Más de 60.000 personas se reunieron en el 37º Encuentro Plurinacional Nacional de Mujeres y Diversidades este fin de semana en Jujuy, el primero en la era del gobierno de Javier Milei, quien se opone abiertamente a la agenda de género. Mirá las fotos de ANCCOM.
Periodistas Argentinas presentó un proyecto para incorporar en la Ley 26485 la modalidad de violencia sexual en contextos laborales y académicos. Surgió a partir de las denuncias públicas contra Pedro Brieger y busca proteger a las mujeres en esos ámbitos.
La agrupación Periodistas Argentinas presentó un proyecto para incorporar la modalidad de acoso sexual en contextos laborales y académicos en el Artículo 6 de la Ley 26485 de «Protección integral a las mujeres».
Se trata de una iniciativa que surgió a partir de las denuncias públicas contra el periodista Pedro Brieger, del acompañamiento que realizaron a las colegas afectadas por los hechos de violencia que cometió y, también, a otras que vivieron situaciones de la misma índole.
«En nuestros encuentros encontramos que había un vacío legal. El objetivo es que se proteja a las mujeres en sus trabajos y los lugares en los que estudian: en ámbitos de los que no pueden escapar, porque ni siquiera es una calle en la que en la cuadra siguiente estás a salvo si un acosador te cruza de frente y sigue de largo», contó Agustina Kämpfer en diálogo con ANCCOM.
La propuesta fue presentada el martes 8 de octubre en el Anexo C de la Cámara Baja del Congreso de la Nación por el colectivo junto a la diputada de Unión por la Patria y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha. Además, cuenta con la firma de representantes de la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Frente de Izquierda, PRO y la Unión Cívica Radical.
El acto fue encabezado por Macha, acompañada por sus pares de otros partidos políticos: Esteban Paulón y Mónica Fein del Partido Socialista; Belén Avico y Nancy Ballejos del PRO; Vanina Biasi del Partido Obrero y Paula Penacca del bloque kirchnerista. Estuvieron también presentes Agustina Kämpfer y Nancy Pazos, integrantes de Periodistas Argentinas.
El objetivo es incorporar la modalidad de «violencia y acoso sexual en el contexto laboral o académico» como conductas no consentidas que atentan contra la dignidad de la mujer, lo que generan «un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y/u ofensivo», según indica la iniciativa.
Entre los fundamentos, se menciona que está inspirado en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual fue suscripto por la Argentina y expresa el compromiso de las naciones firmantes a adoptar medidas para prevenir de forma efectiva este tipo de casos. También se requiere que los empleadores actúen de forma concreta ante las denuncias, mediante la creación de mecanismos accesibles y confidenciales.
«Nos encontramos con todos estos casos y lo que hicimos fue presentarlo a la sociedad. Hubo reclamos a las afectadas de por qué no judicializábamos el tema, pero no teníamos las herramientas. La ley hablaba del acoso callejero y no en los ámbitos laborales o académicos, que es donde habían sucedido estas situaciones», comentó Nancy Pazos.
Por su parte, Kämpfer mencionó una situación que ocurrió con una estudiante de TEA: «En el camino de nuestras denuncias fuimos allí, y supimos de una situación de otro acoso sexual por parte de un profesor a una alumna, que sí pudo hablar, fue escuchada, su madre es abogada, se presentó en la institución y los intimó. Lo despidieron, luego les inició un juicio y lo ganó. Esa es la situación en la que se ven las empresas que, en los mejores casos, deciden actuar en favor de la víctima».
Ambas periodistas agradecieron el acompañamiento de la propuesta por parte de los diputados y diputadas firmantes. Pazos calificó de «increíble» el trabajo llevado a cabo en conjunto y mancomunado por parte de todos. Kämpfer, en tanto, remarcó: «La salida es colectiva. Lo hacemos por las pibas, por las que no saben, no tienen recursos y no pueden contar con un micrófono para denunciar el calvario».
La presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad calificó la Ley 26485 de “ley viva”, que visualiza los ataques de género en todos los ámbitos y se necesita transformar a lo largo de los años para nombrar todos los tipos. Además, destacó que el proyecto tiene dos dimensiones: dar una reparación para las víctimas y sobrevivientes, una política restaurativa, y un mensaje solidario de pensar que a otras mujeres no les pase lo mismo.
«El acoso sexual en ámbitos laborales y académicos, que es la introducción que hacemos, nos permite buscar que las instituciones, personas y organizaciones puedan ir construyendo formas de prevención, de acompañamiento, porque también a lo largo de estos años fuimos aprendiendo que hay un pasaje».
A su vez, resaltó que el trabajo de Periodistas Argentinas tras las denuncias contra el experiodista de la TV Pública y C5N, entre otros medios, no es la única situación, ni se trata de un problema puntual con una persona: «Tiene que ver con la cultura de la violencia, que para nosotres siempre es una instancia que necesita la transformación, tiene que ver con la militancia y creo que, tanto los feminismos como los transfeminismos, han hecho mucho en términos activismo para poner en palabras un montón de situaciones».
Según el diputado Esteban Paulón, vicepresidente de la Comisión, la modificación busca recuperar, restituir y proteger derechos a partir de una construcción por parte de la sociedad civil. «Quienes venimos de los distintos colectivos vulnerados en derechos, sabemos que estas leyes y estos cambios se construyen sobre nuestros cuerpos, nuestras historias y sobre poder ponerlas sobre la mesa», planteó. Y aseguró que estas historias tienen impacto, con consecuencias en la vida de uno, y que «la verdad es liberadora».
La macrista Nancy Ballejos se refirió al compromiso de su bloque en apoyar la iniciativa y a la necesidad de dar voz a las mujeres. «El acoso sexual hacia las mujeres, pese a que está en la agenda pública, no se resuelve, y se necesita mayor visibilidad y participación», afirmó.
Kämpfer expresó que Periodistas Argentinas trabaja para mejorar la realidad de las mujeres en el país: «La agrupación todo el tiempo elabora y presenta propuestas a los diputados y senadores».
La propuesta fue suscripta por 19 diputadas y diputados de los distintos bloques políticos que conforman la Cámara de Diputados, excepto La Libertad Avanza que no aportó firmantes. La diputada Vanina Biasi, del Frente de Izquierda, cuestionó al oficialismo por negar la existencia de violencia de género, al mismo tiempo que destacó la unidad de la mayoría de los bloques: «Tiene un valor especial no solamente que tengamos las firmas de un abanico tan amplio de posiciones políticas, sino que está ocurriendo bajo el gobierno que perjuró que no existía y trata de implementar medidas para marcar, tanto en el campo de acción como en el campo legal, que no existe».
Consultada por ANCCOM sobre si los libertarios podrían llegar a votar a favor, Mónica Macha respondió: «Los que integran la Comisión (de mujeres y diversidad) no lo acompañaron, pero eso no quiere decir que con la persistencia de las compañeras de Periodistas Argentinas lo puedan logar. Hay una contradicción en ellos, pero hay que ver si esa perspectiva de esa negación es discurso de algunos referentes o si, de repente, es una mirada de toda la bancada».
De acuerdo a lo estipulado en la ruta legislativa, será tratado primero en la mencionada Comisión que preside, la cual es cabecera del proyecto, para posteriormente pasar a la de Legislación del Trabajo, conducida por el radical Martín Tetaz. Se intentará que sea debatido en un plenario conjunto.
Unos veinte millones de argentinos utilizan gas envasado en garrafa para cocinar y califaccionar sus hogares. Desde que se desreguló su precio hace dos meses, su costo se duplicó. Las defensorías del Pueblo exigen que se declare un servicio esencial y que se fijen valores máximos.
El 19 de agosto mediante la resolución 216/2024 la Secretaría de Energía dirigida por Eduardo González Chirillo desreguló los precios del gas licuado de petroleo (GLP). La decisión fue con el objetivo de acordar con “los principios de la libertad de mercado” y los lineamientos del Decreto 70/2023. Así, la nueva reglamentación dejó de lado la aplicación de precios máximos de referencia para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público de garrafas. Esto, según el Gobierno, llevaría a acomodar precios y lograr estándares de calidad internacional. A casi dos meses de su aplicación, en cambio, los usuarios sufren el alza de precios, reclaman por la baja calidad del gas y las defensorías del Pueblo piden que sea declarado servicio público esencial.
El 43,9 de la población, más de veinte millones de personas, utiliza principalmente gas envasado en sus hogares, según el censo de 2022 realizado por el INDEC. Las provincias del nordeste argentino – Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco- usan casi en su totalidad garrafas. En la Ciudad de Buenos Aires lo hacen más de 250.000 hogares, así como 4.100.000 personas en los partidos del Gran Buenos Aires. Tanto Santa Fe como Córdoba tienen cada una más de 1.700.000 usuarios. Ciudades, pueblos, barrios periféricos, zonas vulnerables o viviendas que no pudieron reponer la conexión de gas después de una inhabilitación también componen esa cifra en todo el país.
Christian Vitar vive en el centro de Caseros, partido de Tres de Febrero, en el oeste del AMBA. Hace tres años la empresa de gas clausuró la conexión de gas de su casa y le exigió nuevas instalaciones para la rehabilitación. Desde ese momento usa garrafa como medio principal para cocinar y calafeccionarse en el invierno. “Es un montón de dinero hacer la renovación de la cañería de gas, así que no me queda otra. Soy metalúrgico, trabajo en un taller, ahora un poco más de media jornada, no hay forma de juntar la plata”, manifestó. La compró siempre en YPF porque es el lugar más barato ya que, según dice, “antes de esto salía 8.500 pesos, era casi la única que respetaba el precio. Me dura veinte días, un mes pero trato de no usar horno. Ahora está 15.000 pesos o más”.
La Resolución 216/2024 liberó los valores en todas las etapas del GLP, por lo cual los precios de venta no tienen ya un precio máximo sino de referencia. Estos se actualizaron en 8.500 pesos para la garrafa de 10 kg, 10.200 la de 12 kg y 12.750 la de 15 kg. Al ser solo de referencia no hay obligación de respetarlos y no hay un tope. En la práctica, los precios difieren según se trate de una planta distribuidora, una empresa repartidora de garrafas o determinado almacén de barrio desde el cual muchos acarrean a pie el pesado envase.
En la entrada de la planta de garrafas sobre la avenida Martín Fierro, en Ituzaingó, hay una cola de personas esperando para comprar. Pamela Flores vino desde Villa Udaondo, al fondo del partido y comentó: “Es el lugar más barato, la última vez me salió 8.500 pesos, no sé ahora, creo que más de 12.000. En el barrio está mucho más cara: cerca de 16.000 pesos. Uso dos o tres por mes. Somos muchos en la familia. Hay chicos, hay que cocinar sí o sí todo el tiempo, no podés racionar. En mi zona, algunas manzanas tienen gas natural y otras no”. Reclamó que “en el último tiempo el gas viene malo, dura poco la garrafa, y el calor de la llama es como débil”. No sabe si cambiar el lugar de compra o en cualquier lugar también tendrá esas características.
El gas licuado de petróleo para el envase de 10 kg es una mezcla de gases, butano un 80% y propano un 20%. Se obtienen del proceso de refinamiento del petróleo y la recuperación en las plantas gasíferas. El gas está “licuado” en el envase y se evapora al ser usado. La empresa YPF, la más referenciada por los consumidores, así como otras reconocidas, certifican que sus productos tienen la cantidad de carga correcta y la calidad adecuada. Los usuarios se quejaron de que estos aspectos han empeorado en empresas menos conocidas y dudan de la cantidad y calidad del contenido.
Nadia Fraselli vive en Castelar, Provincia de Buenos Aires, y también mencionó que las garrafas duran poco: “Vienen con agua. La trato de usar poco y busco el lugar más barato. Ahora se fue al doble. La última vez la pagué 7.500 pesos”. La compró en una distribuidora porque estaba más barata que en su barrio pero le pareció que vino con menos carga. Y agregó: “Cobran lo que quieren, nadie sabe en realidad cuanto es el costo de una garrafa.”
En Parque Patricios, a una cuadra del Hospital Muñiz, Jessica Valdés precisó que el aumento de precios fue de 9.000 pesos a 15.500 en un par de semanas. Explicó sobre las diferencias en el costo: “La busco en el almacén aquí cerca, es más barata que el camión que me la lleva a domicilio. Uso tres o cuatro garrafas por mes porque cocino para vender, es mi trabajo. Me da miedo usar horno eléctrico porque no sé cuánto me puede venir la factura de luz. Vivo en un edificio que no tiene instalación de gas natural. Dependo de la garrafa.”
El gas envasado es un consumo de primera necesidad para el 43% de la población argentina que no cuenta con redes domiciliarias de gas natural. Con la desregulación del mercado de este tipo de energía los consumidores quedan desprotegidos sin los controles y mecanismos que sí tiene el consumo del gas por red, como el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENERGAS) y las audiencias públicas obligatorias para fijar tarifas.
En esta situación, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), pidió “declarar a la garrafa como servicio público esencial” y “reconsiderar la Resolución 216/2024” que eliminó el precio máximo. Consideran que “este recurso es vital para el bienestar y la salud de los hogares en condiciones extremas” y considerarlo esencial permitiría “proteger los derechos de los usuarios y garantizar un acceso justo y equitativo a los servicios energéticos.”
Vendedores ambulantes de Once exigen al gobierno de Jorge Macri que se respeten sus fuentes laborales y advierten que las protestas continuarán si no aparece ninguna solución. La policía allanó casi 200 depósitos donde guardaban mercadería.
En Once, el centro comercial a cielo abierto del barrio porteño de Balvanera, los vendedores ambulantes de la economía popular se instalan en las veredas para comercializar sus productos al público, que busca precios bajos a la hora de comprar. Sin embargo, el viernes 4 de octubre la Policía de la Ciudad allanó unos 200 depósitos en la zona y les secuestró casi toda la mercadería que tenían, despojándolos así de lo invertido y, con ello, de su forma de subsistir.
Entre cánticos como «No somos mafia, somos trabajadores», «Si no hay solución la marcha continúa» o «Manteros unidos, jamás serán vencidos», desde el lunes 7 de octubre se mantienen movilizados para visibilizar la situación y reclamar al jefe de Gobierno Jorge Macri contra el desalojo, o bien, que se les brinde una alternativa digna.
«Alegan que somos mafia, que por eso allanaron los lugares, incluso los que el mismo Gobierno de la Ciudad que nos habían entregado, diciendo que ahí se guardaba mercadería ilegal, cosa que no es verdad, porque los compañeros tienen las boletas de dónde van y compran su mercadería», expresó Luzmery Villanueva, referente de Vendedores Ambulantes de Once (VAIO), nucleados dentro del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
Durante el lunes, con el protocolo antipiquetes activado para evitar cortes de calle, los vendedores agrupados en VAIO y el MTE marcharon por las distintas veredas del barrio para exigir al Gobierno porteño que deje de atacarlos y se les permita trabajar como todos los días para cubrir sus necesidades básicas. «La movilización fue pacífica, respetamos todas las normas, se marchó por la vereda y no hubo incidentes», subrayó Javier, vendedor ambulante desde hace 30 años.
Otra vendedora, Matilde, destacó la necesidad de tener un espacio para trabajar y poder vivir tranquilos: «Tenemos que pagar alquiler, los servicios, la mayoría, somos monotributistas, entonces nosotros no estamos queriendo no pagar, porque también queremos un lugar que nos den o por lo menos que no nos habiliten uno para pagar un arancel».
El martes 8 de octubre continuaron las protestas. Ese día se vivieron momentos de tensión por el fuerte operativo policial que terminó con la represión a los manteros autoconvocados, que pedían la devolución de la mercadería secuestrada. Mientras tanto, los espacios de la calle que habitualmente usan, seguían vacíos, aunque transitados al ritmo habitual por el público que va a comprar a Once.
El reclamo de los trabajadores también incluye la legalización de la venta ambulante y un marco regulatorio, para brindar una solución a este sector de la economía popular. «Presentamos un proyecto de ley donde le hemos dado una estructura de cómo se vería la ciudad con cada vendedor en un local, que no tengamos que tirar una manta, podamos pagar un canon según el sector», contó Luzmery, quien resaltó también que el Gobierno de Macri no tiene interés en dar una solución: «Creo que realmente ellos son mafiosos porque les conviene más venir a reventar los galpones donde guardan la mercadería nuestros compañeros».
El viernes 4 de octubre, unos 500 efectivos de la policía porteña allanaron en simultáneo 197 depósitos, incluyendo dos predios que Horacio Rodriguez Larreta había arrendado, uno en calle La Rioja y otro sobre Perón, para reubicar a varios de esos vendedores tras el desalojo que se hizo en 2017. Allí secuestraron una importante cantidad de mercadería que guardaban los trabajadores, que según se calcula son unos tres mil en zona de Once.
Muchos se enteraron vía llamada telefónica, otros cuando llegaron al lugar, como Marina: «Venía de González Catán, fui a hacer un trámite y estaba volviendo. Bajo del micro y veo a un montón de policías. Me encuentro con mis compañeros ya en la calle tratando de armar y ya no se podía, estábamos todos desesperados», contó.
Jorge Macri calificó el operativo como «un golpe durísimo a la mafia que inundaba de suciedad y trabajo esclavo», en una alusión xenófoba a los vendedores senegaleses y de otras nacionalidades –paraguaya, boliviana y peruana–. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los extranjeros tienen la nacionalidad argentina y están al día con la AFIP.
«El sábado hubo un operativo de Migraciones pensando que todos los que estamos en la calle somos indocumentados y se toparon con que todos tenían el DNI en regla. La mayoría está nacionalizada y paga monotributo. Me cobrás un monotributo sabiendo que vendo en la calle y después me venís a sacar de ahí», comentó Marina.
Entre los manteros, hay algunos que han obtenido títulos universitarios o de educación superior, pero no logran conseguir un empleo, por lo que deben recurrir a comprar productos y “mantear” para poder subsistir. Ninguno trabaja para alguien, sino que son autónomos que compran la mercadería por su cuenta.
«El 90 por ciento de los productos se compran y venden aquí. Desde un chupetín o una gaseosa hasta una remera y un pantalón. Hacemos un acto de comercio: la compramos a un precio, vendemos a otro precio y obtenemos una ganancia, vivimos de eso», aseguró Javier.
Respecto al trato con los comerciantes comentó: «No hay rivalidad, sino que es todo buena onda. Nos conocen porque somos gente que trabaja todos los días en el mismo lugar. Incluso al sacar a los manteros, la mayoría de las ventas de los negocios bajan ».
El día posterior a los allanamientos, el barrio contaba con una mayor presencia policial de lo habitual, con personal del Departamento Operaciones Urbanas de Contención (DOUC) y grupos de fiscalizadores de Espacio Público en casi todas las cuadras, incluso por la tarde, fuera de los horarios habituales de trabajo.
Los vendedores afirman que, si no se abre un canal de diálogo, seguirán las protestas y, de ser necesario, se enfrentarán con las fuerzas de seguridad.
Continúa la megacausa judicial Mansión Seré IV y RIBA II por los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención de Zona Oeste. En la quinta sesión declararon dos testigos y dos sobrevivientes que reconocieron los centros clandestinos de detención.
En la quinta sesión del juicio de la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II testimoniaron los sobrevivientes Alejandro Miceli y Aldo Ameigeiras, detenidos en la Comisaría N° 5 de Paso del Rey, ubicada de Moreno, que dependía del ahora acusado Ernesto Rafael Lynch, capitán de la VIII Brigada Aérea de esa localidad. “Se escuchaba gente a lo lejos, que cantaban. Era la procesión a Luján que se hace los 7 de octubre y pasa a dos cuadras de la ruta”, contó Miceli en su testimonio. Por su parte, Ameigeiras sumó otra precisión sobre el lugar de detención: “El tren, al pasar por el puente de hierro del Río Reconquista, hacía en ese tiempo un sonido particular porque iba más despacio. Eso se escuchaba desde la celda”.
Ambos amigos fueron secuestrados el 1º de octubre de 1976 cuando se encontraban cenando en la casa de la familia Ameigeiras, en barrio La Perlita. Compartían la docencia en el CENS N°49 y la actividad religiosa en la comunidad cristiana formada por el sacerdote José “Pepe” Piguillem. Para Alejandro era un “lugar de pertenencia” que había logrado en su infancia al llegar al barrio: “Entré a la parroquia porque mis padres conocían al sacerdote. Me interesaba el cine y él me invitó a los cine-debates que armaban allí. Aldo era uno de los que organizaba las películas. Es un hermano para mí”, dijo.
El momento del secuestro, que también fue vivido por la esposa y el hijo bebé de Ameigeiras, Miceli lo describió como “un instante de mucho ruido, como una explosion que rompió puertas y ventanas. Comenzó a entrar mucha gente y después ya no pude ver porque me pusieron una venda en los ojos y me encapucharon. Me esposaron y solo escuchaba ruidos, gente que se movía de un lado a otro. Viajé en el piso de un auto, pisado por los pies de quienes estuvieran sentados en los asientos. Solo recuerdo sentir que pasamos una vía”, declaró. Luego de ser torturado lo llevaron a un cuarto tan pequeño que no podía recostarse, podía tocar a la vez con ambas manos las paredes a sus costados. “Escuchaba a Aldo pedir agua, duró casi tres días así: ‘Señor, por favor, agua’. Nunca le trajeron. Tampoco comimos. Yo mordía el cinturón de cuero que tenía, no sabía cuanto iba a durar esto y uno quería alimentarse. Las necesidades también las hacía ahí, así que me mojaba la boca con lo que orinaba”, continuó Miceli
Aldo Ameigeiras dio durante su testimonio mayores detalles de las sesiones de torturas y los interrogatorios que debieron sufrir. Lo acusaban de enseñar marxismo y, en torno a su actividad religiosa, de orquestar campamentos de adoctrinamiento e incluso de armar un cancionero que “contenía canciones de la Guerra Civil española y comunistas, que incitaban a la subversión”. También le preguntaban sobre el médico Rodolfo “Rolo” Freyre y por el sacerdote Piguillem al que se referían como un “cura subversivo, tercermundista y peligroso”. “Me tiraban agua y me picanearon. Me ahogaban con algo similar a una almohada y cuando me la quitaban lograba respirar. Como no alcanzaba a contestarles, me acusaban de no querer colaborar y todo volvía a empezar”.
Ambos testigos describieron que el activismo religioso constaba de tareas pastorales de catequesis o asistencia a los vecinos del barrio. Alejandro Miceli, que en ese entonces estudiaba arquitectura, ayudaba a construir la capilla y así como él participaba en sesiones de cine, otros realizaban actividades de teatro o coro. “Se arreglaban grandes reuniones y misas muy sentidas por todos los vecinos del barrio que se acercaban”, expresó Ameigeiras.
Fueron liberados el 7 de octubre, luego de pasar un tiempo en otro lugar de detención donde pudieron ver que había más celdas y otros detenidos. Ameigeiras relató que “al baño te llevaban por un pasillo y, si se te corría la venda, veías varias celdas. Aún tengo miedo que aparezca alguien en el pasillo y me vuelvan a buscar”, confiesa. Aunque se mudó, no pudo volver a Moreno. Se sentía vigilado porque “las cosas siguen sucediendo. Viví un exilio forzado. De un minuto a otro no éramos nadie, no valía nada nuestra vida. Y luego, otra vez de la nada, teníamos que volver a ser quienes éramos y simular que no pasó nada. Me costó mucho tiempo y dolor, estaba por empezar mi doctorado cuando pasó todo, me cambió la vida. Uno tenía que construir, la familia, los hijos. No les podía transmitir solo desazón de lo vivido sino también esperanza”.
Ambos amigos se volvieron a mostrar juntos en público luego de cinco años del secuestro. Ameigeiras finalizó su testimonio muy emocionado: “No veía la hora de que llegara este momento. Para ustedes será una instancia permanente. Para uno es la forma de dar vuelta la página. Ahora doy un pequeño testimonio sobre lo que he vivido y sufrido. Por muy pequeño que sea, hubo un tiempo en que para mí no merecía la pena contarlo. Pero en los últimos años me convencí de que no tenían ningún derecho a hacer lo que hicieron”.
Desde la querella de Moreno por la Memoria se presentaron en esta sesión los abogados Sebastián Taiariol y Gastón Fraga, con quien ANCCOM pudo dialogar. Fraga rescató la importancia de los testimonios en cuyas declaraciones se puede acreditar el circuito represivo de Zona Oeste, los esquemas y los lugares físicos de represión. “Además se vinculan con los testimonios del primer día cuando Julio César Leston (excabo primero de la Regional de Inteligencia Buenos Aires, RIBA) mencionaba que estaba a cargo del factor religioso en la base de inteligencia y que conocía al padre “Pepe” por dichos del barrio. Justamente estas dos víctimas formaban parte del grupo religioso y por ello fueron secuestradas y torturadas, es decir, que también está reconociendo Leston en esa declaración que hacía tareas de inteligencia en términos territoriales, y se acredita así el circuito represivo”.
En un juicio anterior, ambos sobrevivientes participaron del reconocimiento de la Comisaría N° 5 de Paso del Rey. “Estaba muy cambiado, no era demasiado reconocible. Sin embargo, el juez hizo retirar el cielorraso y pude ver el lucernario -claraboya de vidrio-. Aldo golpeó desde la celda de al lado y fue claro que el lugar era ese”, relató el arquitecto Miceli, recordando que durante los días de cautiverio golpeaban la pared que los separaba con Aldo para comunicarse que “seguíamos vivos”.
En la sesión también declararon dos testigos cuyos familiares fueron secuestrados por la Fuerza Aérea de Moreno. Una de ellas pidió mantener en reserva su identidad. Por su parte, Mónica Inchauspe, relató que era una adolescente cuando su padre Miguel Angel Inchauspe, secretario del bloque radical de Moreno, fue detenido. Recuerda que dijeron que se debía a “un delito financiero que nunca existió. Fue una interna partidaria. El denunciante tenía buena relación con la Fuerza Aérea. Lo liberaron luego de estar un mes en la Comisaría 1º junto a otros compañeros de partido. Pidió un acta de detención y le dijeron que él nunca había estado detenido, solo demorado”, sostuvo su hija. El día que se presentaron en la casa, su padre no estaba, y una custodia se quedó con ella y su madre. “Cuando volvió lo invitaron a pasar por la comisaría de Moreno. No lo esposaron, tal es así que se fue manejando su auto y ahí perdimos todo contacto con el”. Ya en una ocasión anterior, las “tres Marías” habían buscado a su padre y este debió esconderse por dos meses. Según explica la testigo, “las tres Marías” era la forma coloquial de referirse a las tres camionetas sin identificación que recorrían constantemente las calles de Moreno y que todos sabían que pertenecían a la VIII Brigada Aérea. “En un pueblo chico uno se siente marcado, por más que te hubieran detenido sin motivo y no hayas hecho nada, la gente empieza a mirarte distinto”, dijo haciendo referencia a lo difícil que también fue el después de la liberación.
La quinta audiencia tuvo también, por parte de la defensa de los acusados, el intento fallido de “ensuciar” la escena. Durante el receso tomado al finalizar los testimonios, el hijo de Miceli, según los abogados defensores, “insultó y realizó gestos obscenos” contra ellos. En su posición, alegaron que ellos “sólo hacen una defensa técnica, propia de su trabajo” y solicitaron a la jueza María Claudia Morgese que se lleve a cabo el mismo procedimiento que se aplicó al imputado Juan Carlos Vázquez Sarmiento por su performance en la tercera audiencia. Respecto a este incidente, el abogado querellante Gastón Fraga, dialogó con ANCCOM y sostuvo: “Fui testigo. Solo se dio un entredicho, que podría haberse evitado, pero propio de un hijo que está escuchando las terribles declaraciones de su padre. Y no pasó a mayores. Por lo que la denuncia tampoco puede pasar a mayores porque no hubo ningún delito. No es comparable con un imputado que se desnuda y hace improperios durante la audiencia, y que solo busca de forma muy cínica desestimar este juicio y buscar algún tipo de beneficio personal para sí”.
La próxima audiencia está pautada para el martes 15 de octubre de manera presencial en el Tribunal Federal Oral N°5 de San Martín. El público general puede acercarse previa acreditación por mail al tribunal.