«Nos estamos cagando de hambre»

«Nos estamos cagando de hambre»

El Gran Chaco es, según el INDEC, el aglomerado urbano más pobre de la Argentina. Siete de cada diez habítantes se encuentra en un grado de inseguridad alimentaria.

Según los datos del INDEC, Gran Resistencia es el aglomerado urbano con la pobreza más alta del país con 49,9% en el primer semestre del 2022, pero bajó 2,1 puntos porcentuales respecto al año anterior. Las condiciones de pobreza alcanzan a 209.411 personas del área que conforman Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas. Por su parte, la indigencia es del 15%, representando a 63.038 habitantes. Estos resultados corresponden a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) respecto al primer semestre de 2022 que alcanza a 29,1 millones de personas y 9,7 millones de hogares, a nivel nacional.

“Los datos reflejan la realidad, en el Chaco no estamos llegando a fin de mes”, comentó Ariel Ortiz, habitante del barrio San José Obrero de Resistencia y militante de La Poderosa. “Hoy el ingreso de un albañil es de 15.000 pesos por semana y no sirve de nada, con 60.000 pesos por mes no hacés nada, estás casi por debajo de la línea de indigencia y solo te alcanza para comprar lo necesario. Si querés mantener una familia, tenés que elegir entre comer todos los días o comprar unas zapatillas para que los chicos vayan a la escuela y, en general, tenemos que decidir si comprar un jean o comer dos días más”, agregó.

En diálogo con ANCCOM, la ministra de Desarrollo Social de Chaco, Pía Cavana, comentó su preocupación respecto no solo a la situación de la provincia, sino por el aumento de la pobreza en toda América Latina luego de la pandemia. Además mencionó: “Es importante la creación de políticas sociales para atender a la situación de pobreza que realizamos desde el Ministerio. Los indicadores ayudan, pero es necesario una visión holística”.

El Instituto de Estadística y Ciencia de los Datos (IPECD) de la provincia del Chaco, registró una suba del 5,5% del IPC en el mes de octubre en el aglomerado de Gran Resistencia, con una desaceleración respecto al registro previo (6,7% en septiembre). Sin embargo, las mayores variaciones se dieron en los capítulos de ‘Alimentos y bebidas’ (6,17%) e ‘Indumentaria y calzado’ (6,17%).

Estas cifras no hacen más que reflejar las necesidades de los barrios populares, sobre las cuales Ariel Ortiz indicó: “Hoy la mayoría de las familias tiene solamente una comida por día. A veces tengo para comprar para el desayuno, el almuerzo y la cena, pero hay veces que no lo puedo hacer y tengo que decidir. Los ingresos no me alcanzan para comprar buena mercadería de comida y artículos de limpieza. Las necesidades están, pero no hay una respuesta concreta del Estado, ya no sabemos cómo decir que nos estamos cagando de hambre”.

Teniendo en cuenta este contexto, la directora del Instituto de Investigación Social, Económica y Política (ISEPCi) de Chaco, Patricia Lezcano, comentó: “Vemos con preocupación que no existan políticas públicas claras y concretas dirigidas a revertir esta situación que debería ser unas de las prioridades de la gestión actual”.

«El 62,8% ha tenido que suprimir una de las cuatro comidas diarias”, comentó Lezcano.

“En los últimos días se presentaron desde el ISEPCI los datos nacionales del IFAD (Indicador Familiar de Acceso a Derechos) que arrojó datos contundentes: 7 de cada 10 hogares (el 70%) se encuentran en situación de inseguridad alimentaria’. Cuando las personas ven disminuida su capacidad de acceso a los alimentos, operativamente, se define como la reducción de las porciones y/o supresión involuntaria de comidas en el hogar, y en este sentido un 64,3% de las familias relevadas han tenido que reducir la cantidad de porciones durante las comidas por falta de dinero y el 62,8% ha tenido que suprimir una de las cuatro comidas diarias”, comentó Lezcano.

“En cuanto a las privaciones recientes de alimentos en el último mes, el 70% de las familias entrevistadas refiere en términos generales haberse privado de consumir carnes, verduras, frutas, cereales o legumbres por falta de dinero”, dijo, y agregó: “Hoy más que nunca necesitamos que el Congreso trate y apruebe el proyecto de ley para congelar los precios de los alimentos básicos por doce meses. No hay futuro posible si en el presente no están garantizados los derechos básicos e inalienables  a la mayoría de nuestra población”.

Ante esta situación, también se suman demandas históricas por la falta de luz y agua en los barrios populares de Gran Resistencia. Al respecto, Ortiz resaltó: “Estuvimos toda la pandemia sin agua y hoy esa realidad no cambió mucho. También tenemos puntos en los barrios que no terminaron de hacer el tendido eléctrico y se vienen los calores. Además se suma la falta de ripiados, las veces que salimos a tomar colectivos es a los saltos o con las zapatillas en la mano, y basurales a cielo abierto porque no hay horarios fijos de recolección”.

“No sabemos cómo decir que los barrios populares la estamos pasando mal en todo sentido”, concluyó Ortíz. Los datos tienen una correlación con la realidad que están atravesando los barrios de Gran Resistencia y es inminente la respuesta del Estado con políticas sociales que atiendan las demandas de la población.

 

«El fascismo está resurgiendo en distintos lugares del mundo»

«El fascismo está resurgiendo en distintos lugares del mundo»

El sociólogo Daniel Feierstein señala que los gobiernos populares o de corte socialdemócrata no están resolviendo los problemas de las grandes mayorías y que eso genera campo fértil para el crecimiento de corrientes fascistas en Argentina y en diversos países. “Es importante construir frentes y acuerdos en las estructuras políticas que cierren la puerta a estos movimientos”, plantea.

Una serie de personas y agrupaciones lleva guillotinas a manifestaciones callejeras emulando el asesinato de los funcionarios públicos del oficialismo. Después se los vincula con las ideas que desembocaron en el intento de asesinato de la vicepresidenta. La figura de Javier Milei gana popularidad y se vincula con partidos como Vox de España. El neofascismo gana la presidencia en Italia. El bolsonarismo sigue siendo fuerte en Brasil. A raíz del intento de asesinato cometido contra Cristina Fernández, algunas personas se preguntan si todos estos hechos y situaciones que suelen vincularse con lo que se conoce como la derecha significarán un resurgimiento del fascismo en todo el mundo, un nuevo impulso de un movimiento político violento y perseguidor del exterminio. Para buscar respuestas a esa inquietud ANCCOM conversó con Daniel Feierstein, sociólogo experto en movimientos genocidas.

¿Existe un avance de las ideas y las políticas de derecha a lo largo del mundo?

Yo veo que hay un resurgimiento no sólo de las ideas de derecha, sino de una especificidad que es el fascismo o el neofascismo. Es algo muy particular, esto es, la derecha tiene distintas modalidades, hay una derecha liberal, hay una derecha conservadora. El fascismo, a partir del fin de la Segunda Guerra, cayó en descrédito por lo menos hasta el fin del siglo XX, y lo que veo con preocupación es que está resurgiendo en muchos lugares del mundo. Y entonces hay que preguntarse qué significa que haya una derecha fascista, porque nos cambia muchas cosas, es una forma política muy distinta que otras formas de la derecha y hay que entender cuál es su especificidad, cuál es su riesgo y cómo se lo confronta.

A veces se usa el término derecha y el término fascismo de una forma casi indiferenciada. ¿Cuál es la distinción que hacés entre esos dos términos?

El problema del término es que hay dos abordajes que son muy empobrecedores. Uno es usar fascismo como insulto, que se ha utilizado mucho: todo el que no está de acuerdo con vos es fascista. Entonces lo que tenés es que toda la izquierda acusa de fascista a cualquier pensamiento de derecha, el antiperonismo acusa de fascismo al peronismo, cualquier autoritarismo es acusado de fascismo, la derecha acusa a la izquierda de ser izquierda fascista… Toda esa lógica de insulto no te permite entender la especificidad del fascismo. Después hay otra forma, también muy pobre, que piensa que solamente puede haber si ocurre exactamente lo mismo que ocurrió en el nazismo alemán o en el fascismo italiano. Unos ven fascismo en todos lados y otros no lo ven en ningún lado, y ninguna de las dos cosas sirve mucho. Yo creo que el corazón de la estructura del fascismo, sobre todo desde los análisis de los autores marxistas del siglo XX -que me parece que son los más ricos para pensarlo – tenía que ver con tres características.

Primero, que es una realización de la victoria del capital, una forma específica que ocurre cuando avanzan los procesos de consolidación de hegemonía de los sectores dominantes; por eso es una realización de la victoria, no solamente contrarrevolucionaria, sino que es un momento de avance sobre los derechos de los sectores populares. El segundo elemento es que está constituido por una movilización reaccionaria, y eso es muy importante porque significa un consenso activo. Muchas veces los regímenes autoritarios logran consensos pasivos, esto es, la población acepta el régimen existente; eso no es fascismo, que se constituye cuando la población participa activamente en las acciones violentas, por lo tanto, en ese sentido, es una movilización, popular pero reaccionaria, que busca defender valores regresivos, que van por una mayor injusticia, por una menor igualdad. En ese sentido son reaccionarios. Y lo tercero es que el fascismo logra una irradiación capilar del odio: lo utiliza como herramienta política. Esto también es una especificidad, porque te diría que las dictaduras autoritarias generalmente logran irradiar capilarmente el terror, y por eso paralizan y logran un consenso pasivo. Mientras que el fascismo, al lograr irradiar el odio, moviliza y logra un consenso activo.

Todos estos elementos sirven para pensar que estas afirmaciones de que cualquiera es fascista nos impiden ver dónde está el verdadero fascismo. Por ejemplo, para pensar en nuestro país, sería absolutamente incorrecto plantear que el principal conglomerado opositor, Juntos (por el Cambio), es fascista. Porque tiene muchos sectores en su interior. Algunas de sus fuerzas están empezando a articularse de modo fascista, por ejemplo Patricia Bullrich. Pero eso no quiere decir que Larreta, o Manes, o Morales u otras figuras de ese entramado político merezcan esa calificación. Me parece que hay que ser cuidadoso, porque es una diferencia muy importante la del fascismo, y comprender su avance es central para poder confrontarlo.

Incluso es muy interesante lo que pasó en esta fuerza nueva, en [sic.] Avanza Libertad, porque Milei ha empezado cada vez más a coquetear con discursos fascistas y a articularse con sectores claramente fascistas como Bussi en Tucumán. Pero al mismo tiempo le aparece, dentro de su partido, un Carlos Maslatón que lo comienza a denunciar y a desafiar justamente por ese desbande fascista. Son todos neoliberales, pero eso no quiere decir que neoliberal es lo mismo que fascista. Económicamente quizás están todos de acuerdo, pero no plantean la misma estructura de armado político, y en ese sentido me parece muy importante la distinción.

¿En qué manifestaciones concretas ves este resurgimiento del fascismo? ¿Lo ves en Brasil e Italia? ¿Y acá, con el atentado a la vicepresidenta?

Yo creo que se va viendo en distintos lugares del mundo. Brasil es una de las avanzadas más fuertes porque en Brasil empieza un poco antes de Bolsonaro, en Brasil empieza con una cantidad de acciones ya después de la destitución de Dilma, con el gobierno de Michel Temer, una serie de ataques al movimiento popular que son generados por grupos que se auto organizan de la derecha, y esos grupos van a ser fundamentales en la constitución de lo que después va a ser el movimiento político de Bolsonaro. Entonces, uno ve que comienza a aparecer y después de pronto aparece algún líder que empieza a articular esos movimientos, que inicialmente parecen como más dispersos. En Argentina diría que estamos en ese momento de cierta dispersión que se vio en el atentado; grupos que se están investigando, como Jóvenes Republicanos y Revolución Federal, claramente operan de esta manera fascista, o mismo el grupito de Sabag Montiel, Brenda Uliarte y demás. Ahora, no se puede decir que estén ya articulados en un movimiento político, pero sí que tienen lazos con distintos movimientos políticos, como el de Milei, o el de Espert; tienen lazos con Patricia Bullrich y otros sectores dentro del PRO.

Incluso diría que hay también algunos lazos importantes dentro del peronismo, quizás la figura más clara es la de Berni, que permanentemente está forzando estructuras clásicas del fascismo desde el peronismo; pero así como Berni podés tener un Guillermo Moreno, o el periodista (Santiago) Cúneo. Distintas figuras que apelan al antisemitismo, a la manipulación del odio, al discurso antiinmigrante, punitivista en términos de seguridad que busca movilizar los resentimientos sociales, en contra los planeros; o sea, la estigmatización de los desocupados. Aparece toda una serie de figuras y de motivos que con más o menos fuerza van armando un conglomerado fascista más allá de que en nuestro país todavía no se haya consolidado claramente en una representación política como la que puede tener en Brasil con Bolsonaro, o la que puede tener en Francia, Alemania, Italia o Hungría.

El fascismo ha sido muy eficaz siempre en su capacidad de sublimar o reconducir el malestar.

Daniel Feierstein

Siendo algo tan transversal, que no es exclusivo de un partido, ¿qué convierte a un grupo de personas en fascistas si no es su alineación partidaria?

Hay dos tipos de pregunta, una sería cómo lo identificamos, y eso es lo ya planteado de las tres características clásicas del fascismo. Eso por un lado; por otro lado, cuáles son los motivos profundos de que esto comience a crecer en distintos sectores, y ahí me parece que hay varios elementos. Creo que el fascismo ha sido muy eficaz siempre en su capacidad de sublimar o reconducir el malestar. Y entonces la pregunta es de qué está hecho hoy ese malestar. Me parece que en todo el mundo -esto no es propio de Argentina- los gobiernos, sea de matriz popular, sea de corte socialdemócrata, hace mucho tiempo que no están resolviendo la situación de las grandes mayorías de la población, esto por un lado. Entonces hay un malestar muy de base, estructural, económico, en sectores que están cayendo en la escala social, con una movilidad social descendente que va generando un profundo malestar que te deja el terreno muy fértil para proyectarlo a través del odio.

Por otro lado, tenés todo lo que ha sido el avance tanto en lo que podríamos llamar políticas de minorías, más allá de que no siempre sean minorías, porque las de género claramente no son de minorías, pero sí tiene que ver con identidad sexual, o con grupos étnicos, o con inmigrantes, o con distintos grupos que lo que va generando es una fractura dentro del campo popular que produce que, particularmente, los hombres jóvenes blancos se sientan… Wendy Brown dice destronados, me parece que es un poco injusto llamarlo destronados, yo diría claramente discriminados en ese sentido, por un conjunto de políticas que los construyen como el mal con mucho dogmatismo, te diría, y que entonces los arrojan en las manos del fascismo, porque yo creo que estos distintos movimientos sociales no tienen política para esa gente que es muchísima gente. Esto es, para los trabajadores pobres, jóvenes, blancos, hombres. Es muchísima población, a la cual no se le está ofreciendo una alternativa política y entonces son lógicamente cautivados por el fascismo. Me parece que ahí hay un problema serio, pensar cómo se han encarado muchas de esas luchas en términos de una lucha muy corporativa y que ha fragmentado mucho al campo popular.

Tenés el gran problema económico de fondo, el problema de esta izquierda cultural, si lo queremos llamar de alguna manera, que ha tendido a fracturar las lógicas de reclamos, y por último tenés una transformación muy fuerte de las formas de subjetivación, cómo construimos la idea de nosotros, las nociones de identidad, que tiende a facilitar la lógica del fascismo porque ha habido un aumento muy fuerte del narcisismo, mucha dificultad para registrar al otro, mucha facilidad para adherir a visiones paranoicas de la realidad, visiones conspirativas. Y podríamos poner el agregado de que las redes sociales, por su propia estructura, facilitan todo esto también, porque hacen caer mucho las inhibiciones sociales. Todo un combo que va generando un poco el terreno fértil para el avance en todo el mundo del fascismo.

¿Existe alguna manera de al menos empezar a resistir o frenar ese avance?

Yo creo que sí, lo que pasa es que implica la acción en muchos planos al mismo tiempo, me parece que por un lado el campo popular debe recuperar sus banderas. No hay movimiento popular sin resolver la situación de las grandes mayorías; no es que haya que abandonar las conquistas de la izquierda cultural, pero no van a poder sostenerse sin conquistas de fondo en el sentido de mejorar la situación de los que menos tienen. Me parece que esto tiene que ser una prioridad fundamental.

Segundo, me parece que hay que asumir de qué están hechos los malestares contemporáneos y cómo proponer más allá de esta cuestión más de fondo, una política más inclusiva en términos incluso de las propias políticas culturales. Me parece que hay un desafío muy interesante para los movimientos sociales, me parece que es un desafío muy interesante para el feminismo, pensar cómo puede continuar su lucha, que ha sido la más potente de la última década, pero bueno, cómo puede hacerlo de un modo que logre articular con otros colectivos sociales, que logre dar cuenta de otros efectos igualmente importantes del machismo en los lazos sociales, incluso del sufrimiento masculino producto del machismo.

Me parece que hay cosas muy interesantes a explorar que no se están haciendo, y también hay muchísimo para explorar en las redes sociales, en términos de que el algoritmo que hoy regula gran parte de las redes sociales no es el único algoritmo posible. Tanto para los sectores políticos como, sobre todo, para el campo de la programación, de la ciencia de datos, es un desafío riquísimo pensar si no puede pensarse en otros algoritmos, si es inevitable que la viralización tenga que ser aquello que en el ámbito privado le hacemos más click, o si uno no puede pensar que no puede haber otras lógicas de viralización que puedan priorizar otras cosas, y esto me parece que son decisiones tanto políticas como técnicas que son muy ricas para poner sobre la mesa.

Y, por último, está la importancia de construir frentes antifascistas, de poder lograr acuerdos en las estructuras políticas que les cierren la puerta a estos movimientos fascistas. Ninguna de las lógicas funciona sola, por eso me parece que hay que actuar al mismo tiempo en muchos planos. Y que es urgente e indispensable poder empezar a asumirlo.

El Estado fue responsable de etnocidio

El Estado fue responsable de etnocidio

A 98 años de la Masacre de Napalpí, finalizó el juicio por la verdad que halló a los culpables, con nombre y apellido. La primera vez que se usó un avión para cometer crímenes de lesa humanidad en la Argentina.

A un mes de iniciado el Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí, ayer, las querellas y la fiscalía federal de Chaco, presentaron sus alegatos, en la sala de convenciones Gala de la ciudad de Resistencia, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en 1924 en la que fueron asesinados más de 500 integrantes de las etnias Qom y Moqoit. 

Debido a los testimonios que nutrieron el juicio, las partes entienden que la Masacre de Napalpí no fue un hecho aislado, sino que fue una explotación y represión sistemática a los pueblos originarios por parte del Estado y el poder económico. A su vez, a través de los testimonios, quedó confirmado que la primera vez que se utilizó un avión para el ataque a una población argentina fue en Napalpí.

Según se pudo establecer, los responsables políticos de la Masacre de Napalpí fueron, Fernando Centeno, el gobernador del territorio; Roberto Sáenz Loza, el comisario de Resistencia y el comisario de Quitilipi José Machado, quien actuaba como su lugarteniente.

El voluminoso expediente resultó producto de una investigación que empezó en 2014 por iniciativa de los fiscales Federico Carniel y Diego Vigay, quienes contaron con pruebas fotográficas, restos humanos recuperados de fosas comunes en la zona de la masacre, y cartas que se enviaban entre los nuevos “dueños” de las tierras y los representantes en el Congreso Nacional, entre otras. Las declaraciones de representantes de diferentes sectores académicos pusieron en evidencia que el modus operandi contra los pueblos originarios se impuso por más de 50 años en diferentes zonas del país.

Todos los oradores coincidieron que este juicio es necesario para la reparación histórica y para dar a conocer que los pueblos originarios formaron parte de la conformación del Estado nacional, más allá de que, en algunos casos, se consideran autónomos de la República. Asimismo, este proceso es de relevancia ya que sienta las bases para futuros juicios, constituyendo jurisprudencia en la búsqueda de la verdad de lo que sucedió en aquellos años, tan oscuros, de expansión militar por el suelo argentino. 

El juicio llevado adelante por la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, llegó a cuarto intermedio antes de formular un veredicto que categorizó el hecho como un etnocidio a lo ocurrido hace 98 años. 

La magistrada declaró a la masacre como un “hecho probado, que existió responsabilidad del Estado nacional argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento en la comisión del delito de homicidio agravado con ensañamiento con impulso de perversidad brutal”. A su vez, dejó en claro que la masacre de Napalpí y sucesos posteriores fueron crímenes de lesa humanidad, cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas.

La justicia Federal estableció una serie de medidas de reparación como la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial; se ordenó la traducción de los alegatos finales y la sentencia a las lenguas Qom y Moqoit, como se realizó durante su lectura; la proyección del Juicio por la Verdad en la Televisión Pública con el fin de ser utilizado como base para otros juicios de la masacre en Argentina; su incorporación  dentro de los diseños curriculares nacionales de todos los niveles del estudio de los hechos probados de Napalpí. También se ordenó al Estado la realización de un acto público de reconocimiento de su responsabilidad con participación de las víctimas de los pueblos Qom y Moqoit, mientras que al Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Provincia del Chaco se les reclamó que incorporen a la instrucción y capacitación de las fuerzas federales y provinciales un módulo sobre respeto a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

El fallo también convocó al Congreso Nacional a fijar la fecha del 19 de julio como Día Nacional de Conmemoración de la Masacre de Napalpí e incitó al Estado Nacional a fortalecer las políticas públicas de prevención y erradicación del odio, racismo, discriminación y xenofobia, garantizando la perspectiva de los pueblos indígenas en los ámbitos de salud, educativos y culturales, en consulta previa con las comunidades y a la implementación de un plan de políticas públicas de reparación histórica a los pueblos Qom y Moqoit.

Otro desalojo en La Boca

Otro desalojo en La Boca

Doce personas que hace 15 años residían en el lugar fueron expulsadas de su vivienda en la calle Olavarría. Hay 260 causas de desalojo en el barrio, producto de la gentrificación. La ausencia de políticas habitacionales del Gobierno de la Ciudad.

Un tumulto de gente en calle Olavarría al 1107 anuncia que, una vez más, vecinos y vecinas del barrio de La Boca resisten un desalojo. Policías e integrantes de la Defensoría del Pueblo negocian con las familias, amontonadas en las veredas. Sostienen un cartel con la leyenda: “Basta de desalojo arbitrario”.

Son las 11 de la mañana del jueves 19 de mayo. Un grupo de jóvenes se arrima a curiosear. Una puerta alta de cedro, deteriorada y antigua y cubierta por una desgastada mano de pintura azul, hace juego con el mural de Gardel y Evita que custodia las veredas desde las paredes de la antigua y modesta casita de la esquina. En su planta baja hoy funciona un comedor donde se lee “un lugar azul y oro”. Por la entrada lateral, la de la puerta azul, se ingresa a una escalera de mármol hacia el segundo piso.

La puerta está cerrada y custodiada por un grupo de mujeres que se autoconvocaron para evitar el desalojo forzado. Unas muchachas relatan su padecimiento diario. Dicen que, a cuentagotas, día tras día en La Boca se lleva adelante una campaña de desalojos que despoja de un techo húmedo de una habitación desordenada a cientos de familias que viven en condiciones de hacinamiento, sin gas natural, agua potable y con hambre. Un techo que protege de la lluvia y las frías heladas de invierno. Donde se puede guardar un poco de ropa usada que se compra en una feria del barrio para que los niños y niñas se abriguen. Un techo donde esos mismos niños cansados de jugar con sus amigos en la calle, llegan y se tiren a sentir el olor al guisado que sus madres cocinan en otra habitación que funciona también como cocina. Un techo con peligro de derrumbe, pero un techo al fin.

Una de esas mujeres es Natalia Quinto, quien desde la organización barrial “La Boca Resiste y Propone” acompaña actualmente más de 260 causas por desalojo. Quinto está sorprendida por la velocidad con que actúa la justicia en estos casos, y es que, según ella “el proceso civil, que es el que corresponde a este tipo de situaciones, es un proceso mucho más largo donde todos tienen otro tipo de derecho a la defensa, con más instancias y garantías que tienen que ver con el derecho a la familia y el cumplimiento de las leyes civiles. En este caso nada de eso pasó”. 

Quinto explica que esta situación es producto de un proceso de gentrificación enmarcado a su vez por el proyecto de desarrollo del “Distrito de las Artes”, que busca atraer inversiones inmobiliarias en la zona de San Telmo, La Boca y Barracas.

La Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 35 de CABA está bajo la dirección de Celsa Ramírez. Esta última desestimó el proceso judicial, así como las casi 50 páginas de pruebas que presentó el abogado defensor de las familias, Daniel Dumano. Allí se incluyen certificados de nacimiento, boletas de pagos de servicios, papeles de estudios primarios y secundarios de los niños que allí habitan, donde se puede comprobar el domicilio, también incluyen cinco testigos a los que la fiscal jamás llamó a indagatoria.

El inmueble

Las familias pedían 45 días más para conseguir otro lugar donde vivir. El resultado fue el desalojo.

A Norberto Godoy le costó 70.000 dólares comprar la vivienda en estado de usurpación en una de las mejores zonas del barrio de La Boca. Es decir, poco más de ocho millones de pesos argentinos. Considerando que viven 12 personas en ese segundo piso de mala muerte, compuesto por una galería abierta, paredes manchadas de humedad, dos habitaciones y un baño, en total sería alrededor de 670.000 ARS por cada persona que se deja por tiempo indeterminado en situación de calle, exponiéndolas al frío, al hambre, a la inseguridad y sacrificando su futuro. 

El resultado de las negociaciones de ayer entre el Defensor del Pueblo Gastón Juan Santos, quien medió entre vecinos, el Gobierno de la Ciudad y las familias que piden 45 días más para conseguir otro lugar donde vivir fue el desalojo en el día, y el pago de algunas cuotas acumuladas de alrededor de 8.000 pesos a cada jefe de familia para que puedan pagar otro alquiler, y el resguardo de sus “pertenencias” en un depósito ubicado en algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, un grupo de jóvenes con chalecos de la UOCRA comenzó a bajar las pertenencias de las familias que no eran más que algunas camas con las maderas rotas, un rack de melamina deteriorado, un televisor viejo, colchones de espuma manchados, muchas bolsas negras con ropa; una mesa de algarrobo redonda, sillas de plástico percudido, un inodoro, una cocina destartalada, una pequeña heladera, un equipo de música, algunas ollas de aluminio y pocas cosas más que, de no ir al depósito, irían a parar al basural. Los resultados de la negociación fueron devastadores.

Francisca Villorda, rodeada por un grupo ocho jóvenes que la ayudaban a vaciar el espacio, contó entre lágrimas a ANCCOM: “Nací en Paraguay y hace 34 años estoy acá. Tenía 18 años cuando vine. Sin experiencia, sin conocer, pero me fui haciendo yo sola. Siempre con honestidad. Siempre trabajé y luché para sacar adelante a mis hijos. Mis hijos son buenos, educados, estudian. Entonces que esta gente me trate de delincuente, que nos acusen de vender droga, eso me duele, porque no somos esa gente. Tengo trabajo y lo hago honestamente para ganarme el pan día a día”. Francisca es madre soltera de dos adolescentes, y con 51 años vive de limpiar casas, cuidar a niños y ancianos. Sobre las personas a quienes alquila la propiedad contó: “Los conocíamos. Eran amigos de una de una de las familias que vivía acá, que son primos míos. Al principio no nos cobraba alquiler porque cuidábamos el lugar, y después empezamos a pagar un poco de alquiler, no mucho porque hacíamos arreglos, posteriormente pagamos por banco porque ellos se fueron a vivir al sur. Un día desaparecieron y vendieron la propiedad. Dijeron que de acá se iba a hacer cargo una inmobiliaria, pero nunca sucedió, por lo tanto, no pudimos pagar más. Cuando se comunicaron con nosotros lo hicieron desde un teléfono privado, que no pudimos rastrear y perdimos contacto con ellos hasta el día de hoy”.

Sin mediación y con un acuerdo completamente desfavorable, en tan solo dos meses y en pleno invierno, estas doce personas, entre las cuales hay niños que cursan sus estudios en las escuelas del barrio, y un hombre en tratamiento oncológico, deben retirar sus pertenencias del domicilio donde vivieron los últimos quince años y buscar otro lugar donde vivir, con una mínima ayuda estatal. Empresa difícil si no imposible, considerando que ninguno cuenta con un trabajo en blanco, sino que viven de trabajos informales y changas.

“En algún momento estoy al borde de descomponerme, pero tengo que estar firme por mis hijos, porque yo los tengo que contener, porque soy la madre y estoy sola con ellos entonces yo soy su sostén. Soy jefa de mi hogar y tengo que estar fuerte, pero realmente estoy partida al medio”, remata Francisca Villorda.  

La justicia, tarda, pero llega

La justicia, tarda, pero llega

Comenzaron las audiencias del juicio por la verdad que investiga la Masacre de Napalpí, ocurrida en Chaco en abril de 1924. Se trató de un crimen de lesa humanidad en el que las fuerzas del Estado fusilaron a 400 miembros de las comunidades qom y moqoit.

En Resistencia, Chaco, el martes 19 de abril se inició el juicio oral y público por la Masacre de Napalpí, la matanza de cuatrocientas personas de los pueblos qom y moqoit en el Gran Chaco durante una represión estatal desatada hace casi un siglo. Napalpí fue el epicentro del horror que aportó mano de obra esclava para las explotaciones algodoneras y la tala del quebracho. Allí fueron asesinados al menos 400 indígenas y peones rurales correntinos que trabajaban en la zona. Todos bajo el mando de fuerzas estatales y colonos armados, guiados por un avión que sobrevoló el lugar para identificar el sitio de reunión de las comunidades.

La audiencia comenzó con la exposición por parte de la Fiscalía Federal, a cargo de Federico Carniel y su colega Diego Vigay, quien describió el hecho histórico como “una represión dantesca”. Continuó la querella conformada por el representante de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia, Diulio Ramírez, y Emiliano Núñez, por el Instituto del Aborigen chaqueño. Por último, se escucharon los tres primeros testimonios: Pedro Valquinta y Rosa Grilo sobrevivientes del ataque, y el Qom Juan Chico, quien investigó y en sus libros dio voz a los acalladas de Napalpí.

En el Día de la Reafirmación de los Derechos de los Pueblos Originarios, y a 97 años de la Masacre de Napalpí, la jueza Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal Nº1, explicó que “el juicio por la verdad no busca responsabilidades penales. Es una judicialización de hechos sin responsables directos o imputados”. Esto es así, debido a que, en primera instancia, quienes cometieron los delitos hace más de noventa años han fallecido. Pero, a pesar de ello, lo que se busca es “activar la memoria y generar conciencia colectiva de que las graves violaciones de derechos humanos no deben repetirse”, destacó.

Aquel 19 de julio de 1924 mataron niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos y ancianas, y los enterraron en fosas comunes, los que sobrevivieron al hecho violento fueron mutilados, violentados y hasta exhibidos. Aquellos que lograron escapar del tiroteo, debieron huir hacia los montes y sobrevivir allí con los alimentos que les brindaba la naturaleza. 

Este juicio es el primero de su tipo en el país. El fiscal Carniel mencionó que, a través del análisis de los hechos de la causa, “se puede encuadrar al delito como de lesa humanidad”, y a través de este acto de justicia “se lleva adelante este proceso de reconstrucción de memoria, verdad y justicia, a fin de juzgar las circunstancias en que se produjeron los hechos y quienes formaron parte de los mismos”, agregó. 

El fiscal detalló que la Masacre de Napalpí podría tener una sentencia por delito agravado con ensañamiento en reiteración de hechos, el concurso premeditado de dos o más personas, según el Código Penal, de conductas catalogadas como delitos de Lesa Humanidad. 

En sintonía el fiscal, Diulio Ramírez, querellante de la causa por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, señaló: “Procuramos que la sociedad pueda nutrirse de la verdad ante tanta negación y décadas de ocultamiento. Situación que comenzó a revertirse en enero del 2008, cuando el Gobernador de la Provincia de Chaco, pidió públicamente perdón a las víctimas sobrevivientes. Lo pidió en el lugar donde se cometió la masacre a sus familiares, a las etnias qom y moqoit”. 

El secretaraio de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, presenciaron la primera audiencia.

En 1924, en el territorio nacional del Chaco, las etnias qom y moqoit no estaban de acuerdo con las situaciones que les había planteado el gobierno provincial bajo tutela de Fernando Centeno. Este último, les prohibió la circulación libre, les cobraba un impuesto de 15% por sobre lo que producían en las parcelas y les impuso un flete confiscatorio. Las comunidades le pedían al Gobernador el reconocimiento para poder moverse con libertad y comida que estuviera en buen estado, ya que se encontraban encerrados en la “Reducción”. 

Frente a los pedidos, el Gobernador Centeno decidió resolver el conflicto a través de la conformación de una fuerza policial con el único objetivo de destruir al oponente. Estaba compuesta por un centenar de efectivos. Por primera vez, se utilizó un avión alquilado para espiar la ubicación de los pueblos originarios. 

En la mañana de aquel sábado, la policía rodeó a más de 800 indígenas que se encontraban en la zona, con una distancia de 300 metros entre ellos para comenzar a disparar. Fueron dos ráfagas de balas, una que duró unos minutos, y la siguiente que duró alrededor de una hora, que fue la que hirió entre 300 y 500 personas. “Hubo un modus operandi por parte de las fuerzas represoras. Un plan exhaustivo y coordinado. Una organización logística que movió a los efectivos policiales por tren, se determinó el papel que iba a cumplir cada uno, se utilizó y perpetró a las fuerzas represivas con armamentos y municiones de guerra”, subrayó el abogado querellante.

Asimismo, manifestó que este crimen es considerado de lesa humanidad debido a que “son actos atroces’. Son hechos por medio de un ataque sistemáticos por la organización que se acaba de relatar, generalizado por el número de víctimas, es hecho contra una población civil y sobre todo es hecho como política de Estado. Esto fue parte de una política que tenía casi 50 años en nuestro país de exterminio”. 

Como sostiene el querellante por el Instituto del Aborigen Chaqueño, Núñez, “es necesario llevar adelante este juicio por la verdad, a los fines de lograr concretar de forma objetiva la recuperación de la memoria histórica, su difusión pública y completa la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas teniendo como primordial fin que este hecho de violencia no se repita nunca más”, enfatizó.

En la segunda parte de la audiencia, la Fiscalía presentó los testimonios audiovisuales de dos sobrevivientes a la Masacre de Napalpí en formato de entrevistas, realizadas por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos. Pedro Valquinta, apenas era un niño cuando fue testigo de cómo mataban a sus familiares y amigos de su misma comunidad. El hombre, que tiene más de 100 años, recordó: “En la Reducción mataron gente. Cuando reventaron las armas los mataron a todos. No hay sobrevivientes”. Valquinta, a su vez, es sobreviviente de otra masacre más, conocida como Zapallar (hoy General San Martín), que ocurrió el 6 de septiembre de 1933. Ambos ataques violentos hacia la comunidad a la cual pertenecía.

La siguiente testigo fue Rosa Grilo, sobreviviente de la Masacre de Napalpí. La anciana expresó que este acontecimiento ha generado “mucho dolor”, porque recuerda que a su padre lo mataron, y que se salvó gracias a que sus abuelos y su madre la arrastraron hacia el monte donde se escondieron de la policía. A pesar de ello, y luego de casi cien años de silencio, la sobreviviente, dijo que “recién ahora” se comenzó a hablar de lo sucedido. 

El último testimonio de la jornada fue un video de Juan Chico, historiador perteneciente a la comunidad qom, que investigó la masacre de Napalpí. Chico sostuvo que “en este caso trabajamos memoria y por lo general cuando uno busca datos información y documentación se encuentra que hay poca. El dato o el archivo está pensado con una gran subjetividad, pero sin duda ayuda a nosotros que trabajamos con la memoria oral”. Dado que, en los documentos que se encontraron, y que forman parte de la causa, ocultan información en cuanto al número de fallecidos o hasta dejaron asentado que hubo un enfrentamiento entre comunidades en la que intentan desentender a la Policía del hecho. “La memoria en el caso de Napalpí jugó y sigue jugando un rol clave en esto. Hay que trabajar con las dos miradas”, opinó, y agregó que los abuelos mayores “son otro archivo. Hay que darles la relevancia que tienen, que son nuestra biblioteca viviente”. El investigador iba a formar parte del juicio, pero el 13 de junio del 2021 falleció a los 45 años en su provincia natal como consecuencia del covid-19. Por lo que su declaración grabada en formato audiovisual y sus libros forman parte de la investigación. 

Este juicio por la verdad durará alrededor de un mes, y las audiencias se llevarán adelante en las ciudades chaqueñas de Resistencia y Machagaic; y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en el Espacio por la Memoria de la ExEsma. El próximo 26 de abril se continuará con la declaración de seis testigos, y la reproducción de las entrevistas a otros dos: Melitona Enrique y Rosa Chará.