¿Un país sin universidades?
Ante la prórroga del presupuesto destinado para el año pasado, las universidades alegan que, con una inflación que llega al 250 por ciento interanual, peligra su normal funcionamiento. A esta realidad se suma también el conflicto por las paritarias docentes.
El Poder Ejecutivo nacional decidió disponer para la actividad universitaria de 2024 la misma partida presupuestaria que en 2023 a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). El presupuesto ni siquiera suma un ajuste por inflación, que en el ultimo año se aproximó al 250%, algo que afecta gravemente el financiamiento de la educación superior en su conjunto.
En las últimas semanas las universidades comenzaron a explicar a la sociedad por qué la educación superior resulta así inviable. Por ejemplo, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó una resolución en la que manifiesta el estado de “extrema preocupación” de la comunidad respecto de su situación presupuestaria y encomienda al rector realizar las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Capital Humano a efectos de disponer de un presupuesto que garantice la continuidad de las funciones de docencia, investigación, salud y extensión, desarrolladas en las distintas unidades académicas.
La Facultad de Ciencias Sociales fue la primera de las trece que componen la UBA en manifestarse a través de un comunicado en redes sociales donde se explica que “durante 2023 Sociales contó con un presupuesto de 238 millones de pesos, dinero utilizado para limpieza de los edificios, el mantenimiento de ascensores, la compra de pupitres, la ART para nuestros y nuestras estudiantes, entre otros gastos que hacen al normal desempeño institucional”. Con el nivel de inflación interanual del 250 por ciento, para funcionar este año se necesitan 645 millones de pesos lo que deja un déficit estimado de 406 millones.
Al respecto, en diálogo con ANCCOM, el vicedecano de Sociales Diego de Charras explicó que con la réplica del presupuesto 2023 para este año la Facultad puede garantizar el funcionamiento por un plazo de algunos meses y sosteniendo sólo los servicios y necesidades esenciales, por lo que están evaluando todos los gastos a ser afectados de modo que no se perjudique un mínimo funcionamiento.
“En principio intentamos postergar gastos no urgentes, como pueden ser arreglos o compras que se tienen previstas para este año y priorizar aquello que hace al funcionamiento de la institución con condiciones de seguridad e higiene” indicó el vicedecano. Además, De Charras considera que, si bien desde la gestión y organizaciones sindicales se están llevando adelante gestiones ante la Universidad de Buenos Aires y de allí a otros niveles de gobierno, “la principal medida hoy es la información y la concientización de nuestra comunidad, y luego de toda la sociedad, acerca de la gravedad del recorte y de los riesgos para la educación pública”. Si la situación no se destraba, aclara, “seguramente se evaluarán medidas de fuerza de otro tenor”.
Ludmila Peralta, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, remarca que su rol es velar por los estudiantes y especialmente los más vulnerables que son quienes terminan abandonando las carreras universitarias: “El centro viene manifestando desde diciembre, cuando vimos cómo se presentaba la situación, que lo principal es que nadie deje de cursar y que cualquier estudiante se pueda acercar a hablar con nosotros. Si queremos ser un montón en las calles defendiendo la educación pública primero tenemos que estar en las aulas” enfatiza la responsable del Cecso.
Congelados
La Universidad Nacional de Quilmes también emitió una comunicado titulado “Modificaciones en la oferta académica” por el congelamiento presupuestario que regirá para las carreras de grado y pregrado en las modalidades presencial y a distancia. Allí se establecen nuevos topes para la inscripción a materias. El argumento que dan es que “el Gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto 2023 y no enviar al Congreso un presupuesto para 2024: esa falta de actualización significa una fuerte reducción de los recursos necesarios para el normal funcionamiento de las universidades que formamos parte del sistema público”.
En consecuencia, desde la UNQ se estableció una adecuación de la oferta académica a las posibilidades del presupuesto actual y ya no será posible costear cursos adicionales como tampoco contratos de docentes extra, y en los próximos periodos de inscripción a materias se ponen nuevos topes de dos materias más una tercera de forma adicional. Desde ANCCOM se intentó comunicarse con los responsables del área de prensa de la Universidad Nacional de Quilmes y respondieron que por el momento solo se van a limitar a la difusión de lo publicado en su página web.
También la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la provincia Córdoba, se sumó a las advertencias indicando que se encuentran en una “situación económica crítica” y denuncian que “el presupuesto 2023 reconducido, con un ritmo inflacionario creciente desde entonces, implica que de no mediar una recomposición vamos a tener inconvenientes para el pago de servicios generales, como así también es posible que se genere devaluación de las becas y afectación del sistema alimentario, que impacte en la adquisición de insumos para docencia e investigación, en la ejecución de programas especiales, entre otras tantas actividades del quehacer institucional”.
La paritaria docente: conflicto en puerta
Otro foco de conflicto en el contexto inflacionario actual es el acuerdo por los aumentos salariales a los docentes universitarios. Francisca Staiti, secretaria general de CONADU Histórica, manifestó a ANCCOM que solo se ofreció un 6 por ciento de recomposición salarial sumado al 10 por ciento que arreglaron con el gobierno anterior, todo a cobrar en marzo: “Durante el mes de enero tuvimos cero por ciento de recomposición, por lo tanto, la licuación de poder adquisitivo ronda un 40 por ciento. Rechazamos esa propuesta del gobierno actual y pedimos una nueva reunión donde se nos trajera un número que nos permita recuperar lo perdido frente a la inflación pero esto no ocurrió y la situación en las universidades se va a ir profundizando considerando la urgente necesidad de aumento del presupuesto”, enfatizó la representante de la Federación Nacional de Docentes Universitarios Histórica nucleados dentro de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. (CTA Autónoma).
Juan Donati, Doctor en Derechos Humanos y secretario general del Sndicato de Docentes e Investigadores de la Universidad de Lanús, cuya federación a nivel nacional es FEDUN, comenta que el clima le hace acordar a los meses previos al 2001 cuando todo terminó en un estallido social. “La situación afecta a los sectores más vulnerables y para quienes tenemos salarios fijos, la pérdida de poder adquisitivo es muy significativa. Esto incluye docentes e investigadores”, remarca Donati.
En la Universidad de Lanús se llevó adelante una asamblea con más de 60 docentes dónde el análisis fue por un lado el problema del poder adquisitivo; por otro, el desfinanciamiento educativo. Dice el secretario general ADUNLa que el rector les aviso que “los fondos alcanzan para funcionar hasta el mes de mayo, nos vamos a declarar en emergencia”.
Donati explicando que “desde la Federación de Docentes Universitarios, como parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), se ha decidido llevar adelante un plan de lucha junto con otros claustros. Una escalada de actividades para ser visibilizados y, si no se va resolviendo la situación, llegar hasta el paro nacional”. Para Donati “el ajuste no tienen que ser los trabajadores mientras las multinacionales se llenan de dinero. Plata hay pero existen desigualdades en la distribución. Nosotros no somos la casta”.
La situación de ahogo presupuestario a las universidades públicas y la licuación del salario de los trabajadores son una realidad que pone en riesgo un derecho fundamental: la educación pública y gratuita. Sin ese recurso mínimo para igualar un poco las posibilidades de todos, la “meritocracia” que pregona el gobierno se torna aún más injusta. La tradición de lucha histórica del movimiento estudiantil y docente será clave para combatir las nuevas (viejas) ideas que solo pretenden generar exclusión, hambre y miseria.
