Tras la derogación de la ley que desregulaba los alquileres, los precios se dispararon y lse imponen condiciones cada vez más abusivas.
Carolina es mamá soltera de un nene de 5 años y tiene que renovar el contrato de alquiler de la vivienda que habita; el dueño pretende cobrarle más del doble de lo que paga actualmente y por un periodo de duración menor: “Yo no puedo pagar eso: es alquilar o comer”, cuenta también con resignación. No sabe dónde irá a parar si el propietario no afloja en sus pretensiones que incluye actualizarle el precio en base al índice de inflación. Carolina lo vive con una “angustia terrible”, a punto tal que tuvo que empezar una terapia.
La situación de Carolina es una más entre muchas que se repiten con creciente frecuencia. Según el último censo, dos de cada diez hogares del país son alquilados. Allí viven cerca de 8 millones de personas, aproximadamente un 17,5 por ciento de la población. Desde que entró en vigencia el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 hubo cambios en las condiciones para alquilar: ahora es un acuerdo libre entre pares y sin participación del Estado, donde los plazos de los contratos pueden acordarse entre locador y locatario sin límite legal alguno, se puede pactar el ajuste del valor del alquiler utilizando índices públicos o privados y determinar cada cuánto se actualizará el contrato. También se eliminó la necesidad de inscribir el contrato ante la AFIP y se habilitó la posibilidad de que el valor del alquiler se fije y se cobre en dólares.
¿Cómo se está dando y viviendo esa construcción de “acuerdos”?
“Soy una trabajadora administrativa en el Estado y mi sueldo se va casi entero en el pago del alquiler”, dice Aldana.
Si bien desde las entidades de corredores inmobiliarios aseguran a ANCCOM que “con la desregulación de la ley, la oferta de alquileres viene creciendo permanentemente y eso también favorece a los inquilinos al tener más opciones”, hay una encuesta realizada por la Federación de Inquilinos Agrupados que demuestra que los inquilinos sienten angustia, ansiedad y desesperanza.
La situación en la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos atractivos para el turismo se agrava aún más con el boom de los Airbnb que permite al propietario percibir mayores ingresos en dólares a través de alquileres temporarios a turistas. Al respecto, solo existe la Ley 6255 que fue sancionada en 2019 que establece la obligación de registrar los alquileres temporarios aunque nadie controla que esto efectivamente suceda. El ex legislador porteño Facundo Di Filippo, al frente del Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEAPI) realizó en 2022 un pedido de información pública del cual surge la cifra que el número de alquileres bajo ésta modalidad alcanzaría las 70 mil viviendas y que la suma de dinero que puede obtenerse superaba en valor los 700 mil pesos limpios por mes
Pablo, de 31 años, está sufriendo en carne propia la dificultad para encontrar un alquiler acorde a su presupuesto. Este trabajador de diversos medios de comunicación lleva seis meses buscando donde vivir desde que volvió a Buenos Aires. Cuenta que, por ahora, está parando en la casa de su mamá en Ramos Mejía pero ya visitó varios departamentos por la zona oeste del Gran Buenos Aires y la Capital Federal.
“Mi idea es estar cerca de los transportes al laburo pero se complica con lo que piden por un dos ambientes”, explica con resignación. A Pablo le parece que son disparatados los índices de actualización que le imponen por contrato y que su salario “no aumenta al mismo ritmo”. De esta manera le será imposible sostener el pago dentro de un tiempo no muy lejano.
De esa dificultad habla Aldana: “Soy una trabajadora administrativa en el Estado y mi sueldo se va casi entero en el pago del alquiler”. Ella tiene 29 años y hace poco logró independizarse de forma definitiva. Sacando cuentas rápido, muestra que más del sesenta por ciento de lo que percibió en su último recibo de sueldo se destinó solo al pago del monoambiente donde vive, en el barrio porteño de San Cristóbal. Aldana está preocupada porque, además, con el ajuste peligra su puesto laboral.
Un paso atrás
Para Di Filippo la derogación de la ley de alquileres “es un enorme retroceso” y considera que ahora se venció el discurso público de los medios hegemónicos que habían adoptado muchos inquilinos, por lo que se evidenció que “era de una gran función la ley”. La situación ahora es “totalmente regresiva para los inquilinos”, concluye quien trabajó, durante un año, en el Ministerio de hábitat de la nación para intentar aplicar el capítulo tres de la ex ley sobre alquileres sociales.
La sensación de quienes deben negociar un alquiler en el nuevo contexto es que el esfuerzo no alcanza y eso genera frustración. Bautista se las rebusca como puede, tiene mucha bronca acumulada cuando habla: “Me rompo el culo en el taller y no me sobra ni para tomarme un café”, dice este mecánico automotor y padre de familia que alquila en la provincia de Buenos Aires y todos los días se moviliza hasta su local en Barracas.
Juan Juri, de la asociación Hábitat Para la Humanidad Argentina, asegura que hay una parte de la población que “nunca fue alcanzada por ningún marco regulatorio, que cuando quiere acceder a la vivienda se encuentra con muchísimas trabas y termina alquilando en pensiones o conventillos con condiciones injustas o abusivas”. El especialista asegura que esta situación crece en época de crisis de vivienda y alquileres del mercado formal como en la actualidad.
Según explica Juri, dentro de la ley derogada estaba el programa nacional de alquiler social, que básicamente consistía en una batería de acciones para el acceso a un hogar adecuado. La asociación viene abogando por el alquiler social como política habitacional necesaria para la Argentina y a partir de la sanción de la ley en 2020 empezaron una campaña de “alquiler social ya” que observan que en otros países se aplica y tiene un potencial enorme. Incluso durante la campaña electoral se reunieron en una mesa con referentes de los tres principales partidos políticos nacionales: Unión por la patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.
Lo cierto es que el acceso a la vivienda digna es un derecho establecido por nuestra Constitución Nacional, y como tal, no puede dejarse a las libres manos del mercado. No hay ningún indicio de “igualdad” entre quienes poseen propiedades y quienes deben alquilar. El Estado debe nivelar la negociación y disponer de los medios necesarios para que las personas tengan acceso, más aún en una situación económica delicada como la actual. Todo esto ocurre mientras quienes gobiernan niegan que “donde existe una necesidad nace un derecho”.