En Casa Santa Cruz, se agotan las esperanzas y no aparecen las respuestas del Gobierno de la Ciudad. En CABA se produce un desalojo por día.
A la falta de políticas públicas para promover el acceso a la vivienda en CABA se suma un Estado que prioriza los negocios inmobiliarios. Los desalojos representan la máxima expresión de las problemáticas habitacionales, pero lejos de ser una excepción, ocurren permanentemente. En estos días 106 familias que viven en Casa Santa Cruz, en el barrio de Parque Patricios, pueden sumarse a una estadísticas que asustan.
Un desalojo por día
Cuando una persona es desalojada recibe una derivación del BAP (programa Buenos Aires Presente) para cobrar un subsidio habitacional y costearse, se supone, una habitación de hotel. Gigi Krein, referente de Consejerías de Vivienda, organización que aborda la problemática del acceso a la tierra y la vivienda, asegura que en el último año en CABA hubo aproximadamente 365 desalojos. La información se obtuvo a través de un pedido de acceso a la información pública a la Dirección General de Atención Integral Inmediata, para conocer la cantidad de derivaciones para cobrar subsidios habitacionales otorgados por desalojos.
Este organismo brinda asistencia a personas en situación de calle y gestiona una red de alojamientos “.para atender la emergencia habitacional en la ciudad”, tal como detallan en su página web. La respuesta fue que llegaron 137 derivaciones a personas o familias desalojadas. Krein aclara: “Esas cifras solo incluyen desalojos formales a los que hay que sumar también los desalojos en piezas de hoteles, villas, y pensiones, que suceden sin juicio mediante, y a aquellos que recibieron la derivación y no cobraron el cheque. Así, estimamos que en 2022 en CABA hubo un desalojo por día”.
Casa Santa Cruz
La estadística de la situación habitacional en CABA dará un salto repentino de concretarse el desalojo de las 106 familias que viven en el edificio ubicado en la calle Santa Cruz al 140, en Parque Patricios. Los vecinos y vecinas transitan un proceso judicial de desalojo desde el 2010.
El edificio se encuentra en la manzana situada entre las calles Santa Cruz, Finochietto, Uspallata, y Juan Carlos Gómez, frente al Parque Florentino Ameghino, sus habitantes le dieron el nombre de Casa Santa Cruz. El predio funcionó como fábrica de toallas de la empresa textil SELSA hasta su quiebra a mediados de los noventa. Entre los años 2002 y 2006, la crisis económica y social del país obligó a vecinos y vecinas de la zona a refaccionar el predio y habitarlo para evitar vivir en la calle.
En el año 2010, el empresario hotelero Leonardo Ratuschny compró por 1.550.000 pesos el inmueble habitado por 106 familias a través de una subasta. Su objetivo era hacer un negocio inmobiliario de alquileres temporales por lo que inició el juicio de desalojo de inmediato. Jonatan Baldiviezo, el titular del Observatorio de la Ciudad, que acompañó a los vecinos y vecinas de Casa Santa Cruz en los conflictos a lo largo de los años, señala en su informe sobre el caso: “Ratuschny aparece, además, como demandante en múltiples juicios por desalojo, que evidencian la estrategia económica de comprar edificios habitados por bajo costo, para luego abordar el desalojo de los mismos por medio de instancias judiciales”.
En el 2014, a raíz de la denuncia de desalojo, las familias de Casa Santa Cruz registraron la cooperativa de viviendas Papa Franciso en el marco de la Ley N° 341 de CABA. Un año después, a pedido de los habitantes, se organizó una audiencia en donde estuvieron presentes representantes de la cooperativa, del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y el dueño para plantear la posibilidad de una compra. Según el informe del Observatorio de la Ciudad, Ratuschny en esta ocasión valuó la propiedad en 30.000.000, mientras el Tribunal de Tasaciones de la Nación, por la entonces Secretaría de Hábitat, lo hizo en $8.000.000. Así las cosas, no se llegó a un acuerdo.
Estado ausente
Iliana Llanos, presidenta de la cooperativa Papa Francisco, cuenta: “Nosotros hemos agotado los recursos judiciales. Solo nos queda esperar a que el oficial de justicia programe un día y envíe la orden de desalojo”. Agrega que la única propuesta que les han ofrecido es un subsidio habitacional de 13.000 pesos para alquilar una habitación en un centro de alojamiento permanente, propuesta que rechazaron por considerarla insuficiente: “Además, en los hoteles familiares suelen no alquilar a personas con niños”, añade Llanos.
El informe del Observatorio de la Ciudad afirma que funcionarios del IVC, responsables de la operatoria de la Ley N° 341 informaron a representantes de Casa Santa Cruz que el programa estaba desmantelado, desfinanciado, y con un presupuesto asignado que no llegaba a cubrir el mantenimiento de los gastos de las cooperativas que tienen viviendas en proceso de construcción. Según llanos, estas respuestas evidencian la falta de voluntad política para solucionar el problema: “Además del juicio de desalojo, venimos cursando otro juicio que le hacemos desde Casa Santa Cruz al gobierno por no dar respuesta a nuestros reclamos”. Y concluye: “lLs vecinos y vecinas de Casa Santa Cruz no nos vamos a ir, vamos a resistir y luchar para conseguir la tierra que nos deben”.
El barrio en donde se encuentra Casa Santa Cruz, Parque Patricios, representa un espacio tentador para los negocios inmobiliarios. La creación de los distritos de Tecnología, de las Artes y de diseño, la construcción del Archivo General de la Nación donde se encontraba la antigua Cárcel de Caseros, la extensión de la línea H de Subterráneos, que incorporó las estaciones Parque Patricios en 2011, y Hospitales en 2013, y la inauguración de la nueva sede de Jefatura de Gobierno porteño, son algunos de los proyectos que valorizan el espacio y facilitan los negocios especulativos de construcción de viviendas restringidas a los sectores medios-bajos, agravando la crisis habitacional.
Gigi Krein, referente de Consejerías de Vivienda, apunta: “Existen cerca de 200.000 viviendas vacías en CABA, y todavía hay gente viviendo en la calle”. Y cierra: “Los remates son un negocio redondo para los desarrolladores inmobiliarios, que muchas veces compran en pesos para construir y vender en dólares”.
Sin un Estado presente que nivele un poco las cosas, los ciudadanos de Buenos Aires con menos recursos quedan a merced de un negocio que avanza por todos los barrios: solo les queda exponer sus propios cuerpos.
