Las universidades están que arden

Las universidades están que arden

Frente a la falta de respuesta la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, docentes, no docentes y estudiantes volvieron a las calles para denunciar la grave situación salarial y el congelamiento presupuestario. Exigen la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El jueves 26 de junio se realizó una nueva marcha universitaria que partió desde la Plaza Houssay, desde allí se inició un corto trayecto que finalizó en la degradada Secretaría de Educación. Docentes universitarios y del Nivel Secundario, estudiantes y agrupaciones políticas, nucleadas en el Frente Sindical, portaron antorchas caseras como elemento simbólico para visibilizar su reclamo: recuperación de salarios, aumento de becas para estudiantes, mayor presupuesto para ciencia y tecnología, y un incremento del presupuesto para las universidades nacionales.

La impaciencia frente al vaciamiento universitario se hacía escuchar en los cánticos: “Si el presupuesto no está/ qué quilombo que se va armar/ ocupamos las calles y tomamos la facultad”. En la gestión del Gobierno de Javier Milei ya se han llevado adelante cuatro movilizaciones universitarias multisectotiales que se realizaron en diferentes momentos entre el año anterior y este, sin embargo, el reclamo sigue siendo el mismo, porque las soluciones no llegan.

Según datos analizados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en términos reales, el presupuesto para 2025 es un 9 por ciento inferior al del año pasado y acumula una caída del 33 por ciento desde 2023.En este sentido, el presupuesto universitario es el más bajo desde 2006 y la inversión por estudiante es la menor desde 2005.

Clara Echevalier, de la Universidad de Florencio Varela Arturo Jauretche, y secretaria general del Sindicato de Docentes de esa casa de estudios, declaró a ANCCOM: “”Estamos marchando porque el sistema universitario argentino tal cual lo conocemos, con el orgullo que es para la sociedad corre riesgo de desaparecer si sigue siendo afectado presupuestariamente”. Por su parte, Ricardo Aguirre, quien trabajó en la escuela preuniversitaria Carlos Pellegrini durante 30 años, sumó que se moviliza por el bajo nivel salarial de los docentes y el achicamiento de la infraestructura.

Iluminada por la luz de una vela, Dylan Angolosia, estudiante en arte de la escritura de la UNA y presidenta del centro de estudiantes reflexionó: “Un docente es un profesional que se formó y te está enseñando a ser un profesional, pero más allá de eso, la paga que les dan refleja en la calidad de la clase que te pueden impartir”. Por otro lado, la estudiante le recrimina a los legisladores su último aumento del sueldo: “¡A nueve palos y medio!” Ese dinero deberían dirigirlo al pueblo”.

Hasta el momento, los sindicatos universitarios no han sido escuchados, ya que desde diciembre 2023 hasta abril del 2025, la inflación medida creció un 204,8%, mientras que el aumento de sueldos del sector fue del 90,4%. Al reclamo por las condiciones salariales, de infraestructura y presupuesto, ayer también se sumó la exigencia de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización, además, estuvo acompañada por un paro de 48 horas que finalizará este viernes, convocado por Conadu, Conadu Histórica, Fagdut y CTERA.

“El presupuesto se tiene que conquistar en las calles”, aseguró Lula Wallman, secretaria del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) en representación de las agrupaciones La Fuga y Ya Basta. “No creemos que esto se vaya a resolver en el Congreso –agregó-, donde sabemos que hay proyectos de ley en danza. Este es el Congreso donde sale lo que Milei quiere y lo que no, y Milei lo veta. Así que la confianza está en las calles y no en las instituciones”, agregó.

Néstor Di Milia, profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires y secretario gremial de la AGDUBA, explicó que en la actualidad hay miles de docentes renunciando a sus cargos “porque no les alcanza para vivir y buscan otra salida económica y eso trae como perjuicio hacia el futuro la calidad de las universidades argentinas”. En cuanto a los próximos planes, el gremialista expresó que se realizarán, como se viene haciendo, actividades de visibilización de los reclamos hacia adentro de las universidades y de los colegios preuniversitarios.

La marcha de antorchas no ocurrió solo en la Ciudad de Buenos Aires, se replicó en otras ciudades con la intención de que la llama se expanda para que el reclamo por una educación digna y de calidad sea visto por toda la sociedad y en el Congreso de la Nación que aún adeuda la sanción de una ley que la garantice.

Los jubilados no se rinden

Los jubilados no se rinden

Como todos los miércoles, los jubilados marcharon al Congreso para exigir aumento de haberes y restitución de medicamentos gratuitos. Esta vez, recibieron la compañia de los sindicatos que se movilizaron desde temprano al Ministerio de Desregulación.

Otro miércoles de protesta. Los jubilados fueron llegando al Congreso, esta vez más temprano que de costumbre debido a que está entrado el invierno y las condiciones climáticas no son convenientes para este colectivo. El reclamo es sostenido: aumento de los haberes y restitución de medicamentos que brindaba el PAMI de manera gratuita.

Exageración. Otra vez. El operativo policial montado en el Congreso Nacional cada semana se parece más a una parodia. Las vallas que cortaban el tránsito iban desde Av. Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen rodeando el palacio legislativo hacia Av. Rivadavia, incluyendo la calle Combate de los Pozos. Apostados sobre Rivadavia, al menos diez camionetas trafic de la Policía Federal, cordones con cientos de oficiales rodeaban las inmediaciones y estaban listos para reprimir en caso de recibir órdenes.

Los jubilados estuvieron acompañados en otras jornadas por hinchas de fútbol, por el colectivo Ni Una Menos y en este caso, por algunos sindicatos que venían de la movilización al Ministerio de Desregulación. También se sumaron trabajadores de ATE del Hospital Garrahan e integrantes del Movimiento Evita.

La nota de color la dio la diputada libertaria Lilia Lemoine quien tuvo que ser escoltada por la policía luego de meterse entre los jubilados a grabar con su celular en una clara provocación. Intentó intimidar a los manifestantes pero le salió mal.

 

Lucha continua

 No sólo los jubilados están en pie de lucha constante sino que el mismo día los trabajadores se hicieron presentes en el centro porteño para movilizarse a la cartera que lidera Federico Sturzenegger. Se suma la lucha de los trabajadores del Hospital Garrahan que atravesaron una nueva jornada de paro y las universidades nacionales que anunciaron un cese de actividades para el 26 y 27 de junio.

Un frente contra la motosierra

Un frente contra la motosierra

Más de 150 sindicatos y organizaciones marcharon en el centro porteño hacia el Ministerio de Desregulación, en lo que fue el debut del Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos. El mensaje es claro: unidad, organización y resistencia.

Estado afuera: la actual administración de gobierno, a cargo de Javier Milei, inició una total desregulación de la administración nacional. Una de las herramientas usadas es la denominada motosierra que se aplica desde el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger. Hasta ese edificio pretendían llegar más de 150 organizaciones gremiales y sociales. Sin embargo, un fuerte cordón policial les impidió el paso y leyeron en la esquina el documento que tenían preparado, rechazando las desregulaciones y los fuertes ajustes que están haciendo en todos los sectores.

Antes del mediodía habían comenzado a llegar centenares de sindicatos, y miles de trabajadores estatales y agrupaciones sociales a Carlos Pellegrini y Sarmiento. Las columnas superaron a la policía. Se extendieron por Pellegrini desde Bartolomé Mitre hasta la diagonal, Av. Roque Sáenz Peña. Los cordones policiales trataban de contener en la plazoleta de 9 de julio para evitar también el corte de esta vía mano al norte. A medida que avanzaban las columnas hacia y sobre Sáenz Peña, ellos avanzaban también. No faltó el espectáculo de la policía motorizada acelerando cerca de los manifestantes.

El diputado y Secretario General de la CTA Hugo Yasky reflexionó: “Hoy es una jornada que muestra que hay una voluntad de lucha de los sindicatos que hoy estamos en este frente, convocados para defender el salario, para defender los derechos laborales, los convenios con los movimientos sociales, con los representantes y también de los jubilados. Creo que es un gran movimiento que viene a llenar un vacío. Hay que estar en la calle, hay que pelearla y acá estamos”.

La diputada nacional de Unión por la Patria, Julia Strada, también se hizo presente en la movilización: “Es muy importante reclamar por la soberanía y defender los puestos de trabajo ya que Milei básicamente nos está barriendo los derechos”. Sobre la lectura política de la jornada, la diputada manifestó que “es un mensaje para los bloques que le votaron todo a Milei, empezando por el endeudamiento con el Fondo Monetario”. Y para cerrar indicó que “hay que ganar las elecciones: si no lo traducimos en las urnas va a ser muy difícil”.

A su vez, Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y la CTA de la provincia de Buenos Aires remarcó que “esta es una marcha multitudinaria porque nos están asfixiando como a las provincias y a los gobernadores, asfixian la salud, la educación, los salarios. La política le tiene que poner voz al reclamo popular, nosotros no vamos a dejar la calle hasta ocasionarles la derrota”, remarcó el dirigente.

 

Todas las voces

La situación es crítica en muchos sectores. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que intenta resistir el desguace. Verónica Mautone, de la agencia de San Vicente de INTA, explicó: “Queremos defender nuestros puestos de trabajo. Decidieron cerrar la sede experimental de AMBA donde nosotros trabajamos desde la agencia de San Vicente y de nueve agencias más. Esto implica que quedamos en disponibilidad más de 130 trabajadores. Además estamos en contra del decreto que quiere sacar el presidente que afecta a la autarquía, la gobernanza y los centros regionales de todo el INTA”. Luego agregó: “Es importante que nos unamos independientemente de que sindicato, organización o movimiento social que seamos, porque todos defendemos lo mismo y para eso hay que estar unidos”.

También estuvieron presentes los trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) que vienen denunciando las malas condiciones de trabajo. Gonzalo Sans Cerbino, secretario adjunto de ATE-CONICET Capital, contó que el organismo “perdió en el último año y medio más de 1.500 trabajadores”. Sanz Cerbino agregó: “Están generando condiciones imposibles de soportar, a la cabeza la reducción del salario. Nosotros perdimos un tercio del poder adquisitivo, por eso hoy nos estamos movilizando junto al conjunto de estatales y muchos otros gremios. Necesitamos parar el desguace del Estado, necesitamos recomposición salarial y organismos de ciencia y tecnología”.

Además, el secretario del CONICET destacó que “el gobierno tiene en la picota al conjunto de los organismos científicos tecnológicos, que están amenazados de intervención o de desguace”. Sanz Cerbino, además del INTA y el INTI, remarcó que el Instituto Nacional de Agua también fue descabezado. Sobre estas acciones consideró que “prefiguran una profundización del ajuste que va a depender de los trabajadores, de la lucha que podamos dar y la fuerza que mostremos en la calle”.

Por su parte, desde Vialidad Nacional también denuncian un desfinanciamiento. “Tenemos el salario congelado desde diciembre de 2023, estamos sin presupuesto, no tenemos financiación ni obras públicas, es una situación devastadora” contó el delegado Ariel Saqui. Además, recordó que el presidente dijo que si aumentaba un impuesto se cortaba un brazo y enfatizó: “La cabeza se tiene que cortar porque no aumentó un impuesto, aumentó todo”. Acerca de la manera de enfrentar el desguace Saqui consideró que “podemos tener diferencias pero tenemos que demostrar unidad”.

Los trabajadores del Astillero Río Santiago también se hicieron presentes para denunciar el ajuste en el sector. Nahuel Puig, delegado del astillero, dijo que “nosotros también somos parte del achicamiento, de la falta de inversión y de trabajo”. Además señaló que “entendemos que la salida es colectiva, nuestro rubro está atravesado por un montón de otros compañeros trabajadores”.

Muchos más sindicatos estuvieron presentes y dieron sus testimonio acerca de cómo se vive bajo la motosierra del Estado.

Cierre de la jornada

Para cerrar la movilización, desde la central gremial dieron lectura a un documento donde destacan que “con un cinismo inédito, el primer mandatario manifiesta abiertamente su oposición a las decisiones colectivas del pueblo expresadas a través del Congreso de la Nación” y denuncian la situación actual. En sintonía con la jornada de protesta y unidad convocaron a todos los presentes a continuar la marcha hacia el Congreso en apoyo a la ya tradicional marcha de los miércoles de los jubilados, el sector más castigado por el ajuste de Milei.

El único Banco que pierde

El único Banco que pierde

Con fondos congelados, sin autoridades designadas y bajo control de funcionarios sin formación técnica, el Banco Nacional de Datos Genéticos atraviesa una de las crisis más graves desde su creación. Abuelas de Plaza de Mayo advierte que el Decreto 351/2025 vulnera su autonomía y exige su rechazo en el Congreso.

El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), una institución clave para la búsqueda de nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico-militar, atraviesa una situación crítica. Con el mismo presupuesto de 2023, el organismo enfrenta un vaciamiento que pone en jaque su funcionamiento. Hasta ayer su conducción se encontraba delegada en funcionarios sin formación científica específica, ya que el cargo de su directora se encuentra vencido. Pero mediante un decreto, el Gobierno prorrogó el cargo hasta un llamado a concurso, aún incierto.

Ante esta situación, Abuelas de Plaza de Mayo solicitó al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín una ampliación de las medidas de protección para el BNDG. La alarma se encendió tras la publicación del Decreto 351/2025, el 23 de mayo, que le quita su autonomía y autarquía, pasando a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Esta decisión se suma al vencimiento de cargos clave y a la imposibilidad de realizar tareas esenciales: entrecruzamientos de ADN, compra de insumos, viajes para toma de muestras y exhumaciones, entre otras.

 

Un pilar en la búsqueda de la verdad y la identidad

Creado en 1987 por la Ley 23.511, el BNDG fue impulsado por Abuelas de Plaza de Mayo junto a organizaciones de derechos humanos, con el objetivo de identificar a las niñas y niños apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Desde entonces, y a lo largo de todos los gobiernos democráticos hasta la actualidad, el organismo se consolidó como una herramienta esencial para garantizar el derecho a la identidad y colaborar en el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad.

Guillermo Roisinblit, nieto restituido en el año 2000 que pudo reencontrarse con sus abuelas materna y paterna y actual miembro de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, afirma: “Hoy el Banco Nacional de Datos Genéticos no se ocupa solamente de resolver casos de personas que fueron víctimas de terrorismo de Estado si no de miles de personas que dudan sobre su identidad. El tema de la identidad sufre y sufrió distintos tipos de delitos en nuestro país. El Banco no solamente tiene que seguir funcionando para preservar las muestras, sino que también para asegurar el Derecho a la Identidad”.

Tras la presentación de Abuelas que pedía a la justicia que interpusiera un recurso de no innovar sobre el Banco, el juzgado respondió que, aunque comprendía la preocupación de la Asociación sobre el caso, no le parecía que el BNDG estuviese en riesgo ya que el gobierno debe sostener el funcionamiento del Banco de acuerdo a la Ley 27742, también llamada Ley Bases.

Villella remarca que tanto el secretario como el subsecretario de los que ahora depende el BNDG carecen de formación específica para conducir un laboratorio de alta complejidad como este. El actual titular del área es Darío Leandro Genua, licenciado en Administración de Empresas junto con José Luís Acevedo, licenciado en psicología.

La respuesta judicial y el rol de la Ley Bases

El Artículo 3 de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos establece que el Poder Ejecutivo Nacional no podrá disponer la disolución de ciertos organismos, entre ellos el BNDG. A su vez, el Artículo 6 prohíbe expresamente su intervención, reforzando la protección legal que impide al Ejecutivo avanzar sobre su estructura y funcionamiento.

Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, advierte que el Decreto 351/2025 es inconstitucional por tres vías: “Primero, porque fue dictado en violación de la obligación genérica que tiene el Ejecutivo de que sea para mejorar y volver más eficaz a los organismos. Después, porque específicamente el Congreso le prohíbe que lo pueda disolver o que lo pueda intervenir. Y en los hechos, esto no es otra cosa que una intervención de facto, al quitarle la autonomía y la autarquía. De esta manera, termina pasando a estar intervenido de forma permanente por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, deja de tener la posibilidad de tomar decisiones, de administrar un presupuesto propio, y todo eso redunda en un entorpecimiento de las tareas que se llevan adelante en el Banco. Porque implica una burocratización mayor y significa que personas que no están especializadas en la temática tengan que tomar decisiones que son fundamentales”.

En ese sentido, Villella remarca que tanto el secretario como el subsecretario de los que ahora depende el BNDG carecen de formación específica para conducir un laboratorio de alta complejidad como este. El actual titular del área es Darío Leandro Genua, licenciado en Administración de Empresas junto con José Luís Acevedo, licenciado en psicología.

El Banco Nacional de Datos Genéticos adquirió autonomía y autarquía a partir de la Ley 26.548, sancionada en 2009, que estableció una estructura organizativa encabezada por un Director General Técnico —profesional en Bioquímica o Biología Molecular, con reconocida experiencia en Genética Forense— y un subdirector técnico con el mismo perfil. Ambos deben ser designados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante concurso público de oposición y antecedentes. La ley también contemplaba un Subdirector Administrativo, especializado en administración y economía. Sin embargo, con el Decreto 351/2025, este último cargo fue eliminado, y la responsabilidad presupuestaria pasó a manos de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

 

El deterioro institucional

A pesar de la normativa vigente, el organismo permaneció acéfalo durante un mes, tras el vencimiento del mandato de la última directora, Mariana Herrera. Recién el 23 de julio, el Boletín Oficial prorrogó su continuidad “hasta tanto se lleve a cabo el concurso público de oposición y antecedentes correspondiente, con el fin de no afectar el normal funcionamiento del organismo”.

Villella advierte que, si bien la prórroga del cargo de Herrera permite reactivar ciertas funciones, no resuelve el problema de fondo: “Es una gran noticia porque va a permitir que se pueda seguir trabajando, pero para eso el Banco va a necesitar de un presupuesto, y si se mantiene el Decreto va a tener las facultades recortadas aún”. En la misma línea, Roisinblit señala que la medida “es un parche, es como tratar de tapar con una curita una hemorragia. No hace a la cuestión de fondo, porque el Banco sigue dependiendo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, de todo lo presupuestario. Deja de tomar decisiones por sí mismo y pierde independencia. Es insuficiente”.

La estrategia política para frenar el decreto

El Decreto 351/2025 aún no tiene plena vigencia, ya que debe ser tratado por la Comisión Bicameral del Congreso para su aprobación o rechazo definitivo. Desde la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo impulsan activamente su rechazo, llevando adelante gestiones con legisladores y legisladoras de distintos bloques. “Nosotros vamos con estos argumentos y queremos sentarnos con todos los legisladores que nos puedan abrir la puerta y que quieran charlar con nosotros para hacerles saber lo que pasa”, explica Roisinblit.

Villella advierte que es momento de volver a explicar, una vez más, por qué el BNDG es una institución fundamental: “Creemos que es necesario reforzar algunos conceptos sobre la importancia del Banco, para que sea claro lo que está pasando. Y en este caso, es evidente que de esta manera no se mejora su funcionamiento”.

A modo de cierre, Roisinblit recupera la fuerza del legado que los guía: “Nosotros seguimos los pasos de nuestras abuelas. Nuestras abuelas no tenían ningún tipo de experiencia: eran amas de casa, mujeres que en su gran mayoría habían sido criadas para ser madres y que solo querían disfrutar de ser abuelas. No sabían cómo presentar un amparo, un habeas corpus, cómo hablar en organismos internacionales, no sabían nada… no sabían cómo buscarnos. Ellas hicieron el camino que hoy nosotros sabemos cómo recorrer. Si ellas, en medio de la dictadura, pudieron luchar, imaginate nosotros en esta cuasi-democracia”.

La ex clase pasiva

La ex clase pasiva

Cada vez más jubilados trabajan para compensar los magros haberes que reciben mensualmente y poder hacer frente a los gastos cotidianos. Historias de canosos con empleo.

La postal de jubilados que se ven en la necesidad de volver al trabajo se repite cada vez más seguido en Argentina. Según la Encuesta Permanente de Hogares, uno de cada seis jubilados (15,47%) sigue en actividad, lo que representa un aumento del 42% en comparación con 2011. La necesidad económica es el principal motor: el haber mínimo ronda los 366 mil pesos, mientras que la canasta básica del adulto mayor supera los $1.200.000.

“Cuando vi que me faltaban cuatro o cinco años para jubilarme dije: ‘¿Qué hago?’ Porque con la jubilación mínima no iba a poder vivir. Entonces me puse a estudiar abogacía y ahora trabajo en eso”, cuenta Lili Kunis, jubilada de 71 años, que trabajó como docente durante 35 años en la provincia de Buenos Aires. Se recibió a los 54 años en la Universidad Nacional de La Matanza y ejerce como abogada laboralista. “Me gustaría no tener la obligación de trabajar. El trabajo que hago me gusta, pero también es correr todo el tiempo, con plazos y escritos. A los 71, me gustaría dejar de correr”.

La situación se agrava por la pérdida del poder adquisitivo y la eliminación de subsidios a los servicios. “Los jubilados hemos perdido con todos los gobiernos, pero esto es brutal”, asegura Kunis. “La quita de los medicamentos gratuitos también nos afecta mucho. En las marchas me cruzo gente llorando porque no puede comprar sus gotas. Me dicen: ‘Si me las compro, no como’”.

«Me parece que están queriendo instalar un discurso: que es normal que alguien de 70 años vuelva a trabajar, y no es normal. Ya trabajaste, ya diste todo. Ahora nos tocaría descansar”, dice Silvia.

Rosario Sastre, jubilada de 67 años, comparte la misma preocupación. Cobra la mínima y vive de changas: es podóloga, lleva personas con discapacidad al médico, hace compras y cuida enfermos. “Por mes puedo sacar unos 200 mil pesos, y olvídate de comprar carne. Hay gente que me dejó de llamar porque no puede pagarme”, dice. “Una cosa es trabajar por elección, pero yo trabajo porque no me queda otra. Este mes, con el aguinaldo, somos Gardel: cobramos 500 mil pesos. ¡Qué tristeza tener que reírse de eso! Nos sacaron todo”.

Sastre vive en Ciudadela y camina diariamente para ahorrar en transporte. “Estoy cansada, agotada, con bronca. Quisiera pasear con mi nieta, pero tengo que trabajar todos los días”. Su alquiler es de 220 mil pesos. “Con la jubilación se me va el alquiler, y el resto en luz y gas. La mayoría está igual: los que tienen casa propia, no pueden pagar los impuestos; los que pueden, siguen trabajando”.

Silvia Bondareff, de 63 años, y Juan Domingo Redondal, de 72, son una pareja que hace changas de albañilería en Tres de Febrero para poder subsistir. “Me quedaron algunos clientes de cuando trabajaba en la construcción y con la jubilación mínima no podemos vivir, así que sigo en la lucha”, dice Juan Domingo. Silvia es profesora de gimnasia y estudia psicología social, pero lo ayuda en el trabajo: “Lo acompaño para que no le sea tan duro y no tenga que ir solo. Llevo los baldes, hago la mezcla. La gente nos mira como diciendo: ‘¿es la peona o la dueña de la casa?’. Cuando estamos revocando una pared también es raro, porque somos grandes”. Tienen cinco hijos, uno de ellos estudia en la universidad: “Es nuestro mayor gasto. Queremos que termine, que no tenga que dejar por trabajar”, cuenta Juan Domingo. Silvia agrega: “Me jubilé gracias a la moratoria para amas de casa. Siempre trabajé, pero nunca tuve aportes. Pensé que podría hacer lo que me gusta, pintar, él ser profesor de fútbol. Pero nos dimos cuenta de que íbamos a tener que trabajar de nuevo. Me parece que están queriendo instalar un discurso de que es normal que alguien de 70 años vuelva a trabajar, y no es normal. Ya trabajaste, ya diste todo. Ahora nos tocaría descansar”.

“La dignidad no se vende”

Para Juan Domingo, la lucha sigue: “La mayoría de los jubilados que nos sentamos en el Anexo del Congreso venimos de la década del 70 y nos han cagado a palos siempre. Pero este tipo (en referencia al presidente Javier Milei) rompió las normas. No entienden que no vamos a abandonar las calles. Nos han quitado los remedios, nos han aplastado el sueldo. Lo único que nos queda es la dignidad, y eso no se vende”. Silvia coincide: “Nuestros amigos están vencidos, como que no activan. Algunos votaron a Milei y piensan que hay que esperar. Ahora se ven más jubilados autoconvocados en el Anexo y eso te da ánimo para seguir luchando”. Juan Domingo concluye: “Para este gobierno somos un grano en el culo, nos van a hacer de todo, nos van a meter gases y matar los sueldos, pero no nos van a sacar de la lucha. Ese es el legado que le dejamos a esta juventud. No es solo por nosotros, es por los que vienen atrás”. Silvia agrega: “Voy al Anexo por mis hijos y mis nietos. Algún día se van a acordar, como yo me acuerdo de cuando mi papá iba a la marcha de Norma Plá y yo le preguntaba: ‘¿Para qué vas?’. Ahora lo sé”.

El aumento en la esperanza de vida es otro de los factores que complejiza el panorama. La Fundación Navarro Viola advierte que los sistemas previsionales fueron diseñados cuando la mayoría de las personas fallecían a los cinco años de jubilarse. Hoy, muchas viven 15 o 20 años más. Según el informe, casi un cuarto de los jubilados menores de 70 años sigue trabajando.

Víctor C. Amarilla tiene 72 años y es encargado de edificios. Se jubiló hace nueve años, pero sigue en actividad. Cobra un poco más de la mínima: 420 mil pesos de jubilación y 400 mil pesos como encargado. “No me alcanza. La luz y el gas cuestan más de 100 mil pesos. Uno come lo que puede. Me levanto a las 4:30 para trabajar. Estoy podrido. No puedo ir al cine, no puedo salir a pasear. Mis amigos están desesperados: ganan poco y muchos están enfermos. Yo no sabía que iba a tener que seguir trabajando. Pensé que iba a hacer una changuita, pero al final es lo único que me permite vivir”.

En situaciones similares están Ana Montenegro y Luis Relinque. Ana, de 69 años, tiene discapacidad visual y cobra la mínima. Para sobrevivir, intenta vender ropa en ferias barriales, pero enfrenta trabas del Ggobierno de la Ciudad. “Nos sacan como si fuéramos delincuentes. No nos dejan vender. Fui a Parque Patricios, Parque Centenario, Chacarita, Mataderos, y nos sacaron de todos lados. Nos persiguen. Lo único que quiero es vivir tranquila, pero no nos lo permiten. Cobro 350 mil pesos y tengo que trabajar los fines de semana desde las 4 de la mañana. Mis hijos me ayudan, pero no quiero ser una carga. Yo también hice este país, no nos merecemos esto”.

Luis, de 75 años, vende alfajores frente al hospital Evita. Cobra la mínima y vive con su hijo y su nuera. “Me las rebuscaba, pero el último año ya no. Empecé a vender cuatro alfajores por mil pesos. Gano unos 7 u 8 mil pesos por día. Con la jubilación no alcanza: la mitad se me va en servicios. Dejé de pagar los impuestos. Quisiera comer una pizza en Corrientes o ir al teatro con mi nieta, pero no puedo. Antes iba al cine, ahora no. Tengo 75 años: mi vida es hoy, y no quiero pasarla mal”.

Tocaría descansar

El escenario es desolador. La falta de políticas previsionales integrales, la eliminación de la moratoria y la intención de anular regímenes especiales profundizan la crisis. “Los choferes de colectivo, los docentes, van a tener que esperar. Antes uno decía: ‘los jubilados tienen la ayuda de la familia’, pero ahora ni eso. Las familias también están fundidas”, advierte Kunis. “Yo voy a tener que seguir trabajando hasta que pueda. No es por gusto, es por necesidad”.

La jubilación mínima ​​se encuentra actualmente en 296.396 pesos, a esto se le suma el bono de 70.000 pesos, congelado hace más de un año. Sobre los 7,4 millones de jubilados y pensionados, cobran los haberes mínimos con bonos poco más de 5 millones. La Cámara de Diputados dio media sanción una ley que otorga un  aumento del 7,2% en todos los haberes y una actualización del bono a 110.000 pesos. También repone la moratoria previsional, que venció el 23 de marzo y no fue renovada por el gobierno, dejando a un estimado de 243.000 personas sin poder jubilarse en 2025. Ahora le toca votar al Senado para que entre en vigencia. De todas formas, Javier Milei ya anticipó que de aprobarse, vetaría la norma por lo que la situación de penuria de los jubilados seguiría tal cual está ahora. 

El fenómeno de los jubilados que no pueden dejar de trabajar crece y se expande. La falta de una respuesta estatal deja a miles de personas mayores atrapadas entre el hambre y la precariedad laboral. La imagen de adultos mayores en ferias, limpiando vidrios o trabajando en edificios se multiplica en las calles de todo el país, mientras las políticas de ajuste profundizan un escenario cada vez más injusto.