Mucha alegría para combatir tanta crueldad

Mucha alegría para combatir tanta crueldad

Una nueva Marcha del Orgullo se desarrolló en el Congreso, pero sobre las veredas porque el protocolo de Bullrich impidió la colocación de un escenario en la calle. A diez años del asesinato de la referenta Diana Sacayán, el colectivo LGTBIQ+ se congregó para seguir exigiendo vivir con dignidad.

Hace 56 años ocurrían las revueltas de Stonewall de 1969, donde un grupo de personas LGBTIQ+ se rebeló contra la policía en Estados Unidos. Desde ese día, cada 28 de junio se rememora este acontecimiento con distintas movilizaciones en diferentes partes del mundo que demuestran que el orgullo es revolución.

La tarde del sábado, un arco iris iluminó el Congreso, poco a poco se empezó a colmar la plaza que daba la bienvenida a todos los manifestantes. El comienzo sufrió algunas complicaciones ya que los agentes de urbanidad le prohibieron a la asociación organizadora armar un escenario para poder dar los discursos y hacer las presentaciones.

Pese a estos contratiempos, se pudieron desplegar sobre la vereda los altavoces, las luces y los micrófonos, y al rato un DJ puso a muchos a bailar al ritmo de la electrónica, cimentando así el ambiente que se potenciaría más tarde.

Yarali Nescano, activista trans analizó en diálogo con ANCCOM, las problemáticas que enfrenta el colectivo en la actualidad: “Seguimos reivindicando la reparación histórica, porque las compañeras adultas mayores de nuestro colectivo no tienen ni siquiera una jubilación mínima, viven con lo que pueden y algunas todavía se siguen parando en las esquinas”.

La Ley de Reparación Histórica, es un reclamo del sector desde hace muchos años para las adultas mayores sobrevivientes de más de 50 años que fueron perseguidas, no sólo en la dictadura, sino posdictadura a través de los edictos contravencionales. “Se trata de un reconocimiento no sólo económico, sino también simbólico a la persecución sistemática de un Estado cruel y violento contra nuestras identidades, contra nuestras existencias y contra nuestras vidas”, explicó Yarali.

Según la publicación Análisis de 12 sentencias a 10 años de de la Ley de Identidad de Género de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, solo una de cada dos sentencias por homicidios de mujeres trans o travestis fueron calificadas con encuadres jurídicos susceptibles de visibilizar la particularidad de las violencias por motivos de género y prejuicio contra la identidad trans/travesti. En correspondencia con esto, María Rachid, exlegisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dialogó con Anccom y explicó: “Hay mucha resistencia por parte de la justicia para aplicar estos agravantes, los jueces en general no consideran la motivación del odio hacia la orientación sexual, identidad de género y de expresión al incluir los agravantes, falta capacitación, protocolos que le den perspectiva de diversidad a los crímenes de odio”.

Por otro lado, un conjunto de organizaciones activistas por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ crearon un observatorio de crímenes de odio. En su informe sobre lo ocurrido en 2024 resalta la problemática que se encuentra a la hora del registro de los casos, ya que hay un subregistro considerable. No a todas las personas trans que son asesinadas se las registra como tales, y no todos los crímenes de odio de lesbianas, gay, bisexuales y de personas de identidades no hegemónicas se visibilizan como tales; sino que por el contrario, en muchos casos, se oculta la orientación sexual y la pertenencia a esta comunidad.

La marcha se caracterizó por denunciar a través de manifestaciones artísticas la realidad que atraviesa el colectivo: bailarines y cantantes tuvieron su momento en el escenario. El folklore fue protagonista de la velada, y al ritmo del chamamé y la chacarera muches se animaron a bailar y los que no, alentaban con las palmas y zapucays.

Cari Perotti, cantante de folclore, habló con ANCCOM sobre el cruce entre la música y la militancia: “No concibo la música sin militancia, siento que tenemos que estar presentes, hoy más que nunca, en las calles y a través del arte, porque el arte es transmisión de emociones, y en este caso, con los tiempos que corren, y con tanto discurso de odio hacia la comunidad, siento que es necesario también transmitir un poco de alegría. Creo fuertemente que estas son las pequeñas revoluciones y sin alegría no es posible, y menos trascender estos tiempos que corren”.

Otra presentación destacada fue la de el grupo Invisibles que busca transformar los conceptos arcaicos del folclore más relacionados a la tradición heteronormativa y los lleva hacia un lugar que contemple la diversidad, además de ser un espacio de denuncia social. La canción que presentaron en el festival que se armó en la marcha: “Del poder sos el gatito mimoso/ Les jubilades son tantos, entre comer o remedio/ Y vos golpeando y vetando”. .

A Milei ni siquiera lo conmueve la tragedia de Bahía Blanca

A Milei ni siquiera lo conmueve la tragedia de Bahía Blanca

El presidente vetó la Ley de Emergencia destinada a la reconstrucción de Bahía Blanca mientras el Hospital Penna sigue con servicios sin habilitar, las calles están poceadas por la fuerza del agua y muchos vecinos aún no regresaron a sus casas.

A tres meses de las inundaciones en Bahía Blanca, Javier Milei vetó la Ley de Emergencia que había sido aprobada por la Cámara de Diputados con 196 votos a favor. Mediante el decreto 424/2025, firmado también por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Gobierno anuló la norma que contemplaba la creación de un fondo especial de 200.000 millones de pesos para asistir y reconstruir la ciudad y sus alrededores.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la decisión en X: “Hoy, casi tres meses después (sí, casi tres meses después), la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos. Por eso, el presidente Javier Milei vetó la ley que duplicaba la asistencia ya dispuesta”. Además, argumentó que ya se implementaron medidas urgentes a través de otro decreto presidencial que creó el programa Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.), haciendo innecesaria una ley adicional.
Pese a las justificaciones y avisos de ayuda ya enviada, instituciones como el Hospital Penna siguen con sectores completos sin funcionar, hay puentes rotos y familias con las casa a medio arreglar porque no alcanzan las ayudas enviadas por la Provincia de Buenos Aires.
También en X , el ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, denunció que tanto Milei como Caputo tienen sin utilizar un crédito del Banco Mundial por  200 millones de dólares, gestionado en 2023, y destinado a emergencias como la de Bahía Blanca. “Si no lo van a usar, por favor, transfiéranlo a la Provincia…”, reclamó.
¿Se implementaron realmente todas las medidas urgentes? ¿Qué se necesita para reparar los daños ocasionados por una inundación de esta magnitud? ¿Cómo continúa la situación en Bahía Blanca, a tres meses del desastre? Para responder estas preguntas, ANCCOM dialogó con la funcionaria de la Municipalidad de Bahía Blanca, Ana Biera -trabajadora social del Hospital Penna y ex jefa de servicio-, y vecinos de zonas especialmente afectadas, que compartieron sus vivencias y las consecuencias que aún persisten.

La reconstrucción

Ana Biera atiende a ANCCOM desde el Hospital Penna, al final de su jornada laboral. Aun con la chaqueta puesta, busca un rincón tranquilo para hablar, aunque el ritmo del hospital se cuela en la conversación: puertas que se abren y cierran, voces que resuenan, pasos que no se detienen. Tras las inundaciones, la trabajadora social se abocó a relevar la situación de más de 1.200 trabajadoras y trabajadores del hospital, respecto a los daños sufridos en sus hogares. Junto a equipos del Programa Cuidar -del Ministerio de Salud bonaerense- y del PROSAMIC (Programa de Salud Mental en Catástrofes), conformaron un grupo de asistencia que no solo entregó insumos, sino que también realizó seguimiento emocional y simbólico a las familias afectadas. Llamaban preguntando cómo estaban y se repetían frases como: “De pronto se llenó de agua”, como algo que irrumpió. Además, la incertidumbre atravesaba todos los relatos. No solo hubo personal afectado en sus casas, muchos estaban en el hospital en el momento del temporal. “Toda la gente que trabaja en el subsuelo, tuvo que salir con los pacientes o intentando salvar insumos vitales, medicamentos, equipamiento de laboratorio”. A eso se sumó el corte de comunicaciones: no podían saber qué pasaba en sus casas, ni con sus familias.

El Hospital Penna, de jurisdicción provincial, cumple un rol clave en la zona. “Todo lo que ocurre en los alrededores termina llegando al Penna”, explica Biera. Destaca el esfuerzo institucional por poner nuevamente en funcionamiento los servicios: “La semana pasada volvió a funcionar Neonatología y la terapia intensiva de adultos. Pero todavía falta: quirófanos, Maternidad, Recursos Humanos”. Asegura que los fondos provinieron mayoritariamente del Ministerio de Salud de la Provincia. “También hubo donaciones, aunque representan una pequeña parte dentro de todo lo que implicó reconstruir el hospital”.

Los testimonios vecinales también dan cuenta de un panorama complejo. Aunque destacan la solidaridad y el apoyo entre pares, los días posteriores fueron críticos. 

La inundación en primera persona

“La revivo y se me pone la piel de gallina”, confiesa Florencia Belardinelli, de 34 años, quien vive con su pareja Melisa en una de las zonas más afectadas por el temporal, el barrio Napostá. “Afuera parecía un río: el agua se llevaba autos y entraba por todos lados”, recuerda. Agarraron unas pocas pertenencias y salieron cuando el agua ya les llegaba hasta las rodillas. “Con una escalera, trepamos por los techos y llegamos a lo de un vecino que tiene dos pisos”, recuerda. “Cuando volvimos la casa estaba dada vuelta. Estuvimos una semana con familia y amigos limpiando, éramos como treinta personas”, recuerda Belardinelli. 

Augusto Morelli estaba solo en su casa del barrio San Agustín cuando comenzó la inundación. “No había escuchado ningún pronóstico. Estaba durmiendo hasta que empecé a escuchar a mi perro ladrar sin parar y él nunca ladra a la madrugada”, recuerda. Se levantó para ver qué pasaba y, al poner los pies en el suelo, el agua ya le llegaba hasta los tobillos. Dos de sus perros estaban subidos al sillón y el que ladraba, arriba de la mesa. Diez minutos después, el agua ya estaba a la altura del colchón. “Ahí entendí que esto venía para rato”. 

En el grupo de WhatsApp del barrio avisaban que a muchos vecinos los habían evacuado. Intentó comunicarse con emergencias, pero las líneas estaban saturadas. “No sabía qué hacer. Llamé a un amigo y le pedí que viniera a ayudarme con los perros”. Cuando su amigo llegó, el agua ya les llegaba hasta la cintura. “Agarré a un perro, mi amigo cargó a otro y el tercero -que es un galgo- se manejó solo, fue nadando todo el trayecto”. Concluye: “La sensación de abandonar tu casa, sin saber qué va a pasar, es muy fea”. 

Valentina Vercelli, de 34 años, vive sola con su perra en el barrio Pedro Pico. Cuando empezó la inundación, intentó contener la entrada de agua. Pero pronto entendió que la situación no se resolvería rápido y cambió de estrategia: pasó a evaluar posibles vías de escape. “Afuera, el agua arrastraba a todos los que intentaban salir, así que quería evitarlo. Pero si seguía subiendo, no iba a tener otra opción”, recuerda. Se preparó con su perra por si era necesario evacuar y se subieron a la mesa del comedor a esperar. Pasaron allí desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde. El agua llegó a alcanzar unos cincuenta centímetros dentro de la casa. Cuando finalmente comenzó a bajar su mamá y su hermano lograron llegar a buscarla. 

El miedo sigue muy presente entre los bahienses: “Se anuncia lluvia o viento y se cancelan todas las actividades, la gente tiene miedo de salir. Falta que recuperemos la tranquilidad”, reflexiona Vercelli. Morelli coincide: “El miedo sigue, queda esa herida abierta”. Belardinelli y su pareja están haciendo terapia para enfrentar las secuelas: “Nos dimos cuenta de que necesitábamos ayuda para seguir adelante, porque el trauma que te deja esto es muy grande”, cuenta. Además, aún lidian con las pérdidas materiales. En su casa las puertas no cierran bien, el piso sigue húmedo y las paredes se descascaran. Por ahora, viven en un departamento prestado hasta poder terminar de reparar su casa. Vercelli menciona manchas de humedad y techos que necesitan mantenimiento. 

Tanto Belardinelli como Vercelli accedieron al subsidio provincial y al nacional. “Sirve, pero no alcanza”, resume la primera. “Los arreglos más grandes los hicimos gracias a un crédito del Banco Provincia. El subsidio llegó recién hace dos semanas”. Vercelli coincide: “Me ayudó, aunque lo recibí varios meses después”.

Belardinelli también advierte que la ciudad está lejos de haberse recuperado. “En los barrios más alejados las calles siguen destrozadas. Incluso en el centro hay pozos sin reparar desde la inundación. Los puentes del canal Maldonado siguen rotos. El arreglo de la ciudad va muy lento”, lamenta. Para Morelli, el episodio evidenció una gran falencia estructural: “La ciudad no está preparada para enfrentar algo así. Faltan sistemas adecuados para prevenir y manejar inundaciones de esta magnitud”, advierte.

Las respuestas que aún faltan

Gracias al relevamiento que coordinó, Biera ofrece una mirada integral. “Nos sigue llegando gente que está en sus casas y no resolvió todo -sostiene-. Vino el invierno y no han podido terminar de arreglar la casa o de comprar todo”. Subraya la desigualdad en la recuperación: “Hay quienes pudieron rehacer una pared, revocar, comprarse una cama. Pero otros no y tampoco recibieron la ayuda necesaria”. Biera considera que el estado de emergencia debería continuar: “Bahía Blanca viene de un año y medio de catástrofes: el tornado, el temporal, la pedrada de enero. Es una ciudad golpeada por el clima. Merece otra consideración”.

Un funcionario de la Municipalidad de Bahía Blanca que prefiere no dar su nombre contó a ANCCOM que el veto presidencial fue recibido con desconcierto. “La expectativa era que la ley se reglamentara y se pusiera en marcha”, afirmó. Según explicó, las medidas implementadas hasta ahora por el Gobierno nacional resultan insuficientes frente a la magnitud de los daños. “Aún hay una gran cantidad de vecinos que consulta por el acceso a subsidios”, señaló y remarcó que prácticamente todos los sectores necesitan algún tipo de asistencia. Si bien el municipio y el gobierno provincial brindaron ayuda a sectores productivos y comerciales, aún queda mucho por hacer. Desde el ámbito local se insiste en la necesidad de sostener la actividad económica: “Si estos sectores tienen que achicar gastos, eso impacta directamente en el empleo”, advirtió el funcionario. También destacó el acompañamiento constante del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tanto en términos económicos como en presencia territorial. 

Por su parte, Biera remarca el valor de la organización comunitaria en contextos de emergencia: “La solidaridad se activa en momentos clave, y nadie duda de que hay que salir y organizarse para ayudar”. Sin embargo, enfatizó que la respuesta no puede recaer únicamente en la sociedad civil: “El rol del Estado es irremplazable. En una inundación, la pérdida es inconmensurable. El Estado tiene que dar respuestas; debe ser ese espacio que devuelva colectivamente todo lo que recoge colectivamente. No sólo a través de recursos económicos, sino también mediante programas, contención y acompañamiento tanto material como simbólico”.

Bullrich se quedó con las viviendas del Plan Procrear

Bullrich se quedó con las viviendas del Plan Procrear

Unas 160 familias que habían sido sorteadas como beneficiaras de viviendas en el edificio Sagol denuncian que la ministra de Seguridad se las entregó a miembros de las fuerzas que comanda.

Casa propia: ¡Afuera! El 23 de noviembre de 2023 160 familias recibieron por medio de un sorteo público de la Lotería Nacional una vivienda, aún en construcción, en el predio Sagol I de Avellaneda. Sin embargo, sin explicación, en junio de este año les llegó otra noticia: el Ministerio de Seguridad de la Nación, comandado por Patricia Bullrich, dispondría de esas viviendas para entregarlas a integrantes de las fuerzas federales. Esto efectivamente ocurrió el 10 de junio, mientras se conocía la sentencia a la expresidenta Cristina Fernandez, quien fuera la ideóloga del Procrear en 2012.

El predio Intendente Raúl Sagol está en la calle Mariano Acosta al 400 entre Sagol y Díaz Vélez, en el municipio de Avellaneda. Es un edificio construido sobre un terreno que le cedió la municipalidad a la nación para esos fines. Tiene capacidad para 160 familias, cada departamento tiene entre 45 y 60 metros cuadrados y tres de ellos estaban destinados para personas con discapacidad.

El Plan Procrear (Programa de Crédito Argentino) se inició el 12 de junio de 2012 cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba la construcción de 100 mil viviendas en el plazo de cuatro años. Este programa tenía diferentes líneas de crédito para la casa propia u otras mejoras.

Alexander Zalazar, uno de los beneficiarios del sorteo PROCREAR.

Sin techo

La mayoría de los adjudicatarios del edificio Sagol recibió su departamento en el último sorteo del programa, el 23 de noviembre de 2023, durante la presidencia de Alberto Fernández. Pero las familias denuncian que con el cambio de gobierno nacional y la asunción de Javier Milei las gestiones administrativas quedaron congeladas. Tal es el caso de Andrea Staffolani que en diálogo con ANCCOM contó: “Me hicieron la verificación ambiental, después me hicieron presentar todos los papeles, partida de nacimiento, situación crediticia, veraz, recibos de sueldo y de ahí en más fue esperar que nos citara el Hipotecario”.

La respuesta ante sus consultas a los diferentes entes mediadores, como el Banco Hipotecario o Desarrollos Urbanísticos, siempre era la misma: “Estamos esperando órdenes”. El problema no era sólo administrativo: las obras también estaban detenidas. El municipio agregó carteles rojos con letras blancas que advierten “Obra paralizada por el gobierno nacional” en todos los afiches de Procrear que están en la vía pública.

Son 160 familias despojadas del derecho a la casa propia, al menos 500 personas. “Yo alquilo hace más de 30 años, siento que era la última oportunidad que tenía de acceder a un crédito hipotecario, de tener mi casa», manifestó Staffolani.

Silvia Navarrete, jubilada. 

Silvia Navarrete, jubilada, quien alquila con su hermana comentó que ante esta situación tuvo que mudarse, con todo lo que eso implica: “Nos robaron. No nos vamos a rendir. Nosotros estamos en lucha, acá estuvimos y vamos a estar”.

Por su parte, la docente Romina Caccione, contó que cuando salió sorteada “fue un momento de mucha alegría en toda la familia: ¡te ganaste el derecho a tener una casa!”. En el abrazo al edificio Caccione remarcó que “la indignación es total porque los dueños estamos esperando para hacer efectivo el crédito que ya teníamos asignado”.

Las familias están organizadas, tienen un perfil de Instagram @sagolenlucha, al que se están sumando muchas personas que aún no estaban enteradas de la situación. Hicieron una presentación a través del Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García. El plazo de 10 días hábiles para que el gobierno responda vence la semana entrante. De no tener respuesta, iniciarán un amparo colectivo. Además, el letrado Leonardo Martínez, representante legal de los damnificados, elevará una denuncia penal contra Patricia Bullrich, “todos los que usurpen nuestras casas van a ser cómplices de esto y les va a caer el peso de la ley, les corresponde porque son cómplices de una estafa”, sentenció Navarrete.

Las universidades están que arden

Las universidades están que arden

Frente a la falta de respuesta la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, docentes, no docentes y estudiantes volvieron a las calles para denunciar la grave situación salarial y el congelamiento presupuestario. Exigen la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El jueves 26 de junio se realizó una nueva marcha universitaria que partió desde la Plaza Houssay, desde allí se inició un corto trayecto que finalizó en la degradada Secretaría de Educación. Docentes universitarios y del Nivel Secundario, estudiantes y agrupaciones políticas, nucleadas en el Frente Sindical, portaron antorchas caseras como elemento simbólico para visibilizar su reclamo: recuperación de salarios, aumento de becas para estudiantes, mayor presupuesto para ciencia y tecnología, y un incremento del presupuesto para las universidades nacionales.

La impaciencia frente al vaciamiento universitario se hacía escuchar en los cánticos: “Si el presupuesto no está/ qué quilombo que se va armar/ ocupamos las calles y tomamos la facultad”. En la gestión del Gobierno de Javier Milei ya se han llevado adelante cuatro movilizaciones universitarias multisectotiales que se realizaron en diferentes momentos entre el año anterior y este, sin embargo, el reclamo sigue siendo el mismo, porque las soluciones no llegan.

Según datos analizados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en términos reales, el presupuesto para 2025 es un 9 por ciento inferior al del año pasado y acumula una caída del 33 por ciento desde 2023.En este sentido, el presupuesto universitario es el más bajo desde 2006 y la inversión por estudiante es la menor desde 2005.

Clara Echevalier, de la Universidad de Florencio Varela Arturo Jauretche, y secretaria general del Sindicato de Docentes de esa casa de estudios, declaró a ANCCOM: “”Estamos marchando porque el sistema universitario argentino tal cual lo conocemos, con el orgullo que es para la sociedad corre riesgo de desaparecer si sigue siendo afectado presupuestariamente”. Por su parte, Ricardo Aguirre, quien trabajó en la escuela preuniversitaria Carlos Pellegrini durante 30 años, sumó que se moviliza por el bajo nivel salarial de los docentes y el achicamiento de la infraestructura.

Iluminada por la luz de una vela, Dylan Angolosia, estudiante en arte de la escritura de la UNA y presidenta del centro de estudiantes reflexionó: “Un docente es un profesional que se formó y te está enseñando a ser un profesional, pero más allá de eso, la paga que les dan refleja en la calidad de la clase que te pueden impartir”. Por otro lado, la estudiante le recrimina a los legisladores su último aumento del sueldo: “¡A nueve palos y medio!” Ese dinero deberían dirigirlo al pueblo”.

Hasta el momento, los sindicatos universitarios no han sido escuchados, ya que desde diciembre 2023 hasta abril del 2025, la inflación medida creció un 204,8%, mientras que el aumento de sueldos del sector fue del 90,4%. Al reclamo por las condiciones salariales, de infraestructura y presupuesto, ayer también se sumó la exigencia de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización, además, estuvo acompañada por un paro de 48 horas que finalizará este viernes, convocado por Conadu, Conadu Histórica, Fagdut y CTERA.

“El presupuesto se tiene que conquistar en las calles”, aseguró Lula Wallman, secretaria del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) en representación de las agrupaciones La Fuga y Ya Basta. “No creemos que esto se vaya a resolver en el Congreso –agregó-, donde sabemos que hay proyectos de ley en danza. Este es el Congreso donde sale lo que Milei quiere y lo que no, y Milei lo veta. Así que la confianza está en las calles y no en las instituciones”, agregó.

Néstor Di Milia, profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires y secretario gremial de la AGDUBA, explicó que en la actualidad hay miles de docentes renunciando a sus cargos “porque no les alcanza para vivir y buscan otra salida económica y eso trae como perjuicio hacia el futuro la calidad de las universidades argentinas”. En cuanto a los próximos planes, el gremialista expresó que se realizarán, como se viene haciendo, actividades de visibilización de los reclamos hacia adentro de las universidades y de los colegios preuniversitarios.

La marcha de antorchas no ocurrió solo en la Ciudad de Buenos Aires, se replicó en otras ciudades con la intención de que la llama se expanda para que el reclamo por una educación digna y de calidad sea visto por toda la sociedad y en el Congreso de la Nación que aún adeuda la sanción de una ley que la garantice.

“Yo nombraba a quienes sabía que ya no estaban en el país”

“Yo nombraba a quienes sabía que ya no estaban en el país”

Un sobreviviente de la Brigada Aérea de El Palomar y la hija de una secuestrada en la Mansión Seré que logró salir con vida de allí declararon en una nueva audiencia del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en el circuito represivo del oeste bonaerense.

“Esta clase de vivencias no podían ser habladas con nadie en aquellos años. Los efectos están a la vista. Los recuerdos me conmueven como si los hubiera vivido ayer”, relató Daniel Ricardo Diulio, sobre las consecuencias de haber sobrevivido al cautiverio en la Brigada Aérea de El Palomar. La vigésimo quinta audiencia de debate por la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II, se desarrolló de manera dinámica y rápida, con apenas hora y media de duración.

El primer declarante, Daniel Diulio, participó anteriormente en la instrucción realizada por el Juez Daniel Rafecas. En aquella oportunidad reconoció fotográficamente al imputado de esta causa José Juan Zyska, excabo 1° de la brigada donde estuvo detenido. En la declaración que fue leída durante esta audiencia, Diulio había encontrado similitud entre una fotografía de Zyska por “el corte de la cara, el bigote, y las cejas”, con los rasgos del guardia “que tenía más rango que el resto” y se apodaba El Puma”.

Juan Carlos Rubic, a quien identificó en dicha instrucción como “Capitán Roberts”, fue quien les aseguró que estaban detenidos en la ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada). “Yo me quedé con eso hasta que en mi primera declaración ante la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) describí el espacio donde estuve detenido. Un especialista determinó que el croquis armado con mis descripciones no tenía coincidencias con la ESMA. Al tiempo me volvieron a llamar, porque el croquis armado con las declaraciones de otra detenida coincidían en espejo con el mío”, relató el testigo sobre el momento en que conoció que sus 15 días de secuestro fueron en la  Brigada Aérea de El Palomar. Tomó sentido así un paño que había visto colgado durante el cautiverio y que le llamó mucho la atención, con la inscripción Fuerza Aérea Argentina.

Diulio relató, además, que fue el mismo genocida quien les explicó que estaban allí porque los “había marcado” Daniel Darío Palomeque. “El Capitán Roberts, a cara descubierta, nos dijo que Daniel era irrecuperable para la sociedad y que lo iban a matar. En cambio, a nosotros como no teníamos nada que ver, nos iban a liberar. A Daniel lo conocía del comedor universitario, había estado viviendo en mi casa un tiempo, y alternativamente en casa de otros compañeros”. El testigo dijo intuir que “aunque nos dijeron que nos liberaron por no estar involucrados con los hechos que ellos consideraban delictivos, estimo que lo nuestro fue en realidad una juntada de gente al boleo, que coincidimos en que Daniel Palomeque nos conocía”, ya que él no reconoció a ninguno de sus compañeros de cautiverio que eran “no menos de 5 o 6 en la habitación”.

Cuando se presentaron en su domicilio de La Plata, ciudad donde estudiaba Medicina, “golpearon la puerta diciendo ser Daniel. Eran más de las 10 de la noche y, como me demoré en abrir, comenzaron a golpear y dar patadas a la puerta hasta que entró un grupo de personas. Me ataron las manos, taparon los ojos y me subieron a la caja de una camioneta. Me hicieron marcar la casa de una compañera de estudios, que por suerte no estaba esa noche. Siguieron con un recorrido de largo rato, dando varias vueltas y subiendo gente a la caja del vehículo”, relató Diulio sobre el momento del secuestro. El suceso fue en el mes de septiembre de 1978, tiempo en el cual declaró no tener militancia. Sin embargo, mencionó que hasta 1974 participó en la FURN (Federación Universitaria de la Revolución Nacional), “una organización universitaria peronista. Fui militante de superficie, es decir, no colaboré dentro de organizaciones armadas. Cuando se formó la JUP (Juventud Peronista), me aparté”.

El sobreviviente relató que durante los interrogatorios, “me preguntaron por mi filiación política. Para no comprometer mi situación dije que era un estudiante de familia radical. Pero una voz detrás mío me dijo que no mienta, que había participado en una marcha cuando Juan Domingo Perón había vuelto a la Argentina y que era de la Juventud Peronista. Como les había mentido me comenzaron a golpear y pegar. Yo no conocía a esa persona, pero claramente ella sabía sobre mí”. De la habitación con colchones en el piso que compartían con compañeros de cautiverio, era trasladado a otra donde se hacían las sesiones de tortura. Sobre estas, recordó que “me hacían acostar sobre un elástico y desvestir. Me ponían la picana eléctrica en todo el cuerpo mientras me preguntaban por gente y me pedían que diera nombres. Yo nombraba a quienes sabía que ya no estaban en el país”.

La segunda declaración de la jornada fue la de Adriana Beatriz Basualdo, testigo del secuestro de su madre Juana Elsa Ulloa, ocurrido el 13 de abril de 1977 en el domicilio de su familia en Ituzaingó. A la vivienda ingresó un grupo de personas “encapuchadas y vestidas de negro, que mataron a nuestros perros. A mis hermanos mayores y a mi padre los golpearon, a mi madre la encerraron en el baño. Mi hermano menor y yo fuimos apartados en otra habitación en la que nos apuntaban a la cabeza con ametralladoras. Sobre mi cama pusieron un bolso lleno de granadas y armas. Yo pedía por mi mamá y recuerdo que un hombre de ojos celestes me dijo que no le iba a pasar nada. Se la llevaron en el baúl de un Ford Falcon después de romper y dar vuelta toda la casa”, explicó la testigo que tenía 12 años al momento de los hechos.

Luego continúo la declaración, ya no con lo que vio en primera persona y la convierte también en sobreviviente, sino a partir de los relatos de su madre sobre lo vivido en el centro clandestino de detención. “A mi mamá la violaron y le lastimaron todo el cuerpo. La interrogaban constantemente y la torturaban con picana eléctrica, principalmente en sus partes íntimas. Incluso hacían simulacros de que la iban a matar. Ella me contó que escuchaba a otras personas detenidas pero que nunca las vio. Recordaba particularmente a una señora que trabaja en un banco y que estaba embarazada. Escuchó cómo a esa mujer le decían ‘¿te sentís más liviana ahora que te sacamos el guacho?’. Mi padre había hecho una denuncia sobre la desaparición de mi madre, pero se la rompieron en la cara. A través de un amigo de la familia supimos que ella estuvo en Mansión Seré.” Aunque fue liberada luego de un mes, “nuestra familia se sintió siempre vigilada”, dijo Basualdo. Juana Ulloa, en aquella época, trabajaba en la Escuela Primaria N°113, “haciendo la comida para los chicos. Conocía y tenía algunos amigos que militaban. Pero no era su actividad”.

Como ya ha sucedido en audiencias pasadas, la Defensa objetó la incorporación de las declaraciones previas de la testigo. Por ello, Manuel Castro, el abogado defensor privado de José Juan Zyska y Ernesto Rafael Lynch, comenzó el interrogatorio de Basualdo preguntándole si se consideraba víctima de la última dictadura militar y pidiendo detalles sobre las secuelas del secuestro, la vigilancia y las “visitas” posteriores. Esta actitud de los abogados defensores fue una constante a lo largo de las audiencias: intervenir elevando el tono de voz, tutear a los sobrevivientes y hasta confundir sus nombres. Ya ha sucedido en este juicio que en la misma audiencia, como en esta, coinciden testimonios relatados por primera vez junto a otros que deben volver a revivir el dolor para ser oídos por defensores de bufetes privados cuya estrategia pareciera ser revictimizar y extender al infinito el proceso judicial que involucra a sus clientes alejando a los sobrevivientes de la justicia y la verdad.

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Finalizadas las dos declaraciones, la próxima audiencia de este juicio quedó programada para el 8 de julio a las 12 horas.