En un operativo cojunto, la Policía Federal y la Prefectura Naval volvieron a reprimir a los jubilados que reclamaban por una mejora de haberes, el retorno de los medicamentos gratuitos y la continuidad de la moratoria. Los acompañaron médicos y enfermeros del sector público despedidos. Hubo tres heridos y dos detenidos. Mirá las fotos de ANCCOM.
A nueve días de la implementación del Plan Güemes, la Gendarmería Nacional reprimió a un grupo de bagayeros en la frontera de la provincia de Salta con Bolivia. Hubo un muerto y múltiples heridos de gravedad. ANCCOM habló con los protagonistas del episodio.
El pasado 18 de diciembre, un numeroso grupo de bagayeros y vecinos de la zona fue reprimido en un operativo de gendarmes del puesto 28, sobre la Ruta Nacional 50, en el municipio de Orán, provincia de Salta. Hubo más de 50 heridos, algunos de gravedad, y fue asesinado Fernando Gómez.
Según el informe oficial, un grupo de 80 personas que se encontraba transportando bultos sobre sus espaldas por la zona conocida como “La Isla” –a la vera del Río Pescado, un afluente del Río Bermejo que es la frontera entre el municipio de Aguas Blancas y la localidad boliviana de Bermejo–, se enfrentó a Gendarmería Nacional en la madrugada del miércoles. Al escuchar la voz de alto, “descartaron la carga y comenzaron a arrojar elementos contundentes contra los funcionarios”.
El contexto de este episodio impone mencionar aspectos culturales de las comunidades que habitan estas regiones. Los denominados “chancheros” o “coqueros” son personas que se dedican al transporte de hojas de coca desde Bolivia hacia la provincia de Salta o Jujuy. Si bien ese traslado es considerado una práctica ilegal, el consumo de estas hojas es una práctica cultural y completamente normal en el norte del país; y, como establece el artículo 15 de la Ley 23.737, “la tenencia y consumo de hojas de coca en su estado natural destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como consumo de estupefacientes”.
Luego de que todas las personas fueran dispersadas, se trasladaron 22 bultos a las instalaciones de la Sección “28 de julio”, que es un puesto de control fijo de la Gendarmería sobre la ruta nacional 50. Allí es donde se habría desencadenado un segundo conflicto luego de que “una multitud de “contrabandistas” del lugar, con actitud agresiva, intentaron recuperar lo secuestrado”.
Nunca antes se había registrado en ningún informe oficial que los señalados como “contrabandistas” volviesen a intentar recuperar su mercadería. Mucho menos si se tratase de estupefacientes, como alude Gendarmería Nacional. El informe oficial concluye que “una vez controlada la situación, los uniformados comenzaron a inspeccionar las bolsas del contrabando”, y es allí donde supuestamente habrían hallado 49 “ladrillos” con más de 50 kilos de cocaína, junto con más de 200 kilos de hojas de coca y seis mil paquetes de cigarrillos. En ninguna parte del informe se hace alusión a los 53 bagayeros heridos, ni al fallecido.
La primera víctima del Plan Güemes
Fernando Martín Gómez, de 28 años de edad, era pasador de hojas de coca, y se encontraba en el lugar de los hechos cuando fue asesinado por la Gendarmería Nacional. Fernando habría fallecido por un impacto de bala en su costado derecho, que fue donde se encontró el perdigón que le perforó un pulmón y la arteria aorta. Además, también tenía otra herida en la pierna, de una bala que lo hirió y salió.
En diálogo con ANCCOM, Sandra, la pareja de Fernando, contó que “él se dedicaba a pasar la coca, era el único sustento de la familia, nosotros somos 12 personas en un sólo terreno”. Gómez trabajaba de martes a sábado todo el día, y le pagaban por cada viaje que hacía, a la noche llegaba a su casa y dejaba la plata para poder alimentar a su familia. Ese día no fue diferente, estaba llevando su carga a un vehículo que la iba a transportar cuando “lo sacaron a los tiros”. Ellos tenían tres hijos, el mayor de seis, uno de dos años y un bebé recién nacido. “Quedé yo sóla porque él era el que salía a trabajar y yo me quedaba a cuidarlos”, comentó Sandra.
Sobre cómo murió su pareja, ella contó que “estaba trabajando, no va a ir a donde estaban los gendarmes como ellos dicen que fue, porque él tenía que esconder la carga para que no se la quiten, a mi marido lo mató la Gendarmería, me quitaron al padre de mis hijos, le metieron un tiro en el corazón”.
La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich publicó en sus redes un comunicado luego de los hechos con el título de “Bagayeros sí, Narcos no”, en el que aseguró que “a los trabajadores que viven de pasar mercadería les damos un camino ordenado para que puedan seguir caminando, pero a los narcos no”. Sin embargo, según la familia de Gómez, él sólo se dedicaba a pasar coca y cigarrillos.
“Ahora quieren que yo no haga nada y me quede de brazos cruzados, yo voy a hacer justicia”, comentó Sandra. Y sobre esto aclaró: “La ministra Bullrich estaba diciendo que mi marido era un narco, no es así, yo no vivo en una mansión, vivo en una casa humilde, de madera y con piso de tierra. Tenemos dos camas, una tele y una mesa chiquita para 12 personas”.
Entre lágrimas, Sandra contó cómo fue que se enteró del asesinato de su compañero. “Me llamó una vecina a las 3 de la mañana del miércoles, me dijo que mi marido había muerto, y a esa hora me fui al hospital con mi hijo para ver el cuerpo”. Ni la policía, ni el hospital se molestaron en comunicarse con ella, y por eso tuvo que tomar a su hijo recién nacido en brazos y acercarse para confirmar lo que su vecina le había dicho.
“Él siempre contaba que los gendarmes eran violentos con ellos, cada vez que se los encontraban los apuntaban con las escopetas en la nuca y los pateaban como perros”, contó Sandra. “Mi marido no es narco, que venga Bullrich a ver cómo vivimos, yo no tengo nada que esconder”, sentenció entre lágrimas.
Los heridos
En total hay más de 50 trabajadores de frontera heridos. El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que 25 de ellos fueron recibidos en el Hospital San Vicente de Paul, de Orán. A su vez, se notificó un herido con bala en el abdomen que escapó antes de ser identificado, y otro que está en recuperación por una lesión similar. Asimismo hay una persona con una bala en la cabeza que está en terapia intensiva y dependiendo de un respirador artificial. Además, hay cinco víctimas más con graves complicaciones oculares que fueron trasladadas por vía aérea al Hospital San Bernardo, en la Ciudad de Salta.
El parte oficial, sin embargo, afirmó que los uniformados “fueron atacados a pedradas”, y “repelieron la agresión con detonaciones de municiones anti-tumulto”. Se hizo sólo una alusión al fallecimiento de una persona, y se mencionó que posteriormente, un grupo de bagayeros intentó “tomar” el Puesto 28 de Gendarmería, disipándose el “ataque” con “disparos con municiones de posta de goma”. En ningún momento se mencionaron las balas de plomo que acabaron con la vida de Gómez y que dejaron a sus compañeros heridos de gravedad. Los trabajadores mencionan que se trató de ese tipo de munición pero el aspecto está bajo investigación en manos de los fiscales de Orán y Tartagal, María del Carmen Núñez y Marcos Romero.
El conflicto continúa
Luego de la muerte de Gómez, el jueves se hizo un corte sobre la ruta, entre Orán y Aguas Blancas que duró casi ocho horas. Durante el mismo se generó un nuevo conflicto entre vecinos de algunos barrios oranenses que resultó en otra fuerte represión e intercambio de balas de goma por un lado, y piedras por el otro. De este incidente es que el Gobierno de la Provincia de Salta informó que hay en total 54 uniformados heridos, uno de ellos por arma de fuego. Por el lado de los manifestantes también se registraron heridos, pero ninguno se acercó al hospital por miedo a resultar detenido.
En tanto, ayer en CABA organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos de la izquierda –que habían evocado la rebelión de diciembre de 2001 con un acto en Plaza de Mayo– caminaron hasta la Casa de Salta donde repudiaron el crimen de Gómez, exigieron su esclarecimiento y pidieron la renuncia de la ministra Bullrich.
Los trabajadores de la frontera
La economía de frontera en esta zona del norte del país lleva un plato de comida a la casa de más de 8.000 personas que trabajan transportando productos desde Bolivia hacia Argentina de forma ilegal. Es por ello que la política en este sector intenta en lo posible no coartar con el alimento de aquellos que viven de esto, porque es muy difícil para esas personas emplearse en otro rubro.
Popularmente, se les da un nombre a estas personas para distinguirlos según la carga que transportan. El bagayero es el que transporta ropa, también está el conocido como “bagayero vip”, que lleva electrodomésticos y productos de mucho mayor envergadura. El “chanchero” o “coquero” es una persona, generalmente de muy bajos recursos, que transporta a nado, y a altas horas de la noche, bolsas de consorcio que se supone deberían llevar hojas de coca y cigarrillos.
Sobre estos últimos, consultado por ANCCOM, comentó Adrián Zigarán, interventor del municipio de Aguas Blancas, que “es gente de escasos recursos que los contratan para que se tiren en el río flotando en esas bolsas que ya las tienen preparadas, en las que ellos no saben qué es lo que llevan, les pagan dos pesos, corren en riesgo su vida, y después no tienen ni para el velorio”.
Sin embargo, en las últimas semanas previas a la implementación del Plan Güemes, se empezó a detectar que la cocaína estaba pasando no sólo en las bolsas de coca, sino también entre los bolsos de ropa y dentro de los electrodomésticos. “La droga pasa de día y de noche, pero obviamente no son todos los bagayeros ni todos los chancheros”, afirmó Zigarán.
El Plan Güemes
Nueve días de implementación llevaba el Plan Güemes por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, hasta que se dió el primer incidente, uno de los más graves en la historia del conflicto con el narcotráfico en Salta. El norte de la provincia tiene desde hace ya muchos años un importante problema con este sector criminal, que se profundizó de manera tal que desde la justicia hasta la política, pasando por policías, bomberos y ambulancias, estaban manchados por numerosos casos de delitos relacionados con el narcotráfico.
El mismo Intendente del municipio de Aguas Blancas había sido destituido meses atrás y condenado a prisión domiciliaria por el encubrimiento de pruebas en el caso del asesinato de su hermano, que supuestamente tenía vínculos con el narcotráfico. Y es por ello que se designa a Zigarán como interventor. “En ese marco, el gobernador Sáenz decide asociar a la Nación, que es quien se encarga del narcotráfico, para poner un freno a esta cuestión que era transversal a todas las instituciones y combatirlo”, comentó Zigarán.
Sin embargo, la situación es mucho más compleja con respecto a los trabajadores de frontera. El mismo Interventor admite que no puede “calificar de narcotraficantes a estos pobres tipos que vienen flotando en una bolsa, que se ganan una moneda, no saben qué llevan y pierden la vida”.
Fernando fue la primera víctima del Plan Güemes, y una víctima más del complejo sistema criminal que se dió lugar en Salta en los últimos años. Lo que hacen no es legal, y ellos lo saben, pero reprimirlos y matarlos no debería pretender ser la solución.
El miércoles 27 se realizó la inspección ocular al Pabellón Séptimo en el marco que investiga la masacre de 1978, considerada como un crimen de lesa humanidad, donde murieron 65 reclusos.
Finalizada la declaración del sobreviviente Ángel Oscar Méndez durante la sexta audiencia del juicio oral y público contra los agentes penitenciarios imputados por aquella matanza ocurrida en 1978, el presidente del Tribunal Oral Federal 5 Nicolás Toselli anunció que la inspección ocular al Pabellón Séptimo de la cárcel de Devoto se realizaría el miércoles 27. Y así fue.
El recorrido inició a las 10 de la mañana con la presencia de los integrantes del Tribunal, la Fiscalía, las abogadas querellantes, el personal del Centro Ulloa y los abogados defensores. También participaron los sobrevivientes Hugo Cardozo y Juan Olivero, quienes habían testificado semanas atrás acerca de lo sucedido. Además, pudieron acceder al penal Verónica Ambrosio y Teresa Sottile, ambas familiares de sobrevivientes fallecidos durante la masacre.
La inspección comenzó en el interior del pabellón y continuó en las afueras. Durante el recorrido, los sobrevivientes fueron señalando los espacios en donde acontecieron los hechos. Ubicaron dónde dormían, dónde estaban acostados la noche anterior al incidente, en qué parte se encontraba el televisor que ocasionó el conflicto que dio inicio a la masacre y desde dónde surgieron los disparos, explicitando distancias entre una ubicación y otra. También recorrieron el área de la cocina, el comedor y los baños a los que varias veces los testigos habían hecho referencia.
También se identificaron las “pasarelas”, término reiterativamente mencionado a lo largo de varias declaraciones como aquel espacio en donde el personal penitenciario podía observar lo que ocurría dentro del pabellón y, a su vez, identificado como el lugar desde el cual el personal del Servicio Penitenciario realizó disparos con armas de fuego y lanzaron gases en la mañana del 14 de marzo.
Siguiendo con la medida in situ, uno de los sobrevivientes localizó una escalera, y aclaró que los habían obligado a “bajar por ahí” porque ese era el modo de dirigirse a lo que llamaban las “celdas de castigo”, espacio al cual habían dirigido a los reclusos al salir del pabellón, previo a recibir asistencia médica.
A lo largo de la inspección, pudieron identificarse los cambios estructurales dentro del penal desde el año 1978 hasta la actualidad: paredes que previamente no estaban, rejas que se modificaron y ventanas que fueron tapadas.
En diálogo con ANCCOM, la abogada querellante Natalia D’Alessandro explicó que la inspección fue necesaria y relevante para esclarecer los testimonios. “Permitió ubicar todo en términos de espacio, para terminar de comprender distancias que es algo que las defensas de los imputados consultan mucho, por ejemplo a qué distancia se encontraban los reclusos de los disparos”. D’Alessandro expresó que la medida colaboró con el desarrollo del juicio y también sirvió para comprender las declaraciones de los sobrevivientes que ya se sucedieron así como las que vendrán.
Además, la abogada expresó que no deja de ser reparador que dos de las familiares de sobrevivientes hayan podido ingresar al pabellón. “En un principio, el Tribunal sólo había autorizado el acceso a los sobrevivientes, porque decían que éramos muchos”, explicó la abogada. Sin embargo, con la preparación de un recurso que presentaron al tribunal ante dicha negativa, la querella logró que se autorice el ingreso de las familiares. “Nos pareció muy importante eso, la inspección no se trató solo de una cuestión de medir distancias, sino de una medida que en cierta forma es reparadora”. Con ello, D’Alessandro consideró relevante que ambas familiares puedan ver el último lugar en donde sus allegados estuvieron con vida. “Hay algo de reparación en todo el desarrollo del juicio oral que estamos llevando adelante, más allá de cual sea el resultado, y ese mismo factor estaba presente en el hecho de que pudieran ingresar al pabellón”.
“Todos los colchones explotaron”
El miércoles 13 de noviembre había declarado el sobreviviente Ángel Oscar Méndez para testificar sobre lo ocurrido durante el día de la mayor masacre carcelaria de la historia argentina, que surgió de una discusión entre un guardia y un recluso y siguió con una feroz represión en el pabellón séptimo de Devoto, y con un incendio que mató a 65 presos.
Méndez comentó que estuvo privado de su libertad entre 1976 y 1980. Sin embargo, al pabellón séptimo de la cárcel de Devoto había ingresado diez días antes de que ocurriera la masacre, a sus 37 años. Por ser nuevo le tocó dormir en un colchón en el suelo, mientras que los demás dormían en camas cucheta.
Aquella mañana del 14, Méndez estaba realizando su aseo personal y escuchó al resto de sus compañeros nerviosos por el posible ingreso de la requisa. En efecto, mucho más temprano de lo normal entraron los guardias, en un procedimiento que le pareció “más pesado” que los que había vivido con anterioridad. Algunos de sus compañeros se rebelaron y comenzaron a apilar camas y colchones frente a la puerta para que los agentes penitenciarios no pudieran volver a ingresar. Detrás de la reja vio una llamarada que se distribuyó rápidamente por las camas y colchones, y luego por el resto del pabellón. “Los colchones explotaron todos”, respondió cuando la abogada querellante Claudia Cesaroni le preguntó si podía describir cómo había comenzado el fuego.
Frente al incendio que crecía rápidamente, Méndez agarró una frazada que había colgada, se tapó con ella y luego se tiró al piso. Lo salvó que yo tenía puesta ropa de invierno. Sintió que estaba adentro de un horno. Luego se desvaneció y al despertar vio cuerpos tirados y gente corriendo despavorida mientras se quemaba. Se quedó quieto porque estaban tirando balas que venían de todos lados, como una lluvia de disparos de ametralladora, dijo. Las autoridades penitenciarias les decían que salieran porque si no los iban a matar. Cuando finalmente salieron, los hicieron bajar rápidamente tres pisos por las escaleras mientras los golpeaban con palos.
En ese momento, Méndez indicó haber reconocido a Horacio Martín Galíndez y a Juan Carlos Ruiz, dos de los imputados del juicio. Señaló que estaban “controlando el operativo” y al consultarle cómo los pudo identificar, el testigo explicó que a Ruiz ya lo había visto en los eventos donde iban a presentarse las figuras de tango al penal. A Galíndez lo había visto un par de veces en diferentes espacios y además había tenido una entrevista corta con él porque le había solicitado previamente que lo cambien de pabellón. Posteriormente, se le preguntó si sabía quién era “Kung fu” (apodo explicitado en testimonios anteriores perteneciente a Gregorio Zerda, el tercer imputado) a lo que el testigo contestó que solo sabía que era el celador que estaba de guardia esa noche y que había escuchado un par de veces que le decían así.
Tras su paso por la celda de castigo, lo llevaron para que recibiera asistencia médica. Méndez señaló que las doctoras, al ver a otros internos en carne viva, se asustaron, dijeron que “era peor que Vietnam” y se quedaron sólo los doctores y los enfermeros. El testigo refirió que sufrió quemaduras en los cartílagos de la oreja, la pera y la nariz, y mencionó que para otros compañeros fue mucho peor. Le tuvieron que dar unas inyecciones por varias semanas y estuvo “escupiendo negro” por unos meses.
La próxima audiencia continuará en los tribunales federales de Retiro el miércoles 4 de diciembre, con la continuidad de las declaraciones testimoniales.
Hace dos décadas, cuatro adolescentes murieron tras un incendio en la Comisaría 1ª ante la mirada pasiva de los policías que los habían golpeado y torturado. Desde entonces, se prohibió el alojamiento de menores en esas dependencias bonaerenses.
El 20 de octubre de 2004 cuatro adolescentes perdieron la vida en un incendio en la Comisaría 1ª de Quilmes ante las miradas de los policías que los habían golpeado y torturado, y que de forma deliberada tardaron mucho tiempo en socorrerlos, los sacaron de sus celdas y los siguieron golpeando. Veinte años después, este caso se ha convertido en un hecho emblemático en la lucha contra la violencia institucional y los beneficios judiciales que siguen teniendo las fuerzas de seguridad que actúan de forma violenta.
Aquel día Diego Maldonado, de tan sólo 16 años, recibió la noticia de la muerte de su hermana menor mientras se encontraba privado de su libertad, por lo que solicitó poder asistir a su velatorio. Los policías le negaron esta petición y le cortaron la comunicación con su familia. Este hecho fue la gota que rebalsó el vaso para los 17 jóvenes, todos menores de 18 años, que se encontraban en el lugar de forma transitoria esperando sus traslados a algún centro de detención juvenil o a centros de rehabilitación por consumo problemático.
A modo de protesta y cansados de las vejaciones que sufrían por parte de los policías, incendiaron un colchón para que los dejasen salir, pero el fuego se salió de control y los agentes que se encontraban en el lugar tardaron demasiado en reaccionar. Cuatro chicos murieron a causa de este hecho.
Elías Giménez tenía 15 años y estaba allí porque la policía lo confundió con un homónimo que estaba prófugo, un hombre de 30 años, y lo detuvieron por averiguación de antecedentes.
Diego Maldonado, de 16 años, y Manuel Figueroa, de 17, tenían problemas con el consumo de drogas. Diego murió en un móvil policial, esposado a otro compañero, mientras eran trasladados al Hospital de Quilmes.
A Miguel Aranda lo golpearon antes y después del incendio, él estaba preso preventivamente desde hacía ocho meses. Estuvo en coma durante 17 días y falleció cuatro días después de despertar y pedirle a su madre que “no diga nada de la policía”, por miedo a las represalias.
Los adolescentes que estaban en aquella comisaría se encontraban repartidos en dos calabozos ciegos de tres por cuatro metros, y a diario eran sometidos a violentas requisas, siendo constantemente humillados por los policías que los hacían desnudarse frente a sus compañeros, los golpeaban e insultaban, no tenían tiempo de esparcimiento ni los dejaban salir al patio.
Elvia González, conocida por todos como Telvi, quien falleció en julio de este año, era la madre de Diego Maldonado. A ella fue a quien algunos sobrevivientes le contaron que los policías organizaban peleas entre los adolescentes, uno de ellos se le acercó luego de los hechos para pedirle disculpas porque lo habían obligado a luchar contra su hijo.
“Estamos hablando de una mecánica sostenida que pasaba dentro de la comisaría de violencia contra los pibes, de denigración y desnudos, les pateaban las pertenencias”, dijo a ANCCOM el exsacerdote Tobías Corró Molas. Todo esto, según sus palabras, se trataba de “quebrar psicológicamente al detenido y aniquilar cualquier tipo de resistencia”.
Tobías estuvo acompañando a las familias de las víctimas y a los sobrevivientes en todo el proceso posterior al hecho. “Mi rol lo fui aprendiendo, al principio fue acompañar y facilitar muchas audiencias para que las personas que los podían ayudar pudiesen conocer a las víctimas”, explicó. Luego de un largo proceso para lograr que la noticia trascendiera y llegase a personas clave, él se encargó de “ser parte de la causa y estar en contacto con los abogados”.
No más pibes en comisarías
Hoy Tobías trabaja en un Centro de Formación Profesional en Quilmes, junto a la parroquia y a un hogar de día. Ese fue siempre el lugar de reunión con las familias, en donde se fue comunicando los avances de la causa y deliberando los pasos a seguir. “Es un proceso que desde que lo empezamos lo empujamos para adelante, cuando mirás para atrás ves que pasaron 20 años, pero para nosotros siempre fue ver qué sigue, qué logramos y para dónde vamos”, agregó.
“Las familias siempre fueron protagonistas de sus propias causas, por eso no nos permitíamos hacer audiencias sin ellas”, comentaba Tobías. La ya mencionada Telvi, junto con Isabel Figueroa, madre de Manuel, que falleció en diciembre del año pasado, fueron las más activas luchadoras por la justicia de sus hijos.
Su estrategia fue siempre acompañar en otras causas para mostrar también la suya de esa forma. “La idea es trascender el propio reclamo y construir algo más transversal y colectivo”, comentó Tobías. Y agregó que “la realidad es que la lucha nunca termina porque siempre hay otras causas y otras vinculaciones, los que han sido víctimas de violencia institucional saben que la vida va a cambiar para siempre”.
En 2015, once años después de los hechos, se realizó el juicio. Allí fueron condenados diez policías por el Tribunal en lo Criminal N° 3 a condenas de entre 3 y 16 años, aunque la mayoría de ellos recibió penas leves o fueron beneficiados con libertad condicional. El entonces comisario Juan Pedro Soria recibió 10 años por los delitos de estrago culposo seguido de muerte y omisión de evitar torturas. “Él no pegó, pero lo que se le atribuye es que en su comisaría y con él presente hubo reiteradas torturas y no hizo nada para evitarlas”, comentó Tobías.
Entre los testimonios más importantes estuvieron los de los sobrevivientes, a quienes el tribunal les creyó porque se limitaron a señalar sólo lo que habían presenciado. Un oficial, el imaginario a cargo de la custodia de los chicos, declaró que fue el único que intentó hacer algo a tiempo pero no tenía las llaves de las celdas en su poder, y que para cuando liberaron a los adolescentes “llovieron algunos palos”, dando a entender que fueron golpeados aún después del incendio.
Hugo D´Elía fue condenado a diez años por apremios ilegales en concurso real con torturas, Juan Carlos Guzmán a nueve años por los mismos hechos, y hubo penas de entre tres y cuatro años para Basilio Vujovic, Elizabeth Grosso, Franco Góngora, Daniel Altamirano, Jorge Gómez y Gustavo Ávila.
El exoficial inspector Carlos Pedreira Catalonga fue quien recibió la pena más alta, de 16 años. En 2022 fue trasladado a la Unidad Penitenciaria N°9 de La Plata, y es el único ex agente que cumple su condena en cárcel común. En diciembre del mismo año también fue condenada a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación la exagente Elida Marina Guaquingchay Bogado, quien se constató que estuvo en el lugar de los hechos pero que, según ella, no participó porque se encontraba embarazada y con contracciones.
Pocos meses después de la masacre, el por entonces Ministro de Seguridad León Arslanian prohibió por resolución el alojamiento de menores de edad en dependencias policiales. En 2004, al momento de los hechos, había más de 300 chicos menores de edad detenidos en comisarías. En la actualidad, el cumplimiento de esta resolución sigue siendo un motivo de reclamo.
Creerle a los pobres
Según Tobías, los procesos judiciales en casos de violencia policial son siempre complejos y requieren de una labor más dedicada que lo normal: “Los pibes cuando son acusados ni se dan cuenta y tienen el juicio y la condena encima, cuando uno se mete con las fuerzas de seguridad se da cuenta que hay un verdadero trabajo dispuesto a sacar inocentes o minimizar las penas de los efectivos”. Además comentó que “el fiscal sabe que su primer aliado es la policía porque trabajan codo a codo en las detenciones y allanamientos, pero cuando un tribunal le cree a los pibes pobres, se muestra que no son impunes”.
Finalmente reflexionó sobre todos los años de lucha que siguieron a la masacre, y que a pesar de que se hizo justicia “no hay nada que pueda restituir la vida de los pibes, y las mamás sabían eso”, cuando ellas se enteraron de las condenas, “no hubo en sus rostros una sonrisa, sino una triste calma”.
Los sobrevivientes de la masacre hoy siguen intentando retomar sus vidas, sabiendo que hay un deber de verdad para con Diego, Elías, Manuel y Miguel, y que se animaron a declarar por ellos, para que pudiesen descansar en paz y con dignidad, que siempre fue lo único que sus familiares querían conseguir.
Revocaron el sobreseimiento de los gendarmes acusados de fusilar en un retén al joven de 20 años Andrés García Campoy. El juez que los había exculpado ahora es juzgado por múltiples delitos.
La justicia de Mendoza revocó el sobreseimiento a los gendarmes investigados por la muerte de Andrés García Campoy, quien falleció de un disparo en la cabeza a la salida de un retén policial en 2014, y ordenó nuevas medidas probatorias para determinar qué fue lo que le sucedió.
La apelación interpuesta por el Ministerio Público Fiscal del sobreseimiento dictaminado por el exjuez Walter Bento, quien hoy se encuentra preso por corrupción, logró que la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza ordenara reabrir el caso. Los jueces Manuel Alberto Pizarro y Juan Ignacio Pérez Curci resolvieron revocar el sobreseimiento a los gendarmes Maximiliano Alonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez imputados por la muerte de Andrés García Campoy.
El tribunal señaló que existen “defectos en la valoración de los elementos de prueba”, y se ordenó profundizar el caso y hacer nuevas pericias balísticas y forenses que no se habían hecho anteriormente, para determinar qué fue lo que sucedió el 13 de junio de 2014.
Aquel día, Andrés García Campoy, un joven mendocino de 20 años, estudiante de la Tecnicatura de Higiene y Seguridad, conducía su Peugeot 504, cuando un retén de efectivos de Gendarmería nacional, en Luján de Cuyo, lo detuvo sobre el kilómetro 1060 de la Ruta 7. Allí, en circunstancias que aún no están claras, Andrés falleció de un disparo por detrás de la cabeza.
La versión de los gendarmes fue que el joven se disparó él mismo, pero una pericia al cuerpo de Andrés dictaminó que el orificio de la bala, que era de unos siete milímetros, no correspondía a esa hipótesis por su tamaño y porque se encontraba casi en su nuca, detrás de la oreja izquierda, un posición poco natural para tratarse de un suicidio. Además no encontraron restos de pólvora en la ropa o en las manos del chico, ni sangre dentro del vehículo.
En diálogo con ANCCOM, Mónica Campoy, la madre de Andrés, comentó: “Quiero que se haga justicia por mi hijo, y espero que los gendarmes vayan presos, nadie me va a devolver a Andrés, pero lo que hicieron ellos lo tienen que pagar”. Ambos uniformados están en libertad, uno de ellos aún en funciones en esa fuerza de seguridad. “Ellos sabían lo que hacían, tendrían que haber cuidado de mi hijo, y me lo mataron”, agregó.
La causa
A pesar de que el fiscal de instrucción de turno del Ministerio Público intervino en las investigaciones iniciales ordenando el secuestro de las armas reglamentarias de los gendarmes, no se les hizo la investigación correspondiente, ya que se adujo que la bala que acabó con la vida de Andrés se destruyó en el impacto.
Una pericia psicológica en la que se entrevistó a familiares y conocidos de Andrés determinó que no había “ningún tipo de indicio para pensar que se quitó la vida”. Él incluso había pagado su cuota universitaria el día anterior, y comprado un vino como regalo por el cumpleaños de un amigo. Era un chico alegre y con proyectos de vida, según el relato de sus allegados.
En su vehículo llevaba una vieja y herrumbrada carabina de más de cien años que no funcionaba, que le había heredado su abuelo con la intención de mostrarla a una persona que quería comprarla. El testimonio de los gendarmes imputados fue que Andrés habría sacado esa arma para amenazarlos, pero que habría tomado la decisión de quitarse la vida con la misma.
El celular de Andrés, donde seguramente se hubiesen encontrado las conversaciones con este posible comprador, fue destruido, y nunca se pudo lograr la recuperación del historial de conversaciones para ser utilizado como prueba. Los mismos abogados pidieron en su momento a la compañía telefónica este listado, pero no pudieron proporcionarlo porque ya estaba retenido judicialmente.
“Ahora vamos a poner peritos balísticos y forenses para ver si por fin se puede exhumar el cuerpo de Andrés, que siempre me lo denegaron”, comentó Mónica, y señaló que “la bala sigue alojada en la cabeza de mi hijo, dicen que supuestamente se destruyó, yo quiero saber de dónde salió esa bala”. Seguramente la más grande pregunta de este caso es por qué no fueron debidamente presentadas las pruebas en tiempo y forma, y por qué nunca se permitió exhumar el cuerpo de Andrés.
“Mi abogado empezó a descubrir cosas que nunca se habían investigado, y de ahí es que podemos hacer la apelación delante de los jueces y ellos se dan cuenta de que lo que dicen los abogados es cierto, ¿cómo van a llevar una causa sin investigar?”, comentó Mónica.
De juez a acusado
El fiscal provincial Jorge Calle, que fue quien tomó el caso por primera vez, caratuló la causa como homicidio doblemente agravado por la calidad del sujeto activo, ya que ambos imputados pertenecían a fuerzas de seguridad, y por el uso de arma de fuego. Nunca se pudo cambiar esa calificación del hecho.
Sin embargo, el fuero provincial declinó su competencia y el juicio cayó en manos del juez federal Walter Bento. Este dictaminó el 5 de septiembre de 2014 la falta de mérito de los acusados, determinó que Andrés se había suicidado, y finalemente sobreseyó a Alonso Cruz y Velázquez.
En 2023, Bento fue detenido de forma preventiva, y enfrenta acusaciones relacionadas con diversos delitos. Estos incluyen asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, falsedad ideológica, prevaricato, lavado de activos de origen delictivo y enriquecimiento ilícito, entre otros. Además, es señalado por haber recibido, por medio de abogados, sobornos de imputados para beneficiarlos y manipular procesos judiciales.
Mónica comentó que “cuando cayó Bento, fue más fácil para mí que me empezaron a llamar los medios, y de ahí es que surge de nuevo la causa y hemos llegado hasta acá”.
A pesar de todo lo que se habló acerca de este juez, que incluso Mónica cree que pudo haber repercutido también en la sentencia de la causa por la muerte de su hijo, ella no dejó tampoco de creer en la justicia: “Tuve la mala suerte de que me tocó un juez corrupto, con uno diferente no habríamos estado diez años peleando”.
“Cuando pasó lo de Santiago Maldonado, yo ahí me atreví a decir que a mi hijo también lo había matado Gendarmería en un caso insólito: le pegaron un tiro saliendo de un retén», dice Mónica.
La labor social de los medios
Luego de tantos años de lucha y toda la energía gastada en el sistema judicial, de todas las marchas pidiendo justicia, de todas las veces que tuvo que contar la historia de su hijo, y de tantas situaciones adversas, Mónica aún encuentra fortaleza en Andrés. “Saco la fuerza de mi hijo, porque yo soy su voz, y tengo la esperanza de que tenga justicia”.
Mónica siempre estuvo agradecida a los medios de comunicación y a las personas que la ayudaron a difundir su historia, y que gracias a los diarios y radios que la invitaron a contarla fue que la gente empezó a reconocer el caso de Andrés. “Sin ellos nadie hubiese conocido quién fue mi hijo”.
En 2014, cuando todo esto pasó, Mónica no contó con mucha difusión de los medios, pocos sabían lo que le había pasado a Andrés García Campoy, y pocos supieron la sentencia de Walter Bento.
“Cuando pasó lo de Santiago Maldonado, yo ahí me atreví a decir que a mi hijo también lo había matado Gendarmería en un caso insólito, que le pegaron un tiro saliendo de un retén, y ahí empezaron a llegar las notas de los diarios”. Mónica también se animó a hacer la comparación con el caso de Rafael Nahuel, quien finalmente tuvo su justicia, y comentó: “Siempre que las fuerzas están involucradas en hechos así, se habla de suicidios”.
“Ahora sobre todo tengo esperanza, no la perdí nunca”, comentó Mónica y agregó: “Tengo la esperanza de que se sepa la verdad, y que mi hijo pueda descansar en paz, sabiendo que su mamá hizo las cosas bien”. Finalmente, Mónica dejó un mensaje para quienes siempre la han acompañado y para todos los que escuchan la historia de Andrés García Campoy por primera vez: “A la sociedad quiero agradecerle por estar conmigo, por acompañarme a las marchas, por ayudarme a difundir. Hoy se están enterando del caso de Andrés, eso lo ha hecho la misma gente que escucha mi testimonio, me acompaña y corre la voz. Gracias a esa gente”.