“A Yoni lo mató la policía”

“A Yoni lo mató la policía”

Yonathan Domínguez, de 35 años, murió mientras era detenido por federales cerca de la estación González Catán, mientras sufría un episodio de paranoia. La familia reclama que la causa sea investigada como “homicidio” y acusa a la Bonaerense de encubrimiento.

El viernes 5 de abril estuvo despejado, pero hacia la noche, todo se nubló para la familia de Yonathan Domínguez. “Hablamos por teléfono y me mandó esta foto una hora antes viajando en el tren”, cuenta Sandra, su mamá, mientras acerca el teléfono: un joven de 35 años sonríe con una remera del club Boca Juniors. Antes de bloquear el teléfono, acaricia con el pulgar la cara digitalizada.

Cerca de la plaza de González Catán, localidad de La Matanza, esa misma sonrisa recibe a las personas que pasan por la calle. En una casa con el escudo del club River Plate, un mural celeste atrapa la mirada: Yonathan con la remera de Argentina, inmortalizado en la felicidad del día que el país ganó la tercer copa mundial. “Guardamos como recuerdo tu sonrisa en la mente y tu amor en nuestras almas/ Yoni por siempre”, implora la pared. Adentro, la hermana mayor de Yonathan prepara el mate.

“Sabemos que los exámenes toxicológicos van a dar positivo, pero mi hermano no muere por una sobredosis”, sostiene la hermana mayor, Angela, con los ojos en llamas. Aquel viernes, Yonathan estaba volviendo del trabajo con su compañero Pablo después haber consumido un poco de cocaína. En el camino empezaron a compartir una lata de cerveza y se bajaron en Querandí, una de las estaciones del tren Belgrano Sur, para ir al baño. Mientras estaban esperando el próximo tren, Yonathan sufrió un episodio de paranoia.

– Toda la vida tuvimos miedo de esto. Una cosa era que le agarrara acá, que nosotras sabíamos que era manejable, y otra que le pasara esto afuera… Y le pasó. Por eso, no lo pudimos proteger – dice Sandra mirando el cuadro con una foto de su hijo.

– Mi hermano empezó a tener esas alucinaciones o esos ataques de pánico porque las drogas ya empiezan a afectar… Y cada vez son peores, encima. Sentíamos eso – Angela suspira y vuelve a tomar aire para poder seguir-, pero después todo el mundo puede dar testimonio de lo que era mi hermano. Tenemos un vecino que una de las últimas veces que mi hermano tuvo ese ataque, que fue en la calle y él lo vio y ustedes salieron – mirando a la mamá y a Aldana, la hermana menor- lo calmaron. Listo, entró a su casa y se quedó. Jamás él se metió con ningún vecino, simplemente corría y pensaba que lo iban a matar.

– Nosotras no creemos que haya estado agresivo en la estación porque era nuestro único varón de la casa -traga su amargura Aldana- y nosotras, siendo mujeres y con menos fuerza, siempre lo supimos manejar. Si él hubiera sido agresivo, alguna vez tendría que haber sido violento.

El tren se acercaba a la estación y Pablo llamó a Yonathan, que se apuró a cruzar las vías. Con otra persona que estaba en el andén intentaron subirlo, pero no podían. El tren se paró y salieron tres policías federales. Pablo pensó que los iban a ayudar.

Los federales lo levantaron, pero lo tiraron al piso, en seco. El delirio se vuelve premonitorio: “Me van a matar”, desgarraba Yonathan a los gritos. En sus ojos, desesperación. En los ojos de Pablo, terror. Afónico, también gritaba: “¡Eh! ¡No lo toquen! ¡Tiene un ataque de pánico! ¡No lo toquen!”. Los federales lo llevan forcejeando a la otra punta de la estación, imperturbables.

– Si colaborás, no te va a pasar nada – amenazó con tono grave uno de los oficiales.

Yonathan seguía gritando. Con cada vocal que exhalaba, imploraba. Uno de los federales le puso la rodilla en el cuello mientras otro le ataba las manos. Otra vez, una reducción violenta.

De repente, se hizo silencio. Los últimos segundos de vida de Yonathan quedan conservados en el fondo de un audio de Pablo. El compañero le estaba avisando a la pareja de Yonathan lo que estaba pasando. Ella con su beba de cuatro meses en brazos y su suegra se habían puesto en camino.

– Ahí, ahí está todo. Gracias, Dios – alcanzó a decir Yonathan.

Cuando Pablo volvió a mirar, se espantó. Los federales acababan de ponerle las esposas.

– ¡Eh! ¿Qué le pasa a mi amigo? Tiene espuma en la boca y los ojos abiertos.

Los policías se miraron. “Uh, cagamos”, espetó uno de ellos.

De un folio, Sandra saca el informe de la autopsia.  Subraya con una lapicera roja donde dice que hay hemorragias en la cabeza, el cuello y el tórax. “El mecanismo de producción de estas lesiones es compatible al golpe o choque con o contra elemento duro y contundente. La muerte de Yonathan Fabián Domínguez fue producida por mecanismo violento y a consecuencia final de un paro cardio-respiratorio traumático”, explica la pericia en mayúsculas, remarcando la brutalidad de su muerte. La causa está caratulada como “Averiguación de causales de muerte”, pero la familia reclama que se cambie a “Homicidio culposo, agravado por la función policial”.

– Es imposible que ellos no pudieran calmarlo o manejar esa situación porque nosotras lo hacíamos y somos mujeres. Es más, nunca tuvimos la necesidad de que estemos todas, Él se calmaba después de unos minutos, pedía que no lo toques. Sabemos claramente que él no era agresivo en esos estados. Se quiso zafar de las esposas, sí, porque él toda la vida trabajó, nunca quiso quedar preso- agrega Aldana, masticando bronca resignada.

– Mirá lo que es: toda la familia es policía, la hermana policía… Y él le tenía pavor a la policía. Porque él dice que a todos los pibes que veía con problemas de adicciones, la policía los maltrataba -a Sandra se le escapa un presente y con los ojos vidriosos pareciera ver a su hijo hablándole-. Y terminó muriendo en manos de la policía.

Angela, policía de la Bonaerense, a cada mate le echa una cucharadita de azúcar. En este momento, sobran amarguras.

– Como mi hermano quiso zafarse, le pusieron una traba y él cayó seco al piso. Supongo que esa hemorragia interna que tiene él acá es porque cae: no tenía mano para atajarse.  La técnica si querés reducir a alguien es siempre amortiguar el golpe.

La hermana policía busca en su teléfono las imágenes del velatorio. Desde que llegó a la escena del crimen, tuvo que anteponer su función a cualquier emoción. Se detiene en las fotos que hizo de las manos de su hermano.

– Mi hermano muere cuando lo están esposando. La derecha es la primera mano que esposan, acá está el moretón. Pero, en la izquierda -dice mientras desliza a la siguiente foto-, ya no hay nada. Los moretones se hacen cuando estás vivo.

En el lado derecho, la autopsia marca las hemorragias y es donde el video que hace Pablo muestra que los policías hicieron presión. Angela recuerda igual la reducción de George Floyd: con la rodilla en el cuello, la asfixia cierra el paso. Pero, sin ir más lejos, en agosto del año pasado, mataron de esta forma a Facundo Molares en el Obelisco.

– Quisieron tapar todo. No pensaron que iba a llegar una hermana policía y que no le iba a importar que dijeran ‘vos tenés que entender que estaban trabajando’. Trataron de encubrir. Pregunto quién está a cargo y le digo que quiero que se abra investigación.Ya estaban haciendo todo mal – subraya Angela con el abismo de estar dispuesta a dejar el último suspiro de aire en la mirada.

Cuando llegó al lugar, Sandra vio cómo le estaban haciendo RCP al cuerpo de su hijo, pero ya sabía que estaba muerto: “se notaba en la cara de horror. Tenía la boca abierta con espuma, los ojos abiertos, estaba golpeado… Yo pregunté ‘¿qué le pasó? Porque él me había mandado una foto y estaba bien’. No me contestaron -Sandra se ahoga en sollozos-. Me dijeron que estaba descompensado y después nos trataron como delincuentes porque se llenó de policía como si nosotros íbamos a romper la estación y nada que ver somos trabajadores, no estamos acostumbrados a hacer esas cosas”.

También vio que los policías de la Bonaerense y los de la Federal entraban y salían de la carpa donde habían puesto el cuerpo. Cuando entraron, las heridas de Yonathan estaban limpias: no había rastros de sangre, pero sí lastimaduras. Una vez que el médico decretó la muerte, dejaron que Sandra entre a despedirse y lo toque. Al recordarlo, el labio y las manos de la madre temblaban. A la Policía Científica le notificaron que “un pibe se murió de sobredosis”.

– Yo supongo que empezó la mentira desde que llamaron al 911 y después la tuvieron que seguir. Cuando termina de trabajar la Policía Científica, pido permiso para despedirme de mi hermano porque ya habían levantado todo lo que tenía como prueba- exclama sin poder contener las lágrimas Angela.

En enero, en otra localidad de La Matanza, la policía mataba a otro joven, Lucas Acosta, de 21 años. Angela recuerda enardecida haber charlado el caso con colegas y estudiantes. Cada día que pasa está más decepcionada con la institución. Antes del asesinato de su hermano, tenía esperanzas de formar con una perspectiva de derechos humanos a los nuevos policías. Según el conteo provisional de CORREPI, desde diciembre ya son 76 casos de asesinatos vinculados a la violencia represiva.

“Teníamos miles de proyectos, terminar la casa, criar a las nenas, ir de vacaciones, comprar un auto y que digan que se quiso suicidar es mentira. A mí me arruinaron la familia- solloza Micaela, la pareja de Yonathan desde hacía quince años, con la bebé en brazos-. Hacía tratamiento por las drogas, hacía terapia. Yo sé cómo era mi marido porque vivía conmigo. Era una persona muy trabajadora. Siempre luchó por estar bien”.

Tenían tres hijas juntos: una de diez, otra de ocho y la beba que ahora tiene seis meses. “Me encuentro sola con mis tres nenas y no sé qué hacer. Estoy a la deriva y digo ¿qué sigue ahora, qué sigue? ¿qué le voy a decir a mi hija que no conoció a su papá? – cuenta desesperada Micaela, haciendo pausas para respirar por su boca-. Me arruinaron la familia, con todo lo que nosotros luchábamos. A él lo mataron con todos los golpes que dice la autopsia porque a las 20 le mandó una foto a la madre y no tenía nada eso.”

Sandra se apresura y toma la palabra: “Aparte él siempre volvía. Cuando estaba en consumo no venía hasta que se le pasaba, pero llegaba. A él no lo dejaron volver”. Frunciendo la boca y con los ojos vidriosos, Micaela afirma: “Si yo no le mandaba ese mensaje a Pablo nosotros no íbamos a ver, nos íbamos a enterar cuando ellos quisieran”. Con la suegra, coinciden: “No íbamos a tener ninguna herramienta para la investigación. Ellos pensaron que era un adicto más que murió, que no tenía familia. Se manejaron mal de entrada. Tenga lo que tenga era una persona, era una persona querida”. Hasta abril, había una sola mujer en esa casa que había visto un cuerpo abierto por una investigación. Ahora, todas manejan la jerga de la criminalística y hacen rifas y empanadas para poder costear un abogado.

La ley del topo

La ley del topo

Tras una jornada de más de 16 horas, la Cámara Alta aprobó el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. La Libertad Avanza (LLA) se impuso con el apoyo de senadores del radicalismo, el PRO, algunos provenientes del peronismo y el voto de desempate de Villarruel. Hasta último momento el Gobierno siguió haciendo concesiones para obtener su primer triunfo legislativo en seis meses de gestión.

La sesión inició a las 10.15 cuando el oficialismo consiguió el quórum con la presencia de 37 senadores. “Somos optimistas de que la ley va ser acompañada”, remarcó el primer orador y miembro informante de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, quien además anunció que el Gobierno quitó de la lista de empresas sujetas a privatización a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, y que la norma tampoco suprimiría la moratoria previsional ni las pensiones por invalidez.

El senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, segundo orador, adelantó su voto negativo al proyecto y cuestionó el artículo que le otorga facultades delegadas al Presidente de la Nación: “¿En serio le vamos a dar facultades delegadas? Yo no le daría poder a un director de escuela que diga que viene a destruir la educación pública”, afirmó, en referencia a los dichos del mandatario que se definió como “un topo” que pretende destruir el Estado desde adentro.

La noche anterior al debate, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano habían llamado a no dar quórum, lo que hizo temblar por un momento el tratamiento de la ley, dado que sus votos eran fundamentales para el oficialismo. El foco, entonces, se puso sobre Lousteau, que, finalmente, se convirtió en uno de los responsables de garantizar el quórum para abrir la discusión en el recinto.

En diálogo con ANCCOM, la referente de la izquierda Myriam Bregman señaló precisamente que Lousteau “tuvo una oportunidad histórica de jugar a favor de las mujeres, de los jubilados, de los trabajadores y las trabajadoras, pero eligió congraciarse con el poder”. Además, sostuvo que la sesión “ni tendría que haber empezado con la cantidad de hechos de corrupción que la rodean” y que la ley es “nefasta para el pueblo y que para votarla tuvieron que comprar voluntades y reprimir en la calle”.

Cerca de las 14.30, el senador de LLA, Francisco Paoltroni, expresó que el Gobierno ya contaba “con los votos en afirmativo” y que el beneficio de esta ley es “la recuperación de la economía, que va seguir cayendo la inflación, que un montón de trabajadores que están fuera del sistema van a poder encontrarse con un recibo de sueldo y que van a poder acceder a créditos sin interés”.

Pasadas las 16, los senadores de Unión por la Patria (UP) Anabel Fernández Sagasti y Eduardo “Wado” de Pedro pidieron una moción de orden para crear una comisión y hablar con los responsables de la represión que acontecía afuera del palacio legislativo. A esa altura, la multitud que se había congregado en la calle –que al mediodía se extendía desde el Congreso a la Avenida 9 de Julio- comenzó a dispersarse luego que la policía comenzara a reprimir con gases y balas de goma luego de que un grupito de personas que sospechosamente no pertenecían a ninguna columna comenzaran a tirar piedras e incendiar un auto.

El pedido de De Pedro y Fernández Sagasti generó una discusión entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y De Pedro. “Expresé la moción, discúlpeme. Yo sé que usted reivindica un régimen distinto, pero esto es un sistema republicano y democrático”, dijo De Pedro. “No me haga entrar en su historia personal”, le respondió Villarruel. Mientras tanto, al interior del recinto se podían escuchar los disparos de la represión a los manifestantes.

Acto seguido, senadores de UP y del PRO salieron para mirar lo que estaba sucediendo y apenas lo hicieron quedaron envueltos en una nube de gas pimienta: “No se puede tratar una ley en un marco donde la gente no se puede expresar. Necesitamos hablar con el jefe del operativo para que nos garantice que el pueblo argentino se va a poder manifestar en paz sin que se lo violente”, reclamó la senadora Juliana Di Tullio. Sin embargo, la sesión continuó y la represión también.

A las 18, algunos senadores se acercaron al sector de prensa para brindar sus valoraciones del debate en proceso. El cordobés Eduardo Vischi (UCR) manifestó su preocupación frente a la intención, según él, de frenar la sesión para golpear al Gobierno. “No voy a avalar ningún tipo de violencia, ni de las fuerzas de seguridad ni de los manifestantes, por esto mandamos gente a verificar qué era lo que estaba pasando”, señaló. “Es una ley posible, es lo que necesita el Gobierno para llevar adelante su gestión y función, y fundamentalmente lo que hemos hecho fue tratar de darle modificaciones. propuestas e ideas que permitan que salga. En lo personal, voy a votar a favor en general”, agregó Vischi antes de retornar a su banca.

El senador por La Rioja Fernando Rejal (UP), entrevistado por ANCCOM, aclaró que la ley ya está impactando fuertemente en las provincias porque varias normas incluidas en ella, también están en el DNU 70/2023 que aún tiene vigencia, pese a haber sido rechazado en el Senado, porque no lo ha sido en Diputados, y por lo tanto las facultades delegadas le han permitido a Milei liberar la economía, el precio de los combustibles y de los medicamentos y el arancel de las prepagas. “La situación se ha hecho prácticamente insostenible para cientos de miles de familias, el salario de cada uno de los de los trabajadores se ha depreciado, las medidas recesivas que se han tomado han causado el aumento de la importación, por lo que muchas fábricas que producen en la Argentina comienzan a irse”, precisó.

“Estamos debatiendo los distintos aspectos de la Ley Bases, nosotros en general vamos a votar en contra porque no beneficia al conjunto de los argentinos, por el contrario, los perjudica. Escuchamos todas las opiniones, no obstante, hemos hecho evaluaciones a partir de los aportes de las fuerzas y sectores que conforman la sociedad argentina, y que han manifestado en sus respectivas actividades y realidades que no es una ley que resuelve los problemas de los ciudadanos”, añadió.

Respecto a la cacería de manifestantes que se desató fuera del Congreso, Rejal opinó que “lamentablemente tuvieron como protagonistas a quienes deben cuidarnos y que realmente usan la represión como un método para acallar a la sociedad. Somos parte de la comisión que ha sido conformada para ir a verificar cuáles son los hechos, así que hemos pedido un informe a quienes están a cargo de la seguridad para que podamos acercar la cuestión al pleno o al recinto. Este no es el camino”.

La provincia de La Rioja, a la que Rejal representa, tiene entre sus principales actividades a la industria textil, donde se han perdido más de 600 puestos de trabajo, y la construcción, que atraviesa un parate por el desfinanciamiento de la obra pública. “Rechazamos esta ley porque no se le puede delegar facultades a una persona que piensa o que sostiene que el Estado es una organización criminal, y que hay que destruirlo. Todas las decisiones que va a tomar en su gestión tienen que ver con el objetivo que él propone: destruir al Estado y cada una de sus reparticiones”.

A minutos de la medianoche, tras la intervención del formoseño José Mayans (UP), fue el turno del último orador, Ezequiel Atauche, jefe de bloque de LLA. En una primera votación, la ley se aprobó con dos votos de diferencia. Pero el festejo duró poco, porque la santacruceña Natalia Gadano –quien había denunciado amenazas contra ella y su familia para que vote a favor– dijo que le habían registrado mal su voto negativo, por lo cual el tablero, en una segunda votación, quedó empatado en 36.

Así entró en escena, nuevamente, la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien antes de volcar el resultado a favor del Gobierno, destacó que lo que se debatía no era una simple ley. “Hoy vimos dos Argentinas, una violenta, que incendia autos y arroja piedras poniendo en juego el ejercicio de la democracia, y una Argentina de los trabajadores que esperan que se respete la votación que en noviembre pasado eligió un cambio”.

A continuación comenzó la votación por capítulos de la ley, que fueron todos aprobados. En el caso de RIGI, el gobierno tuvo que presentar una nueva corrección en el mismo instante de la votación de manera que no sea rechazado. Esta vez, incorporó la obligación para las empresas inversoras de utilizar por lo menos un 20 por ciento de insumos a través de la compra a empresas nacionales.

Ahora bien, ¿cuál será el verdadero país que se viene para los casi 50 millones de argentinos y argentinas? ¿Qué libertades hemos ganado, cuáles hemos perdido? Ahora la ley deberá volver a Diputados para su sanción definitiva.

Palos y la Ley de Bases a la bolsa

Palos y la Ley de Bases a la bolsa

 Organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, partidos políticos y autoconvocados se acercaron a la Plaza del Congreso para repudiar la Ley Bases. Pero todo terminó con represión, autos quemados y detenidos. El Gobierno logró su objetivo de aprobar la norma con las calles despejadas de manifestantes.

Sindicatos, organizaciones sociales, sindicales, organismos de Derechos Humanos y personas autoconvocadas llamaron a una movilización en la Plaza del Congreso con el objetivo de manifestarse contra la Ley Bases, aprobada en general esta medianoche por el Senado de la Nación. La congregación finalizó con disturbios, una violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad, heridos y más de 30 detenidos por la policía Federal y de la Ciudad. El Gobierno logró su objetivo de votar la Ley de Bases ya sin grandes manifestaciones en la calle.

Luego de haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados, la Ley Bases, promulgada por el gobierno de Javier Milei, inició su debate en el Senado de la Nación el miércoles 12 de junio, con el acompañamiento de manifestaciones fuera del recinto. El proyecto oficialista, denominado «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», cuenta con 232 artículos que pretenden una “reforma del Estado” según los lineamientos ideológicos del presidente de ultraderecha. Entre los puntos más destacables se encuentran la declaración de estado de emergencia del país y la concesión de facultades delegadas al Presidente; la implementación del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) que incluye transformaciones sobre los estatutos impositivos, aduaneros y cambiarios; y todo un paquete de reformas laborales. Con las negociaciones para conseguir los votos necesarios, quedó en el camino la anulación de la moratoria jubilatoria y las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, el Correo, Radio Nacional y la TV Pública.

La columna de manifestantes ocupaba toda la Plaza Congreso y se extendía por avenida de Mayo hasta la 9 de Julio. Cada vez llegaban más manifestantes hasta que cerca de las 16 comenzaron los incidentes. El operativo policial parecía desproporcionado y provocador. Sin embargo, los propios organizadores utilizaban el micrófono para llamar a los asistentes en no caer en provocaciones y evitar confrontar con los uniformados. Pero el clima se fue caldeando. La Policía tiró gas pimienta a un grupo de diputados de Unión por la Patria y al rato un pequeño grupo que sospechosamente no se identificaba con ninguna columna comenzó a dar vuelta el auto de la radio cordobesa Cadena 3 e incendiarlo. A partir de ese momento, todo fue caos: gases, balas de goma, palazos, piedrazos, tachos incendiados y por lo menos tres decenas de detenidos al azar. Aparentemente ninguno vinculado con el incidente del auto.

Antes del caos.

Nicolás del Caño, diputado nacional por el Partido de los Trabajadores Socialistas, en diálogo con ANCCOM, en la Plaza del Congreso reclamó: “No hay un un paro general como el que debería darse para estar a la altura de estas circunstancias y, a pesar de eso, miles de trabajadoras y trabajadores, jóvenes, y jubiladas y jubilados, se han organizado para venir hoy”. La movilización, convocada desde las nueve de la mañana por un sector de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadores de Economía Popular (UTEP), y las dos CTA, entre otros, congregó a miles de asistentes con sus pecheras de colores, carteles con inscripciones como “la patria no se vende, el futuro se defiende”, “no a la Ley Bases”, y bombos para acompañar los cánticos.

Por su parte, Florencia Franco, militante del Nuevo MAS y de la agrupación Ya Basta de la Universidad Nacional de La Plata, reflexionó: “La convocatoria por parte de los sindicatos, que era urgente y necesaria, no estuvo para la sesión en Diputados. Hoy faltó un paro para que realmente sea contundente, pero estamos viendo que la movilización es masiva y da cuenta de que los trabajadores no quieren que pase esta ley ni este nivel de ataque por parte del gobierno”.

Dentro de la Ley

“Respecto de las condiciones de los trabajadores, esta ley implica modificaciones y pérdida de derechos históricos que en nuestro país tienen más de 100 años. Hay que defender la legislación laboral y sobre todo los derechos de las mujeres y hombres trabajadores”, afirmó Ernesto Darío Orsi, docente de escuela secundaria de la Provincia de Buenos Aires e integrante del Movimiento de Derechos Humanos. 

“Estamos acá en defensa de la democracia como vida”, continuó Orsi, entre estallidos de pirotecnia y compañeros a su alrededor entonando las estrofas del Himno Nacional, y agregó: “Rechazamos esta supuesta ley que tiene como proyecto la enajenación de la soberanía de nuestro país en todas las áreas que son estratégicas y que nos permiten mantenernos como una nación independiente”.

Florencia, con la bandera roja del MÁS ondeando detrás suyo y frente una hilera de gendarmes, reflexionó: “el RIGI es una entrega de los recursos naturales. Toda la ley se trata de una serie de ataques concretos de este gobierno para avanzar de golpe con todo un programa de reformas estructurales gravísimo y que hay que enfrentar en las calles”.

Otra arista importante dentro de la ley refiere a la implementación de reformas laborales, que significarían menos protecciones para los trabajadores, como periodos de prueba que podrían extenderse hasta un año y una indemnización pagada por el sueldo del propio trabajador.

Atenas Angel es trabajadora del Estado de la administración pública nacional y pertenece al colectivo travesti-trans. Ella describió cómo se ve afectada junto con otras compañeras del colectivo por las políticas que viene implementando este gobierno: “Son políticas de recorte y no tienen en cuenta que hay otras realidades que viven mucho más la violencia del hambre y la prostitución en el caso de las chicas trans”. 

Frente al interrogante de cómo impactaría la Ley Bases sobre la población travesti, trans, respondió: “Si no tenemos la posibilidad de mantener nuestra empleabilidad y que se garantice la accesibilidad y la permanencia, seguimos siendo doble o triplemente agredidas por el sistema. La Ley Bases va a impactar sobre nosotras en las futuras contrataciones. El colectivo trans no es tomado como parte de la clase obrera trabajadora, entonces necesitamos ese reconocimiento”. 

En consonancia con la denuncia de Atenas Ángel sobre la situación del trabajo en poblaciones vulnerables, Merla de Act Up Argentina, contó sobre el impacto de las políticas de Milei en la población con VIH: ”Nos están matando lentamente en general, y a las personas con VIH en particular. La medicación está peligrada, las obras sociales no están dando la medicación, las prepagas están echando personas. Las pensiones y jubilaciones de las personas con VIH están trabadas porque no hay personal dentro del Anses para aprobarlas”, describió.

Sobre el impacto que tendría la Ley Bases en la vida de las personas con VIH, Merla detalló: “Para empezar la precarización laboral. Aunque no se pueda hacer examen preocupacional lo hacen y no conseguimos trabajo. Ahí ahonda más porque permite el despido por discriminación. Solo tienen que pagar una multa”. Por otra parte recordó: “Nos quedamos muchas veces afuera del espacio laboral, porque si sos de una ciudad chica, como exponen tu diagnóstico todos lo saben y no te contratan. No va a haber más pesquisas ni medicaciones públicas nacionales, que sean más baratas para el Estado y para nosotros”.

Un Congreso militarizado

Coronas de gendarmes rodeaban las inmediaciones del Congreso, conforme las indicaciones del protocolo antipiquetes determinado por la ministra Patricia Bullrich. Del Caño dijo al respecto “me parece que con este operativo, lo que intentó Bullrich es generar miedo”.

Desde las 16, la policía empezó a reprimir a aquellas personas y movimientos sociales que se encontraban reunidas en Plaza Congreso. Sobre el protocolo antipiquete, el diputado de izquierda afirmó que las autoridades “gastan una fortuna. A pesar de sostener que no tienen plata para los jubilados, tienen plata para reprimir, para los gases, para los palos y para coordinar un operativo con miles de gendarmes”. 

Un smog de gas lacrimógeno llenó de humo todas las inmediaciones. La calle Hipólito Yrigoyen se encontraba completamente cortada por decenas de policías a pie, motorizados y con camiones hidrantes, mientras se adelantaban por las paralelas e intersecciones del Congreso. Desde un balcón alguien gritó “Viva la libertad, carajo”, mientras los policías motorizados disparaban balas de goma y avanzaban sobre las personas movilizadas que se habían resguardado en las veredas de la Avenida de Mayo, entre Sáenz Peña y San José.

“Soy vecina del barrio y antes de las cuatro ya estaban reprimiendo. Había muchas personas que fueron rociadas con gas pimienta y hubo corridas por parte de la policía”, atestiguó Atenas Angel. 

Quedaron containers prendidos fuego en medio de la calle y algunos tachos de los que salía una gran cantidad de humo. Quedaron algunos carteles abandonados en la calle y las veredas con las consignas “La patria no se vende” y “La ley bases va contra el medio ambiente, derechos humanos, constitución. ¡Fuera Milei!”. Algunas personas se resguardaron en los negocios y las tiendas cercanas, al tiempo que se cubrían la boca y nariz con pañuelos y telas. Los disparos y motores de las motos eran tapados por las sirenas de los policías, bomberos y ambulancias. 

Sandra Lizza es trabajadora en Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. Llevaba un pañuelo que le cubría la nariz y la boca. Contó que la policía cortó el tránsito de la Avenida Callao desde temprano. Se encontraba sobre la calle Rivadavia cuando empezaron a avanzar sobre las personas, tirando gas pimienta y balas de goma: “A mi amigo le rebotó una bala en un puesto de diario y le dio en el brazo”, detalló. Lizza manifestó que lo que más le preocupa de la Ley Bases es “La soberanía. Perdés la soberanía, perdés todo”. 

En relación a otros momentos históricos Lizza considera que lo que es peor en relación al 2001 no es la represión sino el sadismo: “Esta maldad hacia los pobres, no querer darles la comida. Ahora hay mucha maldad” Y finalizó: “Si no te matan de hambre, te matan con el discurso”.

Marina Vega se encontraba encolumnada en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) del Frente de Izquierda cuando la policía les lanzó bombas con gases al interior de la columna: “Yo los vi con unas máscaras naranjas, pero no con ropa de policía”. Vega es madre soltera de tres hijos. Trabaja por hora y estudia. Participa de ferias populares para poder llegar a fin de mes. Ella manifiesta encontrarse en la movilización “por los derechos que se pierden con esta ley.”. Asegura que en general toda la ley perjudica a los que menos tienen y beneficia a los más ricos, pero que lo que más le preocupa es “lo que no podemos recuperar, que son nuestros recursos naturales. Lo que se está poniendo en juego con esa ley es el futuro de nuestras generaciones y nuestras propiedades. Es como que entren a  mi casa, me usen el piso, el agua, todo; y yo pague la luz”.

Con más de treinta detenidos y contando, autos quemados, nubes de gas, jubilados golpeados, cientos de heridos y hasta diputados afectados, en un Congreso rodeado no solo por la Policía de la Ciudad sino también la Prefectura Naval, alrededor de las 20 empezaron a escucharse cacerolazos. La concentración se realizó en la Avenida Juan Domingo Perón y Callao donde los autoconvocados de asambleas interbarriales y vecinos que se iban acercando se escontraron obstaculizados por un cordón policial que se expandía a lo ancho de la Avenida. Mientras se escuchaba el sonido metálico de decenas de cacerolas sonando al mismo tiempo, los manifestantes comenzaron a cantar “La patria no se vende”. El cartel de un manifestante decía: “Milei gobierna para el 1% más rico”. Los cacerolazos se fueron replicando en los diferentes barrios porteños.

Franco del Nuevo Más, concluyó: “Vivimos en un país con unas calles conquistadas por la lucha de los trabajadores. Esto da cuenta de que hoy el Gobierno tiene miedo a esta movilización y la permanencia en la vía pública. Por eso reivindicamos seguir acá, continuar resistiendo el protocolo y derrotarlo”.

 

La represión avanza

La represión avanza

La Correpi denunció que el proyecto de reforma del Código Penal que presentó Patricia Bullrich legaliza el gatillo fácil, criminaliza la protesta y facilita las detenciones de niños y pobres.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) se reunió junto a abogados y representantes de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, para debatir sobre los proyectos de reforma del Código Penal presentados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri ante el Congreso. “Estas iniciativas nos afectan a todos, todas y todes, no las podemos dejar pasar”, es el lema de la campaña que lanzó la organización antirrepresiva.

Se trata de una reforma penal que en buena medida estaba contemplada en el primer texto de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, pero que en el nuevo texto ya no aparece. Esto, lejos de ser un alivio para la organización política, también es preocupante, ya que para la Correpi el debate sobre la reforma del Código Penal puede pasar inadvertido. “Se lo vende a la opinión pública como el combate a la inseguridad”, afirmó María del Carmen Verdú, una de las máximas representantes de la organización, e hizo hincapié en un tópico que se trató varias veces durante la reunión: cómo lograr que las personas de a pie entiendan la gravedad de estos proyectos.
En la reunión convocada en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) se hicieron presentes integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, de la Red Federal por los Derechos Humanos, sindicatos, asociaciones de profesionales y organizaciones sociales y políticas con miradas e ideologías diversas, que no suelen confluir en otros espacios.

 

Legítima defensa y gatillo fácil
A través de esta modificación del Artículo 34 se busca delegar más facultades a los policías, que no tendrían ningún tipo de consecuencias por su accionar, todo bajo la justificación de la legítima defensa o el legítimo cumplimiento del deber. Es decir, de aprobarse esta reforma, el policía ya no deberá dar la voz de alto ni identificarse, y podrá disparar sin más, incluso por la espalda. “Lisa y llanamente es la legalización del gatillo fácil”, según palabras de Valeria Mustoni, militante de Correpi.
Además, a las víctimas y familiares se les quita el derecho a la querella y de formar parte de un juicio justo. En ese sentido, Verdú sostuvo que “se invierte la carga de la prueba porque se presume que si el policía disparó por algo será”. Con esta reforma, el acusador es quien deberá probar que no hubo hipótesis de legítima defensa ni de legítimo cumplimiento del deber.

Criminalización de la protesta

 De aprobarse este paquete de medidas,con la reforma de los Artículos 237 y 238, se modificarían las figuras de atentado y resistencia a la autoridad, aumentando las penas exponencialmente. El atentado simple pasaría de uno a tres años y medio y dejaría de ser excarcelable, mientras que el atentado agravado sumaría dos años más de pena, pasando así de 4 a 6 años. Además, allí se suma el agravante de que el hecho haya sido cometido por más de tres personas, por lo que Correpi sintetizó que este cambio es una criminalización de la protesta: “El 75% de las detenciones de la Policía de la Ciudad son por atentado y resistencia a la autoridad; marchas, manifestaciones, vecinos quejándose por falta de la luz, personas en situación de calle, manteros”, agregó Verdú. 

Reiterancia 

Esta nueva figura, en principio, busca encarcelar a cualquier persona que ya haya cometido un delito, por más leve que haya sido, sin que exista resolución o sentencia condenatoria firme. De esta manera, deberá esperar la finalización del juicio estando ya detenido. Correpi explicó que “la ‘reiterancia’ lejos de ayudar a detener homicidas sueltos solo justifica la persecución a pobres y manifestantes, e intenta llenar las cárceles con personas que han cometido delitos menores. La figura de reiterancia, utilizada ya en la provincia de Mendoza, se aplica ante la simple imputación de un delito, por lo que bastaría solo manifestarse para terminar preso. 

Ley de Organizaciones Criminales

También conocida como la Ley “Antimafias”, inspirada en leyes estadounidenses e italianas según dijo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, legalizaría los allanamientos e intervenciones de teléfonos sin orden judicial, y las detenciones por 48 horas para averiguación de antecedentes. Por supuesto, durante ese lapso, el detenido permanecerá incomunicado. Una persona solo necesitaría ser acusada de formar parte de una asociación que se considere ilícita para recibir la pena del delito más grave de esa organización, aún si no estuviese enterada de los hechos que habría cometido el resto del grupo. Además, dentro de este paquete de reformas, también se modificaría la Ley 26879 de Registro Nacional de Datos Genéticos y se incorporarían allí absolutamente todos los delitos, desde el más simple al más grave. 

Baja de la edad de imputabilidad

Por si todo esto fuera poco, a estos proyectos debe sumarse la modificación en la baja de la edad de imputabilidad a 12 años, anunciada por Patricia Bullrich el pasado 8 de mayo, Día de Lucha contra la Violencia Institucional porque se conmemora la masacre en Ingeniero Budge, cuando en 1987 personal de la policía bonaerense asesinó a tres jóvenes de entre 19 y 26 años.

 

Luego de casi dos horas de debate en el Sipreba tanto Correpi como los representantes de las organizaciones sociales hicieron foco en dos cuestiones: rechazar categóricamente estas reformas, junto con la Ley de Bases en general, haciéndose presentes en las calles las veces que sean necesarias, e intentar que el resto de la sociedad entienda la gravedad de lo que está en juego para que acompañe el pedido.

 

Cuatro años sin Facundo

Cuatro años sin Facundo

Este 30 de abril se cumple un nuevo aniversario de la muerte del adolescente Facundo Astudillo Castro. Despareció cuando violó el aislamiento por el covid-19 y la Policía Bonaerense es la principal sospechosa. El Poder Judicial avanzó poco y nada.

La madre de Facundo Astudillo, Cristina Castro, el día en que hallaron el cuerpo de su hijo.

Facundo Astudillo Castro era un joven de 22 años originario de Pedro Luro, en el sur de la Provincia de Buenos Aires, que el 30 de abril de 2020 desapareció después de salir de su casa por la Ruta Nacional 3 hacia Bahía Blanca. En el trayecto, mientras hacía dedo, fue detenido en un control policial en Mayor Buratovich por supuestamente infringir las restricciones de circulación impuestas por el gobierno nacional debido a la pandemia de covid-19. Le dijeron que volviera a su casa, pero él desobedeció, el objetivo del viaje era volver a ver a su novia. Horas después, tres personas lo vieron mientras la policía lo hacía subir a un patrullero. Nada se supo de él durante 105 días hasta que el 15 de agosto apareció su cuerpo esqueletizado e incompleto en un cangrejal de Villarino Viejo.

El último contacto que su madre, Cristina Castro, tuvo con él fue una conversación telefónica ese 30 al mediodía. “Mamá, no te das una idea de dónde estoy. No creo que me vuelvas a ver más”, fueron las últimas palabras del joven, que amaba el rap, la batucada y había salido sin permiso porque quería regresar a la casa de su novia para recomponer la relación. Cristina cree que fue un pedido de ayuda y se cuestiona no haberlo sabido interpretar así en el momento.

Los primeros intentos de hacer la denuncia por su desaparición fueron en vano. Los policías de las localidades del municipio de Villarino querían convencerla de que Facundo estaba “de joda con la novia”. Era cierto que cuando estaba con Daiana se desconectaba de la familia, pero nunca de sus amigos. Y fue ella la que avisó a todos que nunca llegó a Bahía Blanca.

La Fiscalía provincial nunca apartó a la Policía Bonaerense de la investigación y lo buscó como a una persona perdida. El 26 de junio Cristina y sus abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, tomaron contacto con tres testigos, vecinos de Villarino, que cerca de las 15.30 apenas pasado el pueblo de Mayor Buratovich vieron a un nene (así lo creyeron por la contextura pequeña de Facundo) que era abordado por dos policías y segundos después le abrían la puerta trasera de una camioneta policial. Cristina ya sospechaba de la Bonaerense porque en los días de rastrillajes vio al mismo uniformado que solía hostigar a su hijo y sus amigos cuando participaban de los talleres del Semillero Cultural, la agrupación en la que militaba. Pero con estos testimonios estuvo segura.

Al comenzar julio presentaron la denuncia ante la justicia federal por desaparición forzada de persona. A criterio de la querella de la familia y de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), los funcionarios asignados a la causa, la jueza María Gabriela Marrón y el fiscal Santiago Ulpiano Martínez, buscaron proteger a los policías Alberto González, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Mario Sosa. De hecho, la magistrada fue apartada de la causa por la Cámara de Casación por su “falta de imparcialidad” y por haber “negado y dilatado pruebas esenciales de la investigación”. Aún así, aparecieron objetos pertenecientes a Facundo e incluso un cabello con el ADN mitocondrial de su madre en la comisaría de Origone y en un patrullero de la UPPL de Bahía Blanca.

Mientras tanto, la familia, sus abogados y los testigos fueron amenazados y hostigados. Cristina fue recibida por Alberto Fernández y tras ese encuentro fue apartada la Policía Federal de la causa. También se encontró con el Procurador Eduardo Casal, ante quien denunció al fiscal Ulpiano Martínez. Casal designó a los fiscales Andrés Heim, de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, y a Horacio Azzolín, de Ciberdelitos. Fue la etapa más próspera de la investigación, aunque a cuatro años de los hechos aún no hay imputados. Sin embargo, la causa está activa y procesando información. “Con el objetivo de avanzar con las imputaciones estamos solicitando instrumentos especiales para analizar el enorme volumen de los datos obtenidos”, dijo la abogada Margarita Jarque, de la CPM, al referirse a los cruces de llamadas de unos 80 teléfonos de policías y su geolocalización.

Mechi Hollmann, docente de Facundo Castro en el taller literario del Semillero Cultural, diálogo con ANCCOM sobre el cuarto aniversario: “Es revivir un montón de cosas, angustiarse, saber que tanto que hicimos, que se movió, que se trató de luchar, se visibilizó y que haya quedado en la nada”. Asimismo, recordó a Facundo cuando estaba en la biblioteca de su casa: “Es imposible olvidarse de su sonrisa. Ya lo recordás con eso”. El Semillero había sido una iniciativa de la agrupación La Cámpora, y quienes asistían eran discriminados por algunos sectores del pueblo de Luro. La policía, por su parte, no cesaba de molestarlos. Hollman recordó que “en una oportunidad arruinaron una huerta que habían hecho al pasarle por arriba con un patrullero”. Lo que seguía era ponerlos contra la pared con las manos en alto y llevarlos detenidos.

En tanto, el abogado Aparicio recordó que “la fiscalía solo quería avanzar sobre la hipótesis de un presunto suicidio, no brindaba motivos a las querellas por qué esa era la única hipótesis del caso mientras teníamos a cuatro policías que habían detenido a Facundo. Tuvimos que trabajar para que cambie, pedir que fuera apartado al fiscal de la investigación para que podamos avanzar en descubrir la verdad».

Desde el juzgado de Marrón también tenían una única idea, un presunto accidente como causa de la muerte de Facundo. En su presunción, el joven se habría ahogado en el cangrejal, donde la profundidad nunca supera los pocos metros, según los testimonios de los pescadores que frecuentan el lugar y que el 15 de agosto de 2020 encontraron un esqueleto incompleto junto a una de las zapatillas que usaba Facundo el día que desapareció. En la investigación está comprobado que el 8 de mayo un patrullero de Bahía Blanca estuvo a pocos metros del lugar del hallazgo. El 12 de abril en otro sector del cangrejal apareció la mochila del joven con ropa que había sido cortada y quemada, sus celulares y algunas otras pertenencias. Su Documento Nacional de Identidad, al que la policía Curruhinca le sacó una foto con el mismo celular con el cual tomó la última imagen de Facundo de espaldas frente al patrullero que manejaba Sosa, nunca apareció.