El sur sigue ardiendo

El sur sigue ardiendo

El fuego no da tregua y aún hay focos activos en la Patagonia. Detienen a dos empleados de estancieros por los incendios.

Los incendios en la Patagonia prendieron alarmas en San Martín de los Andes, se reportan focos activos en la Comarca Andina y en los Parques Lanín y Nahuel Huapi. Además, un gran fuego también se desató en Chile, en la frontera con Neuquén. Al mismo tiempo, en El Bolsón, fue confirmada la imputación y prisión preventiva de Nicolás Heredia, el albañil neuquino de 31 años, detenido cerca del Río Azul. Más al sur, se expande el incendio en el Parque Los Alerces. El fuego que perdiste en Neuquén, Río Negro y Chubut, además de focos en Corrientes y el norte de Puerto Madryn, hacen que la situación sea crítica.

Por su parte, el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, apuntó a culpabilizar a “terroristas financiados por el terrorismo y la izquierda”, al expresar que el reciente fuego en Los Alerces se produjo “justo en la zona usurpada por la Lof  Paillako”. Sin embargo, al cierre de esta edición, el sábado 22, fueron detenidas tres personas acusadas de iniciar un incendio intencional en Chubut. Según informó la Dirección de Policía Judicial de esa provincia, no son mapuche ni brigadistas sino empleados del dueño de una estancia que los mandó a prender fuego para generar un aprovechamiento ganadero y de venta de leña.

A principios de febrero, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro presentó una medida cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde solicitó su intervención frente al Estado argentino “para que obligue la suspensión de seis ordenes de desalojos vigentes para seis comunidades” en esa provincia, entre las cuales se encuentran comprendidas las Lof Buenuleo y Quemquemtrew. Además pidieron a la CIDH que informe estas violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas que se están produciendo en todo el territorio de la Argentina a todos los organismos multilaterales de crédito.

“Cuando todavía la mapu está caliente por los recientes incendios en la Comarca, y el fuego aún arde en la alta montaña, sin estar dilucidada la autoría de los incendios intencionales, la prensa hegemónica crea un relato de culpabilidad en las comunidades mapuche tehuelche y brigadistas”, expresó la Coordinadora en un comunicado. “Sin más pruebas que el relato creado por Bullrich, Larsen, Petri, Pichetto y el armado de causas sin sustento probatorio del fiscal (Francisco) Arrien que responde a las órdenes del gobierno, el guion se complementa con el discurso del contador de (el empresario Joe) Lewis y hoy intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, quien pretende llevar adelante un plan de turismo y urbanización en Mallín Ahogado, Cuesta del Ternero”. 

El jueves 20 de febrero, familiares, amigos y organizaciones sociales e indígenas acompañaron con su presencia la audiencia ante el Tribunal de Impugnación y pidieron por la libertad de Nicolás Heredia. La semana pasada en Bariloche y en Senillosa se realizaron movilizaciones por la libertad de este albañil que estaba de vacaciones y fue detenido hace más de dos semanas cuando se acercó a llevar comida a los brigadistas. Lo acusaron de tener una botella con nafta que él niega que fuera suya.

La espontánea y autogestiva organización comunitaria que se armó en la Patagonia, sobre todo en El Bolsón, no recibió otra cosa más que persecución. El grupo de seis ambientalistas que se habían acercado a ayudar a los brigadistas fue liberado tras su detención por falta de pruebas.

 

 “Los incendios del sur muestran y sintetizan gran parte de lo que han sido los problemas territoriales en nuestro país. Las aristas de despojo y saqueo territorial expresan intencionalidad que parece indicar que hay negocios forestales e inmobiliarios”, dice Folgueras.

Asamblea abierta

 

Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), el martes 18 de febrero se realizó una asamblea abierta para pensar la complejidad del presente y las salidas posibles. Estuvieron presentes Guillermo Folguera, biólogo, filósofo e investigador; Paula Alvarado Mamani, abogada kolla; y Marina Wertheimer y Sol Fernandez Bouzo, coordinadoras del libro “Argentina en llamas”. Durante la charla, distintos temas se fueron hilvanando: los territorios como zonas de sacrificio para el capital, la complicidad de los medios comerciales de comunicación en instalar falsos enemigos para desviar la atención, las balas estatales y la persecución judicial para disciplinar todo intento de oposición al plan extractivista, al racismo que llega a gran parte de la sociedad desde el discurso oficial y a la fragmentación de las luchas. 

En diálogo con ANCCOM, Folguera manifestó que “los incendios del sur muestran y sintetizan gran parte de lo que han sido los problemas territoriales en nuestro país. Las aristas de despojo y saqueo territorial expresan intencionalidad que parece indicar que hay negocios forestales e inmobiliarios”. Por su parte, Mirta  Ñancunao, werken (vocera) del Parlamento Mapuche–Tehuelche de Río Negro dijo a esta agencia que “despojan del territorio a las comunidades mapuches, pobladores campesinos, agricultores y pequeños productores mapuches y no mapuches, que subsisten de lo que producen en el territorio”. Por su parte, Mirta Millan de la Lof Pillan Mahuiza, acusada por el gobernador de Chubut Ignacio Torres, consideró que el fuego que sigue arrasando “tiene un fin muy claro, la muerte no solo de las comunidades mapuches sino de los llamados barrios populares donde los rostros son marrones y que olvidaron o no saben que sus abuelos y abuelas también son originarios”.

Territorios en llamas 

Ya van 300 mil hectáreas incendiadas en toda la Argentina, dos muertos, destrucción de cientos de casas y la pérdida de ecosistemas. Los recortes presupuestarios por parte del Gobierno de Javier Milei y del Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich limitan la capacidad de prevención y las acciones de las fuerzas encargadas, los brigadistas, de combatir las llamas. Esto provocó la extensión en la duración de muchos de los incendios ya que se intenta detener la catástrofe con pocos recursos y condiciones laborales precarias. La exministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, dijo sobre Bullrich que “es una mujer que no invierte en Seguridad, pero tiene la capacidad de convencer a la gente de que sí lo hace.” En años anteriores había quedado en evidencia la escasa preparación y eficacia de los sistemas de prevención y de combate contra el fuego, pero han sido desatendidos de manera notable en este gobierno.

“A principios de 2024, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego contaba con un presupuesto de 12.100 millones de pesos. En septiembre, cuando se produjeron grandes incendios en Córdoba, el Gobierno decidió ampliarlo en 21.000 millones de pesos. Sin embargo, las cuentas finales del año muestran que de esa cifra solo se gastaron 7.700 millones de pesos, cantidad incluso menor al presupuesto original”, explica Matías Cera Trebucq, autor de un informe publicado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.

Un informe de la agencia local del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) precisó el 8 de febrero que el 49% de las áreas quemadas en 2025 fueron pastizales; el 17%, malezales; y el 11%, bosques nativos (espinillares de monte bajo). Las lluvias entre el 13 y el 15 de febrero ayudaron a extinguir la mayor parte de los focos.

En la Patagonia existe una gran plantación de pinos, especie arbustiva que no es autóctona de la zona, y ante el fuego su madera prende muy rápido. Mirta Ñancunao, actual werken (vocera) del Parlamento mapuche–tehuelche de Río Negro, dice sobre la plantación de pinos que  “fue un negocio muy importante en los años 70 y 80, porque al que plantaba le daban la propiedad de la tierra. Así hubo gente que se fue quedando con tierras de las comunidades indígenas y de los antiguos pobladores. Ahora, esas plantaciones están abandonadas porque la madera de pino dejó de ser rentable. Nadie las cuida ni las limpia y los pinos invadieron todo”.

En Neuquén, el incendio en el Valle Magdalena, zona del Parque Nacional Lanín, sigue sin ser controlado. El último informe, con fecha del 18 de febrero, del Comando Unificado que opera en la Estancia Mamuil Malal, indica que el fuego ha arrasado aproximadamente 22.131 hectáreas y continúa avanzando.

Fuego y montajes

La Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, al cargar contra el intendente de El Bolsón, Pogliano, aseguró que “además de convalidar la violencia ejercida por su fuerza de choque, los gauchos, que también defienden a su patrón Joe Lewis”. Y apuntó que “otro actor que se suma a este montaje criminal y racista es el gobernador Weretilneck con su plan minero, de represas hidroeléctricas y de extranjerización de la tierra”.

En su reciente declaración exhortaron a “las comunidades y pobladores del Pueblo Mapuche Tehuelche, a las organizaciones territoriales y productivas de la sociedad, gremios, organizaciones sociales a defender el territorio frente al avance de los grandes poderes económicos sustentado en políticas racistas, anti mapuche, extranjerizante de la tierra de los gobiernos y avalado por un poder Judicial cómplice que legitima con sus fallos judiciales el despojo de las tierras comunitarias y la criminalización sin pruebas”.

 

«Si no somos nosotros, ¿quién?»

«Si no somos nosotros, ¿quién?»

Ante la ausencia estatal, la solidaridad colectiva asiste a los habitantes de la Patagonia que sufren el drama de los incendios. Múltiples colectas y actividades a beneficio se organizaron en distintos puntos del país.

Desde diciembre de 2024, la Patagonia enfrenta una devastadora serie de incendios forestales que han consumido más de 37.000 hectáreas de bosques nativos, afectando gravemente a las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. El fuego ha causado al menos un muerto, la destrucción de 120 viviendas y la evacuación de más de 500 familias.

La falta de aviones hidrantes, equipos adecuados y cuadrillas de combate agrava la situación, dejando a las poblaciones locales en una lucha desigual contra el fuego. Ante la ausencia de un plan de contingencia estatal eficiente, la organización comunitaria se convierte en el principal sostén.

La solidaridad se activó en distintas ciudades del país. Vecinos, organizaciones y comercios impulsaron colectas para asistir a las comunidades afectadas. Las donaciones —guantes, lentes de protección, mochilas de agua forestal, baterías para linternas, colchones, ropa y alimentos— llegan a la Patagonia en autos particulares, camiones y por medio de transferencias directas a los municipios perjudicados. También se involucraron algunos artistas, como María Becerra, que le valió una catarata de expresiones de odio del presidente Javier Milei.

«Estábamos todos con ganas de ayudar, pero si no hacíamos algo concreto, iba a quedar solo en el boca a boca. Entonces, hice un flyer y lo empecé a compartir», cuenta Juliette Ramone en diálogo con ANCCOM, trabajadora de Strummer Bar y una de las organizadoras de una colecta en Capital Federal.

El bar prestó su espacio como punto de encuentro para recibir donaciones, y algunos de sus trabajadores se encargaron de organizar la colecta y coordinar el envío de ayuda a las zonas afectadas. “La iniciativa surgió cuando una compañera que tiene familia en el sur contó que estaba juntando cosas para enviar por encomienda», explica Flora, otra de las organizadoras. “Nos mandó lo que más necesitaban: guantes, lentes de protección, mochilas de agua forestal, baterías para linternas, porque los bomberos voluntarios y los vecinos están combatiendo el fuego sin descanso y no dan abasto. También ropa, colchones y alimentos para las más de 300 familias que perdieron sus casas», continúa Juliette.

Entre quienes se acercaron a donar estuvo Catalina, una vecina del barrio. «Vi el flyer en la agenda semanal del bar y además tengo amigos que tocan ahí, así que estuvieron difundiendo la colecta. Vivo cerca y siempre estoy atenta a las movidas solidarias que organizan», explica. Además de informarse por redes sociales, Catalina también vio carteles en la calle que invitaban a colaborar. «Siempre que puedo trato de aportar algo», agrega.

Desde otro espacio, La Disidente también impulsó acciones para visibilizar la emergencia en la Patagonia. Sebi, uno de los integrantes de la colectiva, resaltó la importancia de articular esfuerzos: «Tenemos muchas conexiones con El Bolsón y otras localidades afectadas. Nos parece importante aportar desde acá y visibilizar que estos incendios no son casuales, son intencionales». La Disidente, que trabaja en territorio y avanza en su transformación en cooperativa, organizó un festival en San Martín con el doble propósito de recaudar fondos y generar conciencia. «El fuego es ancestral, pero el incendio es provocado. Es una estrategia para vender esos territorios a multinacionales y despojar a las comunidades originarias», advirtieron.

El colectivo Arte por la Patagonia también organiza eventos culturales para reunir fondos y visibilizar la problemática. «Lo que ocurre en el sur no es solo una emergencia ambiental, es una crisis política. Las comunidades originarias y quienes resisten en el territorio necesitan apoyo urgente», expresaron desde la organización.

El colectivo Arte por la Patagonia organizó eventos culturales para reunir fondos y difundir la problemática.

La combinación de factores climáticos, como sequías prolongadas y olas de calor extremo, junto con la acción humana, ya sea por negligencia o intencionalidad, ha incrementado la frecuencia y magnitud de los incendios forestales. Según datos oficiales, en 2021 se incendiaron en Argentina 302.000 hectáreas, y en 2024, los incendios forestales en la región de los Bosques Andino Patagónicos afectaron 7.747 hectáreas, el 90% en la provincia de Chubut.

«A pesar de la magnitud de estos incendios, no hay nuevas respuestas del Estado. No se anunciaron políticas integrales de prevención ni un plan eficiente para combatir el fuego. La falta de recursos y estrategias a largo plazo nos deja en una situación de vulnerabilidad extrema. Acá, la única respuesta viene de la gente, de la organización autogestiva y la solidaridad. Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién lo va a hacer?», se pregunta Marta, quien organiza colectas en el patio de su casa en Quilmes para enviar ayuda a su hija en El Bolsón.

Donde hubo fuego, causas penales (a mapuches y brigadistas) quedan

Donde hubo fuego, causas penales (a mapuches y brigadistas) quedan

Con el objetivo de señalar algún culpable y disimular el abando del Estado en la prevención, las autoridades patagónicas criminalizan a pueblos originarios y voluntarios. También allanaron y destruyeron una radio.

“Quien tenga estos libros en su biblioteca estaría en peligro como lo estoy yo, así actúan las dictaduras”, dice visiblemente afectada la referente mapuche Moira Millán, desde su comunidad Pillán Mahuiza, en Chubut. Un comando conjunto de fuerzas estatales allanó su casa y secuestró Feminismo Negro de Angela Davis, Pampas y Lanzas de Liborio Justo, El Niño Resentido de César González, Mujeres, vida y libertad de Rosa Luxemburgo; la historia de las Madres de Plaza de Mayo, Los caminos del Zapatismo y Derecho de las Mujeres Indígenas, entre otros de sus libros. Millán enfatiza que si se concreta la amenaza del gobernador Ignacio Torres de desalojar la Lof Pillán Mahuiza “estaría desconociendo el estado de derecho y los convenios internacionales”. Al borde de las lágrimas, y tras exigir la inmediata libertad de la mapuche Victoria Núñez Fernández, Millán cierra: “Soy una mujer mapuche pero también soy escritora, los libros han abierto mi mente, defendamos el derecho a pensar, a escribir y a leer, la democracia para todos, no sólo para la blanquitud, me estoy enterando de que me quieren encarcelar, quizás este sea mi último video, ante las difamaciones guarden mi verdad”.

El pasado martes 11 de febrero se realizaron diversos allanamientos en comunidades mapuche–tehuelches tales como las Lof Cañío, Catriman Colihueque y Nauelpan, entre otras, y en algunos domicilios de Esquel, en el marco de las causas que investigan la intencionalidad de los incendios en la Patagonia. También fue allanada una radio comunitaria, FM la Petü Mogeleiñ. En paralelo, Patricia Bullrich, quien tiene a su cargo el Sistema Nacional de Manejo del Fuego dentro del Ministerio de Seguridad, apareció en El Bolsón anunciando la creación de una nueva oficina burocrática: la Agencia Federal de Emergencia. El anunció sorprendió porque en el último año se subejecutó el presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego y fueron despedidos casi quinientos brigadistas.

Moira Millan.

Bullrich también señaló que caerán “con toda la fuerza de la ley a aquellos que incendian”. Mientras tanto, el fuego continúa, algunos focos en El Bolsón se van enfriando, pero la ayuda gubernamental no llega y los vecinos en las redes sociales agradecen a Dios y a la Mapu cuando llueve.

“Estos van a ser declarados, por el Artículo 41, como terroristas”, escribió Bullrich en X (ex-twitter), para referirse a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), y para anunciar la detención de “una incendiaria terrorista pseudo mapuche”. La detenida es Núñez Fernández de 33 años, integrante de la Lof Pillan Mahuiza. En estos momentos se encuentra privada de su libertad en la Comisaría 1 de Esquel. Estuvo incomunicada desde el momento de su detención, y en ningún momento se le hizo saber por qué acción concreta estaba imputada. El 12 de febrero a las 12 se realizó la audiencia en la oficina judicial para definir su situación procesal. Luego, el juez penal Jorge Criado dictó, a pedido de la Fiscalía, la prisión preventiva por 60 días para esta mujer.

Núñez Fernández fue detenida en el contexto de allanamiento en Pillán Mahuiza, ubicada cerca de Corcovado, a 100 kilómetros de Esquel. “Las fuerzas especiales entraron a la fuerza, no querían mostrar la orden de allanamiento, rompieron puertas y ventanas, nos hicieron tirar a todos en el piso y a algunos le pusieron precintos en las manos”, explicó Evis Millán, hermano de Moira Millán weichafe (guerrera) de la comunidad.

En la radio comunitaria FM Petü Mogeleiñ, la policía provincial irrumpió en la radio sin avisar y sin orden de allanamiento, rompieron las cerraduras del local donde se encontraba el transmisor, la sala de operación y la de locución” , informan desde la radio. También rompieron la habitación de archivo que se encuentra en el lateral de la edificación, el SUM de la radio y una vivienda cercana. Durante el allanamiento también tiraron materiales diversos, comida y aparatos costosos que le permiten a la radio salir al aire, entre ellos, dos CPU que también les posibilita retransmitir por streaming. 

La semana pasada ANCCOM informaba sobre el inicio de las detenciones, primero a brigadistas y luego a mapuches, que en su mayoría terminaron con los imputados en libertad por falta de pruebas. Sin embargo, además de Núñez Fernández permanece detenido el albañil neuquino Nicolás Heredia, que estaba de vacaciones y acudió a llevar comida a los brigadistas que luchaban contra el fuego en Mallín Ahogado. Varios organismos de derechos humanos levantaron su voz por la cacería de brujas que está llevando adelante el Poder Judicial, tal como lo expresó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Por su parte, ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dijo que “la prisión preventiva a Nicolás Heredia y los allanamientos a medios de comunicación mapuche muestran una tendencia preocupante en el sistema penal en la Patagonia: la criminalización de defensores ambientales y el hostigamiento a comunidades indígenas”.

 

La conferencia de prensa del gobernador de Chubut

El gobernador Ignacio «Nacho» Torres encabezó una conferencia de prensa este martes 11, en donde se explayó sobre los allanamientos realizados. La conferencia fue titulada como “El atentado en Trevelin expone la red de responsables de los incendios en la provincia”, y en ella expuso una cronología de los hechos, un tanto particular. Comenzó mencionando el 2 de enero como el anuncio del desalojo de la “ocupación ilegal’’ en el Parque Nacional Los Alerces desde el 2020. En ese año el gobierno de Alberto Fernandez reconoció desde el Estado que esas tierras le correspondía al pueblo mapuche–tehuelche Lof Paillako, sin embargo el actual gobierno mantiene su postura de decir que fue una ocupación ilegal.

Torres continuó con el 9 de enero, el día del desalojo, que lo tituló como el día que “recuperamos las tierras tomadas”. Y afirmó que “menos de una semana después del desalojo, se inició el incendio intencional en Epuyén”. El mandatario provincial expresó que “muchas teorías conspiranoides de terraplanistas hacían referencia a grandes terratenientes que prendían fuego sus campos para lotear y vender las tierras, acá no hay grandes terratenientes.”. Sin embargo, nada dijo de los empleados del magnate británico Joe Lewis pretendiendo impedir el despegue de un avión hidrante y el ataque de un grupo similar, “la patota de gauchos armados con cuchillos” cuando se fue a pedir por la libertad de los brigadistas acusados la semana pasada. También hubo sospechas respecto al destino de las tierras quemadas, porque el presidente Javier Milei había anunciado que derogaría la ley que impide su venta por 60 años, algo que finalmente no sucedió.

En su cronología, acompañada por un Power Point, siguió con el 18 de enero como el día del “atentado incendiario” en la Estancia Amancay de Trevelin. Según Torres, a partir de esta situación se pudo “ver la vinculación entre los distintos focos y los responsables del atentado hecho con bombas molotov”. En ese punto acusó a Victoria Núñez Fernández, a Luisa Vanesa Roldan, a Lianca Millán, a Mau Belen Jones y a Moira Millán de “refugiarlos en una propiedad usurpada cerca de Corcovado”. Esa “propiedad usurpada” es la Lof Pillán Mahuiza, la que fuerzas especiales allanaron violentamente el 11 de febrero sin mostrar la orden judicial y detuvieron a Victoria Núñez Fernández. 

Finalmente Torres sostuvo que “el 4 de febrero denunciaron penalmente a Jones Huala, y dos días después se iniciaron seis focos de incendio simultáneos en El Pedregoso, y un día más tarde en Cholila”. Para Mirta Ñancunao, de la comunidad mapuche Las Huaytecas y werken (vocera) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche–Tehuelche de Río Negro, “estos incendios es el medio que utilizan los gobiernos para despojar a comunidades y campesinos”. El condimento de la ensalada de datos que presentó Torres, como siempre, es la RAM, cuya actividad en la Patagonia es mucho menos protagónica que los funcionarios de derecha pretenden.

 

Por su parte, la Red Enfoques de medios comunitarios, alternativos y populares de la Patagonia afirmó: “Todavía desconocemos los motivos judiciales de este operativo, pero sabemos las razones políticas: buscar chivos expiatorios, perseguir y estigmatizar al pueblo mapuche–tehuelche, y a todo tipo de solidaridad comunitaria”. Y agregó que “no es casual la presencia en la zona de Patricia Bullrrich y de Luis Petri como ministros represores del gobierno nacional, sumado a las reiteradas declaraciones del gobernador de Chubut Ignacio Torres en contra del pueblo mapuche. Es claro que forma parte de una maniobra mediática, política y judicial represiva, en lugar de combatir el fuego y asistir a las familias damnificadas.”

El pasado fin de semana, en su show en Neuquén frente a medio millón de personas, Maria Becerra pidió donaciones por los incendios en la Patagonia. “Hay que visibilizar la situación, y sí el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros. Demostremos que Argentina es un pueblo solidario”, dijo la cantante. Al igual que cuando atacó a Lali Espósito, el presidente Javier Milei, vía historias de Instagram, respondió con un meme que dio a entender que la cantante quiere hacer plata con esa causa. 

 

Fuego, criminalización de la protesta y represión en la Patagonia

Fuego, criminalización de la protesta y represión en la Patagonia

Mientras arden 20.000 hectáreas de Río Negro, Chubut y Neuquén, acusaron a tres brigadistas que voluntariamente apagaban las llamas. Represión a los vecinos que se manifestaban en su solidaridad.

Cuando apenas pudieron ser controlados los incendios en Puerto Madryn, Parque Nacional Nahuel Huapi y Lanín, ahora arde la Comarca Andina. El fuego ya arrasó con más de 20.000 hectáreas en la Patagonia. En Río Negro van 8.000 en Los Manzanos y 2.700 en Mallín Ahogado, mientras que en Chubut fueron 3.500 hectáreas en Epuyén y 3.200 en Atilio Viglione. En la provincia de Neuquén, se quemaron 3.700 hectáreas del Parque Lanín. El fuego en El Bolsón comenzó en la zona del Cajón del Azul, entre los lagos Puelo y Escondido, y ante la falta de recursos para sofocarlo se expandió en pocas horas abarcando 2.000 hectáreas, lo que puso en peligro al pueblo de Mallín Ahogado. Sin embargo, la pesadilla de los pobladores, que emprenden ellos mismos el combate contra el fuego, no termina con la pérdida de sus casas y su hábitat, por estas horas están siendo acusados de haber iniciado las llamas los mismos brigadistas que intentaban apagarlas, y los vecinos que salieron a solidarizarse con ellos fueron atacados por patotas parapoliciales. Hay dos mujeres que siguen detenidas, y a uno de los presos le dictaron prisión preventiva.

“Metieron presos a tres pibes que estaban colaborando para apagar el fuego y se los llevaron como supuestos responsables de los incendios de Mallín Ahogado”, dice Soraya Maicoño, referente mapuche de El Bolsón. “Realmente la situación está cada vez más caótica, la fiscalía no atiende a nadie. Se está usando esto como excusa para hablar de terrorismo y así militarizar la Comarca Andina. Acudió mucha gente afuera de la comisaría 12 de El Bolsón, pero apareció una patota de ‘gauchos’ armados con cuchillos y palos, la policía no hizo nada, urge armar una comisión de derechos humanos, de diferentes ciudades que puedan observar lo que está pasando. Lo digo como vecina, como mapuche y como madre”, agregó. “Sí decís que el fuego fue intencional ellos lo usan a favor, y entonces mandan a quemar más todavía, como ayer (por el martes 4) incendiaron tres lugares distintos”, informó. Maicoño, quien es además locutora y titiritera, se refiere a los recientes seis focos nuevos que se iniciaron en El Guadal. 

Los detenidos fueron Nicolas Heredia, Tomás Anarella y Fabián Pazos, brigadistas autoconvocados, conocidos por todos en la Comarca Andina, que estaban ayudando a apagar el incendio. Ante lo que los vecinos consideraron que es una falsa acusación muchos de ellos fueron a la comisaría a reclamar por la libertad de los tres acusados. Sin embargo, en esa manifestación espontánea aparecieron hombres con vestimenta de gauchos a caballo que arremetieron contra estas personas y lastimaron a algunas, ante la mirada pasiva de los policías.

Anarella y Pazos ya recuperaron su libertad porque no había ninguna evidencia para justificar su detención, pero para Heredia el viernes 7 se llevó a cabo una audiencia por cargos. Fue la primera vez que el abogado Rubén Marigo, de la APDH, pudo ver la causa que investiga el delito de tentativa de incendio. “La situación es muy compleja, hay una verdadera cacería de brujas, a Heredia lo acusan de un delito excarcelable pero de manera muy extraña le dieron un mes de prisión preventiva”, dijo el letrado a ANCCOM sobre la causa que impulsan los fiscales Francisco Arrién y Martín Lozada, en el juzgado de Ricardo Ganduglia. Hay otras dos mujeres detenidas en esta misma causa, alojadas en la comisaría 27 de Bariloche. “Esto se convirtió en un caso político”, sentenció Marigo.

Garantías suspendidas

“La policía se negó a intervenir, cuando comenzaron los ataques directos, donde hirieron a una compañera y nos golpearon a muchas otras, buscamos refugio dentro de la comisaría, pero nos sacaron a patadas, insultos y palazos. Nos cerraron la puerta y nos dejaron a merced de la patota”, dijo Marianela Saavedra a esta agencia. “La policía suspendió todas nuestras garantías constitucionales para que nos hicieran lo que hicieron. Los vecinos lograron sacarnos de ahí, con la excusa de que querían linchar a los acusados de los incendios”, agregó. 

Diversos testimonios vinculan a la patota con un terrateniente de la zona, el empresario británico Joe Lewis, que es quién cerró el acceso público al Lago Escondido, y a la Municipalidad de El Bolsón. Victor Hugo Araneda, quien encabeza a esta patota, trabaja en el 911 policial.

Toda esta tierra arrasada por el fuego coincide con que se agregó a la Ley Bases el Artículo 517, que deroga la Ley 27.604, que prohibía la venta o cambio de uso de suelo de superficies incendiadas durante 60 años para fines agropecuarios o inmobiliarios. Además, desde el pasado 30 de diciembre, mediante el decreto presidencial 1136/2024 que modificó la Ley de Ministerios, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego pasó a estar a cargo del Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich. Ahora el Plan Nacional de Manejo del Fuego se encuentra disminuido por presupuestos devaluados e insuficientes para afrontar la crisis climática. La asistencia del Estado se limitó a dos aviones hidrantes, un helicóptero y brigadistas con contrataciones temporales, lo cual provoca que los equipos de combate no puedan concentrarse en uno de los grandes focos sin desatender al resto. A modo de ejemplo, el plan de gestión ante incendios presentado por los vecinos nunca fue tratado en la Legislatura rionegrina, y para las 65.000 hectáreas que comprende la Comarca hay solamente seis guardias medioambientales.

En su libro El colapso ecológico ya llegó (Siglo XXI, 2020), Maristella Svampa y Enrique Viale afirmaron que “el negacionismo responde a una matriz ideológica ultraliberal y conservadora, que objeta el rol regulador del Estado. (…) Desde esta perspectiva, cualquier intervención reguladora del Estado supone un atentado contra la libertad de mercado y, por ende, contra la libertad individual. No es casual que los sectores ultraconservadores defensores del libre mercado vean en el ecologismo un renacimiento del socialismo por otros medios. Las demandas de los ecologistas, que exigen al Estado la instrumentación de políticas públicas destinadas a regular las emisiones de gases de efecto invernadero, son entendidas como una nueva trampa asociada al comunismo”. 

Al gobierno de Javier Milei le calza perfecto esta definición. El Ejecutivo nacional Promueve discursos de odio y acusa de “zurdo hijo de puta” a todo aquel que considere necesario el uso de políticas públicas. El gobierno también busca crear constantemente un enemigo interno a quien acusar, para el común de la sociedad. Si no es la comunidad LGBT+, son los estudiantes universitarios, los científicos, los investigadores del CONICET, los jubilados o los pueblos indígenas. Todos señalados como el virus woke. Son el árbol que el gobierno usa para tapar lo que ocurre en el bosque.

Esa vieja costumbre de incendiar

Esa vieja costumbre de incendiar

Denuncian a los dueños del Ingenio La Esperanza, en Jujuy, por desalojos de pobladores ancestrales, desmontes masivos de bosques y quemas que ponen en riesgo vidas y casas.

“Tengo toda la casa rodeada de fuego”, relata entre lágrimas María de los Ángeles González, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Jujuy e integrante de una de las familias afectadas por los incendios. “Trabajamos esta tierra desde 1906, pero ahora los nuevos dueños del Ingenio La Esperanza, la Productora del Noroeste (del Grupo Budeguer), desconocen nuestros derechos posesorios”, señala González.

El sábado 7 de diciembre la familia denunció nuevamente que los actuales dueños del ingenio desconocen sus derechos ancestrales y continúan desmontando los territorios donde viven y producen sus alimentos. “Siguen destruyendo el bosque, queman los árboles añejos que derribaron con cadenas y máquinas», expresa con pesar la campesina jujeña. “El sábado dejaron los cordones de desmonte que rodeaban nuestra casa, luego de que ellos arrasaran con nuestros potreros. Hoy ya empezaron a cavar una zanja alrededor de nuestra casa y corrales sin ninguna orden judicial”, comenta González. «El fuego llega hasta nuestra casa y pone en peligro nuestras vidas», añade.

En 2019, la provincia de Jujuy vendió el Ingenio La Esperanza a la Productora del Noroeste junto con las tierras, desconociendo las numerosas posesiones familiares dentro de ellas. A las familias ya desalojadas les destruyeron todo con máquinas topadoras. Mientras tanto, aquellas que aún permanecen en sus tierras enfrentan restricciones de acceso a los campos donde desarrollan la ganadería. “Por caprichos de Budeguer, no permiten que entren mis hijos ni otros familiares; mis padres, que son personas mayores, están solos. El humo llegó hasta su casa, que es de madera, y entraron en pánico al ver el fuego a solo cinco metros de la vivienda», precisa González.

Las últimas negociaciones entre los campesinos jujeños y la empresa cañera tucumana transcurrieron entre julio y agosto, pero no fueron exitosas. Los despojos comenzaron a mediados de julio, cuando, con la orden del juez de Control, Sergio González, varias familias del paraje Los Arrozales vieron cómo las maquinarias arrasaron con la vegetación y presenciaron la quema de pastizales. Una de las afectadas fue Amanda Delina Molina junto a su hija, María José Gaypare, quienes se quedaron en su vivienda ubicada en el monte resistiendo la avanzada de la empresa. El 29 de agosto las mujeres fueron detenidas, acusadas por usurpación, y trasladadas a la Comisaría 52 del barrio La Merced, en San Pedro. Desde ese entonces, campesinos y campesinas han denunciado constantes hostigamientos por parte de Productora del Noroeste S.A.

González llamó a la Dirección de Incendios Forestales en San Pedro para denunciar que la empresa cañera estaba quemando y ponía en peligro la vivienda. “Nos dijeron que, si bien la empresa tenía permiso para quemar, debía tomar recaudos para no afectar los puestos”, relató. Desde el organismo público jujeño confirmaron la denuncia y el permiso de quema controlada a favor de la compañía, pero dieron una versión diferente sobre el peligro del fuego sobre la vivienda de los puesteros. El jefe de Cuadrilla, Hugo Núñez, explicó que enviaron personal para verificar la situación y que, según el informe recibido, el fuego estaba controlado y no representaba un peligro para la vivienda de la familia González.

La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) expresó en un comunicado que, gracias a la tecnología, han podido ser testigos de las agresiones hacia las familias, que incluyen amenazas, golpizas, incendios y la demolición de sus viviendas con topadoras. «Niños corren a esconderse en el monte, mientras las mujeres no pueden más», denuncian. Además, critican la falta de políticas efectivas para regularizar la propiedad de la tierra: “Llegó la hora del debate crucial. No tenemos ni Ley de Reforma Agraria (Bolivia, México) ni institutos de Colonización o similares (Uruguay, Brasil), ni políticas de regularización dominial efectivas (Chile) para el campesinado, los pueblos originarios y los trabajadores rurales”. “Vamos a resistir a este gobierno y sus políticas represivas y racistas”, concluyen.