Despedidos con historia

Despedidos con historia

Abr 18, 2024 | Destacado 5, Trabajo

Tres historias de víctimas de la motosierra en el Estado, que reflejan la situación de más de 60.000 trabajadores. 

Desde el video de la motosierra en campaña a la realidad efectiva, Milei no mintió: la cantidad de despidos en diversas dependencias del Estado no ha dejado de aumentar desde que asumió. Si bien el dato exacto de la cantidad de trabajadores expulsados del Estado al día de hoy no es certero, el mismo presidente exclamó orgulloso: “Hemos echado a 50 mil empleados públicos. Eso es motosierra. Dimos de baja 10 mil contratos. ¡Eso es motosierra!».

Los tres primeros meses del año fueron críticos para los trabajadores de distintos organismos estatales. La proximidad de los vencimientos de contratos laborales de miles de empleados, junto con la escasez de información oficial, creó un clima de incertidumbre que fue la antesala a una ola de despidos masivos en los últimos días de marzo. Solo en el fin de semana largo de Semana Santa fueron despedidos 15.000 trabajadores.

ANCCOM dialogó con tres personas afectadas directamente por esta política de desguace del Estado, lo que implica un grave retroceso en relación a la protección de derechos fundamentales para la sociedad.

 

Niñeces, adolescencias y familias, más desprotegidas

 Adriana Ortega, licenciada en Trabajo Social, dedicó 23 años de su vida a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Hasta finales de marzo ejercía el rol de coordinadora de la Dirección Nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal. Era interlocutora entre las provincias y el organismo central, llegando a tener a cargo la coordinación con 12 jurisdicciones. “No sólo hacíamos los relevamientos exigidos por organismos nacionales e internacionales, sino que diseñábamos planes según las necesidades de cada ciudad y región del país. Además se coordinaban convenios, proyectos y también trabajos con ONG”, declaró Ortega.

El SENAF es el organismo encargado de implementar políticas federales e inclusivas destinadas a promover los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas mayores. “Trabajamos con poblaciones de extrema vulnerabilidad: niños abandonados, adultos mayores en situación de pobreza y abandono, mujeres que han sufrido violencia de género, adolescentes en situación de no adoptabilidad, menores y mayores víctimas de explotación sexual y laboral, entre otros. Hay muchísimo en la SENAF: los equipos fuimos abordando desde la asistencia directa y poniendo el cuerpo e incluso nuestros recursos económicos personales para mantener nuestro trabajo”, expresó la trabajadora social.

El miércoles 27 de marzo a las 20.40 llegó un mail a su casilla laboral que indicaba: “Por medio de la presente se le notifica que el contrato oportunamente celebrado con este organismo, en el marco de lo dispuesto por el Artículo 9 del Anexo de la Ley N° 25164, cuyo vencimiento opera el 31 de marzo del corriente año, no será renovado. Queda Ud. debidamente notificado”. “Es un mail que no tiene ni mi nombre, ni encabezado, ni tampoco una firma oficial. El día que lo recibí fue tirar a la basura 23 años de especialización. Es muy fuerte porque yo no puedo ir a ningún lado a realizar la labor que solía hacer porque es un trabajo específico del Estado”, manifestó Ortega.

De la SENAF fueron despedidas 326 personas y quienes quedaron, tienen un contrato “en revisión” hasta el 30 de junio. Se espera así otra oleada de despidos en el organismo. “Echaron personas que eran piezas clave para el funcionamiento de la SENAF. No fue un proceso de análisis cuidadoso, sino un recorte sin ningún parámetro ni criterio. Nadie de la nueva gestión nos pidió explicar nuestras tareas, no hubo evaluación mediante. Tuvimos la mala suerte de que el dedo haya caído en nuestro apellido”, denució la trabajadora social.

El desguace de la SENAF significa la desaparición de “un veedor y un organismo para controlar el accionar del Poder Judicial o de las fuerzas policiales sobre poblaciones muy vulnerables. Es una función que cumple el Estado, que debe ser fortalecida y no diezmada”, finalizó Ortega.

Retroceso en las políticas para las personas con discapacidad

En la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la situación no fue diferente. Guadalupe Bargiela, trabajadora del organismo, declaró: “Muchos se enteraron por un mail o por una lista en la puerta del edificio. Son 340 los despedidos a lo largo de todo el país. Dentro de ellos hay delegados sindicales, personas con discapacidad, personas con licencias psiquiátricas y de maternidad, algunos de planta permanente y otros con contratos de locación de servicios. Es un verdadero desguace del Estado nacional”. Bargiela trabajaba en ANDIS desde hacía cuatro años y se desempeñaba en el área de participación ciudadana, respondiendo mails a la comunidad.

ANDIS lleva adelante la junta evaluadora de discapacidad, que es el órgano controlador de todas las juntas de nivel provincial que emiten certificados de discapacidad y pensiones en todo el territorio nacional. “Además, se realizan talleres para la comunidad en el predio de la agencia, entre ellos clases de tango, escritura, deportes, etc. Otro punto nodal del trabajo de ANDIS es la promoción de la inclusión en todos los organismos estatales con capacitaciones para que estén preparadas para recibir a las personas con discapacidad”, declaró Bargiela sobre las tareas de la agencia. Ella misma es una trabajadora con discapacidad visual; sin embargo, derechos como éste que le garantizó a ella y tantos otros el derecho al trabajo, hoy se ven doblemente vulnerados.

En cuanto a las designaciones de la nueva gestión para el instituto, Bargiela señaló: “Las personas que entraron no saben de discapacidad. En realidad, al gobierno no le importa la cuestión. Para darse una idea, el nuevo director ejecutivo del ANDIS es un penalista”, haciendo referencia a Diego Orlando Spagnuolo, abogado del presidente y ahora cabeza del organismo.

La falta de personal afecta directamente a las funciones del instituto; el desarrollo de programas de inclusión, la atención al público, la ayuda y el otorgamiento de certificados y pensiones son obstaculizados por las medidas del Poder Ejecutivo. “Están realmente vulnerando, más aún de lo que se venía haciendo, al colectivo de personas con discapacidad”, aclaró Bargiela.

Muchos de los trabajadores despedidos se agruparon para tomar medidas de lucha. “Trabajadores de ANDIS en lucha” es el nombre que toma la organización que denuncia la situación de los empleados de la agencia y que el 20 de abril llevará a cabo una asamblea para plantear esta situación que afecta de manera transversal al colectivo. “Seguiremos peleando, mientras que los derechos de las personas con discapacidad estén siendo vulnerados”, finalizó Bargiela.

¿Quién protegerá a los parques nacionales?

Ayelén Arcos es antropóloga y desde mayo del año pasado formaba parte del proyecto Paisajes, promovido por el Banco Mundial. Paisajes es un convenio con Parques Nacionales para la recuperación de medios de vida sostenibles y de paisajes con una mirada socioambiental, a desarrollar en distintas zonas a lo largo del país. Junto a una compañera, era la encargada de las evaluaciones de impacto social y ambiental de las iniciativas de Paisajes en la zona que abarca desde El Chaltén y Calafate (Santa Cruz) hasta Ushuaia (Tierra del Fuego). “Al ser un convenio entre Parques Nacionales y el Banco Mundial, el empleo corre por cuenta del Estado pero el financiamiento del proyecto y los sueldos van por el parte del Banco Mundial, un organismo internacional”, declaró Arcos.

Parques Nacionales también fue impactado por la ola de despidos, la desfinanciación y la falta de definición de autoridades del Poder Ejecutivo: “En “Paisajes”, donde nosotras trabajábamos, había dos obras sumamente importantes: dos edificios de incendios en el Parque Nacional Los Glaciares y en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Para poder avanzar sobre esa licitación necesitábamos que alguien firme y no había tal firma, porque ni siquiera se habían definido autoridades”, explicó la antropóloga.

En cuanto a la situación previa a los despidos, Arcos detalló: “Nosotros la veíamos venir, porque el modus operandi es siempre el mismo: hay una especie de vaciamiento de tareas previa. Y, finalmente, como si fuera una profecía autocumplida, esa persona no está haciendo nada y esto justificaría su despido”.

La institución empleaba alrededor de 2.000 personas previamente a la asunción de Milei. “Antes de los despidos se calculaba que por cada funcionario de parque había 8.000 hectáreas. Hoy en día hay muchísima menos presencia. En esta tanda echaron a 80 personas y a mediados de año se pretende echar a 350 más. Es más de una cuarta parte del personal”, aclaró la antropóloga. De la cifra total, muchos eran especialistas que trabajaban en el proyecto Paisajes, aún cuando sus sueldos estaban financiados de manera externa al Estado.

La reducción de personal afecta al cuidado de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de los Parques Nacionales. “Pareciera que quieren reducir a Parques a una institución de solo guardaparques y brigadistas, eliminando todas las funciones de conservación. Hay un gran área de estudio de la biodiversidad, encargados de prevenir y manejar incendios e incluso investigación sobre el impacto del cambio climático. Somos muchos velando por las funciones de conservación e investigación que deben tener los parques nacionales”, concluyó Arcos.

Estas historias se multiplican por miles, en muchas dependencias estatales. Mientras que no se logre detener esta política de achicamiento del Estado, cada vez más derechos correrán el riesgo de evaporarse, destruyendo en un instante lo que lleva un largo período conquistar. 

Un cacerolazo por la soberanía cultural

Un cacerolazo por la soberanía cultural

Ene 11, 2024 | Comunidad, Culturas, DDHH, Destacado 1

Referentes de todas las artes y ámbitos de la cultura se reunieron ayer frente al Congreso de la Nación para frenar el desfinanciamiento que pretenden el DNI y la Ley Ómnibus del oficialismo.

Artistas, organizaciones culturales, trabajadores de la cultura, políticos y autoconvocados realizaron ayer un Cacerolazo cultural nacional a lo largo en todo el país en contra de la ley Ómnibus.

A pesar de la lluvia, cientos de personas llegaron a la plaza del Congreso en defensa de la cultura y las artes, y en oposición al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y a la Ley Ómnibus que propone recortes, desfinanciamiento y cierre de instituciones vinculadas al desarrollo de la cultura.

Una multitud se manifestó en contra del cierre del Fondo Nacional de las Artes (FNA), el cierre del Instituto Nacional de Teatro (INT), el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de Música (INAMU) y de Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP).

Entre música, bombos y redoblantes, Ramiro Pérez, activista de “Músicxs Organizadxs” (@musicxsorganizadxs) dijo en diálogo con Anccom: “Los artistas y los trabajadores de la cultura somos trabajadores muy precarizados bajo convenios que no existen. La Ley Ómnibus viene a terminar con el INAMU, con el cine, el teatro y demás. En pos de acabar con cuestiones del Estado como el endeudamiento quieren terminar con la cultura, la plata se va con el FMI y los acreedores, este no es el lugar donde hay que ajustar. Los trabajadores de la cultura seguimos haciendo arte y estamos luchando hoy para que continúen los diferentes institutos”.

Por su parte, María Inés Gómez, bibliotecaria de la biblioteca popular “Por caminos de libros” (@porcaminosdelibros ) reflexionó:“Pensemos la cultura en términos de derechos y no de privilegios , las bibliotecas populares son espacios que exceden la cuestión del libro, las cientos de bibliotecas populares que hay en todo el país son verdaderos centros culturales y algunas están en rincones donde no hay otra institución que puedan asumirse como centro de práctica de cultura o acceso a la información”. La bibliotecaria agregó: “Estamos presentes en contra de la ley Ómnibus por muchas cosas. El desfinanciamiento de las organizaciones culturales achica la posibilidad de que las personas tengan espacios de participación en talleres artísticos, acceso a la información, espacios de encuentro entre personas. Estamos en contra de una ley que plantea el desfinanciamiento, la atomización de esas construcciones colectivas que no pueden pensarse con la ley del más fuerte o que sobreviva el que merece , no tiene que ver con la meritocracia , tiene que ver con el derecho”.

Nicolas Vetromile, delegado general adjunto de ATE INCAA (@ateincaa) explicó: “Estamos muy preocupados con la sanción de la ley Ómnibus , ya que si esta ley se sanciona, el INCAA queda totalmente desfinanciado, le quitan sus potestades, sus políticas públicas, haciendo que muchas de las actividades que hoy lleva a cabo el INCAA no se puedan hacer, por ejemplo, todas las políticas de exhibición. La escuela nacional de cine no podría funcionar porque no está en la ley. También se desfinancia la cantidad de dinero que ingresa, solo nos quedaríamos con el 10% de las entradas del cine, también nos quedaríamos sin el dinero que recauda el Enacom por el uso del espectro radioeléctrico, los cableoperadores, las antenas y los canales de cable, eso hace que se pierda la fiscalización y las salas de cines pueden hacer cualquier cosa”. Además del desfinanciamiento a Vetromile le preocupa la desprotección de la industria cultural nacional: “Se pierde la política pública de la cuota de pantalla y la media de continuidad para el cine argentino ¿Qué significa esto? Las multipantallas pueden poner todo cine extranjero y no poner nada del cine nacional, si se pierde la fiscalización no se puede controlar eso. Además, se pierde el canal CINEAR, se pierde su plataforma y se pierde una de las políticas públicas más grandes en el mundo que son los espacios INCAA, un reducto fuera de las multipantallas para ver cine nacional”.

Vetromile explica que con las medidas pretendidas por el oficialismo el INCAA podría quedar con tres oficinas, desfinanciado y el dinero no alcanzaría para todos los trabajadores y trabajadoras del cine. Lo mismo ocurriría con el Instituto Nacional del Teatro, el FNA, el INAMU y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA). “En este sentido se está atacando a toda la cultura independiente y es lo que veníamos hablando cuando se ponía en discusión el tema de los fondos para la cultura, es que se pierde la soberanía cultural. La cultura no se vende, la cultura se defiende”, concluyó.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices también llegó con sus carteles y expresiones. La actriz Ana Celentano dijo en diálogo con Anccom: “Nosotros estamos peleando contra la ley ómnibus que toca muchas instituciones importantes de la cultura. Creo que es importante estar acá defendiendo esto porque nos llevó muchas décadas de lucha tener este tipo de instituciones que las hemos sido mejorando con la lucha de los protagonistas de la cultura, los trabajadores de la cultura, los técnicos, los artistas. Son instituciones muy importantes sobre todo porque garantizan la democratización de estos instrumentos, si no existe el Estado como un actor fundamental en la promoción de las artes, sólo pueden expresarse ciertos sectores de la sociedad y el resto quedan marginados a determinados reductos”.

Para Celentano se está defendiendo la cultura como herramienta transformadora: “El arte y la cultura en general porque creemos que son fundamentales para sentirnos libres para ser mejores personas y para ser un mejor país. Creo fervientemente en el arte, creo fervientemente que el arte es el alma de los pueblos y creo que hay que defender una política democrática de acceso a la cultura en todo el país y para todos los sectores “.

Nicolas Vilchez , miembro del colectivo de Poetas por la memoria , la verdad y la justicia (@Colectivodepoetas) ambién explicó por qué reclama su sector: “Estamos acá porque nos parece importante movilizarnos a favor de la cultura, la memoria, sobretodo de lo colectivo porque de esto no se sale de una forma individual .Es importante seguir luchando de forma colectiva, esto recién comienza y el arte es algo importante, porque es oxígeno para cada día y además por la necesidad del ser humano que hace a la cultura, que es lo que nos diferencia del resto de los otros seres vivos. Lo importante es que te unas al resto, que mires a tu alrededor, las balas te pican cerca y de alguna forma vas a tener hambre si no es de comida es de cultura, vos, tu familia, tus amigos o amigas”.

Algunos partidos políticos también acompañaron el cacelorazo cultural. Entre ellos pudo verse a la Diputada Nacional por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman. “La ley Ómnibus es parte de un paquete más que Javier Milei compuso en tres partes. La primera es el DNU, la segunda la Ley Ómnibus y la tercera son un conjunto de leyes para los más concentrados de la economía. Y estos tres elementos conjugan un plan de guerra contra el pueblo trabajador, donde le sacan a los de abajo para darle a los de arriba, donde tienen todo tipo de beneficios impositivos, baja de bienes personales, donde le dan todo tipo de beneficios a las empresas multinacionales a la par que produce un ajuste brutal contra el pueblo, dejan a las jubilaciones sin certeza si se van a actualizar o no etcétera”, describió la Diputada y agregó: “En ese marco, el ataque a la cultura nos parece una de las peores cosas que contiene la Ley Ómnibus. Atacar a la cultura es atacar a una parte de la sociedad. Si hay algo que identifica a la sociedad argentina es el amor por el teatro, el amor por el cine, por nuestra cultura que ha tenido un rol muy importante, inclusive en la dictadura militar. Para el presupuesto nacional es insignificante lo que se destina a cultura porque el ajuste a cultura viene desde hace mucho tiempo, solo muestra una posición ideológica que no tiene nada que ver con la economía. Si quieren solucionar eso, hay que tocar los intereses de los grandes empresarios que, al revés, se ven beneficiados por esta ley”.

Por otra parte, el diputado nacional por el mismo Frente, Alejandro Vilca añadió: “Es la política de este gobierno, que esté todo en manos privadas, es parte de la política de Javier Milei dejar que regule todo el mercado”. “El DNU y la ley Ómnibus atacan a la cultura, a la educación, a los jubilados, a los trabajadores, al medioambiente”, detalló y concluyó: “Creo que nos enfrentamos a un gobierno que decía que venía por la casta y la casta somos los de abajo. Y lo más grave es que pide facultades especiales y a eso no lo vamos a permitir, porque junto a miles de trabajadores como lo estamos haciendo hoy, junto a trabajadores de cultura de todo el país, el 24 también tiene que ser una jornada importante para reafirmar nuestra posición y frenar estas leyes antipopulares”.

Referentes de todas las artes y ámbitos de la cultura se reunieron ayer frente al Congreso de la Nación para frenar el desfinanciamiento que pretende el DNI y la Ley Ómnibus del oficialismo.

Artistas, organizaciones culturales, trabajadores de la cultura, políticos y autoconvocados realizaron ayer un Cacerolazo cultural nacional a lo largo en todo el país en contra de la ley Ómnibus.

A pesar de la lluvia, cientos de personas llegaron a la plaza del Congreso en defensa de la cultura y las artes, y en oposición al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y a la Ley Ómnibus que propone recortes, desfinanciamiento y cierre de instituciones vinculadas al desarrollo de la cultura.

Una multitud se manifestó en contra del cierre del Fondo Nacional de las Artes (FNA), el cierre del Instituto Nacional de Teatro (INT), el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de Música (INAMU) y de Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP).

Entre música, bombos y redoblantes, Ramiro Pérez, activista de “Músicxs Organizadxs” (@musicxsorganizadxs) dijo en diálogo con Anccom: “Los artistas y los trabajadores de la cultura somos trabajadores muy precarizados bajo convenios que no existen. La Ley Ómnibus viene a terminar con el INAMU, con el cine, el teatro y demás. En pos de acabar con cuestiones del Estado como el endeudamiento quieren terminar con la cultura, la plata se va con el FMI y los acreedores, este no es el lugar donde hay que ajustar. Los trabajadores de la cultura seguimos haciendo arte y estamos luchando hoy para que continúen los diferentes institutos”.

Por su parte, María Inés Gómez, bibliotecaria de la biblioteca popular “Por caminos de libros” (@porcaminosdelibros ) reflexionó:“Pensemos la cultura en términos de derechos y no de privilegios , las bibliotecas populares son espacios que exceden la cuestión del libro, las cientos de bibliotecas populares que hay en todo el país son verdaderos centros culturales y algunas están en rincones donde no hay otra institución que puedan asumirse como centro de práctica de cultura o acceso a la información”. La bibliotecaria agregó: “Estamos presentes en contra de la ley Ómnibus por muchas cosas. El desfinanciamiento de las organizaciones culturales achica la posibilidad de que las personas tengan espacios de participación en talleres artísticos, acceso a la información, espacios de encuentro entre personas. Estamos en contra de una ley que plantea el desfinanciamiento, la atomización de esas construcciones colectivas que no pueden pensarse con la ley del más fuerte o que sobreviva el que merece , no tiene que ver con la meritocracia , tiene que ver con el derecho”.

Nicolas Vetromile, delegado general adjunto de ATE INCAA (@ateincaa) explicó: “Estamos muy preocupados con la sanción de la ley Ómnibus , ya que si esta ley se sanciona, el INCAA queda totalmente desfinanciado, le quitan sus potestades, sus políticas públicas, haciendo que muchas de las actividades que hoy lleva a cabo el INCAA no se puedan hacer, por ejemplo, todas las políticas de exhibición. La escuela nacional de cine no podría funcionar porque no está en la ley. También se desfinancia la cantidad de dinero que ingresa, solo nos quedaríamos con el 10% de las entradas del cine, también nos quedaríamos sin el dinero que recauda el Enacom por el uso del espectro radioeléctrico, los cableoperadores, las antenas y los canales de cable, eso hace que se pierda la fiscalización y las salas de cines pueden hacer cualquier cosa”. Además del desfinanciamiento a Vetromile le preocupa la desprotección de la industria cultural nacional: “Se pierde la política pública de la cuota de pantalla y la media de continuidad para el cine argentino ¿Qué significa esto? Las multipantallas pueden poner todo cine extranjero y no poner nada del cine nacional, si se pierde la fiscalización no se puede controlar eso. Además, se pierde el canal CINEAR, se pierde su plataforma y se pierde una de las políticas públicas más grandes en el mundo que son los espacios INCAA, un reducto fuera de las multipantallas para ver cine nacional”.

Vetromile explica que con las medidas pretendidas por el oficialismo el INCAA podría quedar con tres oficinas, desfinanciado y el dinero no alcanzaría para todos los trabajadores y trabajadoras del cine. Lo mismo ocurriría con el Instituto Nacional del Teatro, el FNA, el INAMU y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA). “En este sentido se está atacando a toda la cultura independiente y es lo que veníamos hablando cuando se ponía en discusión el tema de los fondos para la cultura, es que se pierde la soberanía cultural. La cultura no se vende, la cultura se defiende”, concluyó.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices también llegó con sus carteles y expresiones. La actriz Ana Celentano dijo en diálogo con Anccom: “Nosotros estamos peleando contra la ley ómnibus que toca muchas instituciones importantes de la cultura. Creo que es importante estar acá defendiendo esto porque nos llevó muchas décadas de lucha tener este tipo de instituciones que las hemos sido mejorando con la lucha de los protagonistas de la cultura, los trabajadores de la cultura, los técnicos, los artistas. Son instituciones muy importantes sobre todo porque garantizan la democratización de estos instrumentos, si no existe el Estado como un actor fundamental en la promoción de las artes, sólo pueden expresarse ciertos sectores de la sociedad y el resto quedan marginados a determinados reductos”.

Para Celentano se está defendiendo la cultura como herramienta transformadora: “El arte y la cultura en general porque creemos que son fundamentales para sentirnos libres para ser mejores personas y para ser un mejor país. Creo fervientemente en el arte, creo fervientemente que el arte es el alma de los pueblos y creo que hay que defender una política democrática de acceso a la cultura en todo el país y para todos los sectores “.

Nicolas Vilchez , miembro del colectivo de Poetas por la memoria , la verdad y la justicia (@Colectivodepoetas) ambién explicó por qué reclama su sector: “Estamos acá porque nos parece importante movilizarnos a favor de la cultura, la memoria, sobretodo de lo colectivo porque de esto no se sale de una forma individual .Es importante seguir luchando de forma colectiva, esto recién comienza y el arte es algo importante, porque es oxígeno para cada día y además por la necesidad del ser humano que hace a la cultura, que es lo que nos diferencia del resto de los otros seres vivos. Lo importante es que te unas al resto, que mires a tu alrededor, las balas te pican cerca y de alguna forma vas a tener hambre si no es de comida es de cultura, vos, tu familia, tus amigos o amigas”.

Algunos partidos políticos también acompañaron el cacelorazo cultural. Entre ellos pudo verse a la Diputada Nacional por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman. “La ley Ómnibus es parte de un paquete más que Javier Milei compuso en tres partes. La primera es el DNU, la segunda la Ley Ómnibus y la tercera son un conjunto de leyes para los más concentrados de la economía. Y estos tres elementos conjugan un plan de guerra contra el pueblo trabajador, donde le sacan a los de abajo para darle a los de arriba, donde tienen todo tipo de beneficios impositivos, baja de bienes personales, donde le dan todo tipo de beneficios a las empresas multinacionales a la par que produce un ajuste brutal contra el pueblo, dejan a las jubilaciones sin certeza si se van a actualizar o no etcétera”, describió la Diputada y agregó: “En ese marco, el ataque a la cultura nos parece una de las peores cosas que contiene la Ley Ómnibus. Atacar a la cultura es atacar a una parte de la sociedad. Si hay algo que identifica a la sociedad argentina es el amor por el teatro, el amor por el cine, por nuestra cultura que ha tenido un rol muy importante, inclusive en la dictadura militar. Para el presupuesto nacional es insignificante lo que se destina a cultura porque el ajuste a cultura viene desde hace mucho tiempo, solo muestra una posición ideológica que no tiene nada que ver con la economía. Si quieren solucionar eso, hay que tocar los intereses de los grandes empresarios que, al revés, se ven beneficiados por esta ley”.

Por otra parte, el diputado nacional por el mismo Frente, Alejandro Vilca añadió: “Es la política de este gobierno, que esté todo en manos privadas, es parte de la política de Javier Milei dejar que regule todo el mercado”. “El DNU y la ley Ómnibus atacan a la cultura, a la educación, a los jubilados, a los trabajadores, al medioambiente”, detalló y concluyó: “Creo que nos enfrentamos a un gobierno que decía que venía por la casta y la casta somos los de abajo. Y lo más grave es que pide facultades especiales y a eso no lo vamos a permitir, porque junto a miles de trabajadores como lo estamos haciendo hoy, junto a trabajadores de cultura de todo el país, el 24 también tiene que ser una jornada importante para reafirmar nuestra posición y frenar estas leyes antipopulares”.

Los derechos de las personas con discapacidad se metieron en la agenda de campaña

Los derechos de las personas con discapacidad se metieron en la agenda de campaña

Oct 25, 2023 | Comunidad, Destacado 5

Mientras que Javier Milei anuncia ajuste a las pensiones, Sergio Massa aseguró que las personas con discapacidad «no son un número» y aseguró que forman parte de su proyecto. ¿Qué opina el director de la Agencia Nacional del sector?

En su discurso al interior del complejo Artmedia tras conocer los resultados del escrutinio de la primera vuelta electoral y nuevamente para la militancia que estaba celebrando en la calle, el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, repitió que las personas con discapacidad forman parte de su proyecto de gobierno. “No son un número”, subrayó para diferenciarse de su contrincante, Javier Milei, que habló de ajustar las pensiones. Pero, ¿cuáles son los ejes centrales de la agenda en materia de discapacidad? En diálogo con ANCCOM, el director del Observatorio de la Agencia Nacional de Discapacidad, Germán Ejarque, contó sobre el nuevo proyecto de ley.

“Se postergaron por décadas las necesidades de un colectivo invisibilizado”, según afirmó Ejarque. Con un proyecto de ley que espera ser presentado en el Congreso de la Nación, problematizó sobre la falta de políticas públicas para esta parte de la población, entre las que destaca la necesidad de más apoyo para una vida independiente, el acceso a viviendas y mayor cupo laboral.

Sólo el 32,2% de este sector tiene empleo, según el último estudio nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad elaborado por el INDEC. El cupo laboral se aplica únicamente en el ámbito público, con una reserva al menos a un 4%. Sin embargo, el también contador público insistió que “históricamente no se ha cumplido”. 

Ejarque explicó que hay un proyecto de ley que fue impulsado por el gobierno nacional, elaborado tras una consulta pública, que contempla el cupo laboral para discapacidad también en el sector privado. Desde el sector, buscan la sanción de una nueva normativa sibre discapacidad que reemplace la Ley 22431, ya que esta fue aprobada en 1981 por la última dictadura militar y, según el sitio oficial del Gobierno, entiende a la persona como un “sujeto de cuidado y no como sujeto de derecho”.

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, luego de quedar primero en la primera vuelta de las elecciones y entrar en el balotaje, aseguró que buscará conformar un gobierno de unidad nacional que promueva más inclusión. Entre los diversos grupos aludidos  en su discurso mencionó a las personas con discapacidad «porque no son un número». Previo a las elecciones ya había advertido que «hay que eliminar la incompatibilidad entre la pensión por discapacidad y el mundo del trabajo». Se espera que cuando Alberto Fernández vuelva de su gira por China emita un decreto sobre esta cuestión.

“Este colectivo fue postergado porque no salió, se quedó en casa y no por decisión propia, sino porque la sociedad no lo estaba incluyendo”, advirtió el director del Observatorio. También cuestionó el uso de términos relacionados a la discapacidad como insultos por el partido La Libertad Avanza y las políticas de recortes en las pensiones que buscan aplicar en su afán por el ajuste. En su plataforma electoral, Javier Milei proyecta realizar una «reforma previsional para recortar el gasto del estado en jubilaciones y pensiones», agregó Ejarque.

“Las pensiones son totalmente insignificantes en cuanto al monto”, sostuvo Ejarque. Esta asignación siempre es el 70% de una jubilación mínima y en octubre de 2023, tuvo un valor de 61.221 pesos, al que se le agregó un bono de 37.000. También reclamó que es en este indicador y en el programa de salud donde los gobiernos de derecha deciden hacer ajustes, mientras recordó cuando en 2017 el expresidente Mauricio Macri eliminó 160.000 pensiones por invalidez “con medidas totalmente arbitrarias”. 

Ejarque también resaltó que la verdadera traba que se presenta para las personas que desean involucrarse en el mundo laboral es la incompatibilidad expresada por la Resolución 36/2021, la cual afirma que los titulares de pensiones que accedan a un empleo formal verán suspendido temporalmente el beneficio, y no caducado. “Hay empresas que quieren contratar a una persona con discapacidad y se encuentran con que están cobrando una pensión no contributiva. La persona, ante la incertidumbre propia del mercado laboral y el miedo de perder esta asignación, decide no ingresar en un trabajo”, concluyó.

Sobre las condiciones de vida, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378) dispone el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. El  funcionario aseguró que desde el colectivo luchan hace años para mejorar políticas públicas que garanticen la aplicación de la legislación y contó que la autonomía es una preocupación a largo plazo que tienen las familias y los padres de hijos pertenecientes a este sector.

Ejarque enfatizó que las políticas públicas de apoyo a la vida independiente y el acceso a la vivienda colaboran con la creación de puestos de trabajos y evitan la situación en que una persona con discapacidad quede institucionalizada en hogares o geriátricos tras quedar sin amparo familiar.

El 10,2% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad, según el último estudio de INDEC. Por eso, se impulsa la promoción de asistentes personales que puedan colaborar con las actividades de la vida diaria de este colectivo, donde el eje sean las actividades de interés de la propia persona y no únicamente el cuidado de la salud, diferenciando la figura de un asistente terapéutico. 

Si bien aún hay dificultades, el responsable del Observatorio aseguró que en la cuestión laboral hay muchas empresas que están dando un efecto contagio al incluir a personas con discapacidad. Además, herramientas como el teletrabajo y la virtualidad facilitaron el acceso al ámbito laboral, a la vez que cada vez hay más oportunidades disponibles para el colectivo.

Ahora resta esperar a la segunda vuelta para que las personas discapacitadas encuentren en la promesa de Massa la sanción de un proyecto de ley que mejore su calidad de vida 

El parto como derecho

El parto como derecho

May 17, 2023 | Comunidad, Destacado 3

Desde este lunes se conmemora en la Argentina la Semana del Parto Respetado. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las principales causas de violencia obstétrica? ¿Qué dice la ley?

Cuando se habla de «parto respetado» o «parto humanizado», se hace  referencia a la consideración que debe ofrecerle el personal de salud a las madres, los padres y los recién nacidos durante el preparto, el parto y el posparto. Esto significa que deben ser atendidas sus creencias religiosas, sus nacionalidades, costumbres, y las particularidades de cada familia. El nacimiento debe darse de manera segura, de la forma más natural posible, pidiendo consentimiento para todas las intervenciones quirúrgicas y evitando todas las intervenciones innecesarias, sin violencia, garantizando la dignidad y privacidad de la mujer gestante. Del 15 al 21 de mayo se conmemora en la Argentina la Semana Mundial del Parto Respetado, que en nuestro país se reglamentó en el año 2015.

La médica  Patricia Rosemberg, especializada en derechos sexuales, violencia obstétrica, parto respetado e interrupción del embarazo y exdirectora de la Maternidad Estela de Carlotto, en el municipio de Moreno, reflexiona: “El parto respetado fundamentalmente tiene el eje en que las protagonistas son la persona que paren y la persona que nace. Devolver el protagonismo significa poder transcurrir el embarazo y llegar al momento del parto con información, con posibilidades de decisión, con conocimiento del cuerpo, con conocimiento de ese proceso tan fisiológico, tan único y tan poderoso. Que el sistema de salud se corra de la intervención y que su rol sea el acompañamiento en los tiempos que la persona que está pariendo marque.»

Debido a la importancia que tiene el respetar estos derechos, se reglamenta en el año 2015 la Ley Nacional 25929, que rige en todo el país. Dicha ley garantiza, entre otros, el derecho a que la persona gestante esté informada constantemente sobre todos los procedimientos que le realicen, la evolución del parto, el estado de su hijo o hija, y participar de las decisiones antes, durante y después del parto; conocer los beneficios de la lactancia y recibir apoyo para amamantar; ser tratada con respeto e intimidad, sin ser discriminada; y que la madre pueda elegir quién va a acompañarla durante y después del embarazo.

 “La ley habla de garantizar algunas cosas como por ejemplo que la persona esté acompañada por quien ella elija durante todo su parto. El acompañamiento es fundamental como soporte afectivo, pero también porque esa persona que acompaña, de alguna forma se constituye en quien puede garantizar los derechos”, explica Rosemberg y agrega:  “La ley de Parto Respetado nos habla de no patologizar, es decir no intervenir innecesariamente. Con esto no quiero decir que ninguna cesárea sea necesaria, por supuesto que hay cesáreas que son necesarias para salvar la vida de la persona o la del bebé. Pero cuando las cesáreas se vuelven rutina, ahí hay una intervención sobre el cuerpo que genera daño para la persona.”

La médica subraya aspectos la ley: “La norma habla de respetar los tiempos, que la persona pueda movilizarse, no forzarla a parir en una posición que no desee, que ese o esa bebé que acaba de nacer no sea separado de su mamá, que podamos garantizar el contacto piel a piel por lo menos una hora. Esa hora es absolutamente indispensable para generar vínculo.”

Si estos derechos no se cumplen, se habla de violencia obstétrica por parte del personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. Hay dos tipos de violencia: violencia física y violencia psicológica. En la violencia física podemos encontrar el exceso de medicalización, la realización de cesáreas innecesarias, que la persona gestante no pueda decidir la posición en la que desea parir, entre otros. Y en la violencia psicológica, tenemos los ejemplos de la discriminación, los comentarios denigrantes violando la intimidad de las mujeres, el impedir que la madre elija a su acompañante y no brindarle la información que necesita en tiempo y forma, entre otros.

Al respecto, Rosemberg sostuvo “Nosotros no tenemos grises, si no hay un parto respetado, hay violencia obstétrica. Nuestro país es muy pionero en tipificar a la violencia obstétrica como una de las violencias institucionales por motivos de género. La violencia obstétrica es una de las más frecuentes pero también más naturalizadas”.

La violencia obstétrica es más común verla ejercida en las madres y los padres adolescentes que en los adultos. “Hay muchos estigmas que recaen sobre los adolescentes papás y mamás, esto opera en la profundización de la violencia, y esta asimetría que muchas veces se genera entre el y la profesional y la persona gestante se agrava también por la edad de esa persona embarazada”, relata, por su parte,  Lucía Sucari, coordinadora del área de Comunicación en la Fundación Kaleidos, organización especializada en embarazo, maternidad y paternidad en la adolescencia, desde el año 2003.

Cuenta Sucari que lo que ven es que en el caso de los adolescentes quedan marcas psicoemocionales  y físicas muy profundas ligadas al vínculo con sus hijos e hijas, con la relación con su propio cuerpo, con los procesos sexuales y reproductivos, y en la lactancia. Esta violencia obstétrica trae también problemas complejos en cuanto a que los adolescentes, al ser discriminados, se alejan del sistema de salud, se refuerza la vulnerabilización de sus derechos y las barreras de acceso.

Por su parte, esta fundación busca visibilizar esta problemática, y en base a esto exigir al Estado el respeto, porque esto es una violación a los derechos humanos, que se cumpla la obligación de respetar los derechos de estas personas embarazadas durante el embarazo, el parto y el posparto. Y que en los Institutos de salud se adopten medidas para prevenir, prohibir, sancionar y reparar estos actos. “Desde Fundación Kaleidos lo que pedimos para las y los adolescentes es sensibilizarnos como adultos, fortalecer una mirada empática, que tengan en cuenta la singularidad de cada uno”, remarca Sucari. En línea con la Semana del Parto Respetado, lanzaron un podcast sobre violencia obstétrica en adolescentes.

En lo que respecta a la Provincia de Buenos Aires, en el Hospital Posadas se realizan esta semana diferentes actividades bajo el lema «Salud es parir libres de violencias».

Hubo 181 femicidios en lo que va del año

Hubo 181 femicidios en lo que va del año

Sep 11, 2020 | Géneros, Novedades

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A 30 años del caso de María Soledad Morales, asesinada en San Salvador del Valle de Catamarca, a pocos días del femicidio de la niña de 14 años Ludmila Pretti en Moreno, provincia de Buenos Aires, y a una semana de la liberación de Néstor Pavón en Entre Ríos, condenado por el encubrimiento del asesinato de Micaela García, -crimen que impulsó al Congreso de la Nación a sancionar la Ley de Capactación Obligatoria en Género y violencia contra las mujeres-, el Observatorio de “Mujeres, Disidencias, Derechos” de MuMaLa presentó el resultado de su Registro Nacional de Femicidios.

Un total de 181 son los femicidios que se relevaron en nuestro país entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2020. Según este registro, 118 casos fueron en contexto de pandemia. El informe revela un femicidio cada 32 horas. Además, hubo 167 ataques denunciados; y, 193 niñas, niños y adolescentes que quedaron sin madre. 

“Nosotras iniciamos el Observatorio como resultado de la demanda del 3 de junio de 2015, con la marcha histórica de Ni una Menos. Uno de los reclamos que se hacía en aquel momento tenía que ver con que no existían datos que dieran cuenta de la cantidad de femicidios por año”, cuenta Silvia Ferreyra. 

Las provincias con mayor número de casos son Tucumán, Misiones, Catamarca, Chaco, Salta y Santa Fe. 

Las estadísticas son elaboradas a partir de la información proporcionada por publicaciones gráficas y digitales de medios nacionales, provinciales y locales. 

“Tenemos un desarrollo territorial en todas las provincias del país. Hacemos el relevamiento en todas las provincias, 23 distritos, más la Ciudad de Buenos Aires”, explica Silvia para mostrar que se trata de un problema que no discrimina localidades. 

Desde el colectivo feminista se realizan acciones para concientizar, prevenir y actuar sobre la violencia de género. Sus integrantes explican cómo abordar los casos de femicidios, y cuáles son los mecanismos para proteger a las víctimas y dar a conocer herramientas del Estado en favor de ellas. 

“En el caso Ludmila se habla mucho sobre qué hacía una piba de esa edad en una fiesta, pero de lo que no terminamos hablando es respecto a la agresión en sí. En el caso de María Soledad Morales han pasado 30 años y, sin embargo, se repiten los mismos errores sistemáticos en los periodistas, revictimizando a las víctimas”, analiza Ferreyra haciendo foco en que son los propios medios de comunicación los que terminan naturalizando los hechos de violencia bajo una cultura machista.

El 41 por ciento de los femicidios lo comete la pareja de la víctima, un 22 por ciento lo ejecutan exparejas.

El informe del Observatorio detalla que de ese  total de 181 casos registrados, 161 fueron femicidios directos, 7 femicidios vinculados de niñas y mujeres, 9 femicidios fueron vinculados de niños y varones, y 4 trans/travesticidios. 

El agravamiento por el vínculo está incluido en los incisos 11 y 12 del artículo 80 del Código Penal recién desde 2012, con la modificación realizada por la Ley 26.791. Allí la norma es clara al tipificar la acción, cuando caracteriza  la agresión hacia “una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género” (…) “Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación”.

La mayor tasa de femicidios la tiene el Norte de nuestro país. Las provincias con mayor número de casos son: Tucumán, Misiones, Catamarca, Chaco y Salta, con  Santa Fe que se mete desde el litoral dentro de este grupo. 

Otro dato de importancia son las referencias al lugar en donde ocurren los hechos. El 36 por ciento lo ocupa la vivienda de la víctima, le sigue con el 32 por ciento la vivienda compartida con el agresor; mientras la vía pública baja a un 12. Lo cual demuestra que la violencia machista es mayor dentro de espacios privados y propios a un contexto de intimidad. Esto advierte que la problemática se agudiza en un escenario de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Un 6 por ciento ocurre en la vivienda de un familiar, un 4 por ciento en la del femicida, otro 4 en propiedad privada de un tercero, y un 4 en descampados. El lugar de trabajo de la víctima se corresponde con el 2 por ciento de los casos.

El relevamiento incluye el tipo de vínculo entre la víctima y victimario. El 41 por ciento de los casos corresponde a la pareja, un 22 por ciento a exparejas y un 13 a familiares de la víctima. Un 12 por ciento corresponde a personas conocidas y un 6 a desconocidas. Queda otro 6 por ciento sin datos clasificables.

El informe también incorpora el mecanismo utilizado por los femicidas: los primeros lugares los ocupan las armas blancas (28 por ciento) y armas de fuego (24 por ciento). En casi una cuarta parte del total de los casos ha habido disparos y, en su mayoría, se realizaron con armas reglamentarias. 

“Siempre hay un porcentaje de agresores que son integrantes de las Fuerzas de Seguridad. A nuestro entender, esto tiene que derivar en alguna política pública como retirar el arma a aquellos agentes con denuncias de violencia de género. Estamos hablando que el 8 por ciento del total de los femicidas han sido miembros o pertenecen a las fuerzas”, afirma Ferreyra.

Las estadísticas destacan que el 45 por ciento de las víctimas tenía entre 19 y 40 años, el 56 por ciento de ellas ternía hijos o hijas y el 20 por ciento había denunciado a su agresor. En otras palabras, casi la mitad de los crímenes podrían haberse evitado por denuncias preexistentes.

Antes de marzo, se cometía un femicidio cada 29 horas y,  en la actualidad es uno cada 32, lo que implicaría una levísima mejora. 

En casi una cuarta parte del total de los casos ha habido disparos y, en su mayoría, se realizaron con armas reglamentarias. 

“Más del 60 por ciento de las víctimas han sido asesinadas en su hogar o en un hogar compartido por su agresor. Por esto, nos parece claro que las medidas de aislamiento lógicamente no favorecen las políticas de prevención de estos crímenes. El hogar no es un lugar seguro para las víctimas”, sostiene la Coordinadora de MuMaLa.

Durante la pandemia, desde el nuevo  Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, se incorporó la resolución 15/2020 donde el Estado  tiene la obligación de garantizar a las mujeres y a las personas LGTBIQ el derecho a una vida libre de violencias. La misma posibilita el traslado de la víctima sin ningún permiso especial previo en caso de violencia de género. 

“Si bien existe la resolución 15/2020 que posibilita el traslado de la víctima, muchas veces es difícil su instrumentación porque depende de las medidas de aislamiento de cada jurisdicción. Tienen que existir organismos o espacios del ámbito del Estado con capacidad real, concreta, material para poder hacer un proceso de acompañamiento en situaciones críticas”, continúa Ferreyra.

Según cifras del Observatorio, más del 80 por ciento de las víctimas de femicidio no habían acudido al Estado en busca de asistencia. “La Justicia es una de las instituciones que más nos debe como sociedad y una de las instituciones que menos credibilidad genera. Las víctimas no ven a la Justicia como una herramienta que actúe a su favor. A 30 años del caso de María Soledad vemos todavía cómo la impunidad opera en altas esferas del poder. El caso de María Soledad es un caso testigo de todo esto”, agrega Ferreyra con atención a la matriz política que caracterizó ese caso conocido como el de “los hijos del poder”, y por el cual a los 14 años de ese asesinato no quedaba ninguno de los condenados presos. 

Del informe surge un reclamo abierto a los tres poderes del Estado para priorizar aún más la asignación de recursos destinados al abordaje integral de políticas para mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ, junto con la urgencia de avanzar con la implementación de la Ley Micaela, como principal herramienta en todas las instituciones del Estado.