Condenaron a tres policías de la Ciudad por gatillo fácil

Condenaron a tres policías de la Ciudad por gatillo fácil

Sep 18, 2024 | DDHH, Destacado 1

El oficial Ramón Pérez fue sentenciado a prisión perpetua mientras que las agentes Beatriz Manzanelli y Daniela López purgarán seis años de cárcel por haber asesinado al remisero Claudio Romano. La Policía porteña es la más letal del país.

De izquierda a derecha, Darí­o Ramón Pérez, Claudia Beatriz Manzanelli y Daniela López.

Luego de casi cinco años desde que la vida de Claudio Romano fue arrebatada a manos de tres agentes de la Policía de la Ciudad, este miércoles 18 de septiembre tuvo lugar la última audiencia del juicio oral y público que culminó con una condena a prisión perpetua y dos a seis años de cárcel. Sin embargo, los implicados quedarán libres hasta que se conozca el resultado de su apelación.             

Desde el mediodía, sentados en la sala del Tribunal Oral Criminal Nº 12, los allegados de Romano y de los tres policías acusados estaban expectantes por el veredicto. La querella de las abogadas de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), y los familiares y amigos de Romano, también.

El juicio a los oficiales Ramón Pérez, Beatriz Manzanelli y Daniela López contó con cuatro audiencias y 24 testimonios, entre testigos visuales, peritos y profesionales en calidad de consultores. El tribunal compuesto por Luis Oscar Márquez, Darío Martín Medina y José Pérez Arias, dio a conocer la sentencia que determinó cadena perpetua para Pérez -quien disparó la bala que terminó con la vida de Claudio Romano- por el delito de homicidio agravado por su condición de miembro de las fuerzas de seguridad. En tanto, sus compañeras López y Manzanelli recibieron la pena de seis años por el delito de lesiones graves. Luego, el juez José Pérez Arias dio la palabra a los imputados. Tanto Manzanelli como López y Pérez coincidieron en decir: “No tengo nada más para agregar. Agradezco al tribunal por haberme escuchado”.

Lucía Sánchez, pareja de la víctima, junto a la abogada y referente de Correpi Marí­a del Carmen Verdú.

Por unanimidad, los jueces resolvieron condenar al oficial Pérez por considerarlo el autor material y responsable de la muerte de Romano, a través de un abuso de su autoridad y el uso de arma de fuego. Por otro lado, coincidieron en que a las oficiales Daniela López y Beatriz Manzanelli, les corresponde una sentencia menor como autoras materiales penalmente responsables por agresiones agravadas por arma de fuego y abuso de sus funciones.

 Además, acordaron tomar medidas que endurecen sus condiciones de libertad hasta ser encarcelados, entre las que se incluyeron una intimación a que cada uno de los oficiales deba concurrir personalmente una vez por mes al tribunal para dar presencia y se estableció una captura inmediata ante el intento de salida del país, entre otras disposiciones. 

En el silencio que siguió a la lectura del veredicto, la doctora María Carmen Verdú y el padre de Claudio, Ramón Romano, compartieron un abrazo antes de abandonar la sala, donde el bloque defensor permaneció hasta unos minutos después.

Ramón Romano, padre del remisero asesinado.

“Me siento satisfecha con el resultado de Pérez pero también tengo una sensación amarga respecto de López y Manzanelli, que tienen seis años de condena, nada más. Dentro de todo, estoy bastante conforme”, comentó a ANCCOM Lucía Sánchez Cáceres, la novia de Claudio. Para ella, la hipótesis de la defensa, que alegó un intento de suicidio por parte de Romano, “fue decadente”.

Sandra Berthe, miembro de la querella y de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), junto a Verdú, compartieron los pasos a seguir en el proceso.“Este resultado no significa que no vayamos a apelar y buscar más años para las otras dos policías, que solo obtuvieron seis años por lesiones agravadas”, afirmó Berthe. “Supongo que desde la Fiscalía también se va a apelar. Nosotros consideramos que López y Manzanelli fueron coautoras, indispensables en el homicidio agravado”, agregó.

En consonancia con esto, Verdú afirmó: “Indudablemente, haber logrado la condena a prisión perpetua contra uno de los tres policías que fusilaron a Romano es un triunfo de la lucha organizada, de la persistencia de la familia, de la militancia de todo CORREPI, pero por el otro lado tiene la contracara de la leve condena para las dos mujeres, Manzanelli y Lopez, que en nuestra teoría del caso, al igual que en el caso de la fiscalía, consideramos coautoras y no simples ejecutoras de unas lesiones graves”. En ese sentido, anticipó: “Este será el contenido de nuestro recurso a la Cámara de Casación Penal, dentro de cinco días vamos a conocer los fundamentos del fallo. A partir de ahí, hay veinte días para presentar los recursos de Casación”.

Correpi cosecha condenas

El caso Romano constituye otro capítulo en los enfrentamientos y búsquedas de justicia contra representantes de la Policía de la Ciudad, la cual es definida desde la organización como “la fuerza más represora letal del país que supera, en proporción a la cantidad de efectivos, el índice de letalidad de la Policía bonaerense o santafesina”. Entre otros casos seguidos por Correpi, se destacan la condena a prisión perpetua del policía Adrían Otero por el asesinato de Cristian “Paragüita” Toledo en Barracas, la condena a la oficial Melina Luján San Roque a tres años y ocho meses de prisión domiciliaria por el homicidio de Dylan Santucho en San Martín, y la reciente condena a 18 años de prisión del también policía de la Ciudad Camilo Andrés Farías por el fusilamiento de Yair Ayala en Monte Grande.

“Los efectivos de las fuerzas de seguridad deben actuar según la ley, no pueden tener una conducta excesiva por el hecho de ser policías. Las vidas de la familia y afectos de Romano quedaron en pausa desde entonces. Los oficiales Manzanelli, López y Pérez, hasta hoy continúan con su vida habitual”, dijo la fiscal María Ángeles Ramos en su alegato de cierre.

“No me sentía detenido, me sentía secuestrado”

“No me sentía detenido, me sentía secuestrado”

Sep 17, 2024 | Destacado 3, Entrevistas, Vidas políticas

Roberto de la Cruz Gómez, el último de los 33 apresados por manifestar contra la Ley Bases que fue liberado, habla de sus condiciones de detención, de las motivaciones para marchar y sobre las razones de la represión.

Tras ser detenido arbitrariamente mientras protestaba contra la Ley Bases, Roberto de la Cruz Gómez estuvo preso 85 días en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. De las 33 personas apresadas ese día, fue él quien permaneció más tiempo privado de su libertad. Fue excarcelado jueves 5 de septiembre. En diálogo con ANCCOM  cuenta que fue víctima de violencia policial, y que se sintió secuestrado. También detalló las torturas que sufrió.

El 12 de junio en el Congreso de la Nación  los senadores debatieron y votaron la denominada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Afuera, una multitud que se manifiestaba exigiendo el rechazo de la ley,  sufrió la feroz represión de las fuerzas de seguridad.

Alrededor de las siete de la tarde, De la Cruz Gómez se encontraba en las inmediaciones del Congreso cuando la policía comenzó a tirar gases lacrimógenos y balas de goma. De esta manera, los manifestantes comenzaron a retroceder hasta llegar a la Avenida 9 de Julio. Allí estaba la Policía Federal, que armó un cordón para impedirles la salida.  Acorralado, De la Cruz Gómez intentó volver hacia el lado del Congreso, pero le negaron el paso y lo detuvieron. Como a él, la policía detuvo arbitrariamente a 33 personas que fueron a marchar ese día. Horas después, serían llamados terroristas por el presidente y la ministra de Seguridad, quienes aseguraron que intentaban perpetrar un golpe de Estado. 

«Fui a protestar contra la Ley Bases porque soy trabajador. Como tantas otras personas tuve que cortar gastos, en mi caso el boleto de transporte. Fui porque me parecía que iba a ser como una muerte en cámara lenta esto”, cuenta. De la Cruz Gómez es panadero y por el aumento en los transportes debió mudarse a una pieza en su lugar de trabajo. Ese 12 de junio era su día de franco. 

 

¿Cómo fueron los primeros momentos de detenido? 

Tres de nosotros, los detenidos, fuimos llevados para Ezeiza. Apenas llegamos, el Servicio Penitenciario nos recibieron con guardias encapuchados con pasamontañas, nos dejaron una hora parados y nos empezaron a tirar gas pimienta. Yo tenía el codo lastimado porque me tiraron al piso para agarrarme, me tiraron gas pimienta en el codo también. Nos empezaron a decir «acá llegaron los peronistas, los terroristas, canten esa canción de que la patria no se vende que van a cantar ahí al Congreso».  Quiero dejar en claro que el Servicio Penitenciario a nosotros no nos cuidó en ningún momento, nos tiraron al muere.

 

Luego de ese momento, ¿cómo fueron tus condiciones de vida en el penal? 

Ahí adentro tenía al Servicio encima mío, una persecución. Incluso después de salir, hablando con otros liberados, algunos chicos me contaron cómo el Servicio les pegó antes de que se vayan y los maltrataron. Hice un pronto despacho para contar eso, pero no le dieron el curso al documento público, lo retuvieron y entonces no tuve forma de hablar con la jueza para poder decirle lo que me estaba pasando. El penal es un desastre. O sea, tengo que agradecer que después de pedirlo pude ir a un lugar tranquilo, pero hay mucha negligencia. Tengo problemas con la rodilla,  estuve un mes para que me atienda el médico y un mes más para que me den un diclofenac. Tuve que denunciar al juzgado para que me pasen un colchón y una manta. 

 

¿Qué papel tuvo la justicia en esos 85 días?

Estuve 70 días sin un papel que me diga cuál era mi delito. Iba viendo por la tele que decían que éramos terroristas, pero yo no tenía ni un papel de eso, ni información sobre nada. No me sentía detenido, me sentía secuestrado.  Cuando me fue a ver, la defensora Gabriela Plazas me dijo que la causa tenía 60 hojas y que no me las podía traer porque no tenía presupuesto para imprimirla. Pero no me trajo ni una sola hoja tampoco, ni el papel de la preventiva, ni nada por el estilo. Tuve que escribirle un pronto despacho a la jueza. Tres le mandé. En el último me pregunta qué es lo que yo tanto quiero hablar con ella, a lo que le explico: quiero saber cuál es mi delito, por cuánto tiempo voy a seguir acá, cómo es que los demás se fueron y yo no. Al otro día me mandó a decir que no me pensaba atender y me envió la causa. Deben haber juntado un peso y pico por día para poder imprimirla, porque tardaron 70 días por 60 hojas. 

Una vez que te enviaron la causa, pudiste leer los fundamentos de tu detención. ¿Cuáles eran? 

No fueron honestos a la hora de la detención. Cuando me detuvieron me dijeron que me agarraban por resistencia a la autoridad, y que al otro día salía. Así nos dijeron a todos. Pero después nos pasearon por todo el Código Penal, buscando todas las causas que tenían condenas superiores, eso no es legal. Salir a marchar es constitucional, es un derecho. Yo leí mi causa y decía que ese día hubo dos clases de personas: los que marchaban constitucionalmente y después personas hostiles. Para mí los hostiles ese día fueron los policías de Patricia Bullrich, porque en la plaza tiraron a mansalva. Esas personas son las hostiles, que dejaron a más de 200 heridos y no hay ni un policía preso. Y para completar, todas las declaraciones de las detenciones son de los propios policías. No hay ni un ciudadano civil que haya dicho “sí mirá, yo estaba en mi balcón y vi a este pibe hacer tal cosa”. Todo armado por ellos. 

¿Qué te generó saber que de resistencia a la autoridad, tu causa se convirtió en terrorismo, golpe de Estado, sedición e intimidación pública? 

Son acusaciones gravísimas, son injurias contra mi honor. Yo  tuve problemas con mi familia al principio,  llamé a mi casa y me preguntaban si yo era terrorista de verdad.  Pero lo que me parece más grave es lo de golpe de Estado, en Argentina ya sabemos lo que es el golpe de Estado. Fueron los militares que hicieron desaparecer personas. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Además me extraña, porque justamente Patricia Bullrich que vivió en esa época, sabe lo que es un golpe. Y el presidente habla de terrorsimo después de que fue a Israel.

Después de salir me puse a leer comentarios, había algunos muy graves, uno por ejemplo decía:  “La verdad es que este terrorista tendría que haberse quedado ahí adentro y haber pasado hasta los últimos días de su vida ahí”.  O sea, lo que yo no entiendo es como la gente se cree todos eso, cómo ellos van tapando con eso y por atrás te tiraron el aumento del tren, te subieron el pan, te subieron la luz, y la gente pensando: “¡Hay terroristas!  ¡En qué país estamos viviendo!”  Y no éramos terroristas, éramos un parrillero, un panadero, o sea nada que ver. 

 

¿Cómo repercutió en tu estado de ánimo el paso del tiempo en la cárcel? De pensar que salías al día siguiente a que pase una semana, un mes, otro mes…

Eso fue terrible. Yo veía que iban largando de a poco. Obvio que tuve malos momentos como todos, porque yo creo que en la vida acá afuera la gente tampoco lo está pasando de maravilla.  A mi  lo que más me mató fue cuando  la sueltan a Daniela. Por un lado me pongo contento cuando  la sueltan, porque además yo no podía entender por qué ella que no tenía antecedentes seguía detenida, pero bueno también me entristecí mucho porque dije: ¡uh la quedé yo! Yo estoy muy agradecido con la gente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), con los organismos que tenemos en Buenos Aires,  que se dedican a trabajar por las personas que fueron detenidas ilegalmente y contra la violencia institucional. Ellos y muchas asambleas de gente que sale a luchar por sus derechos que me fueron a visitar, para mi eso fue de mucha contención y de mucha ayuda. 

A mí, la detención no me disciplinó nada, porque yo no cometí ningún delito. Soy un ciudadano argentino que tenía que salir a la calle, como salieron muchos ese día, a tratar de decirle no a una ley que nos perjudica

Roberto de la Cruz Gómez

…

 

Daniela Calarco Gómez también fue detenida ese 12 de junio, en la movilización contra la Ley Bases. Estuvo privada de su libertad por 78 días, siendo una de los dos manifestantes detenidos arbitrariamente que más tiempo estuvieron encarcelados. La liberación de Calarco Gómez fue una semana antes que la de De la Cruz Gómez, el último en salir. 

 

Cuando liberan a Calarco Gómez y niegan tu excarcelación comenzás una huelga de hambre, ¿cómo tomaste esa decisión?

Daniela, se fue y a mi me niegan la excarcelación al otro día. Me llama la secretaria de la defensa y me dice: “Roberto te tengo malas noticias”. Yo tengo antecedentes penales, entonces supuestamente Servini de Cubría se tomó el tiempo de investigar mis causas anteriores y llegó a la conclusión de que yo podía fugarme del país. Ahí hice un pronto despacho más para la jueza, informando que me ponía en huelga de hambre y los fundamentos. Porque no es que me puse en huelga de hambre porque no tengo ganas de comer. La jueza se desvió de la causa, en vez de investigar me condenó por algo que yo ya pagué, mostrando un desprecio total a la reinserción social. No solamente mía, porque si el manejo es ese da la pauta de que si te agarran, aunque sea como a mi en una detención arbitraria, no te sueltan más. Eso me preocupa, más ahora con la Ley de Reiterancia y el manejo que tiene la policía en todo el país. Por ejemplo, me enteré que en Río Negro agarraron a unas hermanas mapuches que tienen fecha de juicio el 26, 27 y 30 de septiembre. Las fueron a buscar a la casa y se las llevaron, una tenía dos criaturas menores que las dejaron metidas en la casa.  O sea imagínate a lo que estamos llegando. 

 

Después de 85 días detenido, de haber sufrido violencia policial, ¿lograron disciplinarte? 

A mí no me disciplinó nada, porque yo no cometí ningún delito. Soy un ciudadano argentino que tenía que salir a la calle, como salieron muchos ese día, a tratar de decirle no a una ley que nos perjudica. Los argentinos siempre vivimos al límite, pero esto desborda todo. Este gobierno nos está llevando por un camino donde deja presos, deja represión, deja hambre, ha dejado morir personas por no darle los medicamentos, no invierte en el país. Pero ya se van a dar cuenta que en este país toda la vida se peleó, acá se venció el verdadero terrorismo, con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que se pararon enfrente a los militares. Acá se han formado luchas, asambleas y la gente sabe y está dispuesta a salir. Quizá sí tenemos un poquito de miedo, pero no nos para.  Si mañana no llego a pagar el boleto, no llego a comprar el pan, ¿para qué me voy a quedar en mi casa? Hay que salir a la calle hermano. Yo estoy esperando que se me cierre la causa, y que nuestro país pueda estar de pie nuevamente, que recuperemos la verdadera libertad que nos están robando. 

 

Comenzó otro juicio por gatillo fácil a policías de la Ciudad

Comenzó otro juicio por gatillo fácil a policías de la Ciudad

Sep 10, 2024 | DDHH, Destacado 2

Los agentes policiales Ramón Pérez, Beatriz Manzanelli y Daniela López están acusados de asesinar de ocho balazos, en Villa Crespo, al remisero Claudio Romano, de 39 años.

Ramón Romano, padre de Claudio, junto a su abogada María del Carmen Verdú, familiares y otros integrantes de la Correpi.

Tras el procesamiento de los agentes policiales Ramón Pérez, Beatriz Manzanelli y Daniela López, en el 2019, por el asesinato del remisero Claudio Romano, este lunes 9 de noviembre se llevó a cabo la primera de las cuatro audiencias del juicio oral y público que determinaran el destino de los tres imputados. Un nuevo episodio de abuso de la autoridad en la historia de la Policía de la Ciudad -la más letal del país-, teñido con armas de fuego y con una víctima mortal.

A las 9 de la mañana se abrieron las puertas del Tribunal Oral Criminal nº 12, frente a Plaza Lavalle, para dar comienzo a la jornada inicial. El 1 de octubre de 2019, en el barrio de Villa Crespo, el remisero de 39 años Claudio Romano recibió ocho tiros por parte de tres oficiales del cuerpo policial de la Ciudad, lo que resultó en la muerte del conductor.

La causa cuenta con numerosos registros y pruebas de los hechos, entre ellos, videos de las cámaras de la vía pública –Malabia al 900–  que muestran cómo Romano estacionó su auto en doble fila detrás del patrullero. El remisero se encontraba previamente herido en el abdomen y las muñecas, por motivos que aún se desconocen, y se dirigió al móvil policial ensangrentado con una navaja tipo “kerambit” en las manos. Por otro lado, se encuentran las pericias realizadas por la Asesoría Pericial de la Policía Federal que demuestran que, en el orden de los disparos, el último le atraviesa los dos pulmones y la vena aorta, con lo cual la hemorragia es instantánea y la muerte se produce en segundos. 

Los agentes policiales acusados Ramón Pérez, Beatriz Manzanelli y Daniela López junto a su Defensa. 

La defensa, conformada por los abogados Manuel Ramallo y Rodolfo Barrios, del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, intenta sostener la “legítima defensa” y bajo el “legítimo ejercicio de su deber” contra un hombre violento que se acercó a ellos de manera amenazante, atentando contra sus vidas. Sin embargo, los videos dejan ver cómo a pesar de que Romano, estando ya herido, recostado sobre el suelo e incapacitado para levantarse, no presentaba una amenaza, aún así los oficiales le causaron ocho heridas de bala con sus armas reglamentarias hasta matarlo.

 La querella y la fiscalía, conformados por Ramón Romano, el papá de Claudio, Lucía Cáceres, María Carmen Verdú, Sandra Berthe y María Ángeles Ramos, acusan a Manzanelli, Lopez y Perez de homicidio agravado por el abuso de sus funciones y la utilización de armas de fuego. Además, piden prisión perpetua para los tres oficiales. “Tenemos por un lado tres imputados, por el otro lado la policía más letal del país, superando a la Bonaerense y a la de Santa Fe, si tomamos en cuenta la cantidad de efectivos que tiene cada una”, afirmó la abogada de la familia de Romano, María del Carmen Verdú.  “Hay una chance real de una condena importante -adelanta-, porque los tres llegan a juicio imputados por homicidio calificado, no solo por nosotros, la querella, sino también por la Fiscalía, con lo cual la expectativa de que se pueda lograr una condena ejemplar es bastante grande”, agregó.

En esta primera instancia de debate, luego de las presentaciones de los jueces Luis Oscar Márquez, Darío Martín Medina y José Pérez Arias, los tres oficiales se dieron a conocer frente al Tribunal. La inspectora Beatriz Manzanelli fue la primera en brindar su versión de los hechos y, si bien aceptó declarar, se negó a responder preguntas que sus abogados no autorizaran, y preguntas de la querella. Luego de una ronda de preguntas personales de parte de los jueces, Manzanelli dijo que “nunca me tocó pasar por una situación así, inesperada y repentina”, y continuó su relato: “Ese día me levanté y fui a trabajar como todos los días. Estaba a cargo del móvil, hicimos una comisión con mi chofer en busca de un testigo con declaración pendiente. Apareció este hombre fuera de sí y atacó a mi compañero. Después vino con el cuchillo directo hacia mí, tuve que sacar mi arma para defenderme. Di la voz de alto pero él nunca se detuvo. Y tenía miedo de que me mate porque venía directo con el cuchillo levantado”, declaró con un leve quiebre en la voz pero sin lágrimas.

Ramón Romano, padre de la víctima.

A pedido de la doctora Verdú, Manzanelli debió aclarar su situación actual de revista. “En servicio efectivo, sin atención al público ni uso de armas, en trabajo administrativo”, respondió. A continuación, la fiscal Ramos puntualizó la divergencia entre su declaración actual y aquella que la inspectora dio a saber el 3 de octubre de 2019. “Hay contradicciones. El contenido es distinto, ya que en su momento se había negado a declarar”, expresó.

La totalidad de esta escena, desde las preguntas de los jueces y los quejidos en las declaraciones, la insistencia en la intención violenta de Ramos, el temor por su propia vida, la negación a responder preguntas no autorizadas por la defensa, la aclaración de la continuidad en su trabajo administrativo en la actualidad, y la inconsistencia debido a que los efectivos policiales se habían negado a declarar en su momento, se repitió cuando fueron los turnos de los compañeros de Manzanelli, Daniela Isabel Lopez y Ramón Darío Pérez.

En suma, la declaración de los tres acusados planteó el escenario de lo que a lo largo del juicio será la estrategia de la defensa: sostener una teoría del caso basada en la actitud violenta y aspecto amenazante del fallecido, como justificativo para su asesinato.

Sobre la posibilidad de los tres efectivos de continuar sus funciones laborales en libertad de manera administrativa, la doctora Verdú comentó a esta agencia: “Son policías. Si estuviéramos hablando de un robo en grado de tentativa o de cualquier otro tipo de delito, relativamente menor, no estaría teniendo la menor chance de que más aún en las actuales condiciones, la persona acusada estuviera en libertad. De no ser policías, hubieran estado presos desde el primer día”.

Durante la audiencia de cinco horas, diez testigos fueron convocados a declarar sus recuerdos del día de la muerte de Claudio. La mayoría presentó dificultades para recordar los eventos del fatídico octubre de 2019. Entre ellos, Lucía Sanchez Cáceres, testigo, pareja de Claudio y acompañante del padre de la víctima, Ramón Romano, fue la primera en brindar su versión de los hechos y, gracias a su vínculo emocional con el fallecido, logró reconstruir los hechos.

“La noche anterior hubo tormenta. A día de hoy sigo sin poder dormir cuando llueve” comienza Cáceres, combatiendo las lágrimas que le dificultaron hablar con claridad. La testigo dio detalles sobre su vínculo con Romano, y resaltó su carácter amigable y la comunicación constante que ambos mantenían. “Él era muy sociable, a donde iba se relacionaba con todo el mundo. Era simpático, nunca tuvo episodios violentos”, declaró Cáceres.

“Nosotros hablábamos todo el tiempo. Él me comentaba por donde andaba, yo miraba la tele y le avisaba si había algún corte o algún problema, porque a él no le gustaba atrasarse con sus viajes”, relata Cáceres. “Prendí la tele y vi en Canal 9 que en Malabia habían matado a un civil. Le mandé un mensaje [a Romano] para que no pase por ahí porque estaba cortado, y el fallecido resultó ser él”. 

La viuda relató cómo, luego de intentar reconstruir el paradero de su marido, llegó al lugar de los hechos en la calle Malabia: “Fui corriendo. Fueron las dos calles más largas de mi vida hasta que llegué ahí. No estaba, ya se lo habían llevado. El auto estaba lleno de sangre, y un periodista de Canal 9 me dijo ‘investigá, acá está pasando algo, están tapando todo’”.

A su testimonio le siguieron el resto de los testigos, dos de los cuales se presentaron vía Zoom. Los relatos fueron mayormente consistentes: olvidos debido al paso del tiempo, una víctima ensangrentada y completamente reducida que aún así continuó recibiendo balazos, y entre siete y ocho tiros contiguos en escasos segundos. 

Los allegados de Romano, además, coincidieron en el carácter afable de la víctima. Por ejemplo, Rogelio Sebastián Molina, amigo de Claudio y compañero de trabajo en la misma empresa de traslado, afirmó: “Siempre fue respetuoso, tenía muchas cosas buenas, demasiadas”. Cuando la defensa le preguntó si Romano se encontraba deprimido o consumía algún tipo de droga, Molina respondió: “Siempre lo conocí sano. Iba al gimnasio, se cuidaba, iba con su agua”. En consonancia con esto, Adolfo Javier Quiroga, jefe de Romano, dijo que “nunca hubo quejas de parte de la gente que transportaba. Se desempeñaba bien en el laburo. Nunca me llegó ningún reclamo, ni siquiera un comentario. Él hacía su trabajo, cumplía, se manejaba bien con los clientes”.

Durante las cinco horas que duró la jornada, Ramallo y Barrios repitieron las mismas preguntas a todo aquel que se sentara en el banco de testigos: “¿Romano era violento? ¿Estaba pasando por un periodo de depresión? ¿Qué tipo de ejercicios hacía en el gimnasio? ¿Era musculoso? Describí su contextura física ¿Consumía esteroides? ¿Tuvo alguna vez problemas de consumo?” El relato de Daniel Romano como alguien agresivo y factible de coaccionar a un policía estaba implantado en las preguntas y las nuevas declaraciones de los acusados. Sin embargo, no coincide con la actitud que se ve en las grabaciones ni en los recuerdos, aunque borrosos, de sus allegados. 

Sobre la teoría de legítima defensa que sostienen los abogados de los oficiales, Lucía Cáceres afirmó: “Yo soy veterinaria: si hay un rottweiler que muerde, es responsabilidad mía. Como profesional tengo que saber controlarlo sin lastimarlo. Si sos policía, tenes que saber como reducir a alguien sin matarlo”. 

A esta primera sesión de debates, le seguirán tres jornadas más, el 12 y el 13 de octubre con más testigos, y el 20 de octubre para dar a conocer los alegatos de cierre.

Para los jubilados hay muchos palos pero poca plata

Para los jubilados hay muchos palos pero poca plata

Sep 5, 2024 | Comunidad, Destacado 1

Por segundo miércoles consecutivo, el Gobierno de Javier Milei reprimió a los jubilados que se manifestaban en contra del veto presidencial a la ley que reforma el índice de actualización de haberes y que permitiría recuperar una parte del poder adquisitivo que perdieron. Heridos, desvanecidos y hospitalizados.

Apenas quedaban pequeños grupos en las esquinas de Entre Ríos y Rivadavia cuando todo volvió a empezar. En frente del Congreso nacional se encontraban, nuevamente, los jubilados con sus reclamos y la Policía Federal. Adentro, en el recinto de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, daba su primer informe a los legisladores y respondía preguntas.

Este lunes, Javier Milei vetó la Ley de Reforma del Sistema de Jubilaciones que actualizaba -apenas una pequeña parte- pensiones y jubilaciones después de la pérdida del poder adquisitivo de la clase pasiva que se profundizó con el ajuste del nuevo gobierno. Solo en el primer semestre de este año, el haber jubilatorio perdió un 27,7 por ciento de poder de compra.

‘’Si hay veto, hay calle’’ advirtieron la semana pasada los jubilados, después de recibir palos y gas pimienta. Este miércoles, las fuerzas de seguridad dirigidas por Patricia Bullrich hicieron caso omiso a la edad, las muletas de algunos, los bastones y cargaron con saña contra los jubilados y organizaciones políticas que los apoyan en sus reclamos.

Antes de la hora convocada, ya el clima permitía advertir que el reclamo preocupa al Gobierno de Javier Milei. La Federal y Gendarmería formaban cordones que preanunciaban una encerrona. Algunos cálculos antes del pandemónium hablaban de entre 800 y 1000 uniformados. 

Los cánticos enardecidos empezaron a resonar contra las paredes de los edificios. “¡Policía Federal, la vergüenza nacional! ¡Policía Federal, la vergüenza nacional!”, fue el que se escuchó con más énfasis.

La confirmación de la letra no se hizo esperar. Habrán pasado 10 o 15 minutos desde que se dio por iniciada la concentración, cuando empezaron los palos. Las columnas de uniformados encerraron a los manifestantes, bloqueando las salida de la Plaza del Congreso, mientras el repique de los bombos y los gritos por un nuevo paro general iban en aumento.

La represión que había provocado varios heridos la semana pasada, se repitió. Palos y gas pimienta, a mansalva provocaron alrededor de 30 heridos, jubilados desvanecidos en plena calle, algunos atendidos en el lugar, y otros trasladados a los hospitales disponibles. Los palos derivaron, además, en que se levantó la sesión en Diputados ante la que exponía Francos. 

En la calle, la que iba a ser marcha hacia Plaza de Mayo quedó trunca. Con la represión los manifestantes se dividieron y luego se fueron disgregando. Patricia Bullrich envió un mensaje a los manifestantes: “Hicimos cumplir la ley”. Quedó claro que para la ministra se trata de la selva.

Al promediar la tarde, lo que quedó en las retinas y en la información que sobrevolaba en las calles es que la represión al sector más débil de la sociedad y el levantamiento de la sesión en Diputados que derivó de los palos dejó al Gobierno expuesto en una síntesis: la crisis la pagan los jubilados.

El último preso por manifestar contra la Ley Bases

El último preso por manifestar contra la Ley Bases

Ago 30, 2024 | Destacado 3

A casi 80 días de la represión a quienes reclamaban contra la norma que sostiene el andamiaje del ajuste y la desarticulación del Estado del Gobierno de Javier Mieli, ANCCOM fue parte de la comitiva que visitó en el penal de Ezeiza a Roberto de la Cruz Gómez, último detenido por ejercer su derecho de protesta.

De los 33 detenidos, encarcelados y acusados por terrorismo e intento de golpe de Estado en aquella lejana manifestación del 12 de junio contra la Ley Bases en el Senado, 32 fueron liberados. La repentina absolución de Daniela Calarco el miércoles pasado cambió los planes de la conferencia de prensa planificada frente al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, que contaría con la presencia de Adolfo Pérez Esquivel, Myriam Bregman y organismos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Sin embargo, el único detenido que queda, Roberto de la Cruz Gómez sigue allí dentro, sin causas lógicas y pruebas suficientes que justifiquen sus 79 días de encierro en el penal, y sin indicios de una pronta liberación.

Son casi las dos de la tarde y Nahuel Perkal, integrante de la CORREPI, consiguió pasar el gran portón corredizo ubicado en la colectora de la Ruta nacional 205, a 30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. A lo lejos, ya dentro del predio, está Bregman esperando afuera del pabellón de visitas. Junto a ella están Guillermo Pistonesi, abogado y dirigente nacional del PTS, y Grisel Lyardet, uno de los testimonios públicos más conocidos por la liberación de su hermana Sasha, una de las detenidas. 

 

—¿Qué hacemos? -insistió la exdiputada. Pérez Esquivel no responde al teléfono. El día anterior cargó con una larga jornada en la Cámara Baja por el pedido de expulsión de los legisladores libertarios que visitaron a represores condenados en la cárcel de Ezeiza.

 

—Ya es la hora, entremos. Nos debe estar esperando -se contestó a sí misma, y entraron.

Las visitas a un detenido en el penal de Ezeiza no son nada fáciles de gestionar. Más aún cuando se trata de un preso político con causas más intimidatorias que reales por la falta de pruebas: incitación a la violencia colectiva, daño agravado, atentado y resistencia a la autoridad, perturbación del orden público. Otras que ya nadie recuerda, pero alguna con calificación suficiente para considerarlo como delito federal. Llamada entrante para el fiscal Stornelli. 

 

—Solo ingresan las personas que están autorizadas, que gestionaron un permiso, que lo pidieron en Dirección Nacional, el que no está acá…-lanza al aire la guardia del pabellón, alargando las sílabas finales. 

 

Bregman, sobre el ingreso, agrega que “nosotros tuvimos que pasar 45 minutos de muchísimos controles, dos scanners, incluso revisaron absolutamente toda la comida que trajimos para Roberto. Todo eso es lo que no pasaron los diputados y diputadas que visitaron a los represores condenados por delitos de lesa humanidad”. 

La defensora oficial que atiende a Roberto de la Cruz Gómez presentó un pedido de excarcelación. Con el antecedente de la liberación de Daniela, hay expectativas de que se lo libere pronto. Si no fuera así, Pistonesi explica: “La causa está tan floja de papeles que es evidente que van a tener que liberarlo porque no tiene ninguna prueba que lo pueda incriminar sobre la carátula que le pusieron. No hay fotos, no hay filmaciones, no hay nada. Por lo tanto, lo peor que puede llegar a suceder es que vaya rápidamente a un juicio oral y allí no hay forma de que no sea liberado. Es inevitable, por más de que Stornelli quiera inventar cosas no tiene nada”.

 

—Y para vos, ¿por qué continúa detenido? 

 

—Porque Roberto ahora es un rehén. Como si dijeran “Miren que si salen a luchar, les va a pasar esto”. Es una forma de amedrentar al conjunto del movimiento obrero y popular, con un contenido político muy preciso.

 

Bregman asegura que “con esto intentan plantar un precedente para el conjunto de quienes nos manifestamos siempre.” ¿Cuál es ese precedente? Que no se puede protestar.

 

—A Roberto lo encontramos de muy buen ánimo, esperanzado de poder salir porque sabe que su detención es totalmente ilegal. Nos recibió con cartas, flores de papel maché, y una torta que hizo para compartir con nosotros. Con esa misma fuerza que tiene, nosotros seguiremos peleando por su libertad.