Los vecinos de Floresta, a un mes del derrumbe

Los vecinos de Floresta, a un mes del derrumbe

Recién pudieron recuperar lo que quedaba de sus pertenencias, fueron alojados en hoteles y denuncian el robo de dinero y artículos electrónicos.

«Por ahí no”, “Se va a caer”, “¡Cuidado abajo!”, le gritó una vecina a otro mientras este deslizó una cama de dos plazas desde el balcón del primer piso a la planta baja tan solo con una cuerda delgada y floja de nudos, pero sujeta a la esperanza de poder reutilizarla en su nuevo hogar temporario. “¡Apúrense!, ¡Ya, de una vez!, ¡Ya nos vamos!”, exclamó uno de los efectivos de chaleco amarillo flúor que, a pesar de la intensidad de su voz y la presión que ejerció sobre la gente que sostuvo en brazos lo que les quedó de pertenencias, no desvió la atención principal de todos los transeúntes: los vecinos del derrumbe de Floresta por fin recuperaron sus pertenencias,  aunque con amargas e “indignantes” sorpresas, luego del impactante colapso estructural que cobró la vida de tres personas. 

 A poco más de un mes del derrumbe que ocurrió el pasado 25 de abril en la casa ubicada en la Av. Rivadavia 8750, la acera continuó húmeda por las fuertes tormentas de aquellos días y los vecinos, sin importar el pronóstico del tiempo, trabajaron a la par, todos juntos y así recuperaron lo que les quedó debajo de los escombros, desmoronamiento que enlutó a tres familias de la colectividad peruana residentes en la Comuna 10 de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Con el cielo gris que amenazó un segundo round meteorológico, Fidel Gamarra, representante de la cooperativa de sus vecinos, brindó una entrevista a ANCCOM, único medio presente a 30 días del fatal suceso en donde fallecieron la nena Gabriela de 12 años, el joven Jefferson de 19 y Felícitas de 72, una mujer adulta mayor que fue hallada tres días después entre los escombros. “Somos casi 35 familias, de las cuales pudimos ingresar una parte solamente a recuperar cosas personales, pero hubo mucho faltante de dinero”, expresó. 

 “Después del derrumbe, vino un Grupo Mitre de la empresa tercerizada del Gobierno de la Ciudad y trabajó con las excavadoras, un amigo del edificio vecino nos contó que estaban robando nuestras cosas en bolsas”, aseveró, hecho que los indignó ante el “saqueo” en medio de la desgracia. “Yo hablé con el comisario César Bustos y le mostré el video. Luego sorprendimos a los siete personales con chaleco amarillo que estaban bolsiqueando todos los bolsos. Todos los dólares y pesos se los metieron al bolsillo”, continuó. 

Narrado el hecho de cómo fue la requisa a los trabajadores que, en vez de excavar y sacar los escombros extrajeron algo más para su propio beneficio, Fidel asentó: “Ese día los sorprendimos con 200.000 pesos en los bolsillos, pero ellos vinieron a trabajar días anteriores”, por lo cual los vecinos aseguraron que la suma total del “robo” monetario sería muchísima, ya que son más de 35 familias las que vivían de manera hacinada en la casa de Floresta. Los vecinos ya tomaron cartas sobre el asunto contra los que fueron descubiertos “robando” en la casa de Floresta y denunciaron el hecho, acusación que sigue en curso.

 Con el reloj en contra, los damnificados ingresaron a las corridas a la casa y sacaron, en incontables bolsas negras, toda una vida que se desplomó de un momento a otro y sepultó el sueño de muchas familias de salir adelante lejos de su tierra natal, ya que, como les gusta subrayar, “todos son laburantes y buenos vecinos” de la zona. “Somos manteros, remiseros, albañiles, amas de casa, gasfiteros, cuidadores de ancianos. Todos trabajamos honradamente”, recalcó el Julio Cabezas, suegro del joven de 19 años que falleció a tan solo dos meses de su llegada a la Argentina en búsqueda de un futuro mejor. 

 Por si fuera poco, “la dueña no apareció”, razón por la que Fidel exigió “una charla con la heredera de la casa para llegar a un acuerdo”, pues, el Gobierno de la Ciudad puede reconstruirles la vivienda, pero el terreno no es de la propiedad de los inquilinos afectados. 

 “Entré por primera vez después del derrumbe y toqué las paredes mientras caminaba lentamente. Yo la pinté, hice toda la iluminación, algunas conexiones de agua y membranas. Conozco todos los rincones”, relató el vecino Fidel, mientras que Julio aún no sacó de su memoria el insólito momento en el que su hija enviudó: “Jefferson estaba al lado mío en el sillón. Se empezó a escuchar como si cayera granizo, y lo que sucedió es que se estaba partiendo por debajo. Yo le dije ‘voy a salir a ver que pasa’. En ese mismo momento que salgo, se cae todo abajo, ¡parecido a las películas!. Mi yerno no tuvo la suerte de sobrevivir. Estoy triste”. 

Incluso Persy Manga Fernández, secretario de la cooperativa de vecinos que piden una solución habitacional por medio de un préstamo para adquirir un hogar digno, también se manifestó al decir que están dispuestos a pagar por vivir en una nueva casa, pedido al que también se le sumó el representante Fidel, “Nosotros queremos una solución ahorita. La solución es que nos den una casa a cada familia que pueda pagar, siempre y cuando haya una propuesta”, aclaró. 

 Poco a poco y con las aisladas gotas de lluvia que cayó al atardecer, las pesadas bolsas las cargaron hombres, mujeres y hasta niños. El flete se llenó a tope con heladeras, placares, juego de mesa, muebles, televisores, ollas de cocina, lámparas, camas, colchones, maletas, etc., y fueron derivados a sus nuevos hogares temporales, hoteles para damnificados que les brindó el Gobierno de la Ciudad, pero con fecha de expiración.

 Si bien los representantes del Consulado peruano “no dieron ayuda moral, económica ni atención psicológica” para sus connacionales más que agilización con trámites de documentación que perdieron en el derrumbe, el Gobierno de la Ciudad les brindó alojamiento en hoteles del centro porteño hasta terminar mayo con las tres comidas incluidas, además de un subsidio económico por familia. 

 Por otro lado, les ofrecieron también un galpón para que dispongan de él y guarden sus pertenencias, pero les resultó poco confiable luego de que experimentaron el robo de algunos aparatos electrónicos y de dinero en la casa, tema que ya es tratado por los abogados de la cooperativa al tener material audiovisual que respalda la versión de los vecinos. 

La nostalgia y la incertidumbre los invadió por completo y reconocieron que han perdido mucho más que un hogar con el derrumbe. Que la “impotencia de no vivir más” en la avenida Rivadavia es algo que no se irá de la noche a la mañana, pero, muy devotos al cristianismo, agradecieron “a Dios por estar vivos”. 

 Los damnificados de la casa de Floresta que fueron reubicados en hoteles, tenían como fecha límite para irse el pasado miércoles 31 de mayo. Llegado el día, los vecinos charlaron con las autoridades del Gobierno de la Ciudad quienes les dieron la siguiente solución: Distribuirlos en cuatro hoteles de ayuda —en los barrios de Flores, Almagro, San Telmo y el Centro de la ciudad— y un bono de 350.000 pesos por familia solo sí presentan papeles para un nuevo alquiler.

 Sin embargo, los vecinos no están conformes con la solución brindada. “Hay hoteles de ayuda que no son aptos para vivir porque tienen suciedad, cucarachas, telarañas y hasta humedad, cosas que no son buenas para los niños”, sostuvo Fidel Gamarra. 

 Por último y no menos importante, si no hay solución a los pedidos de la mesa de trabajo, sumado a la precariedad de los nuevos hoteles, los vecinos están decididos a “acampar pacíficamente a las afueras de la casa” de Floresta en modo de protesta este primer fin de semana de junio:  “Vamos a cerrar la Avenida Rivadavia. Vamos a seguir luchando porque quedaron 15 vecinos que no sacaron sus pertenencias y no nos han dado una solución definitiva al problema”. 

La utopía de alquilar un departamento

La utopía de alquilar un departamento

Cada vez hay menos inmuebles para vivir, mientras crecen los alquileres temporarios a turistas. La ausencia de una política de vivienda y de regulaciones estatales agravan la situación.

Tras una reunión que mantuvieron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa a principios de abril, trascendió que el Gobierno analizaría reformar la Ley de Alquileres. Los rumores generaron incertidumbre en el mercado inmobiliario e incluso muchos contratos a punto de firmarse quedaron frenados. Días más tarde, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta lanzó un paquete de medidas para promover el alquiler de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, en un contexto de escasez de oferta, aumentos por encima de la inflación y buena parte de los precios dolarizados.

“No tengo nada en este momento”. “Si tengo algo, ya está reservado”. “Hace dos semanas que los contratos no se mueven”. Son las respuestas de agentes inmobiliarios del barrio de Palermo cuando se les pregunta por la posibilidad de alquilar un departamento. “Muchos propietarios han decidido retirar sus inmuebles del mercado porque con las condiciones que establece la ley, ya no les es rentable”, asegura Diego Migliorisi, abogado especializado en derecho inmobiliario.

Entre los aspectos controvertidos de la ley se destaca un ajuste anual y contratos de tres años (antes eran dos). “En un contexto económico cuya inflación en 2022 fue del 94,8 por ciento, alquilar un departamento bajo estas condiciones hace que el propietario salga perdiendo”, afirma José Rozanos, director de Reporte Inmobiliario. En marzo la inflación interanual fue del 104,5 por ciento, según el INDEC.

Sancionada durante la pandemia, la Ley de Alquileres ha recibido diversas críticas. Federico Poore, periodista especializado en temas urbanos, considera que con la ley los propietarios se aseguraban un ingreso y los inquilinos un techo, en un contexto de alta incertidumbre desatado por la pandemia. Desde la perspectiva de las inmobiliarias, Rozanos sostiene que la ley fue inoportuna, porque ya en ese momento el ajuste anual del inmueble perdía contra el índice de inflación.

Del lado de los inquilinos, está Lautaro, de 24 años, en búsqueda de un monoambiente. “Me quiero mudar, sé que es un gasto elevado. Trato de calcular todo en dólares porque con los precios en pesos no podés tener una idea”. A Fiorella, mientras tanto, dentro de un mes se le vence el contrato y debe cambiar de casa. “Hoy es así, si vas a ver un departamento tenés que ir con la plata en la mano porque no hay un mañana”, cuenta en relación a la demanda que existe en el mercado. “El otro día fui a ver una pieza de un conventillo y delante mío había diez personas más esperando entrar”, agrega. Además, “el dueño tiene un abanico de opciones, puede poner los requisitos que quiera: que el inquilino cuente con recibo de sueldo, que no tenga mascotas, que no tenga hijos”, concluye.

Cynthia Goythía, directora del Centro de Investigación de Política y Vivienda de la Universidad Torcuato di Tella, sostiene que el problema de la escasez se ve agravado por el desplazamiento de la oferta hacia alquileres temporarios a través de plataformas como Airbnb y Booking. Según los datos de Inside Airbnb, en la Ciudad de Buenos Aires existen 22.716 unidades disponibles para alquilar por al menos tres meses, mientras que para alquilar de modo permanente el número desciende a 1.100. “Con sólo ocho días de alquiler a través de la plataforma es posible generar un ingreso similar al alquiler mensual promedio de un departamento permanente”, fue una de las conclusiones que arrojó el informe publicado por el Centro de Estudios Metropolitanos. Es decir que, un departamento en Recoleta, ocupado durante veinte días todos los meses, al final del año rinde cuatro veces más que si se lo alquila mediante un contrato tradicional.

Según datos del Centro de Estadísticas y Censos de la Ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, el 36,1% de los hogares son rentados. Quizás por eso, en tono de campaña electoral, el Gobierno porteño lanzó un paquete que incluyó tres medidas: una bonificación del 70 por ciento sobre el seguro de caución para los propietarios; un sistema de créditos por tres veces el valor del alquiler para que el inquilino pague en cuotas, y un sistema de créditos destinados a la refacción y mejora de condiciones del inmueble.

“El problema de fondo no se puede resolver mediante las atribuciones que Larreta tiene como jefe de Gobierno –subraya Rozanos–. El problema de porqué no funciona la Ley de Alquileres y los créditos hipotecarios es la inflación y la caída de los ingresos en términos reales. Eso amerita una política económica que excede las medidas que tomó el Ejecutivo porteño”.

En Parque Patricios, 106 familias temen por su inminente desalojo

En Parque Patricios, 106 familias temen por su inminente desalojo

En Casa Santa Cruz, se agotan las esperanzas y no aparecen las respuestas del Gobierno de la Ciudad. En CABA se produce un desalojo por día.

A la falta de políticas públicas para promover el acceso a la vivienda en CABA se suma un Estado que prioriza los negocios inmobiliarios. Los desalojos representan la máxima expresión de las problemáticas habitacionales, pero lejos de ser una excepción, ocurren permanentemente. En estos días 106 familias que viven en Casa Santa Cruz, en el barrio de Parque Patricios, pueden sumarse a una estadísticas que asustan.

 Un desalojo por día

Cuando una persona es desalojada recibe una derivación del BAP (programa Buenos Aires Presente) para cobrar un subsidio habitacional y costearse, se supone, una habitación de hotel. Gigi Krein, referente de Consejerías de Vivienda, organización que aborda la problemática del acceso a la tierra y la vivienda, asegura que en el último año en CABA hubo aproximadamente 365 desalojos. La información se obtuvo a través de un pedido de acceso a la información pública a la Dirección General de Atención Integral Inmediata, para conocer la cantidad de derivaciones para cobrar subsidios habitacionales otorgados por desalojos.

Este organismo brinda asistencia a personas en situación de calle y gestiona una red de alojamientos “.para atender la emergencia habitacional en la ciudad”, tal como detallan en su página web. La respuesta fue que llegaron 137 derivaciones a personas o familias desalojadas. Krein aclara: “Esas cifras solo incluyen desalojos formales a los que hay que sumar también los desalojos en piezas de hoteles, villas, y pensiones, que suceden sin juicio mediante, y a aquellos que recibieron la derivación y no cobraron el cheque. Así, estimamos que en 2022 en CABA hubo un desalojo por día”.

Casa Santa Cruz

La estadística de la situación habitacional en CABA dará un salto repentino de concretarse el desalojo de las 106 familias que viven en el edificio ubicado en la calle Santa Cruz al 140, en Parque Patricios. Los vecinos y vecinas transitan un proceso judicial de desalojo desde el 2010.

El edificio se encuentra en la manzana situada entre las calles Santa Cruz, Finochietto, Uspallata, y Juan Carlos Gómez, frente al Parque Florentino Ameghino, sus habitantes le dieron el nombre de Casa Santa Cruz. El predio funcionó como fábrica de toallas de la empresa textil SELSA hasta su quiebra a mediados de los noventa. Entre los años 2002 y 2006, la crisis económica y social del país obligó a vecinos y vecinas de la zona a refaccionar el predio y habitarlo para evitar vivir en la calle.

En el año 2010, el empresario hotelero Leonardo Ratuschny compró por 1.550.000 pesos el inmueble habitado por 106 familias a través de una subasta. Su objetivo era hacer un negocio inmobiliario de alquileres temporales por lo que inició el juicio de desalojo de inmediato. Jonatan Baldiviezo, el titular del Observatorio de la Ciudad, que acompañó a los vecinos y vecinas de Casa Santa Cruz en los conflictos a lo largo de los años, señala en su informe sobre el caso: “Ratuschny aparece, además, como demandante en múltiples juicios por desalojo, que evidencian la estrategia económica de comprar edificios habitados por bajo costo, para luego abordar el desalojo de los mismos por medio de instancias judiciales”.

En el 2014, a raíz de la denuncia de desalojo, las familias de Casa Santa Cruz registraron la cooperativa de viviendas Papa Franciso en el marco de la Ley N° 341 de CABA. Un año después, a pedido de los habitantes, se organizó una audiencia en donde estuvieron presentes representantes de la cooperativa, del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y el dueño para plantear la posibilidad de una compra. Según el informe del Observatorio de la Ciudad, Ratuschny en esta ocasión valuó la propiedad en 30.000.000, mientras el Tribunal de Tasaciones de la Nación, por la entonces Secretaría de Hábitat, lo hizo en $8.000.000. Así las cosas, no se llegó a un acuerdo.

Estado ausente

Iliana Llanos, presidenta de la cooperativa Papa Francisco, cuenta: “Nosotros hemos agotado los recursos judiciales. Solo nos queda esperar a que el oficial de justicia programe un día y envíe la orden de desalojo”. Agrega que la única propuesta que les han ofrecido es un subsidio habitacional de 13.000 pesos para alquilar una habitación en un centro de alojamiento permanente, propuesta que rechazaron por considerarla insuficiente: “Además, en los hoteles familiares suelen no alquilar a personas con niños”, añade Llanos.

            El informe del Observatorio de la Ciudad afirma que funcionarios del IVC, responsables de la operatoria de la Ley N° 341 informaron a representantes de Casa Santa Cruz que el programa estaba desmantelado, desfinanciado, y con un presupuesto asignado que no llegaba a cubrir el mantenimiento de los gastos de las cooperativas que tienen viviendas en proceso de construcción. Según llanos, estas respuestas evidencian la falta de voluntad política para solucionar el problema: “Además del juicio de desalojo, venimos cursando otro juicio que le hacemos desde Casa Santa Cruz al gobierno por no dar respuesta a nuestros reclamos”. Y concluye: “lLs vecinos y vecinas de Casa Santa Cruz no nos vamos a ir, vamos a resistir y luchar para conseguir la tierra que nos deben”.

            El barrio en donde se encuentra Casa Santa Cruz, Parque Patricios, representa un espacio tentador para los negocios inmobiliarios. La creación de los distritos de Tecnología, de las Artes y de diseño, la construcción del Archivo General de la Nación donde se encontraba la antigua Cárcel de Caseros, la extensión de la línea H de Subterráneos, que incorporó las estaciones Parque Patricios en 2011, y Hospitales en 2013, y la inauguración de la nueva sede de Jefatura de Gobierno porteño, son algunos de los proyectos que valorizan el espacio y facilitan los negocios especulativos de construcción de viviendas restringidas a los sectores medios-bajos, agravando la crisis habitacional.

Gigi Krein, referente de Consejerías de Vivienda, apunta: “Existen cerca de 200.000 viviendas vacías en CABA, y todavía hay gente viviendo en la calle”. Y cierra: “Los remates son un negocio redondo para los desarrolladores inmobiliarios, que muchas veces compran en pesos para construir y vender en dólares”.

Sin un Estado presente que nivele un poco las cosas, los ciudadanos de Buenos Aires con menos recursos quedan a merced de un negocio que avanza por todos los barrios: solo les queda exponer sus propios cuerpos.

Piden que se prorrogue la Ley de Barrios Populares

Piden que se prorrogue la Ley de Barrios Populares

En octubre vence la normativa que los ampara. Un plenario de comisiones en Diputados analizará el tema esta semana.

Durante el miércoles 14 de septiembre, se llevaron adelante más de cien asambleas en barrios populares de todo el país, para coordinar el reclamo de tratamiento de reforma de la ley que los regula en el Congreso de la Nación. Se pide que el proyecto sea abordado de manera inmediata, teniendo como horizonte los días finales de octubre cuando la actual normativa perderá vigencia.

Sancionada en 2018, la ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, conocida como “Ley de Barrios Populares”, estableció principalmente las siguientes normativas:

  1. a) Declara de interés público el régimen de integración socio urbana de los barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). 
  2. b) Declara de utilidad pública y sujetas a expropiación la tierra de los barrios populares. 
  3. c) Establece que el 25%, como mínimo, de la obra pública en barrios populares debe ser adjudicada a cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integrados por habitantes de barrios populares. 
  4. d) Autoriza al Poder Ejecutivo nacional a la creación de un fideicomiso para financiar la totalidad de las actividades necesarias para la integración socio urbana de los barrios populares. 
  5. e) Suspende las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los barrios incluidos en el ReNaBaP, por el plazo de cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley.

Cuando están por cumplirse los cuatro años desde su sanción, la Mesa Nacional de Barrios Populares propone una reforma que prolongará a diez años las prohibiciones de desalojo, como la medida más urgente. También se contempla declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental, llevando adelante proyectos de base y de forma integral, con permanente participación vecinal para la conformación comunitaria. 

“Emergencia sanitaria y social también es abordar problemáticas como la desnutrición, las adicciones, el alcoholismo, cuestiones de género y lo que sucede en las familias de los barrios”, sostuvo Araceli Ledesma, referenta de la Mesa Nacional de Barrios Populares. Acompañando a las obras, se pide fortalecer las herramientas para el acceso a los servicios públicos garantizando la soportabilidad a través de una tarifa social adecuada. La actualización del informe del ReNaBap del año corriente, determina que en el 66% de los barrios contabilizados, la mayoría de habitantes no accede formalmente al servicio de energía eléctrica. En un porcentaje mayor al 90, no acceden formalmente a los servicios de red de agua corriente, red cloacal y red de gas natural.

En la Argentina hay 5.687  barrios populares. En ellos viven un millón de familias, es decir unos cinco millones de  habitantes.

La Mesa Nacional de Barrios Populares, compuesta por vecinos y vecinas junto con referentes comunitarios de las organizaciones sociales de todo el país, propone sistematizar las necesidades transversales de todos los barrios, atendiendo las particularidades de cada territorio, promover la organización barrial e impulsar la política pública pidiendo el compromiso de todas las fuerzas políticas legislativas.

El 21 de septiembre se llevó a cabo un plenario de comisiones en Diputados, en torno a la iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo. Se espera para esta semana una nueva reunión plenaria para emitir un dictamen.

No solo del FMI vive el Congreso

No solo del FMI vive el Congreso

A una semana del inicio de las sesiones ordinarias, el Congreso se apresta a tratar el acuerdo del FMI. Pero, a lo largo del año, vendrán otros temas esenciales para la vida de los argentinos.

 

Después de un 2020 con el mayor nivel de actividad legislativa en la última década, marcado por la excepcionalidad de la pandemia del coronavirus, el 2021, como todo año electoral, bajó en intensidad. Sin embargo, el 2022 comenzó con el pie izquierdo entre fallidas sesiones extraordinarias, desacuerdos de comisiones y los temas que se asoman para ser tratados, encabezados por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras los comicios de noviembre pasado, el oficialismo perdió el quórum propio en la Cámara de Senadores. En Diputados, si bien consiguió retener la primera minoría, el panorama también lo obliga a negociar con otros bloques, sobre todo provinciales, para viabilizar las iniciativas que busque debatir y aprobar. En ese marco, ANCCOM dialogó con referentes de distintos espacios políticos de la Cámara Baja sobre el año que se viene: Martín Tetaz, por Evolución Radical, Diego Sartori, del Frente de la Concordia Misionero, Daniel Arroyo, por el Frente de Todos (FDT), y Romina Del Plá, integrante del Del Frente de Izquierda – Unidad (FIT-U).

El Gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero. El día anterior el diputado Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos, por lo que demoró la agenda parlamentaria prevista. Su reemplazante, el santafesino Germán Martínez, debió ponerse al día y ordenar el frente interno. Cecilia Moreau y Paula Pennaca fueron ratificadas como vicepresidenta y secretaria, respectivamente, pero todavía no se han conformado las comisiones que deberían tratar las 18 iniciativas enviadas por el Ejecutivo, destacando la reforma del Consejo de la Magistratura y el Consenso Fiscal 2022.

Las indefiniciones, a pesar de algunos avances al respecto, se dan entre reclamos por acuerdos parlamentarios previos no cumplidos y la voluntad de Juntos por el Cambio de obtener un número mayor de comisiones, dado el resultado de las elecciones legislativas. En la Cámara Alta, las comisiones permanentes son 27 y en la Cámara Baja son 46. La discusión apenas comienza a destrabarse en el Senado y el 24 de febrero es la fecha prevista para la sesión preparatoria. En Diputados todavía se aguarda por el recambio de autoridades. 

El desacuerdo

El anuncio de un entendimiento inicial con el FMI dio paso, tal vez demasiado rápido, a las especulaciones sobre su tratamiento en el Congreso de la Nación, aunque ya se sabe que ingresará por la Cámara de Diputados. Las conjeturas sobre posibles abstenciones o votos en contra de legisladores oficialistas también se trasladan a la expectativa de los bloques opositores ante la presentación formal en tablas, a excepción del FIT-U y los representantes libertarios que ya aseguraron su rechazo.  

Una de las figuras del FDT que adelantó su postura fue Daniel Arroyo. Para el ex ministro nacional de Desarrollo Social “en un contexto como el nuestro, con los pagos y la debilidad de reservas y cambiaria, en un acuerdo sin reforma previsional ni laboral, sí metas de reducción de déficit fiscal” el entendimiento es “razonable y mejor que un eventual default”. Además, en línea con lo que parece ser una actitud de bloque, señala que en términos generales tiene “la peor de las opiniones” sobre el organismo multilateral de crédito. 

Por el lado de los espacios opositores, la mayoría decide esperar. En Juntos por el Cambio “no hay postura definida porque todavía no apareció el acuerdo” sobre el que se va a tener que opinar, aclara el radical Martín Tetaz. En la misma línea, Diego Sartori desliza que el interbloque Provincias Unidas aún no tiene una posición tomada, sino que van a “esperar a la letra chica y evaluar si es viable” para acompañar. A su vez, el armado federal que reúne a representantes de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires tampoco definió su postura.

Desde el FIT-U, en cambio, sí salieron a expresar su rechazo. “Ha sido parte de nuestro posicionamiento en campaña”, remarca Romina Del Plá. Para la diputada del Partido Obrero significa un “ajuste muy fuerte de las finanzas públicas” que va a repercutir en la población y que, incluso, “ya ha comenzado”. Aunque con otros argumentos, y con perspectivas diametralmente opuestas, José Luis Espert y Javier Milei también se mostraron en contra. 

Agenda legislativa inicial

De cara al nuevo inicio de sesiones ordinarias, oficialismo y oposición barajan variados proyectos para tratar en el Congreso. “Aspiro a que el 2022 sea un año de mucha tarea legislativa, saliendo de los títulos fáciles y del modo electoral”, afirma Arroyo. Más allá del acuerdo con el FMI, que para Del Plá “va a dominar la escena durante la primera mitad del año”, hay otros dos temas centrales: segmentación de tarifas y Ley de Alquileres o, dicho de otro modo, política energética y de vivienda.

Para el diputado Sartori, la cuestión en materia de energía es clara, dado que Misiones es la única provincia a la que no llegan los gasoductos. Considera importante que “se revalúen las tarifas en relación a los que son más perjudicados” y “la inversión en infraestructura”. Destaca los avances en el Yacimiento Petrolífero Vaca Muerta, al punto que “pueden ser una solución”. También sostiene que al Congreso no se va “a especular” y espera que “funcione como debe”. Por su parte, Del Plá plantea necesaria la “nacionalización bajo control de trabajadores de todas las empresas privatizadas desde el menemismo en adelante” para poder “determinar el verdadero costo de la energía”. 

Arroyo considera que la segmentación de tarifas es “lógica” y que el “esquema es progresista”. A su vez, desliza que hay que ir “al siglo XXI de la cuestión energética”, por lo que desde el Ejecutivo se envió la Ley de Electromovilidad, aunque quizás no llegue a debatirse en sesiones extraordinarias. El diputado resalta que fue un acuerdo entre el sindicato y las automotrices. “Hay acuerdo entre capital y trabajo”, subraya. Hasta el momento, según Tetaz, en su espacio “no hay propuestas legislativas en el tema”. 

Los distintos bloques coinciden que la Ley de Alquileres no cumplió su objetivo. Se han planteado diversas alternativas para modificarla, entre ellas la presentada por Tetaz para cambiar los artículos que establecen el plazo y el ajuste de los contratos de locación. Arroyo apunta que también está pendiente “la resolución del problema de los créditos UVA” y que la urbanización de los barrios populares ya cuenta con “una buena Ley con Financiamiento”, por lo que se comenzó por “los primeros 400 de un total de 4.400”. Para la izquierda el tema de la vivienda “sólo es resoluble con una política de vivienda popular”, que habían propuesto financiar con su propio proyecto de impuesto a las grandes fortunas. 

Iniciativas a título personal

El diputado Arroyo buscará viabilizar los tres proyectos que mencionó durante la campaña el año pasado. Primero, apuesta a “capitalizar a quienes trabajan y desendeudar a las familias” con un sistema de crédito no bancario y un fideicomiso con fondos públicos, y privados que quieran participar, para “máquinas, herramientas e insumos”. Luego generar “400 mercados de cercanía” públicos, privados y mixtos, lo que apunta a “bajar el precio de los alimentos, a la producción agroecológica y a la generación de trabajo”. Por último, si bien admite que falta debate, piensa en una reforma de la escuela secundaria para que sea “más moderna y flexible”, con un sistema dual que “en los últimos dos años permita vincularse con actividades laborales..

 

Martín Tetaz ya presentó distintas iniciativas con un fuerte perfil tributario, entre las que destaca la modificación del sistema del monotributo, el cual propone que no se pague durante un año en la categoría inicial ni que lo hagan quienes facturen menos que el valor de la canasta básica. Sus prioridades se completan con un proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que busca que el directorio de la entidad sea elegido por el Congreso para que sea “verdaderamente autónomo.”

 

Por otro lado, para Del Plá la urgencia es tratar “un aumento de emergencia de jubilaciones y salarios”, junto a las cuestiones ambientales. En ese sentido, remarca que insistirán con la Ley de Humedales, de Emergencia Forestal y contra la exploración y explotación para la instalación de plataformas petroleras. También volverán a la carga por la “nacionalización del sistema educativo, la regularización de todos los trabajadores, el desmonte de los mecanismo de fraude laboral y los ligados a problemáticas de mujeres y diversidades”. Sin embargo, aclara: “Esa es nuestra agenda, no la del gobierno que irá tras la deuda”.