El veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria y la represión a quienes se manifestaron en contra pone en agenda un tema que espera solución hace por lo menos una década. El 64 por ciento de los adultos mayores cobra el haber mínimo y junto a los niños son quienes más personas aportan al 52,9% de pobres que acaba de anunciar el INDEC.
En los últimos diez años, cada gestión gubernamental que asumió implementó reformas previsionales, pero todas resultaron insuficientes en un contexto de crisis económica. Tanto los proyectos que se decían inclinados a la justicia social como aquellos que priorizan el equilibrio fiscal no lograron evitar que en la actualidad más de cinco millones de jubilados y pensionados se encuentren debajo de la línea de pobreza.
En 2005, el gobierno de Néstor Kirchner habilitó el proceso de moratoria que permitió que ingresaran al sistema jubilatorio más de 2,5 millones de personas que no alcanzaron los 30 años de aportes por trabajar en la informalidad o porque sus empleadores retuvieron pero no realizaron los aportes previsionales que ordena la ley. En 2008, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner eliminó el sistema de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y estatizó todas las jubilaciones, y en 2014 impulsó una nueva moratoria, que expandió la cobertura previsional al 95% de las personas en edad de jubilarse.
En el año 2008, durante el gobierno de CFK se sancionó la ley de movilidad jubilatoria que establecía una actualización de los haberes dos veces al año, con una fórmula que combinaba la evolución de los salarios con la recaudación impositiva. A partir del 2014, la inflación se aceleró y comenzó a afectar negativamente los haberes más bajos.
En diciembre del 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri se sancionó la reforma previsional que actualizaba los haberes trimestralmente contemplando el 70% de la inflación y el 30% la variación de los salarios. Federico Zirulnik, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), afirmó en diálogo con ANCCOM que “gran parte de la caída del poder adquisitivo de los jubilados se debió a este cambio de fórmula jubilatoria, porque al momento de aplicarla omitieron un trimestre”. A lo largo del mandato macrista, la inflación acumuló un 300% y las jubilaciones perdieron el 20% de su capacidad de compra.
Raquel Márquez, miembro del Concejo Superior de la Confederación General de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores del país manifestó: “El gobierno de Macri comenzó la debacle. Enterró las conquistas previsionales y de seguridad social impulsadas por los Kirchner”. Entre exigencias del FMI y el intento de disminuir el déficit fiscal, se redujeron las prestaciones de salud del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), se eliminaron medicamentos de la cobertura total del PAMI, se recortaron subsidios a los servicios públicos y a los centros de jubilados, se quitaron los programas que permitían acceder a descuentos en alimentos y comercios y redujeron el presupuesto para las residencias geriátricas.
Márquez recordó: “Cuando Alberto Fernández asumió, dijo que si debía elegir entre los bancos y los jubilados optaría por estos últimos. Lamentablemente no pudo cumplir con las metas que pretendía”. Cuando llegó al poder, Fernández suspendió la fórmula de movilidad de Macri y otorgó aumentos discrecionales hasta marzo del 2021, cuando comenzó a regir el nuevo cálculo de haberes con actualización trimestral que sumaba el 50% de la recaudación tributaria de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el 50% de la variación salarial. Las jubilaciones mínimas fueron complementadas con bonos extraordinarios en un intento de reducir el impacto de la inflación, y su caída real fue de 0,4%, mientras que los haberes más altos sufrieron una caída del poder adquisitivo hasta del 35%.
La canasta básica de un adulto mayor ronda los 800.000 pesos y los haberes mínimos apenas alcanzan para cubrir la canasta básica de un adulto, valuada en 300.000, la cual no contempla la alimentación específica del grupo etario, ni los gastos médicos.
Actualmente la canasta básica de un adulto mayor ronda los 800.000 pesos y los haberes mínimos apenas alcanzan para cubrir la canasta básica de un adulto, valuada en 300.000, la cual no contempla la alimentación específica del grupo etario, ni los gastos médicos. Según la Defensoría de la Tercera Edad, más de cinco millones de jubilados son pobres y más del 64% de los adultos mayores perciben el haber mínimo. Mónica Gómez, jubilada, dijo: “Es una vergüenza, no sé quién puede vivir con tan poca plata. Hay cierta edad donde te volvés invisible y los jubilados siempre somos los últimos, cobramos una miseria. Gano la jubilación mínima y más o menos me arreglo porque no alquilo y mis hijos me ayudan con los gastos, pero hay mucha gente sola o con familias que están peor que ellos”.
En marzo de este año el presidente Javier Milei estableció a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la actualización mensual de los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El pasado 11 de septiembre se aprobó el veto del jefe de Estado a la Ley de Movilidad Jubilatoria, y rechazó agregar al cálculo vigente un aumento del 8,1% y un mínimo superior al valor de la Canasta Básica Total (CBT) de un adulto multiplicada por 1,09. A su vez, el gobierno confirmó que el bono extraordinario quedará congelado en $70.000 hasta nuevo aviso. Márquez sostuvo: “El veto hizo que no se nos otorgaran 17.000 miserables pesos que no nos alcanza ni para pagar un medicamento. Es criminal. Hablo de genocidio social porque nos están desapareciendo a través de la eliminación de remedios y el aumento de los alimentos de tal manera que la gente no pueda afrontar lo que tiene que comer con lo que gana”.
Zirulnik afirmó que el problema del modelo vigente es que congeló los haberes en términos reales en el piso de los últimos 10 años. También destacó que el gobierno podría haber optado por otras medidas para preservar el equilibrio fiscal, por ejemplo, aumentar el Impuesto de Bienes Personales en lugar de ajustar a jubilados y recortar programas sociales destinados a aliviar su carga económica.
La combinación de inflación crónica, un alto nivel de informalidad laboral, políticas de ajuste fiscal y la ineficacia de las fórmulas de movilidad jubilatoria hacen que la pobreza, que afecta a las personas de la tercera edad que perciben los haberes mínimos e intermedios, sea estructural.
Márquez enfatizó la necesidad de modificar la percepción sobre los jubilados: “Es fundamental que se nos vea como sujetos de derechos y no como objetos de desecho. Hay que poner a las personas de la tercera edad en el lugar del trabajador, no como un viejito meado que está por morirse.Un jubilado es una persona, con todos los derechos a la dignidad en la vida”. Concluyó refiriéndose a las medidas implementadas por el gobierno de Milei: “Pretenden que perdamos todo tipo de confort mínimo. Este tipo de políticas nos destrata, nos maltrata, nos margina, y nos excluye cuando todos somos seres humanos que estamos acá para aportar a la vida. La jubilación no es un gasto, es una inversión social”.