Por un tijereteo seguro

Por un tijereteo seguro

Argentina cuenta con un extenso e importante marco normativo en lo relativo a los derechos de las mujeres y las diversidades, que incluye las leyes de Parto Humanizado, de Derecho a la Identidad de Género, de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de Educación Sexual Integral, entre otras.

Sin embargo, en lo que a salud sexual y reproductiva respecta, existe un vacío en cuanto a los métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual para relaciones íntimas entre personas con vulva. Los métodos de profilaxis disponibles responden a una visión falocéntrica fundada en la anticoncepción, por eso sólo se encuentran a la venta preservativos peneanos.

En tal sentido, la ginecóloga y sexóloga Sandra Magirena explica que “se habla mucho de la anticoncepción centrada en la prevención de embarazos no deseados, pero poco se habla del cuidado de las ETS. Y, cuando se lo hace, se habla sólo del uso del preservativo (para penes)”. Además, aclara que su efectividad no es total. Por un lado, porque no previene ciertas enfermedades, como por ejemplo el HPV y otras enfermedades que se transmiten a través del sexo oral, por lo tanto es necesario sumar otros métodos barrera. “Recién en los últimos años se ha empezado a hablar del campo de látex”, señala Magirena.

Quienes padecen la falta de un preservativo para vulvas son las mujeres hétero-cisexuales, mujeres bi-cisexuales, lesbianas, varones trans, personas intersex y no binarias que se ven en la obligación de recrear un campo de látex artesanal para tener un encuentro sexual seguro. Para realizarlo, utilizan también un preservativo para pene. Primero, cortan el aro de la base, luego lo hacen en forma vertical a lo largo, sirviendo así como método de barrera y protección al frotar genitales y también cuando se practica sexo oral en la vagina o en el ano. Otra opción es la barrera bucal, conocida como dental dam, pensada con fines odontológicos y similar al campo de látex. Por último, cabe resaltar la existencia de un preservativo vaginal pero al ser interno, su uso sólo es efectivo en relaciones con penetración. En ese sentido, queda en evidencia la necesidad de un preservativo para vulvas, pensado especialmente para el tribadismo, la práctica sexual en que dos personas frotan sus vulvas.

El preservativo para vulvas se fabrica de manera artesanal a partir de uno pensado para penes.

Magirena explica que el acceso a este tipo de métodos profilácticos en nuestro país se ve dificultado en tanto “no contamos con un material adecuado, cómodo, que sirva para interponer entre la vulva y otra vulva, o la boca, o la boca y el ano de le otre”.

Sin embargo, la ginecóloga comenta que “existe la posibilidad de hacer una modificación de la matriz del preservativo femenino”. Desde esta perspectiva, se podría adaptar el “preservativo femenino modificado en su diseño en la porción distal para que se pueda auto adherir a las paredes externas de la vulva y de esa manera cubrir el perineo”.

La creación de un preservativo para vulvas es necesaria porque “aporta a una democratización en el acceso a los derechos sexuales de las personas gestantes”, continúa Magirena, y resalta la importancia de que “los Estados los provean y los fabriquen de manera libre y gratuita”. Asegura, además, que este proceso está en vías de evolución y que, al día de hoy, existen distintas propuestas que luchan por esta causa. Uno de ellos es el Proyecto Preservativo para Vulvas.

Preservativos para todas

En agosto del año pasado, la legisladora porteña por el Frente de Todos Lucía Cámpora presentó un proyecto de ley para el acceso y la promoción de profilaxis, de forma inclusiva. De su redacción participaron referentes del “Proyecto Preservativo para Vulvas”. Tiene como objetivo la promoción igualitaria de acceso a campos de latex industrializados, y otros métodos profilácticos que se creen a futuro. Asimismo, hace hincapié en la promoción de la investigación sobre elementos de cuidados y protección teniendo en cuenta la diversidad de prácticas sexuales, señalando la importancia de incluir información sobre el uso de campos de látex en la currícula escolar, de acuerdo a los lineamientos de Educación Sexual Integral (ESI). 

“Es importante ampliar la mirada en términos de políticas en materia de salud sexual y (no) reproductiva. Necesitamos un tratamiento inclusivo en las políticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y que las personas que no respondan a los estereotipos que impone el heterocispatriarcado no se sientan excluidas ni dejen de acceder, que es lo que actualmente sucede por ejemplo con este caso”, expresa Cámpora y agrega: “Es sumamente excluyente que sea tan difícil acceder a métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual para relaciones entre personas con vulvas y lo primero que tenemos que hacer es instalar este tema y trabajar para que se garanticen sus derechos”.

En el país no existe una empresa que fabrique el campo de látex de manera industrial. En este contexto, la necesidad de una política pública que pueda dar respuesta a esta problemática parece fundamental. “Es importante entender que la diversidad de las prácticas sexuales tiene que estar contemplada en las políticas que necesitamos para poder cuidarnos y disfrutar del derecho a ejercer nuestra sexualidad en todas sus formas, siempre y cuando sea libre y cuidada”, aseguró Campora.

El proyecto, presentado en agosto del 2020, aún no fue tratado y ni siquiera se habilitó el tratamiento en comisiones.

El preservativo para penes no previene el HPV y otras enfermedades que se transmiten a través del sexo oral.

Por un acceso inclusivo

La falta de un preservativo vulvar no es la única barrera con la que se encuentran las diversidades cuando de protección se trata. Existen ciertos prejuicios entre los profesionales de la salud cuyo estigma desalienta las consultas ginecológicas, contribuyendo así al tabú sexual y al desconocimiento de cuidados. 

Según Magirena, sigue habiendo médicos recibidos en la década de 1980 que actualmente ejercen y cuya formación hegemónica está centrada en la cis heretonormatividad. La falta de perspectiva de género a esa formación se traduce en miradas, prejuicios, y en situaciones de tensión, bloqueando así el vínculo médico-paciente. “Para los profesionales el concepto de género no existe. El género es biológico, es el género taxonómico de la especie  humana. El concepto de género que se maneja hoy, y que estamos incorporando a la currícula, es el concepto de la sociología. Es decir, lo que la sociedad marca como cuestiones de género. Todo eso en la Facultad de Medicina no se enseña”, concluye Magirena.

Usan al Poder Judicial para dificultar la aplicación de la IVE

Usan al Poder Judicial para dificultar la aplicación de la IVE

El juez Alfredo Eugenio Lopez, del Juzgado Federal N°4 de Mar Del Plata, hizo lugar a una medida cautelar que suspendía la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo declarándola inconstitucional por violar la protección integral de la vida desde la concepción. Ante este movimiento por parte de los grupos opositores a la norma, Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, anunció que el Estado nacional apelará el fallo por su inconsistencia y, más precisamente, porque es una ley profundamente debatida bajo todas las instancias democráticas.

Los grupos que se oponen a la efectiva implementación del derecho que garantiza esta ley siguen haciendo mella en el debate público con una línea de acción basada en mecanismos judiciales que buscan retrasar o anular el acceso al aborto en el territorio nacional.

Los recursos jurídicos utilizados se repiten a lo largo y ancho del país. Desde que la ley entró en vigencia el 24 de enero, se presentaron 31 acciones judiciales en su contra. Soledad Deza, presidenta de la organización Mujeres x Mujeres y abogada del caso Belén, en diálogo con ANCCOM explicó: “Apelan a la acción de amparo y a la acción declarativa de certeza. Hay un fundamento jurídico que se expresa en todas las demandas de forma uniforme porque surge de un laboratorio conservador judicial en todo el país.” Este sector busca someter al árbitro judicial la primacía del derecho a la vida intrauterina, por sobre el derecho a la autonomía, a la salud, a la dignidad, a la libertad sexual, a una vida libre de violencias y a la igualdad. “Todos estos derechos están comprendidos en el derecho a decidir abortar”, agregó Deza.

En San Luis, representantes del Partido NOS promovieron una acción declarativa apelando a la inconstitucionalidad de la ley. Lo mismo sucedió en Santa Fe: la Municipalidad de Roldán también apeló a este recurso. En Chaco, el 28 de enero la jueza Marta Aucar de Trotti logró suspender la vigencia de la ley de IVE hasta que el 18 de marzo las juezas Eloisa Barreto y Wilma Martínez revocaron la sentencia. En Salta, María Cristina Fiore Viñuales, una ex senadora del Partido Renovador de Salta y en Córdoba la asociación Portal de Belen en Río Cuarto, también presentaron medidas cautelares. En Corrientes, el recurso fue presentado por el partido Ciudadanos a Gobernar. El último caso fue el de San Juan, en donde un hombre presentó una medida cautelar ante el Primer Juzgado de Familia para impedir que su ex pareja realizara una interrupción de su embarazo. El 24 de abril, la titular de este juzgado se declaró incompetente. Sin embargo, la cautelar consiguió su lugar en la Sala III de la Cámara Civil. Como consecuencia, el sábado 1º de mayo, dos jueces ordenaron que la mujer se abstenga de realizarse un aborto. De todas formas, la medida quedó sin efecto y la mujer pudo acceder al aborto. Todas las cautelares presentadas son intentos para volver atrás sobre un derecho ya conquistado.

“El caso de San Juan me parece que es fundamental porque incluso quedó en abstracto el fallo. Es decir, esta mujer se había aplicado la IVE, hizo uso de su derecho y cualquier judicialización o intento de frenar u obstaculizar de la justicia quedó totalmente por fuera. Abstracto, sin un fondo de la cuestión, sin un motor”, sostuvo Melisa García, abogada y fundadora de la Asociación de Abogadas Feministas. “Entonces, se pone de manifiesto en el Poder Judicial, a través de sus diferentes resoluciones, un tinte muy adoctrinador y disciplinador sobre estas mujeres o personas gestantes que deciden hacer uso de un derecho adquirido: la interrupción voluntaria del embarazo”, concluyó García.

Uno de los principales obstáculos para garantizar el acceso al aborto es la falta de difusión de la ley por parte de los gobiernos provinciales.” En San Juan, las autoridades se niegan a hablar del tema, mientras que sus funcionarios se pasean por las marchas y convocatorias anti- aborto y financian la publicidad de estos grupos”, detalló Luciana Manzuelos, de la mesa provincial de la Campaña por el Aborto Legal en San Juan, en diálogo con ANCCOM. “Nuestro trabajo desde la Mesa de la Campaña es la promoción de derechos, en las redes y en los medios. El acompañamiento que hacemos es muy de cerca, cuerpo a cuerpo, con la persona que va a interrumpir su embarazo. El debate para nosotres está agotado porque ya tenemos una ley”, enfatizó Manzuelos.

El panorama cambió. Ya no se trata de un Congreso dividido en dos colores, encendido por la chispa de un debate que parece no terminar hasta la madrugada. A cinco meses de la legalización, el escenario indica: por un lado, un debate ya saldado con una ley de aplicabilidad en todas las provincias y, por el otro, una resistencia que sigue buscando incidir en los espacios públicos con intentos que fracasan. Una resistencia que reacciona y que persiste. “Los tribunales se usan como un trampolín desde el cual reabrir debates que están clausurados democráticamente en el Poder Legislativo y eso es un obstáculo», sostuvo Deza, y agregó: “Porque más allá del efecto posible en los casos reales, no es menos cierto que generan discursos confusos en la opinión pública acerca de la aplicabilidad de ley”. La garantía del cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos se encuentra dentro de un escenario de avance, retroceso, avance. El discurso anti-aborto sigue buscando permanecer en los hospitales y en los tribunales con un fuerte componente prohibitivo y punitivista. Ahora, lo que le queda a estos grupos opositores es movilizarse para prohibir un derecho, para negarlo, para revertirlo. Estos procesos judiciales tienen motivos y tienen consecuencias. Para Melisa García: “Con el intento de judicializar estos procesos buscan un efecto desestabilizador”.

A pesar del esfuerzo de estos grupos conservadores y su modus operandi a través del Poder Judicial, la ley se mantiene vigente y operativa. Sin embargo, todavía hay un desafío. “Necesitamos que el derecho a decidir abortar, por fuera de las causales y sin dar explicaciones, hasta la semana catorce, sea conocido por todas las mujeres y personas gestantes del país. Y no solamente por aquellas que tenemos acceso directo. Me parece que hay una deuda en términos de comunicación y de llegada de la ley a todas las personas”, evaluó Deza y concluyó: “Hay que hacer campañas fuertes de forma transversal, a nivel nacional y a nivel provincial”.

Un femicidio cada 35 horas

Un femicidio cada 35 horas

Se cumplen seis años desde que el primer grito de Ni Una Menos se instaló en nuestro país. Desde 2015, cientos de miles de mujeres salen a las calles cada 3 de junio, bajo una misma consigna: contra de la violencia machista. En el marco de un nuevo aniversario, se publicó el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina correspondientes a 2020. Según lo informado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación durante el año pasado se cometió un femicidio directo cada 35 horas. 

Siguiendo los datos correspondientes, desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2020 hubo un total de 251 víctimas directas de femicidio en todo el territorio nacional. De las cuales, 244 fueron mujeres cis, 6 mujeres trans/travesti y 1 se encuentra sin identificación ya que el cuerpo de la víctima se encontraba carbonizado. Sólo pudieron confirmar que era mujer.

Todos los 3 de junio la consigna Ni Una Menos se ve acompañada de otras exigencias. Este año se llevará a cabo un cartelazo en redes sociales y las consignas que acompañarán la jornada serán #AparicionConVidaDeTehuel, #CupoLaboralTravestiTrans, TrabajadorxsSomosTodxs y #ReformaJudicialFeminista. 

En el 59% de los casos, el femicidio lo llevó a cabo una pareja o expareja.

Silvina Lico, abogada y parte del Programa de Atención de Niñez y Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, cree que lo más importante del Ni Una Menos fue la visibilidad que se le dio al movimiento de mujeres: “La convocatoria a nuevas generaciones fue central. Se abrazaron al feminismo que venía hace años luchando por los derechos de las mujeres. Creo que, en gran parte, la despenalización del aborto tuvo mucho que ver con esto”, agrega. 

Por su parte, Lucía de la Vega, Coordinadora de la Clínica Jurídica del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y abogada de la Agenda Transversal Feminista, describe que lo central en el movimiento Ni Una Menos fue la masividad del reclamo de las mujeres y las disidencias contra las violencias machistas. “Se convirtió en un movimiento que cruzó generaciones contra las violencias machistas”, asegura. 

Del informe se relevaron 247 causas judiciales de femicidio directo, en donde el 63% se cometieron en la vivienda de la víctima. El 79% se dio en un contexto de violencia doméstica. En el 32% de los casos hubo fuerza física, en un 26% se usaron armas blancas y el 18% se ejecutaron con armas de fuego. 

El 79% de los femicidios se dio en contexto de violencia doméstica .

La evolución de la distribución de femicidios directos se muestra estable desde 2017 al 2020. Lico expresa que “las cifras siguen asustando y está bien que impacten, que no nos acostumbremos a esos número, creo que hasta que no generemos un profundo cambio social, los números van a seguir igual. Hay que concientizar, convocar a los varones, educar a las nuevas generaciones, garantizar la ESI en todo el país”.

Siete provincias del país obtuvieron una tasa de femicidios directos cada 100.000 mujeres más alta que la del promedio nacional que es de 1,09. Jujuy se encuentra en primer lugar, con una tasa del 2,82; le siguen Tucumán (2,10), Chaco (1,97), Salta (1,53), Misiones (1,43), Santa Fe (1,38) y Corrientes (1,23). Esto se debe a que el peso poblacional de las mujeres en estas provincias es escaso. Si consideramos números absolutos, el 37% de los femicidios directos del país ocurrieron en la Provincia de Buenos Aires (94 casos), seguido por Santa Fe con el 10% (25 casos). Por su parte, Tierra del Fuego no registró ningún femicidio en su jurisdicción durante el 2020.

“Las cifras se sostienen porque todavía no se está trabajando en las condiciones estructurales que posibilitan los femicidios como una expresión de la violencia extrema”, asegura de la Vega.

En el 32% de los femicidios hubo fuerza física, en un 26% se usaron armas blancas y en el 18%, armas de fuego.

El promedio de edad de las víctimas directas de femicidio fue de 37 años -la tasa más alta corresponde de los 35 a 44 años-, representando casi un 26% de los casos. Por otra parte, 24 fueron niñas y adolescentes -de 0 a 17 años- y 11 de las víctimas tenían menos de 13 años. 

Al menos 216 niñas, niños y adolescentes estaban a cargo de las víctimas directas de femicidio. Según el Régimen de Reparación Económica destinado a niñas, niños y adolescentes hijos e hijas de víctimas de femicidio (Ley N° 27452, sancionada en 2018), se lograron identificar en el informe, al menos, 231 potenciales beneficiarios.

De la Vega insiste en que la política pública debe estar coordinada entre los distintos ministerios y áreas estatales y que programas como el ACOMPAÑAR deberían implementarse de manera correcta. Se refiere a la política dirigida a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género en todo el país. Brinda una ayuda económica y acompañamiento integral psicosocial durante seis meses. “Otra cuestión central es el acceso a la vivienda. Una problemática muy incrementada en este contexto de pandemia, donde las mujeres no tienen donde ir con sus hijes para escapar de esa situación de violencia”, asegura. 

Al menos 216 niñas, niños y adolescentes estaban a cargo de las víctimas directas de femicidio.

En el 59% de los casos, el femicidio lo llevó a cabo una pareja o expareja. El 84% conocía al agresor y el 48% convivían. Lucía de la Vega afirma que “es central la respuesta por parte del Poder Judicial a las situaciones de violencia en términos de emitir medidas protectoras en tiempo y forma. Hay distintas políticas que deben implementarse y que deben ser articuladas entre los distintos ministerios”.

“Decir Ni Una Menos no es un ruego ni un pedido. Es plantarse de cara a lo que no queremos: ni una víctima más. Y es anunciar a la vez que nos queremos vivas, íntegras, autónomas, soberanas. Dueñas de nuestros cuerpos y nuestras trayectorias vitales. Dueñas de nuestras elecciones: como queremos, cuando queremos, con quien queremos”, son palabras que se expresan desde la organización Ni Una Menos. Qué se reclama y qué se exige cada 3 de junio: visibilizar las problemáticas de la violencia machista, empoderar a los distintos colectivos, ser las voces de quienes ya no la tienen. 

Silvina Lico cierra haciendo hincapié en la importancia de seguir visibilizando y reclamando. “Hacernos ver, exigir que nos escuchen, pero también demandar a los Estados los cambios necesarios y hacerlos responsables de nuestras muertes. Creo que es imprescindible una reforma de la justicia que acompañe a los feminismos”.

El promedio de edad de las víctimas directas de femicidio es de 37 años.

Las organizaciones invitan a utilizar el #NiUnaMenos en redes para participar de la jornada y sumarse al cartelazo. A su vez, a las 19 se llevará a cabo una Asamblea Feminista Latinoamericana en el canal de YouTube de Ni Una Menos, que contará con la participación de Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo), Betty Ruth Lozano (feminista colombiana), Mónica Benicio (PSOL-Brasil) y Francy Junior (Articulación de Mujeres brasileñas), entre otras activistas latinoamericanas. 

(Para asesoramiento por violencia de género se encuentra disponible las 24 hs. la línea 144 en todo el territorio nacional. Por violencia familiar o sexual la línea 137 funciona los 365 días del año y cuenta con un número de Whatsapp 11 3133-1000).

Abolicionistas y regulacionistas debaten en la pantalla

Abolicionistas y regulacionistas debaten en la pantalla

Salir de Puta es un documental independiente que aborda los debates en torno a la prostitución. A través de un relato coral de mujeres que ejercen o ejercieron el trabajo sexual, pone sobre la mesa las discusiones en torno a la reglamentación y el abolicionismo. Este film, dirigido por Sofia Rocha, fue seleccionado para participar del 24° Festival Internacional de cine de mujeres Flying Broom, un evento feminista que se está llevando adelante en Turquía. La película se estrenará hoy a las 14.30hs en Argentina por streaming.

“No es lo mismo contarlo desde afuera que vivirlo desde adentro”, dice la presidenta de AMMAR, Georgina Orellano, en el documental. Siguiendo esta lógica, el film recolecta y contrapone las voces de distintas mujeres que narran en carne propia sus vivencias, explican sus posturas, sus reclamos, y discuten el rol del Estado. “Muchas veces vi este tema abordado desde la romantización total o solamente exponiendo la cuestión de las víctimas de trata. A medida que fui conociendo el debate entre las posturas abolicionistas y reglamentaristas en el propio movimiento de mujeres fue creciendo el interés por tratar el conflicto y las ganas de generar herramientas para poder abordar los distintos aspectos de esta realidad y su gran complejidad. Esto me impulsó a buscar a las protagonistas reales de carne y hueso, tanto las que se consideran trabajadoras sexuales como las mujeres en situación de prostitución que quieren salir de ella, quienes ponen día a día el cuerpo para contraponer sus puntos de vista a través de sus historias de vida, deseos y convicciones”, explica Rocha.

Sofia Rocha, directora de Salir de Puta.

Según Rocha, la película aborda distintos ejes y posturas: “Si la prostitución es o no un trabajo; qué pasa cuando además del cuerpo se pone la sexualidad en la relación de compra-venta; si está bien o no que un tercero (conocido como proxeneta) puede apropiarse de parte de la ganancia como en cualquier otro trabajo; cuál es el rol de las fuerzas policiales, jueces, y toda la estructura estatal al respecto; cuál es la relación entre la prostitución y la trata; qué acciones llevan adelante las distintas organizaciones frente a las necesidades y problemáticas varias, y a qué futuro apuntan”.

Como referentes del regulacionismo aparecen, entre otras, Georgina Orellano y Valeria del Mar Rodríguez, ambas de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). Para ellas el debate en relación a si el trabajo sexual es o no trabajo, ya está saldado: “Nosotras queremos derechos como cualquier trabajador”, afirma Ramírez.

Desde la Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos (AMDH), presidida por Gabriela Collantes, levantan la bandera del abolicionismo. Una de sus militantes, Delia Escudilla, quien se auto define como sobreviviente, define a la prostitución como “una de las peores opresiones del patriarcado sobre el cuerpo de la mujer”.

Otra dimensión de la postura abolicionista es la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Margarita Meire, fundadora de Madres Víctimas de Trata, transformó el dolor por la desaparición de su hija en militancia. La organización trabaja incansablemente desde hace 35 años para terminar con la trata y abolir la prostitución. Al día de hoy, ha logrado recuperar a decenas de chicas secuestradas. Para grabar estas escenas, desde el equipo de producción tuvieron que trabajar con especial cuidado. “Por un lado por las víctimas, pero por el otro por el nivel de entramado de connivencia política, judicial y policial que existe. A Margarita, cuya organización ha desmantelado varios prostíbulos, la han amenazado de muerte reiteradas veces; hasta han tiroteado la puerta de su casa que también funciona como comedor en Constitución”, cuenta la directora.

Con este cuidado y una sensibilidad notable, la película logra abordar un tema complejo. A través de planos cerrados, íntimos, las entrevistadas se dejan conocer. Rocha cuenta que hubo una búsqueda para que quienes vieran la película pudieran ponerse en el lugar y adentrarse en la vida de las protagonistas. Por otro lado, entendían que “las vivencias de estas mujeres y el ejercicio de la prostitución implicaron poner el cuerpo a un nivel muy alto, por lo tanto esos cuerpos están especialmente caracterizados, marcados y atravesados por esas experiencias”. En ese sentido, “se merecían ese acercamiento respetuoso mientras iban exponiendo y defendiendo férreamente sus posiciones políticas, filosóficas y sus decisiones de vida. Mientras tanto, seguían, una vez más, poniendo el cuerpo; ahora frente a la cámara y la pantalla”, explica la directora.

Rocha creció en el seno de una familia de mujeres rebeldes, donde era común cuestionar para transformar. Desde temprana edad le interesó el debate en torno a la prostitución y fue dando la discusión en distintos espacios, como lo fueron los talleres del Encuentro Nacional de Mujeres. “Para mí la prostitución es un eje bastión en las sociedades, a pesar de ser todavía ‘tabú’ en su doble moral. Cuando una escucha las historias de estas mujeres, las anécdotas con los clientes o prostituyentes (dependiendo la narradora), entiende buena parte de las lógicas sociales y patriarcales arraigadas históricamente. Muchas de las cuales luchamos por desarmar y cambiar”.

Salir de puta es su primer largometraje. Surgió como producto de su tesis de licenciatura en Diseño de Imagen y Sonido por la Universidad de Buenos Aires. Este proyecto tuvo su inicio en el 2018. La investigación duró alrededor de un año, al mismo tiempo que iban grabando. En él participaron Sofía De Luca, Belén Nuñez, Juan Tamagno y Victoria Mathé Leitner.

Rocha cuenta que, si bien las distintas personas que conformaron el equipo de trabajo tenían posiciones diferentes, todas las mujeres están atravesadas por el debate en torno a la prostitución. “Queramos o no, los roles social e históricamente construidos de ‘la puta’ y ‘la santa’ nos atraviesan en muchos ámbitos. Y eso fue un punto de partida común con las y los integrantes del equipo, a pesar de que teníamos acuerdos y desacuerdos”. En ese sentido, explica que lo más interesante de rodar esta película “fue el proceso de idas y vueltas, cambios de posiciones y aprendizajes. Muchas cosas las desconocíamos; poder conocerlas y entender las distintas posturas y sus interlocutoras nos fue permitiendo a mí y a todo el equipo adquirir una perspectiva compleja e integral”.

Con respecto al debate, Rocha dice que hoy no están dadas las condiciones políticas ni económicas para que se pueda saldar. Sin embargo, a modo de síntesis de su indagación propone tres medidas urgentes “primero, garantizar que quienes ejercen la prostitución autónomamente no sean perseguidas ni criminalizadas, algo que está establecido así en la Argentina pero que coexiste con códigos contravencionales provinciales que habría que derogar para que esto fuera una realidad. Por otro lado, garantizar opciones laborales y educativas para quienes quieran salir de la prostitución. Y, por último, actuar en consecuencia para combatir el proxenetismo y desarmar las redes de trata con fines de explotación sexual; como así también el aprovechamiento que hay de las fuerzas policiales de las personas en prostitución, inclusive cuando ‘la ley’ está de su lado”.

“Lo que es seguro es que ninguna de las que aparece en la película está de acuerdo con el modelo prohibicionista, algo que en otros países y en un período acá en Argentina ya se demostró que lo único que logra es ocultar el tema, hacerlo clandestino y vulnerar aún más a las personas prostituidas mientras se favorecen los empresarios, jueces y funcionarios que manejan las redes”, cierra la directora.

En Medio Oriente también se combate al patriarcado

En Medio Oriente también se combate al patriarcado

Tras una vida dedicada a la lucha por la liberación femenina y el empoderamiento de la mujer árabe, la escritora, médica, activista política y feminista, Nawal El-Saadawi, falleció el domingo 20 de marzo a sus 89 años en El Cairo, tras una enfermedad no especificada que padecía hace tiempo, según informaron sus familiares cercanos.

Saadawi nació en una familia conservadora pero acomodada, lo que permitió que recibiera una buena educación y se graduara en Medicina y Psiquiatría en 1955. Durante sus primeros años en el ejercicio profesional, la egipcia evidenció en carne propia las desigualdades y maltratos a los que eran sometidas las mujeres, principalmente en zonas rurales, hecho que marcó su carrera como escritora y activista política. 

Con más de 50 libros publicados en 30 idiomas, Saadawi se animó a luchar contra prácticas muy arraigadas en la sociedad árabe, como la mutilación genital -la cual sufrió- o la poligamia, y a tratar temas tabú como las mujeres y el sexo. En sus libros y ensayos también trajo a discusión el rol de la religión, el velo y el colonialismo europeo y norteamericano en Oriente. “Estamos en contra del capitalismo porque está relacionado con el patriarcado. No estamos en contra de los hombres sino del sistema patriarcal que lleva a la dominación de aquellos en la religión, en la economía, en la cultura y en la ciencia”, afirmó en una de sus últimas entrevistas para el canal británico 4 News.

Tras su muerte, Saadawi fue recordada por miles de mujeres que se vieron influenciadas por sus obras e hicieron suya la lucha.  Su partida fue una forma de reconocer la genealogía y la cultura política construida por mujeres árabes a lo largo de las décadas, que cuenta con los aportes de activistas como la marroquí Fátima Mernissi o la libanesa Joumana Haddad, entre muchas otras.

Ellas mataron a Sherezade

El feminismo árabe tuvo sus inicios en el siglo XIX en Egipto y los actuales Siria y Líbano, y se extendió a lo largo del siglo XX por el resto de los países de la región. Al contrario de lo que se suele pensar, los movimientos de mujeres comenzaron mucho antes de la llamada “Primavera Árabe” del 2010 y 2011, aunque gracias a la gran cobertura mediática de las revueltas, por primera vez la participación política femenina obtuvo mayor visibilización. Tampoco fue un producto importado de Occidente sino que se creó alrededor de luchas propias, como son por ejemplo la resistencia contra el colonialismo europeo o el rol de las mujeres en una religión y sociedad específica, además de los pedidos globales de igualdad y el fin de la violencia patriarcal.

Al igual que la población, el dialecto y la etnia de los países árabes, los feminismos de la región son variados y heterogéneos.Tampoco son estáticos ni herméticos sino que dialogan entre sí y han ido cambiando su significado a lo largo de los años. La mayoría de especialistas nombran dos grandes ramas, el feminismo secular/laico y el feminismo islámico, aunque también existen otras formas de lucha política.

Nawal Al-Saadawi formó parte del feminismo secular, caracterizado por su acercamiento al socialismo, al nacionalismo, a la separación del Estado y la religión y a la lucha anti-colonial. Según esta visión, cualquier religión es una ideología que se utiliza para justificar injusticias dentro de un sistema social y como consecuencia, el feminismo y la religión serían incompatibles ya que el primero lucha contra dichas injusticias.

Un caso más actual es el de Násara iahdih Said (26), quien se define en su perfil de Twitter como “feminista sin apellidos”, invitando a que las mujeres de todo el mundo se procupen y se cuiden entre ellas sin importar de dónde provengan. Esta activista saharaui no sólo busca “desnaturalizar las prácticas discriminatorias que se ejercen sobre las mujeres en contextos islámicos” sino que también lucha “a favor de la liberación de los territorios saharauis ocupados”, en referencia al conflicto en el Sahara Occidental, ex-colonia española ubicada en el norte de África, que lleva actualmente 16 años de violencia.

Por otro lado, el feminismo islámico que no pocas veces aparece contrapuesto al secular/laico por considerarlo una copia de Occidente, surgió a fines del siglo XX y parte de la base de que una relectura del Corán desde una mirada feminista demostraría que el islam otorga un rol fundamental a la mujer en la sociedad y en la religión. Frente a esto, afirma que las leyes y normas que oprimen a la mujer en los países árabes son, en realidad, la propia interpretación que los hombres hacen de los textos sagrados a través de una mirada machista. 

Carolina Bracco, especialista en estudios de género y cultura árabe, afirmó en una entrevista con ANCCOM que a partir de las revueltas árabes de la década pasada comenzaron a configurarse nuevos movimientos de mujeres muy parecidos a los latinoamericanos, “de jóvenes, mucho más radicalizadas, con objetivos puntuales, coordinación más transversal y una perspectiva y construcción política más a largo plazo”. Sin embargo, insiste en remarcar que dichas organizaciones muchas veces no se enuncian como feministas ya que “es una palabra un poco controvertida en Medio Oriente, muy ligada a la agenda extranjera occidental”.

Como en el resto de los países, occidentales y orientales, sin distinción, el principal desafío de los movimientos de mujeres de hoy es la escalada de violencia intrafamiliar como consecuencia de la pandemia de Covid-19. Un 55% de mujeres observó un incremento de la violencia doméstica en el contexto de coronavirus, según un informe de la Oficina Regional para los Estados árabes de ONU-Mujeres. Las principales causas que se detallan son el aumento del estrés causado por dificultades económicas, confinamiento prolongado en espacios cerrados y discontinuación de servicios y sistemas de soportes para mujeres, quienes se encuentran encerradas con su abusador.

“Desgraciadamente, uno de los puntos que tenemos en común todas las mujeres  es que la violencia de género ha crecido de manera virulenta con las cuarentenas. Los llamados a los números de emergencia, los femicidios y la agresión dentro del hogar han aumentado, así como los problemas económicos que muchas veces funcionan como trampolín para la violencia de género. Tampoco se debe olvidar de las prácticas de cuidado que recaen sobre las mujeres”, opina Bracco.

El orientalismo del siglo XXI

El orientalismo fue definido por el investigador Edward Said como la forma que tiene Occidente de ver a Oriente a partir de una tradición colonialista de estudios sobre la región, que arrastra una visión sesgada, estereotipada y racista. Esta perspectiva también puede extenderse hacia las mujeres árabes-musulmanas, muchas veces objetos de un discurso paternalista y orientalista que las ubica en un rol de víctimas pasivas que deben ser salvadas por la mujer occidental moderna. 

Un caso interesante es el de Muslimah Media Watch, una iniciativa de mujeres musulmanas que critican y visibilizan la forma muchas veces ridícula en la que se las representa en los medios y en la cultura popular occidental. Según ellas, autodefinidas como feministas musulmanas, su objetivo es el de “localizar y criticar la misoginia, el sexismo, el patriarcado, la islamofobia, el racismo y la xenofobia que afecta a las mujeres musulmanas”. Sus artículos van desde la crítica hacia anuncios publicitarios supuestamente progresistas de famosas marcas occidentales, hasta la denuncia de discursos machistas y racistas disfrazados de inclusivos. También cuenta con entrevistas a referentes del mundo árabe-musulman y con el análisis sobre noticias que las afecta directamente.

Actualmente, Bracco trabaja sobre las posibles conexiones entre América Latina y Medio Oriente en cuestiones de género, y admite que la sorprende escuchar este tipo de discursos paternalistas de mujeres latinoamericanas hacia mujeres musulmanas cuando en realidad hay muchos puntos en común entre ambos contextos. “Siempre se nos ha dicho, como mujeres occidentales, que debemos valorar nuestras libertades porque hay mujeres que están mucho peor, haciendo referencia a estos países árabes. Pero esta imagen de libertad es en realidad ficticia y mucho más teniendo en cuenta nuestro contexto latinoamericano”, afirma. 

Según la especialista, “siempre estamos queriendo mirar a Europa y a Estados Unidos haciendo que se reproduzcan los estereotipos y se repitan las construcciones que se hicieron desde Europa y que poco tienen que ver con nuestras propias realidades, con lo riquísimo de lo que se está produciendo en Latinoamérica, no solo en términos académicos sino también de militancia feminista”. Agrega que a la hora de interesarse por esta región, se debe comprender que las mujeres árabes no son objetos de estudio sino que son compañeras de lucha con quienes se deben construir puentes de diálogos reales que enriquezcan la discusión que muchas veces tiene coincidencias, desde un pasado colonial hasta la demanda del más básico derecho a la vida.

Medio Oriente en los medios

Los medios de comunicación son una gran herramienta a la hora de visibilizar problemáticas sociales y ubicarlas en agenda. Desgraciadamente, este no es el caso de las políticas de Medio Oriente ni mucho menos de la realidad de las mujeres árabes o su lucha feminista. 

Frente a esto, Pedro Brieger, periodista internacional y especialista en la región, explica que aunque hubo medios que tuvieron una gran tradición en temas internacionales y enviaban corresponsales especialistas sobre la temática a diferentes países, por una cuestión de costos y falta de especialización, esta ha mermado con el tiempo. Considera que mientras en los diarios aún se sigue dando cierta importancia a las noticias internacionales, la radio y la televisión han ido recortando esta sección, con ciertas excepciones como lo fue Visión 7 Internacional por Televisión Pública.

“Los medios de comunicación por lo general van detrás de algo muy fuerte: un atentado, una guerra, algún evento de paz. En ese marco, en el mundo occidental, el tratamiento de las mujeres en Medio Oriente es básicamente de prejuicios, de una mirada orientalista, eurocéntrica que mira al resto del mundo, en este caso a las mujeres árabes, con más prejuicios que conocimientos”, agregó Brieger.

Está claro que si los medios solo nos muestran noticias negativas acerca de la región, como ataques terroristas o mujeres con velos que solo dejan ver una ranura en sus ojos, crearemos una imagen sesgada y generalizada de la realidad. Aunque es entendible que la coyuntura local eclipse al resto de las noticias internacionales, tener una visión tan provinciana del mundo, según el especialista, es un problema y Argentina aún lo tiene. 

Y parirás respetada

Y parirás respetada

“Venimos de tanta violencia, de un sistema tan patriarcal, que las mujeres hemos tenido que salir a defender nuestro derecho de ser respetadas. Tanto en el sentido de la no violencia hacia nuestros cuerpos como también a poder tener consentimiento sobre lo que se decide en base al desarrollo del embarazo, parto y post parto inmediato”, dijo a ANCCOM Catalina Quiroga, psicóloga con orientación perinatal y psicoanalítica, doula y coordinadora de Tribu da luz, junto con Adriana Vicente bioquímica y doula.

Las doulas son quienes acompañan a la persona gestante desde el embarazo hasta el postparto, sin embargo, no reemplazan al equipo médico obstétrico, puericultoras, psicólogas o pediatras. Es una nueva figura en este entramado por fuera del sistema hegemónico. “Los equipos obstétricos que trabajan bien y priorizan los deseos de la mujer están conformes con la participación de la doula. Ven los beneficios: las mujeres llegan más contenidas y el proceso está más aceitado”, contó Verónica Marcote, doula y puericultora, autora del libro Nosotras parimos.

Las mujeres que atraviesan un embarazo, un parto o postparto tienen que salir a defender sus derechos aun existiendo la Ley 25929 de Parto Humanizado, que garantiza derechos sobre los cuerpos, el acceso a información así como también derechos del recién nacido.

“El tema del respeto al momento del nacimiento tiene que ser algo que ya no se discuta más, es un derecho adquirido”, sostuvo Vicente. Desde el sentido común, el concepto de parto respetado circula, muchas veces, como una moda, cuando en realidad la ley data del 2004. Vicente agrega que lo positivo es que esto “obliga de alguna manera a la gente a repensar que hay otra forma”.

Esa otra forma, que se toma como alternativa, fue en realidad la primera, la natural. Con el tiempo la figura del obstetra fue interviniendo cada vez más. “Su profesión está preparada por si hay patologías, pero se terminó involucrando e interviniendo en todo el proceso, llegando a como la conocemos hoy”, expresó Marcote, para quien las formas del parir no están por fuera de la tradición y lo cultural.

Quiroga aclaró que “un parto humanizado no es parir en cuatro sin anestesia”. Vicente sigue la idea: “el respeto tiene que ver con tener en cuenta las necesidades de la mujer y el recién nacido, informar sobre el por qué de los procedimientos que se hacen, permitir que la mujer elija. Que se sienta a gusto, respetarle su decisión en cuanto al silencio, el ruido, la música, la luz, que pueda estar acompañada. Las condiciones de respeto van más allá de las condiciones en las que nazca el bebe”.

El sistema de salud debe acompañar, brindar la información y los recursos para que la persona gestante sea libre de elegir lo que cree mejor. Y en el caso de que la salud requiera intervención, debe existir una comunicación empática y sensible que explique los pasos a seguir.

El acceso a la información fue el gran cambio para Victoria Repetto, cuyo primero y segundo parto se dieron con una diferencia de diez años. Habiendo parido en pandemia expresó que “hace diez años no contábamos con los recursos y la información que hoy es de muy fácil acceso, sobre todo con las redes sociales”. Esto fue lo que le posibilitó tener una mirada diferente sobre su primer parto: “Ahora reflexiono cómo sutilmente te preparaban para ser una ‘paciente’ que no les traiga problemas”. El no gritar, no alterarse, “me felicitaron por ‘lo bien que me porté’. Ahora, con los años, reflexiono sobre este acto de sumisión al sistema médico hegemónico”, manifestó.

Los partos son procesos en los que las mujeres y personas gestantes están expuestas a constantes humillaciones y violencias. Quiroga contó que frases como “si tanto te gustó cuando lo hiciste ahora bancate el dolor” se repiten cuando la persona pide anestesia; o el ignorar el deseo de esperar a que ese momento comience naturalmente, haciendo maniobras sin consentimiento para iniciar el trabajo de parto. En relación a esto, Agustina (quien prefirió no dar a conocer su apellido) relató en diálogo con ANCCOM: “Hace dos semanas y aludiendo a un bebé medio ‘flacucho’ y contemplando los protocolos por COVID en la clínica, [el obstetra] dijo de hisoparme y dirigir el parto”. Ante la duda, realizó una interconsulta con otro obstetra y constató que la condición médica del bebé no era tal, por lo que decidió cambiar de médico y agregó: “Es muy intenso, tomar estas decisiones en el embarazo. Pienso que falta mucha empatía en algunos profesionales de salud”.

La pandemia agudizó las violaciones a estos derechos: relataron las entrevistadas que una de las vulneraciones más frecuentes en este contexto es al derecho tan básico y fundamental como lo es poder parir acompañada.

Elegir de qué manera parir no es una práctica de las clases altas, pero «como no se cumple la ley suele terminar siendo un privilegio», sentenció Quiroga

En este punto, Valeria Wasinger, presidenta de la Unión de Puericultoras Argentinas (UPA), sumó una cuestión importante: “La lactancia tiene que ver con el parto y nacimiento respetado porque muchas veces las condiciones en las que suceden esos partos tienen un impacto muy fuerte sobre las lactancias”. Se sabe que, por ejemplo, no cumplir con el contacto piel a piel durante la primera hora de vida, tiene un impacto enorme en la primera prendida al pecho. Una situación traumática en el parto condiciona el comienzo de la lactancia y el vínculo con él bebe.

Por este motivo, desde UPA se impulsó un proyecto de ley que busca regular la profesión de las puericultoras y además garantizar el derecho de toda mujer y persona gestante a recibir apoyo, asesoramiento y acompañamiento en todo lo que tiene que ver con lactancia materna. El proyecto se presentó en marzo de 2020 y agrega a la Ley 25.929 el rol de la puericultora contemplado dentro de las prestaciones que se brindan en el Plan Médico Obligatorio; por lo que regiría tanto para efectores públicos como privados de la salud. “Sabemos que muchas veces estos derechos son más accesibles dentro de la salud privada, cosa que no debería ser así. Nos interesa que este acompañamiento esté garantizado más que nada en el ámbito público que es en donde más dificultades de acceso se ven”, concluyó Wasinger.

Marcote reflexiona sobre el avance que hubo en cuanto al otorgar derechos a las mujeres, por ejemplo en lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, se siguen viviendo graves violaciones de derechos antes, durante y después del parto. Este reclamo, la mayoría de las entrevistadas coinciden, parece tener un largo camino por recorrer pero Repetto rescata lo valioso del encuentro entre mujeres que generan una inmensa red de apoyo: “No es algo menor tomar conciencia de cómo tantas veces la voz de las mujeres es oprimida y censurada en un momento tan íntimo y trascendente como es el parto”.