Feb 12, 2024 | Comunidad, Destacado 3
Tras la derogación de la ley que desregulaba los alquileres, los precios se dispararon y lse imponen condiciones cada vez más abusivas.
Carolina es mamá soltera de un nene de 5 años y tiene que renovar el contrato de alquiler de la vivienda que habita; el dueño pretende cobrarle más del doble de lo que paga actualmente y por un periodo de duración menor: “Yo no puedo pagar eso: es alquilar o comer”, cuenta también con resignación. No sabe dónde irá a parar si el propietario no afloja en sus pretensiones que incluye actualizarle el precio en base al índice de inflación. Carolina lo vive con una “angustia terrible”, a punto tal que tuvo que empezar una terapia.
La situación de Carolina es una más entre muchas que se repiten con creciente frecuencia. Según el último censo, dos de cada diez hogares del país son alquilados. Allí viven cerca de 8 millones de personas, aproximadamente un 17,5 por ciento de la población. Desde que entró en vigencia el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 hubo cambios en las condiciones para alquilar: ahora es un acuerdo libre entre pares y sin participación del Estado, donde los plazos de los contratos pueden acordarse entre locador y locatario sin límite legal alguno, se puede pactar el ajuste del valor del alquiler utilizando índices públicos o privados y determinar cada cuánto se actualizará el contrato. También se eliminó la necesidad de inscribir el contrato ante la AFIP y se habilitó la posibilidad de que el valor del alquiler se fije y se cobre en dólares.
¿Cómo se está dando y viviendo esa construcción de “acuerdos”?
“Soy una trabajadora administrativa en el Estado y mi sueldo se va casi entero en el pago del alquiler”, dice Aldana.
Si bien desde las entidades de corredores inmobiliarios aseguran a ANCCOM que “con la desregulación de la ley, la oferta de alquileres viene creciendo permanentemente y eso también favorece a los inquilinos al tener más opciones”, hay una encuesta realizada por la Federación de Inquilinos Agrupados que demuestra que los inquilinos sienten angustia, ansiedad y desesperanza.
La situación en la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos atractivos para el turismo se agrava aún más con el boom de los Airbnb que permite al propietario percibir mayores ingresos en dólares a través de alquileres temporarios a turistas. Al respecto, solo existe la Ley 6255 que fue sancionada en 2019 que establece la obligación de registrar los alquileres temporarios aunque nadie controla que esto efectivamente suceda. El ex legislador porteño Facundo Di Filippo, al frente del Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEAPI) realizó en 2022 un pedido de información pública del cual surge la cifra que el número de alquileres bajo ésta modalidad alcanzaría las 70 mil viviendas y que la suma de dinero que puede obtenerse superaba en valor los 700 mil pesos limpios por mes
Pablo, de 31 años, está sufriendo en carne propia la dificultad para encontrar un alquiler acorde a su presupuesto. Este trabajador de diversos medios de comunicación lleva seis meses buscando donde vivir desde que volvió a Buenos Aires. Cuenta que, por ahora, está parando en la casa de su mamá en Ramos Mejía pero ya visitó varios departamentos por la zona oeste del Gran Buenos Aires y la Capital Federal.
“Mi idea es estar cerca de los transportes al laburo pero se complica con lo que piden por un dos ambientes”, explica con resignación. A Pablo le parece que son disparatados los índices de actualización que le imponen por contrato y que su salario “no aumenta al mismo ritmo”. De esta manera le será imposible sostener el pago dentro de un tiempo no muy lejano.
De esa dificultad habla Aldana: “Soy una trabajadora administrativa en el Estado y mi sueldo se va casi entero en el pago del alquiler”. Ella tiene 29 años y hace poco logró independizarse de forma definitiva. Sacando cuentas rápido, muestra que más del sesenta por ciento de lo que percibió en su último recibo de sueldo se destinó solo al pago del monoambiente donde vive, en el barrio porteño de San Cristóbal. Aldana está preocupada porque, además, con el ajuste peligra su puesto laboral.
Un paso atrás
Para Di Filippo la derogación de la ley de alquileres “es un enorme retroceso” y considera que ahora se venció el discurso público de los medios hegemónicos que habían adoptado muchos inquilinos, por lo que se evidenció que “era de una gran función la ley”. La situación ahora es “totalmente regresiva para los inquilinos”, concluye quien trabajó, durante un año, en el Ministerio de hábitat de la nación para intentar aplicar el capítulo tres de la ex ley sobre alquileres sociales.
La sensación de quienes deben negociar un alquiler en el nuevo contexto es que el esfuerzo no alcanza y eso genera frustración. Bautista se las rebusca como puede, tiene mucha bronca acumulada cuando habla: “Me rompo el culo en el taller y no me sobra ni para tomarme un café”, dice este mecánico automotor y padre de familia que alquila en la provincia de Buenos Aires y todos los días se moviliza hasta su local en Barracas.
Juan Juri, de la asociación Hábitat Para la Humanidad Argentina, asegura que hay una parte de la población que “nunca fue alcanzada por ningún marco regulatorio, que cuando quiere acceder a la vivienda se encuentra con muchísimas trabas y termina alquilando en pensiones o conventillos con condiciones injustas o abusivas”. El especialista asegura que esta situación crece en época de crisis de vivienda y alquileres del mercado formal como en la actualidad.
Según explica Juri, dentro de la ley derogada estaba el programa nacional de alquiler social, que básicamente consistía en una batería de acciones para el acceso a un hogar adecuado. La asociación viene abogando por el alquiler social como política habitacional necesaria para la Argentina y a partir de la sanción de la ley en 2020 empezaron una campaña de “alquiler social ya” que observan que en otros países se aplica y tiene un potencial enorme. Incluso durante la campaña electoral se reunieron en una mesa con referentes de los tres principales partidos políticos nacionales: Unión por la patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.
Lo cierto es que el acceso a la vivienda digna es un derecho establecido por nuestra Constitución Nacional, y como tal, no puede dejarse a las libres manos del mercado. No hay ningún indicio de “igualdad” entre quienes poseen propiedades y quienes deben alquilar. El Estado debe nivelar la negociación y disponer de los medios necesarios para que las personas tengan acceso, más aún en una situación económica delicada como la actual. Todo esto ocurre mientras quienes gobiernan niegan que “donde existe una necesidad nace un derecho”.
Ene 30, 2024 | Comunidad, Destacado 1
Una encuesta realizada por la Federación de Inquilinos Agrupados describe qué sienten quienes alquilan. Con la desregulación, más del 80 por ciento de los contratos se realiza por menos de un año y el gasto de alquilar ya representa más de un 30 por ciento de los ingresos.
Una de las primeras medidas que tomó la administración del presidente Javier Milei apenas asumió fue el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia que consiste en una serie de desregulaciones económicas. En el paquete de leyes que se derogan está incluida la Ley de Alquileres 27.551 considerada por el gobierno, tal como se lee en el Boletín Oficial, como “una herencia nefasta”. Ahora los plazos de los contratos pueden acordarse entre las partes sin límites legales, en cualquier moneda, pactar el ajuste del valor del alquiler utilizando índices públicos o privados, determinar cada cuánto se actualizará el contrato y eliminando la necesidad de inscribir el contrato ante la Administración Federal de Ingresos Publicos.
Diego Frangella, presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires comentó a ANCCOM: “Desde la desregulación de la ley, la oferta de alquileres viene creciendo permanentemente. Es justamente el sector más favorecido en cuanto a resultados”. Quien conduce el CUCICBA agrega que la desregulación hizo que muchos propietarios vuelvan a volcar sus viviendas al mercado y eso “también favorece a los inquilinos al tener más opciones”. Desde algunas inmobiliarias hablaban de un aumento del 9% en departamentos ofrecidos en alquiler respecto del año anterior.
La Federación de Inquilinos no parece muy de acuerdo con que la desregulación los beneficie y como respuesta realizó un extenso informe titulado “Alquilar en la era de Milei”, una encuesta con el objetivo de conocer en qué situación económica y de vivienda se encuentran quienes alquilan a partir del marco de desregulación vigente. Algunos de los puntos más relevantes indican que más del 51 por ciento de los contratos firmados ahora tiene menos de un año de duración y el 81,3 por ciento tiene actualización cada menos de seis meses: solo estas dos variables dejan al inquilino con gran dificultad para planificar el futuro.
Según el informe hasta enero 2024 más del 30 por ciento de los ingresos de quienes fueron consultados se destinan a pagar alquiler más expensas, sin contar impuestos o tarifa de servicios públicos. Este porcentaje que, todo indica, empeorará en los próximos meses debido a que la mayoría se ajusta por inflación y todo indica que la política del gobierno es licuar los salarios. Además, esa proporción ya está al límite de lo recomendado para tener cierta seguridad financiera. También hablan de sentimientos generados por las condiciones entre los inquilinos: angustia, ansiedad, desesperanza. Por último, resaltan que el 94 por ciento cree que este año será peor que el anterior y que el 53 por ciento tiene deudas de algún tipo.
¿A cuánto alquilo?
La plataforma ¿A cuanto alquilo? es una iniciativa de Ignacio Alvarez, arquitecto en economía urbana y programador, para consultar precios reales de alquileres en Argentina. “La plataforma emula tocarle el timbre a un vecino y preguntarle: “¿Cuánto estás pagando de alquiler?́” Es algo que estábamos viendo que sucedía mucho en este último tiempo entre grupos de amigos, familiares, etc.”. Tiene como objetivo proporcionar precios de referencia por zona a inquilinos y propietarios. Estos precios son por los que la gente está alquilando. Es simple de utilizar: se indica una dirección y altura para que la app busque precios y promedios en un radio de dos kilómetros.
Según datos informados de esta plataforma en promedio general un dos ambientes en Ciudad de Buenos Aires se está pagando 182.229 pesos y un monoambiente 151.495 pesos. Además haciendo la comparación por lo que paga un porteño por un departamento de dos ambientes, en el interior del país puede alquilar una casa.
Asimetría de poder
El hecho concreto es que los nuevos contratos rigen bajo los parámetros del Código Civil y Comercial de la Nación que en su Artículo 1187 establece que «hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa, a cambio del pago de un precio en dinero».
Si bien es cierto que puede darse un aumento de la oferta de viviendas producto de las mayores “libertades” para establecer acuerdos, son los propietarios quienes tienen las de ganar a la hora de imponer condiciones a los futuros inquilinos, por el simple motivo de ser ellos los dueños de los objetos de deseo. De esta manera, quienes no tienen otra opción que recurrir al alquiler de una vivienda se ven sometidos a negociar sin legislación que les brinde protección y exclusivamente bajo los parámetros del mercado.
Hay una idea imperante de que el Estado no debe inmiscuirse en un mercado que se maneja libre “entre privados” como si estos tuvieran “igual poder de negociación”. La derogación de la Ley 27.551 genera una asimetría de poder entre quienes tienen un bien y quienes necesitan imperiosamente acceder al uso de ese bien. Todo esto va en sintonía con una visión económica excluyente de los más débiles y en favor de los grupos concentrados como la contenida en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
Oct 11, 2023 | Comunidad, Destacado 3
La nueva norma establece contratos de tres años, actualizaciones cada seis meses y un índice establecido por el Ministerio de Hábitat. ¿Qué dicen los inquilinos?
Uno de los miembros de la Federación de Inquilinos se trepa a la reja que rodea al Congreso y pega con cinta un cartel en el que se lee “Quiero alquilar, pero también vivir”. Detrás suyo, una columna de más de mil personas corta el tránsito de la Avenida Entre Ríos para reclamar un freno a la reforma constitucional de Jujuy.
Adentro de la Cámara, los diputados debaten la aprobación del programa Compre sin IVA. Son las cinco y media de la tarde y faltan más de nueve horas para que se trate la modificación del Código Civil y Comercial impulsada por el oficialismo. Sin embargo, sobre la vereda ya se agrupan más de cien inquilinos.
Son dos los proyectos que buscan regular el mercado inmobiliario. La propuesta de Juntos por el Cambio fue aprobada en agosto en la Cámara Baja, y marca que los contratos deben tener dos años de duración con la posibilidad de realizar ajustes cada cuatro meses. Además, modifica la fórmula de actualización, de modo que las partes puedan utilizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios elaborado por el INDEC. También se brinda la posibilidad de optar por utilizar una combinación de los índices o pactar libremente.
Desde el Frente de Todos intentan aprobar el proyecto que ya tuvo el visto bueno del Senado. Se trata de una ley que fija en tres años la duración mínima de los contratos, con una actualización semestral basada en el coeficiente Casa Propia que elabora el Ministerio de Hábitat.
- La situación es súper desesperante, es precaria, estamos en la cuerda floja constante. Ya con la ley vigente estamos en una situación de inestabilidad porque no se cumple. Pero claramente la solución no es destruirla, sino mejorarla — explica una joven de 25 años.
A las seis de la tarde la lluvia cae sobre Balvanera. En la plaza, parte de la columna que antes cortó el tránsito ahora pone música folclórica a todo volumen. Al cabo de unos minutos los parlantes dejan de oírse y cobran protagonismo los cánticos contra la especulación inmobiliaria.
—Quienes alquilamos estamos en una fragilidad tremenda, porque no hay ofertas y las que hay son en dólares. Estamos en una situación de mucha volatilidad, donde se pone en juego nuestro derecho a vivir bajo techo — lamenta otro de los inquilinos a metros de avenida Rivadavia —. No hay una negociación libre con los propietarios, porque ellos pueden dormir a la noche en su casa con tranquilidad y a mí se me está jugando el derecho a la vivienda.
A la misma conclusión llega Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos: “Sabemos perfectamente que eso no sucede, por eso se defiende tanto una ley desde el Estado. Creo que es un clima de época esta idea de que el mercado regula todo si lo dejás libre”.
En relación a este punto, sostiene: “Lo que me preocupa es que haya vuelto como en los años noventa una época tan de sálvese quien pueda. Sabemos que bajo esa lógica se terminan salvando los más grandes y nosotros quedamos todos en la lona”. Y concluye: “Creo que la discusión tiene que ser nacional, no solo en el Congreso, sino también en organizaciones nacionales como las gremiales. Ahí hay una clave, los sindicatos tienen que volver a plantear a la vivienda como un derecho fundamental de los trabajadores”.
Muñoz deja de hablar cuando se acercan a saludar inquilinos del Gran Buenos Aires y la provincia. Una chica le pasa un micrófono y la ronda de bombos que acompañaban las canciones se abre para dejarlo pasar.
- Estamos hace mucho organizando a un sector que hace unos años creíamos que necesitaba una representación colectiva, una pelea colectiva, en una ciudad particular, que es gobernada por el negocio inmobiliario — declara antes de soltar el micrófono y tomar un megáfono –. Presentamos una ley en 2016, que permitió llevar la pelea a muchas provincias de la Argentina y construir la Federación de Inquilinos.
El semáforo se pone en verde y los autos que esperaban en la esquina de Hipólito Yrigoyen ahora circulan frente a la movilización y tocan bocina. Se suman a la decena de motos que a lo largo de la última hora también demostraron su apoyo.
—Lo que se está viviendo es realmente dramático, en zonas turísticas es imposible encontrar un lugar donde vivir y la gente se va porque ya no hay forma de pagar alquileres dolarizados— añade Muñoz —. Lo de hoy es solo una anécdota, que es parte de una construcción que tenemos que seguir dando en todo el país y en particular en la Ciudad de Buenos Aires. Hemos logrado visibilizar que muchos de los que toman decisiones son parte del negocio inmobiliario en la Argentina.
Los aplausos se replican y los bombos vuelven a retumbar. La música folclórica queda una vez más aplacada por los inquilinos.
Adentro del recinto, los diputados continúan el debate. Con el correr de las horas, el tráfico por la avenida disminuye y ya todos vuelven a sus casas.
Para las cuatro y media de la mañana, cuando los legisladores empiezan a tratar la modificación del código, los faroles del palacio muestran una vereda desolada, sobre la que descansan retazos de los afiches colocados en las rejas durante la tarde. En la esquina, tres de los integrantes del Malón de la Paz duermen bajo una carpa improvisada con una lona de plástico que cuelga del enrejado.
Las cuadras que van desde Independencia hasta Rivadavia albergan a decenas de cartoneros que pasan la noche sobre pedazos de goma espuma tirados en las puertas de bancos, edificios y galerías. De alguna manera sus cuerpos se acomodaron al ruido de la ciudad y no los despiertan las pisadas que rebotan sobre el suelo mojado a centímetros de sus cabezas.
Quienes todavía sobreviven a las fauces de la especulación inmobiliaria, aguardan en sus casas rentadas la decisión de los diputados. A las cinco y diez de la mañana la presidenta de la Cámara, Cecilia Moureau, habilita la votación. Después de una cuenta regresiva de un minuto, el cartel electrónico del recinto afirma que el proyecto del Frente de Todos fue aprobado con 128 votos afirmativos y 114 negativos.
Abr 28, 2023 | Comunidad, Destacado 5
Inquilinos con pocas opciones y departamentos vacíos: el problema de la Ciudad de Buenos Aires es aún más pronunciado en Puerto Madero. El rol de la especulación y los alquileres temporarios para turistas.
Torres altas y modernas, negocios lujosos que engalanan la vera del Río de la Plata; veredas cuidadas y autos de alta gama en casi todas las esquinas. Sin embargo, las calles están prácticamente vacías y rodeadas de un silencio inusual en el resto de la Ciudad de Buenos Aires. Nadie lo imaginaría a solo dos kilómetros de la Plaza de Mayo. Pero así es Puerto Madero, un barrio casi extranjero. Mientras que el resto de la población se esfuerza por acceder a un alquiler, en esta zona, la más cara de Latinoamérica, con un precio promedio de 5.921 dólares por m2 según la agencia Properati, sobra lugar.
El Censo de 2010 estableció que la población en este barrio era de 4.720 personas para una capacidad de 16.800 habitantes. Esto significa que hace 13 años sólo el 28% de las viviendas estaba habitada de manera permanente. El Censo de 2022 no midió por barrio la cantidad de viviendas, ni las cifras poblacionales, sino que lo hizo por comuna. Es por esto que no hay un dato concreto y específico sobre el nivel de ocupación permanente, aunque se estima que creció un poco.
En 2010, la población en Puerto Madero era de 4.720 personas para una capacidad de 16.800 habitantes: solo el 28% de las viviendas estaba habitada de manera permanente.
Fernando Bercovich, sociólogo y autor de “Trama Urbana” en la revista Cenital, explica que la zona “tiene mucha vivienda desocupada, que es uno de los grandes problemas en términos de generar un urbanismo que responda más a las demandas de la población. Hay mucha inversión como reserva de valor o que apuntan a sectores de clase muy alta, entonces quedan sin vender o están a la espera de que suba el metro cuadrado para aumentar sus ganancias”.
Mientras tanto, en el mundo real, la cantidad de inquilinos crece. La asociación civil Inquilinos Agrupados, que según su página web surge “en este marco de abuso inmobiliario y de ausencia del Estado”, aporta el siguiente dato sobre Buenos Aires: “De 22,1% de inquilinos que había en 2001 se pasó a más del 40% en la actualidad, lo que representa alrededor de un millón de personas alquilando unas 500 mil propiedades. Paralelamente, se construyeron más de 150 mil viviendas en los últimos 10 años, siendo el mayor boom inmobiliario del cual tiene registro la Ciudad.”
Paradójicamente, se siguen construyendo viviendas y hay demanda, pero no hay oferta. La disponibilidad de inmuebles para alquiler a largo plazo cayó más del 60%, informa la consultora Reporte Inmobiliario. Esta caída tiene varias causas, aunque siempre relacionadas a la especulación en un contexto de incertidumbre. En algunos barrios, como en Puerto Madero, se suma la problemática de los alquileres temporarios.
Alquileres dolarizados
Si uno entra en la página de Airbnb, la plataforma digital de alquileres temporarios más conocida del mundo, y busca un alojamiento en Buenos Aires, la zona de Puerto Madero está llena. Los precios van desde los 180.000 pesos mensuales hasta los 2.000.000. Bercovich comenta que “este tipo de alquiler tiene varios beneficios para los dueños de las propiedades porque en general se le puede sacar una renta mayor. Eso, en un contexto de devaluación y aumento del turismo extranjero, le conviene”. El problema, claro, es para los otros: “Así baja la oferta de alquileres a largo plazo y eso al mismo tiempo hace que suban los precios, generando muchas tensiones en el mercado”.
A los turistas se les suman los nómades digitales (una suerte de modernos trabajadores “golondrina”), quienes llegan a los barrios más caros de la Ciudad, aprovechando los bajos precios en dólares y la alta calidad de vida que se ofrece. Buenos Aires recientemente se ganó el primer lugar en la clasificación de la página Nomad List, una página que reúne a la comunidad nómada, por lo que se espera que en los próximos meses lleguen muchos más.
Puerto Madero nunca fue pensado como una zona exclusiva. Alfredo Garay, arquitecto e ideólogo del barrio, escribe en un artículo publicado en “Land Lines” que “fue un proyecto concebido como parte de una estrategia de desarrollo más amplia en todo el centro de la ciudad, que también incluía cambios en las normas sobre el uso del suelo, el reacondicionamiento de edificios y la construcción de viviendas de interés social en áreas tradicionales.” Si bien se lograron varios de sus cometidos, como el crecimiento del área y la creación de miles de puestos de trabajo, a causa de la estrategia de comercialización de los desarrolladores privados, se “diluyeron los objetivos de inclusión social de la gestión pública con el fin de favorecer la creación de un barrio de características exclusivas.”
La especulación inmobiliaria no es una práctica que se dé solo en esta parte de la Ciudad, pero allí se ve de forma más clara. Miles de departamentos continúan vacíos y a la espera de que sus precios se eleven o que las condiciones cambien. El método se repite en todo el distrito y hace estragos en el mercado de alquileres. Inquilinos Agrupados presentó en octubre de 2022 un proyecto de ley que busca revertir la situación.
El proyecto fue nombrado “Régimen de alquiler protegido” y tiene como objetivo mejorar progresivamente el acceso a la vivienda de aquellos ciudadanos que se encuentran en condición de inquilinos a través de la incorporación de los inmuebles vacíos con destino de vivienda. Para lograrlo se debería cumplir el Artículo 31, Inciso 2 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que “auspicia la incorporación de inmuebles ociosos” y del Artículo 4 (incisos a, b, c y d) de la Ley 1251. El proyecto estipula que toda vivienda que se encuentre deshabitada en forma permanente y sin causa justificada por el plazo de tres meses pasará a un alquiler protegido del Estado.
La finalidad es enfrentar el déficit habitacional que asedia a los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires, los mismos que, con mucho esfuerzo le dan vida. Enfrente tienen una especulación inmobiliaria que se impone desde los barrios porteños más exclusivos.
Jul 18, 2018 | Comunidad, Novedades
En la Ciudad de Buenos Aires viven cerca de tres millones de habitantes, de los cuales el 35,7% es inquilino.
Alquilar trae cada vez más dificultades: encontrar la zona y el departamento, tener que dejar sumas cada vez más altas a los propietarios e inmobiliarias, reclamar arreglos y negociar la suba en la renovación del contrato, son solo algunos problemas. El sector inmobiliario tiene su propia lógica y los inquilinos quedan sujetos a las fluctuaciones de un mercado cada vez más voraz y exclusivo.
En la Ciudad de Buenos Aires viven cerca de tres millones de habitantes, de los cuales el 35,7% es inquilino. La cifra comprende a cerca un millón de personas que alquilan unas 370 mil propiedades, muchos de ellos son jóvenes de provincias o extranjeros que vienen a estudiar y a trabajar pero que se encuentran con muchísimas trabas a la hora de acceder a la vivienda.
Además de las sumas exorbitantes, la documentación exigida se convierten en un problema para cualquiera pero sobre todo para los que recién llegan a nuestro país. Ese es el caso de Arturo Revilla, que llegó de Venezuela hace un año y cuenta su experiencia: “Para empezar a alquilar fue un desastre, te piden garantía de un propietario, cosa que no tenés y el DNI, pero cuando recién llegás te dan apenas la residencia precaria”. En medio de la desesperación, Revilla, su mujer y su cuñado buscaron quien los reciba y encontraron una propietaria en el barrio de Balvanera que los aceptó pero aprovechó la situación y puso otras condiciones: “Para ingresar pagamos: un mes de depósito, un mes de alquiler (que era la comisión de la inmobiliaria) y tres meses por adelantado, además nos decía que debíamos ser agradecidos porque nadie nos iba a alquilar en esas condiciones, que éramos extranjeros y no teníamos los mismos derechos y que si no nos gustaba que nos fuéramos. Nos amenazó varias veces con sacarnos.” El aumento que hacía la propietaria cada tres meses y que concluyó con un pago de 13.500 por mes, los hizo buscar otro lugar donde vivir, aunque cuenta Revilla que los problemas continúan.
Otro caso es el del estudiante Agustín Kiperwas (23), cuando se mudó al barrio de Belgrano. Lleva dos años viviendo en la ciudad y tras la renovación del contrato sostuvo: “El alquiler no coincide con el salario de ningún trabajador. Además, te piden depósito, seguro, garantía… Hoy el salario mínimo es de 8.000 pesos y un departamento de un ambiente sale 6000 limpios. Si viviera solo, el alquiler sin el resto de los servicios ni expensas ni impuestos, se llevaría el 50% de mis ingresos”.
Clarisa Busemi (31) es periodista y cuenta: “En mi primera experiencia en Callao al 200 tuve que salir a tocar puertas de edificios y contactarme con dueños directos. En ese sentido tuve suerte porque el propietario era un tipo pragmático y se fijó si el garante, mi padre, que tiene un inmueble en Resistencia no pertenecía al Veraz y no hubo problema”. Pero permanecer en el departamento no fue una opción: “Tenía que renovar contrato, subía mucho el alquiler y yo seguía sin agua caliente. Un delirio. Si tenés problemas no te los solucionan.” dijo resignada. El nuevo departamento también lo consiguió por una dueña directa que rastreó las referencias de su garante, pero con el cambio aparecieron otros problemas: “Un día me levanté y había una catarata de agua que venía del techo. Ya no me entra agua pero esto fue hace un año y siguen sin arreglar. No sé a dónde va la plata de las expensas.” concluye indignada.
De lo que va de 2018, los alquileres subieron 12% y la inflación 9,7%.
El presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), Juan Maquieira, reconoció que el 50% de los inquilinos gasta más del 40% de su sueldo en alquiler. De lo que va de 2018, los alquileres subieron 12% y la inflación 9,7%. Ante este panorama, el año pasado los legisladores porteños aprobaron el proyecto de reforma de la Ley 2340 que busca mejorar el acceso a la vivienda a través de los alquileres. La propuesta busca proteger a propietarios e inquilinos. Algunos puntos son que el pago de la comisión la haga el propietario y que las inmobiliarias no cobren gastos de gestión. El cumplimiento de la ley está bajo el control del Instituto de la Vivienda de la Ciudad.
Desde el año pasado se formó una Mesa de Diálogo conformada por distintas organizaciones de protección a inquilinos y cada una fue presentando sus propuestas, también lo hizo el mercado inmobiliario. A mediados de junio se volvieron a reunir y se trató de comenzar a estudiar sistemas de garantías públicas, a contabilizar viviendas vacías, impulsar registros de alquiler gratuito y obligatorio, difusión de derechos y también abrir espacios de mediación entre inquilinos y propietarios.
Por su parte, el presidente de la Asociación Civil de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, asegura que la cuestión de la vivienda está completamente privatizada. No sólo la comercialización sino las políticas sobre el tema. “Esto sucede porque el estado se ha retirado completamente”, afirma. Desde la agrupación vienen impulsando una ley nacional que contemple los reclamos de los inquilinos. Aunque ya cuenta con media sanción en el Senado ha sido “cajoneada” en Diputados. “El mercado inmobiliario maneja mucho dinero y la clase política forma parte de él”, asegura Muñoz, quien sostiene que los inquilinos piensan que el problema es transitorio porque van a ser propietarios. “Pero estamos yendo a un mundo en el que cada vez va a haber más inquilinos y que el sueño de la casa propia no va a ser posible bajo ningún punto de vista. Hay que girar el sentido común de querer ser propietarios a querer alquilar de una manera justa”, sentencia.
