Comenzó el juicio más grande de Corrientes por crímenes de lesa humanidad

Comenzó el juicio más grande de Corrientes por crímenes de lesa humanidad

Se trata de la causa Brigada de Infantería VII, en la que son juzgados diez  represores. Por las demoras judiciales, pasaron casi cuatro años entre la elevación a juicio y el inicio del debate. De los 21 acusados solo la mitad se sienta en el banquillo.

Luego de una larga postergación, finalmente el Tribunal Oral Federal de Corrientes, presidido por el juez Fermín Amado Ceroleni, comenzó el juzgamiento de diez exmilitares y exgendarmes de la Brigada de Infantería VII por crímenes cometidos en la subzona militar 23, durante la última dictadura militar.

En este juicio, el décimo que se realiza en Corrientes por delitos de lesa humanidad, los acusados de pertenecer a una asociación ilícita y de cometer privaciones ilegales de la libertad hacia dos niños, torturas e incluso un homicidio son: Pedro Armando Alarcón, José Emilio Mechulán, Abelardo Palma, Eduardo Antonio Cardoso, Abelardo Carlos De la Vega, Raúl Horacio Harsich, Alfredo Carlos Farmache, Juan Carlos De Marchi, Horacio Losito y Raúl Alfredo Reynoso, todos integrantes de la subzona Corrientes del Área militar 231. Cabe destacar que De Marchi, Losito, Reynoso y Harsich ya fueron condenados en debates anteriores en la provincia y en otras jurisdicciones.

Se investiga su poder de decisión sobre la planificación represiva en la zona, la adaptación del plan general del régimen castrense y la determinación de los blancos que serían víctimas de la violencia ilegal. Inicialmente eran 21 los acusados quienes debían comparecer ante la justicia, pero el aletargamiento del proceso por cuatro años hizo que varios fallecieran antes y otros fueran apartados por problemas de salud.

El circuito represivo de la dictadura en la ciudad de Corrientes incluyó una serie de centros clandestinos de detención y exterminio de personas. Entre ellos figuran la actual Jefatura de la Policía de Corrientes y el exregimiento de Infantería 9 de Corrientes, que es en la actualidad un Espacio de Memoria.

El área de influencia de esta brigada de infantes eran los departamentos de San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina. Pero su jurisdicción también incluía provincias del norte y del noroeste como Chaco, Formosa y Misiones.

Esto se debe a que el régimen de la última dictadura militar dividió al país en cuatro grandes zonas de cobertura y acción represiva. En esa estructura, al Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército le correspondió la tutela de la Zona de Defensa 2, con cuatro subzonas: 21, 22, 23 y 24. Es justamente la subzona 23, en la que está involucrada la Brigada VII de Infantería, la que se comenzó a juzgar en estas horas.

En la sede del juzgado correntino se presentaron los represores De Marchi, Palma y Alarcón, junto con algunos de los abogados defensores oficiales. Desde la sala que brindó la Cámara de Casación Penal en Comodoro Py, seguían de cerca la presentación por videoconferencia los imputados Cardoso, De la Vega, Losito, Harsich. Por su parte, el oficial Farmache siguió las alternativas del caso desde el Tribunal Oral Federal Nº1 de Mendoza; hizo lo propio Reynoso desde el Juzgado Federal de San Ramón de Orán, en Salta.  

Durante la lectura del trigésimo sexto hecho imputado en el requerimiento fiscal de los acusados, Cardoso, Losito y De Marchi se retiraron con autorización de sus defensores aduciendo problemas de salud. Luego de indagar con detalle en los 103 hechos vinculados con la represión ilegal por parte de los genocidas, se explicitó la responsabilidad penal de los diez exmilitares.

Cardoso y Farmache fueron señalados como “autores mediatos por el rol y funciones que cumplían en el comando de la Brigada de Infantería VII y sus dependencias a la época de los sucesos”. También se señaló a De la Vega, Harsich, De Marchi y Losito por su papel en el exregimento de Infantería XIX, dependiente del comando de la misma Brigada de Infantería. En el caso de los gendarmes Palma, Alarcón y Reynoso, por su rol en los grupos operativos de tareas. “Cada uno de ellos actuó motivado, conociendo las actividades ilícitas y contrarias a la ley que realizaban”, estipuló el tribunal. Quien fue apartado de la lectura fue Mechulán, por un dictamen del cuerpo médico forense de la Corte Suprema.

“Las causas de lesa humanidad están las demoras por no darles el Poder Judicial la prioridad que merecen, por la falta de designación de jueces para que los tribunales se constituyan, y por la reticencia, sobre todo en causas de responsabilidad civil y económica, con demoras injustificadas”, aseguró Pietragalla.

También fueron parte de la primera jornada en Corrientes, por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los abogados Marcelo Wurm y Manuel Brest Enjuanes; y, por el Ministerio Público Fiscal, el fiscal subrogante Juan Pedro Resoagli, junto con el auxiliar Diego Vigay.

La transmisión de la audiencia fue seguida con expectativa por familiares y amigos que, junto con organismos de Derechos Humanos que se concentraron en las inmediaciones del tribunal, vieron toda la transmisión y pidieron que se condene a los genocidas.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla también fue parte de la jornada inicial. En diálogo con ANCCOM, Pietragalla planteó que es “muy importante obtener justicia en este nuevo juicio, sobre todo tratándose de una megacausa en la que, si bien algunos ya fueron condenados en juicios anteriores, para muchos otros es la primera vez”. Además destacó la inclusión en este debate de casos como los de dos menores, uno de ellos nacido en cautiverio.

Consultado por las largas demoras en los juicios de lesa humanidad que impiden que todos los acusados sean juzgados en tiempo y forma, Pietragalla señaló que obedecen a distintos factores. “Están las demoras del Poder Judicial por no darles la prioridad que merecen, la falta de designación de jueces para que los tribunales se constituyan, y la reticencia, sobre todo en causas de responsabilidad civil y económica, con demoras injustificadas tales como las que impidieron que Blaquier fuese condenado”, aseguró.

“Hoy la Secretaría de Derechos Humanos lleva adelante 278 querellas activas en todo el país, que incluye la revisión de las sentencias en la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema”, detalló.

Durante los próximos tres meses habrá dos audiencias semanales. Serán 30 los testigos que deberán revivir el horror. Los interrogatorios comenzarán este martes.

Quizás la larga espera haya valido la pena para encontrar justicia.

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Homenaje a un hombre valiente

Homenaje a un hombre valiente

Un salón de la Secretaría de Derechos Humanos, ubicada en la ex ESMA, recibió el nombre de Jorge Julio López, el militante desaparecido por segunda vez hace 16 años tras declarar en el juicio que permitió condenar al represor Miguel Etchecolatz.

Este lunes 19 de septiembre se llevó adelante la inauguración del Salón Jorge Julio López de la Secretaría de Derechos Humanos ubicada en la Ex Esma, en conmemoración a quien fue secuestrado durante la última dictadura cívico militar y desaparecido por segunda vez en democracia en el año 2006, luego de declarar en la causa que llevaría a Miguel Etchecolatz a cumplir cadena perpetua. 

El homenaje, tras cumplirse 16 años de su segunda desaparición, contó con la presencia de Rubén y Gustavo López, hijos del desaparecido, diferentes representantes de organismos de Derechos Humanos; Horacio Pietragalla Corti, Secretario de Derechos Humanos de la Nación; el ex canciller Felipe Solá y las madres de Plaza de Mayo Vera Jarach e Iris Avellaneda. 

Luego de descubrir la placa que revela el nombre de Jorge Julio López, Jarach fue la primera en hablar y mencionó que “Julio está presente. Y cuando nosotros decimos que está presente, es así”. Vera destacó la predisposición de aquellos que fueron detenidos, desaparecidos, pero que sobrevivieron para contar lo que sucedió durante la última dictadura militar. “Julio es una figura emblemática que representa la voluntad de luchar por un mundo mejor, de insistir hasta el final”, señaló. 

Darle el nombre de Jorge Julio López a un espacio” es otro acto de Justicia. Es reconocer y dejar una semilla, un recuerdo de él. Siempre menciono: Nunca Más el odio, especialmente para someter y perseguir, y Nunca Más el silencio, hay que recordarlo siempre a Julio López”, describió la mamá de Franca Jarach desaparecida con 18 años, vista por última vez en el centro clandestino que funcionó en la ESMA.

Luego, hizo uso de la palabra Iris Pereyra de Avellaneda y reconoció el bautismo del Salón: “Es bueno mantener la memoria y seguir peleándola por todos los compañeros que han desaparecido en el golpe de Estado de 1976 que ha dejado secuelas terribles y con hijos que han sido desaparecidos y apropiados”, mencionó la madre del Floreal “Negrito” Avellaneda, desaparecido por el terrorismo de Estado con 15 años.

La madre de Plaza de Mayo Vera Jarach, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla y Rubén y Gustavo, los hijos de Julio López en la primera fila del acto de homenaje.

El tercero en hablar fue Rubén López, y lo hizo en nombre de su familia y de su hermano que lo acompañó, por primera vez, a un acto homenaje a su padre. “Somos críticos, pero cuando las cosas se hacen bien hay que reconocerlas. Esto es un ejemplo de lo que queríamos, que el Estado nacional pueda reconocer que Jorge Julio López desapareció en democracia”. E hizo hincapié en el presente: “Venimos sufriendo vandalizaciones de sitios de memoria, venimos viendo que este odio se está arraigando en los ciudadanos de este país. No queremos que eso suceda”. 

Por último, Horacio Pietragalla subrayó que “nada va a alcanzar para reparar la ausencia de Jorge para la familia, pero sobre todo la memoria de Jorge Julio López y lo que para la construcción de este proceso de Memoria, Verdad y Justicia en el contexto que se armó”. 

La segunda desaparición de López, opinó el Secretario, “sacudió al Estado para darnos cuenta que los enemigos estaban, que tenían perversidad y estaban dispuestos a cualquier cosa y lo demostraron de la peor manera”.

Jorge Julio López fue un carpintero y militante peronista detenido el 27 de octubre de 1976 por una patota a cargo del torturador Miguel Etchecolatz, Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del genocida Ramón Camps. En su arresto, pasó por cuatro centros clandestinos de detención durante cinco meses, hasta que fue blanqueado y estuvo preso dos años más en la Unidad 9 de La Plata. 

Tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Jorge Julio López fue un testigo crucial para atestiguar en los Juicios por la Verdad, posteriormente en el proceso oral y público contra Etchecolatz, que fue condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad y murió el 2 de julio último a los 93 años en la Clínica Sarmiento, donde estaba internado con custodia policial.

La segunda desaparición de Jorge Julio López ocurrió el 18 de septiembre de 2006 cuando se dirigía a escuchar la sentencia contra Miguel Etchecolatz. Las últimas personas que lo vieron, aseguraron que fue en cercanías a su hogar, en Los Hornos. Aún hoy no se sabe qué sucedió con él, pero en una de las audiencias a las que acudió Etchecolatz, tenía en su mano un papel que decía “Jorge Julio López secuestrar”.  

Culminado el homenaje, ANCCOM dialogó con los oradores. Rubén López remarcó que su padre “tenía un gran compromiso con sus compañeros de lucha. Él vio cómo asesinaban y atormentaban a Patricia Dell ‘orto y Ambrosio de Marco en los centros clandestinos de detención, en Arana, sobre todo. Era un tipo que nos formó diciendo ‘esto hay que hacerlo’. Nos formó con los hechos”, recordó. “A raíz de lo que nos pasó como familia, en lo personal, empecé a militar”, señaló Rubén y sobre la seguridad de los testigos en los juicios de lesa humanidad para que lo de su padre no vuelva a suceder, recordó a la familia Iaccarino y a la de Oscar Herrera, pues su padre, madre y su hermano siguen desaparecidos. “Rodolfo (Iaccarino), en el año 2009 se le acercaron unas personas y le dijeron ‘deja de joder porque te va a pasar lo que a López. Un tiempo después, Rodolfo tuvo una descompensación”, señaló. “Siguen dando vueltas. Quizás no los ‘viejitos buenitos’ como decía una exdiputada, pero si ese odio sigue dando vuelta. Ahí es donde tenemos que combatir. Sobre todo, llegarles a los pibes con que militen, no importa dónde, pero que militen”. 

El excanciller y exgobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, también participó del homenaje.

Felipe Solá, quien cumplía la función de Gobernador en el momento de la segunda desaparición de Jorge Julio López, estuvo presente en el homenaje y en diálogo con ANCCOM enfatizó que este hecho “es una herida que no cierra”, y agregó que “fue vital como testigo para condenar a Etchecolatz, uno de los mayores asesinos de nuestra historia, jugándose la vida, tal vez sin saberlo”. 

El excanciller contó: “Mientras duró mi gobierno, y mientras lo estábamos buscando tuvimos pistas fallidas todos los días. Revisamos todo. Tal vez, todo haya ocurrido en un breve lapso ese mismo día, el 18 de septiembre, cuando todavía nosotros no sabíamos que no volvía y que ya no estaba”. Y opinó: “No eran épocas de odio generalizado, eran épocas de odio de un grupito concreto, que actuó como grupo comando, vinculado a Etchecolatz, vinculado también, al efecto que tuvo la declaración de Julio”.

Al ser consultado sobre los discursos de odio que hoy se sostienen en la sociedad argentina, Solá invitó a los jóvenes a que “no discutan si fueron 30.000 o 28.000. Piensen en lo que ocurrió en la Argentina y que fue hecho por el Estado, no por un grupo de delincuentes. Que entiendan la diferencia entre un sádico que tortura, que es terrible, a que lo haga sistemáticamente el Estado que nos representa a todos”. 

Por su parte, el Secretario de Derechos Humanos, Pietragalla, reconoció que la desaparición de Jorge Julio López fue una de las acciones que llevaron adelante quienes se resistían a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. “Tal vez, la más canallesca y más dolorosa para todo el campo nacional y popular porque fue desaparecer devuelta a un hombre que estaba aportando su testimonio para la reparación integral de las víctimas de terrorismo de Estado. No sólo para él, ni para las víctimas directas, sino para toda la ciudadanía”. 

“En este salón central en la Secretaria de Derechos Humano va a haber muestras, reuniones y muchas actividades, pero, sobre todo, toda persona que entre va a tener presente que tiene el nombre de un hombre valiente, que lamentablemente no está con nosotros”, resaltó. Pietragalla también se expresó sobre lo que sucedió en las últimas semanas en el país: “Hay que reflexionar sobre esos discursos de odio. Hay que cortarlos. Hay que decir Nunca Más para que no pase devuelta todo lo que pasó”. 

En sintonía con los demás testimonio, Iris Pereyra de Avellaneda describió que lo que le sucedió a Jorge Julio López con las dos desapariciones, también le sucedió al Negro Avellaneda y aseguró: “Nosotros siempre estamos pendiente para hacerle homenaje y recordarlo a Julito. La Justicia es lerda, pero por lo menos está la justicia del pueblo y eso es bueno”. 

Iris remarcó: “Hay que hablarles a los jóvenes como hago en los colegios, en las universidades y en las cárceles. Les comento que no pierdan la Memoria y segundo que se arrimen a un lugar político, a un lugar de derechos humanos, donde se sientan cómodos, y no abandonen la lucha de los derechos humanos. Les aconsejo a los chicos que sigan con la lucha porque para nosotros son la esperanza. Los jóvenes son nuestra esperanza”, culminó Iris Pereyra de Avellaneda. 

«La democracia no se regala, se construye»

«La democracia no se regala, se construye»

Este fin de semana se realizó el V Encuentro Federal de Derechos Humanos en el Espacio Memoria y DDHH (ex ESMA) con más de mil asistentes y representación de todas las provincias. El fusilamiento de Lucas González fue uno de los temas que atravesó las distintas temáticas.

 

Desde las 9 de la mañana del sábado 20 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, tuvo lugar en el Espacio para la Memoria (ex ESMA) el quinto Encuentro Federal de Derechos Humanos. Con la participación de más de mil representantes de todas las provincias, los debates se produjeron al interior de once comisiones, entre las que se destacaron violencia institucional, juicios de lesa humanidad y pueblos originarios. El objetivo es “nutrirse de los reclamos” en la materia, según afirmó Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos (DDHH) de la Nación, nieto restituido y principal organizador del evento.

Con los resultados de las elecciones en la memoria y como descripción del espíritu del Encuentro, uno de los oradores de la mesa de apertura, el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, señaló que la “democracia no se regala, se construye, y todos somos responsables”. Estuvo acompañado por Pietragalla Corti y Delfor Brizuela, secretario de Derechos Humanos de La Rioja. En este punto, pensando en figuras opositoras electas, Pietragalla Corti sentenció: “Vamos a hacer todo lo posible para que quienes no reconozcan que en este país hubo delitos de lesa humanidad no puedan asumir en el Congreso”. Catorce años atrás, el 20 de noviembre de 2007, la Armada desocupaba definitivamente las instalaciones de la ex ESMA y se firmaba el convenio de creación del Ente Interjurisdiccional Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. 

La primera edición del Encuentro se realizó en la Universidad Nacional de Avellaneda en 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri, impulsado por Pietragalla Corti, por ese entonces en el mismo cargo pero en la provincia de Santa Cruz. “Estábamos en el negacionismo”, recordó el “Pocho” Brizuela sobre el contexto, y describió: “Fue un alivio, estábamos vivos y luchando, nadie bajó las banderas”. En los años sucesivos, se trasladó al predio de Avenida Libertador al 8151 y la cuarta edición tuvo lugar de manera virtual debido a la pandemia. La promesa de regionalizar fuera de Buenos Aires está para 2022. “Taty” Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, subrayó el hecho de que se haga “presencial y bajo un gobierno nacional y popular”. Del evento también participaron, el exvicepresidente Amado Boudou, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la exprocuradora de la Nación Alejandra Gils Carbó, y Eduardo Jozami, detenido durante toda la última dictadura militar, entre otros referentes.

Un encuentro atravesado por Lucas

Del comienzo al final, pasando por la mayoría de las comisiones, el asesinato de Lucas González estuvo presente. Por ello el edificio Cuatro Columnas, donde se expuso sobre violencia institucional, fue uno de los más convocantes. Hubo dos cuestiones que se repitieron: la cantidad de familiares que perdieron a una persona producto del accionar represivo, que revivieron su historia durante la última semana por el caso del joven futbolista; y las muchas deudas pendientes a pesar del camino recorrido, como la falta de acceso a la justicia. “Es el tiempo de que los gobiernos hagan las cosas que tienen que hacer”, afirmó Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón, desaparecido y asesinado durante su viaje de egresados en Mendoza en 1997. 

Ante la moderación de Mariano Przybylski, director nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, también hablaron representantes de distintas delegaciones y organizaciones de derechos humanos de variadas provincias con una larga lista de reclamos y medidas. Desde Chaco, por ejemplo, propusieron que “el Poder Judicial se siente en la discusión” y que la “reparación no sea sólo por vía judicial, sino también económica, simbólica y psicológica”. Gustavo Melman, padre de Natalia, secuestrada, violada y asesinada por un grupo de policías en Miramar, pidió que los oficiales no se lleven el arma tras cumplir el horario laboral y que se realicen un examen psicofísico de manera anual. Además, alertó sobre la realización de juicios por jurado para este tipo de casos dado los sentidos comunes que imperan en nuestra sociedad.  

Marcela Gutiérrez, por Salta, denunció el funcionamiento de cuerpos infantiles de la policía y, como muestra de que la violencia institucional abarca más que el accionar de las fuerzas de seguridad, también refirió a que sólo hay “19 médicos no objetores de conciencia” en su jurisdicción para llevar a cabo una interrupción legal del embarazo (ILE). En la misma línea, familiares de víctimas del abandono de IOMA, la obra social del Estado bonaerense, buscan visibilizar la situación y ser recibidos por el gobernador Axel Kicillof y los organismos de derechos humanos para que se encuentren soluciones. 

Acelerar a la justicia

En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti se debatió sobre juicios de lesa humanidad, con el aporte de Ivana Aguilera, ex presa política, Adriana Taboada, perito psicológica e integrante de la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Guadalupe Godoy, abogada querellante, y Diego Vigay, fiscal en la materia. El principal tema fue la importancia de acelerar los procesos, a partir del deterioro y fallecimiento de imputados, así como también de sobrevivientes. Para Taboada el envejecimiento de genocidas no es sólo un recurso legal para eximirse, sino que constituye una realidad biológica natural. El fondo de la discusión fue acerca de dichos espacios como disputa de sentido, tal como representaron los Juicios por la Verdad, más allá del fin último de la condena penal.  

Por su parte, Claudia Cesaroni, abogada querellante en la causa por la Masacre en el Pabellón Séptimo, hizo hincapié en la figura de los presos comunes como víctimas de delitos de lesa humanidad, tanto durante el terrorismo de Estado como en la actualidad. Al respecto, uno de los ejes temáticos fue la visibilización de los colectivos que no fueron incluidos específicamente en los juicios, como la comunidad LGBTIQ+ o quienes fueron víctimas de delitos sexuales. También se abordó el aporte de información a los procesos judiciales y su búsqueda en archivos existentes, instancia que se convirtió en espacio de intercambio de experiencias de relevamiento, tal como es el proyecto Desclasificados, donde se enfatizó en la importancia de construir una red que pueda articularlas. 

Otra de las comisiones destacadas fue la de pueblos originarios, que a su vez se transmitió por la página de Facebook del Encuentro Plurinacional de Argentina. El foco estuvo puesto en la prórroga de la Ley 26.160 que prohíbe que sean desalojados de los territorios en los que viven. En paralelo, el acampe en Plaza de Mayo, al igual que cuatro años atrás, intentó ser levantado por la Policía de la Ciudad, pero fue evitado por la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos.

 

En unidad por lo que falta

El cierre del evento comenzó antes de la caída del sol con el reconocimiento a Alfredo Moffat y Alicia Stolkiner por su rol en materia de derechos humanos y salud mental. El panel fue conformado por los ya mencionados Almeida y Pietragalla Corti, por Santiago Ozuna, hijo de Renzo, miembro fundador de HIJOS, “Lita” Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y Norma Díaz, madre de Camila Arjona, asesinada por la espalda por la Policía Federal. Todos coincidieron en la necesidad de la unidad y el acompañamiento para defender y conquistar derechos. 

“Se está cumpliendo el ‘mate primero, después pregunte’ de Patricia Bullrich”, condenó Almeida, en la misma línea que Ozuna, quien reclamó que no se puede dejar que “la derecha sea quien hable y robe discursos y banderas” de los derechos humanos. Otra vez, el fusilamiento de Lucas González se hacía presente. “Así como las Madres de Plaza de Mayo caminaron pidiendo justicia, ahora las Madres en Lucha caminamos detrás de ellas reclamando por nuestros hijos”, deslizó Díaz.  

“La violencia institucional es una problemática que atraviesa a todas las provincias y a todas las fuerzas de seguridad”, sostuvo Pietragalla Corti sobre el final. El comunicado conjunto se difundirá por las redes sociales de la Red Federal por los Derechos Humanos, pero el principal punto del Encuentro fue respaldar el proyecto de Ley Contra la Violencia Institucional, que perdería estado parlamentario a fin de año y, entre otras cuestiones, propone una reforma integral de los planes de formación y darle voz a familiares en la capacitación de la policía. “De nada nos sirve que las autoridades de la Ciudad lamenten la muerte de Lucas si después no dan quórum para que se trate”, sentenció el Secretario.

“Los derechos humanos deben ser una expresión activa y comprometida”

“Los derechos humanos deben ser una expresión activa y comprometida”

Unas 1500 personas participaron virtualmente del 4to. Encuentro Federal de Derechos Humanos que se realizó el sábado 7 de noviembre. De las once mesas de debate conformadas por juristas, sociólogos y referentes sociales, las que tuvieron más convocatoria fueron las que analizaban la violencia institucional, los juicios de lesa humanidad e identidades, según informaron los organizadores.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, destacó que este espacio fue creado durante el gobierno de Mauricio Macri “en contraposición al Consejo Federal de Derechos Humanos del neoliberalismo”, en un momento en el cual «no se podían articular políticas». El funcionario subrayó que es imperioso “recuperar los estándares de derechos humanos que tenía la Argentina. Este encuentro recupera una necesidad impostergable de poner al federalismo en primer plano», afirmó.

Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación.

Otra de las intervenciones en la apertura estuvo a cargo de Nayla Bosch, secretaria de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, quien sostuvo que la generación de la que es parte, la “de las nietas”, está completamente atravesada por los feminismos. “Es algo que nos constituye: sabemos que no hay política de derechos humanos sin política de género”. La socióloga Dora Barrancos, retomó las palabras de Bosch para celebrar los avances en materia de políticas de género y equidad como el Plan Nacional contra las violencias con motivos de género y el programa Acompañar. Éste último otorga una prestación económica a mujeres y disidencias para cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias, al mismo tiempo que intenta fortalecer las redes de acompañamiento.

Dora Barrancos.

Sin embargo, Barrancos advirtió que “no se ganaría mucho con el plan sino hacemos una reconstrucción rigurosa de la justicia en este país. Uno de los problemas fundamentales está en la actual organización y administración de la justicia. No es novedad que el sistema judicial está en crisis”. En referencia a la deuda que mantiene el actual gobierno con el tratamiento del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo –cuyo envío al parlamento se anunció el lunes pasado–, recalcó la necesidad de que sea ley: “Necesitamos que este derecho sea conquistado porque se trata de resolver la autonomía fundamental de las personas gestantes. No puede haber derechos humanos consagrados en plenitud sin esta imposibilidad de autodeterminación”, aseguró.

Otro tema preocupante, reflejado en el Encuentro, es el aumento de la violencia institucional durante la pandemia. Según un informe realizado por Amnistía Internacional se registraron alrededor de 30 casos de maltrato policial. Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia, reflexionó al respecto: “El neoliberalismo va totalmente a contramano de los derechos humanos y por eso cualquier cosa que hagamos para contener la violencia institucional va a ser mostrada como que estamos protegiendo delincuentes”, expresó. “Nos encontramos ante un fenómeno de reproducción de violencia y del delito –añadió–. En una sociedad donde un 30 por ciento están incluidos y un 70 por ciento excluidos, el delito es funcional porque mientras los barrios precarios reclaman más inclusión y se pelean entre ellos, se debilita el sentimiento de comunidad: no hay organización, ni resistencia. El control de la exclusión que se hace en América latina es a través de la introducción de contradicciones”.

La situación carcelaria también fue objeto de debate debido a las voces de alarma sobre la violencia penitenciaria durante el aislamiento, de hecho la semana pasada se vivieron motines en distintos penales de la provincia de Buenos Aires. Si bien el reclamo principal estaba orientado a la reanudación de visitas, el conflicto se desató a raíz de un cúmulo de demandas sin atender. Zaffaroni se refirió a la superpoblación en las prisiones y a las condiciones en que se encuentran en toda la región, que generan un orden interno en el que comienzan a jugar lógicas criminalidad y reducción a servidumbre.

Estela de Carlotto.

Al cierre del encuentro, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, remarcó la importancia que los derechos humanos no deben ser sólo una palabra sino una expresión activa y comprometida que involucre otros derechos: a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la educación y a vivir dignamente. “Debemos asegurarle esto a las personas que hoy son pobres en este país tan rico. Las Abuelas tenemos experiencia y nos ofrecemos para todo aquello que sea necesario participar colectivamente”, concluyó.

Las huellas del infierno

Las huellas del infierno

El Campito fue el centro clandestino más letal de la última dictadura.

La bandera argentina flamea en lo alto del mástil. Los plátanos, con sus hojas anaranjadas por el otoño, flanquean la larguísima Avenida Ideoate, poblada a uno y otro lado de edificios castrenses. Ubicado en el partido de San Miguel, a 30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Campo de Mayo abarca cinco mil hectáreas de terreno abierto. Aquí funcionaron, entre 1975 y 1983, cuatro centros clandestinos de detención, tortura y exterminio: El Campito, La Casita, la Cárcel y el Hospital Militar, en cuya maternidad clandestina dieron a luz unas 30 desaparecidas y sus hijos fueron robados. Algunos han recuperado su identidad pero la mayoría –hoy mujeres y hombres de cerca de 40 años– continúan siendo buscados por sus familias biológicas a través de Abuelas de Plaza de Mayo.

El Campito fue el centro clandestino más letal de la última dictadura. Sus estructuras lindaban con un pequeño aeropuerto de donde despegaban los “vuelos de la muerte”. Entre las miles de víctimas que pasaron por allí se cuentan sindicalistas ferroviarios, miembros de las comisiones internas de Ford y Mercedes Benz, dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) como Mario Santucho, de Montoneros como Miguel Lizaso y el escritor Héctor Oesterheld. Varios de estos casos forman parte del juicio oral y público por la megacausa Campo de Mayo. Sólo sobrevivieron 43 personas.

No es un día común en la base. La rutina de los militares se ve interrumpida por un grupito de civiles se agrupa bajo la luz de un radiante mediodía en las puertas del Polígono de Tiro, a unos 500 metros de lo que fue El Campito. Dos soldados, parados como estacas, miran de reojo a la gente reunida: sobrevivientes y familiares de las víctimas que quieren homenajear a sus seres queridos y un contingente de chicos de la Escuela Técnica Nº 2 de José C. Paz que se sumó a la visita.

Oscar Comba, sobreviviente del Campito. recordó sus días en el lugar ante la atenta mirada de un grupo de estudiantes secundarios.

Griselda Fernández es sobreviviente de El Campito. Vive en Uruguay. Nunca había vuelto a entrar a Campo de Mayo, donde también perdió a José, su compañero de vida. “Estoy movilizada y no puedo evitar pensar: ¿Por qué puerta habré entrado? O, ¿dónde me habrán hecho dormir?”, dice. A unos metros, Iris Pereyra de Avellaneda contempla el sitio donde estuvo desaparecida 15 días. La secuestraron junto a su hijo, Floreal “El Negrito” Avellaneda, de 14 años, que fue torturado y asesinado. “El lugar es tétrico, frío y horrible pero sirve para rememorar y homenajear a quienes ya no están. Son muchos años de lucha, nos costaron lágrimas de sangre llegar a donde estamos ahora”, reflexiona Iris. “Queremos que acá haya un espacio de memoria intangible”, afirma Alfredo Castro, detenido en El Campito entre abril y mayo de 1977.

Sin embargo, la preocupación principal de familiares y sobrevivientes es que no se pierdan las pruebas contra los represores. El 60 por ciento del predio todavía no ha sido explorado, un detalle que al Gobierno nacional le importa poco. El 16 de noviembre de 2018 el presidente Macri firmó el decreto que convierte el terreno en una “Reserva Natural”, la máscara para un meganegocio inmobiliario, ganándose el rechazo de los organismos de derechos humanos. El Ejecutivo volvió a la carga el 22 de mayo de este año con un nuevo decreto que facilita “la aprobación de construcciones en Parques Nacionales”. “Me genera mucha indignación e impotencia”, sostiene Griselda Fernández, “es increíble que quieran construir un parque en un lugar donde no se han permitido excavaciones. No sabemos si nuestros compañeros están enterrados acá. Me parece un acto de inhumanidad impresionante”.

Seis días después del último decreto, en una audiencia del juicio “Contraofensiva Montonera”, el ex cabo primero Nelson González, citado como testigo, relató pormenorizadamente el fusilamiento y la cremación de cuatro detenidos en Campo de Mayo. Dos de ellos fueron identificados, Marcos “Pato” Zuker y Federico Frías. González aseguró que “cuatro mil personas fueron arrojadas al mar”. “Quedamos conmovidos por esta declaración. Es la puerta a que se abran nuevos testimonios”, expresa Iris Pereyra de Avellaneda mientras mira a la distancia.

Floreal «El Negrito» Avellaneda fue uno de los asesinados en El Campito. Tenía solo 15 años.

Miembros de la Comisión de Sobrevivientes y Familiares de Campo de Mayo dan inicio formal a la caminata hacia al centro de detención y exterminio y guían al resto bajo la sombra de casuarinas y eucaliptos. El terreno es blando y cruje a cada paso. A los costados del camino un par de uniformados con ametralladoras custodian la visita. La única construcción visible del Campito es un abandonado edificio de mampostería donde funcionaban oficinas administrativas, salas de tortura y la recepción de los detenidos. Antiguamente había otras estructuras en pie: en el Pabellón 3, las caballerizas, donde hubo secuestrados en condiciones muy precarias; y en el Pabellón 1, una edificación donde permanecían cautivos los enfermos, ancianos y embarazadas, quienes estaban obligados a realizar el trabajo de mantenimiento del centro clandestino. El lugar tenía capacidad para 200 detenidos al mismo tiempo.

Con el propósito de borrar los terribles actos cometidos, el Ejército destruyó en 1982 el grueso de las instalaciones. Pero gracias a la memoria del militante montonero Juan Carlos “Cacho” Scarpati, quien estuvo detenido allí seis meses en 1977 y logró escapar, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudo hallar los cimientos, luego de múltiples excavaciones.

Durante la visita, el sobreviviente Oscar Vladimir Comba señala las fosas hechas por el EAAF y cuenta su experiencia ante la atenta escucha de los estudiantes de secundaria. El diputado y nieto restituido Horacio Pietragalla Corti, también presente, subraya: “Vamos a realizar distintas acciones judiciales para que permanezca intacto. Hay que recuperarlo como sitio de memoria y lograr que el EAAF haga un rastrillaje en toda la zona para reafirmar las pruebas bajo tierra de los cimientos y que se descarte que aquí están nuestros seres queridos”. Y agrega: “Acá tienen que venir los ingresantes del Ejército y las fuerzas de seguridad. El Campito no debe ser un lugar solo de las víctimas. Toda la sociedad debe conocer esta historia. Porque al desconocer lo sucedido, podríamos cometer el mismo error”.

Los familiares de las víctimas se oponen al emprendimiento inmobiliario que el gobierno quiere desarrollar en el lugar.

Hacia el final del recorrido, frente al único edificio del Campito, toman la palabra los sobrevivientes Alfredo Castro, Roberto Landaburu y Julio D’Alessandro. Landaburu, inspirándose en “Vidala de un nombrador” de Jaime Dávalos, dice: “Con la humildad de este entorno quiero nombrar a mis compañeros. Porque sé que si los nombro, los traigo. Y si los traigo, es algo que me hace bien”. Y recita los nombres de sus amigos desaparecidos, y ante cada uno se grita bien fuerte “¡Presente!” y sus ojos ceden a las lágrimas. “En el momento que los estoy nombrando, los estoy viendo acá, conmigo”, manifiesta conmovido. Los aplausos llenan el silencio y se arma un improvisado show musical con canciones de Mercedes Sosa y Carlos Puebla, mientras los asistentes se dispersan. Cada pisada queda marcada en las hojas como una huella de tristeza.