Las cámaras se apagan y las causas judiciales siguen

Las cámaras se apagan y las causas judiciales siguen

Los cuatro detenidos en la última represión a la marcha de los jubilados fueron liberados. Sin embargo, se les abrió procesos por «resistencia a la autoridad», una figura muy difícil de comprobar pero suficiente para perturbale la vida a las personas que solo reclamaban por un haber digno.

Tras el fuerte operativo represivo contra la manifestación del miércoles que exigía aumento de los haberes jubilatorios frente al Congreso, hubo detenciones arbitrarias, agresiones a trabajadores de prensa y el uso de gases lacrimógenos que afectaron a más de 70 personas. Las cuatro personas que fueron presas recuperaron su libertad, pero ahora sus vidas quedarán condicionadas porque deberán lidiar con una causa federal. Testimonios, denuncias y un nuevo capítulo del avance represivo sobre el derecho a la protesta.

Una nueva jornada de represión sacudió las inmediaciones del Congreso Nacional durante la manifestación semanal convocada en defensa de los jubilados. El operativo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la conducción de Patricia Bullrich, y contó con la intervención de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y efectivos motorizados.

A dos cuadras del Congreso, un camión hidrante de Gendarmería aguardaba con su motor encendido. También se desplegaron agentes con escopetas de balas de goma, gases lacrimógenos y gas pimienta. Desde la Posta de Salud y Cuidados se brindó asistencia a más de 70 personas, incluidos jubilados, periodistas de distintos medios y manifestantes solidarios, por quemaduras en la piel, lesiones traumáticas y crisis de angustia.

El jubilado y extrabajador de YPF Pablo Luna fue uno de los detenidos. “Les dije que no me tiraran al piso porque me iban a matar. Tengo un pedacito de riñón, si me golpeaban ahí, no la contaba. Ahora tengo problemas en la garganta por el gas pimienta. Me quieren imponer una perimetral para que no pueda ir al Congreso. Pero es mi derecho, lo vengo ejerciendo desde los años 90”, dijo a esta agencia. Desde adentro de la camioneta de la Policía Federal que lo trasladaba, el miércoles a la noche gritó detrás de la ventana con rejas: “No somos chorros ni estafadores, estaba yendo a tomar el colectivo para ir a mi casa, con mis nietos”. Al mismo tiempo, un grupo de Jubilados Insurgentes le hacía el aguante con palabras de aliento y lo nombraban como un “luchador de las causas populares”. Luna tiene 65 años y cobra el haber jubilatorio mínimo. Es decir, con el aumento que recibirá este mes, en los primeros días de junio cobrará 304.783 pesos.

“Vimos una intervención coordinada de todas las fuerzas federales. Es preocupante. Esta vez el ensañamiento fue particular hacia la prensa, el ataque fue dirigido. Parece que no aprendieron nada después de lo que pasó con Pablo Grillo”, señaló Alejandrina Barry, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). La referencia apunta al fotógrafo que recibió un impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza en la marcha del 13 de marzo, y que continúa internado. Esta semana tuvo que ser sometido nuevamente a una intervención quirúrgica para drenar líquido cefalorraquídeo. La intervención fue exitosa. 

Durante la represión fueron detenidos también los fotoperiodistas Leandro Cruzado y Javier Iglesias. A ellos se sumó la retención del fotógrafo Tomás Cuesta, cuya imagen, con la cabeza bajo la rodilla de un agente, recorrió los medios. Cuesta fue liberado horas después, pero el episodio generó un amplio repudio.

La fotógrafa freelance Mariana Nedelcu, que cubría la movilización para el diario Clarín, relató a ANCCOM: “Cuando la Gendarmería armó el cordón y empezó a avanzar, se llevaron puestos a todos. Me caí, me golpeé la rodilla y la cabeza, la cámara se rompió. Nos pisan, no les importa nada. El ataque fue directo a quienes teníamos cámaras. No importa si sos estudiante, si tenés casco, si colgás la credencial. Nos convertimos en un blanco por hacer nuestro trabajo”. Y agregó, sobre la detención de los fotógrafos: “Yo estaba al lado, los gendarmes le pegaban manotazos a las cámaras que querían registrar las detenciones, después los terminaron tirando al piso, no querían que se vea lo que hacían”. 

Desde la Posta de Salud también informaron que un herido de 25 años recibió golpes en la cabeza y fue atendido en el hospital Ramos Mejía. Otro periodista debió ser derivado al hospital Santa Lucía por lesiones oculares. “Los gases fueron disparados directamente hacia quienes sostenían cámaras. Son elementos de tortura usados como herramientas de control”, denunció Barry.

 

Hambre y frío

Los detenidos permanecieron varias horas dentro de los móviles policiales, para luego ser trasladados a la comisaría de la calle Madariaga, en Villa Lugano. Pasaron la noche sin comida ni abrigo suficiente. Recién fueron liberados al día siguiente y quedaron imputados por los delitos de resistencia a la autoridad, una figura legal que, según los abogados del Ceprodh, carece de pruebas concretas. Sin embargo, algunas de estas acusaciones prosperan y pueden implicar la prisión preventiva, como ocurrió el año pasado tras la detención de 33 manifestantes el 12 de junio. Y aún en caso de que con el tiempo sea desestimada, implica la obligación de presentarse ante el juzgado y la imposibilidad de salir del país, entre otros condicionamientos.

“Esto responde a una orden política. Llegaron con la decisión tomada de detener gente. Es una forma de amedrentar. A este gobierno no le importa dejar a un jubilado sin comer”, comentó Barry. Desde Ceprodh también denunciaron que, al igual que en la marcha del 12 de marzo, las detenciones no incluyen ni la hora ni el lugar. “Fueron arbitrarias e ilegales”, agregó. 

En paralelo a la represión, dentro del Congreso se cayó la sesión que iba a tratar un aumento del 7,2 % en las jubilaciones mínimas y la actualización del bono complementario, congelado en $70.000. El oficialismo, con apoyo del PRO y algunos bloques provinciales, evitó dar quórum.

“Fue una jornada de brutalidad. Tress de los detenidos eran fotoperiodistas. Quieren censurar a la prensa. No quieren que se vea lo que hacen todos los miércoles”, dijo Agustina Ferro, también abogada del CeProDH. La represión coincidió con el debate parlamentario que nunca llegó a iniciarse. Y agregó: “Es una muestra más de dónde están puestas las prioridades del Gobierno”, afirmó Ferro. “Un cartucho de gas lacrimógeno cuesta lo mismo que una jubilación. A los jubilados, a los reporteros que quieren mostrar lo que pasa, no solo los censuran. Los atacan”.

Desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Valeria Mustoni advirtió que “el ataque a la prensa es sistemático. Hoy mismo el gobierno publicó en el Boletín Oficial nuevas restricciones para el acceso de periodistas a la Casa Rosada. No quieren que se informe lo que están haciendo.” Lo dice en referencia a la nueva reglamentación para la prensa que anunció hoy el gobierno, que incluye: un sistema de puntos para acceder a las acreditaciones y conservarlas, mediante el cual, según dice: “dos faltas graves pueden provocar la revocación y/o no renovación de la acreditación otorgada” a los periodistas, aunque no precisa que significa “falta grave”. Además, para decidir las acreditaciones enumera criterios como el alcance numérico del medio y restringe la posibilidad de que los acreditados se muevan o tomen fotos dentro de la Casa Rosada. Esta medida generó preocupación por la garantía de la libertad de expresión. 

El Ministerio de Seguridad intentó justificar el operativo con un mensaje en redes sociales. Bullrich escribió en su cuenta: “Grupos anarquistas amenazan con venir a pegarle a la policía. No son manifestantes. Son violentos con antecedentes de atentados y terrorismo”. Sin embargo, no hubo pruebas que respaldaran esa afirmación. 

En simultáneo, el Gobierno anunciaba el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, que invita a blanquear dólares no declarados a través de transferencias de hasta 50 millones de pesos. En contraste, los jubilados siguen esperando un aumento mientras son reprimidos por reclamar.

El escritor de historias de la pequeña gente

El escritor de historias de la pequeña gente

A 100 años del nacimiento de Haroldo Conti, uno de los 30.000 desaparecidos por la dictadura militar, el escritor Juan Bautista Duizeide repasa su vida, su obra y su militanica en una clave de lectura del presente.

Este domingo 25 de mayo se cumplen cien años del natalicio de Haroldo Pedro Conti, venido al mundo un 25 de mayo en Chacabuco, Provincia de Buenos Aires. Autor de la novela Sudeste y de compilaciones de cuentos como La balada del álamo Carolina, en su vida supo ser seminarista, piloto de avión, navegante aficionado y militante político. Integra la lista de los 30.000 detenidos desaparecidos por la última dictadura, y su figura carga con la paradoja de ser menos leído que homenajeado.

“Conti era alguien que había ganado el premio literario más importante en lengua castellana que había en el momento, que era el Barral”, cuenta Juan Bautista Duizeide en diálogo con ANCCOM, “Era alguien quizás no tan leído como otros autores de la época, pero que estaba muy presente en el sistema cultural y mediático. Había muchísimas entrevistas; llegó a salir en la tapa de la revista Gente. Y sin embargo unos pocos años después no se conseguía nada de él en ninguna librería.”

Duizeide es autor del libro Alrededor de Haroldo Conti, publicado el año 2013 en la colección Cuadernos de Sudestada. También es académico, periodista y piloto de buques de marina mercante. Amante del mar y de los ríos, residente del Delta de Tigre, en su vida se acumulan paralelismos con el autor que lo marcó; autor a cuya obra llegó, según relata, por accidente.

“Hurgando en una mesa que estaba afuera de la librería Hernández, en la avenida Corrientes, di con un libro que me llamó la atención básicamente por la tapa, que es una pintura del Delta. Y cuando lo abrí y leí la primera página me cautivó esa prosa. Yo en ese momento, a fines de 1983, era estudiante de primer año de la escuela de náutica y mi familia había caído en bancarrota, así que solamente podía comprar libros muy en oferta, como ese. Luego me enteré que la librería Hernández había guardado en un espacio tapiado un montón de libros que era peligroso exhibir. Cuando empezó el deshielo democrático, los sacaron a la calle y los pusieron en oferta, y ahí di con él: era la novela Sudeste. Y de a poco fui reconstruyendo su obra porque no estaba por ningún lado, no era fácil de conseguir…”

¿Qué significaba ser un escritor desaparecido el 83?

No estar en el espacio público (incluso para gente que había estado muy presente en el espacio público) y estar estéticamente condenado. A mí me parece que hay algo de eso que dura. Además, había como una especie de estigma sobre buena parte de la producción cultural argentina de la década del sesenta e inicios de los setenta. Yo pude comprar Zama, El Silenciero (de Antonio Di Benedetto) y algún otro libro en ofertas muy baratas porque eran cosas que no interesaban; o sea, no era la onda del momento, era algo viejo…

¿Y qué connotación tiene hoy el ser un escritor desaparecido?

Me parece que es un gran problema. Hay una forma en la que dura la desaparición especialmente nociva para ingresar a la obra de Conti, y es qué expectativas crea esa etiqueta terrible de desaparecido. Por supuesto que ningún escritor quiso ser desaparecido: por más militante que fuera, nadie quería desaparecer –es algo criminalmente impuesto-. Pero además de esa circunstancia, sucede que la etiqueta de desaparición, un poco con la metáfora visual de los ‘siluetazos’, tiende a homogeneizar: a suponer que existencialmente, políticamente y sobre todo estéticamente, eran lo mismo un poeta visionario, casi maldito, como Miguel Ángel Bustos, un cronista como Enrique Raab, un periodista como Rodolfo Walsh o un narrador como Haroldo Conti. Y todos son desaparecidos, pero se parecen bastante poco entre sí. Entonces ahí en principio hay un achatamiento de la densidad y de la riqueza literaria, que es la que nos importa para pensar en un escritor. Y en el caso de Haroldo Conti sucede algo: por un lado, hay gente a la que, aún hoy, toda cosa que huela a años sesenta, años setenta y militancia les da una suerte de alergia y, por el otro, hay un público joven, militante, comprometido, que toma un libro como la novela Sudeste, que es una obra maestra, o cuentos como Todos los veranos, y se pregunta: ‘¿Y acá donde está lo político?’ O sea, Conti no es como Walsh, que tiene una Carta Abierta a la Junta Militar al cumplirse un año de gobierno, que tiene Operación Masacre; en Conti lo político opera de otras maneras mucho más elusivas y sutiles. Él siempre afirmaba: ‘Yo no escribo la Historia, sino las historias de la pequeña gente’. Si uno se pone a ver con la sensibilidad un poco más abierta y con otras antenas, empieza a entender cómo funciona lo político en Conti, que está profundamente enraizado con las vidas de sus personajes. Nunca está impuesto desde la voz que narra ni desde la ideología o las pretensiones del autor.”

¿Y cómo dirías que aparece, concretamente, lo político en Conti?

Me parece que es fundamentalmente una mirada a ras de pueblo. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho, aunque probablemente sea apócrifa. A fines de los años 50 o principios de los 60 (Conti jamás lo precisó del todo bien), él estaba haciendo prácticas de vuelo –solía salir del aeropuerto de Don Torcuato en la zona norte de Buenos Aires– para sacar el carnet de piloto civil. Y cuenta que haciendo uno de estos vuelos es que vio el delta, ‘una inmensa mancha verde’, y quiso ya no verlo más desde arriba sino meterse en sus vericuetos, conocer su gente, sus lenguajes, su manera de soñar, de vivir, etc… No importa tanto que haya sucedido o no; lo que interesa es el lugar único que adquiere esta escena de iniciación en su formación como escritor. No importa que sea una ficción: la ficción funciona así. Y a mí me parece que uno de los grandes gestos políticos implícitos de Conti es este ponerse a ras. No ver desde arriba, sino ver a ras de donde ven sus personajes: de lo que piensan, de sus formas de vida; en un punto es casi un trabajo etnográfico. Esto que parece, quizás, desde hoy un poco desvanecido, era una inmensa diferencia de cómo trataban a los personajes populares los escritores del momento. Porque para buena parte de la gente que escribía en la Argentina un personaje como el Boga –una suerte de lumpen de las islas– no tenía ningún interés. Y si tenía interés –en general ese interés era de los escritores proclamados de izquierda– había una mirada con cierto moralismo externo al relato: se le daban una serie de virtudes que supuestamente el militante consciente, que vendría a ser el escritor, sí sabía, y sus personajes populares no sabían. Esto es un problema al narrar, el forzar a los personajes de tal modo. O, un peligro simétrico y parecido, que es suponer que esos personajes del pueblo tienen la verdad de todo. Haroldo Conti logró sortear esos peligros.

 

Duizeide trabaja actualmente en la Universidad de Humboldt de Berlín, donde imparte un seminario de Estéticas Fluviales. “Buena parte de estar acá en Alemania es por Haroldo Conti”, confiesa, aunque sus obras no formen parte del programa este año. El domingo habrá, sin embargo, un homenaje en la Floating University, sobre los terrenos donde se drenaba el agua del antiguo aeropuerto. La silueta del autor será rellenada por cartas, tapas de libros, y se compartirá una comida en referencia a su último cuento: A la diestra, que representa una cena entre vivos y muertos. Es el eco de una persona que fue, por sobre todas las cosas, un escritor, y como tal sólo vuelve a su esencia al ser leído.

“Solamente existen las lecturas sincrónicas”, prosigue Duizeide: “No hay nada más autobiográfico que la lectura: uno puede inventarse otra cara para narrar, pero no hay manera de leer sino desde nuestra propia circunstancia. Leemos desde 2025 y desde nuestra situación. Por un lado, creo que desde 2025, esa forma de ir hacia lo popular es bastante más nítida de lo que podía ser en 1957, cuando aparece el primer Conti maduro. Visto de lejos, es un año particularmente significativo: es el año de la historieta de El Eternauta y en el que se empieza a publicar Operación Masacre. Oesterheld y su dibujante Solano López trabajan para contar una gran historia argentina y bastante universal como vemos ahora a partir del éxito de la serie, desde un género bastante desdeñado como era el de la historieta; y también el tema de la investigación periodística que en ese tiempo, antes de la novela de no-ficción, no gozaba de mayor prestigio. Eran géneros bastante plebeyos, y también había mucho plebeyismo en Conti por los personajes que elegía. Esto no tenía absolutamente nada que ver con la argentina oficial del momento, fuera de izquierda, centro o derecha: eran todas rarezas, pararse desde esos lugares. Y eso se ve muy nítidamente desde ahora, mucho más nítidamente que entonces.”

Más allá de la novedad que significó en su presente, ¿qué se puede sacar de su lectura para la Argentina del 2025?

Creo que lo interesante que tiene para ofrecer Conti hoy son algunas otras cosas, que son determinados tonos y determinadas formas de construcción. Y creo que, precisamente por esto, puede ser una lectura bastante difícil. Porque podríamos decir que, si Conti fuera un pintor, él no trabajaría con colores puros y crudos, sino con infinitos matices. Eso me parece sumamente interesante: ese nivel de sutileza narrativa, que llega a estar en el límite con la poesía. En Conti lo más importante es la trama: básicamente narra un ambiente, nos da a disfrutar un lenguaje. Me parece que eso es lo que pueden encontrar lectores nuevos, los lectores más jóvenes.

 

Nuevos artistas disidentes

Desde su militancia en el ERP, Haroldo Conti fue un escritor perseguido que era muy consciente de su vigilancia. Ya en los tiempos de la Triple A, con el tercer peronismo, estuvo en la mira del terrorismo estatal. El no ir al exilio tras el golpe de Estado fue como enfrentarse de cara al pelotón.

La actual coyuntura mediática nos enfrenta a nuevos gobiernos de retórica autoritaria, al que se contraponen personajes de la cultura que encarnan nuevas formas, también mediáticas, de confrontación: Lali vs Milei, Dillom vs Caputo, Taylor Swift vs Trump, Bad Bunny vs las inmobiliarias. ¿Hay alguna continuidad con estos nuevos artistas disidentes? ¿O son solamente una mímica vacía de lo anterior?

“Me parece que hay algunas leves continuidades y también grandísimas diferencias”, marca Duizeide, “En la redacción de Crisis, en donde trabajaba Haroldo Conti, todo el tiempo recibían amenazas. Amenazas que no significaban bravuconadas como las que puede efectuar Milei, sino que rápidamente se convertían en penas de muerte concretas; extrajudiciales y extralegales, pero concretas. La censura también era un dato real: de libros, de películas, de revistas, de músicas que se aconsejaba no difundir. Me parece que ahí hay una diferencia sumamente grande. Pero además la disidencia de un Conti o de un Enrique Raab era sumamente radical. Con esto no quiero enjuiciar a los disidentes actuales, sino en todo caso al uso de la palabra: quizás convendría inventar otra. Porque la disidencia durante mucho tiempo, fuera en la Unión Soviética del estalinismo, o en la Alemania de Hitler, en la Argentina de Isabel, ni hablar en la de Videla, Massera y Agosti, era algo mucho más abarcativo; algo irrecuperable para la sociedad oficial. Los actuales disidentes pueden dar, al menos por ahora, un recital para miles y miles de personas en un lugar central de cualquier metrópoli. Y no exponen, al menos hasta ahora, su integridad física ni sus cuerpos –ahí hay una diferencia muy grande. Yo siento que no somos quienes producimos bienes culturales los que estamos siendo más golpeados por estos gobiernos, sino más bien otros sectores: obviamente los trabajadores, comenzando por los informales, también los jubilados, las infancias pobres… Y en ese sentido hay como una extraterritorialidad, pero no un riesgo tan grande como el que corría en otra época un Haroldo Conti.”

El centenario del nacimiento de Haroldo Conti será conmemorado en su casa museo ubicada en Arroyo Gambado S/N, Tigre 1648, donde el sábado 24 de mayo se realizará una vigilia desde las 10:00.

La ciudad le cobra a los pobres y perdona a los más ricos

La ciudad le cobra a los pobres y perdona a los más ricos

Dos informes de ACIJ señalan que en la recaudación impositiva de CABA cada vez tienen más pesos los gravámenes al consumo y menos al patrimonio. A su vez, los subsidios a empresas, son para las grandes y consolidadas.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) publicó recientemente dos investigaciones clave para el estudio de la forma en la que se utilizan los recursos públicos. El primer informe estudia la estructura impositiva de CABA haciendo un recorrido desde 1997 hasta 2024. Mientras que el segundo reporte se enfoca en la administración de los gastos tributarios porteños, es decir exenciones fiscales para el impulso empresarial. Ambos informes revelaron la tendencia regresiva de la recaudación en la ciudad, como también la falta de escrutinio legal a la hora de brindar beneficios económicos. Adicionalmente, señala la falta de registros que lleva el gobierno local con respecto a estos gastos.

Los miembros de la asociación, el doctor en Ciencias Sociales Alejandro Gaggero, coordinador del programa Justicia Fiscal, y Sofía Pasquini, abogada especialista en políticas públicas, brindaron información acerca de su investigación. En cuanto al esquema de recaudación, Gaggero señala que “regresividad” es la palabra que lo caracteriza. “Esto quiere decir que fueron ganando peso en la recaudación los impuestos más vinculados al consumo y a la actividad económica, y que no tienen en cuenta la capacidad contributiva de los ciudadanos a la hora de fijar cuánto se les va a cobra”, señala, y agrega: “La ciudad tiene ingresos por impuestos y transferencias. En impuestos, la mayor parte de la recaudación viene de Ingresos Brutos, que tiende a ser regresivo. Este fue ganando peso a la par que lo perdían los impuestos más progresivos, como el inmobiliario o el de patentes”. Según los datos publicados, Ingresos Brutos en 1997 representaba el 66% de la recaudación, mientras que en 2023 pasó a representar el 92% del total.

En contraparte, los impuestos a la propiedad de carácter progresivo, Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL), e Impuesto Inmobiliario (II) ocupaban el 18% de lo recaudado en 1997, y se redujeron a 4% en 2024. Patentes, se achicó del 12% al 3%. Es decir, una reducción a un cuarto de su participación en los últimos 28 años. El informe aclara: “Tanto el ABL, como el Inmobiliario, recaen sobre la parcela y no sobre su propietario. Esto implica que tributa el mismo gravamen quién posee una propiedad, que quien posee varias, quitándole progresividad al sistema”.  Al respecto, Gaggero agrega: “Esto contribuye a la inequidad, porque no le estamos cobrando más a los que más tienen. Y para colmo, este retroceso de los impuestos patrimoniales se da en un contexto de aumento de la actividad inmobiliaria y de encarecimiento de los inmuebles. Es decir que hay más inmuebles y cada vez más caros pero el Estado no parece estar recaudando allí, en esas grandes torres que uno ve en Palermo”.

Desde 1997, los impuestos al consumo tienen cada vez más incidencia en la recaudación porteña. Lo contrario pasa con los gravámentes a la propiedad.

Gaggero explica los motivos por los que se da esta tendencia: “Los impuestos regresivos son más fáciles de cobrar, ya que los patrimoniales no solo tienen mayores dificultades técnicas, sino que también despiertan más resistencia en las clases propietarias. Por otro lado, se trata de un país que tiene una economía en negro muy importante, con niveles de evasión y elusión fiscal muy grandes”.

En cuanto a gastos tributarios, refiere a exenciones fiscales. En lugar de transferirse dinero a empresas, el Estado decide no cobrarles impuestos y brindar beneficios para la radicación en determinadas zonas geográficas, promoviendo la actividad económica. Ahora bien, el corazón de la crítica de ACIJ, es hacia su forma de administración y seguimiento: “La información de la que dispone el Gobierno de la Ciudad es precaria e insuficiente: la proyección anual que se presenta con el proyecto de Ley de Presupuesto es parcial, incompleta, con bajo nivel de desagregación, carece de justificativos y no tiene carácter vinculante. No presenta información sistemática referida al volumen del gasto tributario, a la cantidad de beneficiarios contemplados, ni al desempeño de los regímenes”. Pasquini revela: “Si bien hubo buena predisposición de la agencia que gestionaba los pedidos de información, hubo datos que no pudieron brindar, alegando a la dificultad para localizarlos ya que no estaban digitalizados. Empezaron a digitalizarse a partir de 2018”. Solo tenían registros disponibles desde ese año en adelante, marcando un grave problema de acceso a la información.

Si bien el costo de los gastos en el presupuesto total de la Ciudad es relativamente bajo, este tipo de exenciones que representaba un 0,59% en 2009, asciende a un 2,3% en las proyecciones para 2025. Una incidencia que aumentó cinco veces en 16 años. Pasquini insiste en que el gran problema es que “no están sometidos a ningún control ni tampoco hay datos públicos, y esta concentración de beneficios termina dándose a empresas muy grandes, que se supone que ya están altamente capacitadas. Esos beneficios podrían aplicarse a empresas más chicas para que se desarrollen”. La especialista añade: “Los gastos tributarios suelen ser regresivos por su implementación, ya que se concentran en sectores de altos ingresos, y la realidad es que si hay exenciones esto termina por afectar a todos”.

A esto Gaggero suma: “No parece haber un sistema de monitoreo que permita saber en qué se está invirtiendo ese dinero, y si está bien invertido o no. Esto no pasa con otros gastos del Estado, como el sector de ayuda social, en cual se ha compartido la información. Parece haber una doble vara, donde hay un secreto fiscal que beneficia a las empresas”. Otro de los hallazgos a destacar fue que lo que la Ciudad planeaba gastar en estos incentivos no se correspondía con lo que terminaba gastando, sino que las finales eran cifras mucho mayores.

 “Necesitamos tener buenos mecanismos que te trasciendan en el tiempo y que no dependan de la buena voluntad de un gobierno –dicen los referentes de ACIJ-. Consolidado en una ley que disponga el detalle de los gastos tributarios anualmente, qué tipo de evaluaciones y con qué periodicidad deben hacerse. No tenemos evaluaciones periódicas, no tenemos acceso a la información, y no tenemos responsables directos. Tenemos gastos tributarios que se crean sin estar sujetos a un plazo de vencimiento. Esto genera que existan beneficios que se brindan a ciertas empresas durante décadas. Esto es muy peligroso, porque uno no puede hacer política pública de acá a 70 años. Al fin y al cabo, esta también es una conversación acerca de qué se hace con los recursos públicos”.

La ESMA conmemoró su décimo aniversario como sitio de memoria en medio del hostigamiento gubernamental

La ESMA conmemoró su décimo aniversario como sitio de memoria en medio del hostigamiento gubernamental

El mismo día que en el Boletín Oficial se publicó la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a subecretaría y el traspaso administrativo del Sitio de Memoria, el espacio -declarado patrimonio de la humanidad- recordó que lleva una década manteniendo viva la memoria. Durante la gestión de Milei el personal se redujo de 42 a 28 personas.

Mayki Gorosito, directora del Museo Sitio de Memoria ESMA, Ana María “Rosita” Soffiantini, sobreviviente y Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restituido número 68. 

El Museo y Sitio de Memoria ESMA abrió sus puertas un 19 de mayo de 2015, consolidandose como un espacio de memoria y denuncia del terrorismo de Estado. El lugar constituye en sí mismo una prueba judicial sobre los crímenes cometidos, utilizada en los juicios de lesa humanidad. Desde 2023 el espacio es considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

El acto se llevó a cabo en el Salón Dorado, un espacio que durante la dictadura funcionó como centro de comando de las Fuerzas Armadas. La sala estaba colmada. En las primeras filas se ubicaron los oradores de la jornada: la directora ejecutiva del Museo Sitio, Mayki Gorosito, el arquitecto Martín Capeluto, la exjueza María Roqueta, Ana María “Rosita” Soffiantini, sobreviviente del centro clandestino, Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restituido número 68 y figuras destacadas como Vera Jarach, integrante de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, la nieta recuperada y exdiputada Victoria Donda, el embajador japonés Yamauchi Hiroshi y el embajador español Joaquín María de Arístegui Laborde.

 

Gorosito dio inicio al acto con unas palabras de agradecimiento: “Gracias por compartir, por estar presentes hoy, en este contexto tan triste y difícil”. La referencia a la situación en la que se encuentran los Espacios de Memoria estaba clara: desde la asunción del gobierno de Javier Milei han sido constantemente atacados mediante desfinanciamientos y despidos. Desde hace varios meses las y los trabajadores denuncian la falta de pagos de salarios y de presupuesto para el mantenimiento de los espacios.

El miércoles 21 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el DNU 344/2025, que establece la reestructuración del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo ESMA, los cuales pasarán a depender del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. Según el decreto, la medida busca “una gestión más eficiente, coordinada y racional en materia de concientización sobre el respeto de los derechos humanos y preservación de la memoria histórica”. Aunque se garantiza la continuidad de las actividades la incertidumbre institucional fue un tema presente en todos los discursos.

 

«Hoy, frente a nuevos desafíos que amenazan estas políticas, este sitio representa una conquista que debemos proteger, porque los espacios de memoria no son lujos culturales ni caprichos ideológicos: son instrumentos concretos para fortalecer la democracia e impedir el regreso del horror con otros rostros”, dijo Roisinblit.

El legado

Para Roisinblit: “La ESMA es un espacio donde cada pasillo y cada rincón confrontan el horror del pasado con el legado que decidimos preservar juntos. Yo nací aquí, y esa frase tan simple y al mismo tiempo asombrosa enseña toda la magnitud de lo que este sitio representa. Gracias a decisiones políticas fundamentales de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner se decidió preservar, investigar y transmitir. Las políticas públicas desarrolladas durante estas décadas transformaron las herramientas científicas en instrumentos de recuperación. Mi identidad recuperada demuestra que la memoria, asumida colectivamente, tiene poder para mantenerse. Hoy, frente a nuevos desafíos que amenazan estas políticas, este sitio representa una conquista que debemos proteger, porque los espacios de memoria no son lujos culturales ni caprichos ideológicos: son instrumentos concretos para fortalecer la democracia e impedir el regreso del horror con otros rostros”.

Por su parte, la sobreviviente ‘’Rosita’’ Soffiantini afirmó que las políticas del oficialismo ‘’no son sólo medidas administrativas, son claras intenciones para debilitar nuestros logros en derechos humanos, debilitar nuestras convicciones democráticas. Este lugar es un testimonio. El mundo entero lo reconoció como patrimonio de la humanidad. Hoy están quienes quieren borrar la memoria de lo que ocurrió acá como en casi 700 o más sitios que fueron centros clandestinos de tortura y exterminio. Debemos seguir defendiendo y exigir al Estado nacional políticas públicas que procuren, defiendan y desarrollen los derechos humanos en la Argentina. Este museo se sostiene gracias a todo el equipo, junto a nosotras y nosotros, junto a los organismos de derechos humanos y al recuerdo de lo que debemos hacer. Debemos crear más memoria: eso es un acto de justicia. La memoria es un derecho y sin memoria no hay democracia. Más memoria que nunca. Nunca más el olvido y, como dice siempre Vera, nunca más en silencio”.

Reconocimiento internacional

A pesar de que la ESMA posee un gran reconocimiento a nivel internacional en materia de derechos humanos y que su inclusión por parte de la UNESCO como patrimonio de la humanidad le otorga cierto resguardo institucional, no está exenta de la incertidumbre provocada por las políticas de ajuste actuales que ponen en peligro su continuidad al igual que la del resto de los sitios de memoria que siguen siendo vaciados.

Antes del cierre oficial, la directora Gorosito compartió: “Éramos 42, ahora somos 28 trabajadores y trabajadoras. Los aliento a seguir, a no dar un paso atrás en lo que hemos aprendido y logrado. Somos una institución del Estado argentino, no de un partido, no de un gobierno. Una institución que simboliza y testimonia lo que nunca más debe suceder. Una institución reconocida por el mundo por hacer, como hacemos, lo que es nuestra obligación y nuestra convicción. En esta coyuntura triste, lamentable y compleja para las políticas públicas de derechos humanos, renovemos nuestro compromiso y nuestra convicción traducida en acción: que instituciones como el Museo Sitio de Memoria ESMA son imprescindibles para la democracia”.

 

Tras estas palabras, uno de los asistentes entonó la consigna: “Treinta mil compañeros detenidos y desaparecidos, ¡Presentes!, ¡Ahora y siempre!”, acompañado por todos los invitados.

El cierre incluyó la proyección de un video que repasó los juicios y condenas obtenidos en el país gracias al trabajo de espacios como la ESMA en articulación con los testimonios de sobrevivientes.

Hoy, la memoria colectiva de Argentina vuelve a estar en riesgo ante un gobierno que intenta borrar el pasado. En este contexto, espacios como la ESMA viven en una gran incertidumbre acerca de su destino. El acto fue un claro llamado a la sociedad a seguir: defendiendo estos sitios como espacios de construcción de memoria, a sostener la lucha por la verdad y la justicia, y a reafirmar, una vez más, que el “Nunca Más” no es una consigna del pasado, sino un compromiso del presente.

La UBA volvió a reclamar en la calle

La UBA volvió a reclamar en la calle

Una multitudinaria manifestación de estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires marchó desde Plaza Houssay hasta el Palacio Pizzurno para reclamar por los recortes de salarios y presupuestos. Paro de 24 horas para este viernes.

Este jueves 22 de mayo, docentes, no docentes y estudiantes universitarios volvieron a pronunciarse masivamente en defensa de la educación pública y en reclamo de un aumento presupuestario y una suba salarial. “Marchamos una vez más porque sabemos que no somos la primera generación universitaria en defender los ataques de un gobierno nacional a la educación pública y que tampoco seremos la última en hacerlo”, indicó Agostina Olivera, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. “El año pasado les dejamos claro que el conjunto de la sociedad argentina está convencida de que el derecho a la educación superior debe ser garantizado por el Estado nacional, le guste a Javier Milei y a Sandra Pettovello o no”, agregó.

La convocatoria fue a las 12.30 en Plaza Houssay, y desde allí los manifestantes se movilizaron hasta a Secretaría de Educación que funciona en el Palacio Pizzurno. La protesta exigía un aumento urgente del presupuesto tanto de docentes y no docentes, que se mantienen casi sin actualización desde 2023. En este tiempo, los sueldos de docentes y no docentes universitarios han sufrido un fuerte deterioro debido a la inflación y la falta de actualización de las partidas presupuestarias destinadas a las universidades nacionales.

En este contexto, los incrementos salariales fueron insuficientes para mantener el poder adquisitivo frente al aumento sostenido de precios que se experimenta en la Argentina de Javier Milei. A este árido escenario se le sumó el congelamiento del presupuesto universitario desde 2023, lo que restringe aún más la capacidad de las universidades para garantizar condiciones laborales dignas.

Este jueves, se encontraron en Plaza Houssay diferentes gremios docentes y no docentes como  FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires), APUBA (Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires), ADUBA (Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires) y FEDUBA (Federación de Docentes de las Universidades), además de varios centros de estudiantes como el CECSo (Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales),  CEFyL (Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras), CECEN (Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales), CENBA (Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires), CEFADU (Centro de Estudiantes de Arquitectura, Diseño y Urbanismo) y CEADU (Centro de Estudiantes de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes), entre otros gremios, organizaciones y agrupaciones.

Entre otras figuras que se encontraron en la movilización, se hizo presente Emiliano Yacobitti, dirigente de la Unión Cívica Radical y actual vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. “Estoy acá para reclamar por el salario de los trabajadores, de los profesores, de los docentes y no docentes. Por la baja de las becas, la no actualización por inflación. El que conoce y camina las universidades y da clases se da cuenta de que cada vez hay menos alumnos porque no pueden llegar, los docentes tienen cara de cansados porque tienen otro trabajo después del horario. Si seguimos así, a la larga esto va a afectar en la calidad de la educación pública”, reflexionó el dirigente.

Esta movilización se refuerza con el paro para este viernes 23 de mayo, una medida de fuerza dispuesta por gremiales docentes y no docentes para seguir reclamando salarios dignos y presupuesto universitario de calidad.