Nov 4, 2021 | Destacado 2, Entrevistas, Géneros
Lucía De Pascuale es buza profesional y la única mujer del país que alcanzó la máxima categoría: “experta en gran profundidad”. Llegar a ese nivel le tomó casi dos décadas porque se encontró con las mismas barreras que enfrentan otras trabajadoras del sector naval: la falta de empleo y la violencia de género. Actualmente, preside la Asociación de Mujeres en la Actividad Marítima, Fluvial y Lacustre (AMAMFYL), una agrupación que busca visibilizar y eliminar esta problemática. En diálogo con ANCCOM, destacó el invaluable esfuerzo que significa ejercer en una industria tradicionalmente dominada por hombres.
Jujeña y de 38 años, “Acceder a los niveles superiores es muy exigente. Debemos estudiar y entrenar pero, además, dependemos de que las empresas nos contraten para ir sumando tiempo de trabajo sumergido. Luego de muchos años, finalmente, pude reunir las horas requeridas para la certificación más alta”, afirmó.
Vivió 10 años en Chubut, donde se desempeñó en la pesca artesanal de mariscos en la modalidad de inmersión. Allí, rindió los exámenes correspondientes a las categorías superiores -tercera y segunda- del buceo. “Esa parte de la industria es la menos conocida y la más precarizada. El barco pesquero opera en condiciones muy sacrificadas y las tareas demandan gran esfuerzo físico”, sostuvo De Pascuale. “No hay ningún derecho laboral. Se trabaja a producción, si te enfermás y no podés ir, no cobrás. No hay aportes jubilatorios, ni obra social, ni ART, si tenés un accidente nadie se hace cargo”, agregó.
Posteriormente, se mudó a Buenos Aires con el objetivo de dar el examen para acceder a la primera categoría y mejorar su situación de empleo. Aquí, rindió el nivel más alto del buceo y, luego, se especializó en ‘gran profundidad’. “Estoy capacitada para sumergirme hasta 300 metros, utilizando una mezcla artificial compuesta por tres gases respirables -oxígeno, nitrógeno y helio-”, detalló la entrevistada y añadió que, después de una intensa búsqueda, logró que una empresa la contratara: “Realicé algunos embarques en buques petroleros que llevan buzos y, así, pude completar las horas requeridas para la certificación máxima”.
Formación gratuita, certificación costosa
La formación en el buceo profesional es ofrecida, de manera pública y gratuita, por la Escuela Nacional Superior de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina, ubicada en Buenos Aires. Los residentes de las distintas provincias tienen la opción de dar los exámenes en las dependencias locales. De Pascuale dijo: “Es una carrera que habilita a trabajar en mares, ríos y lagos; realizar soldaduras, búsquedas y recuperaciones subacuáticas; mantenimiento de plataformas de petróleo y limpieza de cañerías subterráneas. También, en diques y embalses, en muelles y, por supuesto, a bordo en embarcaciones”.
Ahora bien, para acceder a las categorías superiores del buceo, no sólo hay que demostrar determinada cantidad de horas de trabajo sino, además, es imprescindible presentar los estudios médicos -electroencefalograma, radiografías, ergometría, entre otros- y varios cursos obligatorios y pagos, como el entrenamiento para subir a helicópteros. “Asimismo, debemos cumplir con los Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 95), una serie de cursos internacionales que certifican la aptitud y el nivel de competencia de los profesionales de altamar de buques mercantes”, expresó la experta.
La Prefectura Naval les entrega una libreta donde se registran los embarques, las horas de buceo, el apto médico y los cursos obligatorios. Es una certificación que acredita la capacitación del personal marítimo y que los habilita para ser contratados por las empresas. La buza enfatizó que mantener la libreta al día requiere mucho dinero: “Si no tenés obra social, pagás los estudios médicos de manera particular. Los cursos son caros y vencen cada cinco años. Renovar el STCW 95 cuesta alrededor de 70 mil pesos. Si estás trabajando esto no es significativo, porque estando a bordo ganás un buen sueldo”.
“Hoy, no hay buzas contratadas en el país. Todas las empresas tienen un plantel compuesto 100% por hombres.»
La mayoría de las empresas navales de Argentina no contratan mujeres. Se trata de una problemática mundial que no sólo afecta al buceo sino, también, a otras actividades del sector marítimo, fluvial y lacustre. Según la Organización Marítima Internacional (OMI), las mujeres representan sólo el 2% de los 1.2 millones de marinos. “Hoy, no hay buzas contratadas en el país. Todas las empresas tienen un plantel compuesto 100% por hombres. Muchas compañeras realizan otros trabajos para asumir los costos de la libreta o abandonan la carrera porque no pueden subsistir”, contó la submarinista.
De Pascuale está sobrecalificada pero, hace más de un año, se encuentra desempleada. El haber llegado a la categoría más alta en el buceo y tener el reconocimiento de la Prefectura Naval no le garantiza las mismas oportunidades que sus colegas hombres. “En el 99% de las empresas donde me presenté, me dijeron que no contratan mujeres. Cuando aplico a ofertas para las que estoy capacitada, no me llaman. Es común enterarse que salió una obra y sólo tomaron a compañeros varones, aunque recién se hayan egresado o sean de categorías inferiores. En este sector, para ellos es más fácil conseguir trabajo”, reveló.
La falta de cupo laboral para las mujeres en la industria marítima, repercute directamente en su desarrollo profesional. No pueden acceder a los puestos de trabajo, por ende, no pueden reunir las horas requeridas para subir de categoría, ni cubrir los gastos de los exámenes médicos ni, mucho menos, invertir en los cursos obligatorios. “Se entiende que cuanto mayor es la capacitación, mayor es la posibilidad de conseguir un empleo estable, pero eso no pasa cuando sos mujer. En el buceo, a un varón le puede tomar cinco años acceder a la categoría máxima, a una mujer, el triple de tiempo”, declaró la entrevistada.
“Ellos no nos quieren en los barcos porque creen que no nos corresponden esos lugares. Las que se embarcan son perseguidas y apuntadas. Si intentan quejarse, no suben nunca más. Hay denuncias de compañeras que han sido violadas. Es enorme la crueldad que padecemos trabajando en altamar, donde la mayoría son varones”.
Discriminadas, acosadas y abusadas
En el sector marítimo, el papel de las mujeres ha sido históricamente escaso y limitado a ciertos roles. Son pocas las que logran embarcar y, a menudo, se les adjudican tareas de atención y limpieza. Según la OMI, el 94% de las trabajadoras marítimas del mundo sólo consiguen empleo en los cruceros. “En la industria está instaurado que no haya mujeres en los barcos. Por cada 40 o 50 tripulantes, con suerte, hay una o dos. Además, las empresas no tienen en cuenta nuestro nivel de calificación y nos siguen negando el acceso a puestos de mayor categoría y, por lo tanto, a mejores ingresos”, manifestó De Pascuale.
El reducido número de mujeres que logra subir a los barcos se encuentra con un ambiente predominantemente machista. Estando a bordo, las profesionales del sector suelen ser maltratadas, acosadas y abusadas sexualmente por sus compañeros. Así lo expresó la entrevistada: “Ellos no nos quieren en los barcos porque creen que no nos corresponden esos lugares. Las que se embarcan son perseguidas y apuntadas. Si intentan quejarse, no suben nunca más. Hay denuncias de compañeras que han sido violadas. Es enorme la crueldad que padecemos trabajando en altamar, donde la mayoría son varones”.
La violencia patriarcal en la industria marítima es avalada por el silencio y la complicidad de los gremios. Las asociaciones que nuclean cada una de las actividades del sector no están comprometidas en erradicar estas coacciones. “Los sindicatos firman los convenios colectivos con las empresas sin tenernos en cuenta. En el buceo, no tenemos un sólo artículo con perspectiva de género -por ejemplo, la licencia por maternidad-, lo que mantiene ese estereotipo de que allí no nos corresponde trabajar. Por reclamar, mi gremio me proscribió de las listas para que las empresas no me llamaran más”, exclamó.
Unidas y organizadas
En mayo pasado, obtuvo media sanción el proyecto de ley presentado por Nancy González -legisladora de Chubut-, que dispone para los buques pesqueros una tripulación mínima del 30% de mujeres y el 1% de travestis y trans. Si bien es un avance para mejorar la situación que atraviesa el sector, no resuelve el problema de fondo. Al respecto, la entrevistada sostuvo: “Esta medida puede terminar siendo un techo de cristal si nos deja en la pesca, que es la parte más sacrificada y precarizada de la industria. Seguimos sin tener acceso a buques mercantes o petroleros que utilizan tecnología de punta, brindan mejores condiciones laborales y niveles de habitabilidad y sueldos superiores”.
Lucía De Pascuale preside AMAMFYL, una asociación que convoca a las mujeres y a las diversidades que se desempeñan en la actividad marítima, fluvial y lacustre. Actualmente, agrupa a más de 60 profesionales de todo el país, entre ellas, oficiales conductoras de máquinas navales, buzas, marineras y pescadoras. “Hemos decidido unirnos y tocar la puerta al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, ya que nuestros reclamos fueron desestimados por los sindicatos. Nuestro objetivo es lograr el cupo laboral femenino y trans, en todos los puestos para los que estamos calificadas y terminar con la violencia de género que predomina en la industria naval”, concluyó.
Jun 25, 2021 | Noticias en imágenes, Trabajo
Jun 9, 2020 | Novedades, Trabajo
“Despidos”, “suspensiones” y “rebajas salariales” son tres conceptos que desentonan en la retórica de ciencia ficción imperante. Sin embargo, son las categorías esenciales para comprender gran parte de lo que sucede tras las bambalinas de la pandemia. A la amenaza biológica contra la vida se le suma la amenaza social contra el trabajo.
Es en busca de esa realidad que surgió el Observatorio de Despidos Durante la Pandemia, una iniciativa de sociólogos y estudiantes de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata agrupados en La Izquierda Diario. “La idea del Observatorio surge a partir de dos dimensiones: por un lado, cuando inicia la cuarentena aparecieron, en forma de aluvión, datos, gráficos, curvas y demás sobre los aspectos sanitarios, que desde ya son imprescindibles. Pero no se publicaba, ni en las esferas de gobierno ni en los espacios mediáticos, información respecto a la situación de los trabajadores. Esa ausencia empezó a volverse sintomática y, de hecho, se prolonga hasta hoy”, explica Mariano González, estudiante de Sociología de la UBA, y continúa: “Por otro lado, teníamos una prédica del oficialismo de protección a los trabajadores tanto a través de conferencias de prensa como a partir de varios decretos de necesidad y urgencia. Incluso Alberto Fernández llamó ‘miserable’ a Paolo Rocca por los 1.450 despidos de Techint. Sin embargo, esas cesantías se concretaron y los ataques al salario, despidos y suspensiones comenzaron a aparecer de manera muy fuerte. Por eso decidimos poner en pie el Observatorio, para brindar esos dato”.
El relevamiento se realiza semanalmente a partir de publicaciones en más de 40 medios periodísticos nacionales y regionales, a los que se agregan las cifras publicadas esporádicamente por distintos organismos y los resultados de los acuerdos a los que llega cada sindicato en particular. A partir de esa información, se realizan informes y análisis bajo la supervisión de Paula Varela, investigadora del Conicet y docente en la UBA.
El conteo comienza desde el 20 de marzo –el día en que se inició el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio- y, al 30 de mayo, se relevó el impactante número de 3.890.639 trabajadores afectados. El Observatorio desagrega esa cifra en tres categorías: “despidos”, unos 139.634; “suspensiones” (incluye a trabajadores que hayan sufrido el doble ataque de suspensión más rebaja salarial), que alcanza 1.786.987; y “ataques al salario”, que suben a 1.965.018.
De todas formas, este número es tan sólo una base, un indicio, más que una afirmación acabada. Los datos dependen de aquello que es considerado noticia por alguno de los medios relevados y, sobre todo, se impone la opacidad absoluta a la hora de registrar la situación del sector informal. “El porcentaje de precarización laboral en Argentina es del 40%”, analiza Clara Posse, socióloga. “Entonces, sabemos que hay muchos trabajadores informales, precarizados, contratados o con distintas relaciones laborales que no están pudiendo ser relevadas. Ese es un límite importante. Nosotros remarcamos que ésta es la cifra que pudimos abarcar, pero que en realidad es muchísimo más”. El llamado del Observatorio, en consecuencia, es que sean los y las propias trabajadoras quienes hagan su denuncia tanto al mail mapadedespidos@gmail.com como a La Izquierda Diario.
Según el informe del Observatorio, el sector más afectado es el del comercio.
El gobierno nacional -con el apoyo de todos los estratos gubernamentales- optó por una cuarentena estricta, con excepción de ciertos sectores denominados como esenciales. Para disipar incertidumbres sobre la situación a la que se verían expuestos las y los trabajadores, en el Artículo 8° del DNU 297/20 se dispone que “durante la vigencia del ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’, los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales”. Más tarde, el 31 de marzo, tras el escandaloso episodio en Techint, se firmó el DNU 329/20. El Artículo 2° dispone: “prohíbense los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución del trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta (60) días” -se prorrogó por otros 60 días más desde su vencimiento-. Y el Artículo 3°: “prohíbense las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de sesenta (60) días” -también prorrogado-. En resumen: se prohíben las rebajas salariales, los despidos y las suspensiones durante el aislamiento obligatorio. El devenir de los días terminó dictaminando algo totalmente diferente.
¿Qué sucedió entonces? El primer indicio puede encontrarse en un pequeño apartado del Artículo 3° del DNU 329/20. El mismo dice: “quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo”. ¿Qué dice el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo? Establece la posibilidad de realizar suspensiones de tareas al trabajador en caso de fuerza mayor, abonándole una suma no remunerativa que es tan sólo un porcentaje de su salario habitual y teniendo que tributar únicamente aportes y contribuciones a la obra social y ART. Pero, antes este mecanismo debe ser pactado con el empleado de manera individual o colectiva -sindicatos-.
El 27 de abril, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) pactaron un acuerdo que sirve de marco para el resto de las negociaciones gremiales: el tope de descuento al salario de trabajadores suspendidos no puede superar el 25%. Aunque en realidad esto debe leerse con mayor detenimiento: la CGT y la UIA habilitaron que aquellas empresas que suspendan empleados tienen la posibilidad de reducir sus remuneraciones hasta un 25% en sus respectivas negociaciones con los sindicatos.
Muchas de las rebajas salariales y suspensiones fueron acordadas con los gremios.
El último informe del Observatorio muestra que el 76,1% (2.962.346 trabajadores) de los “ataques laborales” -despidos, suspensiones y ataques al salario- tienen como origen los acuerdos sectoriales. “El sector más afectado es el de Comercio, ya que allí trabajan alrededor de 1.200.000 personas. El que le sigue es Construcción: la Cámara Argentina de la Construcción anunció a principios de mayo que se habían perdido 100 mil puestos de trabajo entre marzo y abril. En conjunto con el resto de las modalidades de ataque al trabajo suman casi 500.000 casos y hay que tener en cuenta además que es un sector con una gran proporción de empleo informal, que no puede ser contemplado en el estudio. También representa el 25% de los despidos a nivel nacional. Tercero está el sector del Personal de Casas Particulares, las empleadas domésticas, que en un informe publicado por el sindicato se reveló que se vieron afectados 500.000 puestos. Y, en cuarto lugar, pelean cabeza a cabeza el sector estatal y el gastronómico”, explica Posse.
Efectivamente, el estatal se encuentra en el podio de los sectores que más ataques sufrieron con 438.927 afectados. Algunos casos se extienden desde mucho antes de la cuarentena, como las deudas salariales y paritarias a la baja en la provincia de Chubut.
“El ataque al salario es el principal mecanismo utilizado para transferir los costos de la crisis a los trabajadores”, se lee en el último informe del Observatorio. El total de trabajadores afectados por ataques al salario es de 3.685.515. Dentro de esta categoría se despliegan tres mecanismos: reducción salarial (2.880.626), postergación de paritarias (720.546) y adeudamiento salarial (84.343). González enfatiza: “Ante esto, el gobierno nacional no solamente no ve esos ataques sino que los convalida. Los acuerdos firmados por sector entre las direcciones sindicales y las cámaras empresarias son homologados por el Ministerio de Trabajo. Los decretos son papel mojado. Hay un gran consenso en todo el arco político y sindical en hacer de cuenta como que sigue en verdad la ficción de que éstos decretos tienen algún tipo de utilidad”.
El derrumbe de la economía tanto nacional como mundial, no obstante, es insoslayable. Las grandes potencias han impreso y desembolsado millones en papel moneda para rescatar a sus sistemas financieros y económicos. Menos grandilocuente, más lúgubre, es la realidad de los negocios barriales, de las empresas modestas que caen sin estruendo y dejan en la completa incertidumbre a miles de trabajadores y trabajadoras. Con ese argumento se firmó el DNU 332/20 del 1° de abril, que establecía las bases del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Se trata de una serie de medidas que abarcan exenciones impositivas y, en especial, el pago por parte del Estado -Anses mediante- de una porción del salario de los trabajadores. Con las semanas comenzaron a aparecer situaciones completamente irregulares: aparecieron en la lista de beneficiarios grandes empresas, sin problemas financieros, y entre los salarios beneficiados con fondos públicos se encontraban sus propios CEOS.
“A partir del acuerdo de la CGT con la UIA se redujo un 25% el salario, el 50% es pagado por la Anses y empezamos a notar que ese 25% restante que queda a cargo de la empresa muchas veces es pagado en cuotas o directamente no se paga”, recalca Posee.
“Todo esto no es un simple desconocimiento. Lo mismo respecto al decreto que prohíbe despidos y suspensiones. Estas situaciones son públicas, se denuncian en las carteras del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el Gobierno nacional decide hacer la vista gorda. Enfatizamos el episodio de Techint, un caso emblemático. Sobre eso no hubo ningún tipo de represalia, sino que incluso fue premiado con el ATP. Incluso, al momento de recibir ese beneficio, despidió a otros 30 trabajadores de una contratista de Siderca, en Campana. Lo mismo sucede con Blaquier, que también accede al ATP y de todas formas suspende y recorta salarios. Al igual que otras empresas como Granja Tres Arroyos, que luego de recibir el ATP despidió a 50 trabajadores. Con todo este panorama, nosotros vemos que el ATP y otros tipos de programas en realidad son un gran subsidio millonario a las empresas para mantener el margen de rentabilidad a costa del ajuste y el recorte a los trabajadores”, denuncia Mariano González.
Dic 31, 2019 | Entrevistas, Novedades
Catalina Pella
En un deporte regido por las desigualdades en los ingresos entre hombres y mujeres, con 26 años, la bahiense Catalina Pella da batalla ante una realidad que la interpela, y le es injusta en el mundo del tenis.
Pella es la cuarta mujer argentina mejor rankeada de la WTA (Women Tennis Association) en el puesto 387, y al igual que el país, atraviesa una situación económica delicada. En la actualidad, Pella se encuentra disputando el grupo americano de la Fed Cup junto con el combinado argentino, y entiende que su camino hoy pasa por competir en torneos de menor trascendencia, con el objetivo de solucionar en el corto plazo la crisis financiera y defender su ranking de la WTA, pero también el de la ITF, donde se encuentra en el puesto 288.
¿Cómo ves tu momento profesional actual?
Estoy pasando por una situación económica bastante complicada. Es por esto que estoy jugando interclubes, futures y algunos challengers para sobrevivir. Me estoy yendo a Europa en abril y me quedo ahí un tiempo. Además tengo que defender mi ranking. En definitiva, tengo que aceptar el momento en el que estoy. Ha sido muy difícil. Mi hermano -el tenista Guido Pella quien acaba de recibir su primer título ATP en San Pablo- me ofreció ayuda económica, pero estoy en una etapa que necesito hacerlo yo. Estoy tranquila, entrenando lo más que puedo para competir, para dar lo mejor de mí.
¿Cuáles son tus expectativas en Europa?
Me llevó muchos meses aceptar esta situación, pero estoy con la cabeza más tranquila. Además esto me va a ayudar para el día de mañana estar bien parada para volver a competir con muchas más ganas y ya disputar torneos profesionales. La carrera son dmomentos y esto te motiva a volver con todo y competir al mejor nivel.
La ITF (lo que no es ATP/profesionalismo) modificó estructuras en marzo del 2017, con la idea de generar más torneos y dinero para competiciones más pequeñas. ¿Cómo es la situación del tenis femenino a nivel mundial?
La realidad es que no hay tantos torneos más. Se da una tremenda desigualdad. Es muchísimo mayor la cantidad de torneos que juegan los hombres, que los que juegan las mujeres. Nosotras cobramos menos de la mitad de que lo que cobran ellos, a nivel WTA y a nivel Challenger. Yo esperaba más cambios.
Serena Williams fue mofada por la prensa al quejarse frente a la umpire en la final del US Open de 2018. La burla fue automáticamente calificada como sexista y machista. ¿Qué lugar ocupa la mujer en el deporte y qué avances ha habido?
La mujer ha estado sometida en muchos aspectos, pero esto ha evolucionado con el tiempo. A pesar de ello no entiendo por qué las grandes tenistas como (NdeE.: María) Sharapova o (NdeE.:Simona) Halep no hablan de estas desigualdades. Donde en un torneo como un Grand Slam se dice abiertamente que no ganará lo mismo la mujer que el hombre. No sé si están muy preservadas ellas o qué. Pero Andy Murray ha hecho más por el tenis femenino que ellas. Ha dicho muchas veces que los logros nuestros son menospreciados dentro del mundo del tenis. No me entra en la cabeza pensar que haya tanta desigualdad y que las mujeres lo acepten.
Si bien han crecido las publicidades que abogan por el poder de la mujer ¿Las marcas y los grandes torneos inciden en la desigualdad de género?
Yo creo que sí. Es muy loco pensar que una mujer que gana un torneo WTA, gane determinado dinero, y no gane lo mismo que el varón que ganó el mismo trofeo ATP. Yo no creo que a la mujer le dé lo mimo.
Ya de por sí la Asociación de Tenis Profesional se diferencia de la WTA, cuando se supone, por su nombre, que nuclea a todo el mundo de la raqueta. ¿Formás parte de alguna organización que lleve adelante este reclamo?
No, pero es porque soy muy tranquila. No me gusta el quilombo para nada. Pero lucho mucho por la igualdad. He tenido miles de peleas. Y hasta desde la AAT me dan la razón, y me dicen que es verdad. Pero eso queda en la nada y hay que cambiarlo. De todas maneras, la mujer ha tomado más fuerza en esto de la igualdad. Pero todavía no se nos escucha. Se nos va a escuchar. Lo de que la mujer es inferior es de dinosaurios, pero estamos muy lejos aún.
Sos integrante del equipo de la FED Cup, torneo que nuclea a hombres y mujeres, entre singles y dobles. ¿Cómo fue tu experiencia y qué te parece esta iniciativa que comenzó en 1995?
El formato está buenísimo. Este año se le ha dado más importancia que años anteriores. Creo que es gracias a que gente como Mercedes Paz, Florencia Labat y Gabriela Sabatini le hayan estado atrás.
El tenis enfrenta un gran monstruo que es la televisación y la comercialización de los torneos. Las modificaciones de ATP e ITF ¿Cómo ves este cambio de dinámica y el lugar de la mujer en el circuito?
No me parece mal. El tenis es muy blanco o negro. Lo que quiso hacer la ITF, es decir: si sos bueno en esto, vas a perdurar. Había muchos jugadores grises que sólo tomaban al deporte como un trabajo y entonces no dejaban pasar a los juniors que son realmente buenos. Hubo muchas chicas sudamericanas que no pudieron ganar plata, porque había muchos de estos grises que impedían que se desarrollen. Entonces, yo creo que si vos no sos bueno y no te entrenas a morir, no vas a seguir. El objetivo no es el de cortar jugadores. Si logro superar esto, puedo ganar más plata. Todavía se está acomodando. Falta tiempo.
¿Quiénes son esos grises?
Gente que no disputaba otra cosa que futures -torneos en menor escala que una competencia ATP, que dan entre 15.000 y 25.000 dólares de premios-, porque les quedaba cómodo. Medio mediocre. Y yo soy, al igual que Guido y mi familia, al 100 por ciento. Yo voy a la guerra y doy todo. Yo creo que lo que trataron de hacer es hacerles ver a los jugadores qué es el sacrificio.
Agustín Calleri asumió en mayo la presidencia de la AAT. ¿Cómo se está dando esta nueva gestión en relación a las mujeres?
A priori, hay mucha más comunicación. Claramente todavía no pueden hacer nada, pero como la gestión anterior no fue la mejor… Han prometido que haya más torneos femeninos. Deseo con todo mi corazón que así sea, pero hay que esperar. Expectativas hay.
¿Cómo ves la inclusión de Córdoba en el circuito de torneos ATP?
Es bueno para el tenis argentino en general. Pero no incluye a la mujer. Lamentablemente se dividen el varón y la mujer. Y por eso hay que irse. Acá es muy complicado. Con lo que hay, no se puede hacer.
Hablando de referentes como Sabatini, Paola Suárez: ¿Cómo es ese diálogo. Han tomado este reclamo del tenis femenino?
Gabriela es por de más humilde, pero prefiero hablar con Mecha (NdeE.: Mecha Paz) y Flor (N.deE.: Labat) o con gente de la asociación. Tengo más contacto con la gente que fue partícipe de la FED. Sé que están y hemos hablado, tengo más confianza. Y además entre nosotras nos hemos unido un poco más. Hemos estado muy solas. Yo creo que ahora que soy más grande me di cuenta que juntas somos más. Capaz uno de chico dice: “Esto no me incumbe, o no me toca directamente”. Quizá para no complicarte, porque el tenis se convierte en tu vida y no haces más que respirar tenis, por ahí no te querés distraer. Pero hoy, siendo más grande, sé cómo diferenciar las cosas y me di cuenta que juntas podemos más.
Dic 11, 2019 | Novedades, Trabajo
José Díaz es un venezolano que llegó a Argentina el 11 de marzo de 2018 con su esposa y su hija. José, como todo migrante, tiene la fecha de su partida marcada como la fecha de su nacimiento. Durante la entrevista la va a repetir varias veces porque migrar es como volver a nacer. “La principal razón para salir de Venezuela fue la situación política y económica que vive el país. Con mi familia estábamos buscando nuevos destinos, pero el deterioro nos obligó a adelantar esa salida”, comenta el ingeniero de 37 años.
José, su esposa y su hija son parte de los 60.687 venezolanos que pidieron residencia temporaria en Argentina en 2018. El número duplica a los 27.075 ciudadanos de ese país que se radicaron en 2017. La crisis venezolana ha expulsado a más de cuatro millones de ciudadanos, según estimaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y 103.767 arribaron a Argentina entre 2015 y diciembre del año pasado. La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) confirmó que en enero de 2019 entraron 9.800 inmigrantes de esa nacionalidad.
“Hace tres, cuatro, cinco años llegaban con mayor poder adquisitivo, no quiere decir que llegaban a montar un negocio, sino para vivir estable un ‘tiempito’ mientras conseguían trabajo”, ilustra Yrina Morgado, una contadora especialista en el reclutamiento de profesionales calificados que arribó al país hace tres años y que ayuda a sus compatriotas (y personas de otras nacionalidades) a encontrar trabajo en Argentina.
Según un informe de la consultora Adecco, publicado el 15 de julio, el 63,17 por ciento de los inmigrantes venezolanos no ha conseguido trabajo estable o trabaja en negro. “Cuando llegue a Argentina, aquel 11 de marzo, empecé a buscar trabajo inmediatamente. Conseguí en la empresa Winland, pero no me contrataron como ingeniero sino como oficial electricista. El trabajo era netamente en negro: pago al día y no me reconocían seguro, obra social, ni indemnización”, cuenta José, ingeniero electricista de la Universidad de Oriente Núcleo Anzoátegui.
Oliver es Comunicador Social, trabajaba en Venezuela haciendo “edición y animación digital para un estudio de diseño” y es parte de la oleada de venezolanos que llegó en 2013. Ese año solamente radicaron su residencia 1.294 ciudadanos de ese país. “Un contacto trabajaba en un restaurante en Retiro. Ahí pude empezar como cadete a píe. Era completamente en negro, era un trabajo precario, pero la verdad no podría a aspirar a algo mejor porque no tenía DNI”, comenta Oliver sobre el primer trabajo que tuvo en Buenos Aires.
Para los venezolanos es relativamente fácil conseguir un primer empleo. De acuerdo con Adecco, el 35 por ciento lo obtiene en los primeros 90 días y un 30 por ciento demora de 3 a 6 meses. “Consiguen trabajo en kioskos, en call center, en servicios de limpieza, como niñeros o como acompañantes terapéuticos”, afirma Yrina. Lo difícil es conseguir un trabajo estable y relacionado con su profesión porque solamente el 4,49 por ciento lo logra a pesar de que 7 de cada 10 venezolanos, en edad de trabajar, son profesionales o técnicos.
“Apenas en septiembre de 2019 empecé a trabajar oficialmente en un área relacionada con mi carrera, luego de casi siete años en Argentina”, completa Oliver que actualmente está empleado en el área de marketing de una bodega mendocina. Por su parte José está trabajando para la firma Drei Servicios Eléctricos: “En este momento me estoy desempeñando como jefe de obra en la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de La Rioja. Empecé en Drei en febrero, casi un año después que llegue a Argentina”.
La situación de los extranjeros no difiere de los locales, porque siguiendo a Adecco solamente el 20 por ciento de los argentinos que tienen trabajo se desempeñan en un empleo relacionado con su profesión mientras que el otro 80 por ciento realiza otras tareas.
A pesar de que ACNUR tiene a Venezuela entre las 12 situaciones de emergencia migratoria, el gobierno macrista no tenía una política pública para insertar a los extranjeros. Existen organizaciones como la Asociación de Médicos Venezolanos en la Argentina (ASOMEVENAR) que agrupan a los extranjeros por profesión y han conseguido mejorar las condiciones laborales de sus compatriotas.
Fabián también es Ingeniero y consiguió su primer empleo en un supermercado. “Inicié trabajando para una franquicia de Supermercado Día, en donde el trato era fuerte y complejo porque estábamos sub-pagados: por las 8 horas de trabajo extenuante como repositor, te pagaban entre 8 y 10 mil pesos dependiendo lo que las dos dueñas de la tienda considerarán”, afirma.
“Ellas te comentaban de ponerte en blanco luego del mes de prueba, pero yo estuve trabajando ahí alrededor de cuatro meses, y en ningún momento hubo intención de hacerlo. Los horarios no eran estables, nunca se respetaron normas como el pago doble en feriado y los aguinaldos que me correspondían en el mes de diciembre (2018) tampoco me los pagaron. No teníamos posibilidades de reclamar, denunciar o tomar alguna acción legal en contra porque nos amenazaban que tenían contactos y sabían cómo era la movida laboral”, completa el entrevistado que prefirió resguardar su nombre por seguridad.
Las fuentes concuerdan en la positiva recepción de los locales y niegan que sean celosos por su llegada al país. “En Argentina hay un muy buen nivel profesional. Acá son poco celosos en ese tema”, comenta Oliver. “El venezolano siente apoyo, se siente valorado, sabe que hay oportunidades”, afirma Yrina. Pero lo cierto es que algunos empleadores se aprovechan de las condiciones de necesidad con la que llegan algunos inmigrantes.
Fabián continua: “Contrataban solo venezolanos porque sabemos las situaciones que estamos viviendo en Latinoamérica. La forma de tratar al resto de los trabajadores era bien fuerte, a mí nunca me agredieron, nunca me dijeron nada, pero a mis otros compañeros sí. Ellas intentaban que los encargados maltrataran al resto de los empleados. Esa es la realidad a la que se enfrentan los venezolanos”.
No existe ningún tipo de registro o estadística relacionada con las denuncias laborales que interponen los inmigrantes, pero ninguno de los entrevistados afirmó haber iniciado acciones en contra de sus empleadores a pesar de los atropellos y las precarias condiciones en las que estuvieron trabajando.
Yrina también ofrece asesoría legal en temas laborales y contextualiza esta realidad: “Al venezolano no le gusta demandar, no está en nuestra cultura, pero vienen y me dicen: ‘Mira, me echaron después de uno o dos años trabajando y no me tocó nada, no me dieron nada’, y resulta que acá hay una ley de trabajo. Al trabajo en negro también se le calcula la liquidación y le deben pagar lo que por ley le corresponde”.
