Hinchados de la represión y del ajuste a los jubilados

Hinchados de la represión y del ajuste a los jubilados

En un operativo conjunto, las fuerzas que responden a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich intentaron impedir la multitudinaria marcha que los hinchas de fútbol organizaron en solidaridad con los jubilados. Reprimieron con balas de gomas, gases y carros hidrantes. El fotógrafo Pablo Grillo fue herido en el cráneo y pelea por su vida. Hubo más de cien detenidos, la mayoría al voleo.

La represión a los jubilados en su marcha de reclamo de cada miércoles esta vez fue feroz. La multitud, que se concentró en Congreso y después se dirigió a Plaza de Mayo, fue atacada por un ejército de policías y gendarmes. Hubo más de un centenar de detenidos, y dos heridos de gravedad, uno de ellos Pablo Grillo, un reportero gráfico que recibió de lleno en su cabeza el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, y esta noche era intervenido quirúrgicamente en el hospital Ramos Mejía y luchaba por su vida. 

La marcha parecía que iba a ser inmensa a medida que llegaban las hinchadas de varios clubes de fútbol a las que se sumaron movimientos sociales, organizaciones políticas y sindicatos. Pero tal como lo había advertido anteriormente Patricia Bullrich, se aplicó -de manera absolutamente ineficiente- el protocolo antipiquetes.

Estruendos por doquier desorientaban a la multitud, que arrinconada en  Plaza Congreso trataba de saber de qué dirección provenía la estampida ensordecedora.   Mientras en Avenida Entre Ríos y Rivadavia explotaban bombas de gas lacrimógeno que espesaban el aire, del lado de Hipólito Yrigoyen se escuchaban los escopetazos de balas de goma. Las explosiones generaban un aura que envolvía a las personas. Policía Federal,  Gendarmería y Prefectura, juntos reprimiendo nuevamente la marcha de los jubilados: varias personas mayores recibieron palazos en sus cabezas, una mujer cayó al piso golpeando seco su cabeza contra el piso.

Desde que asumió Javier Milei, los jubilados se movilizan al Congreso Nacional  todos los miércoles a las 17. Lo hacen porque no les alcanza la plata: cuatro millones y medio de adultos mayores cobran $234.540, algunos perciben un bono de $70.000 que está congelado desde marzo de 2024. La  canasta básica de un jubilado que es de $912.584, según datos de la Defensoría de la Tercera Edad. A esto se le suma la quita de la cobertura del 100% de los medicamentos que antes ofrecía el PAMI mientras los remedios que aumentaron el último año más del 200%, muy por encima de la inflación. 

El pasado miércoles, la movilización había estado minada de camisetas del club Chacarita: sus hinchas hincharon por los abuelos. Ese día también hubo palo. Casi como contraofensiva a la represión, simpatizantes de más de quince clubes de fútbol anunciaron que participarían en la entonces próxima marcha.  Los de Boca, los de River, los de Racing y los de Independiente, los de All Boys y los de Chicago, los hinchas  de Atlanta, también los de San Lorenzo y los de Huracán, hinchas de Gimnasia e hinchas de Estudiantes, los de Vélez y los de Ferrocarril Oeste; hinchas de todos los clubes, de todo tamaño, clubes millonarios y clubes pequeños,cubrieron, junto a los jubilados, Plaza Congreso. “ Todos unidos triunfaremos” rezaba una bandera que tenía una imagen de Diego Maradona, bandera que en una punta era sujetada por uno de River y en la otra por uno de Independiente.

El camión hidrante también estuvo en esta cancha, de a poco iba avanzando por Avenida Yrigoyen y marcando con el chorro de agua colorida a los manifestantes. La masa retrocedía hacia Paraná: los que estaban recibiendo balas de goma corrían, los que huían del lacrimógeno lo hacían más lento y casi que desganados, pues el gas hacía que el aire queme la piel, los pulmones ardan y los ojos lloren. Con las camisetas de fútbol, algunos improvisaban barbijos para evitar respirar. Alguno que otro trataba, sin resultado, tranquilizar a la multitud y pedirle que no corrieran. Casi al compás de los estruendos se oía “Que se vayan todos/ que no quede/ ni uno solo”, el grito que surgió en el 2001 y terminó con el gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa. Mientras tanto, las balas silbaban y las detonaciones resonaban como un martilleo martilleo que rebotaba entre el concreto de los edificios aledaños. 

La convocatoria era a las 17, pero a las 15 ya había movimiento. Incluso el despliegue de seguridad había empezado mucho antes, cerca del mediodía: cientos de efectivos se habían movilizado para bordear Solis e impedir el paso hacia Entre Ríos, con el objetivo de retener a la gente en la Plaza o en las veredas.Y, sobre todo, que la multitud no ganara la calle. Los efectivos impedían con vallas y cordones policiales que los manifestantes se acercaran a la zona.

Eran varios los jubilados que se dirigían a los policías: “¡No se dejen utilizar! ¿No les da vergüenza estar disfrazados? Díganme, ¿qué les podemos hacer nosotros? ¿Qué les podemos hacer?“, les preguntaba Mabel, de 68 años, mostrándoles las palmas de sus manos en un gesto vacío de grito y agresión. Los ojos de Mabel lagrimeaban y su rostro se ponía rojo de bronca. Algunas señoras más jóvenes, desconocidas para ella, la consolaban: “Yo trato de hablarles para que entiendan, para que conozcan la historia. Yo soy jubilada, cobro la minima, tomo cuatro medicamentos y mi marido ocho. ¿Cómo hacemos para vivir?”, deslizó Mabel. 

En la apertura de sesiones ordinarias de este año, el presidente Milei se jactó de haber hecho el ajuste “más grande de la historia” y que su ajuste fue a la “casta”. Nada más lejos que la realidad. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que el gobierno sostuvo el superavit fiscal  a costa de las jubilaciones: el 19,2% del ajuste estuvo explicado por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. Incluso se desprende de que con la fórmula previsional anterior, los haberes jubilatorios hubieran sido superadores a los actuales.  Pero el pronóstico es aún más desalentador para las mujeres, puesto que este mes de marzo vence la moratoria previsional y con ello 9 de cada 10 mujeres no podrán jubilarse en el futuro próximo, siendo que más del 40% de la fuerza laboral se encuentra no registrada.

Sobre el lado de Rivadavia había un grupo de veteranos de Malvinas. Cinco vestidos con sus trajes de combate de color verde y  con la inscripción de Ejército Argentino: “Se le escapó la tortuga a Bullrich. ¿A quién le va a pegar primero hoy? ¿A los jubilados o a los hinchas de fútbol?”, preguntaba Miguel Ángel con un tono jocoso en complicidad con sus compañeros.  Petiso, de barba blanca y con anteojos de seguridad para evitar el gas, Miguel Angel, veterano continental de la Guerra de Malvinas, vino por primera vez a la marcha.  Con orgullo señaló que su hija es cirujana gracias a la universidad pública. Al mismo tiempo lo contrastó con el accionar del gobierno: “Ellos nos dan la espalda, se la pasan viajando a Europa y hoy tienen a todas estas hordas militares, en vez de estar, por ejemplo, en Bahía Blanca”, deslizó.

En la marcha también estuvieron presentes organizaciones políticas como el Polo Obrero, y el MST. La columna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también formó parte: “La política tiene que pensar qué está haciendo, porque si los clubes son los que tienen que asumir el protagonismo que tiene que tener la política es porque estamos haciendo las cosas mal, así que ojalá sea un despertar de la política para entender que el pueblo tiene urgencias que no esperan”, arrojó el secretario general, Daniel Catalano, que minutos después sería tacleado por la Polícia Federal, detenido y subido a carro policial.

“Que feo/ que feo/ que feo que hay que ser/ pegarle a los jubilados para poder comer”, agitaba la muchedumbre. “Trátame con cuidado, aún tengo sueños”, rezaba un cartel. “Venimos a cuidar a los que nos cuidaron”, decía otro. ”La protesta no se mancha”, un parafraseo al histórico discurso de Maradona.  

En contraste, un gendarme pateaba -¿plantando?- un arma. La imagen fue captada por un camarógrafo de C5N. Otros policías, que hacia el final de la tarde mostraban pecheras de la policía de la Ciudad, dejaban asomar por debajo camisetas de fútbol y lucían jeans y zapatillas: “¡Ese es infiltrado! Tené cuidado”, gritaba uno que advertía el truco. “Marcamelo que lo filmo”, respondió otro manifestante. “Hay algunos agitadores con cadenas de oro ¿dónde la viste?” 

Tras la represión, una gran parte de la multitud comenzó a marchar hacia Plaza de Mayo. La cacería continuó allí. La motorizada y el camión hidrante llegó hasta Avenida de Mayo y Piedras. Estruendos y más estruendos. Helicópteros que sobrevolaban 9 de Julio y con una gran linterna alumbraba hacia la calle al estilo ciudad gótica. 

Entrada la noche, el padre del fotógrafo herido detalló en la puerta del Hospital Ramos Mejía que Grillo, militante de Nuevo Encuentro, estaba trabajando en la movilización de forma independiente. Responsabilizó a Bullrich y Milei de lo que pudiera pasar con la salud de su hijo. A su vez, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) habla de «dos personas en estado de gravedad». 

Hacia el final del día, la respuesta popular a la feroz represión fueron cacerolazos en las intersecciones de diferentes barrios porteños: Dorrego y Corrientes, Montes de Oca y Suarez, San Juan y Boedo, Lacarra y Directorio, Caseros y Rioja, Acoyte y Rivadavia, y en otros puntos de San Cristobal, Monserrat y Constitución.

Condenaron a tres policías de la Ciudad por gatillo fácil

Condenaron a tres policías de la Ciudad por gatillo fácil

El oficial Ramón Pérez fue sentenciado a prisión perpetua mientras que las agentes Beatriz Manzanelli y Daniela López purgarán seis años de cárcel por haber asesinado al remisero Claudio Romano. La Policía porteña es la más letal del país.

De izquierda a derecha, Darí­o Ramón Pérez, Claudia Beatriz Manzanelli y Daniela López.

Luego de casi cinco años desde que la vida de Claudio Romano fue arrebatada a manos de tres agentes de la Policía de la Ciudad, este miércoles 18 de septiembre tuvo lugar la última audiencia del juicio oral y público que culminó con una condena a prisión perpetua y dos a seis años de cárcel. Sin embargo, los implicados quedarán libres hasta que se conozca el resultado de su apelación.             

Desde el mediodía, sentados en la sala del Tribunal Oral Criminal Nº 12, los allegados de Romano y de los tres policías acusados estaban expectantes por el veredicto. La querella de las abogadas de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), y los familiares y amigos de Romano, también.

El juicio a los oficiales Ramón Pérez, Beatriz Manzanelli y Daniela López contó con cuatro audiencias y 24 testimonios, entre testigos visuales, peritos y profesionales en calidad de consultores. El tribunal compuesto por Luis Oscar Márquez, Darío Martín Medina y José Pérez Arias, dio a conocer la sentencia que determinó cadena perpetua para Pérez -quien disparó la bala que terminó con la vida de Claudio Romano- por el delito de homicidio agravado por su condición de miembro de las fuerzas de seguridad. En tanto, sus compañeras López y Manzanelli recibieron la pena de seis años por el delito de lesiones graves. Luego, el juez José Pérez Arias dio la palabra a los imputados. Tanto Manzanelli como López y Pérez coincidieron en decir: “No tengo nada más para agregar. Agradezco al tribunal por haberme escuchado”.

Lucía Sánchez, pareja de la víctima, junto a la abogada y referente de Correpi Marí­a del Carmen Verdú.

Por unanimidad, los jueces resolvieron condenar al oficial Pérez por considerarlo el autor material y responsable de la muerte de Romano, a través de un abuso de su autoridad y el uso de arma de fuego. Por otro lado, coincidieron en que a las oficiales Daniela López y Beatriz Manzanelli, les corresponde una sentencia menor como autoras materiales penalmente responsables por agresiones agravadas por arma de fuego y abuso de sus funciones.

 Además, acordaron tomar medidas que endurecen sus condiciones de libertad hasta ser encarcelados, entre las que se incluyeron una intimación a que cada uno de los oficiales deba concurrir personalmente una vez por mes al tribunal para dar presencia y se estableció una captura inmediata ante el intento de salida del país, entre otras disposiciones. 

En el silencio que siguió a la lectura del veredicto, la doctora María Carmen Verdú y el padre de Claudio, Ramón Romano, compartieron un abrazo antes de abandonar la sala, donde el bloque defensor permaneció hasta unos minutos después.

Ramón Romano, padre del remisero asesinado.

“Me siento satisfecha con el resultado de Pérez pero también tengo una sensación amarga respecto de López y Manzanelli, que tienen seis años de condena, nada más. Dentro de todo, estoy bastante conforme”, comentó a ANCCOM Lucía Sánchez Cáceres, la novia de Claudio. Para ella, la hipótesis de la defensa, que alegó un intento de suicidio por parte de Romano, “fue decadente”.

Sandra Berthe, miembro de la querella y de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), junto a Verdú, compartieron los pasos a seguir en el proceso.“Este resultado no significa que no vayamos a apelar y buscar más años para las otras dos policías, que solo obtuvieron seis años por lesiones agravadas”, afirmó Berthe. “Supongo que desde la Fiscalía también se va a apelar. Nosotros consideramos que López y Manzanelli fueron coautoras, indispensables en el homicidio agravado”, agregó.

En consonancia con esto, Verdú afirmó: “Indudablemente, haber logrado la condena a prisión perpetua contra uno de los tres policías que fusilaron a Romano es un triunfo de la lucha organizada, de la persistencia de la familia, de la militancia de todo CORREPI, pero por el otro lado tiene la contracara de la leve condena para las dos mujeres, Manzanelli y Lopez, que en nuestra teoría del caso, al igual que en el caso de la fiscalía, consideramos coautoras y no simples ejecutoras de unas lesiones graves”. En ese sentido, anticipó: “Este será el contenido de nuestro recurso a la Cámara de Casación Penal, dentro de cinco días vamos a conocer los fundamentos del fallo. A partir de ahí, hay veinte días para presentar los recursos de Casación”.

Correpi cosecha condenas

El caso Romano constituye otro capítulo en los enfrentamientos y búsquedas de justicia contra representantes de la Policía de la Ciudad, la cual es definida desde la organización como “la fuerza más represora letal del país que supera, en proporción a la cantidad de efectivos, el índice de letalidad de la Policía bonaerense o santafesina”. Entre otros casos seguidos por Correpi, se destacan la condena a prisión perpetua del policía Adrían Otero por el asesinato de Cristian “Paragüita” Toledo en Barracas, la condena a la oficial Melina Luján San Roque a tres años y ocho meses de prisión domiciliaria por el homicidio de Dylan Santucho en San Martín, y la reciente condena a 18 años de prisión del también policía de la Ciudad Camilo Andrés Farías por el fusilamiento de Yair Ayala en Monte Grande.

“Los efectivos de las fuerzas de seguridad deben actuar según la ley, no pueden tener una conducta excesiva por el hecho de ser policías. Las vidas de la familia y afectos de Romano quedaron en pausa desde entonces. Los oficiales Manzanelli, López y Pérez, hasta hoy continúan con su vida habitual”, dijo la fiscal María Ángeles Ramos en su alegato de cierre.

Veto y palos a los jubilados

Veto y palos a los jubilados

Luego de que la Cámara de Diputados rechazara el aumento jubilatorio, la plaza del Congreso se inundó de gases lacrimógenos y, como en un loop de miércoles, los manifestantes fueron reprimidos. Hubo alrededor de 50 heridos y al menos dos detenidos.

La Plaza del Congreso fue una vez más testigo de la represión hacia los jubilados por parte de tres fuerzas federales durante la tarde del miércoles, luego de que en una sesión especial la Cámara de Diputados ratifique el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria. “El jubilado no se toca”, exclamaban a coro los miles de manifestantes frente al personal policial.

Mientras que por un lado se encontraba la policía motorizada junto a un camión hidrante, por el otro estaban los jubilados, incluso algunos sostenían un cartel en una mano y el bastón en la otra. “Genocidio silenciosos” y “Veto es hambre” eran algunas de las frases que se lograban leer en los carteles.

Agrupaciones de jubilados, Sindicatos (CGT, las dos CTA, UTEP, SIPREBA, entre muchos otros), el Polo Obrero y movimientos sociales, organismos de Derechos Humanos fueron algunos de los que dijeron presente para reclamar una mejora en los haberes de los adultos mayores.

La concentración inició desde el mediodía. Los manifestantes se encontraron con el Congreso vallado, camiones hidrantes, además del personal de Gendarmería y la Policía Federal. Tal parece que, si bien desde el Gobierno nacional afirman que realizar acciones como un aumento a jubilaciones pone en riesgo el equilibrio fiscal, para la ministra de seguridad Patricia Bullrich no parece ser inconveniente organizar mega operativos de seguridad a manos de tres fuerzas federales. El diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdez denunció que tan solo diez de las balas de goma utilizadas ayer por la policía cuestan lo mismo una jubilación mínima.

“No nos van a doblegar porque el alma de doña Norma Plá me acompaña en la vida, y en la muerte también compañeros”, expresó un jubilado frente al cordón policial mientras sostenía en alto un cartel con la imagen de la emblemática dirigente de los años noventa, quien fue reconocida por luchar por los derechos de los jubilados contra el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo durante el gobierno de Carlos Menem.

Si bien en la mañana del miércoles ya se sentía la tensión en las afueras del recinto –y dentro también–, la represión se inició luego de que los manifestantes tiren algunas de las vallas que rodeaban la zona en rechazo a la votación de Diputados. Palos, gas lacrimógeno y balas de goma fueron la ofrenda de las fuerzas de seguridad.

“Nosotros no somos la casta”, afirmó Julia, una jubilada que se encontraba en la movilización junto a sus dos amigas. “Un 8 por ciento de aumento nos negaron y ellos ganan siete palos, no se puede creer que sean tan desgraciados y ahora la policía también nos está dando ¿En dónde vivimos?”, exclamó con indignación una de las amigas de Julia, quién tuvo que salir corriendo sobre avenida Callao luego de oír un fuerte estruendo.

La policía motorizada avanzó sobre avenida Callao con impunidad, lanzando gas sobre los rostros de los manifestantes y generando estruendos con balas de goma. “¿Señor quiere limón?”, le ofreció una chica a un hombre que se encontraba con lágrimas y gas en la cara y con los ojos cerrados respondió con una afirmación, mientras extendía sus manos para luego frotar el jugo del cítrico en su rostro, intentando de alguna manera aliviar el ardor del gas.

La jornada, como un loop de miércoles, finalizó con alrededor de 50 personas heridas por gases lacrimógenos y balas de goma, entre ellas varios jubilados, trabajadores de prensa y hasta una niña de 11 años y un niño de 9, según el relevamiento que realizó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). El reporte de la Policía Federal informó dos detenidos.

La Ley de Reforma Jubilatoria que vetó el presidente Javier Milei consistía en mantener los aumentos por inflación para jubilados, pero además exigía tener en cuenta la evolución de los salarios y agregar una recomposición del 8,1%. Todo eso implicaba, en promedio, un aumento de 13,700 pesos a cada beneficiario, algo así como una docena de empanadas.

Presentaron un informe latinoamericano sobre represión a la protesta

Presentaron un informe latinoamericano sobre represión a la protesta

Veintitrés organizaciones defensoras latinoamericanas elaboraron “De pies a cabeza. El uso letal de las armas menos letales en las protestas sociales» que analiza la represión a la protesta en el continente.

El miércoles 28 de agosto, mientras la Policía Federal golpeaba a los jubilados y jubiladas en el Congreso, no muy lejos de ahí se presentaba el informe “De pies a cabeza. El uso letal de las armas menos letales en las protestas sociales en América Latina”, con un panel organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina y Temblores ONG, de Colombia. Los oradores fueron Victoria Darraidou del CELS; Alejandro Rodríguez de Temblores ONG; Felipe González, oficial de derechos humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); Matías Aufieri, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) y Gina Romero, relatora de libertad de reunión de la Organización de la Naciones Unidas (ONU).

Este documento recupera el trabajo realizado por 23 organizaciones y fue presentado el 9 de noviembre del 2023 en Washington, Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar y demandar controles y regulaciones sobre el uso de las “armas menos letales”. El escrito releva y sistematiza patrones de un ejercicio  criminal al emplear estas armas en contexto de protestas sociales. El informe se refiere a las que tienen características que sin ser de fuego revisten letalidad en su uso: gas pimienta, balas de goma, camiones hidrantes. 

Quienes las producen, comercializan y las usan se refieren a ellas como “armas no letales”. Bajo esta idea de menor letalidad es que se produce un uso extendido y desregulado, en contextos de protesta social, de estos armamentos. A su vez, se da en un marco en que los gobiernos de la región que ven a la protesta social y a la expresión de manifestarse en la calle como un delito y estigmatizan a que quienes protestan caracterizándolos como violentos y terroristas, a quienes es necesario reprimir y desorganizar.

El estudio nace de una preocupación compartida por distintos países de la región que observan cómo los Estados no están garantizando los derechos y garantías de huelga, reunión y protesta. El texto también hace hincapié en cómo los gobiernos adquieren estas armas, en cómo el uso de fuerza es más letal según la población a la que se reprime, que el uso masivo de estas armas genera un uso indebido en donde muchas veces no existen protocolos de uso y la capacitación es casi nula.

También, es notorio como desde los gobiernos no se producen cifras sobre las víctimas de estas armas, sean muertos o heridos. En síntesis, quienes elaboraron el informe reclaman la necesaria rendición de cuentas por parte de quienes monopolizan el uso de la fuerza. 

Al finalizar la presentación se abrió el micrófono a dudas, consultas, preguntas y debate. Entre quienes tomaron la palabra estaba Amy Booth, periodista del Buenos Aires Herald especializada en política, derechos humanos y desarrollo global en América Latina, quien se preguntaba sobre qué rol tendría que asumir la prensa en este contexto. Mientras que Matias Molle, diputado del frente Unión por la Patria, consultaba sobre si existían ejemplos de buenas prácticas de estas armas. A su vez, otro participante del público abrió el debate en torno al concepto empleado por los expositores durante la charla, el de pacificidad de la protesta. 

En cuanto al rol del periodismo los panelistas resaltaron el valor del fotoperiodismo para atestiguar los hechos ocurridos y las violencias ejercidas por parte de las fuerzas policiales hacia los ciudadanos que ejercen su derecho a huelga. También subrayaron la importancia de las narrativas públicas que se realizan en torno a la protesta, porque muchas veces se crea una especie de profecía autocumplida en donde estos estereotipos que se crean en primer instancia a nivel discursivo luego buscan ser convertidos en realidad.

Con respecto a ejemplos de buenas prácticas de las armas menos letales, los oradores nombraron a Ecuador como un buen ejemplo en cuanto a una regulación que tiene en cuenta muchos de los contenidos de  los tratados a nivel global en cuanto a derechos humanos.

Sobre el concepto de pacificidad de la protesta se dio un intercambio entre los expositores y el público en donde se preguntaron: ¿cuándo una protesta deja de ser pacífica? Y si dejara de serlo, ¿qué pasaría? ¿Cuál debe ser el accionar de las fuerzas policiales frente a ello? Y, en relación al rol de la prensa titulando noticias con expresiones como “Grafitti violento», el interrogante fue: “¿Qué es violencia, un grafiti?” 

La organizaciones que elaboraron el informe

Las 23 organizaciones que participaron de la elaboración del informe son: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina; Temblores, Colombia; Justiça Global, Brasil; Terra de Direitos, Brasil; Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), Colombia; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, Colombia; ILEX Acción Jurídica, Colombia; Campaña Defender la Libertad: Asunto de todas, Colombia; Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Colombia; Observatorio Ciudadano, Chile; Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos de la Universidad de la Frontera, Chile; Núcleo Interdisciplinario de Derechos Humanos, Chile; Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador; American Civil Liberties Union (ACLU), Estados Unidos; Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Honduras; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), México;Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú; Kilómetro 0, Puerto Rico; Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Venezuela; Omega Research Foundation; Amnistía Internacional; Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).