La ministra de Educación, Soledad Acuña, apeló un fallo judicial que la obligaba a presentar un plan de inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo. La discriminación en las escuelas privadas.
Implementar políticas públicas para garantizar el derecho a la educación inclusiva e impedir la discriminación de las personas con discapacidad en las escuelas de gestión privada, en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. De eso se trata el reciente fallo de la Justicia, que obliga en ese sentido al Gobierno porteño. Previsiblemente, la ministra de Educación, Soledad Acuña, apeló la medida.
«No hay vacante». «No trabajamos con maestra integradora». «Quizás una escuela de recuperación es mejor». Esas son solo algunas de las excusas con las que se encontraban las familias que deseaban matricular a sus hijos. Ante esta situación, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) inició en 2019 una demanda judicial contra el Ministerio de Educación de CABA, solicitando que se adopten las medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en las escuelas privadas.
El pilar sobre el cual se sostuvo el reclamo fue la falta de control y la omisión del Gobierno porteño ante lo que consideraban un rechazo sistemático de niñas, niños y adolescentes en dichas instituciones. Así, se vulneraba el derecho a la educación inclusiva reconocido en el Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual goza de jerarquía constitucional en nuestro país desde 2014.
El pasado 23 de junio, el Juzgado Nº. 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de la jueza Patricia López Vergara, dictó sentencia haciendo lugar al reclamo de ACIJ. En el fallo, declaró la inconstitucionalidad de la conducta omisiva del gobierno y le ordenó presentar una propuesta de política pública para garantizar el derecho a la educación inclusiva.
Belén Arcucci, coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ, declaró en dialogo con ANCCOM: «Se trata de un fallo histórico que deja en claro las obligaciones del Estado y entiende el alcance del derecho a la educación de las personas con discapacidad».
Asimismo, destacó los avances que se fueron consiguiendo a lo largo del proceso judicial. Por ejemplo, a través de una medida cautelar, se obtuvo la habilitación de canales de denuncia en la página web del GCBA y la publicación de un apartado dedicado a la educación inclusiva y la normativa vigente. Sin embargo, subraya que no fue fácil de lograr ante la reticencia del Gobierno porteño, a tal punto que la Justicia tuvo que aplicarle multas a la ministra Soledad Acuña para su cumplimiento.
Varias fueron las familias que recurrieron a ACIJ a contar sus casos, en lo que consideraban un rechazo sistemático, discriminatorio y un intento de invisibilizar la problemática. Natacha (que pidió no decir su apellido), mamá de Iñaki, brindó su testimonio en carácter de testigo en la causa. Refirió haber recorrido varias escuelas comunes para matricular a su hijo. Sin embargo, luego de algunas entrevistas, lo terminaban rechazando. Mencionó lo desgastante que es para las familias (y ni hablar para los estudiantes) someterse a contactar a varias escuelas y recibir negativas constantemente. «¿Cuánto se puede insistir? Si lo rechazan una y otra vez y finalmente lo aceptan ¿Como lo van a tratar luego?», afirmó.
Ella consideró que el fallo es un avance importante en la materia, pero que de todas formas se debe seguir trabajando para conseguir una integración entre las escuelas comunes y las especiales. «Vivimos en una sociedad donde parece que la discapacidad incomoda, hay que trabajar desde chicos para que aprendan a convivir», remarcó.
Al día de hoy, el litigio se encuentra en proceso. Luego de la apelación de la sentencia por parte del GCBA, el expediente fue elevado a la Cámara de Apelaciones para su resolución.