Después de tres intentos fallidos, se presentó en la Cámara de Diputados un cuarto proyecto para una nueva Ley de VIH, con una mirada más social que la actual, donde prevalece el enfoque sanitario. Buenas perspectivas de aprobación.
Seis años después de su primera presentación y después de tres intentos fallidos, el pasado 30 de marzo, se presentó el proyecto que tiene por objetivo dar un enfoque no sólo médico sino social a la cobertura y tratamiento del VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS). La finalidad del proyecto es actualizar la Ley 23.798 que data de 1990.
ANCCOM estuvo durante la presentación del proyecto en donde la diputada Carolina Gaillard dijo: “Entendemos que la ley vigente tiene más de 30 años, por lo que es necesario actualizarla y tener un abordaje integral. La mirada de la ley de hace 30 años era una mirada que se limitaba a la salud, pero eso ya no es suficiente”.
Habiendo perdido estado parlamentario en 2016, 2018 y 2021, el panorama actual del proyecto pareciera ser más favorable. La presentación fue acompañada por más de 50 firmas de diputados y diputadas de los distintos bloques partidarios y la adhesión de más de 180 organizaciones, sindicatos y redes, representando el esfuerzo colectivo, contribuyendo a una mirada interseccional e intersectorial.
Hoy el objetivo es cubrir nuevas demandas y trabajar además para eliminar la discriminación y el estigma asociados con el virus VIH. El nuevo proyecto plantea garantizar el acceso universal y gratuito al tratamiento a personas afectadas y expuestas a cualquier ITS. Es importante entender que el problema principal no es siempre el virus en sí mismo, sino el estigma y la discriminación que se sufre en todos los ámbitos.
Asimismo, se plantea realizar testeos masivos, promover campañas de difusión y prevención de contagios y la creación de un régimen de jubilación especial para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, además de una pensión no contributiva de carácter vitalicio para las personas que estén en situación de vulnerabilidad social.
Necesitamos que esta ley también dé impulso a políticas activas. No podemos pensar que es solo una cuestión de tratamiento y de salud; es un derecho que le corresponde a toda persona que está en el territorio argentino”, agregó Gaillard en la presentación.
En Argentina, entre cuatro y seis personas mueren al día por causas relacionadas al sida. Todos los años se notifican en promedio 11 mil casos de tuberculosis, 4.500 de VIH y 2.500 de hepatitis virales. Además, siete de cada diez personas tienen hepatitis y lo desconocen; una de cada cinco que tiene VIH tampoco lo sabe. A esto se le agrega que las personas con VIH tienen 18 veces más posibilidades de contraer tuberculosis y una de cada tres muertes relacionadas con el sida se debe a la tuberculosis. Más de 500 mil personas tienen hepatitis B o C en el país.
Por este motivo, y por muchos otros, la participación de quienes viven con alguna de estas enfermedades es clave para llevar a cabo políticas públicas acordes a sus necesidades. ANCCOM habló con la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivxs (RAJAP), quienes formaron parte de la comisión de escritura del proyecto y expresaron: “Las personas con VIH hoy en día somos las que nos ocupamos del acceso a la información, la asesoría legal, la contención de nuestres pares, la adherencia al tratamiento. Somos conscientes de las distintas violencias que enfrentamos y de cuáles son nuestras necesidades”.
El diputado Daniel Gollán, exministro de Salud bonaerense, defendió el nuevo proyecto.
Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, expresó que este proyecto es esencial para no solo garantizar un marco jurídico para el acceso oportuno y sin interrupciones a las herramientas de prevención sino también para eliminar las formas de discriminación que existen, por ejemplo, en el ámbito laboral o educativo. Desde RAJAP cuentan que “en los exámenes preocupacionales para ingresar a un trabajo, muchas veces se realizan testeos ilegales de VIH. Si dan positivo, en un acto claramente discriminatorio, se decide no contratar a la persona”.
Además –señalan-, que en la escuela, aún cuando se aplica la ESI, por lo general se habla de las ITS con un modelo de prevención antiguo e ineficaz, basado en el miedo.
Los atropellos no se limitan a esos ámbitos sino que existen casos en donde a las mujeres cis y personas gestantes, muchas veces se les niega el derecho a un parto respetado: se sugieren cesáreas innecesarias basadas en el estatus serológico cuando, en realidad, es posible tener parto natural sin riesgo de transmitir el VIH al bebé. Por estas y otras tantas razones, es que se necesita una nueva ley pensada para enfrentar la realidad de las personas con VIH.
Cahn agregó que una nueva ley podría por un lado ayudar a contribuir a levantar estas barreras pero también asegurar que no dependan sólo del sistema público de salud sino que los diferentes subsistemas lo puedan garantizar.
El proyecto de ley, dijo Gaillard, se convirtió en una lucha federal. RAJAP, por su parte, cree fervientemente que esta ley sentará un precedente para pensar políticas públicas de salud colectivas, con perspectiva social, de derechos humanos y de género.
