Jul 31, 2021 | Culturas, Novedades
En el nombre del litio es un documental crudo de Calma Cine junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, producido a partir de la investigación de Pia Marchegiani, en el que se mezclan paisajes naturales con irrupciones tecnológicas generando un contraste incómodo. Sus directores y guionistas Martin Longo y Tian Cartier pisan la cuenca hídrica compuesta por las Salinas Grandes y la laguna de Guayatayoc y se encuentran con las comunidades indígenas que habitan el territorio que, agrupadas en la Mesa de los 33, se levantan ante el avance de empresas extractoras de litio que se proponen una explotación impune de los salares.
“Lo que se intenta mostrar es la desigualdad que hay en el mundo, el conflicto que trae el sistema extractivista desmedido y el poco espacio que tienen las minorías para poder expresarse”, expresó Longo en diálogo con ANCCOM.
Los viajes a la zona en donde se llevó a cabo la filmación comenzaron en 2017. Cuatro años después -pandemia de por medio- la problemática sigue más que vigente.
Ante el riesgo que provoca el cambio climático, países centrales y gobiernos del mundo, se unen para intentar apaciguarlo. Cada vez más discursos circulan de cadena nacional en cadena nacional, alegando que el futuro solo será futuro si se lleva a cabo una transición energética. Transición para la cual el litio es un mineral indispensable, ya que tiene la capacidad de almacenar energía.
El norte argentino contiene más de la mitad de las reservas mundiales de litio y por eso, hay concesiones mineras sobre casi toda la puna argentina.
Las comunidades Kolla y Atacamas de las provincias de Jujuy y Salta vienen desplegando denuncias desde 2009, cuando exploraciones mineras dejaron graves daños en las capas acuíferas, producto de las perforaciones en el salar. Esto se visibiliza en el documental junto con el impacto que pueden tener estas extracciones en las actividades económicas que brindan subsistencia a las comunidades.
En la vulneración sistemática a los pueblos se incluye la violación del derecho a la consulta regido por el Kachi Yupi, protocolo que redactaron las comunidades estableciendo procedimientos de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Esto, amparado por los artículos 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas; y las constituciones provinciales de Salta y Jujuy, en sus artículos 15 y 50 respectivamente, que hablan de “integración”, “protección” y “reconocimiento” de los pueblos.
El documental plantea que el eje debería estar puesto en otro lado: “Evidentemente hay una necesidad de transición energética, de pasar de las energías de combustibles fósiles a energías renovables. La importancia que tiene el litio en esa transición es mucha”, sostuvo Longo. Sin embargo, expresó que la pregunta que circula es cómo reemplazamos la fuente de energía en vez de cuestionarnos sobre el consumo de energía que realizamos. “El desarrollo industrial nos puso en la situación en la que estamos hoy y no estamos viendo cómo frenar este avance. Me parece que la transformación está en cambiar algunas costumbres que tenemos con relación al consumo”, concluyó.
Como ANCCOM ha mostrado en investigaciones anteriores, maneras de extraer litio de una forma consciente existen, pero esas formas chocan con los intereses económicos de gobiernos y empresas privadas. “Creo que es ahí donde hay que generar el cambio. Se entiende que lo económico es fundamental pero igual de fundamental es lo ambiental y lo social”, afirmó Longo.
En el nombre del litio no trae soluciones sino que intenta visibilizar, abrir el debate y llamar a la reflexión.
Parece que la tarea impuesta de nuestro país es financiar la transición energética de los países centrales. ¿A qué costo? Destruyendo la vida de las comunidades indígenas. En nombre de la humanidad, la Puna se vuelve zona de sacrificio. En el nombre del litio se perpetúa la explotación, la colonización y la desaparición de los pueblos indígenas. Parece que la historia siempre vuelve a su punto de partida. En esta ocasión, para eliminar lo que estorba, no hacen falta balas, solo un Estado ausente y potencias impunes y desesperadas.
Longo pone el ojo sobre el comportamiento de quienes tienen el poder de cambiar las cosas: “diría que todo va a seguir por la misma línea, lamentablemente”. Aunque agregó: “Confío en que hay voces nuevas, que hay movimientos fuertes que no creo que se puedan frenar. Hay un movimiento ambiental y social que se está impulsando, sobre todo en los más jóvenes. Tengo esperanza de que en algún momento, por lo menos cuando mis hijos puedan tomar decisiones, esa masa crítica ayude a cambiar un poco el rumbo de esta situación”.
En el nombre del litio estará disponible del 1 al 9 de agosto a través de https://enelnombredellitio.org.ar/. Como una epifanía, desde el 1° de agosto, día en que los pueblos indígenas de América Latina agradecen a la madre tierra. Día de la Pachamama.
Jun 22, 2021 | Comunidad, Novedades
Salar de Olaroz en Palpalá, Jujuy.
El nuevo milenio se tiñe de blanco. Ya sea por un sincero deseo de orientarse hacia una economía ambientalmente sustentable o por las ventajas comparativas que subyacen en la explotación de un recurso abundante para países como Argentina, Chile o Bolivia: estados y empresas transnacionales se han lanzado a la conquista del litio.
En el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, a principios de marzo, Alberto Fernández anunció la presentación de proyectos de ley para promover la transición hacia una economía verde. Una consigna que acompaña al actual presidente desde la campaña y que tiene en la extracción de litio el primer eslabón en una cadena de valor que contempla la producción de baterías para la fabricación de autos eléctricos.
El triángulo andino
Argentina integra, junto a Bolivia y Chile, el denominado “triángulo del litio”: una región que concentra más de la mitad de las reservas del mundo. Según estudios de la Secretaria de Minería, nuestro país ocupa el tercer lugar, por detrás de Chile y Australia. Esto ha convertido a las provincias del noroeste argentino en un atractivo destino para las empresas mineras. En la actualidad, existen dos proyectos en operación: uno en el Salar de Olaroz en Palpalá, Jujuy, bajo explotación de Orocobre y Toyota Tsusho (con un 8,5% de participación de la empresa público-privada jujeña JEMSE), y otro en el Salar del Hombre Muerto de Catamarca, un desarrollo de la firma estadounidense Livent Corp. Además, hay otros dieciocho emprendimientos avanzados y cuarenta en etapas preliminares.
El litio es uno de los recursos de mayor crecimiento en los últimos años, insumo esencial para la fabricación de las baterías que usan celulares y computadoras portátiles, pero también utilizado en la industria metalúrgica, farmacéutica y del vidrio. Es clave en la transición energética que buscan promover los países comprometidos con el Acuerdo de París de la ONU, en el que la movilidad eléctrica aparece como el objetivo a alcanzar, ya que reduciría la emisión de gases de efecto invernadero y resolvería los problemas asociados al empleo de combustibles fósiles, cuya escasez solo aumentará.
Por eso, el Ministerio de Desarrollo Productivo ha impulsado estudios para evaluar las condiciones de inserción del país en el nuevo paradigma mundial de electromovilidad. Fernando Porta, Director del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI), lideró el equipo de investigación para determinar las posibilidades de producción de baterías y automóviles eléctricos: “Es necesario un cambio en la matriz productiva. Nosotros tenemos una oferta energética insuficiente y al mismo tiempo basada en una matriz de producción que es bastante costosa”. Una vez instaladas estas fábricas, podrían aplicarse incentivos a la demanda, como beneficios fiscales específicos para quien acceda a un vehículo eléctrico.
La construcción de baterías y la consecuente fabricación de automóviles impulsados eléctricamente es el fin de la cadena. En el principio está la extracción de litio, el cual debe ser purificado para su utilización. En la actualidad, Argentina solo produce el mineral en grado técnico, como carbonato y cloruro de litio. A pesar de que, de acuerdo a informes de la Secretaria de Minería, para el año 2019 estas exportaciones representaron 189 millones de dólares, el monto es despreciable en comparación con los valores que se obtienen en instancias posteriores de procesamiento. Las estimaciones realizadas por Livent muestran que la renta obtenida por el carbonato y el cloruro de litio constituye solo el 5,74 % del total, mientras que productos derivados como el hidróxido de litio, cuyo refinamiento se efectúa en las filiales de Estados Unidos, China o Gran Bretaña; reditúan más del 55 %.
La fosa de evaporación marca el inicio del proceso de producción del litio.
¿Están dadas las condiciones para agregar valor a la cadena productiva en Argentina? Para Porta, el obstáculo es institucional antes que técnico: “Argentina tiene un sistema científico tecnológico robusto. Lamentablemente nuestra legislación no ha protegido al litio como a otros minerales en términos de darle su carácter estratégico y, por lo tanto, el Estado nacional y los provinciales no tienen disposición sobre las reservas. Estas han sido concesionadas bajo el imperio de la Ley Minera, que es lo suficientemente laxa como para permitir que quienes han obtenido los derechos de concesión no estén obligados a desarrollar ningún tipo de eslabonamiento hacia adelante”.
En este contexto, el gobierno se reúne con empresas para expandir los actuales emprendimientos mineros, así como elaborar conjuntamente proyectos que apunten a agregar valor a la producción de litio. Recientemente, en un seminario organizado por el Wilson Center, con patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo, algunos potenciales inversores se mostraron escépticos respecto a la posibilidad de concretar operaciones similares a futuro y Alberto Carlocchia, presidente de la cámara que agrupa a los empresarios mineros (CAEM), aseguró que no hay condiciones para expandir la inversión, ya que “los costos laborales aún son altos”.
Según Porta, “las mineras no son empresas que tengan un alto nivel de ocupación, por lo que este no es un factor importante en su estructura de costos. La Ley de Minería vigente les asegura ganancias extraordinarias bajo distintos mecanismos: una muy baja imposición, estabilidad fiscal por 30 años y escaso control sobre sus números, puesto que sabemos de sus operaciones lo que ellas mismas declaran”. Para el economista, este es un problema general del capitalismo argentino, caracterizado por “baja productividad, baja inversión por años y por una estructura que maximiza las rentas del corto plazo y las oportunidades financieras”.
Por otro lado, algunos especialistas desconfían de los anuncios del gobierno. El investigador de CONICET e integrante del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, Bruno Fornillo, afirma que no hay una estrategia integral que apunte en una dirección distinta a la que desarrollaron gestiones anteriores: “Por un lado, la política litífera la está llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Productivo, sin un contacto fuerte con áreas como Ciencia. A su vez, el instituto creado por la Ley de Movilidad Eléctrica no se relaciona ni se financia con las rentas litíferas. Lo más patente respecto al impulso actual es la expansión de la frontera extractiva”.
El Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, es explotado por la firma estadounidense Livent Corp.
El mes pasado, un memorándum de entendimiento celebrado con la firma china Ganfeng Lithium incluyó la voluntad de que esta empresa fabrique baterías en el país, aunque no establece plazos ni montos concretos. “Hace años que los gobiernos provinciales dicen que hay compañías con intenciones de fabricar baterías en Argentina -recuerda Fornillo-, pero incluso si eso llegara a suceder, esas empresas no nos compartirían la tecnología de punta, y perderíamos la oportunidad de utilizar el mercado local para un crecimiento y un desarrollo endógeno. Una empresa como INVAP o YTEC debería tener la tecnología; no una extranjera que venga a llevarse el litio casi regalado y nos venda productos manufacturados acá, en lugar de importarlos”; afirma quien también es Doctor en Geopolítica por la Universidad de Paris VIII. La observación es aún más pertinente si se considera que esta semana el gobierno de Salta anunció una inversión de 580 millones de dólares por parte de la empresa china para la ampliación de las operaciones de extracción.
Minería del agua
No obstante, y como es habitual en las discusiones sobre explotación minera, el factor económico es solo uno entre los principales a considerar. Como señala Fornillo, la del litio es, en particular, una minería del agua: “Las técnicas actuales extraen una cantidad de agua potable que, en un par de décadas, convierte a esa zona en inhabitable. Una zona que de por sí es árida y endorreica, con cuencas cerradas”. El procedimiento consiste en extraer la salmuera que se encuentra bajo tierra y depositarla en enormes piletones a cielo abierto para que, una vez que se evapore el agua, las sales resultantes sean sometidas a un proceso de purificación para lograr el grado técnico necesario. Esta última instancia, a su vez, demanda grandes cantidades de agua dulce. Según estimaciones de las mismas empresas, para obtener una tonelada de carbonato de litio se necesitan alrededor de 30.000 litros de agua dulce, que se adicionan a los 600.000 evaporados de la salmuera inicial. Las 40.000 toneladas que se extraen anualmente (entre los dos proyectos en operación, según Secretaria de Minería) requieren así de más de 25.000.000.000 de litros de agua.
Si bien existen grupos de investigación que han desarrollado métodos alternativos para la extracción, estos no han podido implementarse en gran escala, y su utilización implica un costo mayor, que las empresas no están obligadas a asumir. El método de separación electroquímica que han desarrollado científicos del CONICET a través de YTEC, la empresa de base tecnológica de YPF, por ejemplo, permitiría obtener litio sin necesidad de evaporar el agua de la salmuera, obteniendo, adicionalmente, agua salubre del proceso. Para Fornillo, la ausencia de presiones legales a las empresas se combina con la falta de visión estratégica del Estado: “No existe vínculo entre el área extractiva y el área de crecimiento tecnológico. Nosotros hemos conformado el Foro de Especialistas de Litio en la Argentina, donde nos reunimos alrededor de 200 investigadores que trabajamos en esto hace por lo menos 10 años. Tratamos de ver de qué manera podríamos aportar en la creación de valor tecnológico y demás, a partir de investigaciones que hoy están atomizadas, descoordinadas. Y hay iniciativas individuales de sectores productivos interesados: Fabricaciones Militares; INVAP; IEASA; YTEC está interesada en hacer celdas; Astillero Río Santiago podría producir barcos movidos eléctricamente. Pero no hay una política estratégica conjunta, orientada y con un financiamiento acorde”.
El impacto ambiental y la falta de acuerdos con los pobladores locales conducen a distintas medidas de resistencia. “Se los considera como un sujeto a ser removido o a quien se le ofrece una serie de dádivas menores. Además, las comunidades originarias, los pueblos atacameños de la Puna habitan los salares hace miles de años y en verdad son los dueños naturales de esa zona”, dice Fornillo. Se trata de un fenómeno que atraviesa a la mayoría de las explotaciones de recursos minerales en el país, como sucede con el cobre en Andalgalá.
¿De quién es?
En 2015, Chile conformó una Comisión Nacional del Litio para establecer una normativa en la que los distintos actores tuvieran participación. No solo se acordaron mayores ganancias para las comunidades locales (alrededor de 25 millones de dólares anuales), sino que las empresas son obligadas a tributar el 40 % de sus ganancias, y parte de ese monto es utilizado para financiar investigaciones tendientes a desarrollar la cadena de valor.
El litio es central en el mapa geopolítico actual y futuro, y otros países ya lo han entendido así. En Bolivia el control de todos los yacimientos es estatal, en Chile es un recurso estratégico, también en Brasil, en México se han revocado las concesiones privadas y se piensa en armar una empresa estatal. Existen voluntades de coordinar esfuerzos a nivel regional, pero la discrepancia entre los distintos modelos dificulta los planes de articulación.
En este sentido, una parte de la coalición de gobierno se ha manifestado a favor de avanzar en una ley que asegure la participación del Estado argentino en la industria litífera. El proyecto elaborado por los diputados Marcelo Koenig y Carlos Heller propone declarar al litio como recurso estratégico y conformar una Comisión Nacional que integre al sistema científico en el desarrollo de la cadena de valor. Una iniciativa resistida por los gobiernos provinciales nucleados en la Mesa del Litio, que buscan mantener las rentas locales aseguradas por la minería.
También lo han entendido los principales actores de la economía mundial. Elon Musk, dueño de la compañía de autos eléctricos Tesla (cuyas ganancias aumentaron 700 % durante la pandemia), llegó a bromear con el golpe de estado en Bolivia y “atribuírselo” en función de una liberalización de la explotación de los yacimientos nacionalizados por aquel gobierno. Un gesto risueño de los que el empresario acostumbra hacer en Twitter (como aquel que le costó millones en pérdidas a la criptomoneda Bitcoin), pero que señala con claridad en qué medida los grandes capitales miran hacia las reservas minerales del sur mundial.
