Estudiar en Buenos Aires está cada vez más lejos

Estudiar en Buenos Aires está cada vez más lejos

El incremento del alquiler, el transporte y los materiales de estudio hace cada vez más difícil los estudios universitarios, sobre todo para aquellos que dejaron sus localidades para mudarse a la Capital. Tácticas y estrategias para cursar en crisis.

Ciudad Universitaria - Archivo ANCCOM

En los últimos tiempos el recorte presupuestario para la educación está en boca de todos. El foco se suele poner en los sueldos de docentes y no docentes que se deterioran mes a mes. Pero los estudiantes también viven una realidad de precios que suben mientras los ingresos corren desde atrás y quedan cada vez más lejos. En particular, el aumento sostenido del costo de vida en todo el país tiene formas particulares en Buenos Aires y pone en apuros a los estudiantes universitarios que llegan desde diferentes provincias en búsqueda de oportunidades académicas que les deparen un futuro mejor.

“Mis papás pensaron en mudarme más cerca de la facultad para achicar los gastos de transporte”, comenta Antonia Escalante, de Choele Choel, provincia de Río Negro, quien estudia en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La distancia al estudio se ha vuelto una cuestión vital a la hora de estudiar: en enero del año pasado viajar en tren le costaba 37,38 pesos, actualmente, con la tarjeta SUBE registrada, la tarifa es de 280 pesos, lo que se traduce en un aumento del 649% en lo que va de 2024. Para quienes viven en CABA, el pasaje de subte sufrió una estampida aún más aceleradamente: en septiembre de 2022 viajar en el subte costaba 42 pesos, y con el último incremento, llegó a 757. En resumen, un aumento del 1.702% en dos años.

Frente a este panorama, Antonia y otros estudiantes, optan por modificar su cronograma y cursar la mayor cantidad de materias en uno o dos días a la semana para evitar viajar tan seguido, aunque tengan que esperar varias horas entre una clase y otra.

A estos gastos generales se suman otros específicos de carreras para las que se deben presentar maquetas y modelos: “Hay compañeros que tuvieron que dejar de cursar varias materias y solo hacen una, o una materia que sea teórica y otra práctica, para no tener gastos tan altos. Es cara la carrera”, señala Florencia Mancuso de Puerto Madryn, provincia de Chubut, quien estudia Diseño de Indumentaria en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA).

La vivienda es otra de las grandes problemáticas para los estudiantes que vienen del interior del país: no es igual la realidad de un joven que vivió toda su vida en el barrio de Almagro con sus padres y la de otro joven de la misma edad que viene desde el interior a estudiar y necesita alquilar. Para muchos chicos y chicas, durante los primeros meses y hasta que se adaptan a una nueva ciudad y puedan conseguir un trabajo que les permita mantenerse, la ayuda económica de sus padres es un pilar fundamental.

“Recibí ayuda al comienzo. Fue indispensable. Luego fue menor. Ahora con mi trabajo de tiempo completo no recibo nada más de ellos”, comenta Estrella Ayastuy, 27 años, de Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, quien estudia Farmacia en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

No todos pueden tomar trabajos de tiempo completo. Por eso, para no descuidar sus estudios, optan por trabajos de media jornada, por lo que el salario, en el mejor de los casos, les alcanza para cubrir lo básico. Con los aumentos constantes en materia inmobiliaria, los jóvenes han tenido que rebuscárselas. Sobre esta situación, Agustín Ayastuy, 23 años, estudiante de Abogacía, en la Facultad de Derecho en la UBA, explica: “Tengo compañeros que empezaron a compartir el alquiler con más personas”. Esta práctica se está volviendo cada vez más habitual entre universitarios. “Tengo amigos y conocidos que vinieron desde otras provincias que tuvieron que mudarse a residencias o alquilan entre varios para reducir gastos”, señala Donna Ottogalli, 20 años, estudiante de la Licenciatura en Desarrollo de Videojuegos en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Según la Encuesta Nacional Inquilina de septiembre 2024, realizada por las organizaciones Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos, uno de cada cuatro inquilinos tuvo que mudarse en los últimos tres meses por no poder pagar el alquiler. Sumado a eso, el 42,2% de los encuestados dice que tendrá dificultades para afrontar el pago en los próximos meses. Otro punto para tener en cuenta es el porcentaje que destinan las personas de su salario para poder pagar solamente dicho alquiler.

“Un 40% de mis ingresos van para el alquiler”, comenta Nicolás Acuña, estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. La cifra que maneja Nicolás se acerca al promedio que arroja la encuesta. “Aproximadamente para el alquiler gasto un 40% de lo que gano”, coincide Agustín, el estudiante de abogacía.

 

La situación de las universidades privadas

Los estudiantes que asisten a una universidad privada deben sumar un gasto adicional a la ecuación: el valor de las cuotas. Por ejemplo, en la UADE, el costo de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en marzo de 2022 era de 17.000 pesos por una sola materia y 60.000, aproximadamente, por el pack de cinco. En agosto de este año, una materia cuesta 54.000 pesos y el combo por las cinco materias 257.000.

Frente a este panorama, muchos estudiantes han modificado los plazos que tenían para finalizar sus carreras universitarias, haciendo que la pregunta “¿cuánto falta para que te recibas?”, sea cada vez más difícil de responder. “A partir del año pasado tuve que pasar de cursar cinco a tres materias porque me mudé sola y fue imposible para mí”, dice Soledad Aurignac, estudiante de UADE. Además, agregó: “Conozco personas que abandonaron la carrera y se volvieron a sus provincias, y también personas que pasaron a vivir de capital a provincia”.

Mientras se asegura a los jóvenes del país que estudiar es la mejor forma de progresar en la vida, el camino hacia las aulas se ve obstaculizado por dificultades crecientes. Para los del interior es particularmente duro y muchos, con pesar, deben volver a sus casas. Es otra cara de una educación un poco menos pública y gratuita.

La Boca resiste a los desalojos

La Boca resiste a los desalojos

Organizaciones sociales y partidarias realizaron un ruidazo para manifestarse en contra de los desalojos con que el Gobierno de la Ciudad ejecuta el barrio. “Quieren hacer un nuevo Puerto Madero”, advierten los vecinos.

Los vecinos del barrio La Boca convocaron a un ruidazo sobre la calle Necochea para reclamar por el derecho a la vivienda digna y exigir un alto al desalojo de las 20 familias que viven hace más de una década en un edificio de la misma calle. Participaron vecinos autoconvocados del barrio, algunos que habían sido desalojados recientemente o se encontraban en riesgo de serlo por los aumentos en el alquiler, expensas y servicios, y otros que se acercaron en solidaridad. También, estuvieron presentes representantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Frente Patria Grande, La Boca Resiste y Propone y La Cámpora. Una de las vecinas perteneciente al Frente Patria Grande y que se encuentra ella misma en proceso de ser desalojada junto a sus seis hijos, uno de ellos con discapacidad, Tamara Manjón cuenta: “Hay 280 desalojos en curso que no solamente tiene que ver con conventillos sino con gente del barrio para el lado de Barracas que, por ejemplo, no está pudiendo pagar las expensas o el alquiler y los van a desalojar”.

La comunidad

Algunas plantas silvestres se abren paso entre las grietas en la fachada de las casas desalojadas. En plena emergencia habitacional en La Boca estas casas históricas se mantienen vacías. Con las puertas selladas y las ventanas abiertas, exponiendo el interior a la erosión del viento, la lluvia y el tiempo. Sobre el portón oxidado hay un cartel con letras rojas que alerta: “Hay niños, personas mayores. Vivienda digna”. Un hombre sentado en una silla sobre la vereda se tapa la cabeza con las manos. Está rodeado de lámparas, muebles y cajas. Vivía dentro de una de esas casas de la calle Necochea. Hoy vive en la esquina, a la intemperie, rodeado de sus pertenencias y al pie de la vivienda donde ya no puede entrar.

Agachado sobre el asfalto y protegido por la sombra de un árbol, se encuentra el vecino José Luis Rivas con su remera turquesa del Indio Solari. Escribe en una tela blanca con paciencia y pintura negra: “No al desalojo de  lxs vecinxs”. Rivas vive hace una década en el edificio que quieren desalojar, con su pareja y sus tres hijos. Cuenta que actualmente, todos los viernes se reúnen con abogados y las familias que se encuentran en la misma situación para ayudarse mutuamente. Con respecto a la comunidad barrial, dice que son “muy buenos vecinos. Siempre que se presentaba algo se contaba con unos, se contaba con otros”.

Las viviendas donde habitan Rivas y Manjón, se encuentra al lado de una lavandería con las paredes combinadas en azul y amarillo, que se mantiene abierta. Del lado de enfrente, está la cantina Rímini de 1966, cerrada y envuelta en rejas. El cartel azul, ya sin luz, todavía sobresale, aunque solo luce sus colores corroídos y pequeños destellos de óxido. En contraste con las viviendas envejecidas que van perdiendo su brillo y fundiéndose en un monótono gris amarronado, otras casas se llenan de murales, pañuelos verdes y banderas. Una Argentina y otra Whipala apenas se mueven por la ventisca. Hacia el sur, la calle tiene vista al puente rojo de Nicolás Avellaneda.

Suena Gilda en el parlante. Sobre las tres mesas ubicadas en medio de la calle están desparramadas hojas blancas, pinturas, gaseosas, un paquete de galletitas, otro de papas fritas y mates. Una de las vecinas pinta un cartel con témpera roja. 

Empieza a sonar la batucada, bajo el sol del mediodía, con bombos y tambores hasta opacar la cumbia que queda de fondo. Algunos vecinos bailan con pasos de murga. Varios acompañan con maracas o aplaudiendo. Otros ayudan a pegar los carteles del ruidazo. Sobre la baranda frente al edificio uno de los afiches recién pintados dice: “Somos 20 familias”. Una niña lleva una hoja en una mano con la frase “No a los desalojos” y un carpincho de peluche en la otra. Hay señoras mayores con bastón y chicos corriendo y jugando a la pelota. La escena atrae a los vecinos curiosos que pasean por la zona aprovechando el clima primaveral.

 “Acá hay muchas personas que están a cargo de familias y que tienen graves problemas de salud –señala Majón-. Hay personas muy grandes que ni siquiera tienen una pensión por discapacidad o una jubilación. ¿Cómo van a solventar un alquiler? ¿A dónde van a ir?” Además manifiesta que con los salarios bajos en relación al aumento de los alquileres y las tarifas, “no hay forma de pagar un alquiler. Para entrar los requisitos mínimos son garantía propietaria, seguro de caución, que tengas un laburo en blanco y que puedas pagar el alquiler. Con los montos que están pidiendo, son unos dos millones, es irrisorio que una de nuestras familias pueda pagar eso para acceder a un alquiler”.

La batucada fue deteniéndose para dar paso a las exposiciones. Uno a uno, los participantes fueron tomando el micrófono y contando su historia. Manjón manifestó: “Somos familias de La Boca. Nacimos acá, vivimos acá, nos desarrollamos acá, criamos acá y no queremos ser excluidos de nuestro barrio”. En consonancia con lo expresado por la vecina, el conductor del programa de stream Discasta, conventillero y artista popular de La Boca, Jony de la Silla, denunció la decisión del Gobierno de expulsar la histórica feria de artesanos Vuelta de Rocha de la Plazoleta de los Suspiros: “Al Gobierno de la Ciudad no le importa nada. Quieren hacer un Puerto Madero para acá y, en todo caso, si quieren hacer Puerto Madero es con nosotros”. Los autoconvocados respondieron a las intervenciones cantando “La Boca no se vende”.

Se defiende

En el año 2007 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley 2240 que declara la emergencia urbanística y ambiental abarcando vivienda, servicios, equipamiento, espacios verdes y actividades productivas. A partir de esta ley se constituyó la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación Urbanística y Ambiental del Barrio de la Boca, con el objetivo de poner en práctica los programas, convenios y políticas públicas para favorecer el acceso a la vivienda digna. Los vecinos de la vivienda sobre Necochea piden una reunión con el Instituto de Vivienda de la Ciudad para poder generar esa instancia y encontrar una solución al conflicto presente.

En este sentido, Manjón explica: “La semana pasada nos dieron la sentencia de desalojo, la pudimos apelar. Ahora nos permitieron fundamentarla pero básicamente lo que nosotros queremos es que el juez nos de una mesa de trabajo con el IVC y también conseguir tiempo porque los tiempos son muy cortos y ya estamos a dos meses de fin de año y somos 20 familias que vamos a quedar en la calle”.

Natalia Quinto, de la organización La Boca Resiste y Propone, complementa: “El problema no es quedarse en esa casa en la condición en la que se encuentran sino poder solucionar su situación habitacional en el contexto de crisis habitacional de la ciudad, también de emergencia específica que tiene nuestro barrio” y continúa: “El gobierno tiene un programa de recuperación de La Boca a través de la Unidad Ejecutora y, al mismo tiempo, lleva adelante acciones que van absolutamente en contra con ese programa de recuperación”. También, hizo referencia a los desalojos impulsados desde el Gobierno de la Ciudad el 30 de julio y 26 de agosto de este año sobre la calle Pedro de Mendoza que dejó a 20 familias en la calle. Frente a la pregunta de por qué se llevan a cabo operativos de desalojo teniendo las herramientas necesarias para evitar llegar a esa instancia, responde: “Se decide así porque hay una creencia de que estamos en un tiempo donde ser cruel garpa” y sigue: “Creo que es desconocimiento, creo que es prejuicio, creo que es este momento político que propone la cancelación del otro”.

Majón invita a movilizar nuevamente el 10 de noviembre para visibilizar su situación y la de los vecinos del barrio. Responde que para dar respuesta al modelo de exclusión que el Gobierno busca imponer hay que seguir, “organizándose, generando consciencia, empatizando con el otro. Porque frente a esta crueldad deshumanizante que nos están planteando desde la ciudad y el gobierno nacional lo único que nos queda es salir de esto organizándose colectivamente”.

El Gobierno de Milei profundiza su ataque a la salud pública

El Gobierno de Milei profundiza su ataque a la salud pública

Ante el inminente cierre del Hospital Nacional de Salud Mental “Laura Bonaparte”, sus trabajadores realizaron una asamblea, decidieron permanecer en el edificio por tiempo indefinido y convocaron a toda la comunidad a respaldarlos en su lucha. Cientos de pacientes se quedarían sin servicio.

Los trabajadores del Hospital Bonaparte denunciaron el cierre del Servicio de Internación y de las guardias por orden del Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones. “Es el paso previo al cierre total del hospital, dejando sin tratamiento miles de pacientes en salud mental, incluyendo niñas, niños y adolescentes”, señalaron en un comunicado.

 “Los trabajadores del hospital en asamblea general decidieron permanecer en sus puestos de trabajo y llaman a todos los ciudadanos, usuarios, familiares, profesionales, asociaciones civiles, sindicales, asambleas barriales y a la comunidad entera a sumarse en la lucha y defensa del hospital y la salud pública”, agregaron.

Soledad Rivas, psicóloga y delegada de ATE en el hospital, contó la sucesión de hechos: “Desde el Ministerio le bajan una orden a Christian Baldino (director del Bonaparte) de que se tiene que cerrar el Servicio de Internación. Como no va a haber más ingresos de pacientes, se cerraría la guardia del hospital y la atención a la demanda espontánea. Después nos informan a través del director que posiblemente el lunes vaya a salir el decreto del cierre del hospital”.

Mariana, psicóloga y trabajadora del Bonaparte, se refirió a la situación de los internos: “Tenemos pacientes adentro, estábamos atendiendo. No hay previsión de a dónde derivarlos, de qué hacer. Estamos hablando de pacientes de salud mental. En internación debe haber alrededor de 30 y después ambulatorios hay alrededor de 60 en el hospital de día y como 500 de consultorios externos”.

Frente al aviso del posible cierre, los gremios llamaron a congregarse en las inmediaciones del edificio situado en Combate de los Pozos 2133. A los trabajadores se le sumaron los pacientes del hospital y personal de salud pública de capital y provincia de Buenos Aires. Tras cortar la avenida Caseros a modo de protesta, se replegaron para discutir qué medidas implementar.

María, médica de la Comisión Provincial de Residentes, se acercó junto a sus compañeros para respaldar a los trabajadores en su reclamo. “Empezaron a circular los mensajes en las diferentes organizaciones que tenemos los residentes en CABA, en provincia y en nación. Inmediatamente nos enteramos que estaban los trabajadores realizando una asamblea. Vinimos a apoyar porque vemos que esto es un escándalo. El cierre se enmarca en los ataques despiadados de este gobierno contra todo lo público”.

En asamblea, se propuso la toma del hospital. Decía una trabajadora del Bonaparte: “Quiero incitar a que pongamos el cuerpo, que este Gobierno se la pasa hablando de destruir el Estado, siendo el Estado mismo. Yo soy y he sido docente toda mi vida. Durante el macrismo hemos visto este tipo de prácticas. La única forma de derribarlos es poniendo el cuerpo, saliendo a la calle, visibilizando. No puede avanzar, no puede cerrar el hospital, hay que llamar a todo el mundo, llenemos la calle, no abandonemos”.

Silvia, trabajadora del Hospital Moyano y representante gremial, apoyó la medida de la toma del edificio. “Vengo en nombre de mis compañeros a abrazar la lucha de los trabajadores del hospital Bonaparte. Entendemos como principal método de lucha frente a este Gobierno reaccionario y liberticida la toma de los hospitales y la coordinación de todos los hospitales de la zona sur de la ciudad”.

La decana de la Facultad de Ciencia Sociales de la UBA, Ana Arias, también se hizo presente en defensa de la institución: “El hospital Bonaparte ha sido centro de prácticas de estudiantes de nuestra facultad desde hace más de una década. El hospital nos brinda una asistencia de primera escucha fundamental para el aprendizaje de los alumnos. Sin este hospital, ellos también se van a quedar sin espacio”.

Pablo Almeida, delegado general de ATE en el Ministerio de Economía, llevó la solidaridad de los estatales. “Queremos decirles que en esta pelea no están solos, cuentan con el apoyo de cada una y cada uno de los estatales. Necesitamos dejar de pelear lugar por lugar y necesitamos una lucha unificada. Por eso hace un rato un compañero de la directiva de ATE dijo que el lunes a las 12 está el compromiso de una medida de un plenario delegado de todos los hospitales”.

“Necesitamos plenarios de delegados en la puerta de cada sector que está en lucha ahora, pero no sólo de los delegados y delegadas de los hospitales, tenemos que venir todos los delegados y delegadas estatales a bancar, porque si se gana en este hospital contra el cierre, ganamos en el INCAA, ganamos en el Ministerio de la Economía, ganamos en el Ministerio de Trabajo”, afirmó.

Al final de la asamblea, se votó la permanencia en el hospital por tiempo indefinido y el armado de comisiones para seguir asistiendo a los pacientes durante la toma. Desde un megáfono, se escuchó la voz de una de las trabajadoras: “Les vamos a pedir a los sindicatos que nos aporten baños químicos, gazebos. Empecemos a pensar todo lo que necesitamos para garantizar la toma. Esto empieza hoy, pero no sabemos cuándo termina. Es muy importante que nos organicemos”.

Un presidente que no escucha

Un presidente que no escucha

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario a pesar de las multitudinarias marchas que este miércoles se desarrollaron en todo el país. Más de un millón y medio de personas se movilizaron en casi todas las provincias, según los organizadores. Ahora, la última palabra la tiene el Congreso. ¿Rechazará o ratificará el veto?

La segunda Marcha Federal Universitaria desbordó la plaza del Congreso con miles de manifestantes que se unieron para reclamar por la ley del presupuesto educativo, que esta mañana, con una ceguera absurda y haciendo oídos sordos al reclamo popular el presidente Javier Milei vetó. En el interior del país también hubo movilizaciones con asistencia masiva en ciudades como Córdoba, Rosario y Neuquén. Los organizadores calcularon que un millón y medio de personas se manifestaron en todo el país. El tema se definirá finalmente en el Congreso durante las próximas semanas.
El sistema universitario se encuentra en estado crítico, los fondos destinados a las casas de altos estudios cayeron un 30% respecto al año pasado, la inflación continúa en alza y el salario de los docentes está por debajo de la inflación y en muchos casos por debajo de la línea de indigencia. En este escenario el Congreso sancionó La ley de Financiamiento Universitaria el pasado 13 de septiembre que determina un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios y una actualización en los salarios de los docentes y no docente, pero el gobierno de Javier Milei decidió vetarla con la excusa de mantener su consigna de “déficit cero”. Por este motivo, docentes, estudiantes, no docentes e investigadores salieron a manifestarse acompañados de múltiples sectores sociales.

La movilización empezó temprano, a las 12, Constitución estaba lleno de columnas que llegaban desde Zona Sur. “Hoy movilizamos para decirle al presidente Javier Milei que no vete la ley de financiamiento universitario, salimos a las calles, millones de estudiantes, todo el pueblo argentino, en todas las ciudades del país, porque la situación de las universidades desde el principio del año viene siendo crítica”, expresó Ezequiel Godoy, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de La Plata y militante, que luego cerró: “también marchamos por lo que significa la universidad para el país, es movilidad social ascendente y es motor de trabajo para la soberanía de este país”, explicó.

En la plaza Houssay, frente a Facultad de Economía, el grueso de los gremios y centros de estudiantes de la UBA se preparaba para marchar encolumnados detrás de una bandera negra con la inscripción: “Defendamos la UBA”. Mientras tanto, en el Congreso se desplegaba el operativo policial de Patricia Bullrich: vallas, cordón policial y la avenida Entre Ríos cortada.
La plaza empezó a llenarse a las 15, estudiantes, docentes y diversos sectores le ponían color y música a la marcha con banderas, bombos, trompetas y cánticos. Muchos manifestantes llevaban carteles con diversas consignas y mucha creatividad: “Villeros y universitarios el terror de los libertarios”, “la educación pública no se vende se defiende”, “Acá tenés el frente de estudiantes inventados”, “Estudía, nos seas como Adorni”, decían algunas de las inscripciones. Como era de esperarse los principales  gremios del sector universitario como FEDUBA, CONADU, CONADU HISTORICA, AGD UBA, FEDUN y FATUN estuvieron presentes y lucían sus pecheras de diversos colores encolumnados. A la espera del acto, Ileana Celotto, secretaria general de AGDUBA remarco: “La importancia de la marcha es que cada vez somos más los que nos vamos sumando a enfrentar a este gobierno. La única manera de terminar con esta ofensiva es enfrentarlo todos juntos como viene pasando últimamente en diferentes frentes”. Además remarco que el mensaje de la marcha va dirigido a los diputados: “Creo que la inmensidad de la marcha tanto acá como en 100 ciudades de la Argentina, de las cuales vienen los diputados, también los senadores es una advertencia, es un aviso de que votar esto es votar contra esta inmensa movilización, es votar en contra de la ley de financiamiento”.

Además, podían observarse representaciones de sindicatos de la CGT como la UOCRA, UPCN y la UOM que decidieron acompañar la movilización. Al respecto, Jorge Salazar delegado de UOCRA capital explicó: “La conducción decidió acompañar no solo la marcha universitaria sino cualquier medida que se quiera implementar que vaya en contra de los trabajadores, en contra de la educación, en contra de la salud y en contra del pueblo en general porque nosotros representamos muchísima gente a lo largo y a lo ancho del país que se ve afectada por las medidas del gobierno”.

En la marcha había gente de todos los sectores, y los dirigentes políticos tampoco faltaron, sean opositores oy no tan opositores, que se unían bajo la consigna “no al veto” y “universidad pública y gratuita”. En diálogo con ANCCOM, la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz explicó: Eespero que la marcha tenga las repercusiones que necesita para que no se apruebe el veto. Que los radicales se acuerden de sus logros y que los peronistas tengan presente que la gratuidad se logró con el gobierno de Perón”. Luego cerró:“Necesitamos que la ley salga adelante para mantener la calidad de excelencia del sistema universitario que abarca todo el territorio nacional”.

En esta misma línea, el actual legislador de la Ciudad de Buenos Aires y exfuncionario del gobierno del Frente de Todos, Matías Lammens, declaró: “Vine porque estoy convencido que la única salida que tiene la Argentina para desarrollarse es defender el sistema de educación pública gratuito y de calidad que tiene, desde el primario hasta la universidad”, además agregó: “Soy hijo de inmigrantes y primera generación universitaria de mi familia, todo gracias a la universidad pública; por eso estoy acá, por agradecimiento”, cerró.

En la plaza también estuvieron organizaciones y partidos de izquierda, como el PTS y el nuevo MAS, y dirigentes como Martin Lousteau, Guillermo Moreno, Horacio Rodríguez Larreta, Leandro Santoro, Daniel Arroyo y Sergio Massa, entre otros. Por su parte, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a saludar a los manifestantes desde el balcón del Instituto Patria desatando la algarabía de los manifestantes de La Cámpora.

Minutos después de las 16: 30, en el escenario colocado en el centro de la plaza, comenzó el acto con la lectura de las adhesiones, una de las más aplaudidas fue la de Abuelas de Plaza de Mayo, mientras que cuando se leyó el nombre de la UCR, el abucheo fue generalizado. Distintos dirigentes dieron su punto de vista sobre la marcha. Francisca Staiti, secretaria general de CONADUH, manifestó “No se puede repetir este modelo de país, tenemos que estar en la calle, tenemos que estar en la universidad, tenemos que defender un modelo de país que nos saque de la dependencia, por eso hoy más que nunca tenemos que estar acá para decirle al Congreso: ´Queremos que la ley sea ley´, porque es justa, porque es equitativa y porque le va a dar un triunfo a nuestra nación”. Daniel Ricci, secretario general de FEDUN, también fue uno de los oradores, desde el escenario resaltó la caída de los salarios de los docentes y en diálogo con ANCCOM expresó: “El pueblo está manifestando que está en contra del sistema que está aplicando el gobierno actual”. Luego lanzó un llamado para los representantes en el Congreso: “Esperemos que nuestros legisladores se despierten y en vez de estar haciendo las roscas o negocios o negociaciones espurias se pongan del lado del pueblo”.
Entre los discursos, los manifestantes se expresaban: “Universidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode” y “paro, paro, paro, paro general”, vitoreaban a los oradores. El cierre estuvo a cargo de Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), quien leyó un documento redactado entre los rectores, docentes, no docentes y estudiantes de la universidad, “La columna vertebral de la nación es la educación pública que nos igual y nos hace libres, la universidad pública es por excelencia la herramienta de movilidad social ascendente, que no despojen al pueblo argentino de sus sueños de grandeza”, dejó en claro la dirigente y finalizó contundente: “Que no nos roben el futuro”.

Antes de las 18 el acto ya había concluido y los manifestantes comenzaron a desconcentrar. De forma pacífica y ordenada el grueso de gente se fue retirando, algunos aprovechaban para comer en los puestos de choripán, un cásico en estos eventos, otros tomaban mate o compartían cervezas. Los niños, que también acompañaron a la marcha aprovechaban el espacio del vacío para jugar. “Vine en primer lugar porque yo soy estudiante, porque mi hermano es primera generación universitaria de mi familia y además porque, por ejemplo, mi hijo tiene escrito en el guardapolvo ´futuro científico´ y mi hija quiere ser veterinaria”, dijo Rosario Carrick, estudiante de la UNSAM mientras señalaba a sus hijos. “A ellos decidí traerlos porque creo que, como dice la frase de Callejeros, educar es combatir. Y pienso que ellos tienen que ser conscientes de que los derechos que tienen son derechos que hay que defender y por los que hay que luchar”. Antes de irse, su hijo Lautaro Mandolini, alumno de primaria, con el anhelo de ser científico quiso hablar y citar a Diego Armando Maradona: “Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados”, dijo al micrófono y se fue tímidamente.
Al caer la noche, mientras algunos continuaban en las inmediaciones del Congreso acompañados por bombos y trompetas, el gobierno de Milei confirmo el veto. Hoy amaneció el veto, pero el escenario de lucha por el presupuesto universitario sigue abierto.

 

La Ciudad judicializa a un gremialista docente

La Ciudad judicializa a un gremialista docente

Terminaron de declarar los testigos en el juicio que inició la exministra de Educación, Soledad Acuña, al maestro Juan Manuel Di Vincenzo por denunciar las malas condiciones laborales durante la visita de un funcionario.

El jueves pasado se realizó en el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 49, la última ronda de testigos en el juicio por el desafuero a Juan Manuel Di Vincenzo, sumariado junto al docente y dirigente Jorge Adaro por reclamar mejoras en las infraestructura de la Escuela 19 de Villa Soldati y manifestar por los docentes fallecidos en plena ola de contagios de la pandemia de COVID 19.

Pese a las malas condiciones de trabajo en el juzgado, el juicio se desenvolvió como estaba previsto. “Cinco personas en una habitación pequeña, en asientos incómodos, en la primera declaración tardaron dos horas por las fallas en los teclados”, detalló el acusado a ANCCOM. Al finalizar con el último testigo, en las calles esperaban por la conferencia de prensa las compañeras de la Escuela 19, junto con integrantes de ADEMyS, partidos de izquierda, legisladores y periodistas.

Un viaje al 2021

Como era usual en las prácticas que realizaba Fabian Capponi, el entonces Director General de Escuelas Estatales de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el contexto de la pandemia del 2020, visitó la Escuela 19 de Villa Soldati, en donde los docentes se acercaron a comentarle respecto de las fallas de infraestructura, conectividad y malas condiciones de seguridad e higiene. “Solo recibimos ninguneos por parte de Capponi, quien se retiró de la escuela arrancando uno de los carteles que estaban en la puerta, informando a las familias sobre la situación de la escuela” contó Di Vincenzo y completó: “Volvió a las horas junto a dos personas más, filmando y sacando fotos con los celulares durante la salida de los alumnos de primer ciclo. Fue una situación de mucha tensión para las familias que no podían retirar a sus hijos, y por otro lado el funcionario y sus dos acompañantes querían volver a entrar a la Escuela. Se les pidió que se fueran, que sin permisos ni notificación no podían filmar, y terminamos logrando que se retiren”, recordó el delegado. 

Entre todos los reclamos por parte de los docentes, en marzo del 2021 la Defensoría del Pueblo junto a legisladores y un arquitecto visitaron la escuela de Villa Soldatti y abrieron un expediente en el cual decían que “el edificio es un riesgo para todas las personas que lo habitan y sugieren que se realice un arreglo integral o el traslado de la escuela a otro edificio, lo cual nunca sucedió”. Después de la visita del funcionario, la exministra de Educación porteña, Soledad Acuña, subió a su cuenta de X uno de los videos ilegales filmados sin ningún tipo de permiso por parte de una persona sin identificación, y lo usó para escrachar a los docentes. “No queremos este tipo de docentes en la educación, serán sancionados” expresó Acuña.

En ese contexto, la funcionaria había anunciado la suspensión del salario por 30 días a dos maestros e inició un proceso para quitarle los fueros sindicales a Juan Manuel Di Vincenzo y Jorge Adaro, en ese momento secretario adjunto del sindicato Ademys. A partir de esa situación, se generó un gran movimiento y se fueron realizando algunos arreglos en la escuela. No obstante, el sumario terminó con la desestimación de los argumentos del desafuero por todas las pruebas presentadas por los docentes. Di Vincenzo y Adaro son acusados por pegar carteles en la puerta, cantarle al funcionario Capponi al grito de “no sos bienvenido, no sos bienvenido” e increpar a un funcionario público.

En este marco, Di Vincenzo fue elegido de manera unánime como delegado por lo cual con la llegada de la notificación del sumario se desarrolló una pelea entre el Gobierno, que sostenía que en el momento del hecho aún no era delegado y, por parte de la Escuela, que dice que ya lo era. “La justicia termina dándonos la razón, y confirmando que al llegar la notificación ya era delegado”, motivo por el cual no se pudo aplicar la sanción. “Por eso me llevaron a un juicio de desafuero, llamado juicio de exclusión de tutela sindical, el cual comenzó en 2023”, explicó el delegado.

Tras tres años de la persecución a ambos docentes, en un contexto donde ninguno de los funcionarios está ya en el poder, el procesamiento continúa. “Es realmente injusto, indignante y vergonzoso pero tengo expectativas ya que contamos con un precedente, el de Adaro, lo cual suma muchísimo” concluyó esperanzado Di Vincenzo, en alusión a la absolución de su compañero, que fue confirmada el 11 de junio por la Cámara de Apelaciones del fuero laboral.