¿Dónde está Luciana?

¿Dónde está Luciana?

Luciana Muñoz Aguerre desapareció hace diez meses en la ciudad de Neuquén. Hay un solo detenido, pero es por falso testimonio. El Estado no da respuestas mientras su familia la busca.

Luciana Muñoz Aguerre desapareció el 13 de julio del año pasado en el barrio Gran Neuquén Norte. Cumplió 21 años a un mes de estar desaparecida. A casi un año de su desaparición, su familia todavía no sabe dónde se encuentra ni tiene acceso al estado de la causa judicial. Desde la policía neuquina afirman que están investigando pero Mirta Muñoz, abuela paterna de Luciana, declaró que no recibe información alguna y consideró que la búsqueda está estancada. Encima, mientras la familia la busca es hostigada por fuerzas policiales y de seguridad.

Hoy Neuquén es la provincia con la tasa más alta de feminicidios en el país y en muchos de ellos, no se hallaron culpables ni responsables. En el caso de Luciana, tanto su familia como las organizaciones que las acompañan aseguran que a Luciana la secuestraron. Ante la falta de respuestas, la familia está pidiendo que el caso pase a la justicia federal.

Como suele ocurrir en estos casos, la búsqueda es encabezada por Lila Aguerre, madre de Luciana, y su abuela Mirta, acompañadas por sus amigas, tías y activistas. “Nos gustaría que ya se supiera en todo el país y afuera también”, declaró Mirta. 

El pasado sábado 24 de mayo ella y un grupo de mujeres que se reunieron para seguir pidiendo la aparición de Luciana, hicieron una panfleteada en el puente de Cipolletti. Las que ponen el cuerpo en las manifestaciones están decididas a continuar pero se sienten intranquilas y poco seguras. “Nos tienen muy vigiladas. Ese día hicimos una protesta pacífica sin siquiera cortar el tránsito y nos mandaron patrulleros, estaba la Gendarmería y la policía provincial. No vamos a pintar ni vamos a romper nada, esa es la consigna que tenemos. Somos conscientes de que si hacemos eso van a decir que estamos locas. Nosotras no tenemos la culpa, nosotras no sabemos nada.”  Mirta sigue al frente de la lucha con la firmeza de una Abuela de Plaza de Mayo: “No voy a parar hasta que aparezca mi gorda. Queremos que aparezca viva y si no, queremos el cuerpo, para que termine este trago amargo que estamos viviendo”, expresó.

Buscándola sin parar

La madrugada en que desapareció, Luciana salió de su casa para encontrarse con Isaías Catalán, a quien había conocido por Facebook y que vivía en el Barrio Gran Neuquén Norte. Mirta reconstruyó los primeros días de angustia que vivió su familia tras no tener noticias de ella: “Luciana se perdió un sábado y el domingo a la noche anduvimos buscándola toda la noche, el lunes todo el día. El martes volvimos y ahí no paramos más”, relató visiblemente afectada. Desde entonces, la familia emprendió una pesquisa incansable por su cuenta: “Estuvimos preguntando, investigando, buscándola, porque no decíamos ‘se la llevaron’. Lo primero que pensamos fue que la gorda se había quedado a dormir en algún lado”.

La familia de Luciana consiguió en aquellos días una filmación que habría sido uno de los últimos registros en cámaras de seguridad de la chica. Allí, se la veía caminando apresurada y tropezando, en la intersección de las calles 8 de Diciembre y 1 de Enero, a las 7 de la mañana del día de su desaparición. “Vimos los videos y no la volvimos a ver más. Ahí empezamos a sospechar de todo”, contó Mirta.

Catalán aseguró haberla dejado a las 9, pero el horario no coincidía con las imágenes. “Ella no iba tranquila y no tenía que ir a ninguna parada: estaba a cuatro cuadras de su casa”, explicó su abuela. “Nunca nos dejaron ver las cámaras oficiales”, contó Mirta refiriéndose al domo de cámaras de seguridad ubicado en la rotonda donde habrían capturado a Luciana. 

Un detenido, cero pistas

La investigación tuvo un giro con la detención de Maximiliano Avilés, exnovio de Luciana, quien permanece como el único imputado en la causa. La fiscalía lo acusa de haber brindado falso testimonio y de riesgo de entorpecimiento de la investigación. Fue detenido el 28 de agosto de 2024, a 46 días de la desaparición, y atravesó distintas instancias: primero arresto domiciliario, luego prisión preventiva tras incumplir las condiciones del beneficio, y finalmente un retorno a la domiciliaria.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que Avilés mintió en al menos dos oportunidades clave: una ante la Policía el 27 de julio, y otra el 23 de agosto ante la Fiscalía. Además, en uno de los allanamientos realizados en su domicilio, se hallaron rastros de sangre en el piso, un par de zapatillas y un palo de golf dentro de un vehículo. Si bien los análisis confirmaron que la sangre no era de Luciana, el hallazgo y las contradicciones en su testimonio mantuvieron la imputación en su contra.

“A Avilés lo tienen detenido por haber mentido, pero como si solo hubiera mentido en no haber tenido una relación amorosa con Luciana. Él dijo que hacía dos o tres meses que no la veía, pero Luciana estuvo en su casa el día que desapareció”, comentó Mirta sobre el joven. A pesar de las pruebas forenses que no vinculan directamente a Avilés con la desaparición, la justicia decidió sostener la investigación sobre él como única pieza del caso.

El Estado abandona y encubre

En cada paso de la búsqueda, las respuestas del Estado no fueron sólo insuficientes, fueron obstáculos. Cuando la familia señalaba posibles lugares donde podía estar Luciana, la respuesta era siempre la misma: que no había orden judicial, que no se podía ingresar, que no correspondía verificar.

Las sospechas sobre casas vinculadas al narcotráfico, donde se decía que habían visto a Luciana, tampoco fueron atendidas. Una y otra vez, la familia y quienes las acompañaban veían cómo la información era descartada o simplemente no se investigaba. La sensación de que el caso estaba siendo silenciado se transformó en certeza. “No podemos descansar porque hay un Estado cómplice, que calla, que deja que todo pase, que garantiza impunidad a muchísimas personas”, contó a ANCCOM Paula Carbajal, docente y militante en Mujeres por la Libertad, una agrupación que acompañó a la familia de Luciana durante toda la búsqueda.

Desde el inicio, las tareas de búsqueda recayeron en mujeres: la familia, las amigas, las vecinas. Sin apoyo ni protección, con miedo. “Las amigas de Luciana ya se han apartado porque no ven nada serio. Porque sienten que si se perdió Luciana, se puede perder cualquiera”, explicó Mirta.

La justicia, en lugar de acompañar, cerró puertas. No hubo protección para quienes investigaron por su cuenta. No hubo transparencia en los procedimientos. “Queremos marcar que acá estamos, que no se van a llevar a cualquier piba como quieran y cuando quieran. Si el Estado es cómplice y se calla, vamos a organizarnos para que eso no pase más”, sentenció Paula.

Por otra parte, tampoco confían en la asesoría legal que tienen porque no eligieron a su representante ellas mismas, sino que un hombre le ofreció sus servicios directamente a Lila. “Llegó de la nada y a mí no me genera confianza”, aseguró Mirta. Investigando, encontró que se trataba de un abogado de la Uocra, Alfredo Cury. Ante los medios locales, el querellante se mostró muy comprometido con la causa pero puertas adentro siguió sin brindarle los datos más relevantes de la investigación. “Me es sospechoso porque nosotros le damos un nombre y él va a avisarle a esa persona que le van a hacer allanamiento. A nosotras no nos está cuidando.”, declaró Mirta.

Esta situación aumenta la vulnerabilidad de las mujeres que buscan a Luciana y debilita la fuerza con la que pueden hacerse oír ya que de algún modo las expulsa de espacios que les corresponden. “Mañana creo que va la madre a la fiscalía. Va con el abogado.Yo no voy a ir porque no me siento representada por él. Si no, iría.”, expresó Mirta. 

Sin embargo, la abuela sigue haciéndose escuchar, presentándose en medios locales y nacionales para contar su historia y reclamar a su nieta. “Estoy acá en Cipolletti porque vamos a hacer una radio abierta por el tema de todos los casos que están pasando en estas provincias, que están tan relacionados”, comentó Mirta, entendiendo que lo que le pasó a su nieta no es un caso aislado, sino parte de lo que definió como “una red de complicidad entre el narcotráfico y la prostitución, que se da acá en la ruta del petróleo”.

Según su abuela, Luciana quería construir otra vida, alejada de los consumos y los peligros de la calle. Había retomado sus estudios y más adelante pensaba estudiar abogacía. La joven cursaba en el CPEM 76, una secundaria vespertina de jóvenes y adultos. A pesar del tiempo transcurrido, en la escuela todavía nombran a Luciana. Ahí, los docentes y compañeros llevan adelante actividades de concientización sobre trata y desaparición de jóvenes, entretejiendo una mayor visibilización y contención entre los habitantes del barrio. 

Docentes y feminismo

En medio de la ausencia estatal y la falta de respuestas judiciales, un grupo de mujeres comenzó a tejer una red de acompañamiento, visibilización y sostén. Son docentes, muchas de ellas parte del colectivo Mujeres por la Libertad, con experiencia en acompañar causas de violencia machista desde mucho antes de que se hablara de feminicidios en los medios.

La historia de Luciana llegó al grupo a través de una vecina, amiga de la madre. Desde ese momento, el compromiso fue inmediato. No como profesionales, ni como especialistas, sino como mujeres que entendieron que la desaparición de una chica en un barrio atravesado por el narcotráfico y la pobreza no podía quedar en silencio. “Lo único que podíamos hacer era difundir, que todo el mundo supiera que Luciana estaba desaparecida”, contó Paula. “La docencia se ha convertido en una tarea de riesgo. Todo eso —los narcos, la venta, la pobreza— rebota en la escuela. Y ahí estamos, tratando de tejer redes, de crear lazos”.

Desde el sindicato, desde los espacios feministas, desde la calle y las marchas, Mujeres por la Libertad fue uno de los pocos brazos reales de acompañamiento para la familia. Para Mirta, la abuela de Luciana, no se trató solo de una ayuda logística: “Si no hubiera sido por ellas, yo hubiera estado sola luchando. Porque la madre por ahí se me queda, está abrumada. Entonces le digo, arrimate a mí. Entre las dos somos más”.

En la práctica, ese acompañamiento fue completo: emocional, político, cotidiano. Desde un llamado para preguntar cómo está hasta una escucha profesional. “Yo tuve que buscar a una mujer de esas agrupaciones, que es psicóloga. Le dije que me tratara porque no me quiero poner chapita. Y ella me atendió, sin problemas”, recordó Mirta.

En un barrio golpeado, donde la justicia se retira y la policía amedrenta, el rol de estas docentes organizadas se convirtió en una trinchera. Un espacio donde la lucha por Luciana no solo se sostiene, sino que insiste en convertirse en memoria activa y en demanda colectiva.

 

Fuego, criminalización de la protesta y represión en la Patagonia

Fuego, criminalización de la protesta y represión en la Patagonia

Mientras arden 20.000 hectáreas de Río Negro, Chubut y Neuquén, acusaron a tres brigadistas que voluntariamente apagaban las llamas. Represión a los vecinos que se manifestaban en su solidaridad.

Cuando apenas pudieron ser controlados los incendios en Puerto Madryn, Parque Nacional Nahuel Huapi y Lanín, ahora arde la Comarca Andina. El fuego ya arrasó con más de 20.000 hectáreas en la Patagonia. En Río Negro van 8.000 en Los Manzanos y 2.700 en Mallín Ahogado, mientras que en Chubut fueron 3.500 hectáreas en Epuyén y 3.200 en Atilio Viglione. En la provincia de Neuquén, se quemaron 3.700 hectáreas del Parque Lanín. El fuego en El Bolsón comenzó en la zona del Cajón del Azul, entre los lagos Puelo y Escondido, y ante la falta de recursos para sofocarlo se expandió en pocas horas abarcando 2.000 hectáreas, lo que puso en peligro al pueblo de Mallín Ahogado. Sin embargo, la pesadilla de los pobladores, que emprenden ellos mismos el combate contra el fuego, no termina con la pérdida de sus casas y su hábitat, por estas horas están siendo acusados de haber iniciado las llamas los mismos brigadistas que intentaban apagarlas, y los vecinos que salieron a solidarizarse con ellos fueron atacados por patotas parapoliciales. Hay dos mujeres que siguen detenidas, y a uno de los presos le dictaron prisión preventiva.

“Metieron presos a tres pibes que estaban colaborando para apagar el fuego y se los llevaron como supuestos responsables de los incendios de Mallín Ahogado”, dice Soraya Maicoño, referente mapuche de El Bolsón. “Realmente la situación está cada vez más caótica, la fiscalía no atiende a nadie. Se está usando esto como excusa para hablar de terrorismo y así militarizar la Comarca Andina. Acudió mucha gente afuera de la comisaría 12 de El Bolsón, pero apareció una patota de ‘gauchos’ armados con cuchillos y palos, la policía no hizo nada, urge armar una comisión de derechos humanos, de diferentes ciudades que puedan observar lo que está pasando. Lo digo como vecina, como mapuche y como madre”, agregó. “Sí decís que el fuego fue intencional ellos lo usan a favor, y entonces mandan a quemar más todavía, como ayer (por el martes 4) incendiaron tres lugares distintos”, informó. Maicoño, quien es además locutora y titiritera, se refiere a los recientes seis focos nuevos que se iniciaron en El Guadal. 

Los detenidos fueron Nicolas Heredia, Tomás Anarella y Fabián Pazos, brigadistas autoconvocados, conocidos por todos en la Comarca Andina, que estaban ayudando a apagar el incendio. Ante lo que los vecinos consideraron que es una falsa acusación muchos de ellos fueron a la comisaría a reclamar por la libertad de los tres acusados. Sin embargo, en esa manifestación espontánea aparecieron hombres con vestimenta de gauchos a caballo que arremetieron contra estas personas y lastimaron a algunas, ante la mirada pasiva de los policías.

Anarella y Pazos ya recuperaron su libertad porque no había ninguna evidencia para justificar su detención, pero para Heredia el viernes 7 se llevó a cabo una audiencia por cargos. Fue la primera vez que el abogado Rubén Marigo, de la APDH, pudo ver la causa que investiga el delito de tentativa de incendio. “La situación es muy compleja, hay una verdadera cacería de brujas, a Heredia lo acusan de un delito excarcelable pero de manera muy extraña le dieron un mes de prisión preventiva”, dijo el letrado a ANCCOM sobre la causa que impulsan los fiscales Francisco Arrién y Martín Lozada, en el juzgado de Ricardo Ganduglia. Hay otras dos mujeres detenidas en esta misma causa, alojadas en la comisaría 27 de Bariloche. “Esto se convirtió en un caso político”, sentenció Marigo.

Garantías suspendidas

“La policía se negó a intervenir, cuando comenzaron los ataques directos, donde hirieron a una compañera y nos golpearon a muchas otras, buscamos refugio dentro de la comisaría, pero nos sacaron a patadas, insultos y palazos. Nos cerraron la puerta y nos dejaron a merced de la patota”, dijo Marianela Saavedra a esta agencia. “La policía suspendió todas nuestras garantías constitucionales para que nos hicieran lo que hicieron. Los vecinos lograron sacarnos de ahí, con la excusa de que querían linchar a los acusados de los incendios”, agregó. 

Diversos testimonios vinculan a la patota con un terrateniente de la zona, el empresario británico Joe Lewis, que es quién cerró el acceso público al Lago Escondido, y a la Municipalidad de El Bolsón. Victor Hugo Araneda, quien encabeza a esta patota, trabaja en el 911 policial.

Toda esta tierra arrasada por el fuego coincide con que se agregó a la Ley Bases el Artículo 517, que deroga la Ley 27.604, que prohibía la venta o cambio de uso de suelo de superficies incendiadas durante 60 años para fines agropecuarios o inmobiliarios. Además, desde el pasado 30 de diciembre, mediante el decreto presidencial 1136/2024 que modificó la Ley de Ministerios, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego pasó a estar a cargo del Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich. Ahora el Plan Nacional de Manejo del Fuego se encuentra disminuido por presupuestos devaluados e insuficientes para afrontar la crisis climática. La asistencia del Estado se limitó a dos aviones hidrantes, un helicóptero y brigadistas con contrataciones temporales, lo cual provoca que los equipos de combate no puedan concentrarse en uno de los grandes focos sin desatender al resto. A modo de ejemplo, el plan de gestión ante incendios presentado por los vecinos nunca fue tratado en la Legislatura rionegrina, y para las 65.000 hectáreas que comprende la Comarca hay solamente seis guardias medioambientales.

En su libro El colapso ecológico ya llegó (Siglo XXI, 2020), Maristella Svampa y Enrique Viale afirmaron que “el negacionismo responde a una matriz ideológica ultraliberal y conservadora, que objeta el rol regulador del Estado. (…) Desde esta perspectiva, cualquier intervención reguladora del Estado supone un atentado contra la libertad de mercado y, por ende, contra la libertad individual. No es casual que los sectores ultraconservadores defensores del libre mercado vean en el ecologismo un renacimiento del socialismo por otros medios. Las demandas de los ecologistas, que exigen al Estado la instrumentación de políticas públicas destinadas a regular las emisiones de gases de efecto invernadero, son entendidas como una nueva trampa asociada al comunismo”. 

Al gobierno de Javier Milei le calza perfecto esta definición. El Ejecutivo nacional Promueve discursos de odio y acusa de “zurdo hijo de puta” a todo aquel que considere necesario el uso de políticas públicas. El gobierno también busca crear constantemente un enemigo interno a quien acusar, para el común de la sociedad. Si no es la comunidad LGBT+, son los estudiantes universitarios, los científicos, los investigadores del CONICET, los jubilados o los pueblos indígenas. Todos señalados como el virus woke. Son el árbol que el gobierno usa para tapar lo que ocurre en el bosque.

“Las escuelas en Neuquén son verdaderas trampas mortales”

“Las escuelas en Neuquén son verdaderas trampas mortales”

Por séptima semana consecutiva, los docenes de Neuquén se encuentran de paro. Reclaman mayores salarios, mejoras en la infraestructura y más presupuesto para el refrigerio de los estudiantes. También hay conflictos en Misiones y Entre Ríos.

Los docentes de Neuquén finalizan su séptima semana de lucha y anuncian la continuidad de las medidas de fuerza frente al silencio del gobierno de Rolando Figueroa. En Misiones y Entre Ríos también están en conflicto.
Los maestros y maestras neuquinos denuncian el grave estado de las escuelas, el ataque al régimen de licencias y las maagras partidas para refrigerios de 140 pesos por alumno.
“El gobierno tiene la política de sentarse a esperar que el paro se deshilache solo. Pero estamos en la séptima semana y tenemos un 75% de acatamiento”, declaró a ANCCOM Angélica Lagunas, Secretaria General de ATEN Capital.
El pasado viernes la asamblea de ATEN acordó un paro de 72 horas que comenzó el martes, jornada en la cual se llevaron adelante volanteadas en rutas. El miércoles se realizó una marcha en Neuquén capital que recorrió desde la Legislatura hasta la Casa de Gobierno, donde estiman que hubo diez mil personas. Hoy se convocó nuevamente a asamblea, donde por mayoría decidió la continuidad del paro para el lunes y martes de la próxima semana.

El reclamo tiene tres ejes. Por un lado, se exige un aumento de las partidas para los refrigerios escolares. “En Neuquén uno de cada dos chicos se va a dormir sin comer”, explica Lagunas. 

También exigen al gobierno un aumento del presupuesto educativo destinado a infraestructura.  Esta semana se llevó a cabo el juicio por la explosión de una escuela en Aguada San Roque, que ocurrió en junio del 2021 y donde fallecieron tres trabajadores en lo que Lagunas llamó “un triple crimen laboral”. Asimismo, el lunes en la Escuela N° 68 del paraje Collipili, al norte de la provincia, explotó un termotanque causándole quemaduras a un auxiliar de servicio.  “Las escuelas son verdaderas trampas mortales, porque no se destina el presupuesto necesario para que estén en condiciones”, alertó la dirigente.

El tercer eje de los reclamos exige la derogación de la Ley  de Adicional al Desarrollo Profesional Docente, que ataca el régimen de licencias y establece un plus salarial para quienes no faltan. Los primeros días de julio antes del receso invernal los docentes neuquinos se encontraban en las aulas luego de haber acordado, al principio del año, un aumento salarial. El gobierno de la provincia presentó, trató y aprobó rápidamente un proyecto de ley en la Legislatura. “Nosotros decimos que es un plus extorsivo, ellos dicen que es para premiar a quienes van todos los días a trabajar”, aclaró la secretaria general. 

La ley plantea un plus salarial del 15% para aquellos docentes que no falten más de tres veces durante un trimestre, sin superar las dos faltas mensuales. También establece un plazo mínimo de cuatro meses de permanencia en el puesto para los suplentes, como condición básica para acceder al régimen de licencias. Lo que sucede es que los plazos de licencias del docente titular no son prorrogables ni acumulativos, por lo cual “el suplente va a ser el eterno suplente de los 30 días. Nunca va a cumplir los cuatro meses, ni hacer uso del régimen de licencia”, explicó Lagunas. 

Con el bono salarial del 15% por presentismo y el descuento a quienes hacen paro, el gobierno provincial busca resolver el ausentismo docente. Desde el sindicato replican que esa no es la herramienta, y que lo que podría resolver el problema sería que una maestra con un sólo cargo pueda tener un sueldo que cubra  la canasta familiar. “Acá el problema es que ni el cuerpo ni la mente se bancan la situación de desgaste que significa la condición laboral que tenemos”, afirmó. 

“En Neuquén uno de cada dos chicos se va a dormir sin comer”, explica Lagunas.

En ese sentido, desde ATEN rechazan la política del Gobierno nacional, acompañada por los dirigentes provinciales, de determinar la educación como un servicio esencial. De acuerdo a la ley, aquellos servicios declarados como esenciales deben garantizar, incluso en jornadas de protesta, que se brinde un 30% del servicio. Esta medida afectaría considerablemente el derecho a huelga y quitaría a los docentes una herramienta de lucha clave: el paro. Además, desde ATEN sostienen que el servicio esencial viene a “dinamitar lo poco que queda de la escuela pública” al definirla como un servicio que se ofrece, se compra y se vende como una mercancía.  “La educación no es un servicio, es un derecho y quienes tienen la obligación de garantizarlo son los Estados nacional y Provincial”, sostuvo la dirigente.

En búsqueda de que los docentes vuelvan a las aulas pero sin proponer una mesa de diálogo, el gobierno provincial abrió una línea de WhatsApp destinada a que padres, familiares, directores y demás trabajadores de las escuelas, informen el estado de las instituciones en los días de paro, como así también qué docentes se adhirieron. Para Lagunas,  lo que busca la medida es inclinar la balanza en favor del gobierno dentro de la comunidad educativa: “Nosotros tenemos un trabajo muy importante realizado con directores y directoras, que son compañeros de trabajo, no son patrones, no son funcionarios”. En ese sentido, Lagunas explicó que estos compañeros han decidido no informar al gobierno quiénes paran “primero porque no es su trabajo, y segundo porque el paro no es una novedad, es una acción colectiva que se informa donde debe ser informada“.  A partir de este accionar, el gobierno no obtuvo la información necesaria para descontar los días de paro a quienes lo acataron, por lo que hizo un descuento general. Para Lagunas eso le genera al gobierno un doble problema, ya que quienes fueron a trabajar e igual percibieron el descuento, es probable que se sumen al próximo paro, y segundo porque los padres y madres no han acatado masivamente el pedido. 

En ese sentido, la gremialista reconoce que la situación es muy compleja y que estar de paro por séptima semana genera un cansancio normal  en la comunidad que pretende que haya clases. Si bien existe un grupo llamado Padres Autoconvocados que exigen a los docentes el regreso a las aulas, admite que “la comunidad obviamente no aplaude que haya paro docente, pero en su mayoría ha entendido que la responsabilidad de cada día que pasa sin clases, es del gobierno y que debe resolverlo convocando a una mesa de diálogo”. 

Pero tras casi dos meses de conflicto ni el gobernador Rolando Figueroa ni la ministra de Educación Soledad Martínez han dado respuestas. 

De la Patagonia al Litoral

Estos reclamos se replican en diferentes puntos del país. En Misiones, desde el principio del ciclo lectivo los docentes se manifestaron por el aumento salarial y las mejoras de sus condiciones laborales. Los trabajadores de la educación realizaron paros con un porcentaje muy alto de acatamiento, movilizaciones, cortes de ruta y  asambleas públicas que se extendieron por toda la provincia y lograron duplicar sus salarios hasta el medio millón de pesos. Ahora se encuentran haciendo paros y asambleas para concientizar sobre el impacto negativo que tendría la ley nacional que declara la educación como “servicio esencial”.

 En Entre Ríos la situación escaló un paso más. Los docentes sostienen que desde el comienzo del año, sus salarios han perdido un 30% de poder adquisitivo.  De esta manera, dos semanas atrás, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) votó por la realización de 48 horas de paro los días 22 y 23 de agosto. La medida de fuerza no pudo llevarse a cabo ya que el gobierno respondió con una conciliación obligatoria.  A través de esta medida, los docentes se ven forzados a suspender por el plazo de 20 días cualquier tipo de protesta. 

En respuesta al accionar del gobierno misionero, los padres y familiares de los niños se organizaron para no enviarlos a la escuela, en solidaridad con el reclamo docente. “Por un sueldo digno para nuestra seño y para todos los docentes”, era una de las frases que circuló vía WhatsApp en los grupos de madres y padres, junto con la convocatoria en apoyo al reclamo.  Tanto en Misiones como en Neuquén surge un apoyo concreto de las familias que exigen soluciones a los gobiernos y no a los maestros y maestras. conflicto y reanudar las clases”. 

Cerámica Neuquén, en peligro

Cerámica Neuquén, en peligro

El Juzgado Laboral Nº 1 de la provincia patagónica ordenó el remate de las instalaciones de la fábrica recuperada por sus trabajadores.

Numerosas organizaciones sociales y partidos de izquierda de la Unidad Piquetera Nacional reclaman contra el remate de la fábrica recuperada Cerámica Neuquén, anunciado para el 27 de octubre. Tras el abandono de sus dueños, la fábrica del Parque Industrial de la capital provincial opera desde el 2014 bajo la gestión de una cooperativa obrera, sin embargo un juez laboral dispuso el remate para pagar las indemnizaciones del grupo de trabajadores que no participó de la ocupación. A diferencia de otras empresas ocupadas y gestionadas por sus trabajadores, como la emblemática Zanon en esa misma ciudad, nunca logró la expropiación porque el proyecto presentado por el FIT en 2018 nunca fue tratado por la Legislatura.

La semana pasada, trabajadores de la fábrica se movilizaron en el oeste de la capital neuquina con el objetivo de mostrar su rechazo ante el remate de la fábrica, que pone en jaque el destino de sus empleados. Los reclamos continuaron al día siguiente y se llevaron a cabo en distintos puntos del país, con la finalidad de visibilizar la delicada situación de los 80 trabajadores y trabajadoras de Cerámica Neuquén.

La planta, dedicada a la producción de cerámicos en pisos y revestimientos, atraviesa una difícil situación. Cerámica Neuquén, que en la actualidad es administrada por la cooperativa Confluencia Ltda, posee una deuda millonaria con la central eléctrica Calf, que ronda los 83 millones y el pago aún no se ha negociado. 

 

Los manifestantes abogan para que no se suscriba el preacuerdo entre las partes, que incluye a los ex dueños y a los ex trabajadores, dado que éste supone el cierre de una empresa que representa el sustento vital de una gran cantidad de familias. Se exige que las autoridades brinden una respuesta que permita que la fábrica siga funcionando y no perjudique los puestos de trabajo.

La ausencia del servicio eléctrico por decisión de Calf, que se extendió por un plazo de dos semanas, impidió a la empresa producir y esto repercutió enormemente en sus ingresos. Además, significó importantes pérdidas y daños en las máquinas por el parate sin planificación de las líneas. “Los cortes de energía provocan daños muy fuertes dentro de la fábrica: el horno, donde se cocinan los cerámicos, tiene unos rodillos comprados en Brasil por casi 40 dólares cada uno. Entran unos mil doscientos y muchos se partieron por el enfriamiento del horno, de modo que el impacto es muy duro. Va a llevar un par de semanas poner la producción al mismo nivel que teníamos antes del corte”, explica Andrés Blanco, obrero ceramista de la planta Zanon (hoy Fa.Sin.Pat.) y diputado provincial por el Frente de Izquierda, en diálogo con ANCCOM.

“Estamos inmersos en un sistema que intenta ahogar las experiencias de lucha de los trabajadores. En Zanon, hace unos años, la empresa de energía de Neuquén nos cortó la luz como castigo por acompañar la lucha de los trabajadores de la salud. Hoy queremos acompañar a Cerámica Neuquén y pelear para que se mantengan los puestos de trabajo. Toda la industria ceramista en Neuquén está autogestionada. Todas y cada una de nuestras luchas nos representan como trabajadores y como hermanos de clase”, agrega Blanco.

El pasado lunes 11 de septiembre, tras llegar a un acuerdo con Calf, se llegó a la restitución de la energía eléctrica. Desde el grupo de trabajadores comentaron que se logró el cambio de titularidad del medidor a nombre de la Cooperativa Confluencia, lo que les ha posibilitado pelear por una tarifa diferencial para las gestiones obreras. No obstante, el problema principal sigue a la vuelta de la esquina. El remate fue ordenado para el 27 de octubre a las 11 de la mañana por el titular del Juzgado Laboral 1 de Neuquén, Víctor Cosentino, quien se jubiló días después de decretar la subasta de la fábrica y aprobar la solicitud de remate. Por su parte, los trabajadores afectados se preparan para enfrentar el que parece un peligro inminente, que pone en riesgo sus situaciones de vida. 

Hay salida

Si bien el gobierno nacional abrió un canal de diálogo en el Congreso para tratar este tema, hay un obstáculo sumamente crucial. “Nos piden que firmemos un acuerdo, pero el gobierno provincial de Neuquén no colabora, con la excusa de que la actual gestión del MPN (Movimiento Popular Neuquino) ‘está en retirada’ debido a la inminente asunción de Rolando Figueroa el próximo 10 de diciembre. Hay un vacío y requerimos una respuesta urgente” sostiene Blanco.

Los diputados del Frente de Izquierda reclamaron al Ministerio de Economía de la Nación por la situación que está atravesando Cerámica Neuquén. El texto que presentaron también acompaña el reclamo de concreción de la propuesta presentada en 2020 por Cerámica Neuquén SA, en función de efectuar el pago de indemnizaciones a sus antiguos empleados, ya acordadas con los antiguos dueños de la empresa. “El Ministerio de Economía de la Nación tiene una gran posibilidad de destrabar esto. El lote del crédito que solicitó la empresa antes de irse lo tiene essa dependencia. Ellos pueden autorizar la suspensión del remate”, afirma el diputado provincial.

Asimismo, Blanco argumenta que el deseo subyacente del Sindicato de Ceramistas consiste en poner las fábricas al servicio de un gran plan de obras públicas. “Se lo venimos demandando al gobierno provincial hace tiempo. Es lo que la sociedad demanda. Acá en Neuquén hay más de 200.000 familias que no tienen vivienda. Son la desigualdad y la precarización las que se han ido profundizando con el correr de los años. Si se cierra una fábrica, es un crimen. Nos estamos preparando para lo peor, pero en definitiva queremos evitar que pase”.

Más de ochenta familias se encuentran en peligro de perder su sustento vital y hay un temor irrefrenable al desalojo, pero es imposible dejar de pensar, por sobre todas las cosas, en la amenaza que supone a los avances de las gestiones obreras la posibilidad del cierre de Cerámica Neuquén. 

 

La diputada y candidata a la presidencia de la Nación por el PTS en el FIT-U Myriam Bregman sostuvo que es esencial actuar frente a la situación actual, que bien podría ser un peligroso antecedente contra las fábricas recuperadas que se sostienen a pulmón. “Hoy, mientras se aplican tarifazos impagables que ponen en peligro la continuidad de la producción, la provincia de Neuquén es escenario de lo que podría ser un peligroso precedente contra la experiencia de estas fábricas”.

Además de ser la principal fuente económica de familias enteras, Cerámica Neuquén guarda un profundo valor emocional para quienes allí trabajan con esfuerzo y dedicación. Luego de 42 años de funcionamiento, hoy más que nunca reinan el miedo y la incertidumbre en cuanto al futuro próximo. No obstante, los empleados no están dispuestos a bajar los brazos y cesar sus reclamos.

“Debemos seguir luchando. Nadie debe convencernos de que la solución es agachar la cabeza. Es un orgullo para mí estar representando trabajadores y trabajadoras que tienen la convicción de no resignarse. Estas familias trabajadoras que van a dar todo por no quedarse en la calle son las verdaderas protagonistas de esta historia” sostuvo con ímpetu Blanco, alentando a sus compañeros y compañeras a no abandonar en estos tiempos difíciles.

La lucha de Cerámica Neuquén se remonta a varios años. Cuando en 2020 el juzgado de Primera Instancia en lo Laboral dio la orden de avanzar en la tasación y remate de la planta de Cerámica Neuquén, miles de trabajadores salieron a expresar su repudio y solidaridad en todo el país. Las manifestaciones llegaron a Buenos Aires con una enorme movilización en el Obelisco, resuelta en el Encuentro Nacional de Fábricas Recuperadas, y de la que participaron Madygraf, Fasinpat, Ansabo y otras gestiones obreras. En el lugar de la protesta, Madygraf repartirá de manera gratuita sanitizante de alcohol producido por ellos mismos, porque la marcha ocurrió en plena pandemia.

Dos fuerzas provinciales ganaron las gobernaciones de Neuquén y Río Negro

Dos fuerzas provinciales ganaron las gobernaciones de Neuquén y Río Negro

En el primer test electoral del año, los partidos nacionales sucumbieron ante coaliciones locales y heterogéneas. Por primera vez perdió el Movimiento Popular Nequino.

Rolando Figueroa, gobernador electo de Neuquén.

Neuquinos y rionegrinos eligieron gobernador y vicegobernador, como así también legisladores y autoridades municipales de algunas localidades. En ambas provincias se vivió una jornada histórica, puesto que por primera vez se aplicó el sistema de votación de Boleta Única Electrónica.

En Neuquén, con el 99,28% de las mesas escrutadas, Rolando “Rolo” Figueroa (Comunidad) lideró las elecciones y venció al Movimiento Popular Neuquino (MPN). El exvicegobernador, que aún ocupa la banca del MPN en la Cámara Baja, obtuvo la gobernación con el 35,64% de los votos. En segundo lugar quedó el actual vicegobernador Marcos Koopmann, quien obtuvo el 33,14%.  De esta manera, el histórico partido provincial neuquino perdió la hegemonía después de 60 años.

En la disputa quedó tercero el candidato del Frente de Todos, cuya lista encabezaba el parlamentario del Mercosur Ramón Rioseco, que obtuvo el 12,71%; el “libertario” Carlos Eguía se ubicó cuarto, con el 7,98%; Juntos por el Cambio Neuquén quedó quinto, con, el diputado Pablo Cervi, que logró el 3,75%; y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, con la dirigente sindical Patricia Jure cerró con el 3,26 %.

El actual intendente de Neuquén, Mariano Gaido (MPN) fue reelecto en el cargo con el 42,41% de los votos. De esta forma, el candidato del MPN se impuso por amplia diferencia frente a Juan Peláez, del partido Comunidad (alineado con Figueroa), quien obtuvo el 23,36%.

Rolando Figueroa cuenta con una larga trayectoria en la política de Neuquén, y su victoria en las urnas no fue casual. Supo cómo polarizar la elección mano a mano con el oficialismo. Fue delegado de las Comisiones de Fomento de la zona norte de la provincia (1994), intendente de Huinganco (1999-2002), subsecretario provincial de Juventud y Deportes (2002-2005), secretario de Estado (2005-2006), diputado provincial (2007-2011), intendente de Chos Malal (2011-2015) transformándose en el primer político neuquino en ser jefe de gobierno de dos localidades distintas, vicegobernador (2015-2019), y actualmente es diputado nacional (2021-2023). A todos estos cargos que accedió lo hizo como integrante del MPN.

Figueroa pensó la salida del oficialismo hace cinco años, cuando compitió en la interna por ser el candidato a gobernador del MPN con el actual mandatario, Omar Gutiérrez, y perdió. Creó una coalición electoral llamada Comunidad, alianza que engloba el apoyo de sectores del Partido Justicialista provincial, así como de una fracción del PRO vinculada a Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, y hasta una parte del Movimiento Evita.

La gobernadora Arabela Carreras, anunció el triunfo del senador Alberto Weretilneck, junto al intendente de San Carlos de Bariloche, Giustavo Genuso y legisladores electos.

Como sostiene Graciela Iuorno, docente en Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) e investigadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), “Figueroa supo captar diferentes fracciones de partidos políticos tradicionales, tanto del radicalismo como del peronismo, y las formas posteriores que se fueron sumando, y hacer una melange. Lo que prima es el pragmatismo de un dirigente que quiere constituirse en líder y que además tiene carisma. Logró vencer al liderazgo de Jorge Sapag, último integrante de la familia que tenía la propiedad de la provincia.”

Desde 2021, Comunidad utiliza el término “Neuquinizate” junto a la silueta de la provincia como logo, como parte de la campaña del partido. El MPN, junto a otras fuerzas, cuestionaron el uso de esta palabra y pidieron una decisión a la Justicia con el argumento de que la sigla confundía al electorado. En febrero de este año, la Fiscalía dictaminó que ningún partido puede atribuirse de forma exclusiva el uso del mapa de la provincia, por lo cual Figueroa tuvo que cambiar el logo de la campaña de su partido político.

El resultado de las elecciones en Neuquén marcó un fuerte cimbronazo, una ruptura para la política local que viene siendo la misma desde hace 60 años. El desafío será transformar una coalición electoral en un frente de gobierno. Pero como señala María Susana Palacios, docente en Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) e investigadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), “es un panorama complejo, un gran signo de interrogación que genera mucha preocupación, porque no será fácil llegar a conciliar los intereses de los diferentes sectores con los cuales tejió alianzas. Sumado a lo que pueda llegar a suceder en las elecciones presidenciales teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos (inflación, gran porcentaje de pobreza, deuda externa).”

Para Gabriel Rafart, magíster en Historia y autor del libro El MPN y los otros, “Este ‘otro’ (Figueroa) tiene alta consideración de sí mismo, respondiendo a la fuerte personalización de la política de estos tiempos. Se verá si los recursos desplegados con los que llega al gobierno le son suficientes para recrear un vínculo con el mundo partidario que derrocó.”

En tanto, en Río Negro, de los ocho candidatos a gobernador, el senador y ex gobernador Alberto Weretilneck, tal como se preveía, obtuvo el 41,62% de los votos y regresará al poder provincial, por Juntos Somos Río Negro. La fórmula la compartió con el intendente de Viedma, Pedro Pesatti, el mismo binomio que llegó al poder en 2015.  Muy lejos quedó Aníbal Tortoriello , quien se presentó con Cambia Río Negro y obtuvo el 24,16%.