Dic 31, 2023 | DDHH, Destacado 2
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos De Córdoba denunció al ministro de seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, al jefe de Policía local, Leonardo Gutiérrez y a la sargento primero Claudia Melián Aranibar, a quienes acusó de haber realizado inteligencia interior ilegal en la marcha del 20 de diciembre. En vez del uniforme de la fuerza, la mujer -que tomaba fotografías- utilizaba chaleco de prensa.
La manifestación contra el gobierno de Milei y posterior represión policial del 20 de diciembre en la provincia de Córdoba contó con un elemento adicional: horas antes del inicio del cacerolazo una oficial de esa fuerza se infiltró como periodista. La APDH hizo la denuncia penal por inteligencia ilegal.
La primera protesta con ruido de cacerolas en la ciudad Capital de Córdoba, frente al céntrico Patio Olmos, había sido convocada por el Polo Obrero con el objetivo de recordar los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001, y también para rechazar las medidas tomadas por el presidente Javier Milei. Esa misma tarde del cacerolazo, previamente a la represión por parte de la policía local, hubo tareas de inteligencia hacia los manifestantes, una acción explícitamente prohibida por la ley.
Fueron algunas de las personas que estaban marchando las que detectaron que una persona tomaba fotos con la cámara de un celular, usando un chaleco beige que en la espalda llevaba escrito en grandes letras negras “prensa”. Pero no era una fotoperiodista. Un manifestante le consultó a qué medio pertenecía y ella respondió “prensa independiente”. Con el correr de las horas, con los videos de la marcha que se viralizaron, varios usuarios detectaron que la mujer de chaleco beige se llamaba Claudia Susana Melián Aranibar y que es miembro de la Policía de Córdoba.
Cerca de las 22, los manifestantes superaban los 3.000 y como la plazoleta donde estaban les quedó chica, bajaron a la calle. Fue el inicio de la represión que incluyó palazos, gases e incluso balas de goma. Hubo cinco detenidos, entre ellos el periodista Rodrigo Savoretti, del sitio Enfant Terrible.
Antes del inicio de la feria judicial de verano, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) realizó una denuncia contra el ministro de seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, el jefe de Policía de Córdoba, comisario general Leonardo Gutiérrez y la sargento primero Claudia Melián Aranibar, a quienes acusó de haber realizado inteligencia interior ilegal. La acusación quedó formalizada ante el fiscal Luis Fernando Micheli. Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba también presentó una querella en igual sentido.
Guillermo Torremare, presidente de la APDH Nacional, dialogó con ANCCOM y señaló que la infiltración policial viola tres leyes nacionales. “Un funcionario policial se infiltre en una movilización popular, ocultando su rol de policía y haciéndose pasar por un periodista, es contrario a la Ley de Inteligencia, de Seguridad Interior y de Defensa”, expresó. También destacó que podría configurar otros delitos del Código Penal, como el abuso de autoridad y el incumplimiento de deberes de funcionario público.
Torremare remarcó que “las fuerzas policiales se meten en movilizaciones presumiendo que tienen algún contenido delictual que ellos deben prevenir o custodiar, lo cual es contrario al actuar policial, por eso denunciamos para que se investiguen estas conductas”.
Por otro lado, indicó que la denuncia fue presentada y que próximamente “la justicia va a disponer algunas medidas”. El objetivo de iniciar el camino de la querella legal es que “se censure judicialmente todo tipo de acción de inteligencia policial sobre movimientos de derechos humanos, movilizaciones populares que se expresan frente a cualquier hecho concreto”.
A su criterio, la inteligencia policial tiene que estar destinada a prevenir el delito en aquellos ambientes en los cuales se presume que se pueden cometer delitos. “Las movilizaciones populares no son ambientes donde se presume que se pueden cometer delitos, por eso a nuestro juicio estas acciones están encaminadas a criminalizar protestas, reclamos, marchas”, indicó.
“Queremos que las fuerzas de seguridad y la política sean respetuosas de los derechos de las personas a manifestarse con absoluta libertad y sin ser espiados; cuando se da este tipo de espionaje se vulneran derechos elementales de las personas a participar y a expresarse. En un país donde existe libertad de conciencia y donde estos derechos están garantizados, el Estado no puede tomar estas medidas como las que nosotros estamos denunciando”, afirmó Guillermo Torremare.
Reiterada mala costumbre
No es la primera vez, y probablemente no será la última, que alguna fuerza policial o de seguridad viola la legislación vigente para realizar tareas de inteligencia interior.
La Comisión Provincial por la Memoria, cuya mesa integra Torremare, ha denunciado tareas de inteligencia ilegal en perjuicio de familiares de la Masacre de Monte y de familiares del joven Germán Gómez en julio de 2019, encontrado muerto en la comisaría de Alejandro Korn. También de Lucas Verón, cuando en el transcurso del juicio realizado en la Universidad de La Matanza de jurisdicción federal, policías bonaerenses fotografiaron a familiares y referentes de organismos de derechos humanos y sociales que acompañaron el juicio.
En la Policía Federal nunca fue desmantelada la sección Cuerpo de Informaciones a la que pertenecía el agente Américo Balbuena, condenado por espionaje tras haber estado infiltrado una década en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh. A la misma división pertenecía el espía Iosi Pérez, infiltrado en la AMIA, la mutual de la comunidad judía, cuya historia fue recogida por el libro de Miriam Lewin y Horacio Lutzky, y luego por una serie de Netflix.
El macrismo fue especialmente propenso a cruzar la línea de la legalidad para espiar, por ejemplo, a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. Sin embargo, desde el libro Azul del ex ministro del Interior Carlos Corach en adelante, pasando por el espionaje de Gendarmería Proyecto X en 2011, en todas las administraciones hubo uniformados espiando a quienes se organizan, protestan y reclaman. El gobierno de Pablo Llaryora, en Córdoba, no parece ser una excepción.
Oct 27, 2023 | Destacado 3, Vidas políticas
La Justicia Federal mantiene activa la causa “usurpación por despojo” contra 27 estudiantes procesados tras una toma de 30 días realizada durante el gobierno de Macri en 2018.
Córdoba no sólo es sinónimo de fernet, cuarteto y sierras, es también la cuna de un hito en la educación superior: la Reforma Universitaria de 1918. Este movimiento, liderado por el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba -UNC-, aseguró la autonomía universitaria, la gratuidad y la participación estudiantil en la gestión académica. Un centenar de años después, durante el período de recortes presupuestarios del gobierno de Mauricio Macri en 2018, más de 20 universidades a nivel nacional se vieron obligadas a declarar la emergencia económica financiera debido a la crisis que enfrentaban. Esta situación implicó una revuelta estudiantil en defensa de una educación libre, gratuita y de calidad, durante la cual fueron tomadas 57 universidades a lo largo del país, producto de asambleas multitudinarias y grandes movilizaciones de diferentes sectores de la sociedad. Es así que en la misma universidad en la que se impulsó la reforma de 1918, los estudiantes decidieron sostener una ocupación de 30 días, en uno de los edificios estratégicos de la UNC donde se encuentra el rectorado, el Pabellón Argentina. La toma de las instalaciones llegó a su fin cuando los delegados estudiantiles se reunieron con el vicerrector de la universidad, Pedro Yanzi Ferreira. Sin embargo, más que un intento de llegar a un acuerdo, fue una jugada del funcionario, quien utilizó el acta de la reunión para señalar como actores involucrados a 27 estudiantes e imputarlos judicialmente. Paradójicamente, quien criminaliza la protesta estudiantil, Yanzi Ferreira, es también autor de “La Reforma Universitaria de 1918”, libro que homenajea la toma realizada por los universitarios en esa época.
El 26 de junio de 2019, el Juzgado Federal 3 de Hugo Vaca Narvaja, con la acusación de la fiscal Graciela López de Filoñuk, procesó a los 27 estudiantes por el delito de “usurpación por despojo”. A lo largo de los años la justicia avanzó en la causa con una ofensiva durante la pandemia, al aprovechar la virtualidad que desarticula el movimiento estudiantil. Una movilización en diciembre de 2021 detuvo el intento de la justicia federal de realizar el juicio en enero de forma virtual, en plena feria judicial y con las universidades cerradas por vacaciones. Blanca Fabiola Barreiro pertenece a la Gremial de Abogados es parte del equipo de seis letrados que, dirigidos por Carlos Orzaocoa, defienden a 15 de los 27 estudiantes imputados. En diálogo con ANCCOM afirma que es una causa “puramente política”, debido a que nunca se fijó el hecho del proceso. “Cuando el fiscal dice que una persona comete un hecho, lo tiene que fijar, describir minuciosamente, presentar pruebas, testigos y circunstancias. Dice que en determinado día y hora estudiantes entran a romper el pabellón, los acusan de manera generalizada como usurpación. No se fija el hecho, entonces no sabemos que defender”, expresa.
La justicia reactivó la causa el mes de septiembre de este año, cuando convocó para el viernes 29 de ese mes, a las 9 horas, una audiencia preliminar para dar inicio al juicio. El Consejo Directivo de la FFyH -Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC- convocó una movilización el día de la audiencia a las 8 de la mañana, con el fin de repudiar la imputación de los estudiantes, y acompañar el reclamo de suspensión del juicio y la absolución de los universitarios que participaron de la toma. Sin embargo, el miércoles 27 de septiembre, el Poder Judicial decidió suspenderlo “por razones de organización del Tribunal” sin dar mayores aclaraciones. Barreiro sostiene que la causa no tiene otra finalidad que “criminalizar la protesta, para asustar a las nuevas generaciones”. Describe que elevan la causa a juicio en 2020 y la mantienen para que no prescriba -marzo de 2024-: “Lo hacen en momentos políticos, como en las PASO. En Río Negro había una causa más grave y quedaron absueltos”.
En coincidencia con la abogada Barreiro, una de los 27 estudiantes imputados, Lucia Heber, afirma que el juicio tiene razones políticas: “El Poder Judicial, en complicidad con el vicerrector, Yanzi Ferreira, decidió avanzar sobre quienes en ese momento estábamos de delegados, atentando al legítimo derecho de una educación de calidad, al derecho a la protesta, y al principio de autonomía universitaria”. Lucía cree que el juicio es una forma de criminalizar a quienes luchan por una educación de calidad, la cual considera que hoy en día es “un privilegio”.
Lucía, quien en 2018 estudiaba Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Humanidades, relata que la toma surgió debido a la falta de respuestas a las demandas estudiantiles y al crítico momento por el cual atravesaba la universidad. Aunque recibió el apoyo y solidaridad de sus compañeros y docentes, describe la situación judicial como «un estado de mucha tristeza y decepción». Fue un «golpe muy duro» darse cuenta de que la causa por la que luchaba estaba sometida al poder de la justicia. Si bien durante los años siguientes, motivada por su entorno, siguió su carrera universitaria, afirma que lo que vivieron por aquel entonces no se “traducía” dentro de la institución, por lo que en 2021 dejó la carrera. No obstante, aclara que nunca dejó de formarse y en la actualidad cursa una nueva carrera, en otra universidad pública.
Los estudiantes y sus abogados ahora se encuentran a la espera de que el juzgado disponga de la nueva fecha para la audiencia preliminar al juicio, suspendida dos días antes de realizarse. Lucía Heber agrega: “La audiencia preliminar es una instancia previa al comienzo del juicio, donde las partes disponen de los detalles para el debate, donde se llama a declarar a los testigos y se presentan las pruebas”.
Sep 2, 2020 | Comunidad, Novedades
La postal del monte envuelto en llamas se repite todos los años en distintos puntos del país. En cuestión de horas, el fuego reduce el bosque a cenizas, arrasando con todo a su paso. Córdoba vivió los peores incendios de los últimos doce años, y sus consecuencias perdurarán mucho más que los focos que los provocaron. El impacto es múltiple: en la pérdida de fauna y flora, en el agua, el suelo y claro está, también en las comunidades de la zona. Desde allí no se cansan de remarcar que el fuego no aparece por generación espontánea sino que detrás de cada foco hay un interés que crece en detrimento del monte.
“La situación es apocalíptica”, afirmó Guillermo Galliano, presidente de la Fundación Mil Aves, y explicitó un dato contundente: “En Córdoba, en 120 años se desmontó el 97% de bosque nativo de la provincia. Nos queda un 3% que se quema todos los años, es catastrófico”.
Desde Villa Parque Siquiman, en Punilla, Martín García relató que, antes que el fuego, “llegó el humo y tapó las sierras, como preámbulo de lo que vendría después. Luego vino el incendio. La sierra se quemó completamente hasta que el fuego no tuvo más lugar a donde expandirse”. El integrante de la Coordinadora Ambiental y Cultural Punilla Sur señaló que si bien “todos los años hay incendios, esta vez no sólo se descontroló sino que hubo varios focos en simultáneo en distintos lugares, quedando expuesta la intencionalidad y que hay intereses económicos detrás”. Y agregó: “En la zona de Punilla, donde vivimos, la presión es a nivel inmobiliario”.
“En Córdoba, se desmontó el 97% de bosque nativo. Queda un 3% que se quema todos los años”, dice Galliano.
¿A quién puede llegar a beneficiar un incendio forestal? Investigadores del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV) -centro de investigación y desarrollo de doble dependencia entre la Universidad Nacional de Córdoba y CONICET dedicado a la botánica y fitoquímica- señalaron recientemente en un comunicado que “ciertos grupos con intereses económicos relacionados a la minería, la producción de ganado, pero sobre todo a emprendimientos inmobiliarios, son los que inician fuegos en lugares estratégicos del territorio provincial, donde luego avanzarán con dichas actividades”.
“Pirómanos hay en todo el planeta, pero acá hay intereses”, sostuvo Galliano. “Hay regiones donde son los propietarios quienes, para eliminar el bosque nativo protegido, en lugar de desplegar topadoras o pedir una autorización que no les darán, prenden fuego. Y ahí hay impunidad”. El también fotógrafo de naturaleza señala que “si se entra a los mapas de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales), se ve qué había años atrás, se chequea luego donde hubo incendios y se compara con qué hay hoy en esos lugares: lo que hay son desarrollos inmobiliarios y de expansión ganadera”.
“Córdoba es una región que tiene regímenes de fuegos naturales (como los generados por un rayo) en los cuales luego la vegetación rebrota. Paralelamente, hay fuegos causados por el ser humano, antrópicos, que pueden ser parte del manejo agropecuario, que debería realizarse de manera planificada porque si no es un desastre anunciado. Y los malintencionados, que buscan que la zona pierda valor y sea puesta en venta para hacer negocios: se sabe que hay especulación inmobiliaria y productiva. Y se tiene que gestionar sabiendo que eso ocurre”, explicó Natalia Alonso, integrante del grupo de profesionales de ciencias ambientales La Vuelta al Mundo. Si bien señaló que “entre mayo y noviembre son los meses más secos en el centro y norte del país y hay que tener en cuenta que este año es muy seco -lo cual está relacionado con el fenómeno de El Niño- y además sumarle el factor del cambio climático, que aumenta la frecuencia e intensidad de eventos extremos”, los incendios intencionales no sólo son la mayoría sino que además sus consecuencias son mucho más severas.
“El aprovisionamiento de agua en las ciudades depende de la presencia de vegetación nativa en las cuencas”, señala IMVIB.
Los peores incendios en más de una década, que además se suman a los producidos cada año, dejarán una huella mucho más profunda que sus cenizas. Además de la pérdida de miles de hectáreas de bosque nativo, biodiversidad, extinción de especies, de suelo, daño en el aire, incide en algo tan fundamental como el agua. “El aprovisionamiento de agua en las ciudades como Córdoba depende, principalmente, de la presencia de vegetación nativa en las cuencas”, señaló el IMVIB (CONICET-UNC). En ese sentido García, docente de profesión, explicó que en su provincia hay “muchos meses de sequía y la montaña guarda el agua de la época de lluvias en los bosques, largándola de a poco, lo cual permite que Córdoba tenga los ríos activos aunque no llueva”. Luego de un incendio, el suelo queda sin cobertura vegetal y se expone a un proceso de erosión. Galliano agregó que “con la lluvia, el suelo erosionado desciende por las vertientes, queda en el fondo de lagos y lagunas, llenando los diques de barro y perdiendo su capacidad de almacenar agua”. En síntesis: los recursos hídricos que proveen agua a la comunidad se ven profundamente afectados.
Ante este panorama, muchos dijeron basta. Organizaciones ambientalistas se manifestaron el sábado en distintos puntos de Córdoba reclamando medidas urgentes, como la declaración de la emergencia ambiental y que se investiguen las verdaderas causas de los incendios, destinando todos los recursos necesarios al manejo del fuego y para atender a los damnificados, según difundió Red Eco Alternativo. También exigen, entre otros puntos, como tareas de recuperación del bosque y más brigadas forestales, la actualización del mapa de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, el cual establece zonas verdes, amarillas y rojas. Estas últimas, en teoría las más protegidas, están severamente afectadas por los incendios. El mapa debería haberse actualizado en Córdoba en 2015 pero no se hace desde 2010. “Estamos pidiendo el ordenamiento territorial de bosque nativo de manera participativa”, remarcó García. De la Coordinadora Ambiental y Cultural Punilla Sur grafican que en lo que va del año ya hay “más de 45.000 hectáreas perdidas por incendios, esto equivale a 90.000 canchas de fútbol o a las 3/4 partes de la ciudad de Córdoba”. La Coordinadora por la Defensa del Bosque Nativo añade también el “no más excepciones (autorizaciones) gubernamentales para intervenciones de desmonte en zonas rojas y amarillas”.
Son muchas las herramientas cuya implementación se reclama fuertemente desde las organizaciones. Alonso enumeró algunas de ellas: “La Ley 27.353 introduce en la normativa de manejo de fuego que cuando un territorio que era bosque nativo sufre un incendio, posteriormente tiene que mantener el mismo uso que antes, y es una bandera a levantar para que no haya negociados. También la Ley de Bosques, por la que cada provincia establece tres jerarquías para el ordenamiento territorial de bosques nativos. Y es algo que no se está respetando. Es necesario un sistema de monitoreo, que se establezcan penas por el incumplimiento de la ley, actualmente hay multas pero no alcanza. Las herramientas están pero no se ejecutan como se debería. También sería un paso muy grande que se cumpla la ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global. Y la sanción de una ley de humedales. La gestión de los territorios se tiene que reconfigurar hacia la prevención, en base al conocimiento de las particularidades ecológicas y los fenómenos biofísicos, de los saberes locales, para determinar los usos justos e inteligentes del territorio en todo el país”, destacó.
La cuestión de los incendios va mucho más allá de las llamas. Una vez que se apaga el fuego, los problemas continúan.
Jun 11, 2019 | Comunidad, Novedades
El sábado pasado murió Ana Zabaloy, docente rural que había denunciado las fumigaciones indiscriminadas con agroquímicos y que había sufrido en carne propia los efectos del glifosato. El hecho actualizó las consecuencias de su uso en las zonas agrícolas y ANCCOM relevó distintos puntos de conflicto entre los vecinos, los productores y las autoridades.
En una reciente visita a Entre Ríos, el presidente Mauricio Macri expuso su postura ante el conflicto por la utilización de agroquímicos en el proceso agroproductivo. Catalogó de “irresponsable” al fallo que hizo lugar al amparo impulsado por el Foro Ecologista de Paraná para que se dejara sin efecto el Decreto Provincial Nº 4.407/2018 que permitía la fumigación en las zonas donde se ubican escuelas rurales. Para que no quedaran dudas de la postura oficial, agregó: “El Gobierno de Entre Ríos tiene que tener en claro que no tiene que destruir empleo por una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico.”
Aldana Sasia, abogada especializada en derecho ambiental, integrante del Foro Ecologista de Paraná y de la Coordinadora Basta es Basta-Por una Vida sin Agrotóxicos de Entre Ríos, asegura que el amparo fue acompañado de una recopilación de casi diez años de imágenes realizadas por el ambientalista Emilio Vitale. Ese material demuestra la escasa distancia de los campos fumigados respecto a los patios de las escuelas. “Acompañamos estudios científicos en gran cantidad y estudios de las escuelas de algunos departamentos que daban cuenta del grado de contaminación que existía en la tierra, agua y aire -señala-; ofrecimos testimoniales y dictámenes de la Organización Mundial de la Salud, del Comité Internacional de los Derechos del Niño y del relator por el Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas. Todos eran informes, desde el año 2012 al 2018, que alertaban sobre la situación de los niños en la Argentina por la exposición a los venenos del agro”.
El 28 de marzo aquel amparo fue concedido. Dejó sin efecto los artículos del decreto que disminuían las distancias exigidas entre la actividad de fumigación y las escuelas y mantuvo la vigencia de una separación de protección mínima terrestre de mil metros y de tres mil metros para la distancia aérea.
De todos modos, desde las organizaciones ambientalistas aseguran que la solución de fondo vendrá con un cambio en el modelo productivo: «Por este fallo el campo no se va a despoblar. ¡Es mentira que no se puede producir! Sí se puede, sólo que sin venenos, agroecológicamente. Como lo menciona el llamamiento de la Food and Agriculture Organization de los primeros días de mayo, en los que insta a la modificación urgente del modo de producir y ante la necesidad de producir alimentos para el mundo y no forraje, ya que en el mundo sigue existiendo el hambre y cada día se cultiva más«, afirma Sasia.
En tanto, Pergamino es otra zona en la que trascendieron los problemas causados por el glifosato. Allí, el juez Nicolás Villafuerte Ruzo, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, ordenó la suspensión de la fumigación con agrotóxicos en los campos que rodean los barrios de Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida. La medida se tomó en en respuesta a las denuncias presentadas por Sabrina Ortiz, vecina del barrio Villa Alicia e integrante de la organización “Madres de Barrios Fumigados de Pergamino”. El fallo fue apelado por el gobierno municipal pero la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión de Villafuerte Ruzo.
Ortiz inició sus reclamos en el año 2011, cuando médicos especialistas determinaron que tanto ella como sus dos hijos tenían valores muy elevados de glifosato en sangre, poniendo en peligro sus vidas. Sabrina y su familia tuvieron que abandonar su casa para alejarse de las zonas fumigadas, ya que los médicos de sus hijos le indicaron “sacarlos de la línea de fuego”, según cuenta. “Mudarnos no fue una decisión -afirma-, entendí que tenía que irme. Nuestros sueños quedaron dormidos en esa casa.” Actualmente, los análisis médicos demostraron que posee 58 veces más de lo tolerable del ácido derivado del glifosato en sangre, su hija 100 veces más y su hijo 120.
La mujer, víctima de la contaminación, sostiene que si bien ella tomó cierta distancia de las zonas fumigadas, otras familias que no llegan a cubrir las necesidades básicas, no pueden recibir la atención médica especializada necesaria y mucho menos mudarse. Al respecto, Ortiz cuenta que vecinos de un barrio privado de Pergamino hicieron tan sólo dos denuncias y la fumigación en los campos lindantes fue suspendida “En cuanto a la salud, hacen diferencia de clase. Eso es criminal. Aprietan con el hambre”, denuncia.
Por otro lado, Santa Fe y Córdoba son claros ejemplos de provincias en las cuales la Justicia no avanza, o hasta retrocede, ante este grave problema que afecta la salud de la población En la primera de las provincias, diversas organizaciones ambientalistas luchan para revocar la Ley Nº 11.723, que regula el uso de agrotóxicos desde el año 1995; normativa que no sólo ya no se adecua al sistema de utilización de esas sustancias, sino que además no da cuenta de la peligrosidad que implica su aplicación.
En Córdoba, en tanto, el 30 de abril, el intendente de Cosquín Gabriel Musso vetó la ordenanza Nº 3735, aprobada el 17 de ese mismo mes en sesión extraordinaria, que prohibía el uso y la comercialización del glifosato en esa ciudad.
En el año 2017, el médico pediatra y neonatólogo Medardo Ávila Vázquez, quien actualmente integra el grupo activista “Red de Médicos de Pueblos Fumigados”, se desempeñaba como Subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba y tuvo que enfrentar un gran problema sanitario en el barrio periférico de Ituzaingó: 200 vecinos habían contraído cáncer en el último tiempo. Rigurosos estudios demostraron que la enfermedad era contraída por la exposición a agrotóxicos. “Antes era una problemática restringida a los aplicadores, a las personas que los usaban, eran enfermedades laborales, pero con el desarrollo de las semillas transgénicas en Argentina, se ha generalizado su uso extensivo, lo que generó un nivel de contaminación elevado en el ambiente”, señala Ávila Vázquez.
Múltiples estudios científicos demuestran que enfermedades respiratorias, infertilidad, abortos espontáneos, niños que nacen con malformaciones y cáncer, son sólo algunos de los problemas de salud a los que están altamente expuestos los pueblos fumigados.
La doctora en Ciencias Biológicas, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto y genetista de laboratorio, Delia Aiassa, sostiene que “los trabajos realizados muestran que existe un aumento de daño en el material genético en las poblaciones que habitan localidades rodeadas de campos de cultivo donde se pulveriza con mezclas de agroquímicos con respecto a poblaciones donde no existen estas condiciones ambientales”.
Las autoridades ya no pueden mirar hacia otro lado: el nivel de daño que provocan los agrotóxicos es tan profundo que, según Ávila Vázquez, mientras en nuestro país la principal causa de mortalidad son los problemas cardiovasculares, las personas que habitan ambientes expuestos a la utilización de esos productos mueren a causa del cáncer. Como Ana Zabaloy.
