Sep 30, 2022 | Comunidad, Destacado 3
En Diputados, a pedido de los jefes de bancada, volvió a suspenderse el tratamiento en comisión de la Ley de Humedales. Diversas organizaciones sociales protestaron ante el Congreso y apuntaron contra los “lobbys extractivistas” por las trabas al proyecto, que busca preservar un medio ambiente en vías de destrucción.
No se puede respirar”. “Ecocidio = muerte”. “Ley de Humedales ya”. Los carteles en las afueras del Congreso de la Nación gritan. Tampoco se salvan las paredes: “Ecocidas”, acusan sobre el muro lateral del edificio unas letras en tinta roja rodeadas de manos del mismo color, simulando sangre. Sobre Avenida Rivadavia, entre Riobamba y Callao, se escuchan cantos, proclamas por megáfono y pronunciamientos amplificados por un parlante. También hay tambores tocados por un montón de percusionistas sonrientes. Adentro el silencio: durante la noche del miércoles se confirmaba la suspensión del plenario previsto para ayer a las 10, del que podía haber salido un dictamen para posibilitar la sanción de la Ley de Humedales.
El proyecto de Ley, redactado por el Diputado Leonardo Grosso en el año 2020, dispone la creación de un Inventario Nacional de Humedales con el fin de reunir la información necesaria para protegerlos, recuperarlos y monitorearlos. Además, establece una serie de criterios de gestión, entre los cuales se cuenta el hecho de que las Jurisdicciones deberán limitar todo desarrollo urbano, agropecuario, industrial y de vuelco de desechos que pueda afectar la integridad de los humedales, y deberán, además, exigir la aplicación de procesos de Evaluación de Impacto Ambiental y declaraciones claras a este respecto por parte de cualquier empresa o entidad cuyas actividades puedan afectar a los humedales. El proyecto también establece la creación de una Autoridad Competente para cada Jurisdicción y de una Autoridad de Aplicación a nivel Nacional, así como la conformación de un Fondo Nacional de Humedales para financiar las acciones previstas por la ley, y contempla sanciones para quienes la incumplan.
Al parecer, estas condiciones no contentan a los empresarios ganaderos, ni a los agrícolas, ni a la Unión Industrial Argentina. Tampoco a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, ni a los gobernadores del Norte Grande. “Ellos consideran que esta ley es limitante a su producción, y al extractivismo”, explica Sofía, de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu). Para ella, detrás de la suspensión del plenario “se encuentran los distintos sectores del extractivismo, tanto inmobiliario, como minero, como del agronegocio, ganadero, y también las petroleras”, y reflexiona: “Ahí no hay grietas, hay un acuerdo implícito y ahora explícito, por eso frenaron el debate”. Cuando habla de una ausencia de grietas se refiere a la maniobra que terminó de forzar el plenario hacia la suspensión: una nota breve, concisa, dirigida a la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau en la que los siete jefes de las bancadas solicitaron posponer el plenario “con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales”. La firmaron Germán Martínez (Frente de Todos, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Rodrigo De Loredo (Evolución Radical), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal).
También los gobernadores del Norte Grande emitieron un comunicado en el que expresaban estar de acuerdo con que haya una ley de humedales, pero contemplando un “equilibrio” que garantice las actividades productivas, las cuales según ellos podrían verse afectadas por la Ley. Muy similar a esta postura fue la esgrimida por los empresarios ganaderos, agrarios y mineros, aunque con mucho menos tacto: “Los proyectos, de aprobarse, dejarían a nuestro país sin industria minera”, amenazó la Cámara Argentina de Empresarios Mineros el miércoles, en un comunicado que simula preocupación por los puestos de empleo y los ingresos nacionales.
Un hombre de traje y corbata con dos signos de pesos en lugar de pupilas se prende fuego desde un escritorio. “Destruir humedales es ecocida, no sancionar la ley también”, reza la ilustración. Es el cartel que sostiene Patricia, otra integrante de ReNaHu. Para ella, los lobbys que frenaron la discusión de la Ley demuestran ser “los poderes fácticos que tienen capacidad de incidir sobre la política”, y desean continuar con sus prácticas extractivas sin ningún tipo de regulación. “Lo que viene a establecer la Ley De Humedales no es prohibición sino regulación”, aclara desde la esquina de Rivadavia y Riobamba mientras los tambores empiezan a sonar más alto y las organizaciones van avanzando hacia el centro de la calle. “Los ambientalistas estamos muy unidos, más unidos que nunca, y lo único que nuestra ley plantea es hacer realidad con respecto a los humedales los principios que están en la Constitución y en la Ley General del Ambiente”, agrega su compañera Graciela.
Unos pocos guardias de seguridad custodian la entrada lateral del Congreso, mientras a pocos metros delante suyo, sobre la misma vereda y un poco más allá del cordón se va formando una ronda que tiene como centro un pequeño fuego. Hay organizaciones sociales como el Movimiento Evita, la UTEP, la Vía Campesina, Jóvenes por el Clima y varias agrupaciones pertenecientes a partidos de izquierda. Rosario, una integrante de Ambiente en Lucha (organización ambiental dentro de Izquierda Socialista), también apunta a los lobbys empresariales como los responsables de la suspensión del debate: “Lo van a querer estirar lo más que se pueda para que no se debata y para justamente poder mermar el gran activismo que hay en las calles”, asegura mientras sostiene una de las cañas de la bandera de su organización, y enfatiza en la importancia de pelear por el proyecto de Ley de Humedales consensuado en 2020, sin admitir modificaciones que cedan ante los lobbys.
Sobre la vereda, integradas en la ronda que se formó en torno del fuego, van tomando el micrófono distintas personas que de vez en cuando levantan un mar de aplausos y pronuncian sus consignas encima del rumor incesante de los tambores. Así, por ejemplo, Eduardo del Frente 22 de Agosto toma la palabra para aclarar que no fue, como algunas personas habían dicho, decisión de Leonardo Grosso suspender el debate de hoy. Antes, un hombre llamado Martín, de la Asamblea Delta y Río de La Plata, tomó el micrófono para denunciar que fue expulsado por la seguridad del Congreso cuando en el marco de una de las jornadas de debate cuestionó la influencia de los lobbys sobre los legisladores. “Los representantes del pueblo están representando a los lobbys, y por eso no termina nunca de tratarse, hace diez años que venimos con esta ley”, remarcó.
“Estoy acá porque creo que todo fuego es político”, afirma Sol, una mujer autoconvocada que habla de manera concisa y resuelta mientras sostiene un cartel que reza “Somos río”. A las doce del mediodía y las organizaciones sociales van desconcentrando. Los percusionistas son casi los últimos en irse, pero de a poco van dejando de tocar. Las banderas se pliegan, los carteles que había en el piso se levantan. Un joven apaga el fuego pequeño y controlado que habían montado frente a la entrada lateral del Congreso. Ahora quedan otros por apagar, mucho más grandes.
Sep 14, 2022 | Comunidad, Destacado 3
Un mapa del lobby agrario, inmobiliario y político que logró frenar el proyecto de ley mientras aumentan los incendios en todo el país.
A lo largo del 2020, en Argentina, el número de incendios forestales fue mayor a 74.000, un 150% más en comparación con 2019. Durante 2021, el país quedó como el tercero de Latinoamérica con mayor número de quemas boscosas, luego de Brasil y Bolivia. Solo durante este año, aunque la cifra disminuyó, pueden contarse alrededor de 10.000 focos de fuego, la mayoría generados en el Delta del Paraná, aunque también en las ciudades de Rosario, Córdoba, Corrientes y un total de 12 provincias afectadas, dejando 130.000 hectáreas arrasadas por el fuego.
Esta situación trae aparejada una degradación en las condiciones del suelo, que en las zonas de humedales -el 21% del territorio del país- afectan su cualidad absorbente y conllevan a la pérdida de la capacidad de depurar el agua dulce, conduciendo a su reducción. Esto comprende, no solo una alteración del ciclo del agua y la alerta de una crisis hídrica, sino también el exterminio paulatino de la biodiversidad del ecosistema.
Desde 2013 se impulsan diferentes proyectos de ley que buscan atender a la situación de los humedales. Algunos han obtenido la media sanción en la Cámara de Diputados, pero las veces que esto ha sucedido, los proyectos en cuestión han terminado por perder su estado parlamentario. Así ocurrió tanto en 2015 como en 2018. En este sentido vale preguntarse, ¿qué -o quién(es)- está(n) frenando la aprobación de la Ley de Humedales? ¿Por qué hace casi una década no logra llegar al Senado? ¿A qué sectores les perjudica la conservación de ecosistemas que producen vida?
“En países como el nuestro, el avance sobre la naturaleza se ve como un deber, y el extractivismo como el progreso. Esa es la distorsión de aquellos que se benefician de eso. Lo que llaman progreso no es más que destrucción del hábitat y la posibilidad de toda forma de vida”, afirma en diálogo con ANCCOM, Graciela Falivene, arquitecta especializada en Planificación Urbana y Regional e integrante de la Red Nacional de Humedales (RENAHU).
En nombre del progreso se han organizado catástrofes. La racionalidad instrumental que se instaló como paradigma en los inicios de la modernidad impulsó la idea de la naturaleza como recurso, como medio para un fin. Esto llevó a dividir las cosas en la capacidad que tienen para producir y generar un rédito. Es este mismo razonamiento el que categoriza a los humedales como el Amazonas, la selva chaqueña o los Esteros del Iberá como zonas “improductivas”.
“Lo que producen los humedales es biodiversidad, oxígeno y vida”, explica la arquitecta. En este sentido comenta que “el extractivismo urbano y las ventas se presentan como el deber ser de la actividad, cuando este debería ser garantizar la vida”.
Vista aérea de la ciudad de Rosario invadida por el humo de los incendios del Delta del Paraná.
El extractivismo deja una huella que repercute en el resto del ecosistema. Si una saca una pieza de un motor, este no vuelve a funcionar de la misma manera. La naturaleza, pensada como un sistema, sigue el mismo razonamiento. “La deforestación no es gratuita. Ese ciclo del agua que nos enseñaban en la escuela cuando éramos chicos se está cortando. Hay menos cantidad de agua potable en ese ciclo. Estamos en medio de una crisis hídrica”, señala Falivene.
Saquear los recursos naturales no es una cuestión que date de hace poco. La novedad se deja ver en los efectos que están teniendo hoy todos esos impactos que ha tenido la industria sobre el ambiente, que ha sido posible gracias a una negligencia generalizada. En esta línea, la arquitecta afirma que “toda forma de extractivismo busca negar la participación de los humedales en el ciclo de la vida. Lo usan para un ciclo de producción extractivista y lo hacen sacando el agua de las salinas para extraer un mineral o retirando el agua de un humedal del alto valle para conseguir petróleo”.
¿Cómo se identifica esa negligencia? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Quiénes arman el lobby? “Es una complicidad repartida en distintos actores que son empresarios, políticos y jueces, porque para que esto suceda hay una falta de control, fallos de la justicia que nunca llegan, y eso alienta una continuidad de las mismas prácticas en las que muchas veces estos sectores aparecen asociados a los mismos”, asegura Rodolfo Martínez, miembro de la Multisectorial de Humedales, que al pasar da el ejemplo del intendente de la ciudad de Victoria. Se trata del político entrerriano perteneciente a Juntos por el Cambio, Domingo Maiocco, un empresario agropecuario, fundador de Maiocco Cereales SA y además presidente de la Sociedad Rural de Victoria dos períodos consecutivos.
El diputado nacional del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación, Leonardo Grosso, expresó a ANCCOM en relación con esto, la existencia de “un argumento muy fuerte esgrimido por sectores del campo, centralmente la Sociedad Rural, sectores concentrados de la producción agrícola, arrocera o forestal, que plantean que la ley va a prohibir la actividad económica en estas zonas. La realidad es que es una ley de presupuestos mínimos de preservación, protección y restauración y uso racional de los humedales. No prohíbe nada, sino que plantea la regulación de estas actividades para evitar su daño ecológico”.
En una estrategia que trata de confundir, los sectores opositores “buscan ganar tiempo y entonces la política no avanza sobre una decisión muy importante como que el Estado regule la actividad económica, mientras que ellos solo maximizan sus ganancias a costa de destruir un ecosistema generando muchísima afectación al conjunto de la población”, repone el diputado.
Así como el sector agropecuario, también el inmobiliario, la minería, la industria del litio, los emprendimientos que funcionan en su interior, son algunos de los sectores del poder económico que tienen sus intereses en que no exista una ley que proteja los humedales. O por lo menos no en los términos del proyecto unificado que más de 400 organizaciones ambientales están impulsando, con el apoyo del diputado Grosso. “Estos sectores nos tratan de ‘anti productivistas’, pero nosotros no estamos en desacuerdo con el ejercicio de ciertas actividades siempre y cuando esté controlado”, aclara Martínez.
Una de las actividades económicas que se desarrollan en el Delta del Paraná es la cría de ganado. Para que las vacas se alimenten se necesita pasto tierno que puede conseguirse a través del rebrote. Para eso, en el pasado, los pueblos indígenas implementaban la práctica del “roza, tumba y quema”, muy común en la producción agrícola básica. Tanto el sector agrícola como el ganadero usan el argumento de la práctica milenaria para continuar realizando este procedimiento, pero hoy “no se puede hacer, porque hay un número de 1.700.000 vacas, sequía y bajante histórica del Paraná. No tiene el mismo impacto que hace 20 o 30 años.”, explica Grosso, y además comenta que el daño de todo eso “lo termina pagando el Estado: los subsidios a los productores de la provincia o a la población afectada por los incendios, los créditos también subsidiados, los recursos destinados a asistir a las familias, a los bomberos, a apagar el fuego”.
“Lo que planteamos es la incorporación de los humedales al Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT) -un instrumento del Estado para la integración de las variables ambientales, sociales y económicas para el desarrollo sostenible-, algo que todavía está en déficit de la Ley General del Ambiente, que nos parece una cuestión fundamental en este momento de crisis. Esto implica que los humedales no pueden pensarse aislados al resto del ecosistema y es lo que lo diferencia de los otros proyectos”, explica Falivene.
El proyecto tiene por objeto “establecer los presupuestos mínimos de la protección ambiental para la preservación y uso racional de los humedales”. El expediente toma la definición científica de humedales entendidos como “aquellos ambientes en los cuales la presencia temporaria de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes de los ambientes terrestres y acuáticos. Los rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo”.
Los rasgos de hidromorfismo son suelos que “retienen el agua y permiten que se dé ese flujo que también la depura y la mantiene como agua de calidad”. El “y/o” de la definición es crucial. Incluye, por ejemplo, extensiones como las salinas. Ese “y/o” fue dejado a un lado por el proyecto de ley del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), tomando la definición de Ramsar -un tratado internacional que apunta a la conservación y uso racional de los humedales-, que “no genera mucha preservación y para definir los humedales los enumera, dejando en esa lista una cantidad de cosas afuera”, comenta la especialista, y ejemplifica con “los humedales cuyos suelos están degradados que dejan de clasificar como tales, entonces se permite cualquier cosa, en lugar de restaurarlo”.
Siguiendo el razonamiento de la restauración, Martínez explica que “una de las cualidades de los humedales es que tienen una relativa rápida capacidad resiliente. Ahora si seguimos quemando sobre lo quemado esta ventaja se va agotando. Pero de ponérsele un límite, de controlar el territorio, de respetar las pautas fijadas por el Departamento de Ecología y Ciencias Ambientales (DECA), puede haber otro desarrollo territorial donde convivan las distintas variables económica, ecológica y productiva”. Una opción que la letra chica del proyecto de COFEMA deja de lado.
“Lo de COFEMA no queda claro. El proyecto de ley no fue presentado en el Congreso y no termina de entenderse si es una iniciativa de Ambiente o de las provincias. Además, quita varias competencias al Gobierno nacional y elimina los plazos para la construcción del inventario. Ahí hay una trampa: sin un inventario no puede saberse qué es lo que hay que proteger o cuáles son los lugares donde se debe regular la actividad”, afirma el diputado.
“No es casualidad la maniobra del COFEMA, a través del ministro Juan Cabandié. Además de la intromisión del Ejecutivo en una competencia puramente del Legislativo y con la complicidad del Poder Ejecutivo de todas las provincias. Es un proyecto de ley que licúa aquellas reivindicaciones de mayor conservación y seriedad. Se busca confundir al electorado con una manifestación a favor de una ley que no es la original ni está avalada por los movimientos, y hace que cualquier oyente despistado pueda creer que hay un real compromiso para solucionar el problema”, expresa Martínez. Además, comenta que las organizaciones, si bien fueron invitadas a formar parte del proyecto, lo hicieron solo en carácter de oyentes, “lo que no es una real participación de los movimientos”.
El 12 de agosto, el proyecto del diputado Grosso con el aval de las organizaciones, giró a las comisiones de Agricultura, Recursos Naturales y Presupuesto. En este marco, Grosso junto a los miembros de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados se reunieron el viernes pasado en el Concejo Municipal de Rosario para abordar el temaq de la Ley de Humedales. Se trató de un intercambio entre las organizaciones ambientalistas, autoridades políticas, la comunidad científica y distintos espacios políticos de la provincia afectados por la reciente quema en esta ciudad y los y las legisladoras para impulsar el debate en el Congreso.
“Queremos empezar a discutir nuevamente la Ley de Humedales. En el Congreso se vienen dilatando los acuerdos necesarios, que si bien hemos podido hacer acuerdos con la Comisión de Presupuesto, cuesta un poco construirlos con la Comisión de Agricultura, presidida por Ricardo Buryaile. Queremos hacer un tratamiento conjunto. Pero mientras tanto tenemos que iniciar el debate y qué mejor que en el lugar donde el fuego está haciendo estragos”, concluye Grosso.
“El productor no es un ‘depredador’, como lo quieren vender”, había declarado el formoseño Ricardo Buryaile, ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), y actual presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. El legislador cuenta también con un historial en el ruralismo gremial empresario. Empezó como miembro de la Sociedad Rural de Pilcomayo, y llegó a la presidencia de la Confederación de Sociedades Rurales de Chaco y Formosa (Chafor). Fue también vicepresidente segundo de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), hasta que se volcó en la carrera política a fines de 2009 para asumir como diputado nacional por la UCR de Formosa.
Entre los oradores de la reunión del viernes, expuso la abogada de RENAHU, Victoria Dunda, con un argumento claro frente a la dicotomía progreso industrial-recursos naturales. “Sacrificar los salares altoandinos para realizar autos eléctricos destinados a la clase media francesa no es negocio para la Argentina ni para la región. Si esto implica la destrucción de los reservorios de agua dulce, no es negocio cambiar agua por autos”, sentenció.
Uno de los reclamos recurrentes entre los expositores fue la efectiva aplicación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP), un acuerdo interjurisdiccional entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, junto al gobierno nacional, cuyo objetivo es gestionar los humedales del delta del Paraná, apuntando a un uso sostenible y a una mirada integral y con enfoque regional de la cuenca compartida por las tres jurisdicciones. “Estamos cansados de rogar por la aplicación del PIECAS. Tiene más de 10 años. Es una vergüenza. Les pregunto, cómo hizo mi hijo de 7 años, ¿qué van a respirar? ¿Qué agua van a tomar?”, interpelaba a los presentes Romina Araguás, abogada e integrante de El Paraná No Se Toca.
Sumándose al pedido de aplicación del PIECAS, Eduardo Spiaggi, responsable de la cátedra de Biología y Ecología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR, hizo alusión a la posibilidad de un buen manejo de la ganadería para la cual es necesaria la inversión. “Hay que tener personal bien pago, que no vivan en condiciones de miseria. Hay que invertir en boyeros eléctricos, hay que manejar el pasto de otra manera. Hay que contratar más personal que pueda recorrer el campo para ver que no se queme. No son cosas tan difíciles. Es política pública”, señaló el especialista.
En la reunión en Rosario, hubo varias ausencias, en especial de bloques opositores como la UCR o Juntos por el Cambio. “Si mis cálculos no fallan, 26 representantes estarían de acuerdo con la ley. Entonces me pregunto, ¿qué pasa con los otros 251?”, se pregunta Martínez en su exposición en el Concejo.
La diputada nacional Graciela Camaño habló de la intención de un debate federal en torno a la ley. “Vamos a ir a otras provincias para que colegas que se niegan a tratar el tema, lo atiendan. Esta ley debe dar una señal clara a cada provincia para que proteja sus humedales. Deben allí convivir las personas, fauna y flora, las aguas y la producción”.
Natalia Zaracho, activista social y diputada nacional, se refirió a las dificultades permanentes con las que se choca el proyecto. “Si esto no sale es también porque hay muchos intereses de por medio de una minoría que concentra no solamente las tierras de nuestro país, sino también la riqueza y los recursos naturales”.
Mar 16, 2022 | Entrevistas
Sofocados los incendios en Corrientes, Bruno Lovinson, subdirector de Defensa Civil, explica por qué el fuego arrasó con el 11 por ciento de la provincia.
Bruno Lovinson, se desempeña desde 2009 como jefe de cuerpo activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Paso de la Patria. Al año siguiente asumió como subdirector de Defensa Civil de Corrientes. De camino al interior de la provincia, en diálogo con ANCCOM, afirmó que el pasado jueves 3 de marzo se reiniciaron algunos focos que, estiman, son rezagos de los incendios anteriores. Sin embargo, asegura que ya están controlados. Ya quedan quedan pocos brigadistas y se está pactando la desmovilización de la totalidad.
¿Cuáles fueron las zonas más afectadas?
Comprenden los departamentos de Ituzaingó, Santo Tomé, Alvear, San Miguel, San Luis del Palmar, Santa Rosa y Concepción. Son más de 680.000 hectáreas, el 11% de la superficie total de la Provincia.
Entre las causas se habla de una sequía que lleva más de tres años pero también se sospecha de incendios intencionales. ¿Qué pasó realmente?
La verdad es que hay una falta acumulativa de lluvias de mucho más que tres años. Nosotros tenemos, por ejemplo, entre 1.800 y 2.000 milímetros de lluvia anuales, pero en los últimos años no superaban los 400 o 500 milímetros. Aparte de eso, tenemos todas las cuencas del Río Uruguay y del Paraná muy por debajo de los niveles normales. Eso obviamente contribuye al estado de sequía, pero los incendios no arrancan solos. Hay algunos que son accidentales como se ha detectado, por ejemplo, en un cortocircuito en una línea. Ahí se generaron los primeros incendios que afectaron a Ituzaingó. Pero después en general, tuvimos 2.500 incendios diarios y esos no se dieron de casualidad.
¿Se sabe el motivo de los incendios intencionales?
Más que nada, hablando un poco con la gente del campo, esta no es época de quema de pastura porque si queman en este momento los animales se quedan sin alimento hasta prácticamente noviembre. Generalmente, la fecha de quema está comprendida entre agosto y septiembre, más o menos de cada año. Sí entendemos que se produjeron algunas negligencias por quema de basura o de otro tipo de desperdicio que hicieron tener este tipo de incendio. Estamos hablando de la minoría y tenemos aproximadamente unas 90 causas abiertas y 100 personas detenidas. Todavía la justicia está investigando cuál es el origen de todo este desastre.
¿En caso de haberse sancionado la Ley de Humedales -de la cual la Legislatura de Corrientes se declaró en contra – podría haber ayudado a evitar los incendios?
Estimo que sí. Si decimos que la mayor cantidad de incendios se dieron en la zona de la reserva, en la zona de los Esteros del Iberá, por supuesto que eso a lo mejor hubiera prevenido algo de esta catástrofe pero estamos hablando de una situación muy amplia.
¿Quiénes se ofrecieron a asistirlos?
Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco y Neuquén. Esas son las provincias que más participación tuvieron enviando brigadistas. Brasil estuvo con un cuartel que está en San Borja, limítrofe con Santo Tomé. Ellos estuvieron colaborando varios días. Hubo acuerdos de ingreso con Francia, por ejemplo, que iban a movilizar equipos y algunos países de la Unión Europea que también se pusieron a disposición de la emergencia, de la misma forma que lo hizo Estados Unidos. A su vez, se presentó una brigada de 80 personas de Bolivia que partieron de regreso a su país el lunes pasado.
¿En este caso en qué influye la bajante del Río Paraná?
Mucho, pero también puede ser el Río Uruguay. Todos los ríos internos que nacen en los afluentes importantes como el Paraná están bajos. Si el Río Paraná está bajo, también los ríos internos. Por lo cual si estos últimos tienen muy poca agua, todos los campos a través de sus humedales, lagunas, esteros y bañados también van a estar bajos, lo que va a hacer que la capa freática se vaya mucho más abajo y no haya traslado de agua en el campo.
¿Cuánto tiempo estiman que van a tardar en recuperarse las pérdidas de producción y el ambiente natural?
Todo lo que es pastura para alimento de animales se estaría recuperando en menos de un año. Lo relacionado a bosques nativos y plantados va a demandar aproximadamente entre diez y quince años, por lo menos. Ahora en lo que es la fauna tendríamos que hablar que por lo menos va a demandar unos diez años para restablecer la población de animales. La mayoría son animales autóctonos. El ganado en pie va a demandar mucho más tiempo, hay reproducción continúa, es decir que en tres o cuatro años habría nuevamente en la zona donde se ha perdido.
¿Se determinó cuánto es la pérdida que sufrieron las diversas industrias?
No, creo que todavía estamos lejos de hacer un estimativo. Primero, porque la emergencia finalizó hace pocos días. Hay que hacer una evaluación de daños mucho más amplia de la que se está haciendo hoy, de daños sobre poblaciones, sobre redes de agua. Estimo que después de eso va a venir la parte productiva, se van a ir pasando etapas para saber o estimar un daño total general que dejó esta catástrofe.
¿En qué zonas todavía permanecen los brigadistas?
Hay una estación, una base que se convocó en San Miguel, en la escuela rural agrotécnica EFA. Ahí está concentrado todo el grupo mayoritario de los brigadistas y es hoy la única base operativa en donde todavía están los pertenecientes al Plan Nacional del manejo del Fuego, algunos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas como Ejército y Policía Federal.
Dic 31, 2021 | Comunidad, Destacado 1
El Consejo Federal de Medio Ambiente declaró la emergencia ignea en el territorio nacional. En la Patagonia, los vecinos se sumaron a las brigadas para frenar los incendios.
El martes 28 de diciembre, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) declaró emergencia ígnea en el territorio nacional a partir de los grandes incendios en Patagonia norte, sumados a los de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, San Luis, Formosa y Misiones.
En relación a los de la zona patagónica, el 7 de diciembre a causa de una tormenta eléctrica, se originaron dos incendios que se propagaron rápidamente por los márgenes de los lagos Martin y Steffen, en la provincia de Río Negro. Para el 26 de este mes, las hectáreas afectadas ascendían a 4.126. En los días siguientes, los fuertes vientos dificultaron el control de la situación. Se suma la tragedia de que en el día de ayer uno de los helicópteros que combatía el incendio en la zona de Aluminé cayó: el piloto y un mecánico que iban a bordo fallecieron. En medio de este panorama, se pronostican lluvias para este fin de semana que ayudarían a apaciguar el fuego.
El Director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Alberto Seufferheld, que se encuentra actualmente trabajando en los focos de la Patagonia norte, reconoció: “Estos fuegos han tomado mucha superficie en una época en la cual la vegetación debería estar más húmeda. Todavía nos quedan tres meses de temporada de sequía y debemos estar preparados para dar rápidamente ataques iniciales a los fuegos. Creo que va a ser una temporada larga”.
El verano seco, material combustible vegetal con poca humedad y altas temperaturas son condiciones que se repiten a lo largo y ancho del país y que dieron la alerta para declarar la emergencia ígnea en todo el territorio por 12 meses.
Los focos ubicados en los lagos Martin y Steffen, cercanos a las localidades de Rio Villegas y El Manso, son unos de los más preocupantes de la región dadas las características que presentan. “Seguido a los rayos que comenzaron el fuego, llegó un frente de tormenta que hizo que creciera rápidamente y tomara todo el valle. Este valle tiene mucha pendiente y es de difícil acceso, sumado a la problemática de la generación de humo constante que no deja hacer el trabajo de apoyo a los medios aéreos”, explicó Seufferheld. “Se optó por trabajar en la parte de la cabeza del incendio que va hacia el este, hacia la población de Villegas. Se están protegiendo las viviendas y haciendo línea de cortafuego ahí donde el terreno es más amigable”.
Estos poblados, viendo cómo el fuego avanza sin pausa en dirección a sus viviendas, han decidido organizarse para colaborar en el control de la situación, al igual que sucedió en otras comunidades donde hubo incendios de grandes magnitudes.
Mateo Silva Rey, vecino de la zona de Lago Puelo, integra la Brigada Autogestiva de la Comarca Andina que se formó en marzo de este año a consecuencia de los incendios que azotaron Cuesta del Ternero. “Esta vez estabamos organizándonos para colaborar en el incendio del Manso, cuando se inició otro foco chiquito en el Currumahuida, que en pocas horas ya había quemado casi una hectárea. Nos organizamos de manera voluntaria para asistir ese incendio entre amigues de la brigada que ya tenemos conocimiento del trabajo, y no solo contra el fuego, sino en la organización humana. Llegamos temprano y cuando nos encontramos con la gente del Servicio Nacional de Manejo del Fuego pudimos establecer buen diálogo y dividirnos el territorio en distintas brigadas, oficiales y voluntarias”, contó Mateo.
Desde el Servicio Nacional del Manejo del Fuego se reconoció que si bien “se desalienta a los vecinos a ir a trabajar en el combate del fuego directo por la peligrosidad que está teniendo, sí colaboramos con las poblaciones cercanas en quitar el combustible de los alrededores y en hacer reservorios de agua”.
En Tierra del Fuego, al igual que en más de 10 provincias, se produjeron incendios en estas semanas que ya están controlados. En diálogo con ANCCOM, el Director Provincial de Manejo del Fuego, Carlos Pereslindo explicó: “La temporada se presenta con mucha disponibilidad del material combustible vegetal, mucha intensidad de vientos, poco contenido de humedad de los vegetales, y eso combinado con elevadas temperaturas como se viene dando. Es llamativo en nuestra provincia tener meses tan calurosos durante el verano” y continuó: “Los pronósticos a mediano plazo indican que va a haber precipitaciones en los rangos normales, o por debajo de lo normal y ya hay una marcada tendencia hace algunas temporadas, a que las temperaturas sean muy elevadas, por encima de los valores estadísticos normales. Eso en confluencia con los fuertes vientos del sudoeste que tenemos en estas latitudes, predispone, climáticamente hablando, la fácil propagación de los incendios”.
A diferencia de los incendios en los lagos Martin y Steffen, las causas de los focos de Tierra del Fuego están relacionadas a la actividad humana. “En nuestra provincia no hay causas naturales de origen. Lo más común es que los fogones queden mal apagados, por eso la recomendación de apagarlos con agua y chequear que al tacto queden fríos es la mejor manera de asegurarse que se apagó bien. Pero incluso en esta temporada está tan disponible el combustible fino (el combustible vegetal de poco diámetros que se encuentra en contacto con el suelo tan seco) que hasta una colilla de cigarrillo encendida que se arroje puede generar un foco fácilmente”, concluyó Pereslindo.
El verano apenas comienza y los focos de incendio se reproducen en todo el país. La emergencia hídrica también es una realidad en varias regiones que actúa como causa y consecuencia de estos incendios, y de la que poco se habla.
Existen convenios y mecanismos de asistencia federales y regionales para cuando las situaciones superan las capacidades locales. De cualquier forma, las provincias patagónicas presentan las mismas condiciones ambientales agravadas por el cambio climático, lo que genera que la asistencia que eventualmente se podría recibir por parte del Servicio Nacional o desde otras jurisdicciones provinciales se vea resentida, y se tenga que atender localmente y con escasos recursos el incremento de la ocurrencia de focos.
“El incendio del Currumahuida fue una situación, a mi entender, muy buena de trabajo voluntario en asociación con los organismos institucionales; y además un trabajo que tuvo aprendizajes”, reconoció el integrante de la Brigada Autoconvocada de la Comarca Andina. “Me queda muy claro después de esta experiencia que es necesario que las personas que vivimos en estos territorios podamos adquirir conocimiento sobre esto, sobre técnicas, no solo de atención del fuego sino de cuidado de las familias, porque los incendios abarcan muchas cosas. Ver un fuego de un kilómetro viniendo para tu casa es una situación que genera dolor, miedo y ahí necesitamos humanamente asistencia”, y concluyó: “Elijo enfocarme en la construcción de esa nueva forma de organización que necesitamos. La organización que traemos -capitalista- deja muy en evidencia sus falencias y su insostenibilidad”.
Jul 13, 2021 | Comunidad, Novedades
El 9 de marzo de 2021 era un día cálido y tranquilo, como cualquier otro en el verano de la cordillera chubutense, pero al llegar la tarde un hecho inesperado irrumpió esa calma y todo se convirtió en desesperación. Varios focos de incendio se activaron casi de manera simultánea en distintos puntos estratégicos. Las altas temperaturas, la sequía y los fuertes vientos complicaban la tarea de los pocos brigadistas y bomberos que había en la zona, ya que muchos de ellos se encontraban a más de 30 kilómetros, afectados a otro fuego iniciado dos días antes.
En pocas horas varias zonas de Lago Puelo y El Hoyo estaban envueltas en llamas, obligando a los vecinos a resistir como podían y poniendo en riesgo su seguridad para defender sus casas, sus animales y el trabajo de toda una vida. Algunos ni siquiera tuvieron tiempo y debieron huir con lo puesto, mientras detrás de ellos el incendio devoraba sus casas, sus chacras y el bosque.
Julio Pibert, docente y secretario en una escuela, quien hoy vive con su esposa en una pequeña cabaña de alquiler, perdió su casa ubicada en el barrio Catarata Norte en El Hoyo. “El incendio marco mucho en mí y en mi señora. Es como un antes y un después. Yo tenía todo y no me faltaba nada. Hoy no tengo nada. Se me fue el trabajo de varios años, la casa la había levantado e incluso tenía un galpón de herramientas con un tallercito que era mi cable a tierra. De golpe me encontré con que mi casa ya no estaba y había que empezar a reconstruir”, comenta Julio y agrega: “La parte que hasta ahora logré levantar fue gracias a los materiales que me donaron amigos, compañeros de trabajo y gente que me conoce. Además, tengo la ayuda de un vecino albañil que viene todos los días, y de un comerciante del pueblo que tiene una ferretería y me fía y a veces directamente no me cobra.”
Por su parte, Marina Barrientos, vecina del barrio Eco Aldea en la localidad de Lago Puelo, no solo perdió su casa sino también el sustento familiar: “A nosotros se nos quemaron tres casas y el taller de herrería que era la fuente de trabajo de nuestra familia. Yo vivo con mi marido y mis tres hijos que dependen de ese taller que se quemó. Entre los clientes del taller, amigos y familiares que nos ayudaron, pudimos reconstruir una de las casas que se nos quemó y ahí estamos viviendo mis hijos, mis nueras, mi nieto, mi marido y yo, o sea ocho personas”, dice.
Tras lo sucedido, varios medios nacionales se hicieron eco de la situación y reflejaron la tragedia en todas sus dimensiones. Incluso hubo intervención del gobierno nacional, que desplegó acciones y destinó fondos para ayudar a los damnificados. Hoy, a cuatro meses de lo sucedido, parece que la ayuda no se distribuyó de la mejor manera.
“Desde Nación llegaron unos módulos, tipo casitas prefabricadas, que tienen cocina comedor, un dormitorio y un baño. Yo me anoté y me dijeron que en una semana estaba armada, pero ya pasaron cuatro meses y no hay absolutamente nada. La municipalidad está administrando los fondos y estos módulos que llegaron pero, a mi entender, esta todo empastado con otras cosas. Por otra parte, desde la provincia solo mandaron gente para realizar encuestas. A mí me vinieron a ver tres veces y la cuarta vez que aparecieron los saque de mi casa porque ya me parecía una cargada”, relata Pibert sobre su experiencia.
Tras el incendio, a Marina la angustia no la deja dormir: “El cansancio psicológico es horrible. Nos hablamos entre vecinos para darnos ánimos porque una semana esta angustiado uno, a la semana siguiente el otro y así estamos. No nos cabe en la cabeza lo que están haciendo, se burlan de nuestra necesidad. El dinero que enviaron desde Nación ha llegado al municipio pero andan las pirañas alrededor y es inconcebible, porque a los que menos nos llega la ayuda es a nosotros”, asegura y continúa con su relato: “Incluso seguimos sin luz y sin agua potable. Dicen que están arreglando el tendido eléctrico pero parece que lo está haciendo una tortuga, así que desde la municipalidad nos dan unos vales para comprar nafta e iluminarnos con generadores”.
“A raíz de todo esto, creamos una junta promotora de vecinos y somos nosotros mismos los que intervenimos cada vez que llega algo para los damnificados. Nuestro objetivo es fiscalizar lo que hacen los funcionarios y recordarles que existimos. Han repartido cosas en otros barrios y al nuestro no llego nada”, explica Barrientos y amplía: “Muchos vecinos reconstruyeron hasta donde pudieron, con las donaciones que recibieron de particulares. Hay muchas mamás solas y gente sin trabajo que no tiene la posibilidad de volver a levantar su casa”.
A las pérdidas materiales, naturales y emocionales de aquella tarde, se sumó una que parece una paradoja y que hoy a la distancia podría formar parte de una humorada. Mientras todos los recursos humanos estaban abocados a combatir el siniestro, uno de los focos se extendió descontroladamente devorando la base del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, ubicada en el Paraje Las Golondrinas en Lago Puelo. Los brigadistas perdieron todas sus herramientas de trabajo, vehículos de la institución e incluso sus propios autos y motos.
“Hoy nuestra base es un tráiler que envió la provincia. En la zona seguimos sin luz, así que nos enviaron un grupo electrógeno y estamos trabajando con las pocas herramientas que nos quedaron, que son las que teníamos encima cuando estábamos combatiendo el incendio del 9 de marzo. Se nos prometió la reconstrucción de la base y el reconocimiento monetario de los vehículos para los compañeros que los perdieron, pero hasta ahora quedo solo en palabras. Estamos levantando la base nosotros con las donaciones de materiales que nos van llegando”, relata el brigadista Daniel Samartin.
Las llamas se cobraron la vida de tres personas, consumieron 14 mil hectáreas de bosque, centenares de viviendas y tuvieron en vilo a los habitantes del área y a sus familiares, que sin poder comunicarse con sus afectos se hundieron en la desesperación. Hoy, ya pasado el desastre, muchos damnificados siguen durmiendo en carpas, casillas o en pequeñas habitaciones que pudieron construir gracias a la solidaridad de personas de todo el país.
