juan José Saer El Limonero real (1974) y, a la vez, es el texto que acompaña la primera foto de la muestra Los ojos abiertos de la fotoperiodista Pilar Camacho, presentada el sábado pasado en el Centro Cultural Nuevo Uriarte, en el barrio porteño de Palermo, y disponible online.
En su muestra fotográfica, Camacho tomó un rumbo diferente del que venía transitando con respecto a su vocación. Tras haber pasado por la Agencia de Comunicación de Ciencias Sociales (ANCCOM) como practicante en 2019, hoy trabaja de fotoperiodista y asegura: “La agencia te construye un oficio, yo le debo todo, es lo que hoy me está dando de comer. Venía con ese chip y tuve que cambiar del formato estándar del fotoperiodismo, que es digital y a color, al formato analógico en blanco y negro, para ver si podía hacer una búsqueda distinta.”
En esa exploración por lo diferente, como el comienzo de una sucesión de hechos alineados, tomó la cámara analógica, compró rollos en blanco y negro, lo cargó en la valija y en el verano de 2020, sin siquiera suponer lo que vendría después –covid19 y confinamiento obligatorio- se dirigió rumbo a las sierras cordobesas. “Mi familia es de Córdoba, eso ya tiene una cuota emocional para mí, mi lugar en el mundo son las sierras. También tenía mucha carga por ser lo último que pude hacer afuera de mi casa”, expresó la fotógrafa.
Entonces vino la pandemia, el aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Durante el encierro leí el Limonero real, de Saer. Es el libro con el que combino las fotos. Lo estaba leyendo, y me decía: ‘Esta persona describe cómo a mí me sensibilizaron las fotos que hice, lo que a mí me llevo tomarlas, las descripciones que hace el sobre la luz y cómo la gente habita el tiempo en función de la luz’. Leí el libro como tres veces buscando esos fragmentos en que encontraba esa conexión”, manifestó Camacho.
El camino hacia una veta más artística resultó de una concatenación de hechos en sintonía: las vacaciones, el libro y la propuesta del Centro Cultural Nuevo Uriarte para la exposición final de ese transitar emocional. “La fotografía analógica tiene otro tiempo y el de las vacaciones es muchísimo más personal; llevarlo a una novela de ficción fue un camino re lindo que no había transitado nunca. Terminé haciendo un pdf que quedó y cuando me propusieron hacer una muestra en el Uriarte y con la temática del ‘verano’ (por las fechas), dije: ‘Justo tengo esto’. Lo seguimos trabajando junto con Daniela Caracuel, diseñadora gráfica, que me ayudó a montar las cosas. Me ordenó todo y la idea de las fotos es que parezcan partes del libro, hasta la tipografía intenta parecerse a la de la edición del libro como para seguir visitándolo”, agregó.
El libro de Saer transcurre en un solo día: el último del año y describe el paso del tiempo a partir de la luz que permiten pasar los árboles en una casa de una familia reunida a orillas del río en Santa Fe. “Va contando cuándo es la tarde, el mediodía y cómo se vive el calor, cómo te refrescás y demás, en función de cómo la luz da en los árboles. El paso del tiempo está marcado por la luz. El libro tiene un conflicto, que es el único: el hijo de uno de los personajes que se fue a la ciudad y nunca volvió. Está ese duelo, el calor que agobia, el cierre de del año y lo cíclico del tiempo que amanece y atardece y así. Es una historia sencilla y para mí lo jugoso del libro es la descripción de la luz y, también estando encerrada, poder leer sobre la luz en la naturaleza a lado del riío que era la que más extrañaba yo”, enfatizó.
Sin embargo, las imágenes no siguen un orden cronológico ni se asemejan a la narrativa literaria del Limonero real. El punto de encuentro tiene que ver con la relación que existe entre el tiempo marcado por la luz natural y la nostalgia. “Las fotos no necesariamente hablan con la historia, sino que es un encuentro con amigues desde lo sensible y siempre sobre la luz, la foto en blanco y negro para mí es mucho sobre la luz. A mí me encanta la fotografía en blanco y negro porque la foto se arma cuando hay una luz que puede marcar bien contraste y la figura”, afirmó la fotógrafa.
Es que en sus fotos se pueden ver cuerpos reflejados por la luz solar y las sombras que reproducen sobre ellos los árboles. También se aprecian el mate, el río, una guitarra, pudiendo ser solo el recuerdo de unas vacaciones o significar, también valorando con los ojos abiertos el paso del tiempo y con él la nostalgia de amaneceres y atardeceres.
Feb 8, 2023 | Comunidad, Destacado 3
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció que el Gobierno dio marcha atrás con un incremento establecido en la Ley de Presupuesto.
El Poder Ejecutivo decidió dar marcha atrás con un aumento del Presupuesto Público para este año, que había sido acordado por el Congreso en conjunto con organizaciones no gubernamentales, y que tenía como destino programas sociales vinculados a la niñez, ambiente y vivienda. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) cuestionó la transparencia constitucional de la decisión e instó al gobierno a revertir esta situación. La abogada y Coordinadora del Programa Justicia Fiscal de esa entidad, Julieta Izcurdia, expresó: “Democráticamente nuestro sistema republicano dice que es el Congreso quien aprueba la ley y el Ejecutivo quien debe implementarla”.
Según ACIJ, la inconstitucionalidad de dicha modificación por parte del Ejecutivo no solo es desconocer la actuación del Congreso, sino que también vulnera elementos reconocidos en la Ley Nacional 26.061, vinculada a los derechos de las infancias. “En términos constitucionales, es un problema. Hay una ley nacional que aplica solo a políticas de infancia, justo las más recortadas, omitiendo un principio muy importante en materia de derechos humanos, que es el de no regresividad y de intangibilidad. Significa que el Estado no puede retroceder el nivel de derechos que garantiza a su población y eso se ve reflejado en el recorte presupuestario. Esa ley dice que todos los años no pueden bajar el gasto público en las infancias y eso es lo que está sucediendo, incumpliéndola”, dijo Izcurdia.
Mientras las últimas estadísticas del INDEC conocidas miden que, del total de la población argentina, el 36,5 por ciento estaba bajo la línea de pobreza, las organizaciones civiles advirtieron recortes significativos en áreas claves como niñez, ambiente y educación. El Congreso había consensuado con una serie de organizaciones en aumentar más de 500 millones de pesos para diferentes programas que garanticen derechos sociales en estos sectores más afectados por la pobreza. “Desde el año 2015 empezamos a reunirnos en el Congreso junto con otras organizaciones que trabajamos diferentes temas, con asesores, diputados y diputadas para mostrar cuando veíamos que había recortes, para pedir aumentos si era posible y visibilizar lo que venía pasando en términos de presupuestos o políticas sociales”, recuerda Izcurdia.
“El año pasado, después de una mesa de trabajo, especialmente con la Comisión de Niñez, donde participaron otras organizaciones también, se ampliaron varias partidas de políticas alimentarias como a comedores escolares y asignaciones familiares, porque habíamos visto que hubo un recorte. El Congreso reconoció que era necesaria la suba porque la pobreza sigue estando en los mismos niveles y los pibes son los más afectados”, agregó.
Sin embargo, a principios de este año, el Poder Ejecutivo modificó el Presupuesto Público a través de la Decisión Administrativa 4/23, desestimando esos aumentos. Según la Ley de Presupuesto 27.701, es el Poder Legislativo el que aprueba y los ministerios quienes deben aplicarla. “Pero ahora todos esos aumentos desaparecieron. No están en la distribución. La mitad era para políticas sociales pero también había subas para algunas provincias. Todo eso se desconoció”, remarcó.
Las consecuencias, si no se asignan estas subas, según la coordinadora del Programa Justicia Fiscal, tendrán impacto directo en los sectores más vulnerables de la población. “Las políticas que se van a ver más afectadas están en el parte de niñez, familias y hogares más pobres. Con la Tarjeta Alimentar por ejemplo, con la que solo se puede comprar comida y también políticas de viviendas, programas de urbanización y mejoras de barrios populares del Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat. Después había algunos fondos más chiquitos pero que habían aumentado en el Plan del Manejo del Fuego y bosques nativos, vinculado a la problemáticas de los incendios y deforestación y eso también se recortó”, expresó.
La abogada Izcurdia observa también una falta de credibilidad en la distribución equitativa de los fondos: “Es muy difícil hacer un seguimiento de la gestión de recursos públicos, si es un ‘vamos viendo’ constante. Hay un montón de factores que influyen, desde la inflación a la deuda con el FMI y sus condiciones. En caso de que lleguemos a un 60% de inflación, tiene que volver el Presupuesto a discutirse. Nunca pasó eso que durante el año se vuelva discutir el Presupuesto porque se desconfía de la inflación que se está estimando
La ACIJ envió notas a todos los jefes de los bloques legislativos para obtener respuestas o justificativos de este revés presupuestario. “Hasta ahora no parece ser restituido ni recibimos nada. Pedimos también explicaciones de por qué se desconoció la voluntad del Congreso. Es verdad que el argumento puede ser que durante el año el Ministerio de Economía va a dar adecuaciones. Pero la realidad es que hoy, las instituciones como el Ministerio de Desarrollo y ANSES, no saben si van a contar con esa plata que se recortó. No es que vaciaron las políticas, tienen menos dinero que el Congreso decidió que debía tener”, remarcó Izcurdia. Ante la falta de respuesta de los poderes Ejecutivo y Legislativo, el Programa de Niñez de ACIJ evalúa si presenta un amparo para revertir esta situación.
Dic 20, 2022 | Comunidad, Destacado 5
El retorno a la cotidianidad escolar dejó en evidencia los efectos del aislamiento por la pandemia. Fonoaudiólogos y docentes explican qué pasó con los niños de jardín de infantes.
Los trastornos específicos del lenguaje (TEL) y del habla aumentaron tras el aislamiento obligatorio del 2020 de forma significativa en niños y niñas. La limitación de los vínculos y la interacción con pares pueden ser una de las causas en estos retrasos en el desarrollo integral de las infancias post pandemia. ¿Qué dicen las especialistas? ¿Cómo influye la recuperación de la educación presencial plena?
Para Laura Kolodny, licenciada en Fonoaudiología con orientación en Neurolingüística de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y docente de Musicoterapia en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), “el aislamiento afectó bastante al desarrollo del lenguaje, dependiendo de la edad y de qué tan construido estaba el lenguaje en su momento. Antes tenía una lista de espera de muchos pacientes, pero en 2021 aumentó sobre todo en un grupo etario de tres años que todavía no hablaba. La pandemia atrapó a chicos de uno o dos años, que están en la edad de la adquisición del lenguaje”, afirma.
El relato de Yesica Muñoz, estudiante del Profesorado de Nivel Inicial en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 55 (I.S.F.D. y T. N°55) de Escobar y mamá de un niño de hoy cuatros años en tratamiento por TEL coincide con los efectos de haber pasado un año confinados: “A los cuatro días de que el presidente decretó la pandemia, él cumplió dos años. Empezó jardín en 2021 a los tres, pero eran cuatro burbujas, no iba casi nunca. Recién este año comenzó normal”, señala, y destaca también que durante ese período de encierro el estímulo estuvo siempre presente: “En el profesorado aprendí tantas cosas y él estaba en una edad súper accesible para eso. Le leí libros, hacíamos juegos, entonces no tuvo nada que ver la falta de estímulo. Cuando me junté con una amiga y su hijo, de la misma edad que el mío, me di cuenta que hablaba muchísimo más que él. Llamé a la fonoaudióloga y dos semanas después el jardín me recomendó que lo lleve”.
En las consultas la fonoaudióloga le comunicó que el no ir al jardín provocó su retraso en el aprendizaje del lenguaje. “Me dijo que él necesitaba eso, el contacto con otros niños y niñas. No salía a ningún lado. Tenía la plaza en la otra cuadra y no podíamos ir. Cuando salió fue un niño muy feliz, ahí empezó a demostrar lo que es él ahora”, dice.
Según Kolodny, “son las interacciones con otros pares las que las niñas y los niños necesitan para poder comunicarse y las que tenían estaba muy reducida a la familia. Se perdió también el vínculo con otros pares en las plazas, en los lugares de diversión, con el resto de la familia, los tíos, los primos, con los amigos de las familias y sus hijos. Probablemente con las personas que vivían pasaban ocho horas frente a una compu, así el formato de comunicación estaba un poco complicado”, resalta.
En este sentido, Fabiana Ferrero, licenciada en Educación Inicial de la Universidad Nacional de Luján (UnLu), jefa del Campo Práctico 1 y 2 del Instituto Superior de Formación Docente y Técnico N° 55 de Escobar y maestra jardinera de hace treinta y siete años, remarcó la importancia de la educación inicial para las infancias: “Lo social que tiene la escuela no lo tiene nadie. La microsociedad la tiene en el jardín o la guardería. El estar presencial hace que sea más independiente y que adquiera un montón de habilidades que atrás de una pantalla no se pueden lograr. En el entorno familiar el niño habla mal pero la familia le entiende lo que quiere. Distinto es cuando no están en ese entorno, tienen que competir en el buen sentido con otro. Y para eso necesitan muchas habilidades, poder comunicarte, hacer valer tu palabra”, expresa.
Cuando los jardines retornaron a una presencialidad con jornada completa, pudo notar la cantidad de niños con dificultad para comunicarse. “Tienen como un retraso de dos años. Hay un retraso importantísimo”, expresa Ferro.
Siguiendo esta línea, la licenciada en Fonoaudiología Fernanda Medina de la UBA, que atiende en forma particular y en un centro para chicos con discapacidad, dice: “La educación inicial permite exponer a los niños a situaciones nuevas y aprendizajes nuevos. Dentro de lo que es el desarrollo del lenguaje está muy marcado que es el entorno donde adquirimos el lenguaje por estar expuestos; no solo es la palabra de oído, sino lo que huelo, lo que siento, los gestos”.
Mayra Ruiz, licenciada en Psicopedagogía de la Universidad de Flores y parte del espacio terapéutico de aprendizaje Brinca y Rebrinca de General Pacheco, donde articulan distintas áreas para todas las edades, pudo notar como la cantidad de casos post pandemia se multiplicaron. “Aumentaron las consultas un 99%. Hay muchos chicos que están llegando a grados altos sin saber leer ni escribir. Si bien no le podemos echar toda la culpa a la pandemia, en ese tiempo del haber estado aislados, afectó. Todo lo social es muy importante para el chico para lo que es el habla. Al no poder pronunciarlo de manera adecuada es muy difícil que lo puedan pasar a un símbolo como lo puede ser una letra”, asegura.
El TEL está enmarcado en el campo de la salud mental y discapacidad. “La ley de discapacidad está dictada, pero no se están cumpliendo algunos aspecto de la regulación estatal. Hay que cambiar un poco el paradigma; no ver al niño como el niño que no llega a algo, somos nosotros los que estigmatizamos y tenemos que cambiar el chip de que somos la barrera. El niño no tiene que adaptarse a los sistemas, si no al revés”, exige la fonoaudióloga Kolodny.
Nov 15, 2022 | Destacado 3, Trabajo
A pesar del constante crecimiento del empleo que se da tras la pandemia, más de un tercio de los trabajadores argentinos no realiza aportes jubilatorios. Un problema que lleva cuatro décadas.
Según el último informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC ) sobre el segundo trimestre del año, el mercado laboral argentino mostró un crecimiento en la generación del empleo público a la par de un aumento del trabajo “sin descuento jubilatorio”. Esta situación afecta a más de un tercio de la población económicamente activa. Más precisamente a un 37,8 por ciento de la población económicamente activa. Este proceso de informalidad laboral se viene produciendo desde los comienzos de los noventa. ¿De qué manera se puede revertir la tendencia negativa sobre una población diversa sin acceso a la seguridad social?
El trabajo no registrado comenzó a convertirse en una modalidad cada vez más común desde los comienzos de la democracia, época en que aparecen los primeros indicadores sociales, sobre todo en sectores como la construcción, el comercio y trabajadoras de casas particulares, entre otros. Siguiendo las estadísticas oficiales del EPH-INDEC, al finalizar el primer gobierno democrático post dictadura de Raúl Alfonsín, la informalidad laboral alcanzaba el 32% del total de los asalariados, envuelta en un contexto de hiperinflación económica. Con la política de privatización llevada cabo por los gobiernos de Carlos Menem en la década de los noventa, el trabajo no registrado comenzó a ir en aumento hasta llegar a casi la mitad de la población trabajadora para los años 2001-2002.
Según la socióloga y Doctora en Ciencias Sociales Sandra Giménez, la tendencia negativa comienza a revertirse durante el periodo de pos convertibilidad: “Después con las políticas que se llevan adelante en el 2003-2015, baja pero no se logra erradicar. Hay un tercio de la población económicamente activa que va a seguir en el mercado informal. Eso no quiere decir que la gente no trabaja, lo hace con actividades más de subsistencias, ese mundo del no registro, está el que sale a vender al tren, a la calle o sectores como trabajo rural, comercio, construcción, el trabajo en casa particulares”
La investigadora agrega: “Este sector de gente muy grande que compone el mundo de la informalidad es un mundo diverso. No lograron reducirlo más allá del 30%. Hoy tenemos paradojalmente que bajó la desocupación, pero el empleo que se crea no es el registrado. La pregunta ahí es cómo garantizamos que esa gente pueda satisfacer sus condiciones de vida, el acceso a la salud, los aportes jubilatorios. En treinta años vamos a tener un conjunto de gente que no va tener años de aportes para acceder a la jubilación”.
Según el economista, investigador del Conicet y docente emérito de la Universidad Nacional de Moreno, Julio Neffa, la modalidad del trabajo informal es afín a las crisis económicas del país. “El mercado de trabajo está muy relacionado con la macroeconomía. Si anda bien, va a bajar el desempleo y el trabajo en negro. Si hay estancamiento económico o muchas crisis hacen que la generación del empleo privado sea muy lenta. Estamos viviendo una situación de crisis estructural y el escenario se ha deteriorado después de la crisis internacional 2007-2008. Desde el 2011-2012 argentina tiene un crecimiento muy irregular, un año sube y otro baja”, expresó.
El empresariado argentino cumple un rol fundamental en las decisiones del acceso al trabajo formal por parte de la sociedad asalariada. “Los empresarios buscan reducir sus costos. Cuando un empleador elige no crear empleo en blanco, estable, regulado por la Ley del Contrato de Trabajo, con aportes, se ahorra alrededor de un 30% del monto de los salarios, están reduciendo sus costos salariales pero dejando a mucha gente en situación de precariedad”, dice Neffa.
“Al mismo tiempo, debilita la organización sindical. Porque si trabajan en negro, no pueden acceder a los sindicatos. Están en una situación de inseguridad muy grande, porque los pueden despedir en cualquier momento sin preaviso o indemnización. No tienen un sindicato que los defienda. Hay una serie de responsabilidades que van desde el gobierno, a los empresarios, a las organizaciones sindicales. Hasta que no haya una política de crecimiento económica, no se van a crear ni ampliar empresas ni habrá muchas posibilidades de generar empleos en blanco”, agregó.
Según Neffa, primero tendría que haber un plan de estabilización que frene la inflación actual y segundo hacer un plan de desarrollo nuevo, ya que el último que hubo en el país fue el del año 1973. “Después de ahí nunca más hubo un plan, porque si un gobierno hace un plan tiene un objetivo y tiene que tratar conseguirlo, sino tiene un plan anda a la deriva y nadie le puede decir que no cumplió. Para los gobernantes les da libertad pero es una catástrofe para la sociedad”, manifestó.
Siguiendo la línea de los cambios necesarios, la socióloga Giménez plantea que no solo es suficiente con políticas de ingresos, sino también, una transformación cultural sobre lo que consideramos “trabajo” en los nuevos escenarios del mercado laboral. “En un área más simbólica, qué cosas reconocemos como trabajo. ¿Qué hacemos las madres? Si contribuimos a la fuerza de reproducción del trabajo pero todavía no hay un Estado que reconozca a las mujeres que hacemos esta labor. Lo que hacen los comedores comunitarios es laburo. La disputa es qué registramos como trabajo. No alcanza con la política de ingreso. Aquella persona que vive de hacer carteras y se enferma, no puede ir a vender. En políticas sociales hablamos de desmercantilizar el acceso a ciertas prestaciones como un asunto de derecho independientemente de cuál es tu situación en el mercado de trabajo. De esa discusión estamos muy lejos en el país. La mirada de la clase política está muy afincada en esa Argentina de casi pleno empleo masculino de los noventa, eso ya pasó, ya fue, no vamos a volver a esa época. Hay que construir nuevos consensos”, expresó.
Jul 18, 2018 | Comunidad, Novedades
En Argentina, por cada peso que se invierte en el cuidado ambiental, se destinan veinte pesos hacia los sectores que colaboran con su degradación. Esa es una de las conclusiones que se desprende del análisis del presupuesto nacional para medio ambiente, según un estudio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Esa organización y otras entidades del sector social concuerdan en destacar lo poco que invierte el Estado nacional en ese área.
“Este trabajo llegó para quedarse, hace rato”, afirma María Marta Di Paola, directora de Investigación de FARN. El análisis del Presupuesto 2018 concluyó que las partidas medioambientales se reducen. “En el último tiempo hay medidas de ajustes que no procuran la conservación del ambiente, sino que buscan posicionar a la economía en lugares que fomentan energías que no son consideradas limpias. Por ejemplo, hay presupuesto creciente para el sector de la minería, pero no para remediar los efectos vinculados a esta actividad”, explica.
En el documento se detalla que este año se aplicaron un millón 700 mil pesos para detectar los glaciares que no se pueden usar para evitar su degradación, mientras que el monto para la búsqueda de nuevos yacimientos de minerales es muy superior. Así, por cada peso a la ley que los protege, se destinan 66 al mapeo minero. Ocurre algo similar en el sector energético: por cada peso que se asigna a energías renovables o eficientes, hay 61 pesos que subsidian los combustibles fósiles.
El análisis del Presupuesto 2018 concluyó que las partidas medioambientales se reducen.
El informe también analiza las partidas presupuestarias a la Ley de Bosques: “Sólo se le dio el 0,02% del presupuesto nacional, cuando en realidad debería tener al menos 0,3%. Es decir, se lo constituyó con solo un 5% del fondo que debería tener según ley”, enfatiza Di Paola. Sobre este ítem, Darío Rodríguez, coordinador del Banco de Bosques, consideró que si bien esta ley generó una baja en la tasa de deforestación, ésta sigue siendo una de las más altas del mundo. “Se ha deforestado más del 70% de las áreas boscosas. Las penas que se adjudican son mucho menores a la ganancia que le representa a los dueños de estas tierras explotarlas. Además, es muy poco lo que se destina al control. Desde la sanción de la ley se estima la pérdida de 750 mil hectáreas de bosque de forma ilegal”, expresa.
Sobre las causas principales de esta política, Rodríguez afirma: “Quiero creer que es más porque nuestros gobernantes no saben todo el mal que están haciendo. Pero es innegable que el lobby que hacen las empresas que se dedican a la compra de tierras para su deforestación es y siempre ha sido muy fuerte. Los beneficios económicos a corto plazo, en un país como el nuestro, siempre parecen ser una buena idea para el gobierno de turno, pero a nivel local los niveles de pobreza aumentan, así como las enfermedades y los desastres ‘naturales’”. El directivo de Banco de Bosques agrega: “Todavía persiste la idea de que para producir, generar empleo y ‘progresar’, hay que hacerlo destruyendo nuestros recursos naturales”.
Contaminación del Río Reconquista
Por su parte, Adriana Anzolín, coordinadora de la Plataforma de Organizaciones de la Sociedad Civil de la cuenca del Río Luján, explica: “Hay algunas áreas donde directamente están vacías, como en la Organización para el Desarrollo Sostenible (OPDS), no tiene gente ni presupuesto y es la encargada de realizar controles de contaminación y las habilitaciones de las urbanizaciones cerradas”, declara. Según dice, lo mismo ocurre con el plan de obra sobre el Río Luján. “Van a destruirlo, quieren rectificarlo en 48 km. Todas estas acciones deberían estar controladas por la OPDS y lo que sucede es que el Ministerio de Infraestructura es el que realmente tiene el poder y la OPDS queda subordinada a él”, revela. Desde la Plataforma denuncian que el ensanche del río borra los meandros -curvas y contracurvas- propios del ecosistema, quedando rectos y dando como resultado la poca infiltración del agua hacia las napas subterráneas que proveen el agua potable. “Esta gente ve a los ríos como caños y si las lluvias son muy intensas, se desborda a una velocidad impresionante que puede arrasar con lo que encuentra, ya no van a estar las curvas”, expresa.
