Los rebusques de la clase media

Los rebusques de la clase media

Abr 25, 2024 | Comunidad, Destacado 3

¿Cómo se las ingenia para enfrentar los aumentos de servicios, alimentos y artículos esenciales, con salarios congelados y la pérdida del poder adquisitivo?

Dentro de un escenario económico complejo en donde la crisis se hace notar cada día más, la canasta básica alimentaria de marzo es la más alta de la historia del país. Ante esto, la clase media lleva a cabo estrategias para subsistir a las medidas tomadas por el Gobierno.

Según el INDEC, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 10,9%, mientras que la canasta básica total (CBT) fue de 11,9%. Además, los servicios básicos tales como la energía, agua, gas, colegios y prepagas incrementaron sus tarifas, siendo un golpe más para las clases sociales bajas y medias. De acuerdo con el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC), el relevamiento de precios al consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del mes de marzo es de $1.071.675,76. En ese monto se incluyen los gastos totales de una familia, ya sean los servicios básicos para el hogar y los productos del consumo como las carnes, verduras y artículos de limpieza.

El Gobierno busca ensanchar cada vez más la brecha entre ricos y pobres, tendiendo a diluir la clase media entre ambas. Fernando Adrián Barrera, director de CESyAC, declaró a ANCCOM: “Se produjo una retracción del consumo, fundamentalmente, de los sectores medios urbanos, se ha cambiado el hábito y la costumbre de esos sectores”. Mariela Mancini, vecina de Parque Chacabuco (Comuna 7), dijo: “Tengo que ir a los supermercados solo los días que tengo descuento con la tarjeta, sino es imposible”. Además, agregó: “Me la tengo que rebuscar y volverme experta en las promociones, por lo que siempre termino comprando en diferentes supermercados distintos productos para conseguir el precio más barato, ya no importa cuál sea la marca”.

El informe de CESyAC dio como resultado que una familia de cuatro personas por día necesita para vivir $35.722, 53. Si bien a esta familia se la piensa con capacidad de alquilar vivienda, poseer auto, un bono de medicina prepaga, además de que sus hijos asisten a una escuela privada, estamos hablando de una familia tipo de clase media.

Los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires buscan ganarle a la inflación de todas formas. Leandro Campana, vecino de Almagro (Comuna 5), comentó: “Vivo en Caballito pero voy al Mercado Central un sábado al mes con mi mujer para hacer compras grandes. Desde principios de año empezamos a venir, hay mucha diferencia”. La situación económica actual genera que trabajadores y trabajadoras de clase media tengan que buscar precios por demás y hacer cuentas para llegar a fin de mes, cuestión que antes el contexto no les exigía. Campana también expresó: “Las verdulerías y carnicerías de mi casa manejan precios altísimos, no voy a pagar de más, pero la carne está cara en el Mercado Central también. Termino comprando de más y puedo frizar algunas cosas y otras dárselas a mi vieja para que no termine gastando fortuna”.

El director de CESyAC sostuvo: “Estamos viviendo un proceso de estanflación que junto a la pérdida del poder adquisitivo del salario la gente no tiene plata. Solo se compra lo elemental y si no se buscan marcas más económicas o directamente se compra en negro, cuestión que favorece la posibilidad de bajar el índice de inflación pero que a la vez expresa una profunda crisis económica del país”.

Los trabajadores están pagando la crisis y el ajuste. La única forma de llegar a fin de mes parece ser buscar alternativas más económicas constantemente y no bajar los brazos ante los masivos aumentos.

«Este pueblo no cambia de idea, pelea por la educación»

«Este pueblo no cambia de idea, pelea por la educación»

Abr 24, 2024 | Comunidad, Destacado 1

Una multitud con escasos precedentes inundó el centro porteño para cerrar la Marcha Federal Universitaria en reclamo de la actualización presupuestaria y la mejora salarial para la educación de nivel superior. Docentes, auxiliares, graduados y estudiantes se movilizaron, además, en las principales ciudades de todo el país en rechazo al ajuste educativo que propone el gobierno de Javier Milei.

El presupuesto universitario de este año es el más bajo desde que se tiene registro: se cuenta con un 72% menos de recursos con respecto al año pasado. Así, casi un millón de personas -según el Frente Gremial Universitario- llenaron las calles entre Congreso y Plaza de Mayo y miles en Córdoba, Rosario, Santiago del Estero, Mar del Plata, Jujuy, Ushuaia y Misiones, entre otras localidades, porque las universidades se quedan sin presupuesto en mayo.

Docentes, auxiliares, graduados, estudiantes y autoridades educativas de todos los niveles llamaron a un “Trenazo educativo”. Desde el mediodía, oleadas de personas ingresaban desde las terminales de Constitución y Retiro. En las estaciones, los centros de estudiantes secundarios abrían sus banderas: acá se defiende el derecho al futuro. 

“Las hermanas no se cogen y el presupuesto no se corta”, rezaba un cartel en una esquina apretada de Sáenz Peña. El gobierno nacional aumentó un 70% los gastos de funcionamiento luego del anuncio de la marcha de hoy, sin embargo no es suficiente: representa sólo el 5%. “Más del 90% de lo que el Estado destina a la Educación Superior está dirigido a salarios de quienes trabajan como docentes y no docentes en las universidades. En estos últimos meses, el salario de las trabajadoras y trabajadores ha perdido 50% respecto de la inflación”, detallaba el documento de la manifestación.

Cynthia Valladares, trabajadora social, egresada de Facultad de Ciencias Sociales UBA recordaba que la Ley Nacional 27204 responsabiliza al Estado nacional como garante indelegable de la Educación Superior, prohíbe cualquier tipo de arancelamiento y caracteriza a la educación y al conocimiento como bien público. 

“Me conmueve desde mi historia personal: no hubiera podido estudiar si no era con la universidad pública”, lagrimeó Valladares. Desde hace doce años, trabaja en la Dirección de becas de la Universidad: “Lo que estamos viviendo es tremendo. Si no hay presupuesto, no hay para becar a esos estudiantes que están en situación de vulnerabilidad socioeconómica y que no tengan la posibilidad de estudiar”.

En la universidad que gestó el Cordobazo, la Universidad de Córdoba, tuvieron que paralizar obras y arreglos para mantener becas y subsidiar el comedor para sus más de 120 mil estudiantes. En la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, debieron frenarse las obras que se estaban ejecutando en el edificio de la calle Santiago del Estero, en Constitución. Y la lista, sigue.

En medio de la movilización, a la columna del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras se sumaron cinco estudiantes extranjeras de Ciencias Económicas. Si se hubiera aprobado la Ley de Bases, tendrían que pagar por sus estudios.

Los institutos superiores de formación docente también se hicieron presentes. El recorte a las universidades hace peligrar todos los niveles de educación nacionales. En la mirada las caras de sus estudiantes no había bronca, sino un deseo de protección.

“A ver, a ver/ quién dirige la batuta/ les estudiantes/ o el gobierno hijo de yuta”, gritaban al cruzar las calles. Una docente de menos de 30 miraba preocupada a las motos y autos que esperaban para cruzar después de las columnas que iban hacia el Congreso. “Chicos, apuren para cruzar, dale, que se me cortó la suplencia y ya no tengo obra social”, dijo un poco en broma, un poco en serio mirando con los ojos de huevo frito.

A las 15, en la Plaza Congreso, las constituciones nacionales se movían al ritmo de “Che peluca compadre, la concha de tu madre/ Nos cagamos de hambre/ Nos mandas a la yuta/ Nos sacas el presupuesto/ Sos un hijo de puta”. Las canciones y los insultos se hilaban a través de las cuadras. “Mínimo una puteada para estos que nos quieren sacar la universidad”, decía Facundo, estudiante que está haciendo la tesis para poder terminar sus estudios y siente temblar su graduación.

Por avenida Rivadavia, cuando las veredas se distendían, una familia se fundía en un abrazo. De sus cuellos colgaban los carteles del ascenso social: “Papá – albañil”, “Mamá – ama de casa” e “Hija – profesional universitaria”. La hija ya de más de 40 años, sonreía ampliamente, pero sus ojos tenían un fuerte dejo de nostalgia y temor sobre el futuro. 

En la Plaza de Mayo el hit era «que lo traigan al gorila de Milei para que vea, que este pueblo no cambia de ideas, pelea, pelea, por la educación». De repente se interrumpe. El Himno Nacional comenzaba a sonar por los altavoces. “La educación es un derecho humano fundamental porque se impone sobre el ingrato azar de la desigualdad. Somos la universidad pública para todo el pueblo argentino”, sostuvo desde el escenario Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA).

En la columna de CONADU, la Federación de Docentes Universitarios, se poblaba de remeras con la leyenda “La universidad pública cambia vidas”. Entre ellos, una joven sostenía el cartel “¿Por qué tanto miedo de educar al pueblo?”. Sus amigas levantaban copias de la novela 1984. La distopía de Orwell se siente cada vez más cerca: “Te la venden cambiada: te dicen A, pero hacen B. Lo menos que quieren es que seamos libres”. Más cerca de Plaza de Mayo, estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata tenían libros de historia. Las leyes se cubren de la sangre seca de los pueblos, pero ellas no quieren que la sangre sea olvidada ni derramada en vano.

“Olé, olé/ el que no salta/ votó a Milei”, cantaban con bombos desde las agrupaciones estudiantiles y los pies se levantaban masivamente hasta el cielo. Aunque, algunos movían la cabeza tímidamente y miraban hacia abajo con la culpa de haber prendido fuego la paja. “Había venido a las vigilias por el aborto: esta es mi primera movilización más política. Estudiantil también: es que la facultad nunca estuvo en riesgo”, ríe con dolor Ariana, estudiante avanzada de Arquitectura.

De cordón a cordón, la avenida de Mayo rebalsaba. Los centros de estudiantes del lado derecho y los funcionarios de cada universidad a su costado. Las diferencias que plantea el gobierno nacional entre los decanatos y el estudiantado no son tales ni tantas porque codo a codo buscan proteger su casa común. Cada tanto, entre cánticos, explotan saludos intercambiados de las distintas columnas. “Te hacen creer que tu país es una mierda para que no lo defiendas cuando lo destruyan”, sostenía un cartel negro de letras blancas.

En sintonía, el discurso en el escenario decía: “Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permita a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres”. Ahora, es tarea de todos defenderla.

La motosierra llegó al Garrahan (y los trolls también)

La motosierra llegó al Garrahan (y los trolls también)

Abr 23, 2024 | Comunidad, Destacado 5

Los trabajadores del Garrahan realizaron un ruidazo para denunciar el deterioro de la calidad hospitalitaria debido al inédito ajuste. Como respuesta, recibieron una catarata de ataques en las redes sociales.

“Vivimos enviando notas a los directivos con nuestros reclamos y solicitudes de audiencia. El 95% de esas notas son ignoradas», dice Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE.

 

En este período de ajustes crecientes, recortes y ausencia de negociaciones, el pasado miércoles 17 de abril la Junta Interna ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) del Hospital Garrahan convocó a un ruidazo frente a la Dirección como protesta a la falta de insumos y despreocupación de parte del Estado por una mejora salarial y presupuestaria. Una vez finalizada la actividad, Alejandro Lipcovich, trabajador administrativo del hospital y secretario general de la Junta, sufrió un alto hostigamiento en sus redes de parte de distintas cuentas trolls con perfiles anónimos que el presidente Javier Milei retuitea habitualmente.

El aumento del presupuesto para el Hospital Garrahan fue tan sólo un 34% superior al de 2023, con una inflación interanual del 287%. En conversación con ANCCOM, Lipcovich explicó que se trata de un recorte de presupuesto muy fuerte, y destacó que son los trabajadores quienes enfrentan dichas condiciones del hospital: “Tenemos profesionales de enfermería que no llegan a cubrir la canasta de pobreza e incluso se están dando tijeretazos sobre las horas extras. Se trata de un hospital de alta complejidad, hay pacientes muy graves que requieren mucho cuidado y mucha atención. Si hay menos empleados para atenderlos eso empeoraría las condiciones de trabajo”.

No es la primera vez que se muestran los conflictos en el funcionamiento operativo del hospital porque hay insumos que empiezan a escasear o a ser degradada su calidad. El día que se llevó a cabo el ruidazo, se organizó una recorrida por el Sector de Quemados, donde se informó acerca de la situación en que no había gasas para hacer las curaciones porque faltaba el papel estéril que las envuelve. Por otro lado, se han recortado distintos programas nacionales de medicación que impactan en el hospital, que están vinculados con la medicación oncológica.

“En las redes me amenazaban de muerte», denuncia Lipcovich.

A pesar de que la movilización se realizó frente a las oficinas de los funcionarios, no hubo ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. “Vivimos enviando notas a los directivos con nuestros reclamos, solicitudes de audiencia y solicitudes de respuesta. El 95% de esas notas son simplemente ignoradas, cada tanto hay una respuesta que muchas veces niega las condiciones degradantes que se están experimentando hoy en día en el establecimiento”, dijo Lipcovich.

A pocas horas del ruidazo, y tras la difusión de distintos videos en los que Lipcovich aparecía hablando con un micrófono, comenzó un hostigamiento por redes sociales hacia su persona de parte de distintas cuentas anónimas, entre las cuales observó un patrón común en el hecho de que varias son las que usualmente likea o retuitea el presidente Milei. En los comentarios de los videos difundidos por la red social X (ex Twitter) distintos usuarios insultaron al trabajador por su reclamo y por hacerlo en una planta cercana a donde habría pacientes internados. “Me amenazaban de muerte, decían que estaba perjudicando a los niños con cáncer que querían descansar. Toda una serie de mentiras que justamente tratan de desacreditar el reclamo que estábamos llevando adelante”.

A través de la plataforma X, Lipcovich desmintió esta información al explicar que el espacio donde se realizó el ruidazo se encuentra dos pisos abajo de las salas de internación y que se trata de un espacio donde se hicieron decenas de protestas en gobiernos anteriores, como el de Alberto Fernández

«Trabajo 40 horas semanales y gano un sueldo que no cubre la canasta de pobreza», subraya Lipcovich.

Un dato importante para comprender el contexto de lo ocurrido tiene que ver con lo enorme que es el hospital ubicado en el barrio de Parque Patricios, que abarca cuatro manzanas por cuatro que en total suman 113 metros cuadrados. Cada año, se realizan 610 mil consultas y 12 mil cirugías, y egresan más de 28 mil pacientes. Dispone de 587 camas, de las cuales 132 corresponden a las terapias intensivas. La actividad cuestionada se realizó en el pasillo central de planta baja, lejos de los pacientes.

Además de la catarata de ataques recibidos, distintos usuarios comenzaron a difundir sus datos personales como su número de documento. Lipcovich contó al equipo de ANCCOM, que si bien este tipo de ataques permanecen en el mundo virtual, no deja de ser un recurso intimidatorio que genera cierto nerviosismo. “Entre distintos usuarios querían denunciarme ante el Ministerio de la Salud y demás”. Por las persistentes amenazas con datos sensibles, presentará una denuncia penal con el patrocinio de la asociación de abogados de derechos humanos APEL.

“Trabajo 40 horas semanales y gano un sueldo que no cubre la canasta de pobreza. Por eso nos organizamos con mis compañeros y compañeras de la lista Roja de ATE, que protagonizó reclamos históricos de la salud pública, como la gran huelga de 2005”, subrayó el trabajador del Garrahan. “Nuestros difamadores, por el contrario, se esconden en nombres falsos y viven de oscuros fondos públicos. Todo para defender a un gobierno criminal, que despide, recorta medicación oncológica y tantas porquerías más. Tienen miedo porque saben que la lucha va a crecer”, agregó.

A pesar de sus años como militante político, sindical y estudiantil –tiene 38 años, fue presidente de la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires), e integra el Partido Obrero–, dijo que nunca había experimentado un hostigamiento de este tipo. Lipcovich manifestó su agradecimiento a muchos de compañeros y compañeras del hospital que se solidarizaron tanto por redes como en persona y que difundieron el repudio sobre lo acontecido. “Me da mucha fuerza el apoyo de la gente y lo que es seguro es que la intimidación no va a surtir efecto. No es algo individual. Acá somos mucha gente y vamos a ser cada vez más los que vamos a defender el hospital”, expresó.

Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), opinó sobre la agresión recibida hacia su compañero: “El ataque a Alejandro Lipcovich es un ataque a la protesta a nuestro hospital y un intento de disciplinamiento. Desde la APyT lo repudiamos y exigimos que cese la persecución sindical”. En diálogo con ANCCOM, expresó la necesidad de un ajuste del salario por inflación y que el gobierno no solo actualice el presupuesto para el área de la salud sino también de la educación.

En ese sentido, Lipcovich agregó la importancia de asistir a la marcha del 23 de abril y la necesidad de “armar un canal para que mucha gente proteste por distintas causas, superando las diferencias que puedan existir por intereses diversos, para fortalecer la lucha de toda la sociedad”.

 

La crisis universitaria, de norte a sur

La crisis universitaria, de norte a sur

Abr 22, 2024 | Comunidad, Destacado 2

Funcionarios de cinco universidades nacionales de distintos puntos cardinales explican la situación presupuestaria que atraviesan tras el ajuste del Gobierno de Javier Milei. Todas marchan este martes en una movilización que para muchos será histórica.

Las impactantes imágenes de cortes de luz, cierre de aulas, reducción en el funcionamiento de ascensores y la dificultad para hacer frente al pago de servicios básicos son reflejo de la seria crisis presupuestaria que atraviesan las 62 universidades públicas nacionales. Siguiendo al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el presupuesto de la educación superior disminuyó un 76% respecto al año anterior. A pesar de las medidas preventivas para amortiguar gastos e intentar solventarse con un presupuesto abismalmente atrasado con respecto a la inflación, algunas instituciones anticipan la posibilidad de cierre para la mitad del año lectivo.

Frente a la negación del gobierno a entablar un diálogo con las instituciones y bajo la consigna “En defensa de la educación pública”, el CIN convocó a una marcha federal el próximo martes 23 junto al Frente Sindical Universitario. El Consejo insta a que se adhieran todas las instituciones comprometidas con la educación y aclararon que la marcha es “una actividad de vital importancia para visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario y científico nacional”.

La convocatoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se estipuló para las 15:30 horas en el Congreso de la Nación, para comenzar a marchar desde allí hasta Plaza de Mayo. A las 18 horas se hará lectura de un documento fuera de la Casa Rosada.

La crisis presupuestaria impacta a lo largo y ancho de todo el país. Con el fin de explorar cómo se está experimentando la lucha por el financiamiento universitario en diferentes regiones de la Argentina, ANCCOM conversó con representantes de cinco instituciones públicas localizadas en diferentes provincias: la Universidad Nacional del Litoral; la Universidad de Salta; la Universidad del Comahue; la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Avellaneda.

Universidad Nacional del Litoral

Este año, el sistema universitario ha sido financiado mediante la asignación del mismo presupuesto del año anterior, una medida contemplada en la Ley de Administración Financiera. Según explicó Germán Bonino, Secretario de Gestión y Administración Presupuestaria de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), esto significa que el presupuesto que reciben las instituciones hoy se ha calculado en septiembre del año 2022 y fue pensado para el 2023. De esta forma, “hoy recibimos el mismo monto nominal que el año pasado, pero la inflación es de más del 280%. No estamos en caos pero es una situación crítica, si siguen estas condiciones no vamos a llegar a fin de año”, declaró el secretario.

A esta estrategia de desfinanciamiento se le agrega la quita de subsidios y el incremento de las tarifas de servicios públicos, principalmente de la luz. “En la UNL, la última factura de luz fue de 100 millones de pesos y recibimos 141 millones en total para todos los gastos. Con la diferencia hay que pagar las becas, el mantenimiento de las facultades, llevar adelante las obras públicas, los proyectos de investigación y extensión, hasta las fotocopias para los éxamenes. Claramente no alcanza”, confirmó Bonino.

La Universidad Nacional del Litoral tiene alrededor de 60.000 alumnos y nuclea estudiantes tanto de la provincia de Santa Fe como de Entre Ríos. Es un nodo central de la economía santafecina por la cantidad de jóvenes que estudian allí, por los proyectos y el conocimiento que genera y por los egresados que se insertan como profesionales de diversas áreas.

Otra dificultad que encuentran los administrativos de las universidades del país es la imposibilidad de proyección en los próximos meses, ya que se desconoce el presupuesto asignado para el resto del año. Sobre esto, el encargado del presupuesto de la UNL aclaró: “No sabemos cuánto va a llegar mes a mes. Eso es algo que estamos reclamando desde las universidades. Necesitamos saber con qué disponemos, sea mucho o poco”.

Universidad Nacional de Salta

Las acciones preventivas para controlar los gastos fueron adoptadas por la mayoría de las universidades, incluyendo la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Su vicerrector, Nicolás Innamorato, expresó su preocupación por la gestión gubernamental de la situación: “Hemos implementado medidas, al igual que todas las universidades nacionales, pero son insuficientes. La crisis debe ser manejada de otra forma. La educación bajo ningún punto de vista puede ser recortada porque no es un ‘gasto excesivo’ o ‘inútil’ como dice el presidente. Son inversiones para el crecimiento de la sociedad en su totalidad”.

La UNSa tiene aproximadamente 80.000 estudiantes, cuenta con cuatro centros de investigación en conjunto con el CONICET y está trabajando en 300 proyectos que se vuelcan para la mejora de la comunidad. Para Innamorato, el rol que juegan los establecimientos de educación pública superior del país en el crecimiento social es esencial: “La única institución en el país que genera una movilidad social ascendente es la universidad nacional, pública y gratuita. Se perjudica, entonces, a todos los ciudadanos argentinos que de una forma u otra se ven beneficiados con una carrera o con una actividad dentro de la universidad”.

El vicerrector criticó la falta de plan del Gobierno para revertir o mejorar la situación en la que se encuentran. “A pesar de tener una comunicación fluida con las autoridades de la Secretaría de Educación de la Nación, hasta el momento ni siquiera nos mostraron una planificación para el año 2024; y esto nos preocupa mucho. La mezcla de insensibilidad en cuanto al diálogo sumado a la incertidumbre por parte de los organismos oficiales es lo que genera mayor impacto”, declaró Innamorato.

Universidad Nacional del Comahue

La Universidad Nacional del Comahue no fue la excepción a la regla: sus directivos tuvieron que tomar medidas de recorte y disminución de las actividades académicas. Beatriz Gentile, rectora de la institución comentó: “Suspendimos la convocatoria a becas de investigación y extensión, redujimos los turnos de limpieza y priorizamos aulas y baños. Hay tasas municipales, deudas de agua u otros servicios que no estamos pagando”.

La Universidad Nacional del Comahue es la más grande en cantidad de alumnos, carreras y extensión territorial de la región patagónica; tiene sedes en diez localidades de dos provincias vecinas, Río Negro y Neuquén, y asisten más de 33.000 estudiantes. Esta institución juega un rol esencial en la democratización de la educación en la Patagonia Norte. “Llegamos a territorios que difícilmente llegue otra institución del Estado. Nos caracteriza esta vocación de ofrecer estudios superiores para todos y todas. Es necesario crear todas las condiciones para que hasta el último chico que está alejado de las ciudades también pueda estudiar en la universidad”, sostuvo la rectora.

Universidad de la Plata

Marilia Fogel, investigadora de Conicet y docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM) de la Universidad Nacional de La Plata conversó con ANCCOM sobre el ataque del Gobierno nacional a las universidades públicas y al sistema científico y tecnológico. La docente afirmó: “Este ataque tiene varias dimensiones, ya que desde lo simbólico se ataca desprestigiando a las universidades instalando el discurso que las universidades son ‘centros de adoctrinamiento’. Esto es una mentira absoluta: en las universidades puede estudiar quien quiera, de todas partes del país y de Latinoamérica. Hay pluralidad de voces y eso se ve en todas las instituciones”.

El impacto del recorte presupuestario afecta gravemente a la enseñanza y el desarrollo de los programas de estudio. Fogel imparte Química General a estudiantes de primer año de licenciaturas en Biología y Geología, una materia que depende de una infraestructura de laboratorios y suministros especiales. «Necesitamos reactivos, guantes y material de laboratorio para llevar a cabo las prácticas. Estamos viendo cómo reciclar lo que tenemos y ajustarnos al presupuesto disponible. Todo esto afecta directamente la calidad educativa, ya que es posible que tengamos que reprogramar o incluso reducir algunas prácticas si la situación no cambia».

Además de los suministros, es crucial mantener la infraestructura existente. «Las carreras con orientación científico-tecnológica necesitan ciertos equipos y dispositivos, como microscopios, que requieren mantenimiento y, en caso de averías, reparación”, comentó Fogel. Además, destacó que existen otros gastos operativos continuos asociados al funcionamiento de las universidades.

Otro punto importante es la imposibilidad de realizar las prácticas y los viajes de campaña obligatorios para cumplir con los planes de estudio. “Los egresados y las egresadas de las carreras de naturales, además de cumplir con la aprobación de las materias, para acreditar la carrera deben tener una cierta cantidad de viajes de campaña que son obligatorios. Estos viajes están contemplados también dentro del presupuesto, por lo que este año esos viajes posiblemente no se realicen”, aseveró Fogel.

Universidad Nacional de Avellaneda

Ricardo Petraglia es el Secretario General de ADUNA, la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y hace énfasis en la problemática de las universidades de menor envergadura al atravesar la crisis. Destacó que las instituciones más nuevas, como es el caso de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), carecen de relaciones que las puedan ayudar a afrontar la crisis, en desventaja con aquellos establecimientos más antiguos que ya han atravesado situaciones similares. “No es lo mismo ir a pelear el presupuesto siendo una universidad con una tradición y una capacidad de presión de años. A las universidades nuevas les llevará un tiempo para que eso ocurra. Para ello, es importante que el sistema universitario entienda las universidades nos necesitamos entre todas”, agregó Petraglia.

La UNDAV surgió en el año 2011 como un plan para enriquecer la cultura y la educación del partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Si bien cuenta con seis departamentos orientados a diferentes áreas, el secretario afirmó que la UNDAV no tiene desarrollado un plan de otras formas de ingreso como los posgrados o los trabajos a terceros que le ayuden a hacer frente a la crisis.

Petraglia se mostró preocupado sobre la situación del salario docente. “El ajuste en sueldos más grande que había tenido la universidad fue durante el gobierno de Mauricio Macri, de entre 15 y 20 puntos. Ahora, en los primeros cuatro meses del gobierno actual, ya estamos en más del doble”. Remarcó que el ajuste presupuestario no se está dando de forma aislada sobre las universidades sino que “es parte de un ajuste que se está haciendo en toda la sociedad argentina y particularmente sobre el pueblo trabajador”.

De cara a la movilización del 23 de abril, el secretario dejó en claro: “Si bien las expectativas sobre la movilización son muy grandes, la marcha será sólo el inicio de un proceso de lucha que probablemente sea largo”. Finalmente, manifestó la importancia de mantener la unidad de los trabajadores, de los claustros y de las autoridades para defender la educación pública en Argentina.

Frente a la decisión del gobierno de Javier Milei de desfinanciar el sistema universitario nacional, las universidades de todo el territorio convocan a marchar el martes 23 de abril en defensa de la educación pública, libre, laica, no arancelada y de calidad.

 

Resistencia disca

Resistencia disca

Abr 22, 2024 | Destacado 4, Trabajo

En rechazo a los 340 despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la organización «Discas en lucha» realizó una asamblea abierta que reunió a más de 40 colectivos. Derechos civiles que se pierden y familias sin trabajo.

En la sede de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el barrio porteño de Núñez, Discas en lucha organizó un acto de rechazo y denuncia por la situación crítica que enfrenta el organismo, afectado por despidos masivos, recortes en pensiones, la eliminación de programas de accesibilidad y el cierre de centros de atención en todo el país.

Laura Alcaide, referente de Discas en lucha y de Orgullo disca, destacó que muchos de los despidos ocurrieron a nivel federal, particularmente en los centros de referencia. “Son puntos de acceso clave para trámites de servicios como el certificado único de discapacidad y otras gestiones. La desaparición de estos puntos ha dejado a los trabajadores sin empleo”, señaló.

Otros programas vitales de la ANDIS también han sido afectados, incluyendo la asignación de pensiones, el programa de apoyos para personas con discapacidad y el Programa Incluir Salud. Según Alcaide, los 340 despidos representan el 25 por ciento de la plantilla total del organismo, lo que significa que actualmente está funcionando con un cuarto menos de su personal.

Los trabajadores de ANDIS se encuentran en una situación laboral precaria, con la cancelación de contratos que afecta a dos tipos diferentes de empleo. Por un lado, se encuentran los contratos bajo el Decreto 1109/2017 para monotributistas, y por otro, los transitorios regulados por el Artículo 9 de la Ley de Empleo Público, los cuales deberían renovarse automáticamente de forma anual.

Ante la expiración de estos contratos, los trabajadores se ven confrontados con la negativa de renovación. “Esta situación resulta particularmente injusta para aquellos compañeros y compañeras que han dedicado más de veinte años de su vida laboral a la institución, dejándolos sin indemnización y sin posibilidad de acceder a un fondo de desempleo, en un mercado recesivo que no tiene oportunidades laborales”, afirmó Maive Fernández, licenciada en Audiovisión y trabajadora despedida de la Dirección de Accesibilidad de la ANDIS.

Según Fernández, las autoridades no han dado una comunicación clara. La justificación que se ofrece es una presunta reducción de gastos, según notas oficiales de la Gestión Documental Electrónica (GDE), el sistema de uso obligatorio para todos los empleados estatales que, sin embargo, presenta una limitación significativa: no es accesible para personas ciegas a través de lectores de pantalla. Esta carencia convierte al sistema en excluyente.

Guadalupe Bargiela, activista de Orgullo Disca, trabajaba en ANDIS desde el año 2020 en el sector de correspondencia de mails. En febrero recibió su despido por GDE, web inaccesible para ella. “Le tuve que pedir a mi mamá que me la lea. Es una violación a la autonomía y a los derechos humanos, esa notificación debería llegar en persona”, explicó.

María Florencia, quien ha ejercido como profesora de danza movimiento terapia en la unidad de Deporte, Recreación y Cultura del ANDIS desde el 2010, expresó su desconcierto ante su despido: «Realicé un trabajo valioso y ampliamente reconocido por la Agencia, pero parece que este Gobierno no valora ni la danza ni a las personas». Su situación se torna aún más complicada al ser madre de una niña con discapacidad y depender económicamente de su empleo, al igual que muchos de sus compañeros.

Hasta el momento, los trabajadores despedidos no han recibido compensación alguna, ni han sido reincorporados a sus puestos. Frente a esta situación, surgió la necesidad de convocar a la asamblea abierta que se realizó el pasado sábado 20 de abril y que contó con la presencia de representantes de organizaciones sociales, sindicales, del colectivo disca y sus familias.

Hubo adhesiones de referentes políticos, como el diputado uan Marino, del Partido Piquetero (UxP), quien presentó un pedido de informe al Gobierno para obtener detalles sobre los despidos. La diputada porteña Alejandrina Barry, del Frente de Izquierda, también participó del acto: “Junto a mis compañeros Myriam Bregman y Nicolás del Caño presentamos un proyecto de emergencia en el Congreso de la Nación”, comentó. Mientras tanto, los 340 despedidos de ANDIS y sus familias continúan en la incertidumbre.