¿Argentina deja pasar una oportunidad histórica?

¿Argentina deja pasar una oportunidad histórica?

May 3, 2024 | Comunidad, Destacado 1

La UOCRA de Zárate convocó a un paro por tiempo indeterminado por el despido de 570 trabajadores del proyecto nuclear CAREM. Argentina está considerado como uno de los líderes mundiales en el segmento de reactores modulares de baja y media potencia, una industria que puede generar muchas divisas. Pero el gobierno de Milei la desfinancia.

Entre las obras públicas cuya construcción frenó, apenas asumido, el gobierno de Javier Milei, se encuentran dos reactores nucleares estratégicos para el país: el CAREM y el RA-10. La maniobra implica el desfinanciamiento de un área científica y tecnológica con enorme potencial para el ingreso de divisas. Hoy, a raíz del despido de 570 trabajadores del CAREM en la ciudad bonaerense de Zárate, la UOCRA local convocó a un paro por tiempo indeterminado.

Para conocer en detalle el tema, ANCCOM dialogó con Diego Hurtado, físico, expresidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear, exsecretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación y exvicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), quien el año pasado ya había advertido de las posibles consecuencias si Milei llegaba al poder.

El RA-10 es un reactor nuclear multipropósito de impacto estratégico en salud, ciencia, tecnología e industria. “Es un reactor mejorado, en términos de diseño, respecto del que INVAP Argentina le está vendiendo a Holanda. Ya esto es todo un hito, pensar que un país en desarrollo le está vendiendo un reactor nuclear multipropósito a Europa, desde el punto de vista geopolítico y geoeconómico es un paso importante, porque generalmente los países en desarrollo les venden tecnologías estratégicas a otros países en desarrollo. Exportar tecnología a un país europeo le pone los pelos de punta a Estados Unidos y sus aliados. La regla de oro es: las tecnologías de punta las venden las economías desarrolladas, los países subdesarrollados, no importa el nivel de desarrollo, venden alimentos, commodities, recursos naturales, porque los negocios de la alta tecnología ‘son nuestros’, así funciona el capitalismo global”, subraya Hurtado.

«El RA-10 es una línea tecnológica en donde la Argentina ya está posicionada, exporta y genera divisas. La inversión que se necesita para finalizarlo es menos de 50 millones de dólares, y el Gobierno acaba de gastar 600 millones en chatarra aeronáutica para la defensa. Están haciéndole un daño irreparable al país”, dice Hurtado.

Desarrollado íntegramente en la Argentina, el RA-10 es producto de un trabajo en conjunto de la CNEA e INVAP. Se ubica en el Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, y al ser multipropósito sirve para el autoabastecimiento de radioisótopos de uso médico y para la producción de radiofármacos y silicio purificado/dopado, un material de base que se utiliza en el mundo de la electrónica y la microelectrónica, sector que hoy se disputan Estados Unidos y China.

Según Hurtado, “el RA-10 está a punto de ser terminado, se puede poner en marcha en el 2025, que llegue un gobierno y decida desfinanciarlo es incomprensible desde donde se lo mire. Es clausurar el futuro. El gobierno de Milei no explica por qué se hace, su proyecto de país consiste solo en exportar materias primas, no valor agregado y producir ciencia y tecnología. Ser un país agroexportador sólo genera ingresos para los sectores concentrados y las élites económicas, no para la gente. El RA-10 es una línea tecnológica en donde la Argentina ya está posicionada y exporta y genera divisas. La inversión que se necesita para finalizarlo es mínima, menos de 50 millones de dólares, y el Gobierno acaba de gastar 600 millones de dólares en chatarra aeronáutica para la defensa. Ahí hay malversación de fondos. Esto es un delito porque están haciéndole un daño irreparable al país”.

“Hay que agregar –prosigue– que hoy hay una deuda de 6 millones de dólares con los proveedores del RA-10 y salarios horribles para el personal, que es de altísima calificación. Eso augura migración del profesional. El personal de la CNEA es gente que le pone el hombro, que son patriotas, que a veces trabajan por sueldos miserables, que dejan la vida en los proyectos y se bancan gobiernos que los desfinancian. Son héroes y heroínas. Debajo del proyecto, entonces, hay seres humanos que siguen sosteniendo esto con un sacrificio gigantesco”. Y enfatiza: “Es un daño enorme clausurar una línea que ya está establecida a nivel global, donde Argentina ya demostró su capacidad y es un país confiable. Si ahora cortamos el RA-10 y lo retomamos dentro de cuatro años, ese lugar prioritario lo pierde y, además, se gana la mala fama de que ‘ojo de comprarle a la Argentina porque te puede venir un gobierno que te clausura esa línea y lo corta’. Argentina ganó un lugar muy importante como productor de energía nuclear y no lo podemos perder”.

“Estos tipos que hoy gobiernan –opina Hurtado– no entienden el mundo de la tecnología porque son de la timba financiera, no entienden lo que es la economía productiva, la introducción de conocimiento científico y tecnológico en los procesos de producción, en la mejora de productos, en las capacidades organizacionales de una empresa. Lo que hacen es muy de berreta, de cabotaje. Toto Caputo solo sabe endeudar al país, sentarse con el FMI y someternos a un estrés económico. Nunca hablan de industria, de generación de empleo, de mejora del trabajo para los jóvenes, de las potencialidades de nuestro país en términos productivos y tecnológicos para empezar a generar nuevos sectores, como sí se generaron durante el gobierno de Cristina Kirchner, donde aparecieron sectores de alto valor agregado, la nanotecnología, la biotecnología satélites en órbita, entre otros”.

«Hoy, por el cambio climático, el calentamiento global y el accidente de Fukushima, cayeron en desprestigio los reactores de alta potencia. Los SMR como el CAREM, del cual estamos diseñando el prototipo, son altamente rentables y, además, tienen un nivel de seguridad enormemente mayor”, señala Hurtado.

Respecto al CAREM, se trata del primer reactor nuclear de potencia –produce electricidad– íntegramente diseñado y construido en el país y se perfila como uno de los líderes mundiales en el segmento de reactores modulares de baja y media potencia (SMR, por sus siglas en inglés). “A partir de los años noventa Argentina comenzó a diseñar un reactor de baja potencia (120 megavatios), pero en esa época no eran rentables. Hoy, por el cambio climático, el calentamiento global y el accidente de Fukushima, cayeron en desprestigio los reactores de alta potencia. Los SMR como el CAREM, del cual estamos diseñando el prototipo, son altamente rentables y, además, tienen un nivel de seguridad enormemente mayor”.

Con ironía, Hurtado reflexiona: “¡Bingo! Argentina tiene el CAREM cuando los SMR pican en punta y son la promesa de la energía nuclear. La Agencia para la Energía Nuclear, dependiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), hizo un diagnóstico de los proyectos de SMR que hay en el mundo y, de los cerca de 70 reactores SMR, el CAREM resultó el segundo más avanzado del planeta. Esto es una oportunidad inédita que no puede volver a darse en la Argentina, ¿qué haría un gobierno razonable? Acelerar las inversiones, unos 300 millones de dólares, de acá a cuatro años, donde seguiríamos picando en punta”.

Acerca de las posibles privatizaciones de Nucleoeléctrica Argentina y Dioxitek, Hurtado afirma que “no van a aparecer capitales privados porque estas empresas generan riesgos y no ganancias rápidas. En Argentina esto es imposible porque sólo hay grupos que especulan y que tienen una lógica cortoplacista, no invierten a riesgo, sólo quieren garantías de lo que van a ganar. Argentina desarrolló una cultura empresarial predatoria que, de a poco, hay que ir transformándola en una cultura productiva, para generar un proyecto de país democrático. El Estado tiene que disciplinar los comportamientos de los sectores empresarios y los grupos concentrados de la economía para que el sector privado invierta en la economía productiva y no en la especulación. Se necesita un Estado fuerte como el alemán o el japonés, con alta capacidad para impulsar sus políticas públicas, que tienen cinco o seis veces más empleados públicos per cápita que Argentina. Es mentira que el Estado argentino está lleno de ñoquis, el Estado argentino es el mayor lugar de profesionalización”.

“Hay que reproducir lo que logramos en el sector nuclear en otros sectores de la economía. Este sector es un ejemplo de institucionalidad, de cómo se generaron empresas con culturas empresariales productivas a partir de las oportunidades que les brindó el sector nuclear público al privado, en este sector se desarrolla tecnología y producción, no hay timba financiera”, concluye Hurtado.

Enredados en Cuba

Enredados en Cuba

Dic 26, 2023 | Destacado 3, Entrevistas

Debido a años de bloqueo, la irrupción de internet en Cuba fue mucho más repentina que en otros países. Una población poco preparada para el aluvión de redes sociales sufrió el impacto. Sobre ese tema y su evolución reciente habló Javier Gómez Sánchez, director del documental “La dictadura del algoritmo”.

La dictadura del algoritmo es un documental estrenado en 2021, dirigido por Javier Gómez Sánchez, periodista y realizador audiovisual licenciado en Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual en la Universidad de las Artes de Cuba. En él se retrata cómo Cuba se vio repentinamente atravesada por la interacción digital con la irrupción de internet, un fenómeno que en el resto del mundo se dio de manera más paulatina.

Es que Cuba solo contaba con conexión satelital a internet hasta 2012, cuando accedió a un cable de fibra óptica proveniente de Venezuela; de esa manera multiplicó por 3.000 el ancho de banda disponible. Esta conexión permitió el primer salto en el acceso de la población en 2015, cuando comenzó a ofrecerse un servicio desde puntos con WiFi, aunque seguía siendo lento y caro para los estándares internacionales. El segundo salto se dio en 2018 y 2019, cuando se desplegó la telefonía móvil de 3G y 4G respectivamente; fue entonces que se masificó el acceso casi en simultáneo con la llegada de la pandemia. En la actualidad, aunque aún no hay anuncio oficial, se está conectando al país un segundo cable de fibra óptica desde Santa Lucía, el Caribe, para asegurar más rapidez en la conexión celular en horarios pico. Hoy, recargar entre uno a diez gigabytes de datos en el móvil puede costar de 100 a 950 Pesos Cubanos (CUP) mientras que un sueldo promedio puede llegar a los 4000 CUP, unos 16 dólares. Esa es la principal forma de conexión en la actualidad.

El documental de Gómez Sánchez retrata los efectos de la inmersión rápida de los cubanos a la lógica muchas veces tóxica de las redes sociales. Con una serie de testimonios diversos, se describen las expectativas iniciales de que Facebook permitiera conocer y debatir con personas de todo el país. En la práctica Facebook, junto con la pandemia, terminaron provocando una crisis social que sorprendió a la clase política.

“La velocidad a la que entró la población a un ámbito digital completamente desarrollado fue inédita, en comparación con otros países”, explica Gómez Sánchez. “Muchas personas comenzaron a incorporar dinámicas que veían en Facebook, sin importar si eran informaciones reales, semi-reales o falsas. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que las personas comenzaron a madurar la idea de que debían cuestionarse lo que veían”.

A dos años del estreno, ¿qué avance ves en la sociedad cubana alrededor de la presencia de la interactividad digital en el país?

El aumento de la conectividad. Cuando estábamos haciendo el documental, apareció el reporte de la compañía telefónica ETECSA que decía que se habían alcanzado 4.2 millones de personas conectadas sólo a la red de datos. A eso se suman personas que la usan a través de oficinas o PC. Para entender esta cifra, hay que comprender que Cuba llega a internet con cierto retraso, ligado a su conflicto histórico con EEUU. Durante mucho tiempo no estuvo conectada por cables de fibra óptica: cerca pasan tres cables que conectan Sudamérica, Centroamérica y el Caribe con EEUU. A esos cables no podía conectarse porque eran propiedad de compañías estadounidenses.

 

¿Cómo era el contacto con internet antes de la conexión por fibra?

Antes del 2012 se conectaba a través de una banda por satélite que era extremadamente lenta y permitía un servicio muy restringido, el uso que hacían las personas era a través del correo electrónico, mientras el mundo estaba inmerso en Facebook. Eso fue en los años 2007 a 2010. Aún así se desarrollaron dinámicas colectivas de cadenas de correo sobre determinados temas que llegaron a generar una conectividad digital de redes sociales en sí misma. Para 2012 ocurre la conectividad con un cable a través de Venezuela, llevó un tiempo que se organizara y sólo en el 2015 se comienzan a dar servicios. Primero en zonas Wi-Fi: en las ciudades se empezaron a poner antenas, tenías un reloj que contaba, pagaban una tarjeta y se conectaban. Veías los parques llenos de personas: era la primera forma en que la gente masivamente chocó con los contenidos en la red. Todavía no se hacía un consumo alto de videos; TikTok no había entrado a la escena ni la opción de shorts de Facebook. Era sobre todo Youtube lo que se consumía. Para 2018 comienza a darse la conectividad con datos 3G y en el 2019 la 4G. Ahí empieza a expandirse la cantidad de personas y la importancia de que en el 2021, rodando el documental, se hayan alcanzado los 4.2 millones. Ten en cuenta que Cuba tiene una población, según el censo, de 11 millones y un poco más de habitantes y que los 4 millones representaba la mitad de la población adulta del país. Actualmente es de 6.7 millones. Un golpe en apenas tres años.

 

Al momento de rodar, ¿manejaban alguna hipótesis o preconcepto sobre las dinámicas digitales?

En el momento una matriz fuerte que existía, y que derribamos, era que “Internet no ha llegado al pueblo”, que “ la población llana no estaba en Internet” y que los temas que se movían en la red no era algo que formara parte de una opinión extendida. Según nuestra tesis no era así. Creíamos que había que prestarle atención porque la población estaba conectada a eso, en contra de los que decían que “eran pequeñas burbujas”. Al principio las personas no tenían toda la conciencia de por qué le aparecían las cosas que le aparecían: toda la cultura de comprender qué es un algoritmo, cómo funciona Facebook, todo eso ha venido poco a poco. Eso que llamamos la alfabetización informacional, cómo lidiar con los contenidos. La industria de las plataformas digitales ha ido evolucionando y, como toda competencia capitalista implica modelos de negocio que quedan atrás, modelos de negocio que se imponen. Tik Tok de alguna forma viene a ser una alternativa de uso rápido en comparación con Youtube. Pero hay que comprender que las redes sociales realmente son las personas. Nosotros nos confundimos muchas veces porque los mismos creadores de esas industrias nos han impuesto ese término, porque les conviene vender esa idea. Pero realmente son plataformas digitales para la gestión de redes sociales. Es una gran diferencia.

Amnistía Internacional presentó su primera investigación sobre TikTok en Argentina y las estrategias de los jóvenes para “domesticarlo”. ¿Existe algún tipo de “domesticación” en la sociedad cubana para limitar el impacto de las redes sociales?

Si una persona ya tiene un nivel de conciencia de los algoritmos, ¿por qué tendría que enfrentarse y tratar de domesticarlos? Tengo estudiantes que no tienen Facebook, que buscan otros lados, que no es que no tienen redes. Hay gente se ha ido a los grupos de WhatsApp y Telegram para tener un contacto más real, sobre todo durante la pandemia. Así empiezas a tener ahí una plataforma digital de un manejo de una red social real de gente que conoces y tiene un vínculo más concreto. Ahí cobra importancia el funcionamiento de los estados de Whatsapp como una forma de contenido, hay personas que navegan y tienen todo un vínculo con lo que se pone ahí. Ha resultado ser un consumo alternativo a Facebook sin interferencia de publicidad del tipo “sugerencias para ti” o “personas que tal vez conozcas”. Telegram tomó mucha fuerza por un tema práctico: compraventa en la medida en que han escaseado los productos básicos; pero ya de antes existía una especie de Mercado Libre o Ebay cubano. Como permite más a la hora de formar grupos que Whatsapp, las personas van ahí. Puede que haya personas que no conozcas, pero que están por una inteŕes común. Eso vino a sustituir grupos en Facebook, páginas de mercado, que a las personas le dejaron de funcionar porque les permite estar en un lugar relativamente cerrado.

Whatsapp y Telegram son canales de mensajería digitales más que redes sociales, pero se entiende que la sociedad cubana se reapropia para generar comunidad ahí.

-Se refuncionalizan: lo que vemos es una función más allá de la mensajería. Hay grupos con cientos de personas. No es que han dejado de conectarse. Han sustituido una red por otra. Las personas saben quién les está hablando, no hay trolls, tienes un número de teléfono. Yo sé que eres tú. Las personas son capaces de decirse cosas en Facebook que en la vida real no se dirían. El nivel de agresividad aumenta porque pierdes el contacto con la persona. De ese tipo de cosas es que huyen las personas que se van de Facebook.

Ojo, en los grupos también circula muchísima matriz tóxica: cuando la pandemia se iba terminando y el gobierno empezó a desescalar el aislamiento, se anunció un grupo de medidas. “Mañana atentos todos que va a haber un anuncio en la televisión, la Presidencia va a salir a explicar”, decía. Ese mismo día comienza a circular en los grupos de WhatsApp una lista falsa de medidas, algunas mezcladas, cosas que se sentían más reales con cosas más ficticias. Te hablaban de que los gimnasios iban a funcionar de tal manera, que los hoteles iban a cerrar para el público nacional, cosas muy encaminadas a crear malestar en la población. En dos o tres horas aparece por la prensa de la Presidencia una alerta de que esa lista era falsa. ¿Cuánta gente pudo haber leído eso en tres o cuatro horas? Tú dices: “¿Qué sentido tiene una fake new si puede ser desmentida tan rápido?” Es que lo que les interesa es el estado de ánimo que queda en las personas, de molestia por haber leído eso y dicho “este gobierno de mierda”. A la semana siguiente es otra situación y la noticia falsa va pasando pero el estado emocional queda. Ese es el objetivo. Antes era de información contra desinformación y ahora es de emotividad contra racionalidad.

¿Creés que la violencia en las redes se deba también a que en el afuera uno se calla lo que le molesta?

Recordemos que el internet y las plataformas digitales le dieron a las personas una posibilidad que antes no tenían que era la de ser emisoras de información, irse por delante de los medios tradicionales de comunicación. De eso, que es positivo en gran medida, se pasó a decir “¡Qué mal todo esto!”. Esa se ha transformado en la manera en que se desenvuelve la humanidad. Ahora, se pierde un sentido editorial porque no se está amarrado a una ética básica siquiera. En el caso de Cuba, esa violencia es dirigida y aprovechada a partir de dinámicas psicológicas de grupos humanos. Pero se ha logrado capitalizar y ponerle funciones políticas, ese nivel de violencia no es gratuito. Hay mucho dinero detrás, mucha intencionalidad política. La violencia política no ha disminuido, ha ido evolucionando y también la gente aprende a lidiar con esto. Te encuentras personas que te dicen “Yo ya no discuto en Facebook”, porque incluso llega a buscarse problemas en la vida real por una discusión en el mundo virtual.

¿Cómo es el uso de otras plataformas como Instagram o Twitter?

Twitter es una plataforma que en Cuba ganó más terreno con el tema del trabajo institucional gubernamental, a partir de que todos los presidentes empezaron a tener cuentas oficiales. Las personas no la utilizan tanto desde un sentido individual o personal. Hay un plan del gobierno de incentivar el uso de Twitter: tiene que tener el Jefe, el Director, el Subdirector. Algo muy curioso es que el gobierno y las instituciones están en Twitter y el pueblo está en Facebook: Twitter es mucho más cómodo para un emisor institucional porque no permite el mismo nivel de comentarios o dinámica que Facebook. Nosotros tenemos falsos trolls de izquierda en Facebook que intoxican mucho los ambientes de personas realmente progresistas y revolucionarias. Hay una intencionalidad de derecha de agrietar y crear divisiones en los espacios de militancia. Esto está muy instrumentalizado por cifras millonarias del gobierno de los Estados Unidos hacia la subversión en Cuba. No hay que olvidarse que existe una fuerza de tareas del Ejército de los Estados Unidos para el internet Cuba.

«Meta se ha beneficiado del dolor de los niños»

«Meta se ha beneficiado del dolor de los niños»

Dic 19, 2023 | Comunidad, Destacado 4

Scrolleo Infinito, adicción a la dopamina y extracción ilegal de datos son algunas acusaciones de fiscales de Estados Unidos contra la corporación de Mark Zuckerberg. El juicio puede generar un nuevo paradigma en materia de tecnología y derechos humanos.

El pasado mes de octubre, más de 40 Estados de los EE.UU demandaron a la corporación Meta alegando que sus redes sociales Facebook a Instagram «han alterado profundamente las realidades psicológicas y sociales de toda una generación de jóvenes», provocando una «crisis de salud mental juvenil». Hoy, la empresa dueña de Instagram y Facebook atraviesa un juicio que puede alterar el paradigma de los medios digitales, su modelo extractivista y los derechos del usuario.

“Meta se ha beneficiado del dolor de los niños al diseñar intencionalmente sus plataformas con características manipuladoras, que los vuelven adictos a sus plataformas mientras que reducen su autoestima”, declaró públicamente la fiscal general de Nueva York Letitia James. “Las empresas de redes sociales, incluida Meta, han contribuido a una crisis nacional de salud mental juvenil y deben rendir cuentas”.

La fiscal es parte de una demanda iniciada por Estados gobernados tanto por republicanos como por demócratas en el país norteamericano. En el texto de la demanda se denuncia que, para sostener su modelo de negocios, Meta desarrolla un refinado conjunto de estrategias que maximizan el tiempo que los jóvenes ocupan en pantalla: recomendación algorítmica manipulatoria, estímulos audiovisuales que afectan horarios de clase y sueño, incitación al “scrolleo infinito”, entre otras. A sabiendas de su nocivo impacto físico y psicológico, la corporación se respalda en “informes engañosos”, con tasas sospechosamente bajas de experiencias negativas en sus plataformas.

“Las empresas de redes sociales, incluida Meta, han contribuido a una crisis nacional de salud mental juvenil y deben rendir cuentas”, declaró el fiscal general de Nueva York.

¿Sanciones?

Luis Lozano, licenciado en Ciencias de la Comunicación y especialista en Derecho a la Información, infiere que “lo más probable es que si este juicio avanza, Meta enfrente algún tipo de sanción económica, probablemente muy elevada y que, a su vez, esto derive en un mandato de parte de los tribunales de reforma de las leyes que rigen en Estados Unidos para que esto no pueda volver a repetirse. No es que la ley no sea suficiente, sino que Meta violó la ley que existe”.

El especialista se refiere al Acta de Protección de la Privacidad Infantil en Línea de Estados Unidos (COPPA), que prohíbe recolectar datos de menores de 13 años sin el consentimiento de los padres. Desde su sanción en 1998, esta ley no estuvo exenta de reformulaciones: “A principios de 2023, se lanzó una iniciativa para una reforma profunda que, entre otras cosas, incluye la prohibición de abrir cuentas en redes sociales a menores de 13 años y un consentimiento real y constatable de los padres para quienes tienen entre 13 y 18 años. Esto no quiere decir que los niños o los jóvenes no puedan usar redes. Lo que pretende es restringir la creación de cuentas propias, porque al armarla comienza a tener lugar la recopilación de información por parte de las plataformas, que es lo que precisamente está en discusión en este caso”, detalla Lozano.

De hecho, en la demanda se acusa a Meta de dirigir sus redes sociales a menores de 13 años para recolectar y monetizar su información personal sin ninguna iniciativa para obtener el consentimiento de los padres.

Foto de Archivo. 

Al scrolleo infinito y más allá

Carolina Martínez Elebi, comunicadora y consultora en el impacto de las TIC en los derechos humanos, profundiza sobre las estrategias empleadas por Meta y reconocidas en la demanda como instrumentos para “enganchar” al usuario: “El método del ‘desplazamiento infinito’ consiste en que la plataforma ofrece contenido ‘nuevo’ al usuario permanentemente. Es decir, cualquier usuario de redes sociales sabe que siempre hay algo nuevo que la red social puede mostrar en su feed. Si ya vio todo lo que se publicó en el día hasta ese momento, seguro alguien publicó otra cosa nueva mientras el usuario scrolleaba”. Esto no siempre fue así, sino que responde a recientes actualizaciones en la lógica del algoritmo. De hecho, Martínez recuerda que “si entraba a Twitter en el 2009, seguramente podía llegar a un punto en el que más o menos ya había leído todo lo de ese día y, en horarios más inactivos, aunque actualizara el feed, era muy probable que no apareciera nada nuevo. Así que uno desistía y hacía otra cosa o quizás tiraba un tuit preguntando en qué andaban los demás, a ver si alguien respondía”.

La especialista enfatiza el daño que esta retención en pantalla puede provocar en jóvenes y agrega que “la situación puede ser incluso más difícil si, además, los contenidos que no pueden dejar de ver los afectan en otros aspectos, como en cuestionarse su cuerpo, que les cree o profundice inseguridades y que, al visualizarlo muchas veces en soledad, no reciba el acompañamiento necesario para contrarrestar sus efectos en una etapa muy importante en el desarrollo de una persona”.

Por último, sobre los cambios que pueden tomarse en dirección hacia un uso más sano de las TIC, Martínez reflexiona: “Creo que las plataformas tienen que tomar las medidas necesarias para dejar de captar la atención 24/7, lo que va contra la tarea a la que se dedican la empresa. Pero la solución, si se le puede llamar así, tiene que ser integral. Tiene que haber políticas públicas que promuevan un uso consciente y responsable de las TIC en general y de las redes sociales en particular. Es necesario que toda la sociedad comprenda los efectos nocivos que tienen en la salud física, mental y emocional, para tomar medidas. Hace no mucho tiempo, se creía que fumar tabaco te hacía ver elegante y el lobby de las tabacaleras para que no se supieran sus efectos nocivos en la salud fue enorme”.

La demanda de casi todo EE.UU. a Meta de ninguna manera compone un hecho aislado. En 2021, la exempleada de Meta Frances Haugen filtró una serie de investigaciones confidenciales de Facebook e Instagram, que demuestran el impacto negativo de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes que las utilizan. El pasado noviembre, Amnistía Internacional presentó el primer informe sobre TikTok en Argentina, que también señala el extractivismo de datos, el impacto en el bienestar emocional y la intromisión en la privacidad de sus usuarios. También Europa hace lugar a estas discusiones: el Parlamento Europeo recientemente aprobó una resolución en la que pide que productos y servicios digitales sean más éticos y contengan un diseño menos adictivo para los usuarios.

Lejos de reconocer las acusaciones y reformular sus prácticas, Meta se defendió: “Nos sentimos desilusionados porque, en lugar de trabajar de manera productiva con compañías de la industria para crear estándares de edad claros para todos los jóvenes que usan las aplicaciones, los fiscales generales hayan elegido este camino”.

“Lo que hace la demanda de los 40 Estados de EEUU a Meta es darle al conflicto un carácter muy fuerte a través de un proceso federal, que es una instancia de extrema importancia en el ordenamiento jurídico de Estados Unidos y que puede motivar una condena que incluya sanciones civiles y económicas, y hasta reparaciones a consumidores”, agrega Luis Lozano, mientras la querella espera durante meses su resolución y amplifica el debate sobre tecnología y derechos humanos.

Tecnología popular y solidaria

Tecnología popular y solidaria

Dic 19, 2023 | Comunidad, Destacado 2

La cooperativa Fray Luis Beltrán, de La Boca, repara computadoras y celulares en desuso para ofrecerlos a muy bajo costo o canjearlas por otros productos.

La Cooperativa Fray Luis Beltrán se dedica al reciclaje de tecnología, a través de computadoras y celulares rotos o en desuso para reutilizar sus partes y donarlas o venderlas a precios muy accesibles. Los modelos de dispositivos que ofrece la organización suelen tener un valor debajo del 40 o 50 por ciento de lo que se encuentra en el mercado.

La cooperativa se ubica en el corazón del barrio de La Boca, en Suárez 421.La inmensa pared de la exfábrica de motores de lancha donde funciona el taller, tiene un cartel en el medio con el nombre de “Los Pibes”, una organización social y política que nuclea distintos proyectos -además de la Cooperativa Fray Luis Beltrán-, como la FM Riachuelo, la Cocina de Suárez”, y el Gimnasio Popular los Pibes.

 

La cooperativa ha bautizado los distintos  modelos de computadoras que vende con nombres de próceres que colaboraron en los ejércitos de liberación nacional: así hay equipos denominados Juan Bautista Cabral, Martín Miguel de Güemes o Juana Azurduy.

Las máquinas más sofisticadas que poseen son computadoras de cuatro núcleos que tienen un buen rendimiento y sirven para cualquier tarea operativas perteneciente al paquete de Office; además soportan algunos programas de edición básica, juegos y pueden ser modificadas para complejizar aún más sus funciones.

El taller de la cooperativa se encuentra en el primer piso. Josué Lucero de 23 años, es uno de sus integrantes y cuenta: “Esta fábrica cerró durante la década de 1990 y nosotros la volvimos a utilizar en el 2004. Primero alquilamos el lugar y después, ante un intento de desalojo que logramos resistir, juntamos el dinero necesario para comprar el espacio”.

Para acceder a las computadoras no es necesario sí o sí contar con el dinero; la cooperativa trabaja con la lógica de la economía popular y tiene sus propios circuitos de ayuda mutua. Bajo esa lógica aceptan trocar sus productos por los que pueda llegar a ofrecer algún interesado. “Hace poco se acercó una vecina que hace pastas caseras, y para llevarse una PC nos dio 11 kilos de ñoquis( 1 kilo para cada integrante de la cooperativa), varias cajas de ravioles que utilizamos en un almuerzo que tuvimos todos juntos y 15 mil pesos”.

Otra manera de acceder a la tecnología que ofrecen es a través de donaciones: la única condición para acceder a la misma es que la organización que reciba la computadora envíe a uno de sus miembros a tomar un curso de reparación en la Fray Beltrán.

Martin Alejandro Sanguinetti es otro miembro de la cooperativa, tiene 22 años  y hace un año está trabajando en ella. “La Beltrán no solo se dedica al armado y reparación de PC sino que también damos clases gratuitas durante la semana para otorgarle a la gente un medio de subsistencia. Intentamos que las actividades que tenemos con Los Pibes sean organizadas en distintos días y horarios para que convivan entre sí.”

La cooperativa nació durante la pandemia con la intención de acortar la brecha digital; algunos de sus miembros provienen de centros de atención y acompañamiento comunitario y hoy poseen un conocimiento nuevo que les permite desarrollar un oficio. Elías  Velázquez, alias Velazquin, es uno de los integrantes más jóvenes de la cooperativa, tiene 17 años y señala: “Nos apoyamos mucho en los compañeros que viven en el barrio y sus vecinos, más que nada porque creemos en el conocimiento colectivo y en establecer lazos de hermandad con la comunidad. Ellos nos comentan la realidad del barrio y nosotros intentamos darles alternativas de apoyo y contención, no solo con los talleres que brindamos semanalmente para los chicos, sino también trabajando en conjunto con los que van al gimnasio, con la gente del comedor, tratamos de ofrecer una opción distinta a estar parado en una esquina y muy cerca de la droga”. 

En un principio la cooperativa intentó conseguir donaciones de empresas y algunas instituciones del Estado, pero no logró la colaboración deseada debido a las trabas burocráticas con las que se encontró. Por esa razón, hoy su mayor fuente de herramientas consta de las donaciones que realiza la gente. La cooperativa se comunica a través de sus redes sociales bajo el nombre de  Cooperativa Fray Luis Beltrán para recibir los equipos usados y realizar sus ventas e intercambios.

Otra conectividad es posible

Otra conectividad es posible

Dic 1, 2023 | Comunidad, Destacado 4

Cooperativas, mutuales y asociaciones civiles hacen de Internet una posibilidad en zonas donde el mercado no se anima a meter mano. Investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA presentaron un libro que recopila experiencias de conectividad popular en defensa del derecho a la comunicación.

El pasado jueves, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, se presentó Conectividad Popular. Organizaciones sociales prestadoras de Internet en barrios populares y áreas rurales de Argentina. Coordinado por Mariela Baladrón, Larisa Kejval y Diego Rossi, el libro reúne diez experiencias de redes comunitarias, diversas en su trayectoria y geografía, pero cercanas en su tarea de hacer Internet posible en zonas rurales, barrios populares y otros puntos del país donde la teoría del derrame choca con la desigualdad estructural, el desinterés empresarial y las deficiencias del sistema privado.

Las experiencias estudiadas adoptan distintos recorridos y formas institucionales: cooperativas con antecedentes en servicios públicos, organizaciones comunitarias de radio y TV, mutuales de servicios, asociaciones civiles de distinto tipo. No obstante, todas estas organizaciones comparten una matriz económica solidaria, que antepone el bienestar de su comunidad a la obtención de ganancias, diferenciándose de las empresas tradicionales. El objetivo es claro y compartido: brindar conectividad sin fines de lucro, crear redes de Internet en lugares donde no llegan otros prestadores, superar la brecha de acceso a las TIC, capacitar a la población, ofrecer contenidos y más, cada una con sus particularidades y su estilo. En fin, se trata de garantizar el derecho a la comunicación.

Puntualmente, la investigación aborda los casos de La Ranchada IP, por parte de la Mutual Padre Mujica; Atalaya Sur, impulsada por Proyecto Comunidad; Soldati Conectada, que opera en los barrios populares de Villa Soldati; La Poderosa; el Polo Digital de Inclusión Social, que opera en el partido de La Matanza; la Asociación Mutual Mercantil Argentina (AMMA); la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense (Coopenet); la Cooperativa Batán de Obras y Servicios Públicos Limitada, ubicada en General Pueyrredón; las redes Nono Libre y El Valle Reinicia, en la provincia de Córdoba; y la Red de Internet Comunitaria de Jujuy.

Internet imperfecta

El entorno digital está muy lejos de la “perfecta competencia”. En áreas rurales y barrios populares, sectores de población dispersa o con bajo poder adquisitivo, la conectividad queda atada a la voluntad del prestador, cuya decisión de brindar un servicio depende de la rentabilidad de su inversión antes que de cualquier otra cosa. Según la investigación, esto produce y reproduce relaciones de desigualdad entre los centros urbanos y las zonas rurales y en situación de pobreza. Por ejemplo, el último trimestre de 2022, ENACOM reportó que 14 de las 24 provincias del país se encontraban debajo de la media nacional de acceso a la banda ancha fija (77, 21 accesos cada 100 hogares).

Con la pandemia de covid-19 y el fuerte avance de la virtualidad sobre lo cotidiano, esta problemática se hizo mucho más evidente. Así, las políticas públicas tomaron centralidad en el desarrollo de redes de Internet en diversas zonas de nuestro país. A este respecto, el informe reconoce la incidencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 311/202, que durante la pandemia incluyó a Internet como parte de los servicios esenciales, junto con la provisión de agua potable, energía eléctrica y gas natural, aunque luego su implementación fue bloqueada por los reclamos de las empresas en la justicia y, tras las últimas elecciones, vetado por el Poder Judicial. También se destaca una prolífica elaboración de programas estatales a partir de 2020, destinados a la conectividad en ámbitos comunitarios y públicos, al desarrollo de infraestructura en zonas marginadas, al otorgamiento de tarjetas de prepago para servicios móviles a sectores vulnerables, entre otras iniciativas.

Según el estudio, distintos colectivos desarrollaron un camino significativo en la intervención pública con el reconocimiento de las redes comunitarias, entrando así en valor las diez experiencias relevadas en la investigación, como parte de una política social integral hacia la conectividad popular y democrática.

Una de ellas es Atalaya Azul, cuya red comenzó en 2014 en las calles de Villa 20, en el barrio de Lugano de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, la red conecta a mil hogares, el 40% a través de fibra óptica (por encima de la media nacional), y promueve la capacitación de sus vecinos en prácticas de operación de redes y producción de contenidos audiovisuales. “Nosotros siempre pensamos Atalaya en tres dimensiones. Una tiene que ver con el acceso a la conectividad, otra con las capacitaciones y la formación tecnológica y la tercera con la producción de contenidos locales. También estamos generando cuadrillas que salen al mercado, y eso permite generar puestos de trabajo cuyos excedentes se vuelquen en la red y permitan su sostenibilidad”, detalla la coordinadora Manuela Gonzales Ursi, en diálogo con ANCCOM. La organización también trabaja con merenderos, talleres de robótica, cooperativas de vivienda y su radio, FM La Patriada. “Hay una sinergia entre el territorio de Villa 20 y la radio. Creo que el desafío de este año es fortalecer los contenidos, que puedan visibilizar no solo las demandas del barrio, sino también las experiencias que existen en el territorio. Eso permite contar cuestiones del día a día, que tienen que ver con la organización, la resistencia, con lo que sostiene a la comunidad frente a las adversidades”, dice Gonzales Ursi.

Otra de las organizaciones presentes en la investigación es la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense (Coopenet), que lleva casi 70 años prestando servicios públicos a ese partido del noroeste de la Región Metropolitana de Buenos Aires. En 1999, la cooperativa se inició en la prestación de Internet, servicio que hoy provee a más de 12 mil usuarios, de los cuales un 20% vive en barrios populares. Pablo Fernández, gerente de Telecomunicaciones de Coopenet, contó las dificultades que la cooperativa enfrentó durante el año: “Como entidad social, por un lado, la cooperativa encara desde hace tiempo los problemas del tema del tipo de cambio, porque para la conectividad todos los insumos están dolarizados. Por otro lado, este último año nos complicó el tema de la importación de tecnología: se frenó la entrada de equipamiento, y eso nos dificultó concretar algunos proyectos como cubrir con fibra óptica algunos barrios”. Además, Fernández reconoce que la coyuntura actual es de incertidumbre: “Todo el problema va a ser los costos. El acercamiento del dólar paralelo al oficial nos va a generar un gran problema para las nuevas inversiones, en un contexto inflacionario donde la gente no puede cargar con un aumento de tarifas. Nosotros tenemos las tarifas socializadas, con un muy buen precio, pero no sabemos qué va a pasar de acá a tres meses, si vamos a poder seguir dando el servicio o si vamos a tener que hacer un aumento, siempre y cuando el socio-usuario lo pueda absorber. Esa es la gran pregunta que tiene el país en todo sentido”.

Mariela Baladrón, Doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del proyecto, también reflexionó sobre el futuro de la investigación e intervención pública en el campo de la conectividad popular: “Estamos en un momento de mucha incertidumbre, porque ni en la campaña ni en la plataforma del gobierno que ganó las elecciones se dijo algo explícito sobre este tema. Pero frente a un gobierno entrante que habla de recortar, de que todo esté en manos de los privados, se puede reivindicar estos modelos de organización comunitarios, y tratar que se sostenga lo que se logró conseguir. Obviamente la expectativa es luchar por más, pero el contexto parece ser adverso”.

En su diseño teórico y metodológico, este trabajo se sirve de distintas perspectivas académicas: los estudios sobre comunicación comunitaria y alternativa, las políticas públicas audiovisuales y de telecomunicaciones y la economía política de la comunicación. Baladrón enfatiza la importancia de involucrar a las Ciencias Sociales en los análisis y debates sobre la conectividad en sus diversas formas tecnológicas: “Me parece fundamental que seamos parte de esta conversación, que aportemos miradas, trabajos y experiencias, porque no se trata de discusiones que tengan una resolución meramente técnica o económica. Es importante tener una mirada y un conocimiento social, sobre todo si pensamos en que la comunicación y el acceso a Internet son un derecho humano”.