Caídos del mapa

Caídos del mapa

Sep 18, 2025 | Comunidad, Destacado 5

Una investigación de ACIJ y el Observatorio Villero La Poderosa da cuenta que el 73% de los hogares de barrios populares no accede a servicios públicos básicos como agua y electricidad. Hacinamiento y contaminación, entre otros problemas.

Merendero Tacitas Poderosas en el barrio San Blas, vecino a la Villa 21-24 en la zona sur de la ciudad.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en colaboración con el Observatorio Villero de La Poderosa, reveló los datos de su último informe realizado sobre las deficientes y precarias condiciones habitacionales de nueve barrios populares, ubicados en seis provincias de nuestro país. El objetivo de los investigadores fue visibilizar la urgencia estructural que los vecinos viven, contrastando esos hallazgos con los datos oficiales, y utilizar la información para intervenir en los barrios a través de políticas públicas. La investigación contó con la asistencia técnica del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, para elaborar diferentes herramientas de medición, y la participación de la Fundación Temas.

Los nueve barrios relevados fueron Villa 21-24 Zavaleta y Barrio Mugica por la Ciudad de Buenos Aires; Isla Maciel, Los Álamos II, en Quilmes, y Las Dalias, en Mar del Plata, Complejo Yapeyú, en Córdoba capital; Mendoza al Sur, en Corrientes; Virgen Desatanudos, en La Rioja; y Mirador de Ushuaia, ubicado en Tierra del Fuego. En total, la muestra alcanzó a 1.485 hogares y a 5.025 personas.

Desconectados

Los principales hallazgos demuestran que el acceso a los servicios públicos como luz y agua, está en una situación crítica: el 73% de las viviendas presenta condiciones precarias, con problemas de conexión, calidad o cantidad. Un 11% directamente no cuenta con ningún tipo de acceso a uno o más de los servicios. Es decir que existe un 83% de los recintos familiares que no cuenta con acceso adecuado. Por ejemplo, la mitad de los hogares relevados se conecta al agua de manera informal, esto significa que, si bien existe un acceso al recurso, no hay calidad en el suministro.

Catalina Marino, encargada de la revisión del estudio y coordinadora del Programa de Derecho a la Ciudad en ACIJ, explicó: “El hecho de que no existan conexiones formales implica que AYSA, que debería proveer el agua a toda la población, no pueda garantizar que el agua que sale de sus plantas llegue al barrio de manera segura, porque la conexión a través de la que arriba a la vivienda estuvo intervenida. Por lo tanto, no se puede garantizar ni la cantidad, ni que sea apta para el consumo humano”. Esto recarga a las familias con el costo de compra de agua embotellada para el día a día.

La muestra arrojó que el 64% de las viviendas presentan un riesgo alto y moderado en sus conexiones eléctricas, exponiendo a la población a posibles incendios, pérdida de electrodomésticos o incluso la muerte.

“A veces, las estadísticas y datos oficiales que miden el acceso a servicios públicos generales en el país dan porcentajes muy altos. Se afirma que el 90% de la población accede al recurso, pero el problema es que cuando lo medimos en los barrios populares, la forma en la que está construido el indicador no funciona de la misma manera. Porque quizás hay agua, pero no las 24 horas, o no es suficiente, o no en la calidad que deberías tenerla”, declaró Marino. Por ese motivo, el Instituto Gino Germani colaboró en la creación de herramientas para medir las condiciones específicas de los barrios populares.

Lo mismo sucede con el acceso al servicio eléctrico: el 63% de los hogares presenta conexiones eléctricas irregulares. Esto no solo demuestra un alto grado de informalidad, sino también de precariedad y riesgo.

Para medir esto último, los investigadores revisaron los componentes de las instalaciones domiciliarias y la existencia de dispositivos de protección de circuitos. La muestra arrojó que el 64% de las viviendas presentan un riesgo alto y moderado, exponiendo a la población a posibles incendios, pérdida de electrodomésticos o incluso la muerte.

El barrio de Los Álamos es el que mayor porcentaje de riesgo eléctrico presenta (82%), seguido de la Villa 21-24-Zavaleta con un 78%. Estos datos vuelven a confirmar lo que ACIJ viene denunciando hace más de una década: “Tenemos una causa hace 15 años en la 21-24 por el peligro eléctrico al que se ve sometida la población, por las fallas de las conexiones que tienen que ver no solo con la conexión informal de las viviendas, sino por la falta de provisión del servicio al barrio en cantidades suficientes. Es un juicio que ganamos y que está en proceso de una muy lenta ejecución. Si bien hay un reconocimiento de la responsabilidad estatal sobre este problema, no se ha solucionado hasta ahora”, reveló Marino.

Falta asfalto y falta tiempo

El hacinamiento es otro indicador alarmante, puesto que el 50,2% de las viviendas, presenta entre dos y tres personas por cuarto, mientras que el 10,7% muestra un nivel más crítico de más de tres personas por habitación. El informe afirma que estas cifras son notablemente más elevadas y en ocasiones duplican los últimos promedios nacionales del INDEC, que afirman un 20% de hacinamiento, y 5% de hacinamiento crítico. Esto teniendo en cuenta que son mas de cinco millones las personas que habitan alrededor de 6.000 barrios populares en todo el país.

Otra gran problemática estructural reside en la falta de planificación urbana de los barrios. Solo un 27% de los domicilios se encuentra en calles asfaltadas, mientras que el 46% está situado en calles de tierra, como también existen barrios en los que predominan los pasillos o calles mejoradas. La ausencia de calles, asfalto y alumbrado público son obstáculos para el desenvolvimiento en la vida cotidiana. Este también es el caso del transporte en las zonas estudiadas: el 30% de las personas declaró tardar más de una hora en llegar a su lugar de trabajo, y un 10% demora más de dos horas.

Diego Mora, autor de la investigación por parte de La Poderosa y vecino de la Villa 21-24, explicó que esto refleja otra dimensión de la pobreza: la falta de tiempo que los habitantes del territorio poseen para dedicarse a otras actividades que no sean laborales. “El tiempo que la gente demora en llegar es muy claro. El caso de Los Álamos, da cuenta de que esa integración urbana no existe. Del barrio, en remís, a la parada de colectivo, y del colectivo al centro de La Matanza, para tomar otro transporte que permita llegar a la Capital; son dos horas para llegar a cualquier parte, es inescapable”, describió.

Si bien el traslado en general a centros de salud mejora en el total del estudio con un 75% que demora menos de una hora, en Los Álamos esta situación sigue siendo especialmente difícil, ya que el 70% en este barrio viaja más de sesenta minutos. La relevancia de estos datos se sostiene ya que solo el 18% del total relevado posee cobertura sanitaria, y el 13% de los hogares reportó incluir al menos una persona con discapacidad.

La basura como compañía

El reporte también incluyó datos sumamente interesantes en cuanto al enfoque socioambiental, destacando que el 90% de las residencias enfrenta un alto riesgo ambiental, ya sea por cercanía a fuentes de contaminación como arroyos, riachuelos y basurales, o presencia de plagas y acumulación de basura en los alrededores de la casa. La muestra es contundente: 49% está cerca de agua contaminada y 29% junto a basurales. A pesar de las falencias estructurales de los barrios, aquellos problemas son percibidos como uno de los problemas más importantes por el 30% de los vecinos encuestados.

En medio de procesos de desfinanciación de políticas clave para mejorar estos barrios, los investigadores consideran urgente la producción de información precisa que describa la forma en la que los sectores más vulnerables se ven afectados. “La intervención del Estado es necesaria, estos barrios no pueden transformarse a fuerza de inversión individual porque están en una situación de pobreza estructural”, afirmó Mora. “La información es necesaria para evaluar qué tipo de intervención tiene sentido, porque da resultados y cambia la vida de las personas”, dijo, y concluye: “Hacemos esto para disputar la agenda pública y concluir en políticas públicas que cambien las condiciones para vivir dignamente. No lo hacemos por otros, lo hacemos porque son nuestras vidas, nuestros barrios”.

“No existen políticas públicas integrales para las víctimas de trata”

“No existen políticas públicas integrales para las víctimas de trata”

Jul 8, 2025 | Destacado 3, Géneros

Según el último informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, los programas de protección y rescate de víctimas de violencia y trata registraron caídas del 72,11% y 90% en términos presupuestarios.

Encuentro en la Asociación de Mujeres en Argentina por los Derechos Humanos AMADH.

En un contexto de gran vulnerabilidad social y económica, la gestión de Javier Milei parece esforzarse en darle la espalda a las personas que más necesitan del accionar y el acompañamiento del Estado. En el caso de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, el desmantelamiento y desfinanciamiento de las políticas públicas que les brindan ayuda económica y asistencia enciende las alarmas.

Según el último informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), los programas de protección y rescate de víctimas de violencia y trata registraron caídas del 72,11% y 90%. En lo que va del año, programas como “Restituir” y el “Programa Nacional de Reparación de Derechos y de Fortalecimiento de Competencias Laborales para las Afectadas y los Afectados por los Delitos de Trata de Explotación de Personas” fueron eliminados a partir de la Resolución 246/2025.

Sumado a esto, el Decreto 1048/2024 ya había dejado sin efecto el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata, que tenía por objetivo administrar los bienes muebles e inmuebles decomisados en causas judiciales relacionadas con los delitos de trata y explotación de personas, y el lavado de activos provenientes de dichos delitos, para luego ponerlos a disposición de las víctimas.

Además, el último informe realizado por la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH) denuncia que el Comité contra la Trata, que funcionaba en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación fue trasladado, por medio del Decreto 318/2024, al ámbito del Ministerio de Seguridad, situación que no es recomendada por los organismos internacionales debido a la larga historia de connivencia entre las fuerzas de seguridad y el control de los prostíbulos.

En diálogo con ANCCOM, la doctora Aldana Ros, especializada en la temática de delitos de trata con fines de explotación sexual, expresa que “hay un incumplimiento de las obligaciones que fija para el Estado la Ley de Trata. El Estado tiene que brindar un acompañamiento y una asistencia no solo económica sino integral, que incluya recursos y herramientas que le permitan a una víctima llegar a imaginarse y comenzar un proyecto de vida”.

En este sentido, Ros remarca que no todas las víctimas son iguales. Cada una tiene sus propias particularidades, carga con una historia personal y con un derrotero que tiene que ver puntualmente con la trata. Por este motivo, es tan importante el acompañamiento que se les brinda y la atención a la salud física y mental para que logren desarrollarse, formarse y tener un trabajo. “Hay algunas víctimas que antes de ser explotadas sexualmente, cargan con otra vulnerabilidad de haber sido víctimas de algún tipo de violencia de género, ya sea abuso sexual en la infancia o violencia física, verbal o psicológica en el ámbito intrafamiliar o alguna violencia que hayan recibido en algún vínculo de pareja. Es decir, son múltiples las causales por las cuales una persona ya tiene una determinada vulnerabilidad, y que la hacen más vulnerable a ser captada por aquellos sujetos que están detrás del delito de trata”, señala.

 Graciela Collantes, sobreviviente y presidenta de AMADH.

En este marco de abandono por parte del Estado, y también de complicidad para ocultar este delito, son las propias sobrevivientes agrupadas en diversas organizaciones sociales las que asumen la ardua tarea de acompañar a otras mujeres. Por su parte, Graciela Collantes, sobreviviente y presidenta de AMADH, expresa que “nos costó mucho el proceso de poder reconocernos primero como víctimas y después como sobrevivientes. Fue un proceso doloroso, pero fue bueno poder despertar y que nuestras propias voces sirvan para alentar a las nuevas generaciones. Desde ahí también una pelea interna nuestra de reconocernos como personas, porque este sistema nos había destrozado la autoestima, teníamos mucha culpa, cuando había un Estado muy cómplice con el proxenetismo”.

En AMADH, Graciela y sus compañeras trabajan día a día y codo a codo para visibilizar esta problemática hace más de veinte años. “En principio, nosotras nos organizamos para visibilizar los golpes y la persecución policial. Las instituciones que nos tenían que cuidar eran las mismas que protegían a los proxenetas y perseguían y eran cómplices de la explotación de las mujeres”, recuerda. Hoy en día, no es sólo patear las calles de Once, Flores y Constitución para hacer un relevamiento de las personas que se encuentran en esta situación, también es poner la oreja, construir un vínculo y acompañarlas en el difícil proceso de reconocerse como víctimas y llegar a la instancia de la denuncia.

Por su parte, Elena Moncada, sobreviviente y fundadora de la Asociación Civil Mujeres por los Derechos, hace lo propio desde “La Casita”, un centro de día ubicado en el barrio de Villa del Parque, en la provincia de Santa Fe. Allí se dictan talleres de oficio, de panificación, textil, manualidades, para sacar a las compañeras de la calle. “De esa plata rápida hasta que vienen acá, hasta que se empoderan, cuesta mucho. Cuando viene una chica nueva que cuenta de su violación, nosotras no decimos ‘mirá, este es tu fiolo, los clientes son los que te violan’. Nosotras hablamos de nuestras historias, de la vida, de los hijos. Sin hostigarlas, cada una hace su proceso y así pasaron 25 compañeras que dejaron esa maldita esquina”, comenta.

A nivel provincial, Moncada denuncia que tampoco existe un acompañamiento para las víctimas por parte del gobierno. “No hay ninguna política pública, solamente nos usan cuando viene el Día de la Trata. Nos incluyen en alguna cuestión pero en todos estos años, desde el 2009 hasta esta parte, jamás se acercó una funcionaria a decir ‘chicas me voy a poner la camiseta’”.

En este marco, Ros también señala la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) en los programas de las escuelas para luchar contra el delito de la trata en un contexto marcado por la sobreexposición de la imagen de niños, niñas y adolescentes en las plataformas. Esta situación influye en el incremento de estas redes delictivas que utilizan imágenes y videos para la comercialización, la explotación sexual y la vulneración de la identidad. “Cuando hablamos de trata tenemos que hablar de la educación sexual integral y su importancia desde los primeros años de vida, adaptando los contenidos pedagógicos, desde el enseñar lo que es el respeto al cuerpo propio y ajeno, el respeto a la dignidad humana”. Y agrega que “la realidad es que las asociaciones civiles terminan abordando y desbordadas también por ocuparse de temáticas en las cuales el estado tiene falencias en políticas públicas o que directamente ni siquiera las tiene”.

Muchas de las sobrevivientes relatan su historia en las escuelas, para que niños, niñas y adolescentes puedan preguntar y debatir acerca de este tema, como en el caso de Moncada. “Cuento mi historia en escuelas y surgen preguntas de los chicos a falta de educación sexual integral. Desde este gobierno se paró muchísimo, estamos peleando para que la ESI no se saque y activamos protocolos”, comenta.

En este sentido, queda claro que la solución no es eliminar las políticas públicas sino dotarlas de contenido para que funcionen correctamente. Y en este proceso, es fundamental la articulación entre las asociaciones de la sociedad civil y el Estado. No sólo para adaptar los contenidos a las necesidades de las mujeres, sino también para sensibilizar a los profesionales en el tema a partir del trabajo y el aprendizaje conjunto entre las sobrevivientes y los funcionarios públicos. “No queremos asistencialismo, sino programas sociales de contención. Que el Estado entienda que tiene que estar presente. Esa política integral tiene que estar al alcance ahora, no de acá a tres meses, porque cuando la mujer pide ayuda las políticas tienen que estar”, expresa Collantes. En la misma línea, Moncada reflexiona que “tenemos que estar más juntas que nunca. Necesitamos políticas públicas integrales para acompañar a esas chicas que si esos tipos no van, los pibes no comen, no les pueden comprar un guardapolvo o el fiolo las caga a palos”.

“Hay que reclamarle al Estado políticas de inclusión, de educación, trabajo y salud para nosotras. Un espacio de educación para que los profesores que vayan tengan una perspectiva de género no discriminatoria. El abolicionismo tiene que trabajar para fomentar el trabajo, el estudio, la inclusión social”, reflexiona Collantes. En ese sentido, Moncada concluye que “el abolicionismo existe porque existimos las sobrevivientes o supervivientes. A mí me recontra destruyó la cabeza, porque dije ‘pará, nosotras somos súper valorables porque estamos sacando personas de la calle, cuando el Estado no lo hace”.  

El FMI también es responsable del cambio climático

El FMI también es responsable del cambio climático

Oct 31, 2023 | Destacado 2, Vidas políticas

Un informe realizado por el CONICET junto con la ONG ACIJ establece un vínculo directo entre las deudas públicas y los daños ambientales.

Nafta al fuego. Deuda y cambio climático en Argentina, es un informe realizado por investigadores del CONICET en coordinación con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que denuncia una relación directa entre la deuda pública y el cambio climático.

El 23 de febrero de 2023, el Valle de Punilla se llenó de jóvenes de todo el país que durante dos días se congregaron a escuchar un amplio repertorio de bandas entre medio de las sierras y el paisaje cordobés. Hoy, ocho meses más tarde, mientras una nueva tanda de jóvenes se prepara para viajar a otra edición del Cosquín rock, el valle volvió a prenderse fuego.

Ya suman casi 7.645 las hectáreas quemadas únicamente en esta provincia en lo que va del año, y aun no asomaron los días más calientes. Resuena otra vez la duda de que irá a pasar este nuevo verano con las que, dicen, serán las temperaturas más altas jamás vividas.

Francisco Cantamutto, licenciado en Economía y Juan Pablo Bohoslavsky, doctor en Derecho, realizaron un informe que propone una relación entre el cambio climático y la deuda externa, o la falta de política ambiental en pos de otras cosas “más urgentes”. La línea es directa: “El 93% de los países con crisis climática están en crisis de deuda o con altas posibilidades de entrar en ella”, declara Cantamutto en la presentación del informe junto a ACIJ. “El cambio climático genera necesidades de inversión muy concretas que en términos de adaptación y mitigación no siempre los Estados tienen la posibilidad de fondear”, dice.

como es el caso del Medio Ambiente que, en el presupuesto nacional, tiene asignado un escaso 0,4% del PBI frente al 3% que se lleva únicamente el pago al FMI. Sobre esto,  Cantamutto comenta: “El FMI cumple un rol catalítico en términos de la gestión de la deuda, porque opera expresando con total apertura las exigencias del resto de los acreedores, y a través de sus recomendaciones y su auditoría funciona como señalizador para el resto de los inversores tanto oficiales como privados”. Pero esta no es la única consecuencia del acuerdo: “El principal camino que ha adoptado el Fondo Monetario Internacional ha tenido que ver con el rol de facilitador y forzar a los Estados a que se sumen a este rumbo de inversión privada”, remarca.

Esta no es una problemática exclusiva de Argentina. En el informe se demuestra que son los países pertenecientes a la mal llamada “periferia global” los que tienen más problemas, no solo para financiar políticas ecologistas, sino que también son los que comprometen un mayor porcentaje de su PBI al pago de deuda. Esta es una problemática que se evaluó en 1994 por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde las principales potencias firmaron un acuerdo en el que se comprometían a colaborar económicamente con el cuidado ambiental de países del tercer mundo.

En la COP15 de Copenhague, en 2009, se acordó una meta colectiva de financiamiento climático de unos 100.000 millones de dólares por año desde 2020. En la actualidad se calcula que se han entregado menos de un cuarto de los fondos comprometidos, y que casi tres cuartos del financiamiento han llegado en forma de crédito, aportando al incremento de los niveles de deuda con los que ya cuentan la mayoría de los países tercermundistas.

La deuda no es cosa de pobres únicamente, pero sí representa un porcentaje del PBI que resulta vital a países con mayores dificultades económicas, donde sería mejor invertido en mejorar la calidad de vida de su población, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y una correcta industrialización que genere trabajo sin rifar el futuro de su población.

“No es solamente al momento del pago que la deuda genera un impacto en términos de las posibilidades de los estados de actuar frente al cambio climático, sino que además lo hace al exigir o proponer, por parte de los acreedores, reformas estructurales. Y modular de esta manera, a través de las políticas económicas, la forma que adopta el crecimiento”, plantea Francisco. Esto no es algo azaroso, ya que “en la en la mayor parte de los casos se trata de los países de la periferia o del sur global que, como los quieran enmarcar, tienden a especializarse en modelos productivos que exportan bienes que suelen tener tendencias hacia el extractivismo y no están asociados a un proceso de cambio estructural basado en una transición socio energética justa”, finaliza Cantamutto.

Los autores finalizan el informe con una serie de recomendaciones a tener en cuenta para mitigar en alguna escala lo irreversible del desastre climático; entre sus propuestas se encuentra exigir a los países de altos ingresos que cumplan con el compromiso económico de ayudar a otros de menores ingresos y que esta ayuda sea efectiva y no por medio de una nueva deuda; incorporar al análisis de sostenibilidad de la deuda, particularmente la del FMI, la dimensión de daño y riesgo ambiental; y avanzar hacia una reforma tributaria progresiva que mejore la capacidad recaudatoria, de cara a reducir la dependencia frente a la deuda.

Pueden leer todas las propuestas en el informe “Nafta al fuego. Deuda y cambio climático en Argentina” que encontrarán en la página de ACIJ.

El Gobierno de la Ciudad contra los estudiantes con discapacidades

El Gobierno de la Ciudad contra los estudiantes con discapacidades

Ago 11, 2022 | Comunidad, Destacado 4

La ministra de Educación, Soledad Acuña, apeló un fallo judicial que la obligaba a presentar un plan de inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo. La discriminación en las escuelas privadas.

Implementar políticas públicas para garantizar el derecho a la educación inclusiva e impedir la discriminación de las personas con discapacidad en las escuelas de gestión privada, en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. De eso se trata el reciente fallo de la Justicia, que obliga en ese sentido al Gobierno porteño. Previsiblemente, la ministra de Educación, Soledad Acuña, apeló la medida.

«No hay vacante». «No trabajamos con maestra integradora». «Quizás una escuela de recuperación es mejor». Esas son solo algunas de las excusas con las que se encontraban las familias que deseaban matricular a sus hijos. Ante esta situación, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) inició en 2019 una demanda judicial contra el Ministerio de Educación de CABA, solicitando que se adopten las medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en las escuelas privadas.

El pilar sobre el cual se sostuvo el reclamo fue la falta de control y la omisión del Gobierno porteño ante lo que consideraban un rechazo sistemático de niñas, niños y adolescentes en dichas instituciones. Así, se vulneraba el derecho a la educación inclusiva reconocido en el Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual goza de jerarquía constitucional en nuestro país desde  2014.

El pasado 23 de junio, el Juzgado Nº. 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de la jueza Patricia López Vergara, dictó sentencia haciendo lugar al reclamo de ACIJ. En el fallo, declaró la inconstitucionalidad de la conducta omisiva del gobierno y le ordenó presentar una propuesta de política pública para garantizar el derecho a la educación inclusiva.

Belén Arcucci, coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ, declaró en dialogo con ANCCOM: «Se trata de un fallo histórico que deja en claro las obligaciones del Estado y entiende el alcance del derecho a la educación de las personas con discapacidad».

Asimismo, destacó los avances que se fueron consiguiendo a lo largo del proceso judicial. Por ejemplo, a través de una medida cautelar, se obtuvo la habilitación de canales de denuncia en la página web del GCBA y la publicación de un apartado dedicado a la educación inclusiva y la normativa vigente. Sin embargo, subraya que no fue fácil de lograr ante la reticencia del Gobierno porteño, a tal punto que la Justicia tuvo que aplicarle multas a la ministra Soledad Acuña para su cumplimiento.

Varias fueron las familias que recurrieron a ACIJ a contar sus casos, en lo que consideraban un rechazo sistemático, discriminatorio y un intento de invisibilizar la problemática.  Natacha (que pidió no decir su apellido), mamá de Iñaki, brindó su testimonio en carácter de testigo en la causa. Refirió haber recorrido varias escuelas comunes para matricular a su hijo. Sin embargo, luego de algunas entrevistas, lo terminaban rechazando. Mencionó lo desgastante que es para las familias (y ni hablar para los estudiantes) someterse a contactar a varias escuelas y recibir negativas constantemente. «¿Cuánto se puede insistir? Si lo rechazan una y otra vez y finalmente lo aceptan ¿Como lo van a tratar luego?», afirmó.

Ella consideró que el fallo es un avance importante en la materia, pero que de todas formas se debe seguir trabajando para conseguir una integración entre las escuelas comunes y las especiales. «Vivimos en una sociedad donde parece que la discapacidad incomoda, hay que trabajar desde chicos para que aprendan a convivir», remarcó.

Al día de hoy, el litigio se encuentra en proceso. Luego de la apelación de la sentencia por parte del GCBA, el expediente fue elevado a la Cámara de Apelaciones para su resolución.

Una cuenta que es un cuento

Una cuenta que es un cuento

Jul 14, 2021 | Comunidad, Novedades

“Todos los números son políticos”, afirma Horacio Ávila, coordinador de Proyecto 7 – Gente en Situación de Calle. Está hablando de las cifras obtenidas del último censo oficial realizado por el Gobierno de otro Horacio: Rodríguez Larreta.

Y no se trata de cualquier relevamiento. Estas estadísticas refieren a la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Es, ni más ni menos que el talón de Aquiles de la gestión amarilla. En el contexto de un año electoral, parece, maquillar los números se vuelve fundamental.

“En diciembre del 2020 tuvimos una reunión con el Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad, donde acordamos realizar el censo de manera conjunta entre el Gobierno y las organizaciones sociales”, relata Leandro Vera Belli, sociólogo e investigador del área Derechos económicos, sociales y culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Sin embargo, las cosas no salieron como habían pactado: el 11 de mayo del 2021, los funcionarios de dicha cartera salieron a realizar una fotografía de la gente en situación de calle. Lo hicieron con los métodos utilizados en 2017 y 2019, puestos en discusión en la última mesa de trabajo: en camionetas, sin interactuar con la población y en el lapso de unas 7 horas, aproximadamente. A eso se le sumó la particularidad de este año pandémico: se realizó a las 20, en un contexto de restricción horaria en el que la gente en situación de calle se esconde debido a la violencia policial o busca paradores para pasar la noche.

Según señala Rosario Fassina, socióloga y coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), de las cifras publicadas en el informe oficial llama la atención su similitud con las del 2019. Hace dos años el resultado era de 1.147 personas en situación de calle. Hoy, de 2.573. Sin embargo, advierte Fassina, “ahí se están contando dos cosas distintas”.

Mientras que en el 2019 las cifras correspondían a gente que estaba efectivamente durmiendo en la calle, del total del número actual solo un 37% corresponde a quienes están en esa situación: unas 952 personas. El número restante pertenece a individuos que aquel día se encontraban en alguno de los 32 Centros de Inclusión Social porteños. “Es una cifra que pareciera que en dos años se mantuvo inamovible”, dice la socióloga. “Lo que sí muestran es que creció la cantidad de gente que está en paradores, que no parece tener un correlato con lo que se ve en la calle”.

“Nadie en su sano juicio puede pensar que, en una situación en la que todos los indicadores de pobreza dan en crecimiento, la cantidad de gente en situación de calle va a dar en baja”, sostiene Ávila. A los cuatro años de profundización de la desigualdad resultantes del macrismo, hoy se les suma la pandemia. Y con ella no solo vienen aparejadas nuevas problemáticas: también se intensifican otras.

“¿Cuál fue el mensaje principal, sobre todo del año pasado? Quedate en casa. ¿Cómo me quedo en casa si no tengo?”, cuestiona Vera Belli. “Hay una política muy explícita, aunque ellos no la quieran decir: hay cada vez más paradores para que la gente vaya a dormir, pero esa no es una solución de vivienda, solo un refugio donde pasar la noche, que no siempre resulta un lugar seguro para todos”.

El correlato de estos números que llaman la atención de todas las agrupaciones es, justamente, la ausencia de políticas públicas integrales para abordar tan compleja cuestión. Y a eso apuntan las organizaciones. “No nos interesa tanto tener el número en una tabla de Excel, aunque obviamente es importante. Lo fundamental es conocer cómo vive esa gente, porque para pensar políticas públicas con impacto necesitamos saber cuáles son las condiciones socioeducativas, socioeconómicas, las problemáticas vinculadas al género o el impacto de la pandemia”, dice Fassina.

Por eso, el aspecto cualitativo es crucial a la hora de censar. Conocer a fondo particularidades y problemáticas de cada subgrupo social se hace necesario ya que las condiciones no son las mismas para nadie. Sin embargo, según afirma Nerina Coronel, una de las referentes de No Tan Distintes, el relevamiento no contempla interseccionalidad ni perspectiva de género. “Es solo contar cuánta gente está durmiendo en la calle”, agrega.

Esta situación se complementa con una merma en el presupuesto estatal destinado a la cuestión: en los últimos dos años, el gobierno de Rodríguez Larreta recortó hasta un 20% de la partida.  Mientras tanto, múltiples problemáticas son dejadas de lado.

Con respecto a las mujeres y las personas LGTTB, no solo falta indagar hace cuánto están en situación de calle, sino también por qué. “Muchas mujeres están en situación de calle por violencia de género o situaciones de abuso intrafamiliar”, cuenta Coronel. Colectivos como el trans o el travesti; grupos como las mujeres embarazadas o las que tienen niños, las infancias por sí mismas, los migrantes, la gente mayor, las personas con discapacidad o problemas de salud mental, todos ellos requieren de abordajes que contemplen la complejidad de cada situación.

“Todo ese cualitativo permite hacer una evaluación más real de los subgrupos más allá del número general y ahí planificar un poco más en relación a lo que realmente estas necesitando”, comenta Ávila, quien también asegura que este no es un problema exclusivo de Capital Federal: es un fenómeno que ocurre en todos los grandes centros urbanos del país.

Pero la Ciudad de la Furia sí tiene una particularidad: su ritmo vertiginoso y su dinámica social. Epicentro laboral, de día se consumen y desechan todos los recursos que de noche son utilizados por aquellos que viven, duermen, comen y trabajan en la calle. Por eso, afirma Vera Belli, “lo que observamos en CABA es que no podían hacer un censo de gente en calle de igual modo que harían uno de otro tipo”.

Actualmente, el diálogo entre Gobierno y organizaciones sociales está roto. Para agosto, esperan poder salir a la calle a realizar el Tercer Censo Popular. Estiman, según Ávila, un 30% más de gente en situación de calle con respecto al 2019. Resta conocer cuáles son, realmente, las consecuencias de la pandemia y de la falta de políticas públicas para quienes hacen de la tierra de nadie, la Tierra de los Nadies.