El Gobierno debió responder sobre los ataques a trabajadores de prensa ante la CIDH

El Gobierno debió responder sobre los ataques a trabajadores de prensa ante la CIDH

En una audiencia solicitada por sindicatos, organismos de derechos humanos y la Carrera de Comunicación de la UBA, realizaron denuncias representantes gremiales, de la sociedad civil y los periodistas Hugo Alconada Mon, Julia Mengolini y Tomás Cuesta. Debió responder el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, quien minimizó los hechos y señaló que solo trata de casos puntuales e individuales pero que no hay una política de hostigamiento a la prensa. El ataque a Pablo Grillo como paradigma de una política represiva.

“Ataques a trabajadores de prensa que cubren manifestaciones y protestas sociales, insultos, estigmatización, agresiones y criminalización contra periodistas -especialmente contra las mujeres-, desfinanciamiento de los medios públicos y comunitarios. Estos son golpes directos contra la libertad de expresión”, así alertaba el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre las implicancias de hacer periodismo en la Argentina de hoy. Ante este context, el gobierno de Javier Milei se enfrentó en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acerca de las restricciones a la libertad de expresión durante su gestión en la Universidad de Miami, Estados Unidos.

La audiencia fue convocada por sindicatos de prensa, la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, organizaciones de la sociedad civil y contó con los testimonios de los periodistas Julia Mengolini y Hugo Alconada Mon, junto con el reportero gráfico Tomás Cuesta, quienes sufrieron afectaciones individuales hacia su trabajo por parte del oficialismo. Mientras que las justificaciones públicas fueron presentadas por Alberto Baños, subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación.

Paula Moreno Román, presidenta del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), comenzó a hablar en representación de la sociedad civil y presentó datos que dan cuenta del deterioro de la libertad de expresión desde que asumió Milei: “El monitoreo de la libertad de expresión de FOPEA mostró un aumento del 53% respecto a 2023 y del 103% frente a 2022. Y en lo que va del año tenemos un récord histórico: el monitoreo tiene registrados 256 casos. Todo se resume en la elocuencia de la frase del propio presidente Milei replicada por funcionarios y seguidores: “No odiamos lo suficiente a los periodistas””. Al mismo tiempo, describió la narrativa en la que son realizados los agravios de las autoridades públicas: “Llegan a límites aberrantes, como las referencias al sometimiento sexual. Así se crea un enemigo con una retórica que deshumaniza a la víctima, al extremo de asimilarlas con especies animales o cosas ante los ojos de la audiencia”.

Posteriormente hizo uso de la palabra Francisco Rabani, dirigente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), quien alertó sobre el uso de las denuncias judiciales como herramienta de silenciamiento por parte del Poder Ejecutivo. Por otro lado, habló sobre el desguace hacia los medios públicos, particularmente el de la agencia de noticias y publicidad Télam y los recortes económicos hacia los medios comunitarios. Además, explicó que los trabajadores de prensa también se ven afectados por las políticas económicas de la gestión. “El resultado es un periodismo totalmente precarizado, que no cuenta con las condiciones necesarias para ejercer una profesión que es fundamental para la democracia”, expresó Rabani.

Luego le siguieron los testimonios de los periodistas y fotoperiodistas presentes, en donde cada uno destacó la particularidad de sus amedrentamientos hacia su ejercicio profesional. En primera instancia, Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación, relató que había desarrollado una investigación que revelaba la existencia de un documento secreto del gobierno llamado Plan de Inteligencia Nacional, el cual entreabriría la puerta para desarrollar tareas de espionaje ilegal a políticos, opositores, economistas, movimientos sociales y periodistas. Tras su publicación, reveló que sufrió intentos de hackeos en varias de sus plataformas digitales, amenazas telefónicas y, además, que su nombre sea registrado en páginas pornográficas.

Por su parte, Julia Mengolini describió el ataque sistemático que sufrió en redes sociales digitales -encabezado por el propio presidente Milei- y el uso de la Inteligencia Artificial para crear imágenes y videos de contenido sexual sobre ella, acompañados de amenazas de violación y de muerte incluso contra su hija de 6 años. Al mismo tiempo recalcó la violencia que existe hacia las mujeres en el rubro y que esta “busca permanentemente expulsarnos del debate público».

Finalmente, Tomás Cuesta, quién fue demorado por la policía mientras estaba realizando su trabajo como reportero en una manifestación el 21 de mayo, retrató lo que significa cubrir una manifestación e indicó que “normalizamos equiparnos como si fuéramos a una zona de guerra no porque las manifestaciones sean más violentas, sino porque la policía lo es y porque en muchos casos la prensa se convirtió en un blanco”. Asimismo recordó el caso de Pablo Grillo, reportero gráfico que había sufrido un disparo de gas lacrimógeno en una manifestación el pasado 12 de marzo, el cual lo dejó en terapia intensiva durante varios meses y hasta el día de hoy continúa en rehabilitación. En este sentido, afirmó que dicho acontecimiento significó un antes y un después en su trabajo. “La posibilidad de resultar herido dejó de ser una excepción para transformarse en un escenario que consideramos muy probable. Muchos colegas ya no quieren cubrir marchas por miedo. Sin prensa libre y segura en las calles, la sociedad pierde su derecho a saber”, dijo Cuesta al respecto.

Por otro lado, Baños, en representación del Estado argentino, se manifestó en contra de dichos testimonios. Así sostuvo que el trabajo de la Comisión está orientado a examinar tendencias generales y señaló que las afectaciones individuales no se traducen en restricciones a la libertad de expresión. Además, el funcionario destacó que en la Argentina no existe restricción normativa estructural o intencional dirigida a limitar el ejercicio de la libertad de expresión o la actividad periodística. “El Estado no ha adoptado medidas regresivas ni ha modificado el marco jurídico en detrimento de ese derecho fundamental. Por el contrario, el Poder Judicial mantiene una jurisprudencia consolidada en materia de libertad de expresión, como el caso Campillay y el de Kimel”, esgrimió Baños. Por último, se posicionó a favor de la eliminación de la pauta a los medios de comunicación y subrayó que estos se encontraban mal acostumbrados a vivir de la coacción sobre el fruto del trabajo ajeno.

Tras ambas presentaciones, las organizaciones de la sociedad civil le exigieron a los miembros de la Comisión que establezca un diálogo con el Estado argentino y que monitoree la situación represiva en Argentina. Por su parte, los comisionados celebraron la voluntad de abrir estas instancias de diálogo entre ambas partes e indicaron que la libertad de expresión en Argentina es un tema al que le vienen dando especial atención y señalaron que han alertado un detrimento de la misma a través de los comunicados de prensa que han sacado y tras la audiencia realizada el año pasado sobre el derecho a la protesta.

 

“Un empresario disfrazado de sindicalista”

“Un empresario disfrazado de sindicalista”

Trabajadores de televisión, radio y prensa marcharon frente a la sede del Grupo Octubre. Denuncian incumplimientos salariales, vaciamiento y precarización en medios como Página/12, Canal 9, IP Noticias y varias radios del conglomerado.

La tranquilidad del martes al mediodía en el barrio porteño de Colegiales se vio alterada por el ruido de los bombos y las canciones de protesta. En la calle Conde, llegando a Dorrego, cientos de trabajadores de medios de comunicación se manifestaban donde está ubicado el Grupo Octubre, más específicamente en la entrada al estudio de televisión de Canal 9 e IP Noticias.

A la convocatoria asistieron afiliados a distintos sindicatos: primero arribaron del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), quienes también habían hecho a la mañana una protesta frente al canal de streaming OLGA, ubicado a pocas cuadras de distancia. Luego llegaron del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP) y del Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCo). El foco del reclamo estaba puesto en el Grupo Octubre y en una figura: Víctor Santa María, el titular de este conglomerado.

“Un empresario que se ha disfrazado de sindicalista”, lo describió Horacio Dri, secretario del Interior del SATSAID. El gremialista explicó que en sus puestos de trabajo tienen que padecer “las peores prácticas empresarias” y detalló las problemáticas que atraviesan los trabajadores de cada medio del grupo: “En IP Noticias hay falta de incrementos salariales y se contrata personal de televisión bajo fraude laboral, en las radios (AM750, BlackieFM, Aspen y las recientemente adquiridas Continental y Los 40) no respetan los convenios de actividad y sostienen el pago de salarios fragmentado y deudas con los trabajadores”.

Dri también se explayó sobre Canal 9: “Ya se encuentra avanzado un proceso de vaciamiento del área de promociones, con retiros voluntarios y despidos, que son reemplazados por una agencia fantasma tercerizada, que también incumple la legislación laboral”. Y denunció: “Es bastante sospechoso que el vaciamiento y la reducción a su mínima expresión de uno de los cuatro canales de televisión abierta más importantes del país no respondan a la intención de un negocio inmobiliario con los terrenos exclusivos donde está emplazado”.

La situación en Página/12, el primer gran medio que adquirió Octubre, también viene siendo un motivo de conflicto en los últimos tiempos. La comisión interna de trabajadores del diario expuso que tras una negociación entre SiPreBA y la Secretaría de Trabajo deberían haber recibido un aumento del 15% entre mayo y agosto. Sin embargo, el grupo empresario solo les dio un 6% y una suma de diez mil pesos en concepto de “ayuda económica extraordinaria”. “Venimos padeciendo las políticas de Santa María desde hace muchos años”, manifestó Ana Paoletti, secretaria adjunta de SiPreBA y delegada del periódico, y recalcó: “No hemos cesado en seguir organizándonos”. Para ella estas movilizaciones y otras medidas de fuerza, como no firmar las notas, son el camino: “A este tipo de personas hay que darles pelea hasta último momento. Vamos a lograr nuestro objetivo, lograr que nos paguen lo que nos deben”.

“Ponemos la voz a estos reclamos en la radio y en la televisión”, declaró Fernando Costa, secretario de SALCO, que también reclamó por de las irregularidades de su profesión: “Nuestros compañeros están obligados a realizar tareas que no les corresponden, dejando de lado a los operadores técnicos, porque quieren que hagan auto-operación. Eso no corresponde y, por lo tanto, no estamos de acuerdo con que nos obliguen a cumplir funciones ajenas a nuestras incumbencias profesionales”. Por otra parte, resaltó que la radio, la televisión y la gráfica “están unidas”, y que “es momento de lucha, de esfuerzo, de reclamar lo que nos corresponde, que se respete la actividad y que se respeten estos medios prestigiosos que tiene la Argentina”.

“El común denominador es que, en todos los medios del grupo, Santa María incumple la paritaria, atacando el modelo de negociación colectiva en línea con la reforma laboral que promueve el Gobierno Nacional”, sentenció Dri. Además de los reclamos laborales, una de las cuestiones a la que apuntaba la marcha es lo contradictorio de que Santa María ocupe un puesto en la CGT: “Gira la silla y aparece del otro lado del mostrador como Secretario de Estadísticas y Registro de la CGT, en representación del Sindicato de Trabajadores de Edificios”. Para Dri, del SATSAID, “es imposible que nuestra central esté en sintonía con las demandas del pueblo trabajador si en su conducción tenemos representantes que en sus emprendimientos privados cargan el ajuste sobre los hombros de sus trabajadores y trabajadoras”.

Es por eso que se enviará una carta de parte de los trabajadores de Octubre a la principal confederación gremial del país. “Exigimos su renuncia como integrante del Consejo Directivo Nacional de la CGT. Lo hacemos como una forma más de concientizar y difundir entre más compañeros y compañeras la grave situación que estamos viviendo en los medios del Grupo, y de seguir construyendo una central obrera que esté a la altura de este momento histórico”, señaló Dri y afirmó: “Mientras tengamos empresarios como estos, vamos a tener sindicatos como nosotros acá en la puerta”.

Jubilados y SiPreBA marcharon juntos a seis meses de la agresión a Pablo Grillo

Jubilados y SiPreBA marcharon juntos a seis meses de la agresión a Pablo Grillo

El gremio de prensa participó de la ya tradicional marcha de los jubilados para reclamar justicia para Pablo Grillo, herido hace exactamente seis meses en una movilización que reclamaba aumento de haberes para la clase pasiva.

Como todos los miércoles, se realizó la marcha de jubilados, rondando por la Plaza de los Dos Congresos para reclamar aumento de haberes, la restitución de los medicamentos gratuitos y el retorno de la moratoria. En esta oportunidad, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) se sumó al cumplirse seis meses de la represión que fracturó el cráneo del fotógrafo Pablo Grillo en una movilización como la de ayer.

Entre los manifestantes estaba Sebastián Díaz, parte de la comisión directiva y delegado de Clarín, actualmente trabajador de Olé, quien opinó: “Hay que bancar a los jubilados que todos los miércoles vienen reclamando para llegar a fin de mes para poder comer. Además, en nuestro rol de compañeros de prensa, tenemos que respaldar a los fotógrafos que vienen a cubrir la marcha todas las semanas. Como a Pablo, que sufrió esa represión absolutamente salvaje de Patricia Bullrich”.

Encabezando una bandera de arrastre se encontraba Fabián Grillo, padre del herido, junto a carteles que pedían justicia y algunas personas con máscaras alusivas al fotorreportero. Díaz agregó: “Desde el sindicato estamos constantemente en contacto con Fabián, lo hemos ido a ver y a acompañar en la recuperación de Pablo cuando estaba en el hospital. Él también es muy generoso con nosotros y ha venido a reclamos que hemos hecho desde el sindicato por otras cuestiones”. 

El operativo policial cortaba las calles varias cuadras a la redonda, pero cerca de la marcha no había tantos uniformados o estaban dispersos. Excepcionalmente, no hubo ningún disturbio ni enfrentamiento. Sin embargo, muchos de los asistentes tenían preparadas máscaras y cascos por si los reprimían como en semanas anteriores.

Tomás Fernández es fotógrafo, con una máscara de gas en el brazo resaltó: “Las primeras marchas eran solo hasta el cordón de la vereda, no dejaban bajar a los viejos porque venía poca gente. Y hoy, todos estos meses después, le ganaron la calle. Esto pone en evidencia que es imposible aplicar el protocolo tal cual lo concibieron desde el Ministerio de Seguridad”. Aprovechó también para destacar que “en términos simbólicos, políticos y sociales, las elecciones fueron como una bocanada de oxígeno que le dieron a la sociedad, a todos aquellos que entienden que estaba en juego la democracia. Es algo positivo, es un logro haber ganado por tanta ventaja. Más allá de que haya ganado el peronismo, me parece que lo está celebrando toda la sociedad o el espectro político que se interesa en estas cosas”.

En un sentido similar la jubilada Gladys Irace señaló: “Las elecciones crean una esperanza, igual tenemos que seguir trabajando. Esto se ganó por las malas políticas económicas de Milei y por todo lo que está haciendo. Ahora tenemos que tener un proyecto de país y ver qué es lo que queremos”.

Alberto Shocrón, quien trabajaba como doctor y ahora se encuentra jubilado, sumó:“Está toda esta cuestión electoral, pero si no metemos el cuerpo en las calles, no existe triunfo que valga”. En sus palabras, “los jubilados marcamos la punta del iceberg. Es la punta, pero no nos comamos la curva, es la misma lucha que tenemos que tener todos los argentinos porque estamos sufriendo lo mismo”.

Desde el SiPreBA, también reclamaban por los recientes intentos de censura a Jorge Rial y Mauro Federico por la difusión de audios de Karina Milei en el canal de Streaming Carnaval. Al respecto, Díaz valoró que “es una barbaridad, no solamente que demuestra el espíritu autoritario del gobierno, sino también del funcionamiento podrido del Poder Judicial, porque no solamente tienen la voluntad y la intención sino que encima consiguen un juez que les da la razón y genera un hecho de censura previa”.

En la movilización también podían verse banderas de diferentes partidos políticos, principalmente de izquierda, también de Palestina y de otras organizaciones gremials como La Bancaria. Posterior a un par de rondas entre canciones para la “coimera” y contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, interpretaron el Himno Nacional cerca del Cine Gaumont. Esta vez, casu como una rara excepción, la marcha se disolvió en paz sin repression de las fuerzas de seguridad.

Una caravana por los medios públicos

Una caravana por los medios públicos

Los trabajadores de prensa de los medios estatales recorrieron el centro porteño para denunciar el congelamiento salarial, la precarización laboral y la censura de contenidos que sufren en su tarea.

Trabajadores de los medios públicos se manifestaron contra del Gobierno nacional por la vulneración de sus derechos laborales, en una caravana que recorrió el centro porteño.

La Ciudad de Buenos Aires se vio inundada por las voces de protesta de trabajadores pertenecientes a todos los gremios y sindicatos de los medios de comunicación públicos del país. Los cánticos fueron acompañados por las voces familiares de locutores reconocidos, que esta vez denunciaban los ahogos salariales y precarias condiciones laborales a los que se enfrentan desde que asumió Javier Milei.

La caravana –que incluyó todo tipo de vehículos decorados con banderas– partió desde la sede de Radio Nacional, en la calle Maipú, avanzó por Corrientes y Alem hasta la Casa Rosada, pasó por el Congreso Nacional, y sobre el mediodía, los manifestantes se dieron cita frente a la sede de la exTélam, en Belgrano y Balcarce, para concluir su recorrido una hora más tarde en la puerta de la Televisión Pública, en Figueroa Alcorta y Tagle. Esta iniciativa formó parte de una serie de manifestaciones a nivel nacional, a través de las cuales, trabajadores de todas las provincias se reunieron para expresarse en contra del congelamiento salarial y la censura de contenidos a los que los somete la gestión de La Libertad Avanza, a la que acusan de restringir la libertad de prensa y silenciar las voces opositoras.

Silenciamiento

Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y trabajador de la Televisión Pública, quien estuvo al frente de la manifestación, denunció el brutal ajuste en contra de los medios públicos y la clase trabajadora. El dirigente señaló que el gobierno busca acorralar a los trabajadores de los medios públicos para generar renuncias voluntarias, lo cual afecta la libertad de prensa en el país. “A través del ajuste salarial, se pretende destruir el rol social que tienen los medios públicos y que es fundamental para garantizar la democracia. Los medios públicos se encargan de promover la diversidad y garantizan información federal y plural”, afirmó Lecchi.

Por su parte, Fernando Pedernera, trabajador de prensa de Radio Nacional y dirigente del Sipreba, denunció que muchos de los salarios de los trabajadores de los medios públicos se encuentran por debajo de la línea de pobreza y, en algunos casos, de la línea de indigencia, ya que están congelados desde agosto del año pasado. Esta situación, afirmó Pedernera, es parte de una política de «vaciamiento» para presionar a los trabajadores a aceptar retiros voluntarios y dejar sus puestos de trabajo.

En tanto, Fernando Costa, locutor y directivo del Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCO), denunció la paradoja de un gobierno que utiliza el concepto de “libertad” como estandarte político, pero al mismo tiempo, genera una fuerte censura en los medios de comunicación. “No tenemos una libertad real. Están utilizando los medios públicos para difundir las pancartas políticas que tanto criticaron antes de asumir”, subrayó.

Costa también resaltó la importancia de defender la soberanía mediática, a través de una radio federal, que dé voz a todas las provincias y, en particular, a las regiones apartadas. Denunció que el gobierno ha clausurado muchas regionales de Radio Nacional, centralizando los contenidos, transmitiendo solo desde Buenos Aires. “Cerraron las sucursales de Radio Nacional de cada provincia que genera contenido autóctono de la región y la están unificando todo con la Radio Nacional de Buenos Aires”, afirmó Acosta.

Pasadas las 12, entre cánticos y fuegos pirotécnicos, los manifestantes llegaron a Télam, el blanco más atacado por el gobierno. El 1 de marzo de 2024, el presidente Milei anunció el cierre de la agencia estatal de noticias en la apertura de sesiones del Congreso. Dos días después, el 3 de marzo, los trabajadores encontraron dos de las sedes de la agencia en Buenos Aires valladas por la policía. Se suspendió el sitio web y se dispensó a los trabajadores de sus tareas. Desde entonces, se ha desarrollado una lucha gremial que incluyó un «acampe» frente a las sedes que duró 130 días, exigiendo la reapertura. Sin embargo, los trabajadores en la actualidad se enfrentan aún a condiciones precarias, que incluyen sueldos congelados desde hace un año y una reducción casi absoluta de los contenidos mediáticos que se producen.

Daniel Bello, camarógrafo de Télam y delegado del Sipreba, explicó: “Nosotros entendemos que es necesario que haya una agencia nacional de noticias como Télam, tal como funcionaba en ese momento, con ese federalismo que tenía y que tendría que estar vigente. Nosotros defendemos eso. Por ahora, se logró sostener las fuentes de trabajo, pero el carácter de agencia se perdió. Eso el gobierno lo terminó destruyendo”.

Télam jugaba un rol particularmente crucial para los estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, ya que la agencia históricamente ha recibido a muchos egresados –incluyendo experiodistas de ANCCOM-, muchos de ellos, presentes en la caravana. Sin embargo, afirma Bello, la agencia dejó de recibir nuevos trabajadores, y los que aún siguen en ella luchan por mantener sus puestos de trabajo en un medio que ya casi no produce contenidos.

Sobre las 13, cuando la caravana llegó a la sede de Televisión Pública, Christian Stauffacher, editor y delegado del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), denunció que, tras la negación de las paritarias que ha dejado a los trabajadores sin aumentos salariales desde agosto del año pasado, se ha generado una deserción de los trabajadores cercana al 40 %, lo que ha reducido significativamente la capacidad de producción de canales como Encuentro, Pakapaka y DeporTV.

 

Censura sistemática

Stauffacher expresó que, con la excusa de acusar a los canales públicos de difundir contenido a favor del peronismo y fungir como usina para propaganda kirchnerista, el gobierno ha generado una fuerte censura en los contenidos de la Televisión Pública. Mencionó que el noticiero, antes amplio y con cobertura de todas las voces, se encuentra ahora ampliamente parcializado. Mencionó el caso particular del programa de televisión infantil “Tuttle twins», emitido por Pakapaka, que se encarga de difundir propaganda libertaria a los niños. De esta manera, el gobierno de Milei está utilizando los medios públicos para difundir el mismo tipo de propaganda política que él mismo acusa y condena.

El evento concluyó con un discurso de los principales dirigentes gremiales, frente a la sede de TV Pública, en el que se resaltó la importancia de proteger a los medios de comunicación públicos, y la libertad de prensa. En palabras de Fernando Costa: “Queremos defender los medios públicos como un lugar de soberanía cultural y patrimonio de todos los argentinos, porque los merecemos, porque debe ser así, porque son los únicos medios que llegan y dan voz a todos los rincones del país”.

«Sin medios comunitarios, la libertad es verso»

«Sin medios comunitarios, la libertad es verso»

Sindicatos y representantes de medios comunitarios se reunieron para exigir la entrega de fondos al sector para garantizar la pluralidad de voces en la esfera pública. El Ente Nacional de Comunicaciones se encuentra intervenido y se desconoce el destino de los recursos del FOMECA desde la asunción de Milei.

Bajo un cielo gris, en el centro porteño, precisamente en la calle Perú 103, se agrupan paraguas, carteles, cámaras y micrófonos. Frente al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), trabajadores de prensa y comunicación se concentran bajo la lluvia que empapa el ambiente. La esquina que da acceso al organismo se encuentra vallada. El  único rincón de paso está vigilado por un policía que, firme, interroga a cada persona que intenta cruzar. A través de un criterio de selección –desconocido– permite o reorienta a los caminantes.

A tan solo unos metros tiene lugar la asamblea convocada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Red de Medios Digitales y la Confederación de Medios Comunitarios y Alternativos. El lema del acontecimiento: “Sin medios comunitarios la libertad es verso”. Además, adhieren varios gremios como la Federación Gráfica Bonaerense, el Sindicato de Televisión Satsaid, el Sindicato de Prensa de Rosario, la Asociación de Comunicadores Argentinos por Internet, AATECO y CEADU.

 

La asamblea se lleva a cabo bajo un contexto en el que el ENACOM se encuentra intervenido por el gobierno de Javier Milei, gestión designada por decreto en la que Juan Martín Ozores asumió todas las funciones eliminando el Consejo Federal de Comunicación, como también, paralizando los fondos de fomento (FOMECA) para medios comunitarios, populares e indígenas. El ENACOM recauda mensualmente un gravamen que pagan todos los medios de comunicación –grandes, pequeños, comunitarios o privados– del que un 10 por ciento debe ser asignado por ley a los  FOMECA. Tanto los fondos como la Dirección de Fomento dentro del Ente Nacional de Comunicación siguen vigentes, la pregunta es: ¿Qué están haciendo con ese dinero? ¿Qué sucede cuando se desfinancia por 18 meses el acceso a la pluralidad de voces?

Con la consigna: “¿Dónde está la plata?” las distintas organizaciones evidencian que el actual interventor Ozores decidió paralizar el fomento a los medios cooperativos y comunitarios, incumpliendo la ley y que, además, debe millones de pesos a proyectos en curso, incluso a pesar de que sigue recaudando el impuesto de esta asignación específica.

 

Se enciende el megáfono, junto a las cámaras y micrófonos de los presentes. La asamblea ocupa el espacio público. “¿Qué hacen además de cobrar el sueldo con nuestro dinero? El impuesto se sigue pagando y el financiamiento no llega, acá hay una deuda que el organismo tiene que pagar, vamos a estar acá hasta que nos paguen, y seguir haciendo crecer a nuestros medios”, expresa Natalia Vinelli, integrantes de Barricada TV, abriendo la ronda de intervenciones. La crisis de los medios comunitarios se intensifica. El trabajo se precariza cada vez más y es el blanco de represión y hostigamiento desde el aparato estatal. “Este es un gobierno que está obsesionado con atacar a los trabajadores de prensa. El no pago del FOMECA también tiene que ver con ese ahogo que ejercen hacia los medios que podemos tener una visión crítica. La palabra federal y plural es clave para que se cumpla la libertad de expresión que quieren acallar. Somos nosotros los que estamos contando todo el tiempo lo que pasa, somos fundamentales y este fondo es fundamental para sostener a los medios de comunicación comunitarios que acercan información a todo el país”, manifiesta Martina Noailles, secretaria de Medios Autogestivos del SIPREBA

A pesar de exigir respuesta, el diálogo por parte del ENACOM es nulo. “Ya no podemos más, estamos totalmente estrangulados, necesitamos respuestas urgentes, nuestros medios se están callando porque no nos podemos sostener más”, advierte Emilia Calderón, integrante de la radio comunitaria de La ranchada, de Córdoba.

La asamblea en Perú 103 también contó con la presencia de la Federación Gráfica Bonaerense (FGB), agrupaciones de jubilados y estudiantes y directivos tanto de la UBA -el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, Diego de Charras- como de la Universidad Nacional de La Plata, entre otros espacios. Larisa Kejval, directora de la Carrera de Comunicación de la UBA tomó la palabra y afirmó el apoyo y acompañamiento de la institución. Además, expresó:  “Necesitamos a los medios comunitarios, creemos que  toda esta política cultural de desguace es el correlato cultural de un proyecto económico de saqueo y de un proyecto político profundamente individualista. Necesitamos salir de las burbujas de opinión y de mentiras, necesitamos que los medios comunitarios y universitarios sigan informando para poder unirnos y acompañar las luchas”.

En medio de la lluvia, la asamblea de medios comunitarios logró ocupar el espacio público al canto de “Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode”. La asamblea concluye con la entrega de una carta documento con todos los reclamos en la sede de ENACOM y una foto colectiva con todos los participantes. “Vamos a arrancar un plan de lucha si es que no nos dan respuesta a nuestros pedidos”, advierte Lucas Molinari, integrante de Radio Gráfica. La comunicación está en emergencia y el mensaje está claro: Sin medios comunitarios, la libertad es verso.