Más afuera que en la calle

Más afuera que en la calle

El gobierno nacional publicó un decreto en el que anuncia que dejará de asistir a las personas sin techo. Toda la responsabilidad queda ahora en manos de provincias y municipios.

La motosierra de derechos de Javier Milei y su equipo de gestión arrasó con un punto clave en una Argentina con hambre: mediante el Decreto 373/2025, con las firmas del Presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello;  el Ejecutivo nacional restringió sus funciones a “regir, supervisar, coordinar y, eventualmente, asistir o financiar a las jurisdicciones locales”. La autoridad de aplicación de la ley pasará a ser la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de Capital Humano.

El decreto también modifica las políticas relativas al acceso a una vivienda digna. Mientras que la ley de 2021 establecía que el Estado nacional debía encargarse de garantizar ese derecho, ahora será labor de cada provincia: «Las jurisdicciones locales, en coordinación con la autoridad de aplicación, deben elaborar e implementar políticas públicas de vivienda, inclusivas e integrales, tendientes a crear las condiciones para el goce efectivo del derecho de acceso a una vivienda digna para las personas en situación de calle o en riesgo de situación de calle”, dice el documento.

“El viejo estigma de las organizaciones sociales (supuestamente corruptas) es el principal argumento de los libertarios para la descentralización de esta responsabilidad estatal”. De esto habla Horacio Ávila, de Proyecto 7, una asociación civil para el abordaje integral, multidisciplinario y colectivo de las problemáticas de las personas en riesgo y situación de calle: “Pone como excusa que las organizaciones se quedan la plata y no cumplen el objetivo, que somos las que más laburamos en esto. Un Estado ausente que hoy se hizo a un lado y le sacó el espíritu a esta ley que costó casi 13 años aprobar”.

Reflexionando sobre lo que implica las modificaciones realizadas, Ávila expresa con tristeza: “De un plumazo nos ponen de nuevo en un lugar donde prácticamente no van a existir políticas públicas sobre la problemática de la situación de calle, la cual está siendo producida, irónicamente, por este mismo gobierno. Entonces, encima de que la generan, obstaculizan la ayuda. Es más de lo mismo que viene pasando con las personas con discapacidad, los jubilados, la cultura y todo lo que tenga que ver con derechos humanos y cuestiones populares”.

La noticia fue como un balde de agua fría. “Veníamos abocados a la organización del Tercer Censo Popular, que lo hacemos a mediados de junio, en CABA. Teníamos la cabeza y la energía puesta en eso, pero el Decreto nos sorprendió a todos”, confesó Ávila.

Ávila comenta que aún no está definido qué se hará al respecto. “Desde lo judicial, pensamos presentar un amparo, y obviamente movilizarnos para reclamar. Por el momento estamos hablando con compañeros, organismos de Derechos Humanos, diputados para encontrar la forma de solucionar esto”.

Los cambios en el sistema de asistencia se oficializaron este lunes a través de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 373/2025, que modifica la Ley Nº 27.654 de 2021, aunque ya habían sido anticipados por el Ministerio de Capital Humano el viernes pasado, a través de una publicación en redes sociales.

 «De noviembre 2023 a noviembre 2024 se ha registrado un incremento del 23,22%” de las personas en situación de calle. Además, entre el año 2017 y el año 2024, la suba es incluso más devastadora: de un 152%», subraya Marino.

Catalina Marino, coordinadora del Programa de Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que promueve el acceso igualitario a la vivienda y al hábitat, y trabaja para revertir la segregación socio-urbana y garantizar el ejercicio efectivo e integral de derechos en el espacio urbano, se comunicó con ANCCOM para profundizar la perspectiva de las personas que día a día trabajan por los que menos tienen. “Junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Ministerio Público de la Defensa de CABA, desde ACIJ elaboramos el documento Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires”, con el objetivo de poder aportar un análisis más sofisticado de lo que es la situación de calle actualmente en la Ciudad. A pesar de que los números que presentan las organizaciones comunitarias que trabajan con el tema no son los mismos que los que presenta el Gobierno de la Ciudad, se ve claramente, y en esto hay un consenso, que es un fenómeno en aumento: de noviembre 2023 a noviembre 2024 se ha registrado un incremento del 23,22%”. Además, entre el año 2017 (en que se tuvo disponible el primer registro) y el año 2024, la suba es incluso más devastadora: de un 152%.

Marino cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires se tiene un enfoque bifronte, explicado en la primera página del informe: “Frente al agravamiento de la problemática, la estrategia de la nueva gestión del GCBA tiene un abordaje bifronte caracterizado, por un lado, por una política de fuerte tinte punitivo y estigmatizante, ilustrada por el paradigma oficial de “orden y limpieza”, que incluye la remoción de personas en situación de calle del espacio público, detenciones, y violencia institucional; y, en paralelo, un aumento presupuestario para dispositivos destinados a brindar alojamiento transitorio y una mejor segmentación de sus prestaciones, que aun así no logran trascender la fragmentación del abordaje y la cronificación de las intervenciones de emergencia”.

“Por cómo se ha manejado el presupuesto y los avances que se han dado (como el aumento de Centros de Integración Social, los cambios en la red de atención y la suma de dispositivos móviles), evidentemente en la Ciudad es una prioridad de la gestión, pero aun falta una política integral. Las medidas terminan siendo positivas pero insuficientes”, agrega la coordinadora, haciendo referencia a otro punto importante que también se menciona en el documento del que formó parte: “El abordaje actual, por su propio diseño, dista de proveer condiciones de alojamiento definitivo, que redunda en la cronificación de la situación de emergencia y de una respuesta estatal que se pensó transitoria. Esta falta de integralidad en el abordaje se explica fundamentalmente por una ausencia total de políticas de acceso a la vivienda adecuada en la ciudad, que no ha previsto programas para la provisión progresiva de soluciones habitacionales definitivas para la población general, ni ha evaluado programas de producción alternativos a través de cooperativas, alquiler social, o movilización de viviendas ociosas”.

¿Pueden todos los municipios y provincias hacerse cargo de una problemática que la ciudad más rica del país todavía tiene irresuelta? , consulta ANCCOM a Marino: “La Ciudad cuenta con dispositivos que no se encuentran en otros municipios o provincias, y, al no haber una política integral de abordaje a nivel nacional, seguro sea bastante difícil para el resto hacerle frente. El nivel de alcance de ciertos dispositivos no existe en todas las jurisdicciones”.

Con este decreto el Gobierno nacional se opone a la normativa que el mismo Estado se comprometió a cumplir. Es una situación que no debería perderse de vista, ya que llama la atención incluso a nivel internacional: el Relator sobre una Vivienda Adecuada, Balakrishan Rajagopal, y el Relator Especial sobre la Pobreza Extrema, Olivier De Schutter, de Naciones Unidas, enviaron una comunicación al Gobierno argentino donde expresan su “grave preocupación” por las “medidas e intervenciones discriminatorias” que se llevan adelante en la Ciudad de Buenos Aires contra las personas en situación de calle e integrantes de la economía informal. Afirman además que “sugieren un patrón de criminalización” de estas personas, en lugar de abordar sus “problemas socioeconómicos sistémicos proporcionando acceso a una vivienda adecuada, asistencia social, programas de empleo y vías para que los vendedores realicen la transición al mercado laboral formal”.

«Por más que se promuevan discursos de odio desde el Estado, hay un movimiento feminista muy organizado»

«Por más que se promuevan discursos de odio desde el Estado, hay un movimiento feminista muy organizado»

A diez años del primer Niunamenos, la activista Luci Cavallero habla de los logros de los feminismos desde entonces. El impacto de la deuda externa y de la crisis económica en la participación política de las mujeres.

La primera concentración en el Congreso con la consigna Ni una Menos en 2015. 

La mañana del 3 de junio de 2015 nadie sabía que ese día marcaría un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina. Bajo la consigna “NiUnaMenos”, una masiva movilización copó las calles del país en respuesta al femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada por su pareja en Santa Fe. Lo que comenzó siendo una tímida, pero poderosa, iniciativa social, rápidamente se convirtió en un grito colectivo contra todas las formas de violencia machista, que se escucharía en todo el mundo.

El lema fue tomado del poema de Susana Chávez, activista mexicana asesinada en 2011. Se volvió símbolo de resistencia y de exigencia urgente al Estado por políticas efectivas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.

El femicidio de Chiara, ocurrido en mayo de 2015, no fue un caso aislado. En los primeros cinco meses de ese año, más de 130 mujeres habían sido asesinadas por razones de género en Argentina. Pero fue su historia —una adolescente embarazada, golpeada y enterrada en el patio de la casa de su pareja— la que funcionó como catalizador de una bronca acumulada. La periodista Marcela Ojeda, con su tweet:“Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales… todas, todas gritemos”, encendió la mecha. En pocos días, la convocatoria al “3J” se volvió viral. E imparable.

Desde aquel 2015, Ni Una Menos se transformó en una plataforma de articulación de luchas feministas en la que no sólo se denuncian los femicidios y las violencias extremas, sino también las violencias estructurales: la feminización de la pobreza, la desigualdad en el trabajo, la precarización laboral, el racismo, el cis-sexismo y el extractivismo. Con el paso del tiempo, lejos de ser sólo una marcha, se consolidó como un movimiento social, cultural y político transversal, impulsado principalmente por periodistas, activistas, artistas y organizaciones feministas.

De la misma manera lo ve Luci Cavallero, socióloga e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, también magister en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad (UBA) y docente en la Maestría de Géneros en la Universidad Nacional Tres de Febrero.

“El 3 de junio de 2015 activó un ciclo de luchas muy importante en nuestro país, que cambió la sensibilidad de nuestro pueblo, los fundamentos de tolerancia hacia las violencias, y significó la proliferación de colectivas feministas en todo el país, de espacios de género en las universidades, en las escuelas, en los sindicatos”, cuenta Cavallero. “Creo que hay muchos saldos en términos organizativos, en términos de otra política, de otra sensibilidad en relación a las violencias en la población.Los objetivos cumplidos no agotaron para nada todo lo que planteamos en las calles”.

Los trabajos de Cavallero abordan el vínculo entre deuda, capital ilegal y violencias. En 2019 publicó junto a Verónica Gago el libro Una lectura feminista de la deuda: vivas, libres y desendeudadas nos queremos, obra que impulsa, desde el feminismo, un movimiento de politización y radicalización del problema financiero que le pone cuerpo y narración concreta a la abstracción financiera, asocia el problema de la deuda a la violencia contra los cuerpos feminizados y relaciona las formas de explotación laboral, tanto asalariadas como no asalariadas, con los dispositivos financieros. La activista considera que las huelgas feministas fueron el momento en el que la violencia económica y la desigualdad social, cruzada con la desigualdad de género, se pusieron más en agenda.

“Empezamos a hacer un trabajo muy fuerte con el protagonismo de las trabajadoras de la economía popular, de las sindicalistas, para poner en evidencia las brechas salariales, pero también el impacto de la deuda, que significó un corset para todas las demandas que estábamos proponiendo en términos de reconocimiento del trabajo comunitario, de ampliación de los servicios públicos de cuidado”. En esto, Cavallero es determinante: “Sigue habiendo un antagonismo muy concreto entre el pago de la deuda externa y la posibilidad de pagar el trabajo no remunerado, de mejorar los servicios de cuidado, de reconocer el trabajo comunitario. La oposición entre el movimiento feminista, los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans, y la deuda externa marca a fuego al movimiento feminista, y hoy se hace más evidente que nunca. Aunque, por más que se intente retroceder en las políticas públicas feministas, por más que se promuevan discursos de odio desde el propio Estado, hay todavía un movimiento muy organizado y muchas ganas de salir a la calle”.

Aquella primera movilización de 2015 logró reunir a más de 300.000 personas sólo en Buenos Aires, y se replicó en más de 80 ciudades de todo el país.Desde entonces, cada 3 de junio se realizan concentraciones y actividades en todo el país y en varios puntos de América Latina.

En estos diez años, el movimiento logró instalar la perspectiva de género en la agenda pública, educativa, legislativa y mediática. Entre los logros más destacados pueden mencionarse: la Ley Micaela (2018), que obliga a todo el personal del Estado a capacitarse en género y violencia contra las mujeres, la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (2019), aunque fue degradado recientemente por el gobierno nacional actual, y la legalización del aborto (2020), una conquista histórica que fue posible gracias a la articulación de décadas de activismo, con fuerte impulso de las redes feministas que Ni Una Menos ayudó a tejer.

Mucho se ha dicho de la “intensidad” del movimiento, acusándolo de haberse apagado, pero Cavallero no coincide: “Hubo mucha resistencia el año pasado, incluso se participó de los paros, de las marchas universitarias… Creo que el momento de mayor desmovilización fue la pandemia, y hoy el problema es que, cuando hay una crisis económica como la que estamos atravesando, las mujeres dejan de participar políticamente. Lo primero que hace el ajuste es sacar de la política a las mujeres que tienen más carga de trabajo y cuidado, que tienen que estar haciendo malabares para encontrar una vacante en una guardería, llevar a los chicos a jardines que quedan más lejos… cuando la situación es tan crítica, para lo último que te queda tiempo es para participar políticamente”. Más allá de ese gran obstáculo, reconoce que “la creación de los repertorios de protesta del campo popular, la preponderancia del arte, la creación de consignas, la forma de ocupar la calle con distintas actividades (desde la danza, la pintura, los carteles) pero también de tramarse políticamente en unidad, más allá de las internas y de las diferencias partidarias, son formas de hacer política que aportan mucho al campo popular”.

En lo que va de 2025 ya se registraron más de 90 femicidios en el país

A pesar de los avances, las cifras siguen siendo alarmantes. En lo que va de 2025 ya se registraron más de 90 femicidios en el país.Los recortes presupuestarios, la eliminación de programas específicos y la desarticulación de políticas públicas en materia de género durante el último año encendieron alertas que precisan atenderse de modo urgente.

Pancartas, letreros, pañuelos y fotos de las víctimas suelen ser algunos de los elementos presentes en cada movilización. En una marea que avanza hacia puntos estratégicos del país, siempre se destacan los abrazos, las charlas, los cánticos y las reflexiones por micrófono. Para muchas mujeres, lesbianas, travestis, trans y otras disidencias la experiencia de la marcha del 3J fue una revelación. Por primera vez, miles pudieron reconocerse como parte de un colectivo, ocupar el espacio público con libertad, llorar a las que faltan, luchar por las que están y exigir un presente más justo.

A una década del primer grito, Ni Una Menos sigue siendo faro en medio de tanta oscuridad. Un movimiento profundamente interseccional, horizontal, federal y autónomo, que sostiene, escucha, acompaña y transforma. Es la construcción colectiva de un espacio político real y decisivo, un tejido que abriga, que late, que insiste: siempre que haya una voz que necesite ser escuchada, habrá una fuerza que empuje el cambio, y éste será inevitable.

 

El humedal sagrado de Ciudad Evita

El humedal sagrado de Ciudad Evita

Junto al Río Matanza, una comunidad multiétnica resguarda un territorio declarado yacimiento arqueológico y reserva natural, ante el avance de los negociados inmobiliariarios y la falta de respuestas del Estado.

La comunidad indígena Tres Ombúes es la unión de diversas procedencias que buscan un mismo fin. Pueblos diaguita, kolla, quechua, guaraní, mapuche y qom, entre otros, se integran en un momento en que la cultura indígena ha pasado a ser una minoría olvidada, subestimada y negada por muchos.

Tras varios conflictos por el avance ilegal de construcciones sobre el territorio, uno de los principales objetivos de la comunidad es proteger el humedal de Ciudad Evita, ubicado junto al Río Matanza, así nombrado tras la masacre por parte de los españoles a los querandíes que habitaban la zona. Hoy, la reserva es considerada una tierra sagrada donde se realizan ceremonias ancestrales y actividades abiertas a toda la comunidad, para contar la historia jamás contada.

Sábado por la mañana, convocados a una jornada de plantación de árboles, se acercan al lugar grupos de estudiantes universitarios, algunos por primera vez, mientras para otros es un regreso. Si se acude en colectivo, o a pie, es necesario bordear la Ruta Provincial 4, pasar junto al Río Matanza y llegar a cierta confusión de vegetación, hasta toparse con un claro en el que se abre un camino de tierra, junto a un cartel amarillo que declara: “Territorio ancestral indígena”, y más pequeñito “Art. 75, inc. 17 C.N”.

Ya adentro, Delia Claros recibe al grupo. Lleva el pelo negro recogido en una colita, un anaranjado blusón de mangas largas, pantalones y botas de lluvia. Saluda a cada uno con un beso en la mejilla. Se trata de la vocera de la comunidad. Tras un breve tour, hace de guía hasta un fuego escondido entre una pequeña estructura de ladrillos, sobre la cual hay una pava de hierro enorme, del tamaño de un gato gordo. También está allí la bandera wiphala, que flamea y reluce sus cuadrados de colores brillantes, junto a un cúmulo de macetas con los arbolitos a plantar.

Daniel, psicólogo social y guaraní, explica que árbol se dice yvyra, y es para él una conjunción entre tierra y cielo que se unen, y que guarda una armonía con todos los seres vivos a su alrededor. Entonces, Delia pide armar una ronda para que todos se presenten, y luego comienza el ritual de la k´oa. Ella toma cenizas del fuego y las coloca en un cuenco de barro, echa allí algunas ramas secas y, cuando comienza a salir humo, alza el cuenco en alto. “Para pedir por todos nosotros hoy“, comienza en castellano y continúa en su lengua indígena, y el humo les llega a todos a medida que Delia gira sobre sí hacia el “este, norte, oeste y sur”. Finalmente, camina alrededor de los árboles que serán plantados, y los envuelve en la humareda.

Al finalizar la ceremonia, estudiantes y miembros de la comunidad se dividen en grupos para plantar. Primero, seleccionan el lugar; luego abren paso a la tierra arrancando de raíz los yuyos, con las manos o con machete; cavan los pozos; plantan y marcan con cañas e hilo naranja, para no perder de vista a los pequeños árboles. En tanto, Delia se retira hacia una zona que dice: “Huerta”.

Junto a un depósito de herramientas, bajo un árbol, hay una gran mesa de madera en la que descansa Caramelo, el gato naranja de la comunidad, y Delia aviva un fuego para cocinar un pollo al disco, mientras conversa con ANCCOM.

“Este territorio es un yacimiento arqueológico declarado: Ezeiza III. Trabajaron arqueólogos, se sacaron más de cinco mil restos, e historiadores se refieren a este lugar porque los documentos, sobre todo españoles, hablan de este espacio donde fue la resistencia de los querandíes contra los españoles. Los querandíes, en un primer momento, fueron amistosos, brindaron alimento y obviamente sufrieron abusos. Cuando dejaron de dar alimento, los españoles vinieron a buscarlos. Eso fue con Pedro de Mendoza. En un segundo intento, en 1536, vinieron con más armamentos, barcos, y los masacraron”.

Delia Claros charla tranquila, mientras pela y corta papas, berenjenas y tomates para sumar al disco. “El territorio nunca fue resguardado por el Estado –explica–. Algunos mafiosos empezaron a vender terrenos, hay varios juicios en marcha. Hace más de diez años que venimos pidiendo el resguardo, para que no avancen y destruyan la tierra. Desde el 2 de noviembre del 2020 estamos instalados acá, peleando con los del barrio Puente 13 para que no avancen, poniendo el cuerpo”.

Desde 2018 crece el número de familias que ocupan la zona. Ellas han alegado haber comprado los terrenos de buena fe, sin saber que la compra-venta de este predio es ilegal, al haber sido declarado reserva natural, ser un importante yacimiento arqueológico, y también un cementerio indígena querandí.

“Somos una comunidad multiétnica, hermanos de diferentes naciones que compartimos ceremonias y saberes. Hacemos trabajo comunitario los fines de semana y venimos a compartir, sostenemos esto en los momentos que cada uno puede. No tenemos ningún tipo de subsidio ni nada, todo es a pulmón”, precisa Delia.

Los estudiantes tienen las manos cubiertas de tierra y la mayoría acaba de realizar su primera actividad agrícola. Los arbolitos ya tienen sus lugares, bien distribuidos junto a los caminos de la reserva, y en una ronda en la que giran dos mates alguien habla de romper con la distinción nosotros-ustedes, y de que es necesario acercarse a las culturas indígenas, no como si fuesen ajenas, sino como parte de la historia personal de la mayoría de los argentinos.

“Realizamos nuestras ceremonias ancestrales, que es lo que nos une, y muchas actividades relacionadas con nuestras raíces identitarias, esa memoria de los pueblos originarios que fue denegada por muchísimos años. Yo como kolla quechua, los hermanos como guaraníes, hablamos sobre la resistencia de los pueblos indígenas, que no te cuentan en la escuela –remarca Delia–. Sí te cuentan de los españoles. No de Telomián Condié, el primer cacique guerrero. Así que nosotros contamos esta historia para que le den el valor que tiene, y para que no destruyan a los seres que viven en este humedal”.

El Ferrocarril Mitre y las obras de nunca acabar

El Ferrocarril Mitre y las obras de nunca acabar

Desde hace más de dos años se realizan obras parciales en distintos ramales que generan continuos trastornos para los usuarios: tramos inaccesibles, cortes de servicio, severos retrasos. Según fuentes oficiales, quedan al menos dos años más de obras “caóticos para los pasajeros”.

Desde la obra de renovación de la estación cabecera Retiro de la Línea Mitre, comenzada el 16 de enero de 2023, se han realizado intervenciones en la línea de forma casi ininterrumpida. En la actualidad, el tren no llega a la cabecera los fines de semana por la continuidad de los trabajos. Y en uno de sus tres ramales, el que lleva hasta Tigre, el recorrido finaliza en la estación Victoria por renovación de vías. Dicha situación genera protestas en los usuarios habituales por los constantes cortes del servicio, y los prolongados retrasos e imprevistos, que les generan consecuencias en términos laborales, como pérdidas de presentismo y posibilidades de hacer horas extra.

Estas intervenciones en los ramales no tienen una fecha de finalización concreta. En diálogo con ANCCOM, una fuente oficial de la empresa Trenes Argentinos que prefirió resguardar su identidad, explica: “La obra de Retiro ya está construida en un 80 por ciento. Falta el 20 por ciento, que es lo que están haciendo los fines de semana. Hay bastante laburo para hacer, hasta un lugar llamado Empalme Maldonado, que es donde las vías se separan para ir a Tigre y la localidad de José León Suárez. Es un problemón para la gente, pero es la única forma de poder acelerar esto. Y después la renovación de vías en el Tigre, que es otra obra muy grande. Va a tardar dos años, aproximadamente. Dos años caóticos”.

También, menciona que los constantes cortes son consecuencia de un desfinanciamiento histórico: “Las inversiones están, digamos, con cuentagotas. No es particularmente de ahora, sino que hace tiempo que no tenemos inversiones grandes. El ferrocarril necesita mucha inversión para moverse. Por eso tenemos tanto déficit. En todos los países del mundo ocurre. Y la verdad es que no hay plata que alcance para hacer todo lo que deberíamos hacer. No tenemos forma”.

“Es una odisea para llegar a trabajar”, declaró a ANCCOM Laura, quien toma la línea por la mañana habitualmente para llegar a su trabajo en microcentro. También, explicó la ruta que debe realizar por consecuencia de los cortes y expresó su preocupación por la extensión de la obra: “Tuve que tomarme un colectivo más hasta Victoria. Y parece que va para rato. No creo que vuelva en junio”. El testimonio de Laura está en sintonía con las quejas de los usuarios que desbordan el Instagram oficial de Trenes Argentinos en relación a los arreglos del Mitre.

Por otra parte, Osmar Dibiasi, supervisor especializado de transporte e instructor del personal que pertenece a la Unión Ferroviaria, conversó con ANCCOM sobre la importancia y urgencia de realización de estas obras para garantizar la seguridad operacional: “Primero se renovó todo lo que se llama la parrilla de la estación Retiro ¿Por qué? Porque eso no se renovaba desde 1949. Y era parche sobre parche. Hubo una decisión política de renovar (por parte de la gestión de Unión por la Patria). Todas las vías de ingreso a los andenes, son nuevas. Los cambios son nuevos, la señalización, los semáforos que ves, es todo nuevo. Y ahora comenzó una renovación de vías desde Tigre a San Isidro”.

A su vez, mencionó la falta de inversión bajo la gestión privada: “TBA (la empresa privada que explotó la concesión de las líneas Mitre y Sarmiento entre 1995 y 2021) lo único que hizo fue pintar los trenes de colores. Modernizó algunas partes, pero la vía no la modernizó. El sistema de frenos no lo modernizó”.  

Muchos cambios en la seguridad operacional se comenzaron a implementar luego de la tragedia de Once, siniestro ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012 que dejó 51 personas fallecidas (una de ellas, embarazada) y 789 heridos: “Ahora tienen un sistema que se llama ATS, Automatic Train Stop. En el que cuando vos entrás a una velocidad que no es la adecuada, se hace una aplicación de freno. También [luego de la tragedia de Once] se sacó una resolución, la 404-2013, que dice que todos los trenes cuando ingresan a cabecera no tienen que hacerlo a una velocidad mayor de 5 kilómetros por hora. Y tiene que ir el conductor y el guarda de tren en la cabina. Si cualquier cosa le pasa al conductor, el guarda está capacitado para usar los frenos de emergencia. De hecho, se le enseña. Todo eso fue un cambio de estructura ferroviaria”.

Las obras en curso no afectan en gran medida las tareas de los trabajadores del ferrocarril, dado que muchos trabajos se hacen de noche. Sin embargo, sí generan situaciones incómodas con los pasajeros, como explica Nicolás Galeano, referente de los trabajadores de la Línea Mitre en el gremio La Fraternidad: “Cuando no se llega a entregar la vía a tiempo, empiezan los atrasos y la gente obviamente quiere llegar a horario. Y bueno, con el primero que se va y se le agarra es con el conductor y con el guarda. El personal que está ahí cara a cara con la gente”.

Además, aclaró que las obras en curso no tienen relación con la declaración de Emergencia Ferroviaria del 13 de junio de 2024, formulada por parte del gobierno nacional sino que era un plan anterior: “No está dentro de la emergencia ferroviaria. Esto ya venía de antes y se logró hacerlo.”

El tren Mitre es un medio de transporte clave para quienes viven en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. En sus tres ramales, moviliza a 120.000 personas por día y es la tercera línea con más pasajeros por detrás del Roca (400.000) y el Sarmiento (250.000). Quienes provienen de las cabeceras José León Suárez, Mitre o Tigre, llegan a Capital Federal en un promedio de una hora y cuarto o menos, con funcionamiento óptimo. Si optan por el único otro medio disponible, el colectivo, los tiempos varían entre una hora y media y dos horas y media, dependiendo de la zona en la que se resida. La urgencia de las obras y la extensión de las mismas por el desfinanciamiento sistemático no deja otra opción a los usuarios: esperar, o duplicar sus tiempos de viaje.

Le siguen echando nafta al subte

Le siguen echando nafta al subte

El sindicato de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) denuncia que persisten filtraciones de hidrocarburos en las Líneas E y C debajo de la 9 de Julio.

Bajo el cruce de las Líneas E y C del subte porteño, una zona permanece clausurada por las filtraciones de hidrocarburos de la estación de servicio de Shell que queda justo encima, a nivel del suelo, en la avenida Lima. Aunque instalaron sensores de explosividad y sistemas de ventilación, el foco de contaminación sigue estando ahí después de casi medio siglo y se propaga hacia las napas freáticas.

“Se nota la suspensión de fluidos en el agua, porque no es agua sola, hay combustible. La bautizamos con el nombre de ‘bomba naftera’ por su olor”, cuenta un empleado que prefiere no revelar su nombre. “Hacía rato que no iba a ese cuarto y lo vi muy deteriorado, es terrible, las fotos son determinantes”, agrega.

La historia comienza en 1979, cuando un operario fue herido luego de encender una luz en ese sector que, debido a la acumulación de gases, desató una explosión. Esto derivó en el cierre de esas partes, incluyendo los pasillos de combinación entre ambas líneas de subte que se ubicaban en los andenes, inaugurados en 1966, y explica por qué actualmente se pasa de un tren a otro subiendo hacia un entrepiso y volviendo a bajar al otro andén.

El trabajador recuerda el derrotero judicial: “En 1991 ya había una denuncia de SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado) por la filtración de fluido de combustible, en 1997 sé que hubo una resolución que condenaba a Shell en la Cámara de Apelaciones Civil, en 1999 se ratificó esa condena que obligaba a remover la tierra y eso nunca se hizo eso, a pesar que hay otro fallo en el 2019”. En esa sentencia judicial, se condena a Shell a crear un plan para remediar el daño ambiental y pagar multas en caso de retraso

Roberto “Beto” Pianelli hoy es Secretario General de la Asociación Gremial de losTrabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). En 1994 comenzaba a trabajar justo en ese lugar y relata: “Cuando yo entré, había un juicio de la Defensoría del Pueblo que llevaba varios años y la contaminación ya había tomado toda la 9 de Julio y parte de San Telmo, es decir, iba para el lado del río”.

“El dictamen era que había que levantar la tierra, descontaminar y volver a ponerla. Eso tenía una implicancia concreta, que había que cerrar no solamente la 9 de Julio, sino también las dos líneas de subte, la E y la C. La tierra había que trasladarla a la ciudad de Santa Fe, porque el proceso de descontaminación no se hacía acá. Obviamente, eso nunca se hizo”, señala el metrodelegado.

Francisco “Pancho” Ledesma, el Secretario de Salud Laboral del mismo sindicato, agrega que “hay todo un sistema que se modernizó sobre el tema de explosividad y que le hace mediciones periódicamente, pero nosotros lo que quisiéramos es que hagan una obra y saquen los tanques que están filtrando, porque también perjudica a todas las napas”.

Al respecto, comenta que desde Shell “dicen que mientras no haya indicadores que muestren explosividad, no se puede hacer la obra. El dueño del predio y el de la estación tienen mucha plata, lo podrían hacer. Es más una dejadez y que no les importa el medio ambiente”.

Sobre la filtración en sí, menciona que “siempre se está midiendo que sea muy bajo el tema del gas, por eso se ventea, pero también hay momentos donde crece la cantidad de combustible derramado, debe haber momentos en donde hay más presión y sale. Si a eso le agregas que a veces se rompen caños, entonces se anega y se mezcla. Puede ser nafta, gasoil o kerosene, que son los que provee la estación de servicio”.

Pianelli relata que “en el andén de la estación de Independencia en la Línea E, del lado que va para Plaza de los Virreyes, hay como una jaula, un lugar con rejas. Esa era la recaudación donde se entregaban los cospeles. Nosotros todas las mañanas íbamos ahí para retirar las fichas y el dinero para la boletería. Antes de llegar al final del andén ahora hay un cuadrado que llega hasta el techo, eso era una bajada, había una reja y una escalera que bajaba hacia el túnel. Ahí arriba había como un caño de donde iba cayendo la nafta, la pérdida estaba ahí. Caía sobre esa escalera e iba al túnel. Para que no se vea eso, se hizo ese cuadrado que hay ahora y se cerró hasta arriba”.

En coincidencia con su compañero cuenta que “nosotros entrábamos y había un olor a gasolina que te mataba. Eso ha ido cayendo durante 20, 30 años o más… La estación nunca se cerró porque es la Shell más importante y la que más vende en Argentina”. Desde ANCCOM verificamos también que en el andén de la línea C hacia Retiro, en la punta hacia el sur, hay un reja desde la que, si bien no se ve claro, se puede sentir el aroma a hidrocarburos. “Ese tipo de problemas han generado, por ejemplo en San Pablo, que voló una estación de servicio por ese mismo tema. Imaginate que podía llegar a volar toda la 9 de Julio”, resalta el secretario general.

Aunque los niveles de explosividad se controlan, el riesgo sanitario para quienes trabajan o pasan a diario por allí sigue presente. En palabras de Ledesma: “Más allá de que es una estación neurálgica porque es combinación con dos líneas, justo ahí baja mucha gente y es muy transitada. Ahí la empresa tiene la oficina para los pases de los jubilados, que hacen filas para ese trámite en el pasillo. Por la cantidad de gente te puede faltar el oxígeno, porque encima está como quemado por los hidrocarburos, y se ha descompuesto alguna persona mayor. La gente está de paso… pero los jubilados están mucho más tiempo”.

Esa filtración no es un caso aislado, afectando la Línea D había otra a una cuadra de Av. Scalabrini Ortiz y Av. Santa Fe, en la esquina de esta última y Aráoz “pero eso entró en juicio, tuvieron que sanear todo lo que es el suelo y ahora hicieron una torre, ya no tiene vestigio de ser estación de servicio, esa también estuvo muchos años. La concesionaria perdió, tuvo que pagar y además tuvo que sanear el lugar. Creo que el lugar donde iban los tanques ahora es parte del estacionamiento bajo suelo de este edificio, que es una torre muy moderna”, recuerda el secretario de salud laboral.

Y hace un tiempo detectaron otra sobre la misma Línea E, ocasionada por la YPF de Av. Directorio entre Thompson y Del Barco Centenera, en el límite entre los barrios Caballito y Parque Chacabuco. Los trabajadores de allí sintieron un fuerte olor, la estación de servicio fue cerrada y, a partir de eso, se dio la reducción del mismo.

“Se rompió un tanque y se pusieron medidores de explosividad, se hacen controles e inspecciones. Nosotros hicimos presentaciones en la Policía de Trabajo, que depende de la Secretaría de Trabajo de la Ciudad, pero ahí sí avanzan con una obra para poder, con todos los recaudos del caso, sacar lo que sería el tanque ese que está bajo tierra y poner otro, obviamente, que no tenga ese problema, y sanar parte de la napa que fue contaminada”, destaca Ledesma.

“El reclamo lo presentamos en la Defensoría del Pueblo, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y a SBASE para que todas esas entidades actúen cada uno desde su incumbencia sobre la Shell, la YPF y sobre los dueños de los predios, porque es como que alquilan el predio. En el de la YPF nos dio resultado, pero en el de Shell no”, añade.

ANCCOM intentó comunicarse con SBASE y la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad (APrA) pero no obtuvo respuesta. Por su lado, YPF respondió que la estación de Av. Directorio al 800 “pertenece a un operador” pero sin precisar cuál.

En su caso, Shell se intentó desvincular al contestar que vendieron las estaciones de servicio y la refinería a Raizen, una empresa que les pertenece junto a la brasileña Corsan que hace unos meses anunció que pretende vender sus activos de la Argentina e incluso habría conseguido interesados en los últimos días.

Contactados por ANCCOM, Raizen se limitó a responder que están “ejecutando un plan de remediación aprobado judicialmente”. Mientras tanto, la zona sigue clausurada, el hedor todavía se siente y la contaminación continúa latente.