Un gran retroceso en el derecho a la información

Un gran retroceso en el derecho a la información

Sep 26, 2024 | Comunidad, Destacado 5

Un decreto firmado por Javier Milei modifica la Ley de Acceso a la Información pública y limita la publicidad de actos de funcionarios oficiales. En esta nota, lo analizan especialistas en la materia.

En agosto el gobierno nacional reglamentó el decreto 780/2024 que modifica, principalmente, el alcance de las definiciones de “información pública” y “documento”, presentes en el Artículo 3 de la Ley 27275. Introduce nociones nuevas como lo son la información privada o de naturaleza privada, que viene a controvertir el estándar de que toda información que posee el Estado es pública en tanto no contradiga excepciones muy específicas, que se encuentran establecidas en el texto de la normativa.

Sancionada en 2016, la Ley de Acceso a la Información ha sido destacada no sólo por los distintos sectores de la sociedad y del periodismo sino también por organismos internacionales por su perspectiva de publicidad y de transparencia de los actos de gobierno, en línea con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y acceso a la información. En diálogo con ANCCOM, Emir Salomón, abogado y miembro de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) explica que “un decreto reglamentario no puede ignorar esta larga tradición que se asienta sobre los derechos humanos y una jurisprudencia, una práctica institucional que viene basándose en el principio de máxima divulgación”.

Al introducir categorías nuevas que no dan claridad acerca de hasta qué punto los datos que posee el Estado son de naturaleza privada, qué los convierte en privados y cuándo esa información puede o no ser otorgada, empiezan a aparecer “casos de excepción” que previos a este decreto habrían sido alcanzados por el principio de máxima publicidad. A partir de esta nueva reglamentación, el funcionario público debe evaluar un “juicio de razonabilidad” por fuera del análisis que solía hacer la ley, en el que tiene que desentrañar si la naturaleza de esa información que posee es realmente privada o no lo es.

“Uno de los puntos más preocupantes tiene que ver con las modificaciones del Artículo 3, que vienen a controvertir el estándar de que toda información que posee el Estado es pública en tanto no contradiga excepciones muy específicas, que se encuentran establecidas en la ley. Desde ACIJ, consideramos que esto representa una extralimitación en las facultades reglamentarias que posee el presidente de la Nación, según el texto constitucional y lo que es la norma de acceso a la información pública”, remarca Salomón.

Cabe recordar que la ley prevé en su texto la aplicación de un “sistema de tachas” en los casos en que exista información sensible que no pueda hacerse pública. El decreto parece desconocer esta posibilidad, o por lo menos no hace hincapié en ella, en la medida en que establece que todos los documentos que tengan estos datos no se den a publicidad. Por ende, tiende más a la negativa de entregar la información, más que a la positiva.

Luis Lozano, licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialista en la materia e investigador y docente de la UBA, remarca que la norma “deja un amplio margen de discrecionalidad para rechazar pedidos de acceso, ya sea porque involucran datos que el funcionario juzga que son de naturaleza privada en los términos de este decreto o porque juzga que no hay interés público en aquello que se solicita, como si eso pudiera definirlo el sujeto obligado, lo que contradice directamente los principios de la ley: máxima publicidad y máximo acceso. El funcionario no es la persona que define si hay o no interés público”.

El decreto viene a modificar otro, el 206/2017, que era reglamentario de la ley y que tenía algunos puntos que diversos especialistas en la materia habían marcado como conflictivos porque reducía la autonomía de la Agencia de Acceso a la información Pública. A eso se suma esta reforma, mucho más profunda y con un gran impacto en el ejercicio efectivo del derecho.

“Es un retroceso en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública porque se introducen cuestiones que pueden ser disuasivas o amenazantes para aquel que va a hacer un pedido de acceso, como pedir obligatoriamente el número de documento, domicilio, correo electrónico. Eso no estaba contemplado en la ley”, dice Lozano. Y agrega algo igual o más importante: “De hecho, la ley establecía el principio de informalismo por el cual no puede haber mayores requisitos formales para dar la información. Incluso va más allá e introduce la violación al principio de buena fe, es decir que puede perseguir a quienes, según el funcionario o el Estado, hagan un uso abusivo del derecho de acceso”.

Por su parte, Salomón reflexiona que “la situación se torna desigual cuando un ciudadano que no tiene conocimiento acerca de cómo realizar estos trámites necesita conocer esa información que no se da a publicidad. Ante la negativa, el reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información o la Justicia se vuelve la única alternativa. Son procesos que implican un poco más de conocimiento acerca de la viabilidad de las peticiones, hasta dónde se puede reclamar, con qué argumentos y qué respuesta da el Estado”.

Las consecuencias de este decreto también tienen un gran impacto en el trabajo periodístico. En diálogo con ANCCOM, Agustín Lecchi, Secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) señala que “esta actitud del gobierno nacional va en línea con toda una serie de políticas que atacan la actividad periodística, tienden a controlar la información que circula y tienen como consecuencia el cercenamiento de voces, como por ejemplo el ahogo presupuestario a los medios autogestivos, el silenciamiento de los medios públicos, el ataque a medios privados como sucedió con Editorial Perfil y las denuncias penales a periodistas como ocurrió con Darío Villarruel y Nancy Pazos”.

Por su parte, Paula Moreno, presidenta del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) remarca que “el escenario que hoy tenemos en el ejercicio periodístico y en el vínculo con la gestión de Javier Milei es muy hostil y violento. En este contexto agobiante de hostilidad y hostigamiento constante, hay otras medidas que han intentado cercar al periodismo, como por ejemplo el intento de matriculación obligatoria por parte del Ministerio de Capital Humano”. 

Tanto los especialistas en la materia como los trabajadores de la prensa coinciden en que este decreto representa no sólo una desnaturalización de lo que plasma la ley, es decir un ataque al espíritu de máxima publicidad y transparencia, sino también una extralimitación de las facultades reglamentarias que tiene el Poder Ejecutivo en relación a las leyes. “El acceso a la información aparece como una herramienta del activismo de derechos humanos, de las organizaciones civiles y del periodismo como forma de monitorear al Estado, como forma de ver qué se está haciendo con los recursos y qué hacen los funcionarios públicos en el ejercicio de sus roles”, señala Salomón.

En la misma línea, Moreno concluye que “el concepto de información pública no le pertenece a la prensa, le pertenece a los ciudadanos. Por ende, limitar el acceso a la información pública es limitar las posibilidades de los ciudadanos de involucrarse con los temas que son de todos, debilitar la institucionalidad y la calidad democrática”.

El adolescente, la madre y la isla

El adolescente, la madre y la isla

Sep 26, 2024 | Culturas, Destacado 5

«Martín García» se estrena esta semana en el Gaumont y cuenta la historia de un chico de 17 años que debe mudarse al Delta arrastrado por su madre que va detrás de un nuevo novio.

Este jueves en el Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635, CABA), con funciones  a las 12:45, 16:45 y 20.10 horas, estrenó Martín García, una película escrita y dirigida por Aníbal Garisto y que cuenta con las actuaciones de Thelma Fardín, Ignacio Quesada, Mora Recalde y Rafael Ferro. La historia trata sobre un adolescente llamado Germán (interpretado por Quesada) que debe abandonar Capital Federal para mudarse con su madre (Recalde). Esta mujer desea dejarlo todo para acompañar a su nuevo novio, cuyo papel lo lleva adelante Ferro.

Germán ya cuenta con 18 años y se encuentra en una edad complicada, donde no tiene claras sus metas, pero refleja su pasión por el dibujo. Esa misma actividad realiza Nacho Quesada en su vida real y  le ayudó a la hora de confeccionar su personaje: “Algunos de los dibujos que se ven en la escena, están hechos por mí. Muchos otros, son del equipo de arte de la película. Yo pedí si podía dibujar en la peli, porque me encanta, desde chiquito, y dije ‘es mi oportunidad’”, indicó. Por otra parte, interpreta a un personaje muy callado, que se encuentra en la transición de joven a adulto, una situación que se encuentra cercana en el tiempo para Quesada.

“Hay algo del mundo interno de la adolescencia que siempre se descubre ahí un poco, se toma cierta conciencia madura de lo que pasa. Está conviviendo con todos estos sentimientos, en una isla. Un lugar nuevo, donde no conoce a nadie y es lo opuesto a lo que vivió toda la vida. Para mí, eso era muy cercano, porque viví en Capital Federal toda mi vida y de repente, estaba conviviendo en una isla durante un mes. Esta experiencia me acompañó en un momento movidito de la vida, en una isla filmando una película. Teniendo esos paisajes y momentos para distraerse y caminar por algunos rinconcitos de la isla, fue hermoso”, señaló.

Recalde, en su papel de madre de Germán, es quien lo impulsa  a cambiar de vida por amor y que lleva a su hijo a experimentar una nueva aventura en su existencia. ANCCOM dialogó con la actriz, que explicó cómo fue meterse en ese personaje tan particular. “La construcción del personaje la pensamos a través de una mujer que fue madre tan joven y su hijo ya crece, entonces vive una segunda adolescencia en donde dice: ‘Sí, me enamoré y me voy allá, actuando torpemente como una adolescente’. Como esta mujer se tuvo que hacer cargo de tanto, esta experiencia y desafío lo toma como un nuevo impulso hacia su juventud perdida. Como su hijo comienza a tener su espacio y libertad, ella comienza a volver donde quedó”, afirmó Recalde.

La película también plantea cómo es la vida de muchas madres solteras que han dejado sueños, ilusiones y metas, con el único deseo de ver felices a sus hijos. Además, se vislumbra el sentimiento de culpa que la invade por enamorarse de un hombre y llevar a Germán a este cambio de vida tan abrupto, donde Internet no funciona bien y no hay gente de la edad del chico. Sin embargo, se puede ver esa lucha interna de una madre que hace hasta lo imposible por tratar de que su hijo disfrute cada día.

“Para interpretar el personaje, yo pensaba mucho en el ancla que es su hijo, como se trata de una madre que es tan joven, indudablemente, crea su identidad alrededor de un hijo. Una cosa es tener un hijo a los 40 y otra muy diferente es tenerlo a los 18. Además, se trata de una madre soltera y siempre presente, que tiene una simbiosis con él. Lo armaba mucho desde ese lugar, por eso mi conexión con el personaje de Nacho era fundamental”, aclaró Recalde.

Martín García refleja cómo es vivir en una isla, la majestuosidad del sonido de los pájaros y las distintas especies de animales e insectos que habitan en el lugar. Garisto, el director y creador de esta pieza cinematográfica, relató cómo fue el armado de este proyecto: “Me basé en una historia real, de que hubo un adolescente en la isla Martín García y mi primera pregunta fue, ¿qué hace un adolescente solo en un lugar donde solo viven 100 habitantes y no hay ninguno de su edad? Ese fue el disparador para escribir una historia con Vanina Sierra y dirigirla fue un desafío hermoso.”

Hubo contratiempos en la filmación, al ser una locación tan particular. “Vivimos tormentas, una de las veces que yo fui en la lancha hubo olas de 3 metros, casi nos caemos al agua. Nos empapamos y uno de los últimos problemas fue en una de las escenas finales de la película, donde a Thelma Fardín le picó una abeja y fuimos corriendo a la salita, por suerte estaba la medicación; ya que es alérgica. Todo lo que nos podía pasar, nos pasó y lo que sucede es que no es un lugar a donde uno va al hospital. Ese fue el momento de mayor tensión”, explicó.

En muchas escenas se puede ver a diferentes habitantes de la isla y Recalde explicó cómo fue el trato con ellos. “Fue muy bueno, ellos tuvieron una recepción impecable con nosotros y eso que éramos un montón. Nos hacían tortas, nos recibían rebien, el director de la isla Diego Simonetta (nota de la r: director de Gestión Integral de islas del Delta e Isla Martín García) nos ayudó con todo, les divertía venir a filmar, les divertía poder ayudarnos, todos muy amables. Filmamos en el restorán donde comíamos, en el Comedor Solís de José, que en la película interpreta al señor de la huerta”, contó.

Por otro lado, la película demuestra que todavía es posible hacer cine en Argentina, la importancia de que se cuenten historias que se viven, como es el paso de la adolescencia a la adultez y de la necesidad de un Estado presente. “Martín García se hizo con el apoyo del Estado, se realizó con el Fondo Nacional de las Artes, con el Instituto Nacional del Cine, con el Fondo Metropolitano, se hizo con el Instituto Provincial y con Mecenazgo. Todos los fondos que  podía ganar Martín García los ganó. Creo que es fundamental el apoyo del Estado para hacer películas y contar nuestras historias. No es que viene una plataforma a contarnos, somos nosotros mismos los que contamos nuestras historias y eso habla de una soberanía cultural, es importante que no se desprestigie el cine y el arte como está sucediendo ahora. Por eso es central presentar y distribuir una película, en este momento: más que un acto de resistencia, es un acto de amor”, señaló Garisto.

Un fallo histórico contra la represión a la protesta

Un fallo histórico contra la represión a la protesta

Sep 26, 2024 | DDHH, Destacado 4, slider

La Corte ratificó el fallo que condena a Enrique Mathov y Rubén Santos por los asesinatos de los manifestantes del 19 y 20 de diciembre de 2001. Por primera vez irán presos responsables políticos de una represión. ¿Mensaje para Bullrich? Habla la viuda de una de las víctimas.

A casi 23 años de la represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001, la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas del entonces secretario de Seguridad Enríque Mathov y Rubén Santos, jefe de la Policía Federal, dos de los máximos responsables políticos de los asesinatos de manifestantes que reclamaron en las calles contra el gobierno de Fernando De la Rúa. Pocas horas después, ambos ex funcionarios quedaron detenidos en el Hospital Central Penitenciario de Ezeiza. ANCCOM habló con María Arena, la viuda de una de las víctimas, quien considera que ese fallo es histórico porque nunca antes hubo responsables políticos presos por reprimir la protesta social.

A más de ocho años de que la Justicia condenara en primera instancia a los responsables de la represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001, la Corte Suprema dejó firmes las sentencias. Esto significa que ambos funcionarios encontrados culpables cumplirán su pena tras las rejas, salvo que obtengan el beneficio del arresto domiciliario.

En medio del regreso de la represión de las protestas sociales, con las fuerzas de seguridad que golpean a jubilados y gasean a niñas de 10 años, el máximo tribunal del país mantuvo la pena de 4 años y 3 meses de prisión para el exsecretario de Seguridad Interior del gobierno de Fernando de la Rúa, Enríque Mathov; y del entonces jefe de la Policía Federal Argentina, Rubén Santos, a 3 años y 6 meses de cárcel. 

Las condenas fueron por los crímenes de tres de las personas que habían salido a las calles de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar contra el gobierno de la Alianza, que horas después terminaría con la renuncia del entonces presidente y su salida en helicóptero de la Casa Rosada.

Aquellas víctimas de la brutal represión fueron Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gastón Riva. Todos ellos, con diferentes orígenes e historias de vida, salieron de sus casas para protestar contra un gobierno que había agravado la crisis económica y social, que había comenzado en la década del 90 con el menemismo, y tenía al país atrapado en niveles de pobreza y desempleo altísimo.

A más de dos décadas, María Arena aún recuerda todo como si hubiese sido ayer. Ella estaba casada con Riva, uno de tantos jóvenes que vio las imágenes de la Policía avanzando contra los manifestantes y decidió acercarse a participar y, en un gesto de solidaridad, ayudar con su moto a quienes habían quedado envueltos en los gases lacrimógenos. Nunca volvió a su casa. Lo que llegó después fue hacerse cargo de tres hijos que habían perdido a su padre, y también motorizar una lucha en calles y tribunales para que la muerte de su compañero no quedara impune. Tanto tiempo después, la condena de Mathov y Santos demuestra que aquel derrotero no fue en vano.

“Cuando pusieron la fecha para el juicio yo creía que nunca iban a ir presos. Sobre todo que hace cuatro años fue la condena”, sostiene la mujer en relación al fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que en junio de 2020 había confirmado las sentencias emitidas por el Tribunal Oral Federal Nº 6. “Durante todos estos años vivimos distintas situaciones, incluso la resignación. Suena horrible, pero es que pasaron 23 años, mucho tiempo. Aún así, nunca perdimos la esperanza, pero no pensamos que de sopetón iba a llegar la decisión de la Corte, que estuvo todos estos años sin expedirse”, revela. La resolución del máximo tribunal no solo significa la confirmación definitiva de las penas para los responsables, sino también que ambos deberán cumplir sus sentencias tras las rejas, un hecho inédito para Argentina y la región, donde los funcionarios responsables de este tipo de hechos suelen salir impunes.

“Nunca pensé que iban a cumplir efectivamente las sentencias. Vamos a ver por cuánto tiempo, porque Mathov tiene edad para pedir prisión domiciliaria, pero lo cierto es que lo detuvieron y van a hacer lo mismo con Santos cuando regrese de España”, sostiene Arena, que es locutora y productora periodística. (N.d.R: al momento de la entrevista, el extitular de la Policía Federal ya se entregó y está detenido junto a Mathov en Ezeiza). “La sensación es un poco rara. En tantos años una va pensando, sufriendo, desilusionándose, teniendo esperanza, pasan tantas cosas. Igualmente, no deja de ser un día histórico, porque no existía condena a responsables de una represión en democracia”, apunta.

A pesar del alivio de que tras tantos años de lucha se haya llegado a una condena, a los familiares de las víctimas les queda una sensación agridulce, ya que la primera plana de la política -con el expresidente a la cabeza- salieron indemnes por la letal represión de diciembre de 2001. “Lamentablemente, nunca se llevó a juicio a Fernando de la Rúa. Se murió totalmente impune y esa es una espina que te queda, aunque yo creo que la condena social es fundamental y no creo que haya mucha gente que pueda defenderlo”, asegura. Pasaron más de dos décadas pero Arena tiene la memoria intacta. “Aun así, no me olvido de algunos radicales que en su momento firmaron una solicitada en el diario La Nación defendiendo a Mathov”.

Atención Bullrich

Un detalle del fallo de la Corte es que llegó en un momento en el que la represión policial volvió a ser una tendencia de las últimas manifestaciones populares. Docentes, jubilados, movimientos sociales e, incluso, hasta niñas de 10 años han sido víctimas de la acción de las fuerzas de seguridad lideradas por la ministra Patricia Bullrich, otrora integrante del gabinete de la Alianza a principios de este siglo. “La historia es cíclica. Sobre todo si el Poder Judicial tarda 23 años en poner preso a un tipo que mandó a matar gente. Inclusive, todavía hay juicios a los genocidas de la última dictadura habiendo pasado ya 40 años”, reflexiona Arena. “La Justicia favorece a que estas cosas vuelvan a suceder, junto al delicado trabajo de los medios de comunicación, que van tapando y olvidando”, agrega. “Cuando vos le das carta blanca a un gobierno, la utilizan y es lo que están haciendo. En realidad, la mitad de un pueblo le dijo ‘sí, toma, acá tenés el sillón de Rivadavia, sentate y goberná’ a un hombre que está totalmente desquiciado y siempre lo demostró. Una locura”, analiza.

En medio del clima de inestabilidad del gobierno de La Libertad Avanza, la Corte -que suele hacer uso de los tiempos para publicar sus resoluciones- confirmó un fallo que podría ser interpretado como un mensaje para la Casa Rosada. “Yo no sé que pensar”, reconoce Arena. “A veces pienso: ¿será un aviso de que no se puede hacer cualquier cosa? Después digo ‘no, es la Corte. Son estos jueces que conocemos bien’. Me parece que sí fue una jugada política, pero no sé a qué quisieron jugar”, dice.

El otro hecho llamativo fue que tan rápidamente se procediera a la detención de los dos funcionarios condenados, algo que generalmente suele demorar, ya sea por inacción de las autoridades o por falta de cooperación por parte de los propios condenados. “Me resorprendió, Mi abogado ya me había preparado para que espere que se resistan. Pero bueno, insisto en que no sé cuánto tiempo estará detenido”, advierte. “La foto de él (por Mathov) entrando con el bolsito a entregarse es realmente muy significativa”, reconoce. “Tantas veces pensé que estábamos perdiendo tanto tiempo de nuestras vidas y se lo quitaba a mis hijos para seguir con esto, para buscar justicia. Este es el momento en el que me doy cuenta de que todo eso no fue en vano”, dice Arena. Y se despide.

«Es fundamental que nos vean como sujetos de derechos y no como objetos de desecho»

«Es fundamental que nos vean como sujetos de derechos y no como objetos de desecho»

Sep 26, 2024 | Comunidad, Destacado 4

El veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria y la represión a quienes se manifestaron en contra pone en agenda un tema que espera solución hace por lo menos una década. El 64 por ciento de los adultos mayores cobra el haber mínimo y junto a los niños son quienes más personas aportan al 52,9% de pobres que acaba de anunciar el INDEC.

En los últimos diez años, cada gestión gubernamental que asumió implementó reformas previsionales, pero todas resultaron insuficientes en un contexto de crisis económica. Tanto los proyectos que se decían inclinados a la justicia social como aquellos que priorizan el equilibrio fiscal no lograron evitar que en la actualidad más de cinco millones de jubilados y pensionados se encuentren debajo de la línea de pobreza.

En 2005, el gobierno de Néstor Kirchner habilitó el proceso de moratoria que permitió que ingresaran al sistema jubilatorio más de 2,5 millones de personas que no alcanzaron los 30 años de aportes por trabajar en la informalidad o porque sus empleadores retuvieron pero no realizaron los aportes previsionales que ordena la ley. En 2008, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner eliminó el sistema de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y estatizó todas las jubilaciones, y en 2014 impulsó una nueva moratoria, que expandió la cobertura previsional al 95% de las personas en edad de jubilarse.

En el año 2008, durante el gobierno de CFK se sancionó la ley de movilidad jubilatoria que establecía una actualización de los haberes dos veces al año, con una fórmula que combinaba la evolución de los salarios con la recaudación impositiva. A partir del 2014, la inflación se aceleró y comenzó a afectar negativamente los haberes más bajos.

En diciembre del 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri se sancionó la reforma previsional que actualizaba los haberes trimestralmente contemplando el 70% de la inflación y el 30% la variación de los salarios. Federico Zirulnik, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), afirmó en diálogo con ANCCOM que “gran parte de la caída del poder adquisitivo de los jubilados se debió a este cambio de fórmula jubilatoria, porque al momento de aplicarla omitieron un trimestre”. A lo largo del mandato macrista, la inflación acumuló un 300% y las jubilaciones perdieron el 20% de su capacidad de compra.

Raquel Márquez, miembro del Concejo Superior de la Confederación General de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores del país manifestó: “El gobierno de Macri comenzó la debacle. Enterró las conquistas previsionales y de seguridad social impulsadas por los Kirchner”. Entre exigencias del FMI y el intento de disminuir el déficit fiscal, se redujeron las prestaciones de salud del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), se eliminaron medicamentos de la cobertura total del PAMI, se recortaron subsidios a los servicios públicos y a los centros de jubilados, se quitaron los programas que permitían acceder a descuentos en alimentos y comercios y redujeron el presupuesto para las residencias geriátricas.

Márquez recordó: “Cuando Alberto Fernández asumió, dijo que si debía elegir entre los bancos y los jubilados optaría por estos últimos. Lamentablemente no pudo cumplir con las metas que pretendía”. Cuando llegó al poder, Fernández suspendió la fórmula de movilidad de Macri y otorgó aumentos discrecionales hasta marzo del 2021, cuando comenzó a regir el nuevo cálculo de haberes con actualización trimestral que sumaba el 50% de la recaudación tributaria de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el 50% de la variación salarial. Las jubilaciones mínimas fueron complementadas con bonos extraordinarios en un intento de reducir el impacto de la inflación, y su caída real fue de 0,4%, mientras que los haberes más altos sufrieron una caída del poder adquisitivo hasta del 35%.

 La canasta básica de un adulto mayor ronda los 800.000 pesos y los haberes mínimos apenas alcanzan para cubrir la canasta básica de un adulto, valuada en 300.000, la cual no contempla la alimentación específica del grupo etario, ni los gastos médicos.

Actualmente la canasta básica de un adulto mayor ronda los 800.000 pesos y los haberes mínimos apenas alcanzan para cubrir la canasta básica de un adulto, valuada en 300.000, la cual no contempla la alimentación específica del grupo etario, ni los gastos médicos. Según la Defensoría de la Tercera Edad, más de cinco millones de jubilados son pobres y más del 64% de los adultos mayores perciben el haber mínimo. Mónica Gómez, jubilada, dijo: “Es una vergüenza, no sé quién puede vivir con tan poca plata. Hay cierta edad donde te volvés invisible y los jubilados siempre somos los últimos, cobramos una miseria. Gano la jubilación mínima y más o menos me arreglo porque no alquilo y mis hijos me ayudan con los gastos, pero hay mucha gente sola o con familias que están peor que ellos”.

En marzo de este año el presidente Javier Milei estableció a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la actualización mensual de los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El pasado 11 de septiembre se aprobó el veto del jefe de Estado a la Ley de Movilidad Jubilatoria, y rechazó agregar al cálculo vigente un aumento del 8,1% y un mínimo superior al valor de la Canasta Básica Total (CBT) de un adulto multiplicada por 1,09. A su vez, el gobierno confirmó que el bono extraordinario quedará congelado en $70.000 hasta nuevo aviso. Márquez sostuvo: “El veto hizo que no se nos otorgaran 17.000 miserables pesos que no nos alcanza ni para pagar un medicamento. Es criminal. Hablo de genocidio social porque nos están desapareciendo a través de la eliminación de remedios y el aumento de los alimentos de tal manera que la gente no pueda afrontar lo que tiene que comer con lo que gana”.

Zirulnik afirmó que el problema del modelo vigente es que congeló los haberes en términos reales en el piso de los últimos 10 años. También destacó que el gobierno podría haber optado por otras medidas para preservar el equilibrio fiscal, por ejemplo, aumentar el Impuesto de Bienes Personales en lugar de ajustar a jubilados y recortar programas sociales destinados a aliviar su carga económica.

La combinación de inflación crónica, un alto nivel de informalidad laboral, políticas de ajuste fiscal y la ineficacia de las fórmulas de movilidad jubilatoria hacen que la pobreza, que afecta a las personas de la tercera edad que perciben los haberes mínimos e intermedios, sea estructural.

Márquez enfatizó la necesidad de modificar la percepción sobre los jubilados: “Es fundamental que se nos vea como sujetos de derechos y no como objetos de desecho. Hay que poner a las personas de la tercera edad en el lugar del trabajador, no como un viejito meado que está por morirse.Un jubilado es una persona, con todos los derechos a la dignidad en la vida”. Concluyó refiriéndose a las medidas implementadas por el gobierno de Milei: “Pretenden que perdamos todo tipo de confort mínimo. Este tipo de políticas nos destrata, nos maltrata, nos margina, y nos excluye cuando todos somos seres humanos que estamos acá para aportar a la vida. La jubilación no es un gasto, es una inversión social”.

Una decena de proyectos de ley busca regular las apuestas deportivas online

Una decena de proyectos de ley busca regular las apuestas deportivas online

Sep 26, 2024 | Comunidad, Destacado 4

El problema de la ludopatía se incrementó exponencialmente con las nuevas tecnologías. ¿Podrán los legisladores ponerle freno? ¿Quiénes están detrás de estas poderosas empresas?

De un momento a otro, las plataformas que ofrecen la posibilidad de apostar dinero en diferentes eventos deportivos se multiplicaron de manera exponencial. Ante los riesgos que conllevan, el Congreso busca ponerle un freno con una veintena de iniciativas de todo el arco político.

El bombardeo es constante. Solo basta que cualquier persona encienda la TV, la tablet o su teléfono celular -en una época donde los consumos se diversificaron- para acompañar a su equipo predilecto en una fecha del torneo local o en un encuentro de un certamen internacional. Cuando un hincha se dispone a ver el partido de fútbol de su cuadro o de la Selección nacional tiene frente a sí una avalancha de anuncios de casas de apuestas deportivas. Las publicidades, los carteles estáticos en el propio estadio, los PNT de los comentaristas de la transmisión, los banners en medio del partido, las publicaciones en redes sociales. Los avisos con la cara del arquero de la Selección. Incluso, los anuncios en las camisetas de los clubes o el nombre del torneo que se está disputando. Todo está impregnado de las casas de apuestas deportivas online.

Estos negocios que nacieron en Europa y aterrizaron en el país en la pospandemia coparon el escenario bajo la promesa de diversión y dinero fácil, con el aval de estrellas del deporte y el espectáculo a los que patrocinan. Sin embargo, por detrás de esa fachada esconden una alarmante falta de límites para el ingreso y el riesgo de perderlo todo para muchas familias. La posibilidad de acceder es casi tan simple como la de perder dinero en un instante. No existen muchas barreras para jugar de manera online, ya que se puede ingresar dinero fácilmente desde cuentas bancarias o billeteras virtuales con solo hacer un click. Justamente, esta última opción es una de las causas de la otra cara de la moneda: la creciente cantidad de menores de edad que acceden a los sitios de apuestas y endeudan a sus padres. 

Por eso es que el Congreso puso el foco en su regulación. Tal es así, que actualmente hay más de una decena de proyectos de legisladores de todo el espectro político, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que buscan marcar límites a un negocio que nació de un día para el otro y se transformó en una bola de nieve difícil de frenar.

Un negocio redondo

Las apuestas deportivas online aterrizaron en Argentina entre finales de 2020 y principios de 2021. En ese momento, el país salía de a poco de la larga cuarentena por la pandemia de coronavirus y el fútbol volvía a las canchas. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, entonces, retomó una licitación que había impulsado su antecesora, la macrista María Eugenia Vidal, y le adjudicó el negocio a siete licenciatarios antes de que terminara el año en que el aislamiento preventivo fue moneda corriente. Por su parte, el entonces jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hizo lo propio casi al unísono.

De esta forma, siguieron los pasos de otras provincias como Chaco, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, San Luis y Tucumán, que ya habían habilitado este negocio. “Las necesidades financieras de la Ciudad y la Provincia aceleraron la puesta en funcionamiento del online, en medio de una despreocupación general por el tema de la ludopatía”, había cuestionado en su momento el defensor del pueblo adjunto de Buenos Aires y experto en la materia, Walter Martello, en declaraciones al portal ElDiarioAR.

Con la luz verde por parte de las autoridades, el universo de las apuestas deportivas online se disparó. Está presente en la camiseta de varios de los equipos que compiten en la Liga Profesional de Fútbol -cuyo nombre comercial es el de una casa de apuestas-, con River y Boca a la cabeza y los casos de Newell’s, Rosario Central y Racing, entre otros. Incluso, hasta la Selección campeona del mundo y bicampeona de América tiene una empresa del rubro como main sponsor.

¿Quiénes están detrás de estas compañías? La gran mayoría son firmas extranjeras -muchas radicadas en paraísos fiscales como Malta- que se asociaron con las que ya llevan años trabajando en el mundo de los casinos a nivel nacional. Betsson, que es sponsor de Boca y Racing, es una sociedad entre la firma del mismo nombre y Casino de la Victoria, perteneciente al expresidente del club de la ribera y dirigente radical, Daniel Angelici, junto a su socio Daniel Mautone.

Betwarrior, patrocinador de la Selección nacional, pertenece a DAGMA, la firma del titular del Hipódromo de Palermo y el Casino Flotante, Federico Miguel de Achával -padre del homónimo intendente de Pilar-; Inverclub, compañía del “Zar del Juego” Ricardo Oscar Benedicto; y la española Nortia, de la familia Lao Hernández, presente en los Panamá Papers.

Codere, que abona doce millones de dólares al año para estar en el pecho de la camiseta de River, es de la empresa española homónima, que tiene en su poder la mayoría de los bingos de la provincia de Buenos Aires. En tanto que Betano, que posee el “naming” del torneo de primera división del fútbol argentino, es propiedad de un grupo griego registrado como Insipia LTD y está asociada a Atlántica de Juegos S.A., operadora del Casino de Chivilcoy y propiedad del mencionado Mautone, socio de Angelici.

El panorama de Argentina no es un caso aislado a nivel regional o mundial. La publicidad de apuestas online acompaña a varios equipos y seleccionados de Sudamérica como Ecuador, Colombia, entre otros. La misma situación ocurre en Europa, donde estas industrias patrocinan a más de una decena de clubes en Italia, España e Inglaterra, por citar solo algunos casos.

El caso británico es paradigmático, ya que en su momento casi la totalidad de los conjuntos que compiten en la Premier League -uno de los certámenes más prestigiosos del fútbol mundial- contaba con patrocinadores de casinos online de dudoso origen. Por eso mismo, la propia competencia anunció que a partir de la temporada 2025/2026 quedará terminantemente prohibido llevar a esas empresas en el pecho de la camiseta. Un caso testigo que el Congreso de la Nación busca replicar.

“Cada celular es un casino”

El diputado nacional santafesino Eduardo Toniolli, del bloque de Unión por la Patria, es uno de los legisladores que impulsa un proyecto de ley para limitar la publicidad de apuestas deportivas online en los partidos de fútbol y en las competencias deportivas que se transmiten en vivo.

El expediente, que lleva la firma de otros 27 integrantes del bloque opositor en la Cámara Baja, establece no solo la prohibición de publicidad en TV, Internet y redes sociales, sino que también elimina su aparición en estadios, vallas publicitarias y camisetas de los clubes de fútbol.

Por otra parte, también prohíbe la “promoción y el patrocinio de pronósticos deportivos” así como los famosos “bonos de bienvenida”, una suma de dinero de regalo para apostar que muchas veces terminan siendo el anzuelo para los apostadores.

“Nosotros presentamos una iniciativa a partir del laburo que veníamos haciendo en la materia de legislación comparada, para analizar de qué manera podíamos abordar el tema que aparecía en comentarios, en referencias cotidianas que teníamos en las visitas a distintas instituciones educativas, deportivas, juveniles, de nuestra ciudad y nuestra provincia, de Rosario y de Santa Fe”, explica Toniolli a ANCCOM. “Siempre aparecía el juego online como una preocupación en todas estas instituciones en la referencia de padres, madres, docentes, alumnos, jóvenes en general en relación a que, sobre todo después de la pandemia, hubo una especie de explosión de la actividad”, agrega el diputado.

“Creemos que lo que le ha dado mayor potencia y penetración a estas plataformas es sin duda la transmisión masiva de eventos deportivos, en particular de fútbol, por lo que representa para los argentinos, por la masividad que tiene. También están la publicidad, las redes sociales y los influencers, pero ninguna alcanza la dimensión que tiene la batería de publicidades que se da por las transmisiones deportivas”, insiste. El proyecto, presentado en el inicio del año legislativo, actualmente está en el plenario de comisiones de Adicciones, Infancia y Familia y Salud y se estima que en breve podría obtener dictamen en ese ámbito para ser tratado en el recinto.

“El corazón del planteo es buscar la normativa que limite la publicidad masiva de este tipo de plataformas de apuestas. Hay un fenómeno que se viene dando que produce la conjunción, por un lado, de la aparición de las billeteras virtuales y por el otro, de estas plataformas que de alguna manera hacen que los límites infranqueables que existían hasta ahora con el juego ya no lo sean”, sostiene. “Una persona menor de edad no puede entrar a un casino físico o apostar en una casa de lotería, pero esos obstáculos hoy son fácilmente superables a través de estas plataformas. En ese marco, nosotros entendemos que la publicidad masiva es quizás la herramienta más potente que tiene esta plataforma para convertir cada celular en un casino”, resalta. En ese sentido, la intención es seguir un camino similar al que se transitó con la prohibición de la publicidad de cigarrillos y productos de tabaco amparado en razones sanitarias para combatir lo que se conoce como ludopatía. Es decir, la adicción al juego.

“La pandemia catalizó de alguna manera la digitalización de gran parte de nuestra vida cotidiana, un montón de trámites, etc. Por otra parte también hizo muy fuerte en una situación crítica a nivel económico que no es nueva, cierta cultura del éxito fácil, de que la realización personal puede estar a la vuelta de la esquina a través de un click, en un escenario crítico. Ahí aparece algo muy disponible, muy a la mano del conjunto de la población que son estas plataformas. La conjunción de factores ha hecho que esto explotara”, opina Toniolli.

Y esa explosión tuvo un efecto colateral, que es la cantidad de menores que acceden a apostar de manera online. Incluso, en muchos casos, con el dinero de sus padres, que de repente descubren que están endeudados.

“Toda la legislación vigente hasta la aparición de estas plataformas virtuales intentó separar el acceso al dinero, dinero físico en este caso, de la cercanía a los casinos. Se prohibió que haya cajeros dentro de los casinos, como había en algún momento, incluso en las afueras de los mismos. Para precisamente dar algún grado de distancia del retiro de dinero, físico en este caso, y la posibilidad de apostar”, detalla el legislador. “Todo eso ha sido básicamente un retroceso enorme, al producto de que al alcance de un click está la posibilidad de contar con recursos líquidos, especialmente con la casa de apuestas”, cuestiona.

Por lo pronto, la intención es que este año se termine con una ley que prohíba la publicidad masiva del juego online en todo el país. Por la cantidad de proyectos que hay en el mismo sentido, existe cierto optimismo en que podría suceder.

“Nosotros estamos dispuestos a negociar todo lo que haya que negociar, salvo esta idea de la limitación o prohibición de la publicidad masiva, porque entendemos que es el corazón de la iniciativa que queremos construir. Digo esto porque aparece muy fuerte un discurso distinto a este que es el de incluso algunos legisladores y sectores de la comunicación que pretenden instalar que el problema es exclusivamente el de las casas de apuestas ilegales”, advierte Toniolli. “Por supuesto que eso es un agravante, porque estamos hablando de empresas que no aportan, pero entendemos que tras las apuestas legales e ilegales el problema de la ludopatía sigue existiendo”, agrega.

No obstante, el legislador del peronismo cree que se podrá llegar a un acuerdo con las otras fuerzas políticas: “Entiendo que podríamos estar cerca en algunos puntos concretos y llegar a un acuerdo. Veremos que pasa en las próximas semanas”, cierra.

En la Argentina, el 44 por ciento de los jóvenes entre 15 y 29 años realizó, al menos una vez, una apuesta online.

Sin grieta

Mientras en el Congreso prolifera la cantidad de proyectos para regular las apuestas deportivas online, en los últimos meses se desarrolló la campaña Apostar no es un juego, que incluye una iniciativa para ser debatida en el ámbito legislativo y la combina con un estudio que indaga en las causas y consecuencias de una problemática creciente como la ludopatía juvenil.

Martín Romeo es quien está a cargo de la investigación, que tiene una fuerte presencia en redes sociales, donde se comparte el testimonio de muchos de los jóvenes que atravesaron esta situación.

Puntualmente, entre marzo y julio se realizó una encuesta con más de 9.000 respuestas espontáneas de jóvenes de entre 15 y 29 años desde las 24 provincias y 360 localidades ubicadas a lo largo y ancho del país. Algunos datos derivados de las respuestas son alarmantes: el 44% de los encuestados alguna vez hizo una apuesta deportiva, mientras que el 80% tienen amigos que invierten dinero en estas plataformas online. Por otra parte, se estima que los menores involucrados en esta problemática apuestan dos de cada tres pesos que reciben de sus padres.

“El propósito de la investigación es construir una evidencia empírica que permita, por un lado, visibilizar el problema con mayor precisión, porque Argentina no tiene estadísticas oficiales respecto a este consumo problemático de apuestas en línea. En Argentina, se estima que 7 de cada 100 personas tienen algún trastorno ligado a las apuestas, eso en el universo de adolescentes y jóvenes es un problema mucho mayor”, explica el investigador, en diálogo con ANCCOM.

“No es un fenómeno exclusivamente argentino, hay un problema de incidencia. Es decir, que la problemática está muy extendida o está más extendida dentro del universo juvenil. Los pibes desarrollan más rápidamente ese consumo problemático, no porque se quieran autoflagelar, sino por el masivo acceso que tienen a la tecnología”, agrega.

“También hay un clima de época e intercultural de querer soluciones rápidas, de tener poca paciencia para conseguir determinados objetivos o logros, que en muchos casos lleva a adolescentes a querer, por la vía de las apuestas, resolver a veces algunas carencias”, sostiene Romeo, que es profesor adjunto de la materia Técnicas de Investigación en Opinión Pública en la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Una de las conclusiones de las personas entrevistadas para la investigación pone en tela de juicio la constante publicidad sobre apuestas deportivas y el rol de algunos comunicadores, conocidos popularmente como influencers, que las publicitan sin prestar atención a los riesgos que pueden ocasionar.

“Hay montón de testimonios reales de pibes y pibas que se quejan de la agresividad que tienen las publicidades y, sobre todo, de los influenciadores, o líderes de opinión, que invitan a apostar sin advertir de los riesgos, sin prestar atención a las edades”, resalta el docente. “La publicidad es extremadamente agresiva, está apoyada sobre personas famosas o personas públicas que son, de alguna manera, reconocidas por los pibes y que ven en ellos un camino a seguir. Hay muchos que terminan apostando porque dicen ‘como lo recomienda tal, no puede ser malo, porque él no recomendaría algo malo’”, analiza.

“En un partido de fútbol tenés un tsunami de incentivos a apostar. Por ejemplo, mientras el VAR  está revisando una jugada, te aparece una opción de apuesta de si va a ser penal o no y se desvirtúa”, agrega. “La ludopatía no es un problema actual. Siempre existió y antes la gente jugaba en los casinos, o apostaba en las carreras de caballos. La novedad de esto es la disponibilidad de poder apostar durante las 24 horas. Antes si querías ir a un casino, cuando llegabas a la puerta había alguien que te pedía el documento y miraba si eras mayor de edad. Por otra parte, en un momento el casino cierra. Eso hoy no pasa”, sostiene.

El trabajo de investigación que lidera Romeo va de la mano con un proyecto de ley de la diputada nacional bonaerense Constanza Alonso, de Unión por la Patria, que también busca ponerle un límite a la publicidad de las apuestas deportivas con la evidencia de las encuestas y del documento definitivo, que verá la luz el próximo mes. “Hay un montón de proyectos presentados que son con mayor o menor agresividad contra la publicidad, inclusive contra los sitios legales. La verdad es que esto atravesó prácticamente todo el arco político. Así como en muchos temas hay grandes diferencias, acá no hay grieta”, asegura Romeo. “Hay un consenso general de que algo hay que hacer con este tema. Existen legislaciones anteriores que son un faro, como lo que sucedió hace muchos años con las leyes antitabaco, que en definitiva está a la vista que los resultados en el largo plazo fueron positivos”, sostiene.

“Es una batalla difícil porque del otro lado hay empresas muy grandes, con muchísimo dinero. Lo importante es que no hay forma de resolver un problema si primero uno no lo reconoce, y por suerte está arriba de la mesa. Ahora habrá que trabajar en las soluciones, que seguramente siempre van a ser parciales y habrá que ir ajustando las legislaciones para ir cada vez encapsulándolos más y restringiéndolos, porque en definitiva el daño es bastante grande, y no es un tema menor”, concluye.