«Nos estamos cagando de hambre»

«Nos estamos cagando de hambre»

Dic 1, 2022 | Comunidad, Destacado 1

El Gran Chaco es, según el INDEC, el aglomerado urbano más pobre de la Argentina. Siete de cada diez habítantes se encuentra en un grado de inseguridad alimentaria.

Según los datos del INDEC, Gran Resistencia es el aglomerado urbano con la pobreza más alta del país con 49,9% en el primer semestre del 2022, pero bajó 2,1 puntos porcentuales respecto al año anterior. Las condiciones de pobreza alcanzan a 209.411 personas del área que conforman Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas. Por su parte, la indigencia es del 15%, representando a 63.038 habitantes. Estos resultados corresponden a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) respecto al primer semestre de 2022 que alcanza a 29,1 millones de personas y 9,7 millones de hogares, a nivel nacional.

“Los datos reflejan la realidad, en el Chaco no estamos llegando a fin de mes”, comentó Ariel Ortiz, habitante del barrio San José Obrero de Resistencia y militante de La Poderosa. “Hoy el ingreso de un albañil es de 15.000 pesos por semana y no sirve de nada, con 60.000 pesos por mes no hacés nada, estás casi por debajo de la línea de indigencia y solo te alcanza para comprar lo necesario. Si querés mantener una familia, tenés que elegir entre comer todos los días o comprar unas zapatillas para que los chicos vayan a la escuela y, en general, tenemos que decidir si comprar un jean o comer dos días más”, agregó.

En diálogo con ANCCOM, la ministra de Desarrollo Social de Chaco, Pía Cavana, comentó su preocupación respecto no solo a la situación de la provincia, sino por el aumento de la pobreza en toda América Latina luego de la pandemia. Además mencionó: “Es importante la creación de políticas sociales para atender a la situación de pobreza que realizamos desde el Ministerio. Los indicadores ayudan, pero es necesario una visión holística”.

El Instituto de Estadística y Ciencia de los Datos (IPECD) de la provincia del Chaco, registró una suba del 5,5% del IPC en el mes de octubre en el aglomerado de Gran Resistencia, con una desaceleración respecto al registro previo (6,7% en septiembre). Sin embargo, las mayores variaciones se dieron en los capítulos de ‘Alimentos y bebidas’ (6,17%) e ‘Indumentaria y calzado’ (6,17%).

Estas cifras no hacen más que reflejar las necesidades de los barrios populares, sobre las cuales Ariel Ortiz indicó: “Hoy la mayoría de las familias tiene solamente una comida por día. A veces tengo para comprar para el desayuno, el almuerzo y la cena, pero hay veces que no lo puedo hacer y tengo que decidir. Los ingresos no me alcanzan para comprar buena mercadería de comida y artículos de limpieza. Las necesidades están, pero no hay una respuesta concreta del Estado, ya no sabemos cómo decir que nos estamos cagando de hambre”.

Teniendo en cuenta este contexto, la directora del Instituto de Investigación Social, Económica y Política (ISEPCi) de Chaco, Patricia Lezcano, comentó: “Vemos con preocupación que no existan políticas públicas claras y concretas dirigidas a revertir esta situación que debería ser unas de las prioridades de la gestión actual”.

«El 62,8% ha tenido que suprimir una de las cuatro comidas diarias”, comentó Lezcano.

“En los últimos días se presentaron desde el ISEPCI los datos nacionales del IFAD (Indicador Familiar de Acceso a Derechos) que arrojó datos contundentes: 7 de cada 10 hogares (el 70%) se encuentran en situación de inseguridad alimentaria’. Cuando las personas ven disminuida su capacidad de acceso a los alimentos, operativamente, se define como la reducción de las porciones y/o supresión involuntaria de comidas en el hogar, y en este sentido un 64,3% de las familias relevadas han tenido que reducir la cantidad de porciones durante las comidas por falta de dinero y el 62,8% ha tenido que suprimir una de las cuatro comidas diarias”, comentó Lezcano.

“En cuanto a las privaciones recientes de alimentos en el último mes, el 70% de las familias entrevistadas refiere en términos generales haberse privado de consumir carnes, verduras, frutas, cereales o legumbres por falta de dinero”, dijo, y agregó: “Hoy más que nunca necesitamos que el Congreso trate y apruebe el proyecto de ley para congelar los precios de los alimentos básicos por doce meses. No hay futuro posible si en el presente no están garantizados los derechos básicos e inalienables  a la mayoría de nuestra población”.

Ante esta situación, también se suman demandas históricas por la falta de luz y agua en los barrios populares de Gran Resistencia. Al respecto, Ortiz resaltó: “Estuvimos toda la pandemia sin agua y hoy esa realidad no cambió mucho. También tenemos puntos en los barrios que no terminaron de hacer el tendido eléctrico y se vienen los calores. Además se suma la falta de ripiados, las veces que salimos a tomar colectivos es a los saltos o con las zapatillas en la mano, y basurales a cielo abierto porque no hay horarios fijos de recolección”.

“No sabemos cómo decir que los barrios populares la estamos pasando mal en todo sentido”, concluyó Ortíz. Los datos tienen una correlación con la realidad que están atravesando los barrios de Gran Resistencia y es inminente la respuesta del Estado con políticas sociales que atiendan las demandas de la población.

 

La ausencia del Estado mata

La ausencia del Estado mata

Ago 17, 2022 | Comunidad, Destacado 2

Una niña de 11 años, que atravesaba con su familia una situación de vulnerabilidad límite, falleció luego de sufrir desmayos en la escuela. La ausencia de una dieta hipercalórica en la vianda escolar fue denunciada por sus docentes en repetidas ocasiones, pero nunca recibieron respuesta. El lunes, la escuela organiza una marcha hacia la Jefatura de Gobierno.

Una nena de 11 años falleció este lunes luego de ingresar a la guardia del Hospital Penna tras haberse desmayado el viernes anterior en la entrada de la escuela, día en que la ambulancia nunca apareció. Hoy la familia y la comunidad educativa esperan los resultados de la autopsia y la resolución de una denuncia penal, apuntando al Gobierno de la Ciudad como principal responsable por su “ausencia y desidia que sistemáticamente vulnera los derechos de nuestres pibis”. 

La niña asistía a la Escuela Nº 11 D.E. 5 «República de Haití» de la villa 21-24 desde que comenzó primer grado. Desde entonces, debido a su situación de vulnerabilidad y la de su familia, las autoridades pidieron la intervención del EOE (Equipo de Orientación Escolar) conformado por profesionales de la educación y la salud que hacen un acompañamiento del alumnado. 

La nena recibía, bajo certificado médico, un refuerzo hipercalórico de vianda. “El refuerzo era insuficiente: un yogur, un flancito o una banana con dulce de leche”, cuenta a ANCCOM Alejandra Giusti, maestra de la escuela dentro del Programa de alfabetización “Maestro + Maestro”. El refuerzo dejó de otorgársele a la nena porque el último médico que la atendió no le diagnosticó bajo peso. “Pesaba 20 kilos. Tenía el cuerpo de una niña de 7 años”, repone la docente.

Fue recién en 2020 que finalmente el EOE solicitó la intervención a la Defensoría Zonal. La solicitud fue reiterada dos veces en 2021 y 2022. “Quienes trabajan en el EOE están en una situación de precariedad laboral importante. Hacen lo que pueden y es muy poco porque no hay una política del Estado apoyando esto”, explica Giusti. Aún hoy la escuela dice que nunca fue informada sobre alguna intervención del organismo.

El acompañamiento que la nena recibía de parte del personal docente era integral. Desde los dispositivos focalizados en su aprendizaje dentro y fuera del aula, como la gestión de turnos médicos o de sus anteojos, ropa de abrigo y almuerzo antes de entrar al aula. “Los recursos y las herramientas que debería haber proporcionado el Gobierno de la Ciudad para acompañar a la niña y a su familia, nunca fueron suficientes, y en algunos casos inexistentes”, expresaron las y los docentes en el comunicado publicado ayer. 

“Hacía días que la niña no estaba viniendo porque no tenía zapatillas y la escuela se encargó de conseguirle unas”, cuenta Giusti. El viernes 12 de agosto, la nena regresó a la escuela y en la entrada se desvaneció en los brazos de una compañera. Luego de dos llamados al SAME y una hora de espera, la niña fue retirada de la escuela. El lunes 15, ingresó en estado de gravedad a la guardia del Hospital Penna, donde finalmente falleció. Aún no se conocen los resultados de la autopsia ni si esta fue realizada efectivamente. El caso se encuentra judicializado y actualmente depende de la Defensoría del Menor.

“Esto es a causa del hambre. Por más que no esté la autopsia, lo sabemos. Vemos todo el tiempo cómo se achican los platos, cómo se saca la carne. Lo que antes era pastel de carne ahora es con lentejas. Con un discurso de nutrición insana nos sacaron el pan. Antes era una manzana ahora es la mitad, y muchas veces la fruta viene podrida”, enumera Alejandra quien siempre lleva galletitas en la mochila porque la frase que más se repite en el día es “Seño, ¿tenés un paquete de galletitas?”. “A veces les tenemos que dar la comida antes porque tienen hambre. Las galletitas no sobran nunca”. 

La comunidad educativa responsabiliza principalmente al Gobierno de la Ciudad por llevar a cabo una política de “vaciamiento de todos los organismos del Estado que durante todos estos años deberían haber actuado en tiempo y forma, garantizando la salud, el cuidado y la integridad de esta niña y su familia; así como la de tantos/as otres estudiantes que se encuentran atravesando situaciones similares en las escuelas públicas del sur de la Ciudad de Buenos Aires”, denuncian en el comunicado. 

  Giusti comenta que lo que sucedió se debe a “la ausencia del Estado y mañana pasa en cualquier escuela del barrio”. Los y las docentes están todos los días gestionando lo que sus alumnos necesitan sea ropa, turnos o materiales. “Tenemos un ropero para poder abrigar al que viene desabrigado. Todo eso lo hacemos las maestras gestionando donaciones, tomando de nuestras propias cosas. Vamos al mayorista a comprar lapices negros porque el Estado no nos da nada, ni un cuaderno. He llegado a ver un cuaderno con hongos. Imaginate la humedad con la que hay que vivir para que un cuaderno que usas todos los días tenga hongos”.

 

Por su parte, la legisladora porteña del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, presentó un proyecto de resolución que cita a la ministra de Educación, Soledad Acuña, a ser interpelada debido al fallecimiento de la niña. Barry señaló que la situación «se da en medio del ataque de Soledad Acuña a las familias de las y los alumnos más humildes, ya que amenaza con quitar los planes sociales a quienes no logren cumplir con el 85% de la asistencia de sus hijos e hijas».

“Hoy en la ciudad más rica del país mueren niñes porque no se destinan recursos ni hay voluntad, de parte de este gobierno para proteger las niñeces”, señalan los y las docentes en el comunicado. Giusti concluye pidiendo justicia y refiriéndose a la “fantochada del marketing” del GCBA: “la transformación no para de avanzar pero nunca pasa por nuestros barrios”. 

La respuesta desde el GCBA sostiene no haber recibido notificación del estado en que se encontraba la nena. Debido a esto, la escuela convoca una marcha que se realizará el próximo lunes hacia la nueva sede de la Jefatura de Gobierno en Parque Patricios.  

Una noche frente a La Rosada

Una noche frente a La Rosada

Ago 11, 2022 | Destacado 1, Vidas políticas

Unidad Piquetera acampó en Plaza de Mayo en reclamo de mejoras sociales. Dirigentes y militantes pasaron toda la noche y recién levantaron la medida de fuerza cuando lograron ser atendidos por el ministro de Desarrollo Social, Juan Zavaleta. «Nos quieren sacar de la calle pero no de la pobreza», señalan.

 

La Unidad Piquetera, con las organizaciones que la componen, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Polo Obrero, Libres Del Sur, Nuevo Más, Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), Movimiento Territorial de Liberación Rebelde (MTL), entre otras, convocaron a una movilización nacional y llamaron a un acampe en Plaza de Mayo que se sostuvo durante veinticuatro horas. Los manifestantes levantaron campamento en cuanto lograron ser recibidos y concretar una reunión con el Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, agendada para el 24 de agosto.

“¡Marcelo calentame el agua!”, gritó un chico con capucha y campera larga, mientras le alcanzaba el termo a su compañero que estaba por cruzar la calle. Se iba haciendo de día y lo que iluminaba Plaza de Mayo ya no era las luces de las lámparas ni los pequeños fuegos dispersados por el césped, era el sol saliendo por detrás de la Casa Rosada que encandilaba Isaac Quispe, referente de Libres Del Sur La Plata, quien se cubría la cara con una mano mientras decía que “el pedido no es solamente que nos reciban, sino que den respuestas concretas a la falta de alimentos. La escala inflacionaria licuó directamente el ingreso de los sectores más humildes e incluso a las clases medias. Queremos un bono de veinte mil pesos para los jubilados y las jubiladas,y para la asignación para los trabajadores de la economía popular, puntualmente para el Potenciar Trabajo y que los comedores y merenderos reciban la comida que corresponde”. 

El hilo de humo que salía del carbón esparcido en el piso de la noche anterior, levantaba un olor áspero a madrugada de desvelo. A un costado de dos ollas al fuego, Marta Elías, referenta de Libres Del Sur Morón comentó que “la noche fue fría, pero los compañeros se organizaron para que haya agua caliente, para cocinar y en muchos casos se prendieron algún fueguito. Estuvo bastante tranquila por suerte. Bien organizada, con la buena predisposición y la buena onda que le ponen los compañeros para pasar la noche”.

A las ocho de la mañana se empezó a escuchar el sonido de redoblantes, un solo fuego quedaba prendido y cuatro personas con pecheras de las organizaciones sociales limpiaban la vereda de la plaza, cubierta hasta hace pocos minutos por carpas de colores.

A las nueve, catorce policías de civil cruzaron Avenida Rivadavia que un rato después habilitarían para el tránsito. Una de ellos pide por favor a la gente circular por la vereda. Los oficinistas atravesaban la plaza en malón pegados a la reja de Casa Rosada sin detenerse. Cada tanto miraban de refilón hacia su izquierda, caminando a destiempo del ritmo de los bombos. Los que estaban sentados en la plaza empezaban a desayunar con los rayos de sol que ya pegaban de frente. Tutucas, bizochitos y mate pasaban de mano en mano en rondas de señoras tejiendo y niños bostezando. Una señora se hacía sombra en la cara con un cartel que rezaba: “Abajo el ajuste”. A las 9.45, el 111 ya pasaba veloz por la avenida. 

«El acampe es la consecuencia de una política social que no da para más. Si las organizaciones sociales no manejaran los planes, habría mucha gente que no iría. Van obligados», expresó esa misma mañana el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. 

Candelaria, militante de FOB Autónoma, se sumó en el cambio de guardia para cubrir a sus compañeros que se habían quedado a acampar. “Yo no vine obligada. Soy consciente de que lo que dice Larreta son discursos de odio hacia las clases bajas y las organizaciones sociales. No venimos obligados. Venimos a luchar por lo que nos corresponde como trabajadores, nadie nos paga nada. El FMI, la deuda, son un montón de cuestiones que nos tocan a nosotros por ser los de más abajo”.  

“De la rosa todo separado, Gabriela De-La-Rosa. G-D”, dijo Gabriela con una sonrisa divertida mientras esperaba a que anoten su nombre. Como referenta de la Mesa Nacional del Polo Obrero explicaba que “se están peleando a ver quien es más anti-piquetero, y en realidad el tema es que acá somos cada vez más, porque el reclamo es concreto y genuino. La gente tiene mucha voluntad de organizarse, por más que en algunos medios quieren agarrar a algún distraído o hacer quedar como que la gente viene porque la obligan. Quieren hacer pasar por estúpida a la gente que se está organizando”.

Sobre el pasto de la plaza, dos señoras charlan sentadas entre frazadas con carteles naranjas que rezan: “Que los ajustes no los paguen los trabajadores” y “El hambre y la pobreza avanzan con la inflación”. Otra mujer sentada sobre una heladerita portátil sostiene una lámina que tiene escrito: “Abran fábricas que generen puestos de trabajo”. Al frente del escenario, un cartel se extiende con la frase: “Nos quieren sacar de las calles pero no de la pobreza”, rodeado de banderas multicolores de las diferentes organizaciones. El acto de cierre dio comienzo a las diez y media. 

Ante los dichos del viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, sobre una «protesta desproporcionada» el dirigente de Polo Obrero Eduardo Belliboni replicó arriba del escenario que lo desproporcionado en Argentina es “el hambre que hay con un país tan rico”. “Lo que fue el piquete y cacerola va a volver a la argentina porque van por la clase media. ¿Qué le pueden sacar a un compañero que cobra 22 mil pesos? Ahora le van a sacar a los que están un poquito mejor”. El dirigente también se refirió a los acuerdos entre el empresariado y CGT que “terminan en que los salarios no suben y los precios sí. Lo que hay que hacer es un plan de lucha por un salario mínimo igual a la canasta básica alimentaria. Basta CGT y CTA de coquetear con el gobierno. Si hicieran la mitad de lo que estamos haciendo, en este país no habría el salario de miseria que hay”, agregó. 

“Todos los funcionarios titubean y todos los funcionarios nos dicen que tenemos que esperar, que tenemos que tener paciencia, mientras nuestra heladera permanece vacía, mientras seguimos sin conseguir laburo. Esperar reuniones que son de acá a quince días cuando no sabemos qué va a pasar hoy con nuestro país,” decía Damaris Rolón, referenta del Frente de Organizaciones en Lucha. Por su parte Federico Alonso, dirigente del MTR agregó: “Si el programa de ellos es el hambre, la miseria y la desocupación. Nuestro programa tiene que ser el trabajo, la dignidad y el cambio social”.

Luego de un acampe de 24 horas a nivel nacional, habiendo concretado la programación de una reunión con el Ministro de Desarrollo Social, Juan Zavaleta, con fecha el 24 de agosto, la conductora del acto sometió a votación el levantamiento de la manifestación. “Manos arriba quienes quieran desconcentrar”. Un montón de manos se levantaron en toda la plaza, dando por terminado el acampe. 

¿Qué hacer con los planes sociales?

¿Qué hacer con los planes sociales?

Jul 22, 2022 | Destacado 2, Vidas políticas

El debate lo planteó Cristina Kirchner pero la crisis económica los impone en la realidad. Opinan dirigentes sociales y políticos.

Una trabajadora de la economía popular es beneficiaria de un plan social, y vive con su marido y sus 3 hijos percibiendo ingresos de $50.000 al mes. Sale a reclamar porque no quiere trabajar 9 horas por 20.000 pesos y se pregunta por qué tiene que vivir así. Mientras tanto, los videographs recortan maliciosamente su relato y dicen: “Nos quieren mandar a trabajar y eso no es justo». El contexto socioeconómico es complejo: el 37% de la población está debajo de la línea de pobreza y sólo la mitad de los menores de 15 años accede a la canasta básica. Ante ese panorama, ¿qué hacer con los planes sociales?

La propia Cristina Fernández de Kirchner, en el plenario de la CTA afirmó que con una tasa de desocupación del 7% debería haber menos planes sociales. Además, insistió en que la aplicación de las políticas sociales no puede ser tercerizada: “El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja”, habia señalado en esa ocasión. ¿Qué responden desde las organizaciones sociales?

.Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, cree que estas declaraciones tienen intenciones de quitarle fuerza al movimiento de lucha de las agrupaciones piqueteras. “Tiene el doble objetivo de desarticular la protesta contra su gobierno que ajusta a los trabajadores y de fortalecer la alianza con los gobernadores para el futuro electoral”, señala a ANCCOM. Además, manifiesta que el Estado ya centraliza la entrega de los planes, y que las organizaciones solo desarrollan tareas de acompañamiento de esos beneficiarios.

Por su parte, Dina Sánchez, secretaria de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) e integrante del Frente Popular Darío Santillán, afirma que “gran parte de la dirigencia política habla de la economía popular desde el total desconocimiento. No la conocen, no la entienden y no hay voluntad de entenderla”.

Desde una postura más conciliadora, Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social hasta 2021 y actual diputado nacional, asegura que no tiene que existir tercerización con los planes, “ni nadie tiene que quedarse con plata de otro” pero sostiene que los movimientos sociales son parte de la solución en la Argentina.

El legislador explica: “Yo fui el ministro de la pandemia, a mí me tocó sostener la paz social y lo logramos. No se logró en Chile, Ecuador, Perú, ni Colombia, pero sí en Argentina. Y cuando digo lo logramos, me refiero al Estado junto a los movimientos sociales, las iglesias y las escuelas, quienes siguen poniendo el cuerpo en las cooperativas y en los comedores”.

Entonces, ¿hay muchos planes sociales? ¿Deben ser solo un “puente” al trabajo estable? En Argentina, se entiende como plan social a un programa de transferencia de dinero con contraprestación laboral. Actualmente la iniciativa se llama Potenciar Trabajo, y unifica a los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario. Su objetivo es mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa. Entonces los beneficiarios y las beneficiarias cobran el 50% del Salario Mínimo y deben contraprestar 4 horas de trabajo en estas actividades.

Otros programas como la Tarjeta Alimentar o la Asignación Universal por Hijo no son planes sociales, ya que son políticas de seguridad social que persiguen otros objetivos como promover el acceso a los alimentos sanos y mejorar la calidad de vida y el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes, respectivamente. Belliboni, por su parte,  define a un plan social como “un recurso que el Estado otorga a las personas que se han quedado sin trabajo y que no tienen acceso ni siquiera a un plato de comida por día” y que “son el resultado del fracaso de los gobiernos para crear trabajo genuino”. Explica que ese es el problema de fondo ya que “los planes no pueden ser un puente hacia el trabajo si no hay trabajo”.

Los primeros planes sociales surgieron a mediados de los noventa con el Programa Trabajar I, que luego tuvo sus versiones II y III. Fue seguido por el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados creado durante la presidencia de Eduardo Duhalde en 2002. “En el 2016 los movimientos sociales, junto a otros espacios sindicales y políticos que nos acompañaron en la lucha, ganamos el Salario Social Complementario, que es un ingreso por tareas que muchos, y fundamentalmente muchas de nosotras, ya realizábamos. Son programas de fortalecimiento a la economía popular, pero también son consecuencia de las malas políticas y de la crisis socioeconómica que atraviesa el mundo y Argentina” expresa Sánchez.

. El Programa que nombra es uno de los que unifica “Potenciar Trabajo”. En resumen, 20 años atrás había 2.200.000 beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar, y actualmente hay 1.300.000 titulares del programa Potenciar Trabajo. Teniendo en cuenta estos números, para Belliboni, a diferencia de la opinión de Cristina, “claro que no son muchos” los planes.

Arroyo plantea que ante un contexto con 45% de informalidad laboral, con gran parte de la población sin acceso a la canasta básica y un mercado que no va a incorporar en los próximos años al 100% de los trabajadores a la formalidad, el debate acerca de los planes sociales presenta tres caminos posibles: reducción de la jornada laboral, flexibilización o ingreso universal ciudadano. Comenta que la primera opción, que corresponde al modelo europeo, consiste en que las personas trabajen menos horas para que más personas tengan empleo. Explica que es una alternativa difícil de aplicar en este país con el nivel de informalidad existente, que podría llevarse a cabo en algunos sectores como el bancario, pero “no es ‘la’ salida para Argentina”.

Por otro lado, el camino que corresponde con políticas neoliberales se basa en la quita de aportes patronales y la flexibilización de las condiciones de contratación de trabajo. “Esto ya se hizo en los ‘90, terminó con 57% de pobreza y 28% de desocupación” declara rotundamente Arroyo.

Otra alternativa es la creación de un ingreso universal ciudadano, es decir, “un ingreso de base para lograr que todos accedan a la canasta básica”. Asegura que hacía este camino apunta Argentina, y América Latina en conjunto. “No lo digo yo, lo dice la Cepal y Naciones Unidas, y es lo que están haciendo Alemania, España e Israel”. El exministro apoya el proyecto de ley conocido como Salario Básico Universal y plantea que, dado el contexto de restricción fiscal, debe aplicarse por etapas. ¿Por dónde debería comenzar? Por las provincias del norte del país, donde las tasas de pobreza son peores que en el resto de Argentina.

.

Pobreza: ¿qué hacer para bajarla?

Pobreza: ¿qué hacer para bajarla?

Jun 10, 2022 | Comunidad, Destacado 1

A partir de la última Encuesta Permanente de Hogares publicada por el INDEC, distintos especialistas analizan como abordar los altos índices de pobreza con políticas públicas a mediano y largo plazo que permitan un abordaje estructural de la problemática.

Según informó la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y correspondiente al segundo semestre de 2021 , el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 27,9 por ciento, que representan 10,8 millones de personas, con 2,4 millones de ellas en situación de indigencia; más de la mitad (51,4%) de las personas de 0 a 14 años son pobres; el ingreso total familiar promedio de estos hogares fue de 46.712 pesos, mientras la canasta básica total (CBT) promedio del mismo grupo de hogares alcanzó los 74.059. ¿Qué hacer ante este panorama?¿cómo enfrentar la situación? ¿Qué medidas tomar para combatir y disminuir la pobreza?

“Los plazos que podemos pensar para reducir la pobreza están ligados directamente al tiempo que la pobreza lleva extendida entre nosotros. Esa extensión está vinculada a cambios notables en el proceso de acumulación y al modelo económico local, pero también a una situación internacional que favorece la concentración del ingreso”, cuenta a ANCCOM Sergio De Piero, politólogo y director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).

Para De Piero, la desintegración del modelo mercado-internista efectuada por la última dictadura cívico-militar dejó como saldo la desindustrialización nacional y una marcada caída del salario.“De allí en más, en cada crisis vemos cómo la cifra de personas en situación de pobreza sube y se ubica por encima del 40%. Entonces podemos desarrollar políticas para el corto y mediano plazo, pero el largo plazo choca sistemáticamente con las restricciones que impone un escenario mundial adverso a la lucha contra la pobreza”, indica a este medio.

Desde una perspectiva histórica similar, Julio César Neffa, investigador y docente de la Universidad Nacional de Moreno, asegura que los orígenes del ciclo de empobrecimiento nacional se ubican en el golpe cívico-militar de 1976. “La causa estructural de la pobreza y los problemas de empleo de la Argentina se explican por la caída tendencial del Producto Bruto Interno per cápita que experimenta el país desde hace décadas”, explica el economista, doctor en Ciencias Sociales del Trabajo e investigador superior del CONICET.

Y sentencia: “Sin crecimiento y desarrollo, la pobreza continuará y puede aumentar. Para tratar de disminuirla se necesita una política macro-social que sea una política de Estado, con consenso de los partidos políticos, las centrales empresariales y las sindicales, que atraviese todos los gobiernos”.

El último informe de la organización internacional Oxfam, titulado Beneficiarse del sufrimiento, confirma que el cúmulo de crisis por la pandemia de la COVID-19, el aumento de las desigualdades y el alza de los precios de la energía y los alimentos implicó una suba drástica del patrimonio neto de las clases privilegiadas,mientras que más de 250 millones de personas adicionales podrían enfrentarse a niveles extremos de pobreza en 2022: “Los 10 hombres más ricos poseen más riqueza que el 40 % más pobre de la humanidad”, señala el estudio.

Por otra parte, si bien la asistencia pública vía programas de protección social logra mitigar, en parte, el efecto inflacionario, está lejos de representar una solución terminal al problema de la pobreza. Según Sergio De Piero, las acciones estatales desplegadas hasta ahora resultan insuficientes y no abordan la causa principal de la pobreza que es la distribución regresiva de la riqueza: “las políticas de lucha contra la pobreza han demostrado por una parte una acción inmediata de asistencia, pero debilidad para soluciones sostenibles.Se requiere de reformas impositivas profundas, porque hoy los ricos pagan menos impuestos a nivel global”, afirma. Y agrega: “la pandemia dejó un cuadro muy claro con ricos aumentando sus ingresos notablemente y mucha gente empobrecida. Generar trabajo es clave, del mismo modo que trabajar por el crecimiento de la economía y de las exportaciones, pero replanteando la distribución, porque desde hace mucho se puede tener empleo y seguir siendo pobre, o estar en una situación de vulnerabilidad”.

Por otro lado, puntualiza que “muy particular es la situación del empleo informal que ha vuelto a crecer en Argentina y en el mundo. Quienes trabajan allí estánmás expuestos a situaciones de fragilidad.Es necesario que se combinenpolíticas de asistencia directa con generación de empleo de calidad”.

En esta misma línea, Neffa plantea que “las políticas sociales han contribuido a disminuir las consecuencias de la pobreza, pero desde hace una década hay más políticas sociales y al mismo tiempo hay más pobreza. Evidentemente, no es este el camino por el que se la va a combatir y erradicar”.

Neffa enumera una serie de factores y medidas necesarias para combatir la pobreza: “Un crecimiento del PIB sostenido, durante una década de al menos de 4 o 5% anual. La generación de empleos en el sector privado, con garantías de estabilidad. Que se cumpla con el salario mínimo vital y móvil, ajustándolo sistemáticamente cada tres meses según la inflación. El incremento de los salarios reales de manera continua, mediante los convenios colectivos de trabajo. Que se frene la inflación mediante un acuerdo de precios y salarios con participación de todas las centrales sindicales y empresariales”.

Por último, resalta la necesidad urgente de implementar una renta básica universal, además de impulsar una reforma tecno-productiva: “La renta universal o salario social es un derecho a conquistar, es asignar la misma suma para todos los ciudadanos. Su monto es reducido y no resolverá el problema de la pobreza ni la desigualdad. Pero sería útil para aumentar el piso mínimo de ingresos para toda la población. Lo más importante sería adoptar una política económica y tecnológica para aumentar la productividad, negociada y adoptada de común acuerdo entre empresarios, gobierno y sindicatos, porque eso podría permitir naturalmente el aumento de los salarios reales y la reducción de la jornada máxima legal del trabajo sin que caiga la tasa de ganancias. Pero de esto no se habla en el gobierno ni en los medios de comunicación”.

El economista Martín Hourest, en tanto, coincide en que la discusión de la pobreza y sus posibles soluciones no forma parte de las agendas pública, política y mediática. Para él, la coyuntura crítica actual demanda “afrontar el doble proceso de crecer y reducir la pobreza. Discutir un plan para erradicar la pobreza en Argentina –agrega- implica trabajar sobre dos escenarios. Un escenario de universalización mínima de ingresos y un escenario de provisión de bienes públicos de calidad. La universalización mínima de ingresos podrían ser un ingreso ciudadano o los mecanismos universales de transferencia, que no tienen nada que ver con ninguna de las políticas focalizadas que se aplican en la Argentina y configuran un sistema disciplinario que las elites políticas y sociales utilizan para contener a los pobres”.

En este punto, para el exlegislador porteño urge la creación de condiciones macroeconómicas para la inversión y el despliegue de acciones dirigidas a la generación de empleo.“Necesitamos un Estado transparente y que se vea, que reforme la estructura productiva y lleve adelante un proceso de inversión reproductiva. Un Estado que oriente el gasto público a garantizar un piso mínimo de ciudadanía mediante la provisión de bienes públicos de calidad. Para ello, resulta fundamental que los sectores populares asuman el desafío de reformular el Estado”.