“No son supuestos ni opiniones, estos son casos juzgados”

“No son supuestos ni opiniones, estos son casos juzgados”

Se inició un nuevo juicio de lesa humanidad por los crímenes ocurridos en la Comisaría Quinta de La Plata. Por allí pasaron 200 desaparecidos, entre ellos 13 embarazadas y al menos hubo dos partos.

Comenzó un nuevo juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención y Exterminio que funcionó en la ex Comisaría Quinta de La Plata. Se trata de una causa residual de lo que fue conocido como Juicio del Circuito Camps, que el 2012 condenó a seis genocidas. El nuevo debate investiga los crímenes contra 112 víctimas, entre ellas embarazadas desaparecidas, además de nietas y nietos apropiados que fueron restituidos. Los imputados son el multicondenado Jorge Bergés, Pedro Muñoz y José Saravia Day.

El juicio iniciado ayer en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata está a cargo de la jueza Karina Yabor y los jueces Adrián Basso y Ricardo Basilico. Según el nieto restituido Leandro Fossati Ortega, uno de los querellantes en la causa, el contexto en que se lleva a cabo el juicio es muy particular: “Cobra una importancia aún mayor, ya que hay un Gobierno que no apoya estas políticas, mientras que la vicepresidenta ha realizado declaraciones negacionistas y hasta reivindicando lo que fue la última dictadura militar, considerando estos delitos como excesos pero hay que llamarlo por lo que son: crímenes de lesa humanidad”. Colleen Torres, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, amplió: “Lo que se espera de este juicio es lo mismo que con todos: que se haga justicia y más teniendo en cuenta que Muñoz es la primera vez que es juzgado. Seguimos en este camino a pesar del tiempo transcurrido”. En relación a las expectativas del juicio Fossati Ortega expuso: “Como con todos los juicios de lesa humanidad espero que se conozca la verdad de los hechos. Queremos encontrar los restos de los desaparecidos, así que ojalá que en este juicio, que es una causa residual, se nos den indicios para encontrar los restos de nuestros seres queridos”.

Al inicio de la audiencia, los jueces escucharon los cargos a los que se les imputa al médico de la Policía bonaerense retirado Jorge Bergés, el policía bonaerense retirado Pedro Muñoz y el teniente retirado del Regimiento de Granaderos a Caballo José Ignacio Saravia Day.

Bergés ya recibió varias condenas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, entre ellas en el Juicio Circuito Camps que en 2012 condenó a él y a otros cinco responsables. Sin embargo, lo novedoso es que para Muñoz se trata del primer juicio. Por otro lado, hay más imputados en la causa pero el aletargamiento de los procesos hizo que dos de ellos fallecieran antes de ser juzgados, Néstor Ramón Buzatto y Cecilio Reinaldo Gómez, ambos expolicías del Cuerpo de Infantería.

Dos de los bebés que nacieron y fueron restituidos en la Comisaría Quinta de La Plata lograron ser restituidos.

Las demoras en los juicios de lesa humanidad generan un obstáculo para que todos los acusados sean juzgados en tiempo y forma: “Este proceso tardó porque la justicia es lenta, para determinar si estaba listo para elevarse a juicio se tomaron desde el 2015, recién ahora estamos con el debate. La fragmentación de las causas también hace que sea más lento”, explicó Torre.

En el circuito represivo bajo el mando del jefe del Ejército Ramón Camps, en la Provincia de Buenos Aires, uno de los centros clandestinos bajo su órbita fue ubicado en la Comisaría Quinta de La Plata. Allí se llevó a cabo una maternidad clandestina donde a los pocos días de nacer estos bebés eran alejados de sus madres y entregados a familias ajenas para ser criados. Sin embargo, los militares les aseguraban a las detenidas que entregarían a sus bebés a sus familias biológicas. Al llevarse a cabo la apertura del juicio con la lectura de cargos e imputaciones las mentiras quedaron al descubierto, mientras que los acusados y el abogado de Muñoz continuaron la presentación mediante videoconferencia.

Además, la audiencia fue seguida por familiares y víctimas, como Leonardo Fossati Ortega, junto con integrantes de organismos de Derechos Humanos tales como Abuelas de Plaza de Mayo que se concentraron en el tribunal, pidiendo justicia por las víctimas y condena a los represores.

Jorge Bergés escuchó sus cargos, mientras su rostro vía Zoom aparecía en primer plano, sin gestos ni reacción. En la sala se le imputó la privación de la libertad a Julio López, sobreviviente de ese Centro Clandestino y desaparecido por segunda vez, en democracia, el mismo día que se darían los alegatos del juicio por los Crímenes del Circuito Camps en 2012. Su familia y la sociedad aún esperan saber qué pasó con él. También se lo acusa de partícipe secundario de torturas, siendo él quién traía al mundo a los bebés de las mujeres secuestradas. Según testimonios reunidos en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales, pudo determinarse que en la Comisaría Quinta de La Plata estuvieron secuestradas unas doscientas personas, entre las cuales había niños, niñas y, al menos, trece mujeres embarazadas. Al menos dos de ellas dieron a luz en este centro clandestino. Por sobrevivientes se sabe que Inés Beatriz Ortega dio a luz un varón en la cocina de la Comisaría, ya que fue detenida cuando estaba embarazada de siete meses. El parto fue asistido por Bergés. Fossati Ortega fue uno de esos bebés y restituyó su identidad en 2005: “No lo tomo como el médico que me trajo al mundo, sino como un genocida que ha colaborado en mantener cautivas a mujeres embarazadas en condiciones infrahumanas”.

Luego, continúo la lectura de los cargos a Pedro Muñoz, imputado por todos los crímenes de este centro clandestino de detención. Se lo acusa por los 110 casos de la Comisaría, entre ellos cuatro nietos restituidos y los padres de Fossati Ortega. José Saravia Day está acusado por el secuestro y tortura de tres conscriptos: Jose David Alekoski, Roberto Campos y Juan Ignacio Araujo. Ellos cumplían el Servicio Militar Obligatorio cuando fueron raptados y retenidos en la Comisaría Quinta de La Plata. Saravia Day fue identificado como uno de los represores por López durante uno de sus testimonios en el proceso de juzgamiento a genocidas. Aleksoski aún permanece desaparecido, mientras que Araujo y Campos sobrevivieron. Estos casos antes del juicio no se conocían, salieron a la luz gracias a las investigaciones de los juicios.

Los imputados Néstor Ramón Buzzato y Cecilio Reinaldo Gómez fallecieron antes de que el juicio llegue a la instancia de debate oral, y debían responder por su participación en el operativo de la Calle 30, en el que fue secuestrada la nieta Clara Anahí Mariani, quien aún continúa desaparecida. Este caso por la lentitud de los procesos judiciales quedada sin posibilidad de ser juzgado en este tramo.

Al final de la audiencia hubo peticiones sobre el imputado Muñoz a quien se le otorgó la prisión preventiva, siendo el único que estaba en su casa sin prisión domiciliaria, llegando hasta el día del juicio totalmente libre. El próximo jueves 4 de julio se llevará a cabo otra audiencia. Hay esperanza por la explícita responsabilidad penal de que los tres acusados, sean condenados. Fossati Ortega aseguró la importancia del conocimiento de los procesos judiciales: “La sociedad y sobre todo las nuevas generaciones tienen que saber que no son supuestos ni opiniones, estos son casos juzgados”.

El gobierno intenta frenar la búsqueda de los nietos desaparecidos

El gobierno intenta frenar la búsqueda de los nietos desaparecidos

A través de un proyecto de decreto, Abuelas de Plaza de Mayo tomó conocimiento de la intención de eliminar la Unidad Especial de Investigación (UEI) para la búsqueda de los nietos y nietas apropiados por el terrorismo de Estado. Salió a denunciarlo y pedir que se revea la medida.

Un proyecto de decreto impulsado por el Poder Ejecutivo intenta cerrar la Unidad Especial de Investigación (UEI) para la búsqueda de niños desaparecidos como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado. La información se filtró y alarmó a Abuelas de Plaza de Mayo que salió a denunciarlo un comunicado de prensa: “La eliminación de la UEI ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado”. Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restituido por Abuelas y actual miembro de la Comisión Directiva de la organización, detalló: “Desde el punto de vista de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia esto es algo gravísimo, pero hay que entender que se están llevando puesto todo, es un desgobierno, no hay una sola medida a favor de la ciudadanía”.

El decreto se filtró el miércoles y solo necesita la firma del presidente Javier Milei para entrar en vigencia, por eso desde distintas personalidades y organizaciones salieron a manifestarse solicitando al gobierno que revea la medida. Verónica Castelli, hija de desaparecidos quien desempeñó tareas en la UEI, remarcó que “la medida va en la línea del gobierno, que viene reivindicando a la dictadura militar desde su campaña, pero igualmente apelamos a la reflexión porque Argentina es reconocida en materia de Derechos Humanos y esto implicaría un retroceso”.

La UEI fue creada en 2004 a través de un decreto, dentro de la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Co.Na.Di.). “La Unidad se funda en el marco de un pedido histórico de todos los organismos de derechos humanos, de los familiares y de los sobrevivientes del golpe al Estado Nacional para que se abran los archivos para saber qué pasó con todas y todos los desaparecidos”, señaló Castelli, quien además explica que “a través del decreto lo que se hizo fue habilitar a la Co.Na.Di funciones de investigación que le permitan acceder a toda la documentación con la que ya cuenta el Estado Nacional”. 

Castelli integró la agrupación H.I.J.O.S, querelló en juicio de lesa humanidad y se encontró con su hermana, que estuvo apropiada durante 31 años, en julio de 2008. Ella sabe de la importancia de las herramientas desplegadas por el Estado durante estos 40 años de democracia. Sobre su paso por la UEI reflexiona: “Es algo que me llena de orgullo, que me permitió y me permite llevar adelante algo de lo que siempre fui consciente y es que en este país, lamentablemente, en el inicio de la democracia las victimas tuvimos que aprender a repararnos a nosotras mismas, tuvimos que volvernos investigadores, tuvimos que aprender de derecho para poder hacer lo que el Estado no hacía y después, de a poco, el Estado fue tomando toda nuestra experiencia y me parece súper importante un Estado que defiende los derechos de la gente y la UEI existe porque es un derecho de la sociedad argentina”.

Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restituido por Abuelas y actual miembro de la Comisión Directiva. Archivo. 

“No es cierto que cada uno de los poderes del Estado cumpla solo con la función primaria que le compete, así como el Poder Ejecutivo tiene la tarea de administrar, también cumple con tareas  legislativas, sino no podría emitir decretos por ejemplo”, dice Pérez Roisinblit.

En el proyecto de Decreto que busca eliminar la UEI, el argumento central es la superposición de funciones del Poder Ejecutivo Nacional por tratarse de temas que competen al Poder Judicial. Para Verónica Castelli este argumento no es válido, porque “es importante que los tres poderes del Estado se comprometan con la búsqueda de los chicos, ya no tan chicos, apropiados por la dictadura militar”. En este sentido, Pérez Roisinblit sostiene que “no es cierto que cada uno de los poderes solamente cumple con la función primaria que le compete, así como el Poder Ejecutivo tiene la tarea de administrar, también cumple con tareas legislativas, sino no podría emitir decretos por ejemplo”. Castelli también explica que “la importancia de la UEI radica en que permite realizar investigaciones de las miles y miles de denuncias que el pueblo argentino acerca cotidianamente para esclarecer la identidad biológica de muchas personas sin necesidad de abrir un proceso judicial”. 

La política del Gobierno de Milei en materia de Derechos Humanos es fuertemente criticada por diversos organismos nacionales e internacionales y esta medida solo aumenta tensiones “que se haya filtrado un proyecto de decreto de este tipo no es poco, creo que están tratando de medir la reacción de la sociedad ante esta medida”, sostiene Pérez Roisinblit. En lo que se refiere a las medidas que tomarán desde Abuelas de Plaza de Mayo, Pérez Roisinblit explayó: “Vamos a recurrir a las distintas instancias, si tienen que ser las nacionales serán las nacionales y si tienen que ser las internacionales, serán las internacionales”.

Dos miembros del Poder Judicial acusados por crímenes de la dictadura

Dos miembros del Poder Judicial acusados por crímenes de la dictadura

Contra el resurgimiento de los discursos negacionistas, los juicios de lesa humanidad siguen su marcha: empezó La Escuelita VIII en Neuquén, con un juez y un fiscal en el banquillo.

Comenzó el octavo tramo de los juicios “La Escuelita” en el Tribunal Oral Federal de la provincia de Neuquén. Se trata de un nuevo proceso por delitos de lesa humanidad cometidos contra veintitrés personas, pero tiene la particularidad de tener como acusados a dos ex funcionarios judiciales de la última dictadura cívico-militar: Pedro Duarte y Víctor Ortiz, quienes se desempeñaron como juez federal y fiscal federal de dicha provincia.  

“La Escuelita” fue un centro clandestino de detención que funcionaba en un predio del Ejército bajo el control del Destacamento de Inteligencia 182 y de la VI Brigada de Infantería de Montaña. Iniciado en 2008, este es el octavo tramo que se realiza en Neuquén, pero mientras que en los anteriores fueron condenados exintegrantes de las fuerzas de seguridad y armadas, en esta ocasión la responsabilidad recae en funcionarios judiciales. 

Duarte y Ortiz están acusados como autores del delito de omisión de promover la persecución penal y como partícipes del delito de privación ilegal de la libertad. Además, Duarte se encuentra imputado por prevaricato, ya que cerró investigaciones y dictó sobreseimientos basados en información falsa. De esta forma, se tendrá en cuenta la actuación de los exfuncionarios frente a las denuncias y los habeas corpus que no fueron investigados y que favorecieron las detenciones ilegales, la aplicación de tormentos, la desaparición forzada de personas, como también la impunidad de las fuerzas represivas en esos hechos. 

De las veintitrés personas detenidas que pasaron por este centro, nueve aún se encuentran desaparecidas. Uno de ellos es Oscar Alfredo Ragni, estudiante de Arquitectura en La Plata y militante universitario quien fue secuestrado en la puerta de la casa de sus padres en Neuquén el 23 de diciembre de 1976. Desde entonces, su madre, Inés Rigo, con un pañuelo blanco en su cabeza, lo ha buscado incansablemente y hoy pide que se haga justicia. “Esta causa muestra la actuación que tuvo la justicia como parte del plan desplegado por las fuerzas represivas, pero también por sectores civiles de la sociedad al no impulsar las investigaciones. Queremos dar a conocer y mostrar esta parte que faltaba de todo el andamiaje, de cómo se llevó a cabo este plan genocida en la región”, dijo Natalia Hormazabal, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) que representa a Inés, en diálogo con ANCCOM. También señaló que en el caso de Oscar Ragni, de quien también es letrada querellante en este debate oral, se han sumado a los delitos de los que se acusa a los exfuncionarios el delito de genocidio por el que deben ser condenados “porque creemos que hace no solo a la verdad jurídica sino también a nuestra verdad histórica”. 

Como integrantes de la justicia federal, sendos imputados cumplieron un rol central al darle un trámite meramente formal a presentaciones judiciales como Hábeas Corpus o amparos, presentados por familiares de las personas secuestradas y luego desaparecidas. Y lo hicieron sabiendo que esos hechos ocurrían bajo las órdenes de las autoridades de la Subzona 5.2 del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña VI.

Los querellantes en este juicio a cargo de los jueces Sebastián Foglia, María Paula Marisi y Alejandro Silva, son la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle, la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Grupo por la Memoria y Compromiso con las Madres y los 30.000; HIJES, Red por la Identidad y Jóvenes por la Memoria. La primera jornada del viernes 20 solo contó con la lectura de las acusaciones de la Fiscalía, se realizará una audiencia cada quince días y se prevé que no finalizará hasta febrero o marzo del próximo año. 

En un contexto de discursos que tienden a la negación de los hechos perpetrados durante la última dictadura cívico-militar, o directamente de apología de la misma, en este momento se están llevando a cabo veinte juicios orales en diez provincias del país, y en dos de cada tres de ellos la Secretaría de Derechos Humanos es querellante.

 

Tribunal integrado por la jueza federal María Paula Marisi y los jueces Alejandro Silva y Sebastián Foglia.  

El pogo de la memoria

El pogo de la memoria

Los estudiantes secundarios marcharon para conmemorar el 47 aniversario de La Noche de los Lápices. En un contexto marcado por el resurgimiento del discurso negacionista, la manifestación estuvo signada por las consignas contra el avance electoral de la derecha.

Por el espacio que sus apretados cascos permiten,  un par de hombres miran con desconcierto y detienen sus motos sobre Belgrano y Solís. Cientos de estudiantes cruzan la calle dando saltos. Una de ellas aminora la marcha, se detiene sobre la senda peatonal  y les grita mientras agita sus brazos “Tocá bocina si apoyas la educación”. Uno a uno,  se le suman sus compañeros, ninguno tiene más de 17 años. Cuando el coro es imposible de ignorar, llegan tímidas las bocinas. Satisfecho, el grupo festeja la victoria y sigue la columna.

 Este 15 de septiembre fue la víspera de un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices que significó la desaparición, en la ciudad de La Plata,  de seis estudiantes secundarios y militantes.  La quietud que predominaba en las proximidades del sitio de memoria y ex centro clandestino de detención, en Virrey Cevallos 630, se interrumpió a las 15:40, con la llegada de los primeros centros estudiantiles. Organizados detrás de banderas que distinguían sus colegios, cantaban: “Tomala vos, damela a mí, por el boleto estudiantil”. Cuando el agite parecía disminuir, otros proponían: “No seas facho, no seas gil, los compañeros siempre fueron 30.000”. Desde los balcones se veían los primeros vecinos curiosos. 

 El horror de la dictadura se transformaba en cada grito en la fuerza que los movilizaba. Los rostros impresos de quienes los precedieron, y eran estudiantes como ellos, circulaban pegados en los carteles. En sus brazos, llevaban dibujados los pañuelos de las Madres y, en las mochilas, telas pintadas rezaban “Ni olvido, ni perdón”. Todo se mezclaba entre abrazos, pogos y rondas.

 Los docentes también se hicieron presentes, como  Maximiliano, miembro de AGD UBA: “Acompañamos al centro de estudiantes del colegio Carlos Pellegrini que nos da ánimo para venir  y mantener viva la memoria”.

Julia Auchterlonie, estudiante y secretaria general del colegio Lenguas Vivas, conversó con ANCCOM sobre el contexto en que se daba la marcha: “Es un día especial, este año se cumplen 40 años de democracia, pero vemos el avance de la derecha. Las baldosas que recuerdan a les desaparecides aparecieron vandalizadas con grafitis que decían “Milei 2023” o “zurdos de mierda”. Son cosas que nos hacen reflexionar, disputar el espacio,  y entender que ahora, más que nunca, hay que salir a las calles”. Además, destacó que “en la ciudad más rica del país, el presupuesto en educación se recorta todos los años. Hoy continuamos el reclamo al Gobierno de la Ciudad por las condiciones edilicias de nuestros colegios: los techos se caen, hay ratas o alacranes, faltan calefacción y vacantes.”

El colegio María Claudia Falcone, cuyo nombre recuerda a una de las estudiantes desaparecidas, se ubicaba en la cabecera donde los rayos de sol todavía llegaban. En el centro  de la ronda, una joven de pelo corto  y anteojos golpeaba su redoblante al ritmo de “A ver, a ver, quién dirige la batuta, los estudiantes o los bien hijos de yuta, yuta, yuta”. La energía vibrante se replicaba y parecía aumentar con cada salto. Algunos para refrescarse compartían helados de todos los colores.

“El sadismo no es una ideología política”, se podía leer en el cartón que Valen, con un perfecto delineado y flequillo colorado, sostenía . “En octubre la derecha o los derechos”, decía el que agarraba su compañera. Ambas formaban parte de la agrupación “La Che Guevara” y vivían la fecha como “resultado de la acumulación de dichos negacionistas que explotó con el acto de Villarruel”.

Cuando la cuadra ya estaba repleta de gente, empezó el primer acto y representantes de la Coordinadora de Estudiantes Terciarios, Familias por la Escuela Pública, la Federación Universitaria de Buenos Aires, Nietes y Cooperativas en movimiento, tomaron la palabra para reivindicar la lucha estudiantil. Atentos, los secundarios escuchaban y estallaban en aplausos cuando el discurso los interpelaba.

A las 17:40 comenzó la marcha hacia Plaza de Mayo. En cada grupo alguno dirigía el andar con un “apúrense chicos”. Si aumentaba mucho el espacio entre un colegio y otro, los últimos corrían mientras se reían a carcajadas. Cuando la caminata se detenía, buscaban rápidamente el lugar para trepar, copando tachos y postes de luz, desde donde cantaban con más fuerza. La columna ocupaba una cuadra y media.

En el recorrido se sumaron las wiphalas del Malón de la Paz y sus representantes luego tomaron la palabra: “Acompañamos a los estudiantes porque son el futuro, uno con libertad y democracia. En Jujuy estamos sufriendo persecuciones como en la dictadura, exigimos la nulidad de la reforma de Morales”.

Con la Casa Rosada a sus espaldas, los integrantes de la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB)  armaron el escenario que daría lugar al cierre de la jornada. Banderas argentinas sobre el asfalto,  las fotos de los desaparecidos hace 47 años y un micrófono. Representantes de los centros de estudiantes secundarios se turnaron para leer el documento, ante la atenta escucha de quienes  permanecían sentados en el piso.

Las arengas apuntaban contra la injusticia y el modelo neoliberal, a la vez que señalaban la importancia de no resignarse: ”Ahora más que nunca es nuestro trabajo decirles a los discursos de odio, a la derecha negacionista, a los vendedores de la libertad y las propuestas de convertir la educación pública en negocio: ¡Nunca más!”.

Aplausos y gritos de emoción fueron el preludio del último gran pogo al ritmo de “Jijiji” y el Himno Nacional. Sonrientes y orgullosos, todavía cargaban sus consignas. Violeta, estudiante de la escuela de teatro Niní Marshall, se apuraba para sacarse la foto que había quedado pendiente y posó con el cartel que sostenía: “Sigamos escribiendo el futuro que ellos siempre soñaron”.

 

Atentan contra el auto de un militante por la memoria

Atentan contra el auto de un militante por la memoria

Pertenece a Ramiro Varela, referente de Palotinos por la Memoria. El ataque coinció con el impulso judicial que el juez Daniel Rafecas dio a la causa. También con el empoderamiento electoral de los grupos negacionistas.

Ramiro Varela es uno de los referentes de Palotinos por la Memoria, Verdad y Justicia, un colectivo dedicado a hacer conocer, mantener la memoria y aportar elementos para lograr esclarecer el mayor atentado contra la iglesia católica en Argentina: la masacre de los curas palotinos. A Ramiro, el pasado viernes por la madrugada, le vandalizaron su vehículo personal.

En diálogo con ANCCOM, Varela explica que “es raro porque estuve desde el 9 de julio hasta el 11 de agosto en San Nicolás y en La Rioja, donde llevamos la muestra Mártires del Pueblo. Volví a votar y a los pocos días me encontré con este panorama. Me es imposible disociarlo de todo lo que sucedió en este mes y medio: nosotros estuvimos con el aniversario de la masacre el 4 de julio, volviendo a instalar el tema, insistiendo. Nos fuimos. En el ínterin, finalmente el juez Daniel Rafecas decide investigar la masacre y cuando regresamos, también producto de todo lo que se visibilizó la muestra, nos encontramos con esta sorpresa”.

En un contexto de notoria expansión de discursos y acciones negacionistas que se validaron en las urnas del pasado 13 de agosto con la victoria de la fórmula Milei Villarruel, ésta última con una marcada agenda negacionista, la vandalización del vehículo de Varela levanta una alerta producto de la notoriedad pública que tomó el colectivo en el último tiempo. En particular,  a raíz de avances relevantes en la causa donde Palotinos por la Memoria es amicus curiae en el expediente judicial desde agosto de 2021 y por una serie de acciones que llevó a cabo el colectivo en busca de mantener viva la memoria de los curas asesinados.

“El contexto político es insoslayable –subraya Varela-; están reaflorando expresiones negacionistas donde Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de las fuerza política más votada del país, expresa las versiones más radicalizadas de esas ideas. Prácticamente todos los días tenemos noticias de algún símbolo de la memoria vandalizado. Es un microclima de época, no lo podemos aislar de ese contexto. Me encontré con la factura al llegar, otra explicación no le encuentro”.

Al avance de la causa, se le suma el ya sancionado cambio de nombre de la estación de subte Echeverría por el de “Mártires Palotinos”. Para Varela, “es un hito muy importante para seguir instalando la memoria en el espacio público, en el barrio, en la ciudad”. En el mes de septiembre se llevará a cabo el acto de inauguración del nombre.

Todas estas intervenciones en el espacio y la agenda pública le recayeron al colectivo en forma de mensajes de odio en redes sociales orquestados entre trolls y usuarios arengados por los primeros. Para Ramiro es “el manual de estilo básico del negacionismo”.