Los que aguantan los trapos

Los que aguantan los trapos

Este 24 de marzo muchos miles de personas volvieron a marchar para exigir memoria, la verdad y la justicia. La bandera azul, con los rostros de los y las desaparecidas, cubrió otra vez la Avenida de Mayo. ¿Quiénes la portaban?

A 46 años del último golpe cívico militar, miles de personas se acercaron a Plaza de Mayo este 24 de marzo para exigir Memoria, Verdad y Justicia. Las calles se colmaron: hijos, nietos, bisnietos, madres, padres, hermanos y hermanas, abuelas, compañeros y compañeras reunidos. La alegría y la emoción podían sentirse en el aire nuevamente: bombos, platillos y cánticos se escuchaban a lo largo de Avenida de Mayo y las calles aledañas. Después de dos años de aislamiento, producto de la pandemia, este 24 de marzo se volvió a marchar y ni la lluvia ni el viento fueron impedimento para gritar “Nunca más”.

Como siempre, la bandera con los rostros de los miles de desaparecidos y desaparecidas por el terrorismo de Estado avanzó por Avenida de Mayo, custodiada por los estandartes de H.I.J.O.S.  y Abuelas de Plaza de Mayo que resaltaban entre la multitud. El extenso paño azul era sostenido por familiares y amigos. Entre ellos, Mónica Diaz y Mario Diaz, que marchaban orgullosos, junto a la imagen de su padre Eduardo Ríos, detenido desaparecido el 23 de abril de 1977: “Yo tenía siete años cuando me arrebataron a mi papá. Los recuerdos están patentes, entraron a casa y nos rompieron todo, nos apuntaron con armas y se lo llevaron”, contó. Después de dos años sin poder marchar, estar este 24 de marzo en las calles para Mónica significó mucho: “Esta es una lucha de hace años. Empezó mi mamá dando la vuelta la plaza y nosotros hoy seguimos acá, los hijos y los nietos buscando justicia”. Al lado de ella se encontraba también Mario, su hermano mayor, quien no quiso perder oportunidad para contar sus sensaciones del día que les cambió la vida para siempre. “Tenía 17 años y todavía pienso, por qué no nos llevaron a nosotros porque se llevaron a tantos. Es algo que no te podés olvidar nunca: estábamos con mis hermanos y mi mamá. Nos vendaron los ojos y nos hicieron tirar al piso”, contó. Hoy Mónica Diaz y sus hermanos siguen buscando respuestas ya que siguen sin noticias sobre el paradero de su padre: “Queremos saber dónde están, qué pasó”, expresó Mónica con gran pesar. 

No hubo distinción de edad, familias enteras dejaron verse y sus nuevas generaciones, como Tobías Ramírez, quien se encontraba en la plaza junto a sus padres para reivindicar a su abuelo y a su tía detenidos y desaparecidos: German Volsmelin y Sonia Volsmelin. Su tía Sonia militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios y su abuelo era militante de barrio. “Mis papás me enseñaron a seguir con la lucha y sé que tengo que seguir por ellos y por toda la familia. Hoy estamos acá marchando con mucha emoción contenida durante estos dos años”, expresó el joven. 

Tobias Ramirez y su familia.

Tobias Ramirez y su familia.

Entre la multitud se pudo ver también a otros dos jóvenes adolescentes que sostenían siluetas de cartón con cartas y fotos pegadas que decían: Ana María Bonatto y Eduardo Emilio Azurmendi. “Estar acá es recordarlos como todos los años, es luchar por la memoria y estar en el funeral que nunca tuvimos, pero con alegría, recordándolos a ellos y a los 30 mil desaparecidos”, expresó la nieta de Ana María y Eduardo, quien además contó que sus abuelos pasaron por los centros clandestinos de tortura del circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO). Ambos eran estudiantes de ingeniería de la Universidad de La Plata y militantes del partido comunista, marxista y leninista (PCML).

Entre los rostros más emocionados, también estaba el de María Eva Teverna, quien se encontraba acompañada de sus pequeños hijos Milton y Fidel. “Mi papá era militante de la juventud peronista y montonero, fue detenido en La Plata en 1976”. María Eva tenía siete años y su hermano cuatro meses cuando lo secuestraron. “Después de dos años, esto es un momento histórico y está bueno volver a ver tanta gente que tiene muchas ganas de volver a marchar por los 30 mil, porque es algo que nos pasó a todos. Los desaparecidos no nos pasaron solamente a nosotros, a quienes perdimos familiares, sino a toda la sociedad”, afirmó María Eva Taverna y continuó: “Para mí que mis hijos estén hoy es muy importante. Ellos saben quién fue su abuelo, desde chiquitos vienen a la marcha y saben lo que significa estar acá para que esto no vuelva a pasar nunca más”. 

Nietes de Ana Maria Bonatto y Eduardo Azurmendi, detenidos y desaparecidos en diciembre de 1977.

Muchas eran las fotografías y carteles de familiares que llevaban consigo a sus seres queridos, pero entre ellas se vio la foto de una bebé, Clara Anahí Teruggi, la hija de Diana Teruggi y Daniel Mariani, militantes de Montoneros. Clara Anahí fue secuestrada a los tres meses, el 24 de noviembre de 1976 en la casa donde vivía con sus padres y funcionaba la imprenta de la revista Evita Montonera. María Soledad Itariaguirre, tiene 46 años y milita con la fundación Clara Anahí, creada por Chicha Mariani, abuela de Clara y una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Soledad marchó en memoria de Chicha y tantas abuelas que se fueron sin poder conocer a sus nietos. “Jamás vamos a abandonar la bandera de Memoria, Verdad y Justicia”, afirmó. María Soledad se encontraba con su hija y aseguró que es muy importante que se transmita los valores de lucha de generación en generación. “Chicha es una de las referentes máximas y vamos a buscar hasta los últimos días a su nieta Clara Anahí”, finalizó.

Otra de las historias que la plaza encontró fue la de Hugo Gushiken, hermano de Julio Eduardo Gushiken, uno de los 17 detenidos desaparecidos de la colectividad nikkei japonesa. “Eduardo estuvo en el centro clandestino de tortura y exterminio conocido como el Banco y gracias al equipo de argentino de Antropología forense pudimos identificar sus restos en 2015”, explicó Hugo a quien se lo vio rodeado de su familia y del grupo de familiares desaparecidos nikkei. Julio Eduardo Gushiken y su familia vivían en Florencio Varela, sitio donde una gran parte de la comunidad japonesa se instaló en luego de la Segunda Guerra Mundial. Julio Eduardo iba a la escuela Santa Lucía y desde allí empezó su compromiso político, militaba en el PCML y si bien no se sabe la fecha exacta de su desaparición, sí se sabe que el grupo fue muy perseguido por las fuerzas militares que tenían el único objetivo de eliminar a todos los miembros del partido.

“Esto fue un acto inexplicable, todo lo que ví, todo lo que miré espero que nunca más se repita. Yo vivía en Formosa, en un pueblo lejano y hasta ahí llegó la brutalidad”, dijo María Pérez Calero, quien era educadora social en los años de la dictadura en un pueblo fronterizo cerca del Río Pilcomayo. María Pérez contó que hoy vive en España. Con 85 años y mucha entereza no quiso perder la oportunidad de estar en la plaza reafirmando su compromiso con la historia de su país y los derechos humanos.

Volver a marchar es encontrarse y reencontrarse con estas y muchas historias más, también con aquellas que esperan ser contadas, que laten y se preguntan a viva voz, ¿Dónde están? Ayer una plaza colmada respondió: “30 mil compañeros detenidos y desaparecidos? ¡Presentes! ¡Ahora y Siempre!” 

Sí, este 24 de marzo las calles volvieron a gritar Nunca Más.

Hugo Gushniken y su familia.

Las acreedoras salieron a la calle

Las acreedoras salieron a la calle

Tras dos años de pandemia, el colectivo de mujeres volvió a salir a la calle para exigir igualdad y el cese de la violencia de género. Acorde al contexto político, esta vez se sumaron las consignas contra la deuda externa. «La deuda es con nosotras. Que la paguen los que la fugaron».

Con carteles, banderas, canciones, bailes y la emoción a flor de piel, se reclamó por los 55 femicidios que hubo en lo que va del 2022 y por todas las que ya no están, por la separación de la Iglesia del Estado, porque se terminen de una vez los crímenes de odio, por la aparición con vida de Tehuel, por la absolución de Higui, por frenar las exigencias estéticas, por un Estado presente, por la igualdad de derechos; por que ser mujer no nos cueste la vida.

En familia, con amigas, solas y también agrupadas bajo los nombres de Ni una Menos, Actrices Argentinas, Transfeminismo antirracista, La Poderosa, Las Rojas, Fuba, Doulas, Futbol feminista, Las mariposas, La Cámpora, Migrantes, Frente Popular Darío Santillán, Nuevo Mas, Pan y Rosas, SiTraRePa, La Chilinga, RadFem, entre otros; la cuestión era marchar y poner el cuerpo.

“Si no estamos acá, nunca nadie se va a dar cuenta de lo que nos toca vivir. ¿Cuánto tiempo llevamos aguantando? ¡Hay que moverse! Estamos acostumbradas a bancar la violencia machista hace años, si no nos movemos no va a cambiar nada”, sostuvo Jordana Silva, quien se puso la remera de River y se juntó en la Plaza del Congreso con sus compañeras que militan el fútbol feminista. Específicamente reclaman para que el equipo femenino pueda jugar en el Monumental. Al lado de ellas, también se reunieron las chicas de San Lorenzo y Boca; podrán defender colores distintos adentro de la cancha, pero afuera las une la lucha por la igualdad de derechos.

A las 18, frente a una plaza llena y mientras puertas adentro del recinto se debatía el futuro de la deuda contraída con el FMI, comenzó la lectura del documento colectivo cuya propuesta principal fue que el endeudamiento lo paguen quienes fugaron capitales. A ello se sumó el pedido por la sanción de las leyes de humedales, de Acceso a la Tierra y de Soberanía Alimentaria, una modificación a la legislación que regula los alquileres, que se garantice la aplicación de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo e Interrupción Legal del Embarazo en todo el país y que se haga efectiva la Educación Sexual Integral. Algunas de las firmantes del documento fueron Nora Cortiñas y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; el Colectivo Ni una Menos; la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; la Asamblea Feminista de la Villa 31 y 31 bis, CABA; la Unión de Trabajadorxs de la Tierra; y el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS); entre otros.

Para Ailén Tomke, integrante del conjunto Las Rojas, quien se acercó a marchar desde la Zona Oeste del conurbano bonerense, el reclamo más urgente es por el presupuesto para combatir todas las violencias hacia las mujeres y diversidades: “Que no haya refugios, que no haya educación sexual integral en todos los espacios educativos, hace que miles de mujeres estén hoy acá en las calles”. Sobre ella, el pasacalle firmado por La Poderosa sostenía: “Somos parte del PBI invisibilizado”. 

En tanto, Agustina Cabaleiro, también reconocida en Instagram como @onlinemami_, con sus 27 años, es referente del Colectivo de Gordes Activistas. La organización proclama que “sin gordes no hay feminismo”. Y agrega: “El reclamo es por la despatologización de los cuerpos; ser gordas no es estar enfermas”. En cuanto a la movilización general, considera que el llamado más urgente es bajar la tasa de femicidios.

Por su parte, Isabella Del Vechio y Valentina Ruiz, ambas de 15 años, se acercaron a marchar por primera vez. “Estamos acá para reclamar por la abolición de la industria pornográfica”, dice Isabella. “Me metí en el Radfem (feministas radicales) y entendí que todo lo que había aprendido en mi vida estaba mal”, agrega Valentina. Las dos concuerdan en la importancia de asistir a la convocatoria.

Como todos los años, las protagonistas refuerzan su lucha con la exposición de carteles que visibilizan el miedo, la incomodidad y la injusticia que enfrentan día a día. “No es no”, “el Estado es responsable”, “Se va a caer”, “Nos venden, violan, matan y nosotras somos las nazis”, “Me cuidan mis amigas”, “Nadie me preguntó cómo se veía mi agresor”, “Hoy lucho para existir mañana”, “Protesto porque cuando me pasó sentí culpa”, son algunas de las leyendas. El cartel lo sostiene una, pero representa a miles; cuando la vivencia particular se repite en centenares de historias la cuestión abandona el plano individual para convertirse en colectivo.

Razones para marchar hay tantas -o más- como la cantidad de personas que pusieron el cuerpo en la calle. Sin embargo, todas ellas tienen algo en común: defender los derechos y la vida de las mujeres.

Como todos los años, desde aquel 2015, que marcó un antes y un después en la lucha feminista en Argentina, los 8M y en cada marcha convocada por los movimientos de mujeres y disidencias hay un eco que retumba en las paredes del Congreso: “Abajo el patriarcado, se va a caer; arriba el feminismo que va a vencer.”

 

La pandemia se ensañó con las prostitutas

La pandemia se ensañó con las prostitutas

Un estudio del CONICET junto con la Asociación de Mujeres Meretrices Argentina señaló que, tras el aislamiento, el 74% de las entrevistadas acumuló deudas por alquiler, el 55% sufrió amenazas de desalojo y el 24% se vio obligada a dormir, al menos una vez, en la calle.

La pandemia por covid-19 aumentó los niveles de precarización en muchos sectores de la sociedad y puso sobre la mesa una serie de desigualdades estructurales que hoy están siendo visibilizadas. Ese es el caso de las personas que se dedican al trabajo sexual, cuya situación de vulnerabilidad se profundizó en este contexto. De modo que, desde la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) se acercaron al CONICET con el objetivo de relevar el estado actual del sector, en pos de esbozar alguna propuesta de política pública que vele por una mejor calidad de vida. Así nació el Estudio diagnóstico sobre la situación habitacional de las trabajadoras sexuales en el contexto de la pandemia de COVID-19.

En palabras de Georgina Orellano, Secretaria General de AMMAR, este informe busca: “Poder dar cuenta de la forma de vida comunitaria de las trabajadoras sexuales, de la incapacidad de acceder a una vivienda y de las dificultades que aún hoy se nos presenta día a día para alquilar una habitación en un hotel. Y para dar cuenta, también, de la ausencia del Estado y, sobre todo, del rol que tuvo la policía en todo este contexto de crisis sanitaria”.

El relevamiento tuvo como base a una muestra de 99 trabajadoras sexuales, mayores de 18 años, que habitan el barrio porteño de Constitución. El informe se centra, principalmente, en dos aspectos: el acceso a la vivienda y la violencia policial. En tal sentido, Orellano señala: “Las trabajadoras sexuales vivimos la pandemia como uno de los momentos más difíciles que debimos atravesar como colectivo. Fue un contexto de mucha angustia e incertidumbre, donde atravesamos muchas dificultades que tienen que ver con lo alimentario, con lo habitacional y, sobre todo, con el recrudecimiento de la violencia institucional”.

«Se generaron muchos intentos de desalojo y se reveló una situación de precariedad de todo el colectivo”, afirmó Cecilia Varela.  

Emergencia alimentaria y habitacional

Según los datos que arroja el informe, el 88% de las entrevistadas alquila y 8 de cada 10 lo hacen en casas de pensión o alquiler. Inclusive, hubo una pequeña porción de las entrevistadas que, al momento del relevamiento, se encontraba en situación de indigencia: el 8% de la población vivía en un refugio o en situación de calle. No obstante, un 24% había tenido que dormir al menos una vez en la calle y un 9% en un parador o refugio desde el inicio de la pandemia.

La investigación fue liderada por la antropóloga Cecilia Varela, quien estuvo acompañada por su equipo de trabajo. La investigadora afirma que “en los primeros meses de la pandemia se multiplicaron las amenazas de desalojo por toda la Ciudad y, por supuesto, los trabajadores en la informalidad fueron aquellos que más difícil la tuvieron para producir ingresos que permitieran costear los alquileres. Al volverse eso imposible, se generaron muchos intentos de desalojo y se reveló una situación mucho más profunda y estructural de precariedad de todo el colectivo”. El 55% sufrió amenazas de desalojo y, alrededor del 50%, se mudo más de tres veces durante la pandemia.

 Además, “el 74% acumuló deudas por el alquiler de la vivienda; y esa es una población que sale endeudada por la imposibilidad de haber costeado sus alquileres durante los meses en que estas trabajadoras, que están en mercados informales, no pudieron generar ingresos. Por otro lado, el 61% sufrió aumentos de alquiler, eso quiere decir que el congelamiento de alquileres que se había establecido el decreto 320 no se cumplió”.

En el marco de este contexto crítico, desde AMMAR pusieron en marcha distintas estrategias de “construcción organizativa” para subsistir. “No hubo cuarentena para las delegadas de los hoteles, de los barrios, ni para las referentes de AMMAR”, asegura Orellano. La dirigente cuenta que en todas las sedes del sindicato, a la entrega de preservativos y elementos de higiene, se le sumó la asistencia alimentaria. El gremio también tuvio un rol central en el acompañamiento legal de las denuncias de violencia policial. Así como, por otro lado, puso en marcha la creatividad para asistir a aquellas compañeras que no tenían permiso para circular y vivían lejos de la zona, de manera que se veían imposibilitadas de trabajar.

Respecto al rol del Estado, Orellano hace hincapié en que las instituciones estatales con las que articulan, en una primera instancia desconocían las problemáticas y las demandas del colectivo, pero fueron aprendiendo en el camino. Durante la pandemia, la Casa Roja se transformó en una sede de acompañamiento y de asesoramiento: desde AMMAR se pusieron al hombro la tarea de averiguar, caso por caso, si sus afiliadas podrían aplicar a algún plan social, tarjetas alimentarias o subsidios habitacionales.

La digitalización obligada implicó una gran dificultad “ya que, no solamente en nuestro colectivo muchas no cuentan con herramientas como un celular o conexión a wifi, sino que en algunos casos tampoco cuentan con el conocimiento de cómo hacer un trámite online, por ejemplo, o como bajarte el DNI al celular, que en otras generaciones está super claro”, explica Orellano. En tal sentido, señala la importancia de que el gobierno contemple estas limitaciones a la hora de diagramar políticas públicas.

Al momento del relevamiento, el 71% de las trabajadoras sexuales tenía acceso al menos a un programa social estatal. Los datos estadísticos evidencian que el acceso a programas habitacionales, programas alimentarios (la Tarjeta Alimentaria, el Ticket Social o el programa Ciudadanía Porteña) y al Potenciar Trabajo aumentó entre un 22% y el 26%.

Nunca con la yuta

Otra de las preocupaciones que aborda el informe es “el aumento de las denuncias contravencionales por oferta y demanda de sexo en el barrio de Constitución, a contrapelo de la tendencia general en la Ciudad hacia la disminución entre los años 2019 y 2020. Se redujo a la mitad en un barrio típico de trabajo sexual, mientras que en Constitución aumentó a más del doble”, afirma Varela. En tal sentido, explica que la particularidad de Constitución es que se trata de un barrio en el que las trabajadoras sexuales, además de desarrollar su oficio, viven.

“Este aumento no se dio solo por la actitud proactiva de las fuerzas de seguridad, sino también por las denuncias de los vecinos. Entonces, ahí creemos que las alertas por los cuidados sanitarios se sobreimprimieron sobre poblaciones que ya son consideradas indeseables y peligrosas por los vecinos del barrio, quienes sistemáticamente las denunciaron en los canales que dispone el Ministerio Público Fiscal”, continúa.

Según el relevamiento, el 73,3% de las encuestadas experimentó alguna situación conflictiva con la policía: a más del 50% les pidieron documentos en la vía pública o las requisaron; a más del 30% las hostigaron, les labraron actas por ofrecer servicios sexuales, no respetaron su identidad de género o las insultaron. El resto de las situaciones refieren a ser detenidas en la comisaría; que no actuaran frente a un pedido de ayuda, auxilio o denuncia que hayan realizado; o haber sufrido violencia física u hostigamiento.

Inclusive, en muchos casos, la policía utilizó el artículo 205 del Código Penal (que establece la detención del que violare las medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia), para controlar los movimientos de quienes ejercen el trabajo sexual incluso, en algunos casos, cuando iban a adquirir los elementos básicos para la subsistencia.

Varela señala que una de las recomendaciones que proponen desde el equipo de investigación es la “derogación del Artículo 86 del Código Contravencional, que penaliza la oferta y demanda de sexo porque, como ya viene demostrándose, esas actas no se traducen en condenas judiciales. La última condena judicial es del año 2016, pero la persistencia de ese artículo, habilita el hostigamiento permanente de las trabajadoras sexuales”.

Orellano señala que también se pensaron políticas que aporten a la desestigmatización de las trabajadoras sexuales, ya que existe una construcción social de criminalidad sobre ellas. Eso se traduce en que “el 70% de las intervenciones que realiza la policía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto al artículo contravencional 86, surgen a partir de denuncias de los vecinos”. Por ende, “es importante poder realizar campañas que logren desestigmatizar a las trabajadoras sexuales, que las ponga nuevamente como un sujeto porque también son vecinas que pueden generar canales de diálogo para resolver los conflictos de otra manera, y no bajo la intervención punitiva”, asegura.

Otras de las recomendaciones son “poder pensar políticas públicas que contengan la realidad y los modos de vida de manera comunitaria que tenemos las personas que ejercemos trabajo sexual. Cuando se piensan políticas estatales para el acceso a la vivienda, se piensan políticas que no contemplan que hay personas migrantes que no tienen documentación, que los subsidios habitacionales no abarcan la totalidad real de lo que las compañeras abonan. Estamos hablando de subsidios habitacionales con un piso ocho mil pesos, cuando las compañeras pagan a partir de dieciséis mil pesos una habitación. Se pensó en programas de acceso a la vivienda que contemplan digamos esta realidad”, concluye la Secretaria General de AMMAR.