Eduardo Aguirre se encuentra desaparecido desde el 10 de septiembre, tras caer en las aguas del Río Uruguay durante una intensa lluvia. La querella de la familia apunta a una mala praxis ejercida por las fuerzas policiales de la provincia.
Eduardo Jorge Aguirre tiene 72 años y está desaparecido desde el 10 de septiembre. La denuncia fue radicada por su hija, Mariela, en la comisaría de Monte Caseros, ubicada en la provincia de Corrientes. No fue sino hasta el 21 de octubre que el 911 le informó que su padre se había arrojado a las aguas del Río Uruguay en la zona del Murallón el lunes 11 de septiembre, a las 19:56 horas. Durante un periodo de 40 días, la policía no revisó las grabaciones de las cámaras. En lugar de seguir la ruta y trazabilidad de los últimos momentos de Eduardo, la fiscalía a cargo de Ricardo López Ruiz optó por investigar a familiares y allegados a través de allanamientos y el uso de perros rastreadores.
Los abogados de la familia denunciaron la manipulación de una serie importante de videos, porque esas imágenes son un material esencial en el cual, sospechan ellos, podrían existir evidencias y pruebas que determinen que Don Aguirre haya sido primero levantado por un móvil (policial o de un tercero) y luego inducido para arrojarse a las aguas del Río Uruguay en la zona del Murallón el día de su desaparición.
Las secuencias de los registros fílmicos obtenidos de cámaras particulares –las grabaciones del Kiosco “Homero” principalmente– han sido recortadas. Estos registros aún están en posesión de las autoridades la Policía de la provincia y no han sido incorporados al expediente de la investigación. La manipulación de los videos implica una falta de garantía para la integridad de las pruebas recopiladas. El 11 de septiembre de 2023, a las 18:47:17, se observa a Eduardo resguardarse de la lluvia bajo el alero del kiosco Homero. Sin embargo, 30 segundos después, el video es recortado y continúa recién a las 19:36:35. En consecuencia, no hay registro de lo sucedido durante los 49 minutos omitidos, lo que imposibilita conocer los eventos ocurridos en esa esquina durante esa franja horaria.
A partir de las grabaciones de las cámaras del 911, se ha logrado documentar el momento en que Aguirre ingresa y desaparece en una zona turbulenta y crecida del Río Uruguay, el 11 de septiembre a las 19:54. Desde las 18:47 (en el kiosco) hasta las 19:54 (en la zona del Murallón), transcurre un lapso de 1 hora y 5 minutos. La distancia entre ambos lugares es de dos km, lo cual, en medio de una fuerte lluvia, resulta improbable que una persona de 72 años haya podido recorrer esa distancia en ese tiempo. Los acontecimientos y las incógnitas involucran a las autoridades de la Policía provincial y del Ministerio de Seguridad de Corrientes.
La querella está conformada por la hija de Eduardo, Mariela Aguirre, en colaboración con los abogados Rodrigo Godoy (fuero provincial) y Gustavo Marano (fuero federal). En diálogo con ANCCOM, Mariela, afirma que la justicia no busca como corresponde el cuerpo de su padre. La hija de Eduardo Aguirre expone lo dicho por la policía: “Dicen que lo levantaron y lo llevaron a un domicilio equivocado, así como también que una mujer de un auto blanco lo abordó y lo dejó en la comisaría”. Es importante señalar que la familia que compartía vivienda con su padre ha declarado que la policía solía llevarlo a su domicilio, pero en esta ocasión no sucedió de tal manera. Mariela destaca que la Prefectura Naval afirmó haber recibido un llamado anónimo, para llegar “casi 12 minutos después” de la caída de Eduardo. Así como también del móvil policial no desciende ninguna persona y, tras un minuto de espera, abandona la zona. Según los legajos judiciales, Eduardo Aguirre “habría sido atendido por 4 o 5 personas de Prefectura” aquel 11 de septiembre pasadas las 19:45hs.
El martes 19 de diciembre, en una audiencia citada por la Fiscalía de Monte Caseros, Mariela Aguirre declaró que la Prefectura Naval afirmó recibir una “llamada de emergencia” de lo cual luego se desdijeron al decir que “no era muy de emergencia”. Las cámaras del 911 registran que el móvil de la Prefectura estuvo solamente 45 segundos en la zona del desenlace final.
A la familia y sus letrados les resulta extraño que no se hayan introducido buzos para rescatar el cuerpo, así como también el comprender por qué no aparece el cuerpo, que se lo ha visto caer en las aguas. La responsabilidad recae, entonces, también sobre esa fuerza de seguridad.
¿Inoperancia, encubrimiento o ambas?
El 20 de diciembre, Mariela Aguirre tuvo una audiencia con el fiscal López Ruiz “para darle vista al expediente”. Ella destaca que las filmaciones particulares estuvieron “en posesión” de la policía desde el 21 de octubre, retiradas por personal técnico del Poder Judicial de la propia fiscalía, junto a un agente de la Policía provincial, hasta el 2 de diciembre, fecha en la que fueron solicitadas por el abogado Godoy. Todos los implicados en el manejo de los registros fílmicos fueron citados a declarar por parte de los denunciantes.
Mariela y su equipo están comprometidos en la búsqueda de la verdad y la clarificación de los hechos. El abogado Rodrigo Godoy solicitará el apartamiento de las fuerzas policiales de la investigación y presentará un escrito para requerir que las declaraciones testimoniales se lleven a cabo nuevamente. La intromisión oficial podría haber obstaculizado y objetado el progreso de las investigaciones. La parte demandante espera que durante la feria judicial de verano se realicen estas nuevas testimoniales con la presencia de la querella.
Guillermo Galantini –integrante de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia y de la Junta Promotora de la CTA, quien participó de la difusión del caso de Nino Largueri, el joven de esa misma localidad secuestrado y torturado por la policía el 14 de agosto de 2015– se hizo algunas preguntas. ¿Cuál sería el móvil para recortar y sustraer de las cámaras particulares del Kiosco Homero un rango de tiempo de casi 50 minutos? ¿Acaso hay un tercero involucrado que se ve levantando a Don Aguirre? ¿Acaso es un móvil policial el que hace ese levante del hombre que permanece desaparecido? ¿Por qué motivos el Fiscal no exploró esta línea de investigaciones y permitió que las secuencias fílmicas permanecieran por 80 días en poder de la policía?
“Hay que denunciar en todos los foros que la administración de justicia correntina entorpece y busca la impunidad en hechos gravísimos como es la desaparición de personas; que no es un funcionario aislado, sino la coordinación persistente y encubridora de una red de instituciones, que se ponen de acuerdo para llevar adelante un proceso de limpieza social, y que se sostiene en el marco de una cultura conservadora y clasista, configurada y auspiciada por el poder político de la provincia”, expresó Galantini.
A instancias de otra activista histórica de los derechos Humanos en Corrientes, Hilda Presman, agregó: “Bajo estos esquemas ideológicos se mueven los elementos de las instituciones para hacer desaparecer pobres, viejos e inválidos; los expulsan por improductivos, los desaparecen pensando que nadie va dar nada por ellos y, finalmente, buscan ocultar sus complicidades apuntando a la impunidad y a seguir gobernando con el miedo”.