El cine le pone el cuerpo a la Ley Ómnibus

El cine le pone el cuerpo a la Ley Ómnibus

El Gobierno de Milei se propone modificar la ley de Fomento de la actividad Cinematográfica, lo que arrasará con el financiamiento del INCAA y cerrará la Escuela Nacional de Cine. Los trabajadores y estudiantes de cine se enfrentan a la medida.

La primera reforma de la sección Cultura de la Ley Ómnibus está dedicada a la industria cinematográfica. Deroga 36 artículos de la Ley de Fomento a la Actividad Cinematográfica, que había sido creada en 1968, durante la dictadura de Onganía y fue modificada en 2001.

El Espacio Audiovisual Nacional (EAN), organización que agrupa a directores, productores y otros trabajadores del sector, presentó un proyecto para actualizarla con un enfoque federal, de fortalecimiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y que regule las plataformas de streaming. El proyecto de Ley Federal para la Producción y la Industria Audiovisual tiene estado parlamentario desde enero de 2023.

Pero la propuesta del presidente Javier Milei es de carácter regresivo respecto del proyecto de Ley Federal e incluso de la ley vigente. El EAN advirtió en un comunicado que además de modificar la composición administrativa del INCAA, con un director designado por Presidencia que elige a ocho representantes, lo desfinancia. El Instituto continuaría teniendo el 10 por ciento de la venta de entradas de cine, pero elimina el 25 por ciento de lo que el ENACOM le cobra a las televisoras.

Además, en su comunicado, puntualizó: “La industria audiovisual genera trabajo genuino para más de 600 mil personas y representa el 5,2 por ciento de la economía. Las modificaciones del proyecto gubernamental recortarán el 75 por ciento del presupuesto que resulta de la propia actividad audiovisual, lo que hará imposible su funcionamiento”. El proyecto de ley fija que los gastos operativos no pueden superar el 25 por ciento, pero en la actualidad se gasta un 50 por ciento sólo en el sueldo de sus 1300 empleados. Así, el INCAA deberá reducir su planta a casi un 70 por ciento.

La Ley Ómnibus ingresó al Congreso ell 26 de diciembre y se debería tratar en las sesiones extraordinarias que finalizarán el 31 de enero. Andrea Schellemberg, documentalista y parte de Realizadores Documentalistas Integrales (RDI), confía que el DNU y la ley sean rechazados en el Palacio Legislativo por las dos cámaras, según comentó en una charla con ANCCOM. “No sólo amenaza la producción cinematográfica, sino que va contra toda la sociedad. Creo que aún no se toma conciencia de lo destructivo que será si se llega a implementar. La producción será para unos muy pocos que estén dispuestos a reproducir la ideas de los que hoy nos gobiernan y eso es muy grave: es un problema ético y estético”, apuntó.

«Es un crimen a la libertad de expresión, a la libertad artística. El recorte no sólo se basa en beneficiar a las productoras de cine, cuyo interés es económico, sino que tiende al exterminio de ideas y producciones artísticas de contenidos plurales”, señaló Schellemberg.

El Consejo Académico Federal de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) difundió en un comunicado: “(el proyecto de ley) reduce a una mínima expresión al INCAA y le quita la obligación de sostener a nuestra escuela con recursos del fondo de fomento”. La Escuela no es mencionada en la Ley Ómnibus, así que advierten: “De aprobarse así, la ENERC quedaría atrapada en un vacío legal que la llevaría inevitablemente a su desaparición”.

Catalina Yani, presidenta del Centro de Estudiantes de la ENERC sede AMBA, declaró en diálogo con ANCCOM: “Ya sea aprobada o no, entendemos que en la campaña quien nos preside actualmente mencionó en reiteradas ocasiones que quería cerrar el INCAA y, por ende nuestra escuela. Estamos en una situación de desamparo porque no hay una medida que explique nuestra continuidad… porque no quieren la continuidad de nuestra escuela”.

Como estudiantes están comenzando un Frente Federal de Estudiantes Audiovisuales con otras escuelas como la Universidad del cine (FUC) y la UNA (Universidad Nacional de las Artes). Yani determinó: “Si es necesario, vamos a poner el cuerpo, pero también y con cautela vamos a agotar todas las vías legales. La Escuela no va a cerrar: vamos a poner la mayor de nuestras voluntades para que eso no suceda”.

Ernesto Baca, cineasta experimental y director de Historia Universal (2022) y Cabeza de palo (2002), habló con ANCCOM: “Con un recorte de este tipo no hay posibilidad de que el cine argentino subsista: sólo van a sobrevivir las producciones que tengan un fuerte apoyo de las plataformas de streaming”. La ley plantea créditos para la producción a una “tasa de mercado” que, lejos de fomentar la diversidad y el federalismo, reducen la capacidad de producción audiovisual nacional.

Otros de los cambios que propone la ley es que los subsidios no pueden superar el 50 por ciento del presupuesto de la película y que se pueda pedir sólo cada dos años, lo que desequilibra el sistema, más para las áreas menos comerciales y, por ende, más frágiles, como el cine experimental, animado y documental.

En otro orden, si bien el INCAA sigue estando habilitado a contribuir en la realización de festivales de cine, debido a la fuerte desfinanciación, dejaría de apoyar al Festival de Mar del Plata y al mercado Ventana Sur. Así mismo, peligran la continuidad de las plataformas y canales cont.ar y cine.ar.

“Si bien ya se aplicó en distintas épocas (como en los 90), esta reforma de ley es muchísimo más profunda. Es un crimen a la libertad de expresión, a la libertad artística que protege los intereses de los que más tienen. El recorte no sólo se basa en beneficiar a las productoras de cine, cuyo interés es económico, sino que tiende al exterminio de ideas y producciones artísticas de contenidos plurales”, recordó Schellemberg.

“No hay posibilidades de producir un cine más autóctono, regional, que tenga más que ver con la cuestión social o con una inquietud artística. Lo que permite el INCAA es amplitud en las producciones”, añadió Baca.

En esa línea, Yani remarcó: “El INCAA es importantísimo porque es nuestra forma de representación nacional y cultural que tenemos como argentinos y argentinas. Reducirlo sería una expresión de cipayismo absoluto. La ENERC es de las más prestigiosas, pero más importante: cuenta con las herramientas para fomentar la cultura audiovisual”

«Tenemos que pasar a la ofensiva artística»

«Tenemos que pasar a la ofensiva artística»

La amenaza de cierre del Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes movilizó a la comunidad de trabajadores teatrales contra el DNU y el proyecto de Ley Ómnibus del Gobierno de Milei. Los referentes expresan su repudio.

La comunidad de trabajadores de la cultura se encuentra en alerta ante la amenaza de cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT) y del Fondo Nacional de las Artes (FNA). El proyecto de Ley Ómnibus busca derogar la Ley Nacional del Teatro y  el Decreto-Ley 1224 que contemplan la creación de estas instituciones y tienen décadas de vigencia. Distintas personalidades repudiaron la medida, así como miles que se movilizaron el 30 de diciembre a las sedes de los organismos.

“Es un avance brutal y acelerado de la derecha. Lo que quieren hacer con la cultura me resulta muy doloroso sobre todo porque es el lugar donde se construye el sentido más profundo de la identidad nacional”, declaró Pompeyo Audivert en diálogo con ANCCOM. Además, sobre la organización del sector opinó que “esto va a generar más unidad y potencia, tenemos que pasar a una ofensiva artística. Ya nos ha pasado, durante la dictadura. Teatro Abierto (movimiento cultural de resistencia a la dictadura, iniciado en 1981) fue una fuerte respuesta a políticas parecidas. Estamos en emergencia, pero lo vamos a resolver desde el arte, nuestra forma de operar sobre la realidad y la expresión de lo humano, lo que el capitalismo quiere  lapidar”.

Por su parte, también se expresó en su cuenta de Facebook el director y dramaturgo Mauricio Kartún quien afirmó que “hay que recordar cómo se luchó hace 26 años durante el menemismo, con Lito Cruz a la cabeza, para conseguir La Ley Nacional del Teatro. Hay muchos que empezaron a hacer teatro hace 15 años con la institución como algo natural, nacieron institucionalizados. Es tiempo de volver a pensar y renovar los votos”.

«Lo que quieren hacer con la cultura me resulta muy doloroso sobre todo porque es el lugar donde se construye el sentido más profundo de la identidad nacional”, dice Pompeyo Audivert.

La Ley 24.800 fue promulgada en 1997 y establece el apoyo del Estado nacional a la actividad teatral «por su contribución al afianzamiento de la cultura”. “Apunta específicamente a la promoción del teatro independiente, a su profesionalización. Es fundamental su carácter federal porque da igualdad en un campo donde a priori no existe: la diferencia de recursos, de llegada a los espectadores, de posibilidad de hacer y de divulgar lo que uno hace en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, es abismal con respecto al resto del país”, puntualizó Mónica Berman, crítica de teatro y coordinadora del Área de Comunicación y Artes Escénicas (UBA). 

En el Artículo 7, la ley define la creación del Instituto Nacional del Teatro como su autoridad de aplicación. Se encarga de brindar subsidios a salas, grupos independientes y producciones, promover festivales y publicar libros. Recientemente trabajadores del instituto emitieron un comunicado oficial con las razones por las que rechazan la Ley Ómnibus. Se refieren, entre otras cosas, al impacto que tendría sobre la generación de trabajo directo e indirecto: “Las actividades teatrales apoyadas no solo benefician a la comunidad receptora sino que generan un impacto positivo en el sector gastronómico, logístico, técnico, publicitario y de medios”. 

“Hay mucha incertidumbre, pero no bajamos los brazos y nos organizamos. Es insólito que quieran desarmar en dos minutos algo que fue una conquista de la sociedad, comenta Paula Beovide, actriz y trabajadora del INT desde hace 15 años en la gestión de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, como otros compañeros, se encuentra en una instancia previa a la planta permanente “ya con el DNU la idea es que tengamos tres meses de contrato sujeto a una firma del director ejecutivo para que podamos seguir“. Además, agregó que “el Instituto es un ente autárquico, por lo que manejamos nuestro propio ingreso de dinero, más allá del financiamiento estatal”.

“La fuerza viva del arte teatral está en el teatro independiente, es una barbaridad querer achicar o cerrar el INT. Espero que los legisladores sean responsables y no lo aprueben”, comentó en conversación con ANCCOM Javier Daulte, director y dramaturgo. Sobre los efectos que tendría el cierre agregó que “además del recorte económico, me preocupa el golpe anímico, que esto desanime a los artistas que están empezando a desarrollar su vocación, sería un daño muy grande”. 

 El Fondo bueno

En cuanto al Fondo Nacional de las Artes (FNA) que data de 1958, tiene como objetivo “promover y desarrollar la producción de los artistas de todo el país financiando su formación y la creación de sus obras.A lo largo de su historia brindó incentivos a reconocidas figuras, tales como María Elena Walsh, Antonio Berni, Astor Piazzolla y Leonardo Favio, entre otros.

En el comunicado publicado por los trabajadores del FNA señalan que su vía de financiamiento es el “dominio público pagante, que se cobra por las obras una vez vencido el plazo de protección del derecho de autor (en la mayoría de casos a los 70 años de la muerte del autor)”. Sumado a los ingresos por multas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual y aportes extraordinarios.

“La Ley Ómnibus es devastadora, deslegitima nuestra labor artística y desmerece la función del arte, sus implicancias políticas, sociales y culturales”, declaró al respecto Lynx Tironi, bailarín y performer, que recibió una beca del FNA en el marco de un proyecto de investigación de danza y sexualidad. “Si bien no cubre todos los gastos, contar con apoyo lo hizo posible. Para nosotros como personas trans vivir del arte es muy complejo, esto nos permitió poder dedicarnos a la creación”.

“El intento de desaparición del FNA y el INT atenta contra el imaginario cultural propio y acalla las voces de toda la nación”, denuncia Guillermo Rafel Roigh, gestor cultural en “Espacio Disparate”, que  integra la Red Teatral Sur. Tal como otros colectivos y artistas independientes, saben que el tiempo apremia y se organizan en asambleas para dar la resistencia al apagón cultural.

 

¿Quiénes son las personas que están detrás de tu pedido?

¿Quiénes son las personas que están detrás de tu pedido?

La flexibilidad y el acceso al mercado laboral vs. la precariedad y la vulnerabilidad. Los repartidores comparten sus experiencias y plantean un debate: ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar para progresar?

Es martes por la tarde en Capital Federal, a pesar del frío y el viento, el punto Rappi de Humboldt y Costa Rica se va colmando de camperas naranjas, combinadas con gorras y cajas de delivery del mismo color. Los que llegan se saludan entre sí y se sientan frente al local. Charlan, fuman y esperan.

Félix Vázquez hizo de todo, fue plomero, albañil, paseador de perros. Por muchos meses buscó un trabajo para mantener a su familia, y así fue como llegó a las oficinas de Rappi en Villa Crespo. El representante le explica que no será un empleado, sino que se unirá al equipo, será “colaborador”, no realizará repartos, sino que prestará un servicio. Sin contrato, sin horarios, sin objetivos de rendimiento —y sin derechos laborales, también—. “Hace tres años que trabajo en Rappi, a base de arriesgar mi bicicleta, mi celular, mi integridad. No tenemos leyes laborales que nos amparen, si no salís a laburar, no cobrás”, comenta Félix trabajador de Rappi, en diálogo con ANCCOM.

El circuito empieza cuando un cliente pide algo por la aplicación y abona con tarjeta o efectivo. El pago siempre es para Rappi, quien le liquida al restaurante a los 15 días de realizada la compra, pero se queda con un porcentaje del producto. “A mí me conviene porque llego a más clientes, aumenta la demanda, aunque le tenga que dar 20% a la app tengo publicidad y no me encargo del costo de distribución y los chicos del delivery”, explica Yasmín Merlo, encargada de un local de hamburguesas de Palermo. 

Radiografía del mercado

El trabajo en plataformas no cuenta con estadísticas oficiales ni estudios exhaustivos periódicos que den cuenta de la situación de los trabajadores. Hasta el momento se ha realizado en 2018 y en 2021 la Encuesta de Trabajadores de Plataforma (ETP). Según el primer informe, realizado durante 2018 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estiman 160.000 empleados de plataformas digitales en todo el país, de los cuales unos 60.000 serían de reparto. En un estudio más reciente, publicado en 2022 por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), se realizó la segunda edición de la encuesta. Por el volumen de transacciones y cantidad de trabajadores las dos empresas principales son PedidosYa y Rappi.

La idea de PedidosYa nació en 2008, cuando Ariel Burschtin y Álvaro García eran alumnos de la universidad ORT de Uruguay. Como trabajo para una materia sobre emprendedurismo, les dieron la consigna de inventar un negocio desde cero en 30 minutos, pensar su propósito, imaginar su nombre y diseñar cómo podría ser su implementación. 

Por su parte, Rappi fue fundada en 2015 en Colombia, por Simón Borrero y Sebastián Mejía. Ambos eran empleados de la startup Grability que permitía que los consumidores compren productos del supermercado online. Se dieron cuenta de que existía un cuello de botella en el envío, la entrega podía demorar días, hasta semanas. Vieron que los clientes tenían una necesidad de recibir compras como comida, medicina o antojos en su casa y en poco tiempo, así fue como decidieron crear una plataforma que brindara esa solución.

Comparando las encuestas mencionadas, se observa que la edad de los trabajadores disminuyó significativamente: la edad promedio en la ETP 2018 era de 38 años, y en la ETP de 2021 cae a 31 años. También se observa que las plataformas comienzan a absorber a una población de menor nivel educativo. En la ETP 2018 el 87,3% de los encuestados tenía al menos el nivel secundario completo, mientras que ese porcentaje disminuye al 79,2% en la ETP 2021.

En cuanto a la población migrante, hay una caída relativa respecto a 2018, los datos mostraban sólo un 23,8% de trabajadores argentinos, mientras en la ETP 2021 pasan a ser la nacionalidad mayoritaria con un 58,1%. Esto a su vez se corrobora en la antigüedad de los trabajadores, aquellos que hace más tiempo que trabajan son en su mayoría venezolanos y los que ingresaron hace menos de un año, son en su mayoría argentinos. 

Esto coincide con las fechas de aumento exponencial de la migración (fundamentalmente desde Venezuela). Mientras que, en 2008-2009, la inmigración venezolana se ubicaba en séptimo lugar en términos de las radicaciones en nuestro país, en 2019 ocupaba el primer lugar, con el 34,5% de radicaciones. Esto se puede observar en este gráfico interactivo, una producción propia a partir de datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Hecha la ley, hecha la trampa

El sociólogo brasileño Ricardo Antunes, autor de libros clave para entender las transformaciones en el mundo del trabajo, define esta situación como la “uberización de la economía”, un proceso en que el trabajador se ve despojado de derechos, garantías y protecciones asociados al trabajo y acarrea con los riesgos y costos de su actividad. Un proceso en el cual las relaciones sociales de trabajo asumen la apariencia de ‘prestación de servicios’, invisibilizando la relación de asalariado y de explotación del trabajo. Se presenta como un nuevo tipo de economía innovadora y colaborativa, donde los trabajadores aparecen como “emprendedores” o “colaboradores”. 

Omar Plaini, secretario general del Sindicato de Canillitas y senador bonaerense por el Frente de Todos, quien presentó un proyecto para la regulación de este tipo de trabajo, en diálogo con ANCCOM, describe: “Es una situación laboral fraudulenta. Se etiquetan como colaboradores, aunque es evidente que existe una relación de dependencia encubierta, manifestada por la necesidad de la aplicación en términos económicos para llevar a cabo las entregas».

Hebert Nontero, repartidor de Rappi lo describe: “Somos trabajadores, no somos microempresarios, ni trabajadores independientes. Eso es mentira. Somos totalmente dependientes de la empresa”. El conflicto está en que se presentan como meras intermediarias y así logran eludir todas las regulaciones laborales e impositivas. “La falta de transparencia en el funcionamiento de las empresas que gestionan aplicaciones forma parte de un innovador modelo de negocio que ha modificado las normas en cuanto a la explotación laboral”, explica Plaini.

El senador afirma que, «gracias a la gestión algorítmica, las plataformas funcionan con costos prácticamente inexistentes, sobre todo en lo que respecta a los costos laborales». Esta realidad coloca a los repartidores en una situación de «extrema fragilidad y precariedad», ya que carecen de salario mínimo, seguro de accidentes laborales y cobertura médica.

Mi jefe es un algoritmo

Tanto Félix Vázquez como Ezequiel Rojas, dos repartidores de Rappi, trabajan desde el mediodía hasta pasada la medianoche. Van en bicicleta o moto y reparten de todo: desde pizza y hamburguesas, hasta artículos de farmacia, compras de supermercado, o incluso, las llaves que un cliente le tiene que hacer llegar a alguien.   

Ezequiel Rojas describe: “Necesitamos trabajar, pero a veces sentimos que usan la tecnología en nuestra contra. Avalan la esclavitud moderna”. Y cuenta cómo fueron los inicios en este trabajo que necesita, pero descubre esclavizante: “Empecé hace unos meses a trabajar en Rappi, mi primer día hice $15.000, estaba contento porque calculé lo que podía ganar en un mes y era más que el salario mínimo. Al tiempo noté que me llegaban menos pedidos o me mandaban muy lejos”. Con el tiempo el algoritmo lo empezó a desengañar: “Capaz la app te dice que (el pedido) está a 2 kilómetros, pero cuando lo pones en maps es mucho más lejos”. Los repartidores tienen la opción de liberar el pedido en caso de tener algún inconveniente. “Si pides liberar el pedido, te bloquean y no puedes seguir trabajando por una hora, a veces hasta tres días, si liberas dos pedidos. Te obligan a tomar un pedido que no quieres o no puedes”, comenta furioso. 

El teléfono de Ezequiel comienza a vibrar. “Tenemos un pedido perfecto para ti”. Retirar en Palermo y entregar en Villa Crespo. Se pone la caja naranja en la espalda y el cronómetro de la aplicación le dice: “Tiempo para llegar a la tienda, 10 minutos”. En Rappi no hay tiempo para la furia. O sí: arriba de la bicicleta.

 El hecho de que las plataformas se reserven el derecho de «dar de baja» o desconectar al usuario/trabajador en cualquier momento es una de las manifestaciones más evidentes de la insensibilidad de este sistema de empleo y de la vulnerabilidad a la que se enfrentan aquellos que buscan obtener ingresos a través de él. “Muchas veces te pueden poner en pausa, te cierran las cuentas, y no siempre queda claro los motivos por los que lo hacen. Lo peor es que no tienes la posibilidad de derecho a réplica”, afirma Francisco Ojeda, otro repartidor.  

¿Bronce, Oro o Diamante? 

“Rappi tiene un sistema de categorización que nos divide como Bronce, Oro y Diamante. En este último, dan mayor prioridad para elegir horarios, aunque el pago sigue siendo el mismo para todas las categorías”, explica Ojeda, repartidor desde hace seis años. “Si en Rappi no acepto un pedido pasaré a ser de la categoría Bronce; lo que me implica tener menor prioridad al momento de elegir horarios”.  

Según relata Ojeda, PedidosYa tiene un sistema mucho más estricto. Se asignan posiciones desde el nivel uno (el más alto) al seis, y el ranking clasifica en base a las ausencias. ¿Qué número de ausencias tuviste durante la semana en tu horario? ¿Llegaste tarde o llegaste puntual? “A un repartidor del nivel uno le pagan más que a un repartidor de los niveles inferiores. La competencia entre nosotros es constante e injusta a mi parecer. Sobre todo, porque muchas veces te asignan pedidos a zonas peligrosas o de muy largas distancias a precios que no son convenientes ni por seguridad ni por insumos nuestros (nafta, peajes, comida). Entonces, por el simple hecho de rechazar un pedido o no querer hacerlo, la aplicación te bajará de nivel y con ello todo lo que implica”. 

La organización vence al algoritmo

Estas modalidades de empleo, en las que las calificaciones y clasificaciones juegan un papel fundamental para asegurar mejores oportunidades, condiciones laborales e incluso la permanencia en la plataforma, limitan el ejercicio de los derechos laborales. Ejercer cualquier derecho colectivo puede perjudicar a los propios trabajadores, la posibilidad de ser «despedido» fácilmente mediante la simple desactivación de la aplicación aumenta el temor a represalias. A pesar de ello, los trabajadores han optado por una variedad de estrategias para promover la acción colectiva, asegurar la libertad de asociación y avanzar en la regulación efectiva de su trabajo. 

Ramiro Manini, asesor legal del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA), que actualmente cuenta con más de 2.500 afiliados, relata: “Empezamos en 2020, en el contexto de pandemia. Era contradictoria la situación, por un lado, tenías que presentar un permiso que te diga que eras de los trabajadores esenciales para poder circular por la calle, pero por otro lado no teníamos ningún derecho como tales. Ahí nació el sindicato, nos empezamos a organizar en paradas solidarias a charlar y comentar la situación que vivíamos”. 

 Y remarca: “En un punto las empresas quieren instalar la competencia entre compañeros, eso veíamos en las paradas. Quieren que sea un sálvese quien pueda, que vas a estar mejor si pedaleas toda la semana sin parar y subís el puntaje. Así llegas a repartidor Diamante y tenés mejores tarifas y estas por encima de los demás trabajadores. Buscan que no haya solidaridad entre nosotros, un individualismo extremo”, remarca Ramiro. Y reflexiona: “No son nuevas formas de trabajo, son nuevas formas de explotación. Se aprovechan del vacío legal y esquivan la ley. Están haciendo cosas ilegales, no hay derechos básicos y fundamentales».

 Las personas nucleadas en SiTraRepA buscan ser reconocidas como trabajadores y tener los mismos derechos: obra social, vacaciones, aguinaldo, días por enfermedad. “Si un repartidor se quiere ir de vacaciones tiene que poner a un amigo a manejar y usar la app en su nombre, o llevarse la bici y la mochila a la costa y repartir ahí. Es triste, pero si no lo haces te quedás sin puntaje, el algoritmo te puntúa todo el tiempo. Es como si fuese un juego, según el ranking que tengas vas a ganar más o menos plata”, describe Ramiro. 

 Las posiciones sobre la sindicalización laboral son diversas. Francisco Ojeda, por su parte, opina: “Por lo que hablamos en el grupo de repartidores, prácticamente ninguno está de acuerdo con que haya una sindicalización del sector porque, aunque nos puede traer beneficios como la jubilación, las vacaciones pagas, también nos va a generar mayores obstáculos, vamos a tener que cumplir un horario obligatoriamente, una asistencia y vamos a perder cierta flexibilidad de la que ahora disfrutamos”. 

 Otra de las posiciones es la de Vázquez, quien manifiesta: “Es necesaria la intervención del Estado para regularizar nuestra situación laboral, no solo de repartidores de Rappi, todas las empresas Uber, Glovo, Cabify son iguales. Necesitamos que se pronuncien los políticos, estamos totalmente precarizados”. 

 Según Manini, la sanción de una ley para regular este tipo de trabajo es una deuda pendiente, y opina que la falta de jurisprudencia en torno a reconocer la relación de los trabajadores con las empresas como laboral lo frena bastante. “La influencia de las empresas es real, tanto para impedir el debate en el Congreso como para impedir la organización y sindicalización de los trabajadores. No quieren regulaciones económicas como tienen todas las empresas que trabajan en el país. Hay una grave falta de transparencia a la hora de cobrar y a la hora de recibir sanciones o penalizaciones. Y como los trabajadores no tienen contrato, no se sabe cuáles son las consecuencias de rechazar pedidos o cuánto van a ganar por repartir. Una ley no va a transformar el mundo, pero sí será una conquista enorme”, sostiene Manini.

Millones para unos pocos

Juan, repartidor de Rappi, repite este deseo como un mantra para soportar la lluvia intensa y la frustración mientras ve cómo el cliente regresa al ascensor con su pizza. Rápido y seco. Mientras tanto, Juan da un paso hacia el borde de la vereda y se empapa nuevamente. Las gotas caen con fuerza sobre su campera naranja. Cierra la caja y se escapa la última bocanada de aire caliente que dejó la pizza antes de irse. Caliente y puntual. 

Los trabajadores de estas plataformas son formalmente considerados trabajadores autónomos, y no se les reconoce una relación de dependencia. Siguiendo una argumentación similar a la de la pionera Uber, empresas como Rappi y PedidosYa también se autodenominan «empresas de tecnología». En ambos casos, estas plataformas argumentan que simplemente proporcionan una herramienta informática, una base de datos para conectar clientes con prestadores de servicios individuales, con el objetivo de evitar cualquier relación de dependencia y eludir el cumplimiento de las protecciones laborales establecidas por la legislación. La intención de no reconocer las actividades desempeñadas por sus repartidores como trabajo se refleja en el propio lenguaje que utilizan las empresas para promover el espíritu emprendedor y el autoempleo. Utilizan términos como «red de consumidores», «red de productores», «colaborador». En este contexto, los términos «trabajo» y «trabajadores» se usan rara vez. Un informe de la OIT plantea los indicadores de existencia de relación laboral en el trabajo en las plataformas digitales de reparto en Argentina.

 Las empresas argumentan que no hay una relación de dependencia, mientras que los «rappitenderos» recorren la ciudad sin protección, sin ningún tipo de seguro. “Nos roban las bicicletas o nos pasa un accidente, y no se hace responsable ni la empresa ni ellos tienen a alguien como para auxiliarnos a nosotros y decirnos ´ve a tal lado porque tú trabajas con nosotros´”, comenta Angie León, repartidora de Rappi. Debido al vacío regulatorio y legal en el que se desarrolla esta actividad, las empresas eluden el pago de beneficios laborales, suministros de trabajo, compensaciones por accidentes laborales y cualquier obligación relacionada con la seguridad social. Mientras tanto, los repartidores pueden trabajar hasta más de 8 horas diarias y muchas veces no llegan al salario mínimo. 

El derrotero político

La discusión sobre la regulación de las plataformas de reparto se está dando a nivel mundial. 

El camino de búsqueda por la regulación en Argentina comenzó en 2020, cuando el gobierno oficialista de Alberto Fernández elaboró un proyecto “Régimen del Trabajo en Plataformas Digitales Bajo Demanda” pero que no fue presentado. Apuntaba a crear una categoría jurídica especial incorporada al ámbito del Derecho del Trabajo y abordaba, entre otras cuestiones, la regulación de la jornada laboral: “Artículo 18.1. Una jornada de labor que no supere las 9 horas. La distribución del horario será por acuerdo de parte entre la Plataforma y la persona trabajadora”, aclara el proyecto.. Respecto al salario mínimo, el Artículo 12 dice que el salario mínimo por tipo, modalidad y categoría profesional será fijado periódicamente por la Comisión Nacional de Trabajo en Plataformas Digitales (CNTPD). También se incluían temas como la retribución por viaje, envío, entrega o distribución en función de la distancia, tiempo y lapso de espera, entre otras cuestiones. 

 El senado bonaerense aprobó en 2022 un proyecto de ley del legislador Omar Plaini, que establece en su Artículo 2° la creación de un “Registro Provincial, Único y Obligatorio para Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas en Aplicaciones (APP)”. Fue aprobado en la Cámara de Diputados provincial en 2023, luego de haberse frenado por varios meses a causa de la presión de las empresas. 

En los Artículos 6° y 7° la norma le da atribuciones al Poder Ejecutivo provincial: el registro otorgará un “certificado habilitante” para el trabajador y su vehículo, que será intransferible y establecerá que el Poder Ejecutivo “deberá” exigir a las personas jurídicas y empleadores que denuncien horario de conexión y desconexión de los trabajadores, así como también la aseguradora de riesgo de trabajo.

Sin embargo, aún se busca regular una ley a nivel nacional. En septiembre de este año la exministra de Trabajo, Raquel ‘Kelly’ Olmos aseguró que estaban desarrollando un proyecto de ley para enviar al Congreso. Según declaraciones en El Destape Radio, la iniciativa es parte de un trabajo en conjunto con el Ministerio de Economía: «Nosotros reconocemos que se autodefinen como trabajadores independientes que utilizan su propio bien de capital. Nuestra aspiración es que puedan ampliar su marco de derechos», destacó la ex funcionaria. Todo lo contrario, parece, se propone la gestión desreguladora de Javier Milei.

Delivery de derechos 

Las tecnologías digitales generaron cambios en el trabajo y el empleo. La “algoritmización”, les permite a las plataformas operar con costos prácticamente nulos, esto mejora la eficiencia y, en particular, se ve una reducción de los costos laborales. Las nuevas modalidades de empleo en la economía digital se destacan por la desregulación y la flexibilización de los límites en muchos niveles. Mientras que los trabajadores hacen malabares con sus tiempos de trabajo para obtener buen puntaje, la gestión algorítmica produce sobrecarga de trabajo, además, de los riesgos que implica para la salud y la seguridad (accidentes, robos, etc.), trabajar en la calle. Todos estos elementos unidos no se ven recompensados con un salario. 

Los repartidores responden con organización y acciones colectivas para fortalecer su representación y capacidad de acción. La sindicalización, las redes sociales, los grupos de WhatsApp son iniciativas destinadas a promover tanto los derechos como la comunicación entre los trabajadores, además de crear conciencia sobre la necesidad de establecer un marco legal que mejore las condiciones laborales y defienda los intereses de los trabajadores y trabajadoras de plataformas.

 

Dariannis Linares, repartidora venezolana, destaca la importancia del compañerismo entre los “redes”. “Fue en el 2021, en Lomas de Zamora a las 20. Fui a buscar un pedido a una casa de pastas de Don Cotrone, mientras esperaba llegaron unos chicos en una moto chiquita, uno de ellos sacó un arma blanca y me amenazó. Cuando me iban a quitar la moto, aceleré y me fui súper asustada, mirando para todos lados a ver si encontraba algún policía o una comisaría para hacer la denuncia. Encontré la Comisaría 9A de Lomas de Zamora, me estacioné y escribí en nuestro grupo de WhatsApp porque no sabía qué hacer, estaba muy asustada. Algunos de mis compañeros que estaban cerca llegaron a la comisaría para cerciorarse de que estuviera bien y saber qué me había pasado. Fueron ellos quienes le escribieron al soporte de PedidosYa, mientras yo hacía la denuncia en la comisaría. Me sentí contenida por mis compañeros, porque como repartidores andamos solos y expuestos a los peligros de la calle”. 

La solidaridad de clase entre los naranjas y los colorados se siente. Cuando las piernas no les dan más, tienen un problema, llueve o hace frío y no recibieron nada de propina, cruzarse con el saludo o la ayuda de un compañero les da un respiro en la línea del frente de batalla.

La magia del libro usado

La magia del libro usado

El protagonismo del mercado de textos usados tiene múltiples sentidos para sus lectores: desde la concientización del medio ambiente hasta el interés por la historia de un ejemplar que llegó a pasar por cuatro personas. Un mercado en expansión ideal para enfrentar a la crisis.

“La lectura es una herramienta fundamental. Es memoria, entretenimiento, un instrumento que no tiene contraindicaciones y aporta conocimiento. Le puede cambiar la vida a una persona. Cuando nace un lector y logra mantener ese hábito, lo tiene para siempre”, asegura Alejandro Vaccaro, Presidente de la Asociación Borgesiana de Buenos Aires y miembro de la Sociedad de Bibliógrafos Argentinos, en diálogo con ANCCOM. Un comentario, una sugerencia, una temática o un escritor en especial son algunas de las tantas motivaciones que tienen los usuarios para comenzar a leer. Sin embargo, el mundo de la lectura es todo un enigma. “Los libros son un misterio, tiene un relieve inesperado y razones inexplicables”, afirma Vaccaro.

Las prácticas culturales fueron cambiando a lo largo de los siglos, así como también la relación entre los libros y sus distintos usuarios: lectores de libros nuevos, usados y de ambas cualidades. Generalmente es difícil encontrar al lector del libro nuevo comprando uno usado. Ante una situación económica, opta por comprar menos libros pero es muy raro que se pase al mundo del libro usado. “El libro usado tiene un encanto especial, que fascina a los lectores de usados. Tiene su propia historia, los subrayados, la dedicatoria, los papelitos que hay dentro, el olor, el color del papel, la edición. Todo eso genera una fascinación, un aura en particular. Pero las personas que leen nuevos, tienen cierta resistencia a todo eso. No les gusta que el libro tenga polvo ni marcas. Les gusta el olor a nuevo y que esté impecable. Todos los lectores tienen sus mañas”, confiesa Patricio Rago, organizador de la Fiesta del Libro Usado (FLU), escritor y dueño de la Librería Aristipo en el barrio porteño de Villa Crespo.

Los libros de papel tienen segundas, terceras y hasta cuartas vidas gracias a las librerías de segunda mano. Se encuentran en diversas partes: plazas, librerías, veredas, anticuarios, mercados de pulgas o inclusive también de manera virtual. A lo largo de los años este tipo de literatura fue creciendo por su presentación, por la dificultad de encontrar un título o editorial en particular, por una cuestión medioambiental, ejemplares que se encuentran agotados o más baratos que los libros nuevos. Es decir, hay diferentes motivos que influyen en el auge de los libros usados: temáticas de interés diversas, hallazgos de piezas antiguas no reeditadas y una lista amplia. 

Además, en los últimos años se incorporó el uso de las redes digitales dentro de la administración del tiempo de cada persona. Este dato no es menor ya que no se aborda desde la intensidad con que leen los usuarios sino de los nuevos modos de leer que alteran los hábitos tradicionales e impactan también en la apropiación de los contenidos. 

Muchos lectores se acercan no solo a ver los libros sino también a donar títulos y colecciones que no pueden tener ya en sus casas. El objetivo es lograr una mayor circulación de los textos como medio de cultura y aprendizaje, convirtiéndolos también en objetos de intercambio. 

 

Un espacio de encuentro

Gran parte del público lector de las librerías de segunda mano, las consideran un espacio de encuentro. Un lugar que no solo da vida por segunda vez a libros viejos y usados que descubren un nuevo y potencial lector, sino también un sitio para vincularse con personas con los mismos gustos. A su vez, es un ámbito para fomentar el libro como objeto de uso y crecimiento. Se crea un entorno nuevo e idóneo para encontrar ese libro perdido, retomar el hábito o localizar un clásico. Anécdotas, sorpresas, comentarios y largas conversaciones forman parte de este tipo de librería. Por lo que se puede entonces hallar tres tipos de acercamiento: del libro al lector, del lector al libro y entre los mismos lectores.

En la Avenida Corrientes 1187, se encuentra La Librería del Subsuelo, un sitio al que concurren muchas personas para consultar, canjear o vender libros y lo hacen directamente con la dueña del espacio, Jeannette Chejolan. “Todos los que se acercan a nuestra librería, lo hacen con la idea de dar un paseo, de conocer otras personas que les gusta lo mismo que a ellos. Al ingresar libros todos los días, también se acercan para ver qué temáticas nuevas entraron. Es parte de la rutina del lector formar un lugar de encuentro”, afirma Chejolan. Visitar una librería de segunda mano implica también comunicarse y relacionarse con otros. “Esta semana se acercó un chico de unos 15 años buscando un libro particular sobre historia argentina. En la misma sección estaba un lector que nos compra hace años y que sabe mucho de la temática en sí. Estuvieron muchos minutos hablando, intercambiando ideas y se pasaron los teléfonos para que éste último le recomendara más ejemplares. Eso sucede muy seguido en las librerías de segunda mano”, concluye la dueña de la Librería del Subsuelo.

A su vez, en el stand 36 de la Feria de Libros Usados de Plaza Italia, está Fabiana Medina, quien trabaja en su puesto hace 45 años y disfruta recomendando libros tanto a chicos como adolescentes. “A la feria viene mucha gente, todos los días, la mayoría turistas. Les encanta el paseo, el lugar, observar estos pequeños universos porteños. Persiguen a Borges, Cortázar y Sábato para comprenderlos un poco más. Pero el público en general busca de todo y las ofertas tienen mucho éxito”, confiesa a este medio Fabiana en diálogo con Anccom. 

Marcelo Gancedo, propietario de “Victoria libros” de Plaza Italia, cuenta que el público que va es variado y aumenta mucho cuando es la Feria del Libro. Cuando salen de la Rural siguen entusiasmados y se cruzan para seguir mirando y comprando. “Últimamente las ventas aumentaron bastante porque el precio de los libros nuevos es muy alto, porque el papel está caro. Entonces la gente busca precio”, agrega.

Las maneras de conseguirlo

“La ciudad de Buenos Aires tiene una gran tradición de libros usados que es única en el mundo. No existe ninguna ciudad que tenga la cantidad de librerías, la calidad de textos y de lectores. Acá, es bastante frecuente ver gente leyendo en la calle y en los colectivos”, sostiene Rago. Asegura que la gente durante muchos años se reunía en las distintas zonas de librerías, las de la avenida Corrientes, avenida de Mayo, por las calles Rodríguez Peña, Montevideo, Paraná; por las de los Parques Rivadavia, Centenario y Plaza Italia y las de los barrios como San Telmo. Existía una tradición muy fuerte por la compra de libros usados en esos lugares, allí la gente se juntaba a charlar y a debatir sobre literatura, filosofía e historia.

Para el dueño de Aristipo ese mundo comenzó a resurgir durante este último tiempo, y además, apareció una nueva generación de libreros de segunda mano. Esta nueva generación de librerías es la que viene trabajando desde hace algunos años en la difusión y promoción del libro usado, devolviéndole “su épica y su aura”. Es gente apasionada por los libros, poniéndolos en valor. No sólo ofrecen la posibilidad de encontrar ediciones antiguas o textos que ya no se venden en el mercado, sino que también destacan y transmiten la magia que tiene el libro usado, ya que entre sus páginas se puede encontrar partes de su historia y conocer a sus antiguos dueños. Muchas veces aparecen dedicatorias, subrayados, reflexiones, citas, frases, nombres, lugares o fechas que le dan a ese objeto una vida propia y tienen la capacidad de hacer volar la imaginación del lector.

Por otra parte, en el mundo del libro nuevo, las editoriales son las que deciden qué ejemplares y qué autores se deben vender, exigiendo que las novedades sean colocadas sobre las mesas de las librerías para lograr mayor exposición. Los libreros de usados, en cambio, trabajan por fuera de estas presiones y lógicas comerciales, siendo ellos quienes deciden qué vender y recomendar, haciendo una especie de curaduría de los libros que eligen para ofrecer. Se crea así un vínculo de fidelidad con el cliente que confía en el criterio de selección de los libros que se les proponen. “Muchos lectores están descubriendo el valor del libro usado, de alguna manera, contagiados por esa pasión que transmiten los libreros. Hay una especie de explosión en su consumo”, asegura Rago.

Aparte de estas librerías especializadas en el tema, existen otras formas de adquirirlos. En la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se promocionan las Ferias de Libreros. Se aclara que, además de libros y revistas usadas, algunos puestos se dedican a la compra, venta y canje de artículos relacionados a la filatelia, numismática y objetos de colección. Abren de lunes a viernes de 10 a 18 horas y se los puede encontrar en: 

La cantidad total de puestos otorgados son 232. Para acceder a los permisos se exige aparte de ser argentino nativo (por opción o naturalizado/a) o extranjero con radicación permanente en el país, pasar una prueba de taller donde se evalúa si el postulante tiene antecedentes referentes a la explotación del rubro, y si tiene suficiente provisión de mercadería, experiencia y conocimiento de la actividad. Estos requisitos garantizan la calidad del puesto y que quien lo maneje pueda ofrecer un buen servicio. 

Otra manera frecuente de adquirir libros usados es por medio del e-commerce. Según Marcelo Gancedo y Fabiana Medina, puesteros de la Feria de Plaza Italia, durante la pandemia la venta por internet de libros usados aumentó considerablemente. A partir de ese momento los lectores adquirieron el hábito de buscar en la web los libros usados porque no los conseguían nuevos o por ser más económicos. Una de las plataformas utilizadas es Tiendanube, donde cualquier persona puede crear su propia tienda online para vender en Internet directamente al comprador. Las ventas por este medio son bastante rentables porque tienen muy bajos costos, existe una demanda constante y la posibilidad permanente de renovar stock. Las ventas se pueden concretar por medio de plataformas como Mercado Libre y Tiendanube, por medio de grupos de compraventa o marketplaces en Facebook o publicaciones en Instagram.

Otra manera de comprar libros usados en la ciudad es por medio de los puestos que se han instalado en diferentes esquinas del centro porteño. Se trata de la iniciativa Un libro por una oportunidad» creada en 2020 por dos amigas Cecilia Gallo y Mariana Peluffo. Esta red solidaria recibe donaciones de libros usados que luego entrega a personas de bajos recursos o en situación de calle para que ellos los puedan vender a un precio accesible, y con lo recaudado generen un ingreso propio. De esta manera la organización contribuye no sólo con el vendedor, sino también con el vecino o peatón que adquiere un libro por un precio muy accesible.

 Qúe es la Flu

La Fiesta del Libro Usado (FLU) es una feria de entrada libre y gratuita que se organizó por primera vez el 5 y 6 de noviembre de 2022 en el Centro Cultural Plataforma Nave en el barrio de Palermo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En esa oportunidad asistieron 2000 personas por día. En 2023, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno ofreció el espacio de La plaza del Lector “Rayuela” (Avenida Las Heras 2025, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para organizar el evento como una manera de apoyar la iniciativa. Se esperaba la presencia de entre 6.000 y 8.000 personas y asistieron más de 40.000. Según Rago, su organizador, la feria fue el resultado de muchos años de trabajo, de difusión, de devolverle la épica y el aura al libro usado. La organización de la FLU lleva un gran trabajo de preproducción porque se eligen cuidadosamente las librerías que participan. Van sólo libreros y libreras que tienen buenas obras, que tienen conocimiento sobre libros y literatura y llevan una selección de sus mejores títulos.

En la feria no sólo se pueden comprar buenos ejemplares, también hay distintas actividades, charlas, lectura de poesía, de narrativa, entrevistas a distintos autores, música en vivo y puestos de comida. La idea es que la visita sea una experiencia y entender la lectura como una fiesta. Por eso se llama la Fiesta del Libro Usado y no la feria del libro usado. 

La fiesta de este año se organizó en septiembre y tuvo mucha difusión por parte de los medios masivos de comunicación. “Los precios en general eran muy buenos en relación al nuevo, la gente se llevaba pilas de libros y los libreros tuvieron que volver a sus locales a buscar más textos para reponer en los stands”, recuerda el organizador de la FLU. En la edición de este año participaron 35 libreros y se calcula que cada uno vendió aproximadamente 400 ejemplares, lo que da un total de 14.000 libros vendidos durante los dos días.  Este tipo de eventos permite a la gente descubrir con mayor profundidad el universo del libro usado e incorporarlo como un posible hábito.

La lectura en Argentina

El tiempo y magnitud que la persona le dedica a la lectura está relacionada a la edad, sexo, zona geográfica y actividad que ésta presente. Según la última Encuesta Nacional de Consumos Culturales 2022 (ENCC), la mitad de la población leyó al menos un libro el último año. La lectura, tanto habitual como ocasional, se realiza más en el formato papel. Por otro lado, la mayoría de la población (39%) lee para entretenerse, un 18% lee por estudio y un 6% por trabajo, y el principal motivo de elección de los libros leídos es el género o tema tratado. Además, los grupos etarios que más leen son aquellos entre 13 y 29 años con un porcentaje de lectura de 77% y 58% respectivamente.

 Al mismo tiempo, dicha encuesta, también plasmada en la página de Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA), sostiene que el libro en papel es el formato más elegido en todas las edades, niveles socioeconómicos, géneros y regiones del país. A su vez, la lectura en formato digital duplicó los valores que presentaba en 2017. Es una práctica en expansión que complementa el hábito de la lectura en papel y no como muchos sostienen, una competencia. 

La producción de libros en el país

En el último Informe de Producción del libro Argentino presentado por la Cámara Argentina del Libro (CAL) en mayo de 2022 se pueden observar ciertas tendencias en la producción de libros que responden, entre otras cosas, a los hábitos de los lectores. Desde el 2015 a 2019, la producción de libros había caído en la Argentina sostenidamente, de 83 a 35 millones de ejemplares. Puestas en comparación con un año anómalo como fue el pandémico 2020 que afectó los modos de producción, las cifras de 2021 hablan de una recuperación y nueva tendencia de crecimiento ya que se produjeron un total de 44 millones de ejemplares y un crecimiento del 24% de las novedades editoriales, datos que comienzan a equipararse con los de 2019. Sin embargo, existe un dato importante en cuanto al significativo achicamiento de las tiradas: la cantidad de ejemplares que se imprimen en cada edición. En el sector editorial la tirada promedio pasó de 2.700 ejemplares en 2016 a 2.229 en 2018 y 1.700 en 2021. En ese año la mayoría de las novedades salieron al mercado con una tirada de sólo 1.000 ejemplares, y teniendo en cuenta que en todo el país había en ese momento 1.200 librerías de nuevos, significa menos de un ejemplar por librería. Un análisis más detallado de las tiradas muestra cómo se acentúa esa caída en la producción de la primera tirada. En casi el 40% de las ediciones comerciales, las tiradas no superaron los 600 ejemplares. 

El mito del fin 

Actualmente, los libros enfrentan una gran competencia por la existencia de otros medios de entretenimiento. Esto no solo influye en la falta de lectura sino la ausencia de agilidad en el pensamiento de la persona.

Sin embargo, por más que existan otros medios de entretenimiento o libros digitales, es un mito que el libro físico llegue a su fin. Por un lado, Rago afirma que es justamente el uso y bombardeo de las tecnologías, las redes y el teléfono lo que hace que el libro físico resulte atractivo. Explica que “leyendo la gente busca otra temporalidad y un descanso de la excesiva exposición a las pantallas. Lo que tiene para ofrecer hoy el libro en papel es eso, un descanso, entrar en otro tiempo, un rato de calma y otra manera de respirar”. 

Por otro lado, Alejandro Vaccaro sostiene que la era digital representa una moda y que es pasajera. “Esto va a pasar. Se va a revertir y vamos a volver a la parte humana. No está en peligro el libro físico, va a subsistir. Lo mismo ocurrió por ejemplo con la radio. Además, el avance del libro digital es mínimo, está comprobado”, declara el Presidente de la Asociación Borgesiana de Buenos Aires. 

Agustin Vega, sociólogo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), sostiene que, además de que no desaparecerá el formato físico, existe una convivencia de ambos formatos y que la era digital es funcional para aquellos que están a distancia. “Creo que el libro digital no es una amenaza, sino una buena forma de poner en disponibilidad ciertos textos y otras formas económicas accesibles o casi imposibles de acceder. El atractivo del objeto va a seguir estando. Todavía tiene mucho atractivo y cierta practicidad. Va a convivir con formas digitales, con otros consumos y formas de lectura”, asiente el sociólogo. 

De todas maneras, la lectura es un hábito que mejora las condiciones sociales y le permite al lector desarrollar los aspectos cognitivos y reflexionar sobre cualquier tema, independientemente del formato que elija. “En definitiva, lo que vale es el texto. Cada uno lee como se siente más cómodo. Un buen texto soporta cualquier formato”, concluye Vaccaro. 

Con el paso del tiempo, los libros usados tienen muchos más seguidores ya sea por su precio, por el aumento de la concienciación y por la experiencia de tener un libro que ha estado en otras manos y ha vivido muchas historias de otras personas. También hubo una transformación en su connotación: lo que anteriormente algunos lectores veían como negativo y vinculado como un recurso escaso, ahora es una experiencia ecologista, sustentable y social. Los lectores y vendedores tienen la tarea de mostrar otra imagen del libro, un enfoque más atractivo y descontextualizado de los espacios académicos tradicionales. La nueva imagen que se está intentando mostrar tiene que ver con que un libro usado es un tesoro encontrado.

¿Dónde está Don Aguirre?

¿Dónde está Don Aguirre?

Eduardo Aguirre se encuentra desaparecido desde el 10 de septiembre, tras caer en las aguas del Río Uruguay durante una intensa lluvia. La querella de la familia apunta a una mala praxis ejercida por las fuerzas policiales de la provincia.

Eduardo Jorge Aguirre tiene 72 años y está desaparecido desde el 10 de septiembre. La denuncia fue radicada por su hija, Mariela, en la comisaría de Monte Caseros, ubicada en la provincia de Corrientes. No fue sino hasta el 21 de octubre que el 911 le informó que su padre se había arrojado a las aguas del Río Uruguay en la zona del Murallón el lunes 11 de septiembre, a las 19:56 horas. Durante un periodo de 40 días, la policía no revisó las grabaciones de las cámaras. En lugar de seguir la ruta y trazabilidad de los últimos momentos de Eduardo, la fiscalía a cargo de Ricardo López Ruiz optó por investigar a familiares y allegados a través de allanamientos y el uso de perros rastreadores. 

Los abogados de la familia denunciaron la manipulación de una serie importante de videos, porque esas imágenes son un material esencial en el cual, sospechan ellos, podrían existir evidencias y pruebas que determinen que Don Aguirre haya sido primero levantado por un móvil (policial o de un tercero) y luego inducido para arrojarse a las aguas del Río Uruguay en la zona del Murallón el día de su desaparición.

Las secuencias de los registros fílmicos obtenidos de cámaras particulares –las grabaciones del Kiosco “Homero” principalmente– han sido recortadas. Estos registros aún están en posesión de las autoridades la Policía de la provincia y no han sido incorporados al expediente de la investigación. La manipulación de los videos implica una falta de garantía para la integridad de las pruebas recopiladas. El 11 de septiembre de 2023, a las 18:47:17, se observa a Eduardo resguardarse de la lluvia bajo el alero del kiosco Homero. Sin embargo, 30 segundos después, el video es recortado y continúa recién a las 19:36:35. En consecuencia, no hay registro de lo sucedido durante los 49 minutos omitidos, lo que imposibilita conocer los eventos ocurridos en esa esquina durante esa franja horaria.

A partir de las grabaciones de las cámaras del 911, se ha logrado documentar el momento en que Aguirre ingresa y desaparece en una zona turbulenta y crecida del Río Uruguay, el 11 de septiembre a las 19:54. Desde las 18:47 (en el kiosco) hasta las 19:54 (en la zona del Murallón), transcurre un lapso de 1 hora y 5 minutos. La distancia entre ambos lugares es de dos km, lo cual, en medio de una fuerte lluvia, resulta improbable que una persona de 72 años haya podido recorrer esa distancia en ese tiempo. Los acontecimientos y las incógnitas involucran a las autoridades de la Policía provincial y del Ministerio de Seguridad de Corrientes.

La querella está conformada por la hija de Eduardo, Mariela Aguirre, en colaboración con los abogados Rodrigo Godoy (fuero provincial) y Gustavo Marano (fuero federal). En diálogo con ANCCOM, Mariela, afirma que la justicia no busca como corresponde el cuerpo de su padre. La hija de Eduardo Aguirre expone lo dicho por la policía: “Dicen que lo levantaron y lo llevaron a un domicilio equivocado, así como también que una mujer de un auto blanco lo abordó y lo dejó en la comisaría”. Es importante señalar que la familia que compartía vivienda con su padre ha declarado que la policía solía llevarlo a su domicilio, pero en esta ocasión no sucedió de tal manera. Mariela destaca que la Prefectura Naval afirmó haber recibido un llamado anónimo, para llegar “casi 12 minutos después” de la caída de Eduardo. Así como también del móvil policial no desciende ninguna persona y, tras un minuto de espera, abandona la zona. Según los legajos judiciales, Eduardo Aguirre “habría sido atendido por 4 o 5 personas de Prefectura” aquel 11 de septiembre pasadas las 19:45hs.

El martes 19 de diciembre, en una audiencia citada por la Fiscalía de Monte Caseros, Mariela Aguirre declaró que la Prefectura Naval afirmó recibir una “llamada de emergencia” de lo cual luego se desdijeron al decir que “no era muy de emergencia”. Las cámaras del 911 registran que el móvil de la Prefectura estuvo solamente 45 segundos en la zona del desenlace final. 

A la familia y sus letrados les resulta extraño que no se hayan introducido buzos para rescatar el cuerpo, así como también el comprender por qué no aparece el cuerpo, que se lo ha visto caer en las aguas. La responsabilidad recae, entonces, también sobre esa fuerza de seguridad.

¿Inoperancia, encubrimiento o ambas?

 El 20 de diciembre, Mariela Aguirre tuvo una audiencia con el fiscal López Ruiz “para darle vista al expediente”. Ella destaca que las filmaciones particulares estuvieron “en posesión” de la policía desde el 21 de octubre, retiradas por personal técnico del Poder Judicial de la propia fiscalía, junto a un agente de la Policía provincial, hasta el 2 de diciembre, fecha en la que fueron solicitadas por el abogado Godoy. Todos los implicados en el manejo de los registros fílmicos fueron citados a declarar por parte de los denunciantes.

Mariela y su equipo están comprometidos en la búsqueda de la verdad y la clarificación de los hechos. El abogado Rodrigo Godoy solicitará el apartamiento de las fuerzas policiales de la investigación y presentará un escrito para requerir que las declaraciones testimoniales se lleven a cabo nuevamente. La intromisión oficial podría haber obstaculizado y objetado el progreso de las investigaciones. La parte demandante espera que durante la feria judicial de verano se realicen estas nuevas testimoniales con la presencia de la querella.

Guillermo Galantini –integrante de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia y de la Junta Promotora de la CTA, quien participó de la difusión del caso de Nino Largueri, el joven de esa misma localidad secuestrado y torturado por la policía el 14 de agosto de 2015– se hizo algunas preguntas. ¿Cuál sería el móvil para recortar y sustraer de las cámaras particulares del Kiosco Homero un rango de tiempo de casi 50 minutos? ¿Acaso hay un tercero involucrado que se ve levantando a Don Aguirre? ¿Acaso es un móvil policial el que hace ese levante del hombre que permanece desaparecido? ¿Por qué motivos el Fiscal no exploró esta línea de investigaciones y permitió que las secuencias fílmicas permanecieran por 80 días en poder de la policía?

“Hay que denunciar en todos los foros que la administración de justicia correntina entorpece y busca la impunidad en hechos gravísimos como es la desaparición de personas; que no es un funcionario aislado, sino la coordinación persistente y encubridora de una red de instituciones, que se ponen de acuerdo para llevar adelante un proceso de limpieza social, y que se sostiene en el marco de una cultura conservadora y clasista, configurada y auspiciada por el poder político de la provincia”, expresó Galantini. 

A instancias de otra activista histórica de los derechos Humanos en Corrientes, Hilda Presman, agregó: “Bajo estos esquemas ideológicos se mueven los elementos de las instituciones para hacer desaparecer pobres, viejos e inválidos; los expulsan por improductivos, los desaparecen pensando que nadie va dar nada por ellos y, finalmente, buscan ocultar sus complicidades apuntando a la impunidad y a seguir gobernando con el miedo”.