El concepto reivindicado por los movimientos campesinos con distintas piezas que aportan, entre otros, la educación, el derecho y el ambientalismo.

La alimentación es una parte elemental de nuestra cotidianidad y hace más de 30 años se lucha para que el acceso al buen comer sea un derecho garantizado. En la última década, la cuestión de la producción, distribución, comercialización y consumo del alimento comenzó a tomar fuerza en la agenda pública, y desde el campo al Congreso de la Nación, la militancia por la soberanía alimentaria se abordó desde diferentes posiciones.  

El concepto de “Soberanía alimentaria” fue presentado en 1996 en la Cumbre Mundial de la Alimentación por Vía Campesina para ofrecer una alternativa a las políticas de alimentación que priorizan el comercio internacional y no contribuyen a la erradicación del hambre en el mundo. Se define como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, producidos de forma sostenible y el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.

El proyecto de ley

Maritsa Puma es referente de la Unión de Trabajadores/as de la Tierra (UTT), con 23 años produce verduras agroecológicas con su familia en el círculo frutihortícola de La Plata. En la organización, forma parte de un equipo de productores que trabaja de manera agroecológica y enseña a las familias a arrancar desde cero con este tipo de cultivo.

En octubre del año que se fue, acompañada por sus ya clásicos “Verdurazos”, la UTT presentó por tercera vez en el Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra. La iniciativa busca que los pequeños productores puedan acceder a una vivienda digna y a una parcela donde producir alimentos, así como impulsar un desarrollo rural ambiental, social y económicamente sustentable.  Durante la movilización, Puma contaba la importancia de esta normativa: “La Ley de Acceso a la tierra viene a darnos la posibilidad a los pequeños productores de acceder a la tierra a través de créditos a bajos intereses, en vez de estar pagando un alquiler mes a mes. Más del 80% de las familias que producimos los alimentos no somos dueñas de las tierras en donde producimos, sino que las arrendamos y muchas veces pagamos precios muy abusivos por la especulación inmobiliaria”.

Uno de los mayores beneficios de esta ley, explica Puma, tienen que ver con el acceso a una vivienda digna y a poder planificar su vida: “Alquilando, muchas veces estamos tres años en una tierra y luego tenemos que mudarnos a otra, por lo tanto, armamos nuestras casas con los mismo materiales con los que construimos un invernadero: nailon, maderas chapas, algunos clavos. Construimos una casilla precaria, con una instalación eléctrica también precaria. Siempre ocurren accidentes: incendios, fuertes vientos que vuelan las chapas, inundaciones, goteras; y todos los niños y todas las familias viven así. El piso de la casa, cuando nos vamos, tenemos que romperlo, los árboles talarlos, para devolverlo como ellos nos lo dieron, sin nada”.

Desde que comenzaron con los talleres de agroecología, Puma no podía evitar preguntarse cómo era que sus padres y abuelos no necesitaran agroquímicos para cultivar y ahora se cree que sin ellos no se puede producir. “Con este modelo de producción no se llega a tener la noción de cuánto daño se hace a la salud y el ambiente. Lo que estamos haciendo con la agroecología es dejar de ser dependientes de una multinacional que vende productos de síntesis químicos, que nos hacen tanto daño, y empezar a hacer nuestros abonos con materiales de nuestro propio campo”, describe.

La activista explica que empezaron a recuperar la cultura del campo con diferentes prácticas para el cultivo, procesos que realizaban sus padres y abuelos. En ese sentido, retomaron las tradiciones de distintos pueblos. Cuenta que como alrededor de las ciudades hay una gran diversidad de personas procedentes de diversos paíse,s como Bolivia, Paraguay y diferentes provincias, la diversidad de experiencias es infinita: “Hay un montón de conocimiento que si no lo recuperamos realmente se va a perder. De a poco se va arrasando con nuestra cultura, nuestra forma de producir, de alimentarnos. Cada compañero que vino de otro lugar, se vino con sus semillas y las pudimos adaptar, demostrando que se puede producir de manera agroecológica y combinar prácticas diferentes de cultivo”.

Educación e investigación

La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CaLiSA) de Nutrición en la Facultad de Ciencias Médicas UBA,surgió el 1 de marzo de 2013 con la coordinación de Miryam Gorban. Fue creada por iniciativa de los estudiantes de Nutrición que comprendieron la importancia del rol activo que debían cumplir con relación al acceso a alimentos sanos, seguros y soberanos de la población.

Su principal motivación fue movilizar y visibilizar la importancia de la soberanía alimentaria y solicitar un espacio de formación libre dentro de la academia para intercambiar saberes. Se presentaba la necesidad de comprender y analizar los medios actuales de producción, comercialización, distribución y consumo de alimentos, para estudiar las problemáticas y vincularlas con la crisis ambiental e implicancias económicas, para finalmente afianzar el derecho fundamental a la alimentación saludable.

La nutricionista Clara Zárate es parte del equipo de CaLiSA Nutrición, la cátedra que lleva adelante diferentes actividades. Con disertantes, invitados especiales, seminarios, jornadas, clases expositivas, prácticas en terreno (entre las que se han propiciado, por ejemplo, visitas a pequeños productores y productoras locales) diálogos e intercambio de saberes y ferias regionales. Clara comenta: “A raíz de los temas y problemáticas trabajadas en la cátedra, fueron surgiendo otros espacios más allá de la cursada, que se complementó con iniciativas como el kiosco saludable, el bar saludable y la huerta agroecológica. Son lugares pensados para fomentar la soberanía alimentaria y entornos saludables dentro de la nutrición. El principal objetivo es mostrar que se puede caminar hacia la soberanía alimentaria y lograr una alimentación sana, segura, soberana y sabrosa para todes”.

Dentro de la cátedra plantean: “Los ejes principales giran alrededor de los modelos productivos, aspectos nutricionales, enfoques socioculturales, ambientales y análisis de prevención y protección de la salud. La idea es elaborar, difundir y ejecutar propuestas direccionadas al lograr una Soberanía Alimentaria capaz, que abarque toda la problemática alimentaria. En definitiva, aspiramos a lograr la Seguridad Alimentaria y Nutricional de los pueblos, con el respeto de los Derechos Humanos: el derecho a la salud, a la alimentación, al agua segura y a la vida digna”.

Ambientalismo

Ariana Krochik es activista y cofundadora de Consciente Colectivo, una organización de jóvenes con perspectiva socio-ambiental, que milita por el cuidado del ambiente como una problemática transversal a todas las demás. Con respecto a la soberanía alimentaria, cuenta: “En este sistema siempre se busca producir más. Hoy con la tierra pasa lo mismo, ya no se respetan sus ciclos naturales. Para poder tener otra relación con la naturaleza, es prioritario poder producir y consumir de manera sana y segura, aplicando aquí el concepto de soberanía alimentaria. El “Buen vivir”, noción utilizada en los movimientos campesinos e indígenas, habla justamente de esto, del respeto por la naturaleza, de la relación del ser humano con la vida”.

Krochik está segura que las problemáticas ambientales tienen siempre de fondo una cuestión social, por eso lo socioambiental es en definitiva un activismo social y el activismo ambiental como algo totalmente transversal. Sobre esto desarrolla: “Fumigaciones, agroquímicos y un montón de cuestiones que tienen que ver con las plantaciones están totalmente relacionadas con las sociedades donde se aplican. Siempre que se fumiga hay, a kilómetros o metros, poblaciones, escuelas y viviendas donde se generan un montón de problemáticas en la salud de las personas que allí habitan, y ni hablar de la contaminación de la tierra, agua y aire que literalmente nos está matando. Los movimientos campesinos, las organizaciones juveniles y las distintas organizaciones de la sociedad civil vienen trabajando hace miles de años como movimientos de lucha ambiental”.

Desde la organización se activa por la soberanía alimentaria a partir de la incidencia política y la acción barrial, exigiendo políticas públicas y militando con vecinos y vecinas de diferentes barrios en la conformación de huertas para los merenderos locales. “En el lugar del privilegio en el cual me considero, ser activista por la soberanía alimentaria tiene que ver con una cuestión colectiva. Me explico: yo como persona de privilegio, tengo de alguna manera la posibilidad de elegir qué y cómo consumir. Pero ahora, parte del activismo y la militancia tiene que ver con la organización colectiva en pos de un objetivo en común. Entonces, en este caso, el poder organizarnos colectivamente para exigir políticas públicas para que todas las personas puedan tener acceso a la soberanía alimentaria, y elegir qué comer sea un derecho garantizado para todos y no un privilegio para pocos”.

Derechos

La Vía Campesina es un movimiento internacional que reúne a millones de campesinos, agricultores pequeños y medianos, sin tierra, jóvenes y mujeres rurales, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Defiende la agricultura campesina por la soberanía alimentaria como una forma de promover la justicia social y dignidad y hace frente a los agronegocios que destruyen las relaciones sociales y la naturaleza.

El Centro de Estudios Legales y Sociales es un organismo de derechos humanos argentino creado en 1979, durante la última dictadura militar, que promueve la protección de los derechos y su ejercicio efectivo, la justicia y la inclusión social, a nivel nacional e internacional. En el presente, uno de los principales temas abordados por la organización es la inclusión social y los derechos económicos sociales y culturales, en especial en lo relacionado al acceso a la tierra y a un hábitat digno.

El CELS trabaja en conjunto con La Vía Campesina para asegurar la protección de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas. “La soberanía alimentaria requiere la intervención activa del Estado y políticas públicas que protejan los modos de vida y de producción campesinos-indígenas, que garanticen que las comunidades puedan permanecer en las tierras que habitan y que trabajan, sin hostigamiento ni amenazas de desalojos, y que fortalezcan el tejido organizativo y cooperativo. Son políticas activas que desconcentren el sistema agroalimentario y modelen la producción y la demanda las que pueden favorecer el acceso de todes a alimentos de buena calidad”, afirman desde el organismo.

En sus informes sobre el tema explican: “Para les campesines, el territorio es vida y forma parte de su identidad, a través de una relación de mutua pertenencia y cuidado a través de generaciones. Esta cultura se ve amenazada por el agronegocio, responsable hoy del monocultivo, los desmontes, los cambios en los cursos de agua, la saturación de la tierra y la producción con agrotóxicos, el patentamiento de semillas transgénicas que impiden su conservación. También está amenazada por otras actividades extractivistas como los desarrollos inmobiliarios, la minería y el turismo”.

Redes de amistad

El periodista Sergio Ciancaglini, en su libro Agroecología, el futuro ya llegó, plantea, de forma poética y reflexiva, cómo lo colectivo y el trabajo en red acerca un verdadero cambio de paradigma, no solo productivo, sino cultural, socioambiental, humano y político: “Mientras caminamos entre las pasturas Norman Best menciona algo que podría ser un proyecto altamente político, en el sentido no contaminado de la palabra: ‘Tal vez todo consista en saber crear redes de amistad’. Esas redes, como lo muestra Guaminí, podrían simbolizar los mejores modos de encarar uno de los grandes conflictos que definen esta época: cómo lograr que los sueños sean más fértiles que las pesadillas.”