Los peritos declararon que la pólvora hallada en el cuerpo de Nahuel pudo haber llegado por contaminación

Los peritos declararon que la pólvora hallada en el cuerpo de Nahuel pudo haber llegado por contaminación

Sep 14, 2023 | DDHH, Destacado 3

En una nueva audiencia del juicio que investiga el asesinato del joven mapuche, los investigadores aportaron a la hipótesis que solo dispararon los gendarmes. Piden una inspección ocular en el lugar de los hechos.

La orden de la inspección ocular, solicitada después de seis años del suceso, siembra expectativas en las partes para avanzar en sus teorías del caso. Los tres testigos que declararon el miércoles terminaron concordando en un punto central para la hipótesis de las querellas: los residuos de pólvora hallados en Nahuel y sus compañeros pueden haber sido producto de transferencia o contaminación ambiental por el aire, o incluso por el propio disparo.

El homicidio de Rafael Nahuel tuvo lugar el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, cerca de Bariloche, en un terreno ocupado por la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. El Tribunal Oral Federal a cargo del juicio por este caso ha decidido realizar una nueva inspección ocular en el sitio del crimen con los cinco miembros de Prefectura acusados del hecho. La primera había sido realizada en diciembre de 2017 y arrojó como principal resultado la recolección de 32 vainas correspondientes a disparos efectuados con proyectiles 9 milímetros, pertenecientes a las dos armas que portaban los efectivos del grupo Albatros: pistolas Beretta y subfusiles MP5.

Esta medida, solicitada por el Ministerio Público y programada para noviembre, tiene como objetivo principal determinar con precisión la ubicación exacta de los disparos efectuados por los uniformados. «La medida resulta manifiestamente útil», aseguró el presidente del tribunal federal Simón Bracco en la jornada de debate. 

Esta nueva inspección ocular se llevará a cabo aproximadamente seis años después de la trágica muerte de Rafael Nahuel. La solicitud para esta diligencia fue presentada por el fiscal Rafael Vehils Ruiz, quien consideró que era necesaria para «esclarecer los detalles mencionados en los testimonios» de testigos pertenecientes a varias fuerzas de seguridad presentes en el lugar, aunque no están siendo acusados en el caso.

En palabras de Vehils Ruiz es necesario que los imputados “den detalles de dónde estaban en cada uno de los momentos» en los que transcurrió la agresión contra los integrantes de la comunidad mapuche”.

Entre ellos se encuentra Sergio Cavia, miembro del grupo Albatros de Prefectura, quien enfrenta cargos por «homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa». También se espera que participen sus compañeros acusados: Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, quienes han sido procesados como partícipes necesarios. También asistirían dos testigos clave, Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, quienes estaban presentes junto a Rafael Nahuel en el momento del disparo y ayudaron a trasladarlo hacia la ruta en busca de atención médica.

Las querellas que representan a la familia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación respaldaron la solicitud del fiscal y consideraron valiosa la posibilidad de que los protagonistas del hecho vuelvan al lugar del crimen para realizar esta inspección.

El representante de la Secretaría, Mariano Przybylski, dijo que le parece «necesario que el Tribunal observe las características del terreno». Sobre la topografía del lugar, Przybylski sostuvo que la distancia de cien metros en la que aparecieron dispersas las vainas de los proyectiles debe ser entendida como una extensión mayor, en razón de los accidentes del terreno. «Caminando son mucho más, ya que se trata de un sendero zigzagueante y con muchos obstáculos», puntualizó.

Por otra parte, el abogado Marcelo Rocchetti, defensor de los prefectos Cavia, Pintos y Sosa, se opuso a la solicitud por considerarla «extemporánea e innecesaria», argumentó que la inspección ocular es una actividad propia de la etapa de instrucción de un caso y señaló que el terreno en el que se llevará a cabo es «agreste, boscoso y salvaje, y cambia constantemente». «Estamos a cinco años de un hecho ocurrido en un lugar cuya vegetación no paró de crecer y esas acciones van a hacer que sea absolutamente distinto de aquel del que se sucedieron los hechos», objetó Rocchetti, y adelantó que sus defendidos no participarán de la diligencia. 

En la primera inspección ocular el perito Enrique Prueger informó que no se encontraron indicios de otros disparos en el terreno o en los árboles que no fueran atribuibles a los prefectos.

¿Quién fue el autor?

En las audiencias previas del juicio habían declarado los peritos de las dos primeras pruebas balísticas. Esta semana fueron interrogados dos licenciados en criminalística que participaron como peritos en la tercera pericia balística, realizada en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público de Salta, que contradijo los resultados del primer estudio del que resultaba el cabo Pintos como autor del disparo.

Martín Spotorno -perito de parte de la defensa y testigo solicitado por la defensa de García y Obregón- y Agustina Oberti -perito por la querella- defendieron el resultado de la tercera pericia balística, que arrojó como resultado que el proyectil 9 milímetros que mató a Nahuel salió de la pistola Pietro Beretta modelo 92, número de serie 05-P83332Z, que portaba el cabo 1º Cavia.

La abogada defensora de dos de los prefectos investigados, Anabella Schmidt, consultó al licenciado en criminalística Spotorno cuál podía ser la explicación para que dos pericias de ese tipo arrojaran resultados divergentes. Spotorno defendió la actuación de los peritos de la tercera diligencia, aunque reconoció que la opinión sobre la coincidencia entre los proyectiles era de «carácter subjetiva». Dijo, también, que en los estudios balísticos pesa la «experticia, capacitación, entrenamiento, formación, experiencia» de los peritos intervinientes, así como el equipo que utilizan para los análisis.

Finalmente, Spotorno manifestó que había encontrado «gran coincidencia» entre el proyectil extraído del cuerpo de Nahuel y la bala testigo obtenida de la pistola Beretta que portaba Cavia, aunque luego reconoció: «Al fin y al cabo uno se puede equivocar».

Todas las pruebas analizadas hasta el momento en este proceso confirman que el grupo mapuche perseguido no tuvo armas de fuego en su poder.

Mapuches desarmados

Este miércoles 13 de septiembre, comenzó la décima audiencia con el testimonio del gendarme Báez, “en algunas muestras dio positivo para residuos de disparo y en otras había dado negativo”, respondió Báez, pero aclaró tras las preguntas que: «Eso no implica que sí o sí haya disparado».

Luego continuó Alejandro Converso, jefe de laboratorios forenses de Gendarmería nacional. «Si hay más armas, y más disparos se van a generar de manera proporcional más residuos de disparo que se van a estar aportando al medio ambiente», reveló el doctor en Bioquímica. 

Converso estaba a cargo de la división de Análisis Instrumental de Gendarmería Nacional al momento de realizar la pericia y explicó hoy que se utilizó la técnica microscopía electrónica de barrido basado en la Norma ASTM 1588.

«Siempre que haya una superficie contaminada y en contacto con otra, puede haber transferencia (de residuos de pólvora)», respondió Converso y agregó que también puede ser por aire, cuando salen las partículas tras el disparo y se liberan al medio ambiente; y depende del clima como será su dispersión. 

«Suponiendo que se disparen gran cantidad de disparos de arma de fuego, más de 100 disparos y circulen personas por ahí, ¿se puede transferir los residuos?», preguntó el querellante Mariano Przybyksky. «Sí, si se encuentran cerca de la pluma de disparos», respondió Báez entre silencios prolongados. 

Finalmente declaró Adriana Serquis, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, quién fue confrontada de manera agresiva por el abogado defensor de tres prefectos, Marcelo Rocchetti. «La forma que se está dirigiendo que sea con respeto», pidió el juez Simón Bracco en un momento del testimonio.

Para Serquis; el hallazgo de residuos de pólvora puede indicar varias cosas: «O disparó o estuvo cerca o estuvo en contacto con alguien que disparó. Existe algo que se llama la transferencia», y habló sobre la existencia de superficies contaminadas como pueden ser los móviles policiales. Los residuos de disparo bien podrían haber llegado a las manos de Nahuel y los dos detenidos, Lautaro González y Fausto Jones Huala; por transferencia luego de ser esposados, por la manta con la que se tapó el cuerpo y por superficies contaminadas en el móvil policial donde fueron demorados.

En definitiva, todas las pruebas analizadas hasta el momento en este proceso confirman que el grupo mapuche perseguido no tuvo armas de fuego en su poder, algo que en su momento fue afirmado en la mesa de la conductora Mirtha Legrand por parte de la exvicepresidenta Gabriela Michetti.

 

«No hubo tiradores ajenos a las fuerzas de seguridad»

«No hubo tiradores ajenos a las fuerzas de seguridad»

Sep 6, 2023 | DDHH, Destacado 4

En el juicio que investiga el asesinato de Rafael Nahuel, declaron los peritos forenses que realizaron la autopsia. Las conclusiones desmienten las versiones de los gendarmes.

Dos nuevas audiencias han tenido lugar en el Tribunal Oral Federal de Roca por el crimen del joven mapuche, Rafael Nahuel, asesinado el 25 de noviembre de 2017 como consecuencia de un disparo recibido durante un operativo represivo contra la comunidad Lafken Winkul Mapu. Como estaba previsto, los testimonios de la séptima y octava audiencia fueron de los peritos Leonardo Saccomanno, Roberto Nigris, Silvia Bufalini quienes se encargaron de procedimientos tales como la autopsia, las pericias balísticas y del terreno. 

El perito forense Saccomanno fue el primero en declarar por Zoom, y dio detalles de los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de Nahuel, al día siguiente del crimen. Gracias a su explicación respecto a la forma en la que ingresó la bala en el cuerpo del joven –“hacia adelante, arriba y derecha para llegar a la axila derecha”–  quedó claro que el disparo se dio en el contexto de una huída y no de un enfrentamiento. Además de este dato clave, especificó que la muerte se debió a un “shock hipovolémico”: perdió por lo menos cuatro litros de sangre producto de la herida ocasionada. Cabe destacar que el procedimiento de la autopsia se produjo en una morgue provisoria montada en un “garaje” del predio hospitalario de Bariloche ya que no había una sala adecuada en ese momento.

El siguiente en declarar fue Roberto Nigris, perito balístico. Su trabajo, junto a otra profesional, consistió en cotejar las 24 armas calibre 9 milímetros secuestradas a los prefectos Albatros con el proyectil del mismo tamaño extraído de la víctima. Fue un subfusil MP5, denominada “Arma B”, la que coincidió con las características del proyectil mortal. Así también lo constató la licenciada en criminalística Karina Uribe, quien acompañó a Nigris en la pericia: “No hubo discusión de que el arma B era la que había salido del proyectil”. Lo mismo declaró en la audiencia del día miércoles la licenciada en Criminalística, Silvia Bufalini, quien trabajó junto al perito: “Estábamos todos de acuerdo en la coincidencia”.

Nigris detalló que las vainas servidas de proyectiles 9 milímetros que se encontraron durante la inspección ocular estaban en un trayecto «de cien metros», lo que para las querellas demuestra que existió una persecución por parte de los integrantes del grupo Albatros de la Prefectura contra los miembros de la comunidad mapuche de Villa Mascardi. Esto contradice la versión de los uniformados, quienes dijeron haber sido emboscados y atacados en un lugar puntual de la montaña, desde donde iniciaron –según declararon en las indagatorias y la instrucción– una carrera descendente hacia la ruta 40.

A pesar de las precisiones y coincidencias expuestas en estas audiencias, durante la etapa de instrucción existieron desprolijidades en relación a los peritajes balísticos que interfirieron en la causa: se ordenaron dos estudios más de los que Roberto Negris, perito oficial, no fue notificado ni participó. Estos peritajes, ordenados por Gendarmería Nacional en Buenos Aires y el Ministerio Público Fiscal de Salta, arrojaron distintos resultados: “Me hubiese gustado estar para defender mi trabajo” señaló Nigris y declaró que él entregó las armas y el proyectil a la Policía Aeroportuaria y al juzgado. “No encontraban el MP5 y me llamaron para ver si lo tenía yo. A mi me causó gracia”, sentenció el perito. 

Durante su extensa declaración, Nigris no ocultó su malestar por el cuestionamiento a su labor durante la etapa de instrucción, y dijo que en su extensa trayectoria «nunca» había vivido una situación como la mencionada. Los dichos de Nigris fueron ratificados por Uribe, quien presentó un power point de 43 láminas, con fotos e informes contenidos en el expediente judicial. Ni ella ni Nigris encontraron sentido al hecho de que la segunda y la tercera pericias hayan arrojado resultados distintos.

Con la declaración de la licenciada Bufalini se arribó a la conclusión de que “no hay tiradores ajenos a las fuerzas de seguridad” ya que todos los indicios balísticos de 9 mm correspondían a la Prefectura. Por otro lado, la especialista fue consultada por los test de residuos de pólvora encontradas en las manos de Nahuel, González y Jones Huala, quien aclaró que “existe la contaminación por transferencia”, algo que ya había sido planteado por la hipótesis de “transferencia de residuos” de la querella. Esto se habría dado al momento en que los dos jóvenes mapuches –que bajaron el cuerpo agonizante de “Rafita” desde el cerro hasta la ruta– fueron detenidos.

Para la semana entrante se esperan aún las declaraciones de los peritos que realizaron el procedimiento en Salta, entre ellos Hugo Flores Solis, Martín Spotorno, Agustina Oberti. El miércoles la audiencia contará con los testimonios de José Luis Manzano, Fernanda Martin Baez, Daniel Alejandro Converso y Adriana Cerquis, encargados de las pericias químicas fulminantes. Se finalizaría de esta forma con la ronda de peritos y se avanzaría con las declaraciones de otro tipo de testigos. 

El proceso judicial se inició hace casi un mes en el Tribunal Oral Federal de General Roca (Fiske Menuco) en la provincia de Río Negro, y se extenderá durante las próximas seis semanas. Cinco prefectos están imputados de homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa, el cabo Sergio Cavia como autor y el resto como partícipes. En cada jornada, diversos grupos de comunidades mapuche y organizaciones sociales se manifiestan afuera en reclamo de justicia por “Rafita”. La comunidad Lafken Winkul Mapu había sido desalojada el 23 de noviembre de 2017, pero el procedimiento represivo de los Albatros se produjo dos días más tarde, a sabiendas de que algunos de sus integrantes permanecían en ese territorio recuperado ubicado en Villa Mascardi.

 

Marcharon exigiendo justicia por el infanticidio de las primas Villalba

Marcharon exigiendo justicia por el infanticidio de las primas Villalba

Sep 2, 2023 | DDHH, Destacado 2

Organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos se manifestaron frente a la Embajada de Paraguay para exigir la investigación del crimen de las niñas argentinas asesinadas por la fuerzas armadas de ese país hace tres años. También pidieron por la aparición con vida de Lichita, de 14 años, cuyo paradero se ignora desde entonces.

El viernes a mediodía se llevó a cabo una movilización frente a la embajada de Paraguay en Buenos Aires por los tres años del infanticidio de las niñas María Carmen y Lilian Mariana Villalba, cometido por las fuerzas armadas paraguayas, que respondían al expresidente Mario Abdo Benítez. También exigió la aparición con vida de “Lichita”, el cese de la persecución y la absolución de Carmen y Laura Villalba -madre y tía de las víctimas-, presas en ese país. Entre los referentes que reclamaron estuvo presente la Madre de Plaza de Mayo, Taty Almeida.

Unas muy deseadas vacaciones familiares para reforzar los vínculos terminaría en tragedia. En 2019, Laura Villalba viajó a Yby Yaú, ubicado al norte de Paraguay, con su hija y sobrinas para que pudieran conocer a sus padres Osvaldo Villalba y Manuel Cristaldo Mieres, miembros del grupo insurgente Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El objetivo era volver antes del comienzo de clases, pero la pandemia por el covid-19 tiró para atrás estos planes, ya que las fronteras fueron cerradas. A los Villalba no les quedó otra que convivir en un refugio creado por el EPP, el cual el 2 de septiembre de 2020 sería descubierto y posteriormente asaltado por las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) de Paraguay, unidad militar especializada creada para enfrentar grupos armados insurgentes, y en particular, al Ejército del Pueblo Paraguayo. El resultado fue atroz: María Carmen y Lilian Mariana Villalba, ambas de once años de edad, fueron capturadas, torturadas y ejecutadas por las fuerzas armadas. Luego, decidieron disfrazarlas como guerrilleras, para que Abdo pueda fotografiarse victorioso en el campamento.

Carmen Elizabeth, apodada «Lichita» y de 14 años de edad, es la hija de Carmen Villalba, militante del movimiento de izquierda Patria Libre que aún se encuentra detenida en la cárcel del Buen Pastror en Asunción a pesar de haber cumplido su condena. Durante ese ataque, Lichita sufrió una lesión en una de sus pantorrillas, pero logró escapar junto con su tía Laura y dos de sus primas. Terminaron en medio de la selva, Laura pudo curar a “Lichita” mientras trataban de volver a casa. Sin embargo, el 20 de noviembre fueron emboscadas por francotiradores que acabaron con la vida de cuatro militantes del EPP que las ayudaban. Laura, Lichita, con una nueva herida esta vez en la cabeza, Tamara Anahí -melliza de “Lichita”- y Tania Tamara, tuvieron que sobrevivir alrededor de ocho días comiendo ratas, víboras y tomaban su orín. A Laura no quedó otra alternativa que dejar a su sobrina herida para poder ir a conseguir alimento, junto a Tamara y Tania, las cuales terminaron perdiéndose. El 30 de noviembre sería la última vez que verían a Lichita, quien hasta el día de hoy continúa desaparecida.

La policía capturó a Laura Villalba el 23 de diciembre, quien por buscar desesperadamente a su sobrina por las distintas comunidades, terminó en un retén militar. Fue aislada e incomunicada, sin abogados ni personal femenino, y fue trasladada a la Penitenciaría Regional de Encarnación donde espera el juicio. Por otro lado, Tania y Tamara lograron escapar de regreso a la Argentina, donde pudieron contar todo lo sucedido al resto de la familia. Los cuerpos de Lilian Mariana y María Carmen están enterrados en un cementerio de Camposanto de Lima, Paraguay. El gobierno paraguayo no permite recuperarlos.

“Libertad a Laura”

A Laura Villalba se la juzga por “violación del deber de cuidado, educación y violencia familiar” –por lo que también está imputada Miriam Villalba, madre de Lilian Mariana– con una expectativa de pena de 10 años, y por “asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra” con una condena de 30 años. Ante la primera causa, se contempla en Convenio de Ginebra, que a los hijos de insurgentes se les debe garantizar espacios de comunicación con sus padres y madres. Sin embargo, como estos derechos en Paraguay no están siendo reconocidos, no les quedó otra que llevar a las niñas a los refugios creados para ese fin por el grupo insurgente. Para la segunda causa, está acusada por ser enfermera del EPP. Fue detenida sin orden alguna, adulteraron fechas del expediente, y recién al día siguiente encontraron una mochila con armas. Laura está siendo juzgada sin garantías jurídicas, según explican sus abogados, nunca pudieron probar ninguno de los hechos punibles que se le atribuyen. Es víctima de la desesperación del gobierno paraguayo por resolver el problema de la desaparición de Lichita, producto de sus propias fuerzas armadas.

 El 23 y el 24 de agosto, Laura debía enfrentar el primero de los cargos por los cuales era juzgada, pero la fiscalía representada por Karina Sánchez, Claudia Morys y María Isabel Arnold, que forman parte de la Unidad especializada de lucha contra la trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, no se presentó. Tras haberse pospuesto para el viernes 25, solo apareció María Isabel Arnold, quien informó que estaba enferma, sin presentar certificado médico alguno. Ese mismo día se rechazaron las pruebas presentadas por la defensa, mientras que el Tribunal no le pidió a la fiscalía la entrega de una prueba importante solicitada por la defensa: la carpeta de la investigación sobre el asesinato de las dos niñas, admitida por el juzgado de Garantías el 2 de septiembre de 2022 en la audiencia preliminar. Al violar el legítimo derecho a la defensa, la recusación será elevada al tribunal de apelaciones para ver como continuará el juicio. Por otro lado, el juicio por la causa de “terrorismo” será el 12 de septiembre.

Del 22 al 25 de agosto,una delegación humanitaria integrada por activistas de derechos humanos, feministas, gremialistas e integrantes de movimientos populares de Argentina, viajó a Paraguay para visitar a Laura y además, actuar como veedores internacionales en ambas instancias desarrolladas durante el juicio.

En la marcha del viernes frente a la embajada de Buenos Aires en la CABA, –convocada por la campaña internacional Eran Niñas– integrantes de la familia Villalba, abogados, movimientos populares y organizaciones de derechos humanos estuvieron presentes para pedir justicia por el doble infanticidio de María Carmen y Lilian Mariana, la aparición con vida de su prima y la absolución de Laura y Carmen Villalba.

La familia Villalba leyó un documento sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el estado paraguayo, donde se acusó al gobierno del Paraguay de ser responsable por “actuar en complicidad” con las instituciones judiciales, fiscales y los medios de comunicación hegemónicos para encubrir los crímenes cometidos por las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC), para construir una versión “mentirosa”, por haber manipulado los cuerpos previo a la autopsia, no haber permitido el ingreso del Equipo Médico Forense Argentino, así como también por haber quemado sus pertenencias y los supuestos uniformes con los que habían vestido a las niñas llevaban puestas.

La familia dijo que estas causas tienen el objetivo de “quebrantar la integridad de Laura”, así como también “construir comunicacionalmente la figura de Laura como mala madre, como peligrosa para la sociedad”. Se exigió el castigo a los responsables, la absolución a Laura Villalba “presa por garantizar el derecho a la identidad”, la libertad a Carmen Villalba “presa con condena cumplida” y por la aparición con vida de Carmen Elizabeth “Lichita” Oviedo Villalba desaparecida el 30 de noviembre, “Viva se la llevaron y viva la queremos”, dijo Miriam Villalba.

La Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, “Taty” Almeida, se hizo presente para pedir que no bajen los brazos: “Hagan como las madres decimos y hacemos hace 47 años, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Cuando estén un poco caídos porque no logran lo que realmente quieren, tienen que decir bien fuerte: si las madres pudieron, por qué nosotros no”.

Por su parte, Gustavo Franquet, perteneciente a la Gremial de Abogadas y Abogados Argentinos, y abogado de la familia Villalba, denunció que el juicio es “persecutorio de los derechos de los niños”, y que fue armado porque “no encontraron otra cosa que acusar”. Micrófono en mano, el abogado manifestó: “A Laura querían acusarla de trata, a toda la familia Villalba, quisieron inventar que ellas preparaban a los niños para que se conviertan en guerrilleros”. Al caer tal argumento, Franquet afirmó que crearon la causa por incumplimiento del deber del cuidado para dilatar los juicios: “La fiscalía no apareció y mandó a decir que una de las fiscales estaba descompuesta. El juez en vez de dar la absolución, decidió darle más tiempo. Dos días después no nos dejaron presentar a la defensa las pruebas y se canceló el juicio”.

Ocho años de impunidad

Ocho años de impunidad

Ago 31, 2023 | DDHH, Destacado 5

La desaparición de Sebastián «Nino» Largueri continúa impune, mientras que la causa sigue deambulando por los tribunales correntinos. Su hermana denuncia connivencia entre la policía y el poder político.

Tras ocho años de la desaparición y muerte del joven de 23 años, Sebastián “Nino” Largueri en Monte Caseros, provincia de Corrientes, los policías imputados Roberto Aguirre, Walter García, Ramón Goin y Cristian Ibalo han declarado por primera vez. Sin embargo, tanto la jueza Elsa López como el fiscal Ricardo López Ruíz han rechazado el pedido de “detención inmediata” presentado por la querella. Su hermana, Anahí Andrade dialogó con ANCCOM y contó cómo vive esta situación de impunidad que hoy cumple casi una década.

En una provincia donde sigue vigente el Código Contravencional, es decir que la policía puede parar y llevar a la comisaría a cualquier persona sin más excusas que la averiguación de antecedentes, merodeo o portación de rostro; Anahí se ha convertido en una referente social al denunciar y luchar contra la violencia institucional. Ella señala el encubrimiento y la complicidad no sólo por parte de la justicia, sino también del poder político que no tuvo ni una muestra de solidaridad con la familia. Con el apoyo de organizaciones sociales de derechos humanos, las madres y hermanas víctimas de “gatillo fácil” y los medios provinciales o de Buenos Aires, pero no locales, ha logrado que su caso trascienda e incluso llegue a otros países como Kurdistán, Francia y México desde donde también recibe la solidaridad de las compañeras.  

“Nino era mi hermano menor, al que prácticamente materné”, cuenta Anahí desde su casa en Monte Caseros. Sebastián amaba el deporte, jugaba al fútbol y había realizado varias exhibiciones de box. “Tuvimos una vida muy dura. A los 17 años él empezó con ataques de pánico y a tratarse con psicólogos, pero al mismo tiempo comenzó a consumir drogas y se enfermó. Luego de varios años le diagnosticaron esquizofrenia, lo tuvimos que internar varias veces en el Hospital de San Francisco de Asís en Corrientes Capital que es un horror, fueron situaciones muy angustiosas. Hacía falta denunciarlo porque dada la Ley de Salud Mental que rige no podíamos internarlo en contra de su voluntad”. Desde entonces, Anahí y su familia se enfrentan al desprecio y la falta de respuesta por parte de las autoridades y de la justicia. “Con la jueza Elsa López ―quien justamente lleva la causa en la actualidad― había firmado una red de protección para Nino donde me hacía cargo de encontrarle una casa, de su medicación, de la comida; mientras que ellos se habían comprometido a enviar un asistente social una vez por semana, pero nunca lo cumplieron”.

El 31 de agosto de 2015 Anahí Andrade se enteró de lo que había sucedido con su hermano menor, quien estuvo desaparecido por dos semanas en Monte Caseros. Su cuerpo apareció en el río Miriñay luego de haber sido detenido por la policía en la casa de un amigo. Anahí cuenta cómo fueron los momentos previos a su detención, que evidencian el hostigamiento que Nino estaba sufriendo: “En julio de 2015 lo retiré del hospital y me contó que lo llevaron a un descampado, lo habían golpeado, torturado. Lo amenazaron con hacerlo ‘NN’, estaba dispuesto a denunciar esto. Cuatro días antes de que lo secuestraran fue con un abogado a la fiscalía y, supuestamente, ese día el fiscal no se encontraba”. Agrega que algunos estados de la red social Facebook de su hermano rezaban: “Yo no soy ningún ladrón” e insultaba a la policía. 

En un primer momento la causa estuvo en manos del juez Eduardo Alegre. Gracias al trabajo de la querella, los policías Aguirre, García, Goin e Ibalo fueron imputados por privación ilegítima de la libertad y vejámenes agravados. Pero ante el pedido de investigación e imputación por homicidio calificado, el juez se negó rotundamente, “es absurdo, fue él quien los imputó por secuestro y tortura en primaria instancia”, sostiene Anahí. 

Alegre fue apartado de la causa, sin embargo la jueza López, quien tomó las riendas a principio de este año, continúa con la misma línea de impunidad: tras haberlos citado a declarar dos veces (una en mayo donde los uniformados no se presentaron y la siguiente en julio donde fueron llevados por la fuerza pública y se negaron a declarar) resultaron efectivamente imputados, pero dejados en libertad con ciertas reglas de conducta que deben cumplir. Estas incluyen presentarse a firmar del 1 al 10 de cada mes y el no acercamiento a la familia, «algo que no han cumplido nunca”, asegura Anahí ya que escriben libremente en sus redes sociales y reciben amenazas de su parte. “García amagó con sacar un arma de fuego a las afueras del casino, hay pruebas de todo. Ellos continúan con su vida como si nada cuando a mí me han inventado cuatro causas, fui llevada a juicio e incluso condenada antes que los asesinos de mi hermano”. 

En la situación actual, las esperanzas están depositadas en el pedido de apelación  realizado por su abogado, Hermindo González: “Nos queda confiar en que esto se va a revocar y que se va a dar lugar a la apelación. La otra opción es pedir de forma urgente la elevación de la causa a juicio oral ya con la imputación de homicidio calificado y que de una vez por todas los policías sean juzgados y condenados”. 

“Justicia por Nino Largueri” es el nombre de las redes sociales de Instagram y Facebook que informa y reclama por el caso del joven. Al cumplirse en el día de la fecha ocho años de la aparición de su cuerpo, se ha publicado un video donde por medio del rap, se cuenta lo sucedido y se reclama justicia. El audiovisual fue realizado por Mauricio Centurión, “un pibe de Monte Caseros, periodista y cineasta que vive en Kurdistán que siempre está acompañándonos en la lucha y que incluso realizó el documental ‘¿Qué pasó con Nino Largueri?’ Esto es lo que nos ayuda no sólo a difundir sino a mantener y asegurar nuestra seguridad” concluye Anahí.

El rol de Clarín en el asesinato de Rafael Nahuel

El rol de Clarín en el asesinato de Rafael Nahuel

Ago 31, 2023 | DDHH, Destacado 3, slider

El líder de los Albatros declaró en el juicio que investiga la muerte del joven mapuche y aseguró que todo lo que sabía de la comunidad era lo que había leído en el diario. Otros testigos, señalaron que las víctimas no tenían armas de fuego.

Durante las últimas dos audiencias del juicio por la muerte de Rafael Nahuel en Villa Mascardi, los testimonios de diversos testigos, entre ellos miembros de la Policía Federal y de la Prefectura Naval, sugieren que la información obtenida a través de los medios de comunicación influyó en la estrategia y en la toma de decisiones de los equipos de seguridad. Asimismo, otros destacaron la ausencia de armas de fuego en poder de la comunidad mapuche durante el desalojo. 

Este martes 29 de agosto durante el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, Julio César Mostafá, líder del Grupo Albatros, admitió haber obtenido información sobre la situación de los mapuches en Chile a través del diario Clarín. La aseveración disparó nuevas preguntas del abogado de la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Sebastián Feudal, quien le preguntó si conocía algunas características de las comunidades mapuches. “Sólo lo que se había visto en los medios de comunicación. Lo que había pasado en Chile. Sabíamos que (el desalojo) era en Bariloche, en apoyo a la Policía Federal y que iba a haber algún tipo de agresión. Sabía que (en Chile) había habido quemas de viviendas, ese tipo de cosas, bloqueo de rutas, lo que salió en los medios de comunicación”, respondió Mostafá.

“¿Qué vio o escuchó de cómo fue ocupado el predio?”, le preguntó el abogado, a lo que el prefecto respondió: “Vi por los medios que habían ocupado unos días antes, en Clarín. Y, después, cuando recibí la orden, me acordé de lo que había visto”. En distintos momentos del interrogatorio de las partes acusadoras, que incluyen a los abogados representantes de la familia de Nahuel y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el abogado defensor de tres miembros de los Albatros, Marcelo Rocchetti, trató sin éxito de cambiar la dirección de las preguntas. A pesar de ello, el presidente del tribunal dio permiso para las preguntas, al considerar que era necesario brindar contexto al operativo que resultó en el asesinato del joven mapuche.

En relación a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), Feudal preguntó a Mostafá qué sabía de esa organización, a lo cual el testigo reiteró: “Lo que leí en los medios, bloqueo de rutas en Chile, quemado de algunas fincas, nada más”. El letrado quiso saber por qué asoció esa sigla con el procedimiento represivo. “Es imposible no asociarlo, hablaban (los medios) de ramificaciones de la RAM en nuestro país, lo relacionaban con (Facundo) Jones Huala de la comunidad mapuche, imposible no relacionarlo”. Mostafá tenía a su cargo la decisión sobre el equipo y armamento del operativo del 25 de noviembre, dos días después del desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu. Como si hubiera quedado alguna duda, Feudal insistió: “¿Tomó esa determinación en base a los medios?”, preguntó Feudal. “Si se quiere, sí”, reconoció Mostafá. Más tarde, el abogado de la APDH consideró que “es un prejuicio muy claro” por parte del uniformado, que demuestra que “se actuó en base a consideraciones que no figuraban en la orden judicial”.

Otro testigo que compareció en la audiencia del martes fue Leandro Ruata, quien en ese entonces era el jefe de la delegación de la Prefectura Naval Argentina en Bariloche. Ruata entró en contradicción respecto a un punto fundamental de la investigación. Declaró que al llegar a Villa Mascardi –unas dos horas después de ser informado sobre el supuesto enfrentamiento– «escuchó disparos que provenían de la montaña». El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Przybylski, salió al cruce y citó un fragmento de su declaración durante la instrucción de la causa, en la que afirmó no haber escuchado disparos de armas de fuego en el lugar. “Es cierto, me debo haber equivocado ahora. Lo que escuché eran voces, no detonaciones. O gritos, no sé precisar de quién”, admitió el testigo.

También dio testimonio el oficial de la Policía Federal, Felipe Duarte, quien, en calidad de francotirador, se infiltró en la zona ocupada por la comunidad mapuche dos días antes del desalojo para obtener información. Duarte afirmó que no percibió una actitud agresiva por parte de los miembros de la comunidad, aunque admitió que no pudo ver con claridad cuántas personas formaban parte del grupo que sería desalojado debido a que permaneció oculto.

Por su parte, declararon los suboficiales de Prefectura Diego Sánchez e Ignacio Salinas. Ambos coincidieron en que no escucharon disparos de armas de fuego de manera directa ni a través de los equipos de comunicación. Cada uno de ellos indicó que oyó los llamados de auxilio por parte de los integrantes de la patrulla que subió a la montaña. Sánchez informó que estaba subiendo cuando se encontró a mitad de camino con sus compañeros que bajaban y que le comunicaron que habían sido atacados con armas de fuego.

Armas y piedras

El miércoles 30 de agosto fueron interrogados cuatro testigos: Aníbal Onetto, integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que participó del secuestro de armas a los Albatros; y Marcelo Sertic, Gonzalo Rosales y Ricardo Ramírez, miembros de la Policía Federal Argentina. 

Cuarenta y ocho horas antes del asesinato de Rafael Nahuel, un contingente compuesto por una veintena de agentes del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal Argentina (PFA) fue desplegado con la finalidad de llevar a cabo el desalojo de la comunidad mapuche a la que pertenecía el joven de 22 años. Durante el operativo del 23 de noviembre de 2017, Sertic estuvo asignado a un pequeño equipo encargado de llevar a cabo labores de inteligencia en el terreno en los días previos, con el propósito de desarrollar un plan de desalojo. “No le vamos a disparar con arma de fuego a alguien que tira una piedra”, lanzó el testigo, y dijo que por eso solo utilizaron “escopeta antitumulto” durante el desalojo, ya que las agresiones de quienes resistían eran con piedras. “El arma letal es la última respuesta, cuando se produce el desalojo la actitud era hostil, como defendiendo el lugar que ocupaban”, dijo Sertic en respuesta a las consultas de la parte querellante. En este sentido, todos los testigos vienen coincidiendo en que no observaron armas de fuego en manos de los miembros de la comunidad mapuche, ni antes ni durante el proceso de desalojo. Además, ninguno de los testigos oyó disparos. 

Durante las labores de recolección de información previa, Sertic reportó que pudo avistar individuos en el lugar, incluyendo hombres, mujeres y niños, así como cabañas construidas. Fue capaz de especificar que había alrededor de nueve personas en total. El desalojo tuvo lugar durante las primeras horas de la madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Sertic afirmó que sólo detuvieron a mujeres porque los hombres escaparon hacia la cima del cerro.

Por su parte, Ramírez, inspector de la Policía Federal de la delegación Bariloche, habló de “agresión con piedras”. Explicó que hubo personal policial que sufrió lesiones producto de las piedras, pero descartó la presencia de armas de fuego en su relato. “Había muchas mujeres y niños. Algunos lo tomaron de buena manera y otros no tanto (…) No tuve ningún tipo de agresión física”, dijo el testigo quien en aquel momento realizó la lectura de la orden de allanamiento y labró la instrucción del acta.

En tanto, Onetto, jefe de Delitos Complejos de la PSA en la Patagonia, dijo que su tarea fue trasladar a los dos detenidos quienes habían bajado a Rafael Nahuel desde la montaña hasta la ruta, Lautaro González y Fausto Jones Huala, así como también realizar el secuestro de armamentos y celulares de todos los albatros imputados. González y Huala habían sido detenidos y esposados por los prefectos que estaban arriba en la montaña. Una de las hipótesis de la querella es que podría haber habido “transferencia de residuos de disparo” por el hallazgo de pólvora en sus manos, tema en controversia en el juicio. Onetto explicó que verificaron las municiones y secuestraron los teléfonos, además de tomar muestras de pólvora de las manos, tarea que en el caso de los prefectos estuvo a cargo de la Policía de Río Negro, dijo. 

Durante la audiencia hubo un duro cruce entre el juez federal que preside el tribunal en el juicio, Alejandro Silva, y el defensor particular Marcelo Rochetti que hizo una “propuesta” sobre cómo continuar y realizó constantes interrupciones. El magistrado le respondió: “No me dirija el debate. Si no, venga y siéntese acá”. 

Justicia por Rafita

El proceso judicial se inició hace dos semanas en el Tribunal Oral Federal de General Roca (Fiske Menuco) en la provincia de Río Negro, y se extenderá durante los próximos dos meses. En cada jornada, diversos grupos de comunidades mapuche y organizaciones sociales se manifiestan afuera en reclamo de justicia por “Rafita”, al tiempo que los protagonistas hacen declaraciones a los medios.

La causa, titulada «Pintos, Francisco Javier y otros sobre homicidio simple, usurpación y atentado agravado a mano armada», tiene a Alejandro Nahuel, padre de Rafael Nahuel, como el querellante. En esta causa, el cabo primero Cavia enfrenta cargos por «homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa», mientras que los otros cuatro miembros del grupo Albatros son considerados «partícipes necesarios» de los hechos.

Las próximas audiencias del juicio (séptima y octava) serán el 5 y 6 de septiembre en Roca. El cronograma de testigos ya está previsto para las próximas dos jornadas del debate oral y público. Se vienen al menos siete peritos, quienes realizaron varios procedimientos en la causa; como la autopsia en el cuerpo de Rafael Nahuel y quienes hicieron las pericias balísticas y del terreno. Declaran la semana que viene: Leonardo Sacomano, Roberto Nigris, Natalia Uribe, Silvia Bufarini, Javier Moreno, Silvina Lastreti y Jorge Delgado. La mayoría lo hará por Zoom.